A mi juicio, las críticas a los Presupuestos Generales del Estado de 2023 que inciden en la imposibilidad de cumplir los objetivos de ingresos y déficit, en que conllevan un crecimiento del gasto previsto muy por encima de los que nos ha recomendado la Unión Europea y en su tono excesivamente expansivo están poco fundamentadas. Vayamos por partes.
El crecimiento previsto de los ingresos es muy moderado. Y lo es porque la recaudación efectiva del año en curso estará muy por encima de la cifra que maneja el Ministerio como base. Incluso en un escenario de crecimiento del PIB real por debajo del 1% en 2023, el objetivo es perfectamente factible. Las nuevas figuras tributarias y el crecimiento de los precios serían más que suficientes.
La meta de déficit público incluida en los presupuestos para el conjunto de Administraciones Públicas es creíble. Y lo es porque 2022 cerrará con un desequilibrio fiscal alrededor de -4,3%. De nuevo, la explicación se encuentra en el comportamiento de los ingresos tributarios. Alcanzar el -3,9% que se fijó en el Programa de Estabilidad aprobado en la primavera y en los Presupuestos supone un recorte menor.
Tercero, según la AIReF, el crecimiento del gasto computable para la aplicación de la recomendación de la Unión Europea será del 3,6%. Todavía no conocemos cuál será la cifra concreta que estipulará la comisión, pero la AIReF estima que se hallará en el intervalo 3,1%-5,1%. Es decir, lo más probable es que los presupuestos cumplan también en este frente con cierta holgura.
Finalmente, el Banco de España considera que el tono de la política fiscal será prácticamente neutral. No son unos presupuestos especialmente expansivos. De hecho, son los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia los que van a permitir las mayores alegrías de gasto.
Dicho todo lo anterior, hay que aclarar que los presupuestos han dejado fuera el paquete fiscal compensatorio de los efectos de la crisis energética y de precios para 2023. Antes de fin de año, el Gobierno deberá concretar qué parte de las medidas vigentes se prorrogarán y qué nuevas actuaciones serán incluidas y financiadas con cargo al erario. El reto será definir un paquete que no ponga en peligro la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas. Para ello, el Gobierno tendrá que seleccionar qué se queda fuera. Porque no parece posible prorrogarlo todo y añadir elementos como la ampliación el bono social y el térmico; u otras que se plantearán en las próximas semanas.
En esa obligada selección deberían priorizarse las actuaciones que se vuelcan en los hogares vulnerables y las empresas y ramas más castigadas; que son coherentes con el objetivo de la transición energética; y que no van en contra de las tendencias tributarias recomendables pergeñadas en el libro blanco de la reforma tributaria. Y quizá tendría sentido pensar en un plan de cobertura trimestral e ir adaptándolo a la evolución de los acontecimientos.
Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.