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Renta neta real de los hogares en 2024: (todavía) por debajo del umbral de 2008

marzo 27, 2025

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La reciente publicación de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) ofrece una buena oportunidad para analizar la evolución de la renta de los hogares en el largo plazo. Los datos disponibles muestran que la crisis financiera de 2008 afectó de forma muy intensa a su capacidad económica. Tanto, que sus efectos aún perduran. En dicho año, la renta media neta de los hogares^[1], medida en términos nominales, fue de 30.045 euros. Se tardaron 11 años en superarla, alcanzando 30.690 euros en 2019, justo el año previo a la pandemia. En la siguiente etapa, entre 2019 y 2024, la renta ha crecido, aproximadamente, un 25%^[2] impulsada por un amplio conjunto de factores, entre ellos, el intenso escudo social, la mejora del empleo, la revalorización de pensiones y ayudas sociales de acuerdo con el IPC, nuevas prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) e incluso una posible reducción de la economía informal.

Pero, ¿qué ha sucedido en términos reales? De acuerdo con el gráfico 1, el índice de crecimiento del IPC ha estado desde 2008 por encima del crecimiento de la renta neta nominal. Concretamente, entre 2008 y 2024, el incremento acumulado de la renta fue del 27,7%; claramente por debajo del 33,5% de aumento de los precios. Es decir, en esos dieciséis años los precios han crecido alrededor de 6 puntos más que la renta neta nominal, erosionando, como muestra el gráfico 2, la renta neta real. Dicho de otro modo, la renta neta real de 2024 equivale, aproximadamente, al 95,6% del valor que tomó en 2008. En definitiva, la renta neta real de un hogar medio en 2024 sigue siendo inferior a la de 2008. Esa diferencia para converger plenamente al nivel de 2008 exige todavía un esfuerzo importante que no debe soslayarse. De hecho, el crecimiento de 2024 debería haber sido, aproximadamente, del 9% para conseguir la plena equiparación a la renta real de 2008^[3]. Sin embargo, desde 2019, la renta neta real ha crecido a un promedio de 1,9 puntos por año. A ese ritmo, manteniendo lo demás constante, la convergencia no se alcanzaría hasta 2027, dos décadas después de la crisis financiera.

Sin duda, no son buenas noticias para la evolución del nivel de bienestar de los hogares desde una perspectiva de largo plazo. Pese a ello, los datos muestran avances en la renta neta real en los últimos años. Como también muestra el gráfico 2, la renta neta real tocó fondo en 2014 cuando se situó en 24.039 euros. Aunque con altibajos, la renta neta real creció entre 2014 y 2024 un promedio del 1,6% anual frente al -3,6% del período 2009 a 2014.

En resumen, como se comentó anteriormente, el profundo impacto de la crisis financiera sobre la capacidad en renta real de los hogares todavía no ha sido superado. Incrementarla exige, ineludiblemente, aumentar la productividad del factor trabajo. La mejora del nivel de formación de los trabajadores y su adaptación a los nuevos cambios tecnológicos son dos de los factores clave para la consecución de este objetivo.

^[1] La renta neta corresponde, esencialmente, a la diferencia entre ingresos brutos percibidos por los hogares y las cotizaciones del trabajador e IRPF. Los ingresos brutos incluyen, entre otros, salarios y transferencias corrientes recibidas las administraciones públicas (pensiones, desempleo, etcétera).

^[2] Asumiendo un crecimiento de la renta neta media de 2024 en línea con el 3,7% de incremento de los costes salariales.

^[3] Debemos esperar a la ola de la ECV de 2026 para tener mayor precisión de las cifras del crecimiento de la renta neta de los hogares en 2024.

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La inflación eleva en cerca de 450 euros la carga media de IVA de los hogares en el periodo 2021-2024

marzo 5, 2025

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La inflación acumulada del periodo 2021-2024 fue del 17,8%, muy por encima del 12% de la década anterior. Esta fuerte tensión en los precios ha incrementado la carga fiscal de los hogares afectando a su capacidad económica. En el debate público, sin embargo, la conexión entre impuestos e inflación ha tenido habitualmente al IRPF en el punto de mira, tanto por ser el principal impuesto de nuestro sistema tributario como por su impacto agregado.

Menos visible es el impacto de la inflación en los impuestos indirectos. La recaudación de IVA crece en la medida que los precios finales incorporan los aumentos de la inflación. La recaudación de IVA aumentará previsiblemente desde los 63.337 millones de euros en 2020 a más de 90.622 en 2024, asumiendo un crecimiento del 8% para este último año. Es decir, un aumento de 27.285 millones de euros en el periodo pospandemia, a pesar de las rebajas fiscales aplicadas alimentos y energía en los últimos años.

A partir de los microdatos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), en una nota técnica de Funcas estimamos la recaudación de IVA generada por la inflación entre 2021 y 2024. El acumulado soportado por los hogares residentes en esos años debido al aumento de precios está próximo a los 8.500 millones de euros, cerca de seis décimas de PIB. Esta magnitud equivale al 29% del aumento de la recaudación de IVA en esos cuatro años^[1].

La estimación del impacto de la inflación por niveles de renta se muestra en el cuadro 1. Los 17,8 puntos acumulados de inflación han elevado en 447 euros la factura fiscal media de IVA de los hogares, alrededor de 500 euros capitalizados a 2024. El 43,6% de todo ese aumento se produjo en 2022, cuando la inflación alcanzó una cota máxima del 8,4%. Los niveles más bajos de inflación de 2024 (2,8%) han contribuido a reducir la carga de IVA por la inflación hasta los 69,2 euros.

En términos absolutos, el efecto crece con el nivel de gasto oscilando entre los 103 euros en la primera decila y 1.140 euros en la última. El efecto es de 178 euros en los hogares mileuristas en gasto. Para los hogares cuyo gasto corriente está próximo a la media, alrededor de 26.000 euros anuales en 2023, el impacto acumulado está próximo a los 400 euros. Contrariamente, el impacto en términos relativos es proporcional al gasto. Es decir, el efecto de la inflación es equivalente al 1,7% del gasto de cada hogar. Por tanto, la inflación ha actuado en estos años como un impuesto adicional sobre el gasto con un tipo medio del 1,7%.

Como muestra el cuadro 2, los hogares más perjudicados en términos absolutos han sido los de mayor tamaño. A igualdad de tipos efectivos y exposición a la inflación, el efecto escala en el gasto resulta relevante. En los hogares formados por un solo miembro, el impacto se ha mantenido en general por debajo de los 300 euros. Sin embargo, en parejas con más de 2 hijos o con un hijo mayor de edad, el impacto acumulado está próximo a los 600 euros. El efecto no es el mismo, sin embargo, en relación al gasto corriente de cada tipo de hogar (cuadro 3). Las diferencias en promedio entre las comunidades y ciudades autónomas —estudiados con detalle en el documento de trabajo— con mayor y menor impacto no superan los 100 euros. Navarra, Galicia y Baleares son las que han soportado el mayor impacto medio (alrededor de 490 euros), en tanto que el menor efecto ha correspondido a Canarias, Extremadura y Melilla (alrededor de 400 euros). Estas diferencias son fruto tanto de diferentes patrones de consumo, en particular en el peso de alimentos y energía en la cesta de consumo, como de las diferencias en los niveles de inflación entre comunidades autónomas.

La carga fiscal generada por la inflación se reducirá previsiblemente en los próximos años si atendemos a la progresiva estabilización de los precios. Sin embargo, no debe olvidarse que este es un fenómeno acumulativo. Por tanto, el efecto puede ser relevante en el largo plazo incluso en períodos de baja inflación. Conocer la tipología de los hogares más perjudicados por la inflación es esencial para implementar las políticas públicas más eficientes para reducir problemas de desigualdad y exclusión social. Por ejemplo, los programas de transferencias corrientes destinados específicamente a hogares vulnerables son técnicamente superiores a las rebajas fiscales en IVA que no discriminan por nivel de renta y benefician potencialmente a toda la población.

^[1] En este cálculo no está incluido el IVA correspondiente a la compra de vivienda nueva. El motivo es la EPF no incluye tal gasto.

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Propuestas para el mercado de la vivienda

enero 21, 2025

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Semana interesante para el mercado de la vivienda con la presentación de propuestas para la mejora de su accesibilidad primero por parte del Partido Popular, seguidas del Gobierno. Al fin se pone este tema crítico para la sociedad española en primera línea del debate público. Genera más dudas el resultado final. Primero porque algunas de las medidas propuestas por ambos lados no parecen ir en la línea correcta o pueden generar efectos no deseados en el medio plazo. Por ejemplo, las desgravaciones fiscales al comprador estimulan más aún la demanda, que no es lo que se necesita. De generar algún incentivo fiscal debería ser para estimular la oferta. Se precisa aumentar el stock de viviendas, sobre todo en alquiler en las zonas más tensionadas. Del otro lado, la propuesta de aumentar el gravamen fiscal al 100 % para la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes tendría pocas ventajas en la práctica y puede generar desconfianza inversora internacional. En segundo lugar, muchas de estas propuestas probablemente quedarán diluidas o modificadas conforme se vayan debatiendo en el ámbito legislativo, y podrían no prosperar. Hay que alinear esfuerzos del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos (estos dos últimos con casi todas competencias en la materia). Todo cambiaría mucho si hubiera un gran “pacto nacional por la vivienda” entre los partidos políticos.

Parece complicado un gran acuerdo político, pero las propuestas del PSOE y PP tienen coincidencias, como la de incrementar el parque público de vivienda. Se toma conciencia de que el principal problema es la falta de oferta. Ambos, además, proponen utilizar suelo público para construir viviendas protegidas. La importancia de una nueva Ley del Suelo, que no se pudo aprobar en mayo pasado, también es compartida, para generar una seguridad jurídica para la promoción de viviendas y eliminar trabas administrativas. Se tendrían que poner de acuerdo, pero la gran trascendencia estratégica debería servir de acicate.

Alinear los intereses de propietarios e inquilinos es crucial en el segmento del alquiler. Ambas propuestas políticas están de acuerdo en dar más protección al propietario, con un sistema de garantías. Hay cuatro millones de casas desocupadas en España. Si una buena parte se pusieran en el mercado se aliviaría parte de la falta de oferta. Hay que aumentar el stock disponible de vivienda en alquiler y compra, construyendo nuevas o estimulando que las existentes no ocupadas entren en el mercado. También se coincide en aumentar el stock con planes de rehabilitación de edificios, relevante en un parque inmobiliario envejecido. En suma, no todo lo propuesto por ambos partidos va en la dirección correcta, pero hay que valorar positivamente el que se haya convertido en una cuestión central en el debate público actual y las coincidencias que generan alguna esperanza para el acuerdo.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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Sobre la economía sumergida y el fraude fiscal en España

julio 23, 2024

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En los últimos tiempos, la economía sumergida y el fraude fiscal han cobrado una relevancia notable en el debate público en España. Esto se debe, en parte, a la inclusión en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de la componente 27, “Medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal”, que establece una serie de compromisos con la Unión Europea. Además, se ha popularizado la idea de que la pandemia de Covid-19 ha modificado hábitos y conductas, contribuyendo a la reducción de estos problemas en España. En un reciente artículo publicado en la revista Cuadernos de Información Económica, publicada por Funcas, evalúo la verosimilitud de esta hipótesis a la luz de las estimaciones y cálculos más recientes.

Dos ideas previas importantes. La
primera es que economía sumergida y fraude fiscal son dos conceptos estrechamente
relacionados, pero no sinónimos. En particular, el segundo se refiere a la
evasión deliberada de las normativas tributarias, sin que necesariamente exista
economía sumergida previa o en paralelo. La segunda idea es que cuantificar la
economía sumergida es complicado debido a su naturaleza evasiva. Por ello, los
métodos más utilizados se basan en el análisis de variables macroeconómicas
correlacionadas con la economía sumergida. En cuanto al fraude fiscal, las
estimaciones pueden centrarse en impuestos específicos o adoptar un enfoque más
amplio, considerando la economía sumergida y aplicando la tasa efectiva
promedio de impuestos de la economía formal a esta base imponible evadida; un
enfoque metodológico sencillo pero que es mirado con recelo por buena parte de
los especialistas.

El Plan Presupuestario para 2023 del Gobierno de España argumentaba que las políticas de protección de rentas implementadas durante la pandemia han incentivado el afloramiento de la economía sumergida. Programas como los ERTE, la prestación extraordinaria para autónomos y el Ingreso Mínimo Vital han contribuido a que trabajadores en la economía irregular se formalicen. Según el Gobierno, estas medidas habrían facilitado el afloramiento de unos 285.000 afiliados a la Seguridad Social hasta el verano de 2022. En abril de 2023, la Actualización del Programa de Estabilidad 2023-2026 destacó el impacto en los ingresos tributarios, atribuyendo el aumento de la ratio de ingresos públicos sobre el PIB a la lucha contra el fraude y el afloramiento de la economía sumergida, que a su vez habrían sido impulsados por un cambio en la conciencia fiscal derivado de la pandemia y el crecimiento de los pagos con tarjeta frente a los pagos en efectivo.

Los análisis internacionales sobre economía sumergida pospandemia y que incluyen a España son todavía muy escasos; y hay que tomarlos como preliminares. En todo caso, muestran un aumento de la economía sumergida en 2020, seguido de una reducción significativa. En concreto, las estimaciones de Schneider y Asllani sitúan la economía sumergida en el 15,8% del PIB en 2022; un punto y medio por debajo de la media de la UE-28. También la brecha de cumplimiento en el IVA en España ha mostrado una notable mejora. Según la Comisión Europea, España sería el tercer país de la UE-27 en cumplimiento, con una brecha que se redujo de poco más del 5% en 2020 a solo 0,8% en 2021. Por su parte, la recaudación impositiva en España ha sido muy expansiva. El peso de los impuestos y cotizaciones sociales sobre el PIB pasó del 35,4% en 2019 al 38,3% en 2022. Este crecimiento, que no se observa en el resto de la Unión Europea, podría atribuirse a las mejoras en el cumplimiento tributario y la reducción de la economía sumergida; pero también al efecto de la inflación, sobre todo en el caso del IRPF, y la infraestimación del PIB nominal. Estudios recientes, como el de García-Miralles y Martínez Pagés del Banco de España, confirman que la inflación ha sido un factor; y los análisis de Francisco Melis y Miguel Artola invitan a pensar que puede que se produzcan correcciones al alza adicionales en el nivel del PIB.

En resumen, aunque existen algunas razones para el optimismo, es necesario continuar afinando las estrategias y mejorar los cálculos sobre economía sumergida y fraude fiscal para consolidar y avanzar en los logros alcanzados. Los datos sugieren que efectivamente España podría haber mejorado su posición relativa en el último trienio. Sin embargo, necesitamos un análisis más profundo y detallado sobre la economía sumergida y el fraude fiscal.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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El mayor gasto por envejecimiento y su posible efecto sobre una eventual reforma fiscal

junio 26, 2024

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La economía española se enfrenta a cambios estructurales debido a factores demográficos, climáticos, tecnológicos y geopolíticos, con efectos sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Sin embargo, el papel del envejecimiento de la población será preponderante, al menos en las próximas dos décadas, como prevén la AIReF y la Comisión Europea (CE). A efectos ilustrativos, la tasa de dependencia pasará del 26,6% actual al 51,4% en 2050. Además, la supervivencia de las cohortes mayores de 67 años aumentará en cerca de 3 años en ese período. El tamaño de la población jubilada, la creciente esperanza de vida y el aumento de la pensión media elevará de forma intensa el gasto en pensiones. La población española podría crecer en cerca de 5 millones hasta 2050. Sin embargo, existen dudas de que dicho incremento sea suficiente para reducir la tasa de dependencia en el actual contexto de bajas tasas de natalidad.

Como se muestra en los gráficos 1a y 1b, los gastos derivados de la evolución demográfica, del coste de la deuda y del gasto en defensa supondrán 1,8 puntos de PIB más en 2035 —y 6,2 puntos más en 2050— que en 2021. El mayor incremento del gasto tendrá su origen en las pensiones públicas que aumentarán 2,6 puntos de PIB hasta 2050, pudiendo incluso superar esas cifras de acuerdo con las estimaciones de la CE. Le sigue en importancia el gasto en sanidad y los cuidados de larga duración, que aumentarán en conjunto 1,9 puntos de PIB en las dos próximas décadas. Como contrapartida, los cambios en la estructura poblacional reducirán el gasto en prestaciones por desempleo en 1,8 puntos. En resumen, en términos netos, los factores demográficos aumentarán su peso en el PIB en 1,7 puntos en 2035 y 4,5 puntos en 2050. No obstante, esta proyección ha de tomarse con las debidas cautelas, al realizarse bajo un conjunto de hipótesis sobre tasa de actividad, tasa de paro y productividad laboral^[1] en un escenario fiscal inercial a políticas constantes. Por otra parte, el coste de la deuda aumentaría su peso hasta el 5,1% del PIB en 2050 en ausencia de medidas de consolidación. Finalmente, es previsible que el gasto en defensa converja hasta el 2% si se cumple el acuerdo alcanzado con el resto de los miembros de la OTAN. Respecto a los efectos de los shocks del cambio climático, no incluidos en los gráficos, estudios como este de Gagliardi han realizado diferentes pruebas de estrés para analizar el impacto de sucesos de naturaleza extrema como una sequía muy prolongada. Los resultados muestran que este tipo de fenómenos podrían generar un incremento del gasto primario de entre 2,0 y 2,4 puntos de PIB con efectos directos sobre el coste de la deuda.

En definitiva, ese conjunto de proyecciones muestra que España deberá enfrentarse en las dos próximas décadas a una creciente presión del gasto público. En ausencia de planes específicos de consolidación fiscal, el cuadro 1 muestra que el déficit comenzaría una fase creciente en 2026, pudiendo superar el 4% en una década. Asimismo, la deuda pública se elevaría hasta el 147% en 2050, alrededor del 120% en caso de un crecimiento potencial superior al 1,3%. Sobre el papel, las nuevas reglas fiscales obligarán a España a realizar ajustes a partir de 2025 para situar la deuda en una senda decreciente. La existencia de varias salvaguardas, incluso si el déficit se sitúa finalmente por debajo del 3%, ayudarían a reducir el déficit en la próxima década.

Una cuestión clave es en qué lado del presupuesto descansarán estos ajustes. Previsiblemente, la consolidación se apoyará en mayor medida en el lado de los ingresos que en el de los gastos por varios motivos, aunque destacamos los tres siguientes. Primero, la reforma de las pensiones de 2023 ha abordado la insuficiencia de recursos desde el lado de los ingresos (destope de bases máximas, Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y cuota de solidaridad). Segundo, los gastos en sanidad y de cuidados de larga duración —que suponen el 15% del gasto público— muestran también una clara tendencia positiva fruto del envejecimiento. Estos gastos están gestionados por las comunidades autónomas lo que añade más complejidad al control de su crecimiento. Por último, las diferentes olas del spending review realizado por AIReF muestran la existencia de margen de mejora en la eficiencia del gasto público, aunque los avances alcanzados han sido limitados. En conclusión, las expectativas para atenuar el crecimiento del gasto público son reducidas. Contrariamente, donde existe más margen de actuación es en el lado de los ingresos. Entre otros, en la revisión de gastos fiscales (entre ellos, los tipos de IVA), la indexación de tipos de gravamen de impuestos especiales o la potenciación de los impuestos ambientales.

En el debate de la reforma fiscal pendiente existen importantes retos, tanto en la consecución de un nivel suficiente de ingresos como en la realización de un diseño certero del tax-mix sobre el que descansará la reforma. La presión fiscal deberá acomodarse al mayor nivel de gasto que se vislumbra para las dos próximas décadas. En este tránsito, los gestores públicos deberán elegir sobre qué impuestos descansará en mayor medida el aumento de recaudación. Así, un amplio cuerpo de la literatura —por ejemplo, aquí y aquí—, (no exento de críticas [por ejemplo aquí]) ha encontrado que cotizaciones sociales, impuestos directos e impuestos indirectos son, por este orden, los que tienen un mayor efecto negativo sobre el crecimiento. De hecho, el aumento de las cotizaciones para financiar las pensiones ya está condicionando el diseño de futuras reformas tributarias: la fiscalidad del trabajo aumentará en promedio 2,7 puntos en los próximos años debido a los cambios en las cotizaciones. Es de esperar que las cuestiones de eficiencia del sistema fiscal ganen relevancia en el debate público en los próximos años. En este sentido, la Comisión insiste en la necesidad de revisar y simplificar el sistema fiscal para impulsar el crecimiento económico y el empleo.

^[1]
Se asume que crecimiento de la productividad
aparente del trabajo se situará a partir de 2035 en 1,1 puntos, la tasa de paro
se situará en 2050 en un valor próximo al 7% y, por último, se asumen tasas de
actividad femeninas superiores a las actuales.

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¿son-factibles-las-previsiones-del-3%-de-deficit-publico-en-2024-y-del-2,5%-en-2025?

¿Son factibles las previsiones del 3% de déficit público en 2024 y del 2,5% en 2025?

mayo 29, 2024

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La actualización de las previsiones macroeconómicas y fiscales (APMF2024) enviada el pasado mes de abril a Bruselas proyecta para nuestro país un déficit del 3% en 2024 y del 2,5% en 2025. Se trata de unas previsiones que, en ausencia de presupuestos, están expuestas a una importante incertidumbre. Por lo que respecta a 2024, las cifras de recaudación del primer trimestre publicadas por la Agencia Tributaria muestran un crecimiento conjunto del 7,5% en las cuatro principales figuras impositivas (IRPF, IS, IVA, IE). Aun siendo un crecimiento robusto, se encuentra por debajo del 8,9% de aumento esperado para el total de ingresos impositivos en 2024, de forma que, aunque queda más de medio año por delante, estas cifras generan por sí solas dudas de que los ingresos permitan recortar el déficit hasta el citado 3% en 2024.

Entre los factores que ayudarán a alcanzar un nivel suficiente de ingresos en 2024 se encuentran: (i) la buena marcha del IRPF durante el primer trimestre con un crecimiento del 8,8%, (ii) la retirada de las rebajas impositivas sobre electricidad, gas y alimentos, (iii) la reintroducción del Impuesto sobre la Producción de Electricidad, (iv) la recaudación que aportarán los tributos sobre los sectores financiero y de energía y, por último, (v) el impacto de la inflación en la recaudación de impuestos. De acuerdo con Banco de España, alrededor de un tercio de los 38.000 millones de incremento de la recaudación de IRPF entre 2021 y 2023 se explica por la progresividad en frío, de lo que se puede inferir que la inflación podría aportar alrededor de 2.000 millones extra de recaudación en 2024. En el caso del IVA, a partir de las estimaciones publicadas en Funcas, la inflación podría generar alrededor de 800 millones de euros extra de recaudación. En sentido contrario, un factor que distorsionará estas expectativas positivas es la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la modificación del Impuesto de Sociedades en 2016, que obligará a devolver alrededor de 4.000 millones de euros a lo largo de 2024 y 2025.

Por lo que respecta al gasto público, la Comisión Europea instó a España a limitar al 2,6% el crecimiento del gasto primario en 2024. Sin embargo, AIReF prevé un crecimiento del 4%, con una desviación de alrededor de 8.800 millones de euros. Excepto esta institución, la mayoría de organismos nacionales e internacionales prevén desviaciones del déficit por encima del 3%. El Banco de España, en su caso, lo sitúa en el 3,5% del PIB; recuérdese que cada décima supone alrededor de 1.500 millones de euros. El déficit del conjunto de las administraciones estará, además, condicionado por el comportamiento presupuestario de la Seguridad Social y de las Comunidades Autónomas. Estas últimas recibirán alrededor de 154.000 millones de euros en 2024 (134.000 millones de entregas a cuenta, a los que se unirán alrededor de 20.000 millones de la liquidación provisional de 2022).

La previsión del 2,5% de déficit en 2025 incorpora incertidumbres adicionales en un contexto de aplicación de las nuevas reglas fiscales. En el escenario inercial, las estimaciones de AIReF y Banco de España sitúan el déficit por encima del 3% a partir de 2025. La señal enviada a Bruselas con la APMF2024 ha de interpretarse positivamente, como un compromiso con el objetivo del 3% y, por tanto, con la confianza de no comenzar el nuevo período de reglas fiscales con un déficit excesivo, marcando así distancias con Italia, Francia o Bélgica. La comparación entre los años 2019 y 2025 —período comprendido entre el año pre-covid y el primer ejercicio de aplicación de las nuevas reglas fiscales— muestra que el ajuste del déficit descansaría en mayor medida en lado de los ingresos. Concretamente, los ingresos crecerían 3,7 puntos de PIB (del 39,2% a 42,9%), frente al incremento de 3,1 puntos en los gastos (42,3% a 45,4%). Sin embargo, dado que la APMF2024 no ofrece detalles, se abren interrogantes sobre las medidas específicas en que se basa tal proyección para conseguir un aumento de la recaudación de alrededor de 33.000 millones de euros de ingresos impositivos entre 2024 y 2025.

Para concluir, cabe señalar que las nuevas reglas fiscales aportan más transparencia y sencillez, al emplear el gasto primario de cada país como variable clave para asegurar la sostenibilidad de la deuda. Pero hay letra pequeña en las denominadas reglas de salvaguarda, muy relevantes y poco presentes en el debate público: el cumplimiento del 3% de déficit anual no eximirá a los países del deber de reducir su déficit estructural hasta el 1,5% —como medida para generar un colchón suficiente con el que hacer frente a potenciales shocks exógenos como Covid-19—, nivel del que sin embargo estamos lejos si tenemos en cuenta que la APMF2024 ha estimado un saldo estructural del 2,8% en 2024 y del 2,5% en 2025.

Por otra parte, los países como España, con una deuda superior al 90% del PIB, deberán reducir su nivel en un promedio de un punto anual para colocarla en una senda de trayectoria descendente. Esta consolidación puede llevarse en períodos de 4 o 7 años, aunque estos últimos exigen programas de reformas económicos, tal como se están abordando en España en el marco de los fondos europeos. Dado el endeudamiento público actual de España, un ajuste de esta naturaleza supone reducir la deuda en un promedio de 15.000 millones de euros anuales. Los ajustes comenzarán previsiblemente en 2025 o en 2026 si finalmente se toma el primer año de entrada de las reglas como un período de tránsito hacia el nuevo sistema. En definitiva, las nuevas reglas fiscales pueden actuar como el impulso definitivo hacia la consolidación fiscal a la que España debe enfrentarse para reducir déficit y deuda. Sin embargo, el elevado esfuerzo económico que exigirán los ajustes, la deficiente reputación-país ganada en los años precedentes en la apuesta por la consolidación fiscal y la elevada fragmentación parlamentaria, generan importantes dosis de escepticismo sobre el efecto que potencialmente aportarán las nuevas reglas fiscales a la reducción de déficit y deuda en los años venideros.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Expansión

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La bajada de tipos de interés

mayo 14, 2024

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Parece que el Banco Central Europeo iniciará la disminución del precio oficial del dinero en su próxima reunión del 6 de junio. Nunca se sabe. Son decisiones que dependen de los datos hasta el último minuto pero todo apunta a que sí. Incluso se habla de que un segundo descenso de tipos para la reunión del 18 de julio. De manera consecutiva. El BCE comenzará ese proceso sin que la Reserva Federal estadounidense lo haga. Tras meses en que se especulaba que la Fed iba a iniciar los descensos de tipos antes, lo ha ido posponiendo ante la fortaleza de la economía americana y la resistencia aún existente —aunque cada vez menor— de la inflación a volver a su nivel de referencia, el 2%.

Los banqueros centrales de ambos lados del Atlántico parecen convencidos —casi confiados— en sus últimas declaraciones de que la inflación evolucionará favorablemente. Esa confianza parece más consolidada en la zona euro que en Estados Unidos, que quiere esperar un poco más antes de bajar tipos. También el Viejo Continente tiene una coyuntura macroeconómica más débil, por lo que le vendrá muy bien un estímulo monetario en forma de abaratamiento del precio oficial del dinero. El crecimiento de los salarios europeos se está desacelerando, lo que probablemente es compatible con las proyecciones de remuneraciones futuras del factor trabajo y de la inflación que maneja ahora el BCE, y por eso, es más probable que comiencen pronto los descensos de tipos.

El cierto desacople en las decisiones de los dos
principales bancos centrales —Fed y BCE, que no bajarán a la vez— habrá que
seguirlo de cerca, por las consecuencias sobre los mercados cambiarios y los
flujos de capitales. La economía estadounidense, a pesar de algún dato suelto
de empleo que no es tan favorable, sigue cerca del pleno empleo y creciendo con
fuerza. Las noticias de las empresas tecnológicas y sus potentes inversiones en
inteligencia artificial son uno de los grandes pilares que sustentan esa
bonanza y deberían azuzar a la adormecida Europa, donde parece que vamos mucho
más rezagados en esas inversiones. Esa vitalidad empresarial, junto a tipos de
interés más elevados allí, pueden apreciar el dólar y encarecer algunas de las
importaciones europeas más importantes, como el petróleo y gas. No es que esa
evolución de las divisas necesariamente vaya a generar una nueva ronda de
inflación en Europa pero habrá que estar muy atentos.

El que disminuyan los tipos no significa que no vayamos a continuar un tiempo —más de lo imaginado hace dos años— con niveles elevados, superiores al 3%. Aunque las empresas y familias notarán un alivio, aun estarán lejos de las benignas condiciones financieras existentes antes de 2022. El futuro entorno de tipos más bajos también ayuda a entender los movimientos corporativos en el sector bancario como el que estamos viendo entre BBVA y Sabadell, primero “amigable” y ahora hostil. Lo que pase con el precio oficial del dinero va a ser determinante hasta finales de 2025.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

Gracias por leer La bajada de tipos de interés, una entrada de Funcasblog.

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La deuda pública española en perspectiva

abril 23, 2024

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En un reciente trabajo
sobre la deuda pública en España, publicado por Funcas, trato de conceptualizar
y contextualizar los desafíos actuales en este ámbito. Sus ideas fuerza son las
siguientes.

Es fundamental comprender las diferencias sustanciales
entre la deuda pública y los pasivos financieros de empresas y hogares. La vida
ilimitada del sector público y su capacidad para exigir impuestos exigen partir
de un marco teórico diferente a la hora de evaluar la sostenibilidad de su
deuda. Lo que importa no es el volumen global de deuda expresado en euros, sino
la ratio de deuda pública sobre el PIB. Ahí es dónde debemos centrar los
análisis y las discusiones políticas. Una ratio atascada en un
nivel elevado y/o una dinámica descontrolada es un problema muy serio. No solo
porque llevará a incumplir con las reglas fiscales y, por tanto, tener que
asumir las consecuencias. También porque una ratio elevada supone un mayor
coste de intereses a sufragar con impuestos; debilita la posición del país en
episodios de crisis de deuda soberana; y limita la capacidad de recurrir al
déficit ante un choque inesperado con impacto económico, ya que cuando se parte
de niveles bajos de la ratio, un aumento súbito y sustancial, pero transitorio,
no es un problema mayor.

En segundo lugar, hay que tener
presente que la
causalidad bidireccional entre el déficit público y el PIB complica las
estrategias de consolidación presupuestaria. Porque a diferencia de los
procesos de desapalancamiento de una empresa privada, si el sector público trata
de reequilibrarse de manera brusca puede afectar negativamente al PIB y, en
última instancia, al propio éxito de la consolidación.

Desde una perspectiva histórica,
la ratio de deuda pública española no está en sus máximos. Sin embargo, el
contexto ha cambiado notablemente. Hoy no existe la posibilidad de repudio y
estamos sujetos a un Pacto de Estabilidad y Crecimiento supranacional. Han
desaparecido los atajos.

En cuarto lugar, en la última
década se producen una extensión significativa de la vida media y una reducción
muy sustancial del coste de la deuda española. Estos logros son el resultado de
estrategias eficaces de refinanciación y un aprovechamiento de las condiciones
favorables del mercado. Hoy la deuda no es todavía un desafío mayor ni en coste
ni en vencimientos. Pero esto está cambiando. La normalización de los tipos de
interés con una ratio de deuda por encima del 100% va a elevar muy
sustancialmente el gasto por intereses en los próximos años, hasta alcanzar el
máximo en décadas. El impacto del cambio climático sobre el déficit y la deuda
añade una capa adicional de complejidad a la gestión fiscal futura. Se espera
que eventos extremos y la transición hacia una economía baja en carbono generen
presiones fiscales adicionales, lo que subraya la necesidad de integrar
consideraciones ambientales en la planificación fiscal a largo plazo. En el
mismo sentido, el envejecimiento poblacional va a tensionar el gasto en
pensiones y en sanidad.

Quinta idea: no sería prudente
ni factible, dado el marco de reglas fiscales europeas que nos constriñe,
apostar por la inercia. Como se ha visto varias veces en las últimas cuatro
décadas, Europa es un valioso acicate a la hora de afrontar reformas y asumir
los costes a corto plazo de actuaciones que brindan beneficios futuros de mayor
dimensión. Las nuevas reglas se han adaptado a parámetros fiscales como los
españoles, lo que evita consolidaciones fiscales severas y poco razonables
desde un punto de vista económico. Pero todo apunta a que se reforzará la
vigilancia y el control de su cumplimiento.

En sexto lugar: bienvenidos
sean los choques positivos, como los efectos que pueda provocar la revolución
de la inteligencia artificial en los próximos años. Pero tenemos que actuar sin
esperar por ellos, a sabiendas que la economía política de la consolidación
fiscal presenta desafíos significativos, especialmente en un contexto político
caracterizado por la polarización y la fragmentación parlamentaria.

A la luz de las proyecciones de
la dinámica de la deuda, el corolario de todo lo anterior es la necesidad de
una estrategia de reducción acumulativa del déficit estructural en lo que resta
de década, teniendo muy presente la fatiga que puede generar un proceso largo. La
combinación de medidas por el lado del gasto y del ingreso es una decisión
intrínsecamente política; si bien es verdad que una reforma fiscal integral y
un giro radical en la cultura de evaluación del gasto público y en la toma de
decisiones a la luz de dichas evaluaciones son herramientas que gobiernos de
uno u otro color deberán manejar. De forma complementaria, la comunicación
efectiva y la pedagogía sobre los beneficios de la estabilidad fiscal son
fundamentales para generar apoyo público y político para las medidas
necesarias.

Más información en el documento
“La
dinámica de la deuda pública en España: presente, pasado y futuro”, de Santiago
Lago Peñas.

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Crecimiento de la presión fiscal de los cuatro principales impuestos: papel estelar para el IRPF

abril 17, 2024

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A finales de marzo, la Agencia Tributaria publicó información, actualizada para 2023, de bases, tipos medios y recaudación de las cuatro principales figuras impositivas: IRPF, IS, IVA e Impuestos Especiales (IE)^[1] . Estos impuestos, junto a las cotizaciones sociales, son la espina dorsal de los recursos no financieros del Estado. En 2022, el peso de esas cuatro grandes figuras impositivas en los citados ingresos no financieros fue del 49%, y del 31% en el caso de las cotizaciones sociales. La serie disponible desde 1995 para esos cuatro impuestos permite extraer tres conclusiones relevantes. Primera: el crecimiento en la presión fiscal en esos cuatro impuestos (en adelante PF4) no es un fenómeno reciente. Contrariamente, es un proceso en curso que arrancó en 2010, tras el desplome en la recaudación con el fin de la burbuja inmobiliaria. Segunda: este proceso se aceleró entre 2019 y 2022 hasta situarse en el 18,2%, superando el pico del 18% de 2007 (ver gráfico 1). Tercera: esta tendencia incremental en PF4 se explica esencialmente por la evolución del IRPF, debido a los incrementos constantes tanto en la amplitud de la base gravada como en los tipos medios aplicados. Una parte importante de este incremento en los años pospandemia se debe a la no corrección generalizada de la progresividad en frío. La evidencia disponible avala que este aumento en ingresos por IRPF puede favorecer una mejora en la redistribución de la renta; no obstante, también pueden generar costes sobre el crecimiento económico que deberían ser tenidos en cuenta tanto en el debate técnico como político.

¿Cómo ha evolucionado la presión fiscal de los principales impuestos?

PF4
alcanzó en 2007 un máximo del 18,0%, coincidente con el final del boom inmobiliario. En 2010 se inició una
nueva etapa de crecimiento en PF4 con implicaciones sobre la situación actual:

El citado índice muestra una tendencia creciente desde 2010 con un promedio de 0,36 puntos por año, elevándose a 0,61 puntos en los años 2020 a 2022. El crecimiento de PF4 en los años 2019 a 2023 ha sido de 1,4 puntos de PIB.
El IRPF ha sido el impuesto donde más ha crecido la presión fiscal desde 2010 con un incremento de 2 puntos de PIB hasta 2023; el aumento ha sido de 1,3 puntos entre 2019 y 2023. El viento de cola de la inflación y la ausencia de corrección de la progresividad en frío ayuda a explicar este crecimiento. AIReF ha estimado para el IRPF un aumento conjunto en la recaudación de 2021 y 2022 de 6.200 millones como consecuencia de la inflación. Debe recordarse que el fenómeno de la inflación en el impuesto no solo afecta a la tarifa, sino también a otros elementos del impuesto como mínimos o deducciones.
La presión fiscal del IS se ha reducido desde el pico del 4,2% de 2007 a niveles medios del 2% en la situación prepandemia. Con cierta frecuencia, en el debate público se toma la recaudación de 2007 como un objetivo de referencia. Se olvida, sin embargo, que ese nivel se alcanzó en las excepcionales circunstancias de una intensa burbuja inmobiliaria, en el contexto de un ciclo alcista muy prolongado. De hecho, la presión fiscal por IS ha rondado el 2% en el período 2012 a 2019. No obstante, la presión fiscal soportada por las sociedades en 2023 se elevaría hasta el 2,6% si se incluyesen en el cálculo los 2.900 millones recaudados por los impuestos temporales (prestaciones patrimoniales) a los sectores de energía y banca. La transformación de tales impuestos temporales en definitivos aumentará en el largo plazo la carga fiscal que soportan las sociedades^[2].
La presión fiscal por IVA aumentó 1,2 puntos entre 2010 y 2023, siendo de 0,4 puntos entre 2019 y 2022. Según las estimaciones de AIReF, el acumulado de aumento de recaudación de 2021, 2022 y 2023 por efecto de la inflación fue del 23,5%, 60,6% y 71,7% respectivamente. La reducción en la presión fiscal de IVA en 2023 es coyuntural, consecuencia de las rebajas fiscales aplicadas como parte del escudo social. Es previsible que repunte una vez desaparezcan todas las reducciones que se han venido aplicando sobre los tipos de gravamen.
Por último, la presión fiscal de impuestos especiales muestra una trayectoria descendente. Debido, entre otras causas, a la falta de actualización de los tipos de gravamen, expresados en euros, a la inflación. Al margen de los argumentos a favor y en contra de la actualización, el impuesto especial sobre la cerveza no ha sido actualizado desde 2005, el de hidrocarburos aplicable a gasolina y gasóleo desde 2009, el que soportan las diferentes labores del tabaco desde 2013 y el de alcohol desde 2016, según datos de la AEAT.

¿Cómo ha evolucionado el tamaño de bases y de tipos medios?

Los
cambios en la recaudación impositiva se explican por la evolución en el tamaño
de las bases y de los tipos medios (ver gráficos 2 y 3). La amplitud de las
bases puede aumentar o disminuir por varios factores interrelacionados: ciclo
económico, inflación, cambios normativos, así como elusión-evasión fiscal. Ceteris paribus, estructuras impositivas
de base amplia y tipos reducidos están asociadas a impuestos menos
distorsionantes. La apuesta por este tipo de estructuras es ampliamente
aceptada entre los economistas, especialmente en lo que se refiere a IS, IVA o
IE:

IRPF. Las bases muestran una tendencia creciente con aumento
de 5,4 puntos de PIB entre 2017 y 2023 (52,3% a 57,7%). En 2020, en plena
pandemia, se alcanza un nivel del 60,3%. Este es un valor atípico, coincidente
con la pandemia y en un contexto de ausencia de cambios normativos que lo
justifiquen. El tipo medio aumentó 1,6 puntos entre 2019 y 2023.
IS. Las bases se situaron en promedio entre 2013 y 2019 alrededor
del 8,6%. No obstante, experimentaron un aumento de 3,9 puntos entre 2020 y
2023. A partir de 2021 se situaron por encima del 10% hasta alcanzar el 12,1%
en 2023. El tipo medio se ha mantenido estable alrededor del 20,5% desde 2016.
IVA e IE.
Las bases de impuestos indirectos crecen con claridad a partir de 2021, epecialmente
en el caso del IVA: 4,8 puntos de PIB entre 2020 y 2023. No obstante, el tipo
medio de IVA se ha mantenido estable en los últimos años.

[1]
La
recaudación por cotizaciones, así como del resto de recursos no financieros
referida a 2023 está pendiente de ser publicado por Seguridad Social e IGAE.

[2] Aparte de los problemas de diseño de tales impuestos sectoriales, su inclusión en el sistema tributario ha obviado los costes que, según las noticias disponibles, generará en términos de deslocalización de la inversión hacia países limítrofes.

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Recaudación tributaria de 2023: lecciones para la consolidación fiscal

abril 4, 2024

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La recaudación tributaria alcanzó en 2023 un nuevo máximo histórico de 271.935 millones de euros. Esta cifra supone un incremento del 6,4% frente a 2022; es decir, alrededor de 16.500 millones de euros adicionales que, sumadas a las cifras de 2021 y 2022, suponen alrededor de 61.400 millones de euros más de recaudación en tan solo 3 años. Como en los dos años previos, el fuerte aumento de la recaudación de 2023 ha venido impulsado por el viento de cola de la inflación. Esta cuestión merece especial atención, tanto por sus implicaciones macro —en términos de recaudación agregada— como micro, debido a sus efectos diferenciales en hogares de distinta capacidad económica (para el IVA puede consultarse aquí).

A partir de los datos de AiREF, el cuadro 1 cuantifica las ganancias de recaudación de 2022 y 2023 debidas a las tensiones en precios. La inflación aportó un extra de recaudación de 13.500 millones en 2022 (1,0% del PIB) y de 8.800 millones en 2023 (0,6% del PIB). La caída del IPC desde el 8,4% de 2022 al 3,5% de 2023 ha reducido en alrededor de un tercio las ganancias recaudatorias (4.700 millones aproximadamente). Sin embargo, el viento de cola de la inflación sigue siendo verdaderamente importante: la inflación aportó el 42% de las ganancias de recaudación de 2022, elevándose al 56% en 2023. A ello ha contribuido, de manera significativa, la falta de corrección general de la progresividad en frio del IRPF, tanto en lo que respecta a tarifa como a mínimos y deducciones. En sentido contrario, no obstante, ha actuado la ausencia de indexación de impuestos especiales como labores del tabaco, hidrocarburos o alcohol.

El gráfico 1 compara las ganancias de recaudación en los años pospandemia con el promedio de los años 2017 a 2019. Como se puede ver, las ganancias a partir de 2021 superaron ampliamente el promedio de 8.853 millones de euros de los años 2017 a 2019. Naturalmente, la mayor ganancia recaudatoria se produjo en 2022, bajo un elevado crecimiento de los precios. Como resultado, el incremento recaudatorio de ese año superó los 32.000 millones de euros, 3,6 veces por encima del promedio prepandemia. La evolución mucho más favorable de los precios en 2023 redujo las ganancias a 1,9 veces por encima del período de referencia previo a la pandemia.

Esta situación se produce en un contexto donde el déficit público se ha reducido en el último año desde el 4,73% de 2022 al 3,66% de 2023, mejorando la previsión oficial del 3,9%. Es decir, se ha conseguido reducir el déficit de 2023 en alrededor de 3.500 millones por debajo de lo inicialmente previsto. En esta situación han jugado un papel central los fuertes aumentos de ingresos generados por la inflación. A efectos meramente ilustrativos, el colchón extra de recaudación aportado por la inflación en 2023 (8.800 millones) ha sido equivalente al 87% de la reducción del déficit (10.200 millones). Sin embargo, estos recursos extra asociados al efecto precios se irán reduciendo en los próximos años, en la medida que la inflación continúe su línea descendente hacia el 2%. Por tanto, la progresiva mejora en los niveles de precios obligará a buscar fórmulas activas de consolidación fiscal más allá de las que, de forma silenciosa y sin necesidad alguna de reforma fiscal, proporciona la inflación. En ausencia de medidas específicas, existen serias dudas que se pueda reducir el déficit por debajo del 3% en los próximos años. En este sentido, las predicciones de la Comisión Europea (In-depth review 2024) publicadas a finales de marzo sitúan el déficit en una trayectoria ascendente del 3,2% en 2024 y del 3,4% en 2025. Con diferentes matices, estas predicciones coinciden con las realizadas por Banco de España, Airef o Funcas, que sitúan el déficit en esos años claramente por encima del 3%.

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