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La brecha de inversión productiva

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El comportamiento de la inversión —factor clave para afrontar la transición digital, la descarbonización y las bajas tasas de productividad que arrastra nuestra economía— es una incógnita. Tras el golpe de la pandemia, el gasto en equipamiento de las empresas ha ido recuperándose, pero sin alcanzar todavía los valores anteriores a la crisis sanitaria: el esfuerzo inversor se sitúa cerca de 2 puntos por debajo de la media anterior a la pandemia (con datos de formación bruta de capital en porcentaje del valor añadido bruto de las empresas no financieras, véase gráfico). Otros países de nuestro entorno han superado ese umbral, si bien en el caso de Alemania el esfuerzo inversor es inferior al nuestro, algo que sin duda contribuye a los débiles resultados macroeconómicos de ese país.


Y eso que algunos de los principales determinantes de la inversión apuntaban a un resultado mucho más favorable. Para empezar los beneficios empresariales rozan los niveles próximos a la prepandemia, además de superar ampliamente la media europea. Los inversores extranjeros lo han detectado, a tenor del abultado flujo de entrada de capital en el tejido productivo español: nada menos que 15.000 millones de euros en los seis primeros meses del año, a los que habría que añadir la operación pendiente en Telefónica. Por otra parte, la información disponible apunta a una mayor rapidez en la ejecución de los fondos europeos, otro estímulo potencial para la inversión interna. Finalmente, la exportación, una de las palancas más potentes en tiempos pasados, ha mostrado un dinamismo excepcional, arañando cuotas de mercado especialmente en los sectores de servicios no turísticos. La pujanza de las tendencias de fondo, sin embargo, no se ha reflejado en los datos.        

Hasta cierto punto la
relativa desconexión entre la inversión productiva y sus factores subyacentes podría
deberse a la subida de los tipos de interés, si bien solo puede tratarse de una
explicación parcial, ya que la política monetaria es la misma que en las
economías de nuestro entorno.

Por otra parte, una anomalía
estadística no es descartable. La crisis sanitaria ha distorsionado la
contabilidad nacional, de manera que algunos institutos estadísticos han optado
por computar el gasto en inversión a medida que esta venía produciéndose: una imputación
directa que “infla” el valor de la inversión a corto plazo en comparación con
otras metodologías, como la nuestra, que periodifican (y por tanto diluyen) los
registros. En breve conoceremos el veredicto estadístico del INE, con una
revisión definitiva de las cifras de PIB y de sus componentes que abarcará todo
el periodo de disrupción estadística.

Aparte de las vicisitudes
técnicas, el déficit de inversión en relación a su potencial también obedece a
factores estructurales. Las corporaciones españolas tienden a utilizar una
buena parte de sus excedentes para desendeudarse, en vez de invertir. En 2022,
redujeron su pasivos en casi 18.000 millones de euros, representando en
términos relativos el proceso de desapalancamiento más intenso entre las
grandes economías de la Unión Europea. La deuda consolidada de nuestras
empresas se recortado hasta el 70% del PIB, mínimo de los últimos dos lustros.

Sin duda el trauma de la
crisis financiera, unido al actual contexto de restricción monetaria, influye
en esta actitud de cautela que viene observándose en la última década sin
importar el color del Gobierno de turno. De cara al futuro, esa memoria debería
diluirse, de modo que tanto los niveles de endeudamiento ya alcanzados gracias
al ahorro acumulado como las perspectivas de rentabilidad y de demanda conforman
un terreno propicio a un cambio de actitud. Falta el desencadenante, es decir reformas
y confianza en nuestras propias capacidades. Y la toma de conciencia por parte
de la empresa española, también las pequeñas, de la importancia de la inversión
en equipamiento y en mejoras en la organización del trabajo. Esa es la clave en
un mundo de escasez.    

INDUSTRIA| La actividad industrial se desacelera desde los máximos de la primavera del año pasado (el IPI avanzó un escaso 0,2% en julio y el índice PMI ahonda en terreno contractivo), pero menos que en otras economías europeas donde se encadenan caídas como en Alemania. También emerge una divergencia entre los sectores de bienes de equipo, automotriz y material de transporte, que presentan una tendencia positiva, y los más afectados por la crisis energética (ramas de metalurgia, minerales no metálicos, química, papel y textil) que se enfrentan a dificultades para recuperarse o siguen en declive.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La nueva vida de la política industrial

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Tras haber estado
denostada, la política industrial está operando su gran retorno en la agenda
pública. El desafío es mayúsculo para Europa, cuya estrategia se ha basado en
el mutilateralismo y la libre competencia dentro del mercado único. Un mantra
que ha empezado a resquebrajarse con la relajación de la normativa europea de
ayudas públicas. En 2022, el gobierno alemán aprovechó esa ventana de
oportunidad para dedicar nada menos que 163.000 millones de euros a
subvenciones y transferencias de capital —en buena parte a su aparato
industrial—, más del doble que antes de la pandemia, y cuatro veces más que
España.        

El giro responde en parte
a la naturaleza disruptiva de las transformaciones tecnológicas que atraviesan
el tejido productivo, particularmente en los albores de la Inteligencia
artificial. La urgencia de la lucha contra el cambio climático es otra
importante consideración. Pero el factor clave es geopolítico: la política
industrial es la columna vertebral de la pugna por el liderazgo tecnológico de
las principales potencias mundiales. 

Por fortuna España dispone de los fondos Next Generation para afrontar estos retos, unos recursos que conforman los principales ejes de su política industrial. Sin embargo, la experiencia pasada muestra que el éxito no está asegurado. Depende, en primer lugar, de la incorporación del punto de partida. Nuestra industria representa algo más del 13% de la economía, siendo el nuestro el único de los grandes países que ha conseguido elevar ese porcentaje en relación a la situación previa a la pandemia. Pese a ello, la industria tiene un peso menor que en Alemania (20,7%) e Italia (16,3%). Conviene, por tanto, concentrar los esfuerzos en los sectores donde nuestro tejido presenta una ventaja comparativa.


Estos sectores no son nada fácil de identificar —y esa es otra lección de la historia económica—, sobre todo teniendo en cuenta la rapidez de las transformaciones y por tanto la dificultad inherente a la hora de detectar desde el Estado los proyectos con más potencial. De ahí la importancia de inspirarse de las innovaciones que van surgiendo por las propias fuerzas del mercado en los ámbitos prioritarios para la política industrial, es decir las transiciones digital y verde. Concretamente, una parte de los 84.000 millones solicitados a la UE como parte del plan de recuperación podría desplegarse en función de las señales que aporta la financiación privada, para así ejercer de palanca y atraer nuevas inversiones en sectores prioritarios. Este es un instrumento que también se caracteriza por su agilidad, ya que el proceso de selección viene determinado por el interés de los inversores.

Otro factor crucial es la
complementariedad con los grandes centros universitarios, como lo evidencia la
industria farmacéutica española. La aportación de fondos europeos podría por
tanto estar condicionada a la formulación de proyectos conjuntos entre la
industria y la investigación, algo que, por otra parte, actuaría como acicate
para la atracción de talento investigador.

Las subvenciones directas,
incluso dentro de un proceso de licitación competitiva, tienen el inconveniente
de la lentitud de los procedimientos. Y se exponen al riesgo de competencia espuria
entre países miembros en su esfuerzo de atraer inversiones en sectores clave.
Este está siendo el caso de los microchips, con una espiral de ayudas que
podría ser perjudicial tanto para las arcas públicas como para la eficiencia de
conjunto: al final, podría “ganar” la ubicación que más subvenciones ofrece y
no necesariamente la mejor posicionada de cara al interés general.

Todo ello evidencia la
importancia de la buena articulación entre los instrumentos de política
industrial y las reglas fiscales y de competencia europeas. Unas reglas, en
vigor hasta la pandemia, que se formularon en el momento de mayor esplendor de
la globalización y de la supremacía del mercado como impulsor del crecimiento.
En la actual era geopolítica, sin embargo, la política macroeconómica es ya
indisociable de la estrategia industrial.    
 

COMERCIO EXTERIOR | Se mantiene la buena racha del comercio
exterior. En el periodo de enero a mayo, la balanza comercial (diferencia entre
exportaciones e importaciones de bienes) redujo su déficit hasta 14.800
millones, casi la mitad que un año antes. El déficit se explica sobre todo por
las compras de productos energéticos a países terceros. Los intercambios con
países de la UE, sin embargo, arrojan un superávit, que contrasta con el
déficit intra-comunitario de Alemania, Francia e Italia. Además, ese superávit
no para de crecer (8.600 millones este año frente a 6.999 en el pasado
ejercicio).               

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Tareas pendientes… otra vez

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El adelanto de las elecciones generales al 23 de julio altera –y de qué manera– la hoja de ruta política y económica de los próximos seis meses. Por un lado, se trunca la aprobación de leyes y normas que se habían anunciado, algunas muy esperadas. En el limbo más de sesenta proyectos que estaban en tramitación, así como ocho que ya estaban aprobadas por el Gobierno. La ley de familia, la de Equidad Sanitaria, la de Salud Mental o la del Cine son algunos ejemplos. Asimismo, es probable que tenga alguna incidencia sobre las principales iniciativas del segundo semestre, con la presidencia española de la UE. El país que la preside marca la agenda, y ahora se llena de incertidumbres.

La convocatoria electoral pilló a todos por sorpresa. Europa no fue excepción. Aunque no es la primera vez que se convocan unas votaciones en medio de la presidencia de un país, existen riesgos notables de que la potencia de las iniciativas quede desdibujada, con la incertidumbre y vicisitudes del proceso electoral y de transición al nuevo gobierno, sea del signo que sea. Algunas de las iniciativas son de gran relevancia en materia financiera, como los avances en la incompleta unión bancaria, algo por lo que nuestro país lleva tiempo pugnando. O el futuro despliegue de los fondos Next Generation EU. Sería conveniente que la presidencia española pudiera tener éxito. El país se juega su prestigio.

En cuanto a los desafíos de medio y largo plazo, se suele hablar poco de ellos, pero tienen que ser prioritarios para el gobierno que salga de las elecciones del 23-J. La baja productividad –problema que viene de largo– es uno de ellos, con numerosos temas sin resolver: bajos salarios, pérdida de renta real per cápita, capacidad de mejorar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Pesaditos somos los economistas con ello, pero está pendiente. Todo gobierno debe tener una agenda social ambiciosa, pero también económica, que mejore las bases de competitividad del país. Llevamos casi dos décadas con serias disfuncionalidades de algunas de nuestras instituciones económicas, como el mercado de trabajo, los incentivos y la innovación. No es tarde. Con la productividad se puede, poco a poco, mejorar la renta de los españoles y el Estado del bienestar. Los retos se acrecientan con el envejecimiento de la población. Si se pone la palabra productividad en la agenda política, se habrá logrado mucho. La dialéctica facilita llegar a los hechos. Permitiría un crecimiento sólido e ir suavizando las tensiones de la deuda pública o la sostenibilidad de las pensiones. Quedarán pendientes problemas como la vivienda para el que hará falta tiempo para ampliar el parque existente, sobre todo de alquiler, para que aumente la oferta y no se encarezca más. Cuesta al principio, pero mejora el bienestar de todos.

Esta entrada se publicó inicialmente en el diario La Vanguardia

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Paradoja de resiliencia

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La historia dirá si ha sido algo bueno a largo plazo, pero la crisis financiera de 2008 y sus coletazos hasta 2012 con la de deuda soberana europea cambiaron la visión de gobiernos y bancos centrales sobre la conveniencia de no dejar caer nada. Nada es nada, siempre que haya dinero en efectivo (en el Tesoro) o a crédito (deuda pública) para ello. El colapso de Lehman Brothers en septiembre de 2008 se llevó por delante muchos puntos del PIB. Trajo graves consecuencias sociales. Supuso un gasto fiscal enorme a posteriori. Fue una lección dura. Apoyar (rescatar) empresas y ciudadanos puede tener mejor resultado económico que dejarlos caer y tener que aprobar programas fiscales luego para paliar las consecuencias.

Tras unos años que ahora parecen anodinos, con cierta recuperación de la economía global, se sucedieron una pandemia mundial, el comienzo de la inflación tras lo peor del Covid-19, guerra en Ucrania y más inflación. Es entonces cuando los gobiernos y bancos centrales ponen toda la carne en el asador. Liquidez a empresas, ERTE, ayudas directas y, en el frente monetario, liquidez extraordinaria durante la pandemia. Asimismo, por primera vez la UE crea un generoso programa conjunto de apoyo, los Next Generation EU. Blanco y en botella: con esa expansión fiscal y monetaria se iba a producir el rebrote inflacionario. Insuficientes fueron las alertas. La guerra de Ucrania lo puso todo peor, sobre todo energéticamente.

Los gobiernos, nuevamente, no se quedan de brazos cruzados. Intentan disminuir el impacto del aumento de la factura energética sobre familias y empresas. Otra expansión fiscal. Por el contrario, los bancos centrales comienzan a actuar a la inversa contra la inflación, con estrategia monetaria restrictiva, subiendo tipos de interés y retirando liquidez. Y hasta aquí hemos llegado. Hace meses que analistas y mercados —con su fuerte corrección— anuncian la llegada de la recesión. Sin embargo, aún no se ha materializado a pesar de la evolución de los tipos de interés. Eso sí, con crecimientos del PIB cercanos a cero. Paradoja: se pongan las pegas metodológicas que se deseen, el mercado de trabajo muestra resiliencia, incluso en un país como el nuestro, con una reforma laboral y subidas del salario mínimo que levantaban escepticismo. Por supuesto, aún está por ver cuál será el resultado neto de la pugna de fuerzas entre acción fiscal expansiva y acción monetaria restrictiva.

Lo ideal, si se confirma que la inflación va a la baja, es que permita recuperar parte de la confianza y paulatinamente anime la economía, con daños inferiores de los esperados. Sería un “enfriamiento” sano y corto. Es una interpretación optimista, sin duda, pero en ello confían los gobiernos y autoridades monetarias y la mayoría de las previsiones que pronostican crecimiento para 2023. Lo que sí parece claro es que se está resistiendo más de lo esperado y seguro que los soportes, fundamentalmente fiscales, de gobiernos y monetarios de los bancos centrales —hasta hace unos trimestres— han contribuido significativamente, empleando un símil futbolístico, a llegar vivos a este “extra time” (prórroga), a que el resultado siga abierto, aunque el escenario central siga siendo recesión técnica en los próximos meses.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Presupuestos 2023: críticas poco justificadas

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A mi juicio, las críticas a los Presupuestos Generales del Estado de 2023 que inciden en la imposibilidad de cumplir los objetivos de ingresos y déficit, en que conllevan un crecimiento del gasto previsto muy por encima de los que nos ha recomendado la Unión Europea y en su tono excesivamente expansivo están poco fundamentadas. Vayamos por partes.

El crecimiento previsto de los ingresos es muy moderado. Y lo es porque la recaudación efectiva del año en curso estará muy por encima de la cifra que maneja el Ministerio como base. Incluso en un escenario de crecimiento del PIB real por debajo del 1% en 2023, el objetivo es perfectamente factible. Las nuevas figuras tributarias y el crecimiento de los precios serían más que suficientes.

La meta de déficit público incluida en los presupuestos para el conjunto de Administraciones Públicas es creíble. Y lo es porque 2022 cerrará con un desequilibrio fiscal alrededor de -4,3%. De nuevo, la explicación se encuentra en el comportamiento de los ingresos tributarios. Alcanzar el -3,9% que se fijó en el Programa de Estabilidad aprobado en la primavera y en los Presupuestos supone un recorte menor.

Tercero, según la AIReF, el crecimiento del gasto computable para la aplicación de la recomendación de la Unión Europea será del 3,6%. Todavía no conocemos cuál será la cifra concreta que estipulará la comisión, pero la AIReF estima que se hallará en el intervalo 3,1%-5,1%. Es decir, lo más probable es que los presupuestos cumplan también en este frente con cierta holgura.

Finalmente, el Banco de España considera que el tono de la política fiscal será prácticamente neutral. No son unos presupuestos especialmente expansivos. De hecho, son los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia los que van a permitir las mayores alegrías de gasto.

Dicho todo lo anterior, hay que aclarar que los presupuestos han dejado fuera el paquete fiscal compensatorio de los efectos de la crisis energética y de precios para 2023. Antes de fin de año, el Gobierno deberá concretar qué parte de las medidas vigentes se prorrogarán y qué nuevas actuaciones serán incluidas y financiadas con cargo al erario. El reto será definir un paquete que no ponga en peligro la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas. Para ello, el Gobierno tendrá que seleccionar qué se queda fuera. Porque no parece posible prorrogarlo todo y añadir elementos como la ampliación el bono social y el térmico; u otras que se plantearán en las próximas semanas.

En esa obligada selección deberían priorizarse las actuaciones que se vuelcan en los hogares vulnerables y las empresas y ramas más castigadas; que son coherentes con el objetivo de la transición energética; y que no van en contra de las tendencias tributarias recomendables pergeñadas en el libro blanco de la reforma tributaria. Y quizá tendría sentido pensar en un plan de cobertura trimestral e ir adaptándolo a la evolución de los acontecimientos.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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España y la construcción europea

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La respuesta fiscal de Europa a la pandemia pivotó sobre dos decisiones complementarias. La activación de la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), que dejaba en pausa las reglas fiscales que limitan el déficit público, y la creación del programa extraordinario de compra de deuda. Los países pudieron gastar lo necesario y financiar sus enormes déficits. Acertamos de lleno en la estrategia, corroborando la idea de que la Unión Europea avanza en las crisis.

Aunque la invasión de Ucrania nos ha conducido a extender un año la pausa en la aplicación de las reglas, estamos ya en un momento de transición hacia una normalidad en la que los países deberán afrontar las restricciones que conllevan las reglas fiscales y el final del programa de compra extraordinario. Un escenario que hace escasos meses se antojaba particularmente difícil para España, por su elevado nivel de déficit estructural y deuda.

Afortunadamente, la aprobación del instrumento para la Protección de la Transmisión (TPI) y la dirección que parece va tomando la reforma en curso del PEC nos permiten ser más optimistas y abren la posibilidad de un futuro sin crisis de deuda soberana ni ajustes fiscales draconianos, muy diferente al que vivimos en la Gran Recesión. Europa aprende de sus errores y España se beneficia especialmente de ello.

Los españoles deberíamos hacer lo propio: valorar las implicaciones de lo que se ha aprobado; ser conscientes de la necesidad de que, finalmente, la nueva definición de las reglas fiscales vaya en línea con la declaración conjunta que hace unos meses hicieron los gobiernos de España y Países Bajos; y asumir de una vez la responsabilidad fiscal.

En los 43 ejercicios que median entre 1980 y 2022, en 30 hemos tenido un déficit público superior al 3% y solo en tres años hemos alcanzado superávit. Debemos aprovechar el apoyo europeo para hacer nuestros deberes sin agobio y en un horizonte temporal razonable, pero con rigor y coherencia. Los españoles debemos optar por un menú fiscal en el que gastos e ingresos encajen estructuralmente como lo hacen en la media de la UE-27, al menos.

En paralelo, debemos ser conscientes de que el TPI no es algo que alemanes u holandeses necesiten o les guste especialmente. Cierto que la inestabilidad financiera no le viene bien a nadie, pero la realidad es que nos están apoyando y favoreciendo. Como lo han hecho con los Fondos Next Generation EU. Por eso, creo que hay que medir muy bien las palabras cuando reaccionamos a propuestas comunitarias que no están pensadas para nosotros y que nos exigen sacrificios para ayudar a otros.

Por supuesto, hay que negociar, defender intereses y buscar equilibrios razonables. Pero hay que tener mucho cuidado con la retórica que usamos con nuestros socios y amigos. Sobre todo, sabiendo que en cuestión de meses se acordará ese nuevo marco de reglas fiscales, en el que nos jugamos bastante más que en otras cuestiones.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Economía de resistencia

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La espiral de costes de producción y de precios al consumo, junto con las disrupciones en las cadenas de suministros generadas por la multiplicación de paros en el transporte y otros sectores clave, han acrecentado los riesgos de manera alarmante. Sin embargo, diversos indicadores evidencian una importante capacidad de resistencia da la economía española, de modo que la estanflación no es el escenario más probable —a condición de que se maneje la situación con audacia—. 

La capacidad de compra está muy mermada por la inflación, algo que en tiempos normales hubiera conducido inexorablemente a un desplome del consumo, de los mercados de exportación y del turismo (los consumidores de otros países también se enfrentan a una reducción de sus ingresos en términos reales). Sin embargo, la economía dispone de un importante amortiguador: el sobreahorro acumulado durante la pandemia. Esta bolsa de gasto latente se desinfla por causa del alza de los precios (se estima que el valor real de los depósitos bancarios de los españoles se ha reducido en cerca de 20.000 millones de euros como consecuencia de la inflación). Pero su volumen sigue siendo elevado permitiendo a los hogares sufragar una parte de sus compras de bienes y servicios. Prueba de ello, el ascenso del gasto con tarjetas, inalterable incluso después de la invasión de Ucrania –si bien los retrasos en el aprovisionamiento son ahora un escollo. El turismo extranjero da buenas sensaciones, con un incremento de las pernoctaciones desde el inicio de año, mientras que las reservas hoteleras para la temporada de verano alcanzan cotas que se aproximan a la era pre-covid.    

La contención de los salarios y de los precios no energéticos es otro amortiguador de la crisis en ciernes, ya que distribuye el shock energético y evita una espiral inflacionista que abocaría a un fuerte deterioro de la competitividad. Gracias a ello, el dinamismo de las exportaciones se mantiene como uno de los principales activos de nuestro tejido empresarial. Los resultados registrados en el pasado ejercicio parecen prolongarse en el presente, con un alza de los salarios pactados hasta febrero del 2,3%, y un núcleo central de precios en el 3%. En paralelo, las ventas en el exterior siguen cosechando nuevos records, aunque bajo la amenaza de los cuellos de botella. 

Por otra parte, parece que la ejecución de los fondos europeos está mejorando. Las convocatorias en el cierre del año totalizan cerca de 9.000 millones —el doble que en el otoño—. Y los PERTE empiezan a configurarse: los del vehículo eléctrico, energías renovales e industria agroalimentaria son relevantes de cara a la necesidad de transformar el modelo productivo. 

Todo ello debería garantizar un crecimiento positivo para el resto de 2022, aunque menor que el 5,6% anticipado antes del conflicto en Ucrania. Pero esto solo ocurrirá bajo dos supuestos. En primer lugar, que se mantengan los precios energéticos en sus niveles actuales, algo que supone que las exportaciones de gas ruso no se interrumpan por completo. Si este fuera el caso, la economía centroeuropea podría entrar en recesión, y nuestra inflación se desbocaría aún más, debilitando los puntos de resistencia. 

En segundo lugar, la política económica se enfrenta a la difícil tarea de evitar el cierre de negocios a raíz del encarecimiento de la electricidad y de los hidrocarburos, y a la vez preparar el cambio de modelo energético. Urge aligerar el impacto inmediato del shock, como en Francia, Italia y, con retraso, en España: se trata de evitar un desgarro del tejido productivo y no echar a perder el potencial de recuperación. Pero también son imperiosas reformas con miradas largas, para corregir ineficiencias en los mercados energéticos y no quedarse atrás en un ajuste del modelo energético que es ineludible. Unas reformas que además tendrían la virtud de limitar el coste presupuestario del plan de urgencia.  

PIB | La economía creció un 5,1% en 2021, una décima más de lo avanzado en enero por el INE. Destaca el tirón del consumo privado y de la inversión en el cuarto trimestre, compensando la caída del consumo público (un retroceso que no se había registrado en los últimos seis años). La demanda externa también tuvo un buen comportamiento, impulsada por las exportaciones tanto de bienes como de servicios turísticos y no turísticos. Todos los sectores avanzaron en el cierre del año, sin alcanzar todavía los niveles anteriores a la pandemia, especialmente en la construcción.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Luces y sombras del crecimiento del PIB en el cuarto trimestre

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Contabilidad Nacional Trimestral de España – 4T 2021

El crecimiento del PIB en el cuarto trimestre, un 2% en relación al trimestre anterior, muestra que, si bien la recuperación está en marcha, todavía es incompleta y desigual. Destaca el incremento de la inversión, sobre todo en maquinaria y bienes de equipo (un sólido 6,1% en el trimestre), en consonancia con la aceleración de la ejecución de los fondos europeos en el tramo final del año. Las exportaciones también evolucionan favorablemente ( 6,5%), fruto del tirón de las ventas de bienes en el exterior. Además, las empresas se están adaptando a la desorganización de la cadena de suministros acumulando inventarios para así suavizar los cuellos de botella.

Sin embargo, el consumo de las familias se resiente del repunte de inflación, y de su impacto negativo en la renta disponible de las familias. Así pues, pese a la mejora notable del mercado laboral, el gasto en consumo desciende (-1,2%), restando fuelle al rebote que se esperaba de la economía. Este descenso explica que la demanda interna solo aportara un punto al crecimiento del PIB, lo mismo que el sector exterior. 

Con todo, la evolución de la economía en el tramo final del año deja el crecimiento del PIB en el 5% para el conjunto del 2021. Un resultado que mejora algunos de los vaticinios realizados tras los datos decepcionantes de la primera parte del ejercicio. Sin embargo, la recuperación es todavía incompleta y desigual en sectores tan importantes como el turismo y la automoción. Además, de cara a 2022, su robustez está condicionada por la persistencia de las presiones inflacionistas. Y por la aparición de nuevas incertidumbres en torno al contexto externo, entre las que destacan las tensiones geopolíticas y sus impactos en los mercados energéticos.

Consulta otros indicadores de la contabilidad nacional y del mercado laboral.

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Cuellos de botella

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Tras un periodo de recuperación renqueante, algunos de los principales factores externos de inhibición podrían estar relajándose. Y, si bien otros, sobre todo de índole interna, siguen frenando el rebote, cabe esperar una cierta mejora. 

Lo más destacable es que la espiral de costes de los principales recursos naturales que vertebran la economía global parece moderarse como consecuencia de un incremento providencial de la oferta en los países productores. En las últimas semanas, los precios evolucionan al unísono: tanto el petróleo (-13 dólares por Barril desde el máximo de octubre y con perspectivas favorables por la decisión de la OPEP de aumentar el bombeo), como los metales y los minerales (con una variación mensual en noviembre del -7%, según el índice compuesto del Banco Mundial), y el transporte marítimo (-15% en el índice global de fletes desde el máximo de septiembre hasta el 3 de diciembre). Incluso el gas parece haber quebrado su inquietante senda alcista (-9% registrado en el índice del Banco Mundial en el último mes).  

Los efectos balsámicos deberían poco a poco trasladarse al aparato productivo y así aliviar los cuellos de botella que han lastrado la actividad. Las expectativas siguen sonriendo, como lo evidencia el índice de sentimiento económico de la Comisión Europea para la economía española (en noviembre se situó un 10% por encima de la media histórica, en leve descenso frente a octubre). Y las carteras empresariales están repletas de pedidos pendientes de realización, de ahí el frenesí en la contratación: la afiliación a la Seguridad Social encadena siete meses de crecimiento. En noviembre la creación de empleo alcanzó el máximo de la serie histórica para ese mes

Fuentes: Comisión Europea, Markit Economics y Funcas.

Así pues, si bien el retraso en la llegada de suministros y su encarecimiento todavía entorpecen la recuperación, la situación podría mejorar en los próximos meses. Aunque con una importante excepción: el sector de la automoción, que se enfrenta a una crisis de abastecimiento de semiconductores, con pocas pintas de amainar a corto plazo. La OCDE, en sus últimas previsiones globales, estima que el tiempo medio de espera para el suministro de microchips se ha duplicado en lo que va de año.

Por tanto, todo apunta a que el balón de oxígeno aportado por la relajación de los cuellos de botella será desigual. También será frágil, porque su sostenibilidad depende de factores geopolíticos imprevisibles, como en los mercados energéticos dominados por oligopolios productores con estrechas conexiones con el poder ejecutivo. Además, la extensión de la variante Ómicron, fruto de la incapacidad del sistema multilateral para facilitar el acceso de la vacuna en los países pobres, y su corolario de nuevas restricciones de actividad y movilidad, complica considerablemente el escenario y pesará sobre la confianza del consumidor.  

Por otra parte, si bien la primera ronda inflacionista de la era poscovid, es decir la que procede del encarecimiento de las materias primas, pierde fuerza, lo que pase de aquí en adelante depende de los efectos de segunda ronda. Y en particular del comportamiento de los sectores más intensivos en energía y otras materias primas. De momento esos efectos derivados son limitados, al menos en el caso de España: la inflación subyacente es un punto menos que en la zona euro, cuando a la inversa el IPC total crece un punto más

Ante un entorno externo con algunas mejoras, pero todavía incierto, la atención se centra necesariamente en los factores internos —los más acuciantes para desatascar la recuperación en nuestra economía—. En este sentido el debate en torno al gasto financiado con los fondos europeos es saludable. Será imprescindible sin embargo examinarlo con lupa para no quedarse en las grandes cifras de ejecución, y centrarse en la calidad de los proyectos seleccionados. Y es que una orientación rápida y transformadora podría a la vez contribuir a aliviar los cuellos de botella e impulsar el potencial productivo del país.    

AFILIACIÓN | El mercado laboral experimenta una notable mejora. En noviembre el número de afiliados a la seguridad social se incrementó en 139.000 personas, en términos desestacionalizados por Funcas. Este es el mejor resultado de la serie histórica para ese mes. Descontando los ERTE y los autónomos con prestación, el empleo efectivo sube en 180.000 personas, superando el nivel pre-covid. El número de afiliados en el sector privado no agrícola supera también el nivel prepandemia, aunque todavía no en términos efectivos, es decir corrigiendo por el efecto de los ERTE y de las prestaciones para autónomos.

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Las políticas españolas y las de Draghi

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Uno de los resultados más llamativos de la valoración de política fiscal divulgada esta semana por la Comisión Europea es la potente apuesta por la inversión que revelan las estrategias presupuestarias del presidente francés Emmanuel Macron y el Primer Ministro italiano Mario Draghi. Según esta valoración basada en los resultados de ejecución presupuestaria del Gobierno francés, la inversión crecerá este año un 18%, y en el caso de Italia el empujón alcanza el 27%, lo nunca visto en la economía transalpina desde que existe el euro. En comparación, España se parece más a Alemania, con tasas de crecimiento de la inversión pública que rondan el 10% en 2021, un esfuerzo importante en comparación con el periodo poscrisis financiera, pero claramente inferior a los registros de los países vecinos.

Fuente: IGAE, planes presupuestarios de los países miembros y Funcas (estimación 2021).

La rápida tramitación de los fondos europeos es sin duda un factor diferencial. Francia e Italia han optado por controles a posteriori, que agilizan la aprobación de los proyectos (a diferencia de la metodología tradicional, aplicada en nuestro país, que consiste en escrutar cada detalle antes de autorizar el desembolso). Los países vecinos también han puesto en marcha un plan que supera ampliamente el marco de las transferencias directas de Bruselas: en Francia este dinero solo cubre el 40% del total, y el resto proviene de recursos propios. Italia, por su parte, ha decidido recurrir a los préstamos facilitados por el programa Next Generation. Sin embargo el plan español, además de entrar en funcionamiento de forma desigual, se circunscribe a las transferencias no reembolsables aportadas por el erario comunitario.

El tiempo dirá quién acierta. Ambas visiones contienen oportunidades y riesgos. La del dúo Macron-Draghi es la más keynesiana, por maximizar el impacto a corto plazo y aprovechar plenamente el contexto de bajos tipos de interés y abundante liquidez del BCE. Estos gobiernos confían en el dinamismo generado por el fuerte impulso fiscal, y esperan que el sector privado tomará el relevo. De alguna manera, consideran que el mercado dispone de músculo para responder a los estímulos del Estado. Es decir, existiría una amplia capacidad ociosa de producción. Pero la celeridad en la ejecución puede afectar la calidad de la inversión así como su potencial transformador.

A la inversa, el Gobierno español, aunque no lo enuncie explícitamente, parece haber emprendido una estrategia de largo recorrido. Los resultados son heterogéneos, de momento, de ahí el retraso en la recuperación, pero la valoración podría ser positiva tras un esfuerzo sostenido. Se trata por tanto de fortalecer el tejido productivo mediante una acción focalizada y más diluida en el tiempo. Según este enfoque, la capacidad ociosa es relativamente limitada —algo que choca con la elevada tasa de paro o la reducida inflación subyacente— pero es coherente el menor tirón de la demanda pública.

Lo ideal sería una combinación de impulso y transformación, es decir una expansión keynesiania generada por el despliegue de los proyectos rupturistas previstos en el plan de recuperación. Si bien esto no parece fácil de conseguir en un plazo corto, al menos habría que evitar el peor escenario: un proceso “nini” (ni impulso ni transformación), que entrañaría una ejecución de fondos europeos a la vez lenta y mal orientada, con proyectos que no logran mejorar el modelo productivo.

Disponemos de margen: Bruselas considera que nuestro presupuesto es uno de los menos expansivos (lo que contrasta con las críticas al expansionismo italiano). Por tanto, existe un espacio para trasladar al próximo ejercicio las inversiones no ejecutadas financiadas por los fondos europeos. Además, el BCE mantiene la senda de gradualismo en la retirada de las compras de deuda, pese al giro de EE UU y el repunte de la inflación. Por tanto la economía española puede transitar el camino del estímulo cortoplacista, el de las luces largas, o una mezcla de ambos. Nos queda elegir y cuidar la aplicación de las políticas.

FACTURACIÓN | El índice de cifra de negocios en los servicios correspondiente a septiembre registró un notable avance mensual (un 1,6%). Este indicador mantiene desde el inicio del año una trayectoria intensamente ascendente, aunque sin recuperar los niveles prepandemia. No obstante, hay que tener en cuenta que se expresa a precios corrientes. El índice de cifra de negocios en la industria también avanzó en septiembre, a un ritmo más moderado (un 0,4%) pero después de registrar fuertes avances en los meses previos, y ya ha superado los niveles prepandemia. Corregido por la inflación, aún se encuentra por debajo.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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