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Rebaja fiscal a electricidad y gas: ¿cuánto se ahorran los hogares?

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Para hacer frente al impacto del conflicto de Irán sobre los hogares, entre otras medidas el gobierno ha reducido los impuestos que gravan la electricidad y el gas natural. Concretamente, el tipo de IVA en ambos impuestos ha pasado del 21% al 10%. Adicionalmente, el impuesto especial sobre la electricidad se ha reducido del 5,1% al 0,5%.

Bajo el supuesto de que estas medidas generan pequeños cambios en la cantidad de energía consumida, el ahorro medio que obtienen los hogares equivale al 13,1% de su factura trimestral de electricidad y al 9,1% de la de gas. En ambos casos, se trata de una rebaja lineal de la que se benefician todos los hogares en igual proporción. De acuerdo con los microdatos de la Encuesta de Presupuestos Familiares, el gasto medio anual de electricidad es de 720 euros por hogar, y de 240 euros en el caso del de gas. De acuerdo con estas cifras, el ahorro medio del que se beneficiarán los hogares durante los tres meses de vigencia de la rebaja fiscal será, aproximadamente, de 24 euros en la factura de electricidad y 6 en la de gas. En términos comparativos, estos 30 euros son una tercera parte de los 90 euros de ahorro fiscal que estimamos en una entrada anterior para el caso de la rebaja de los impuestos a los carburantes.


Como muestra el cuadro 1, los ahorros obtenidos por la rebaja fiscal de gas y electricidad son una función creciente de la capacidad económica de los hogares oscilando entre 18 y 38 euros. Aunque pueda parecer modesta en términos medios, su impacto global es elevado. El coste global de esta medida para los 19,8 millones de hogares residentes en España será de 574 millones euros durante el trimestre de vigencia de las medidas, cifra que se eleva a 1.629 millones de euros si se suma el coste de la rebaja a los carburantes sobre el sector hogares. Esta última cuantía representa el 32% del coste total de las medidas aprobadas por el gobierno, cifradas en 5.000 millones de euros. Precisamente, AIReF ha actualizado sus previsiones de déficit para incorporar su impacto, elevándolo en seis décimas hasta el 2,6% del PIB, una décima por encima del 2,5% fijado en la senda del déficit. De mantenerse estas medidas más allá de junio, es previsible que provocasen un importante deterioro sobre el déficit público en 2026, que rompería con la tendencia bajista de los últimos años.

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La asesoría laboral para empresas: clave para una gestión eficiente

La gestión laboral es uno de los aspectos más sensibles y complejos dentro de cualquier empresa. Desde la contratación hasta la gestión de nóminas o el cumplimiento de la normativa vigente, contar con una asesoría laboral online para empresas se ha convertido en una solución eficaz para optimizar procesos y reducir riesgos.

La importancia de una correcta gestión laboral

Las empresas, especialmente las pymes, deben enfrentarse a un entorno normativo en constante cambio. Legislación laboral, convenios colectivos, cotizaciones o despidos son solo algunas de las áreas que requieren conocimiento especializado.

Una mala gestión en este ámbito puede derivar en sanciones, conflictos laborales o pérdidas económicas. Por ello, externalizar estas funciones a profesionales cualificados permite garantizar el cumplimiento legal y mejorar la organización interna.

¿Qué aporta una asesoría laboral?

Una asesoría laboral no solo se limita a tareas administrativas. Su papel va mucho más allá, aportando valor estratégico a las empresas. Entre sus principales funciones destacan:

  • Gestión de nóminas y seguros sociales
  • Asesoramiento en contratación laboral
  • Aplicación de convenios colectivos
  • Gestión de bajas, altas y despidos
  • Representación ante organismos oficiales

Además, una buena asesoría ayuda a prevenir problemas, anticipándose a posibles conflictos y ofreciendo soluciones adaptadas a cada situación.

Ventajas del servicio online

En los últimos años, la digitalización ha transformado la forma en la que las empresas acceden a este tipo de servicios. La asesoría laboral online permite una gestión más ágil, accesible y eficiente.

Entre sus principales beneficios se encuentran:

  • Acceso inmediato a la información: Documentación y consultas disponibles en cualquier momento
  • Ahorro de tiempo y costes: Se eliminan desplazamientos y se optimizan procesos
  • Mayor rapidez en la gestión: Trámites más ágiles gracias a herramientas digitales
  • Comunicación fluida: Contacto directo con asesores mediante canales online

Este modelo resulta especialmente útil para pymes y emprendedores que necesitan soluciones flexibles y adaptadas a su ritmo de trabajo.

El valor de contar con profesionales especializados

Contar con expertos en asesoría laboral permite a las empresas centrarse en su actividad principal, dejando en manos de profesionales la gestión de aspectos técnicos y legales.

En este contexto, Novum Asesores se posiciona como una referencia en el ámbito de la asesoría laboral online, ofreciendo un servicio adaptado a las necesidades actuales de las empresas. Su enfoque combina experiencia, cercanía y tecnología para facilitar la gestión laboral de sus clientes.

Un aliado estratégico para el crecimiento empresarial

La asesoría laboral ha pasado de ser un servicio puntual a convertirse en un aliado estratégico para las empresas. Una correcta gestión de los recursos humanos no solo evita problemas legales, sino que también contribuye a mejorar el clima laboral y la productividad.

Apostar por soluciones profesionales y digitales permite a las empresas adaptarse a un entorno cada vez más exigente, optimizando sus procesos y garantizando una gestión laboral eficiente y segura.

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La importancia de una buena gestión contable en las empresas

La contabilidad es uno de los pilares fundamentales para el éxito de cualquier empresa. Desde el control de ingresos y gastos hasta el cumplimiento de las obligaciones fiscales, una gestión contable eficiente permite tomar decisiones estratégicas basadas en datos reales. En este contexto, contar con una asesoría contable para empresas se convierte en una ventaja competitiva clave para emprendedores y negocios en crecimiento.

¿Por qué es crucial la contabilidad en una empresa?

Una contabilidad bien organizada no solo garantiza el cumplimiento de la normativa vigente, sino que también proporciona una visión clara de la situación financiera del negocio. Esto permite:

  • Evaluar la rentabilidad de la empresa
  • Detectar posibles problemas financieros con antelación
  • Planificar inversiones futuras
  • Optimizar recursos y reducir costes

Sin embargo, estas tareas pueden resultar complejas y consumir mucho tiempo, especialmente para emprendedores que deben centrarse en hacer crecer su negocio.

El papel de la asesoría contable

Aquí es donde entra en juego el valor de una asesoría contable profesional. Empresas especializadas como Afixcal ofrecen apoyo integral en la gestión contable, permitiendo a los empresarios delegar estas funciones en manos expertas.

Una asesoría contable no solo se encarga de llevar los libros y presentar impuestos, sino que también actúa como un socio estratégico que aporta conocimiento y experiencia para mejorar la salud financiera de la empresa.

Beneficios de contar con expertos contables

Trabajar con una asesoría como Afixcal puede aportar múltiples beneficios:

  • Ahorro de tiempo: Permite a los emprendedores centrarse en su actividad principal
  • Reducción de errores: Minimiza riesgos en declaraciones fiscales y registros contables
  • Actualización constante: Garantiza el cumplimiento de normativas cambiantes
  • Optimización fiscal: Identifica oportunidades para reducir la carga impositiva

Además, el uso de herramientas digitales y procesos automatizados por parte de estas asesorías agiliza significativamente las tareas contables.

Afixcal como referente en asesoría contable

Aunque el mercado ofrece diversas opciones, Afixcal se ha consolidado como un referente en el ámbito de la asesoría contable para empresas. Su enfoque personalizado y su compromiso con la eficiencia permiten a los emprendedores gestionar sus finanzas con mayor seguridad y confianza.

Su experiencia en el sector y su capacidad para adaptarse a las necesidades de cada cliente hacen que muchas empresas confíen en sus servicios para optimizar su gestión contable.

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Rebaja fiscal a los carburantes: ¿cuánto se ahorran los hogares?

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Dentro del paquete de medidas aprobado el pasado 20 de marzo, el gobierno ha reducido hasta junio de 2026 tanto el IVA –del 21 al 10%– como el impuesto especial (IEH) aplicable a gasolina y gasóleo de automoción, este hasta los niveles mínimos establecidos en la normativa europea: de 0,474 a 0,359 euros por litro para la gasolina y de 0,380 a 0,330 euros por litro para el gasóleo. En la práctica, esta rebaja fiscal supone una reducción total de 29 céntimos de euro en el litro de gasolina y 23 céntimos en el gasóleo y, por tanto, supera a la bonificación de 20 céntimos vigente entre abril y diciembre de 2022.

Los hogares españoles consumen una media anual de 840 litros de carburantes (un 57% gasolina y el 43% restante de gasoil). A partir de esta información, se ha computado el coste fiscal de la reforma para los 19,8 millones de hogares residentes en España. Durante los tres meses de vigencia de la rebaja fiscal, esta medida supone un coste recaudatorio total estimado de 1.055,6 millones de euros, de los cuales 341,4 millones corresponden a la menor recaudación de accisas y 714,1 millones a la de IVA.

El coste trimestral de esta reforma equivale, aproximadamente, al 1% de la recaudación conjunta de IVA y de IEH. A diferencia del escudo fiscal desplegado en 2022, esta rebaja fiscal ha entrado en vigor con las reglas fiscales en marcha. Reduciendo, por tanto, el estrecho margen presupuestario del Gobierno para cumplir con los compromisos de déficit público. Debe tenerse en cuenta que el objetivo oficial de déficit en 2025 es del 2,5% y del 2,1% en 2026. Aunque la cifra de déficit de 2025 será publicada oficialmente el próximo 30 de marzo, desde el Ministerio de Hacienda se ha adelantado que se alcanzará el citado objetivo del 2,5%, lo que ayudará a que el impacto del paquete fiscal sea más asumible. Sin embargo, la prolongación de las medidas introducirá importantes tensiones para el cumplimiento de la senda de déficit comprometida con Bruselas.


El ahorro fiscal medio por hogar durante el trimestre de vigencia de la medida rondaría los 90 euros hasta junio de 2026. En promedio, por hogar este ahorro equivale a un depósito extra de 60 litros de carburante. No obstante, existen importantes diferencias por nivel de renta, oscilando entre los 30 euros para hogares con una renta inferior a 18.000 euros y los 290 euros para rentas superiores a 90.000 euros anuales. El cuadro muestra con claridad que, a mayor nivel de renta, mayor ahorro fiscal. De hecho, la regresividad es una fuerte crítica a este tipo de rebajas fiscales generalizadas. Donde esta medida puede resultar positiva es en zonas rurales con insuficiente implantación de transporte público, donde el uso del vehículo privado resulta imprescindible para la vida familiar o laboral.

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La recaudación de IRPF de 2025 superará los 160.000 millones

En el conjunto de países occidentales de la Unión Europea (UE-12), la recaudación fiscal aumentó en promedio un 26,0% desde 2019 hasta 2024. España se sitúa en el grupo de cabeza (35,4%) tan solo por detrás de Portugal (37,3%) y casi al mismo nivel que Países Bajos (35,5%) (gráfico 1). En el extremo opuesto se encuentran Alemania (20,5%), Francia (15,9%) y Finlandia (14,9%). Este ranking está relacionado con la evolución del IRPF al ser este el pilar de los sistemas tributarios. Como muestra el gráfico 2, la recaudación de IRPF creció en España un 47,5%, ocupando la segunda posición tras Países Bajos, que registró un crecimiento del 59,9%, ambos muy por encima del promedio del 30%.

G2 (2)

Esta tendencia fuertemente alcista se mantuvo el pasado año. Nuestra previsión sitúa la recaudación de IRPF para 2025 en Territorio Común en una cifra próxima a los 148,0 miles de millones de euros. Esa cifra es compatible con la previsión de AIReF de 161,8 miles de millones para todo el territorio español (incluyendo territorios forales de País Vasco y Navarra), lo que supone un crecimiento de la recaudación del 11,8%, similar a los incrementos de 2021 y 2022. De cumplirse estas previsiones, la recaudación de IRPF habría aumentado entre 2019 y 2025 entre un 65% y un 70%. Este crecimiento es fruto de la evolución del empleo y los salarios, así como de los efectos de la inflación sobre la recaudación.

Gracias por leer La recaudación de IRPF de 2025 superará los 160.000 millones, una entrada de Funcasblog.

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La senda de reducción del déficit da muestras de fatiga

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Tras la crisis financiera, el gasto público en España dio un salto de escalón, situándose por encima del 45%. Concretamente, tras el pico de la pandemia (49,6%), el gasto ha quedado situado, tanto en 2023 como en 2024, en el 45,4%. Las buenas cifras de déficit alcanzadas en esos dos años, por debajo del objetivo oficial, han sido posibles gracias a unas extraordinarias tasas de crecimiento en la recaudación. Esos ingresos extra deben ser manejados como lo que son, shocks positivos de tesorería que no deberían utilizarse para aumentos de gasto estructural como pensiones o salarios públicos. Y sí, como en parte ha sucedido, para mejorar los déficits públicos de 2023 y 2024, al menos en algunas décimas por debajo del objetivo oficial. Situaciones como ésta son la excepción en la reciente historia española. Su importancia en la actual coyuntura presupuestaria va más allá. Este escenario de elevados ingresos ha venido a compensar, por sí solo, las distorsiones que genera la falta de una precisa hoja de ruta dentro de los presupuestos anuales. Conviene recordar que las cuentas de 2023 llevan dos años prorrogadas y no hay señales de unas nuevas en 2026. 

En ausencia de reformas estructurales, la senda de reducción del déficit estimada por el gobierno se enfrenta a importantes incertidumbres. Las previsiones inerciales de AIReF prevén hasta 2029 un aumento de una décima en los ingresos junto a una caída de dos décimas en el gasto. Es decir, el déficit previsto se situaría en 2029 en el 2,9%. Lejos, por tanto, del 1,5% fijado en el Plan Fiscal y Estructural de medio plazo 2025-2028 enviado a Bruselas (Gobierno de España, 2024). Como muestra el gráfico 1, la senda a medio plazo, tanto de empleos como de recursos de las Administraciones Públicas, presenta para los años 2025 y siguientes un perfil prácticamente plano. Esa dinámica muestra señales de una importante fatiga en la reducción del déficit público en el medio plazo. 


La muy favorable evolución de los principales ingresos (gráfico 2), fuertemente impulsada por la inflación y por las elevadas tasas de crecimiento de la economía, han permitido mantener niveles de gasto público superiores al citado 45%. Esencialmente, por el crecimiento de los impuestos sobre la renta, que aumentarán su participación en el PIB desde el 10,3% de 2019 al 13,5% de 2029. Conviene recordar que tres cuartas partes de dicho incremento corresponden al IRPF, que se postula, por tanto, como el principal sostén del aumento del gasto. Será difícil mantener, sin costes económicos y sociales, tal ritmo de crecimiento en los ingresos, incluso en ausencia de corrección de la progresividad en frío, puesto que las tasas de inflación caminan a la baja. El incremento de los gastos por el envejecimiento, junto con otras partidas también en fuerte tendencia creciente, como el gasto en defensa, exige reformar y reordenar el sistema tributario español.

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Renta neta real de los hogares en 2024: (todavía) por debajo del umbral de 2008

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La reciente publicación de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) ofrece una buena oportunidad para analizar la evolución de la renta de los hogares en el largo plazo. Los datos disponibles muestran que la crisis financiera de 2008 afectó de forma muy intensa a su capacidad económica. Tanto, que sus efectos aún perduran. En dicho año, la renta media neta de los hogares[1], medida en términos nominales, fue de 30.045 euros. Se tardaron 11 años en superarla, alcanzando 30.690 euros en 2019, justo el año previo a la pandemia. En la siguiente etapa, entre 2019 y 2024, la renta ha crecido, aproximadamente, un 25%[2] impulsada por un amplio conjunto de factores, entre ellos, el intenso escudo social, la mejora del empleo, la revalorización de pensiones y ayudas sociales de acuerdo con el IPC, nuevas prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) e incluso una posible reducción de la economía informal.

Pero, ¿qué ha sucedido en términos reales? De acuerdo con el gráfico 1, el índice de crecimiento del IPC ha estado desde 2008 por encima del crecimiento de la renta neta nominal. Concretamente, entre 2008 y 2024, el incremento acumulado de la renta fue del 27,7%; claramente por debajo del 33,5% de aumento de los precios. Es decir, en esos dieciséis años los precios han crecido alrededor de 6 puntos más que la renta neta nominal, erosionando, como muestra el gráfico 2, la renta neta real. Dicho de otro modo, la renta neta real de 2024 equivale, aproximadamente, al 95,6% del valor que tomó en 2008. En definitiva, la renta neta real de un hogar medio en 2024 sigue siendo inferior a la de 2008. Esa diferencia para converger plenamente al nivel de 2008 exige todavía un esfuerzo importante que no debe soslayarse. De hecho, el crecimiento de 2024 debería haber sido, aproximadamente, del 9% para conseguir la plena equiparación a la renta real de 2008[3]. Sin embargo, desde 2019, la renta neta real ha crecido a un promedio de 1,9 puntos por año. A ese ritmo, manteniendo lo demás constante, la convergencia no se alcanzaría hasta 2027, dos décadas después de la crisis financiera. 


Sin duda, no son buenas noticias para la evolución del nivel de bienestar de los hogares desde una perspectiva de largo plazo. Pese a ello, los datos muestran avances en la renta neta real en los últimos años. Como también muestra el gráfico 2, la renta neta real tocó fondo en 2014 cuando se situó en 24.039 euros. Aunque con altibajos, la renta neta real creció entre 2014 y 2024 un promedio del 1,6% anual frente al -3,6% del período 2009 a 2014. 

En resumen, como se comentó anteriormente, el profundo impacto de la crisis financiera sobre la capacidad en renta real de los hogares todavía no ha sido superado. Incrementarla exige, ineludiblemente, aumentar la productividad del factor trabajo. La mejora del nivel de formación de los trabajadores y su adaptación a los nuevos cambios tecnológicos son dos de los factores clave para la consecución de este objetivo.


[1] La renta neta corresponde, esencialmente, a la diferencia entre ingresos brutos percibidos por los hogares y las cotizaciones del trabajador e IRPF. Los ingresos brutos incluyen, entre otros, salarios y transferencias corrientes recibidas las administraciones públicas (pensiones, desempleo, etcétera).

[2] Asumiendo un crecimiento de la renta neta media de 2024 en línea con el 3,7% de incremento de los costes salariales.

[3] Debemos esperar a la ola de la ECV de 2026 para tener mayor precisión de las cifras del crecimiento de la renta neta de los hogares en 2024.

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La inflación eleva en cerca de 450 euros la carga media de IVA de los hogares en el periodo 2021-2024

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La inflación acumulada del periodo 2021-2024 fue del 17,8%, muy por encima del 12% de la década anterior. Esta fuerte tensión en los precios ha incrementado la carga fiscal de los hogares afectando a su capacidad económica. En el debate público, sin embargo, la conexión entre impuestos e inflación ha tenido habitualmente al IRPF en el punto de mira, tanto por ser el principal impuesto de nuestro sistema tributario como por su impacto agregado. 

Menos visible es el impacto de la inflación en los impuestos indirectos. La recaudación de IVA crece en la medida que los precios finales incorporan los aumentos de la inflación. La recaudación de IVA aumentará previsiblemente desde los 63.337 millones de euros en 2020 a más de 90.622 en 2024, asumiendo un crecimiento del 8% para este último año. Es decir, un aumento de 27.285 millones de euros en el periodo pospandemia, a pesar de las rebajas fiscales aplicadas alimentos y energía en los últimos años.

A partir de los microdatos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), en una nota técnica de Funcas estimamos la recaudación de IVA generada por la inflación entre 2021 y 2024. El acumulado soportado por los hogares residentes en esos años debido al aumento de precios está próximo a los 8.500 millones de euros, cerca de seis décimas de PIB. Esta magnitud equivale al 29% del aumento de la recaudación de IVA en esos cuatro años[1].

La estimación del impacto de la inflación por niveles de renta se muestra en el cuadro 1. Los 17,8 puntos acumulados de inflación han elevado en 447 euros la factura fiscal media de IVA de los hogares, alrededor de 500 euros capitalizados a 2024. El 43,6% de todo ese aumento se produjo en 2022, cuando la inflación alcanzó una cota máxima del 8,4%. Los niveles más bajos de inflación de 2024 (2,8%) han contribuido a reducir la carga de IVA por la inflación hasta los 69,2 euros. 


En términos absolutos, el efecto crece con el nivel de gasto oscilando entre los 103 euros en la primera decila y 1.140 euros en la última. El efecto es de 178 euros en los hogares mileuristas en gasto. Para los hogares cuyo gasto corriente está próximo a la media, alrededor de 26.000 euros anuales en 2023, el impacto acumulado está próximo a los 400 euros. Contrariamente, el impacto en términos relativos es proporcional al gasto. Es decir, el efecto de la inflación es equivalente al 1,7% del gasto de cada hogar. Por tanto, la inflación ha actuado en estos años como un impuesto adicional sobre el gasto con un tipo medio del 1,7%.

Como muestra el cuadro 2, los hogares más perjudicados en términos absolutos han sido los de mayor tamaño. A igualdad de tipos efectivos y exposición a la inflación, el efecto escala en el gasto resulta relevante. En los hogares formados por un solo miembro, el impacto se ha mantenido en general por debajo de los 300 euros. Sin embargo, en parejas con más de 2 hijos o con un hijo mayor de edad, el impacto acumulado está próximo a los 600 euros. El efecto no es el mismo, sin embargo, en relación al gasto corriente de cada tipo de hogar (cuadro 3). Las diferencias en promedio entre las comunidades y ciudades autónomas —estudiados con detalle en el documento de trabajo— con mayor y menor impacto no superan los 100 euros. Navarra, Galicia y Baleares son las que han soportado el mayor impacto medio (alrededor de 490 euros), en tanto que el menor efecto ha correspondido a Canarias, Extremadura y Melilla (alrededor de 400 euros). Estas diferencias son fruto tanto de diferentes patrones de consumo, en particular en el peso de alimentos y energía en la cesta de consumo, como de las diferencias en los niveles de inflación entre comunidades autónomas.


La carga fiscal generada por la inflación se reducirá previsiblemente en los próximos años si atendemos a la progresiva estabilización de los precios. Sin embargo, no debe olvidarse que este es un fenómeno acumulativo. Por tanto, el efecto puede ser relevante en el largo plazo incluso en períodos de baja inflación. Conocer la tipología de los hogares más perjudicados por la inflación es esencial para implementar las políticas públicas más eficientes para reducir problemas de desigualdad y exclusión social. Por ejemplo, los programas de transferencias corrientes destinados específicamente a hogares vulnerables son técnicamente superiores a las rebajas fiscales en IVA que no discriminan por nivel de renta y benefician potencialmente a toda la población.


[1] En este cálculo no está incluido el IVA correspondiente a la compra de vivienda nueva. El motivo es la EPF no incluye tal gasto. 

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Propuestas para el mercado de la vivienda

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Semana interesante para el mercado de la vivienda con la presentación de propuestas para la mejora de su accesibilidad primero por parte del Partido Popular, seguidas del Gobierno. Al fin se pone este tema crítico para la sociedad española en primera línea del debate público. Genera más dudas el resultado final. Primero porque algunas de las medidas propuestas por ambos lados no parecen ir en la línea correcta o pueden generar efectos no deseados en el medio plazo. Por ejemplo, las desgravaciones fiscales al comprador estimulan más aún la demanda, que no es lo que se necesita. De generar algún incentivo fiscal debería ser para estimular la oferta. Se precisa aumentar el stock de viviendas, sobre todo en alquiler en las zonas más tensionadas. Del otro lado, la propuesta de aumentar el gravamen fiscal al 100 % para la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes tendría pocas ventajas en la práctica y puede generar desconfianza inversora internacional. En segundo lugar, muchas de estas propuestas probablemente quedarán diluidas o modificadas conforme se vayan debatiendo en el ámbito legislativo, y podrían no prosperar. Hay que alinear esfuerzos del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos (estos dos últimos con casi todas competencias en la materia). Todo cambiaría mucho si hubiera un gran “pacto nacional por la vivienda” entre los partidos políticos. 

Parece complicado un gran acuerdo político, pero las propuestas del PSOE y PP tienen coincidencias, como la de incrementar el parque público de vivienda. Se toma conciencia de que el principal problema es la falta de oferta. Ambos, además, proponen utilizar suelo público para construir viviendas protegidas. La importancia de una nueva Ley del Suelo, que no se pudo aprobar en mayo pasado, también es compartida, para generar una seguridad jurídica para la promoción de viviendas y eliminar trabas administrativas. Se tendrían que poner de acuerdo, pero la gran trascendencia estratégica debería servir de acicate.

Alinear los intereses de propietarios e inquilinos es crucial en el segmento del alquiler. Ambas propuestas políticas están de acuerdo en dar más protección al propietario, con un sistema de garantías. Hay cuatro millones de casas desocupadas en España. Si una buena parte se pusieran en el mercado se aliviaría parte de la falta de oferta. Hay que aumentar el stock disponible de vivienda en alquiler y compra, construyendo nuevas o estimulando que las existentes no ocupadas entren en el mercado. También se coincide en aumentar el stock con planes de rehabilitación de edificios, relevante en un parque inmobiliario envejecido. En suma, no todo lo propuesto por ambos partidos va en la dirección correcta, pero hay que valorar positivamente el que se haya convertido en una cuestión central en el debate público actual y las coincidencias que generan alguna esperanza para el acuerdo.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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Sobre la economía sumergida y el fraude fiscal en España

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En los últimos tiempos, la economía sumergida y el fraude fiscal han cobrado una relevancia notable en el debate público en España. Esto se debe, en parte, a la inclusión en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de la componente 27, “Medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal”, que establece una serie de compromisos con la Unión Europea. Además, se ha popularizado la idea de que la pandemia de Covid-19 ha modificado hábitos y conductas, contribuyendo a la reducción de estos problemas en España. En un reciente artículo publicado en la revista Cuadernos de Información Económica, publicada por Funcas, evalúo la verosimilitud de esta hipótesis a la luz de las estimaciones y cálculos más recientes.

Dos ideas previas importantes. La
primera es que economía sumergida y fraude fiscal son dos conceptos estrechamente
relacionados, pero no sinónimos. En particular, el segundo se refiere a la
evasión deliberada de las normativas tributarias, sin que necesariamente exista
economía sumergida previa o en paralelo. La segunda idea es que cuantificar la
economía sumergida es complicado debido a su naturaleza evasiva. Por ello, los
métodos más utilizados se basan en el análisis de variables macroeconómicas
correlacionadas con la economía sumergida. En cuanto al fraude fiscal, las
estimaciones pueden centrarse en impuestos específicos o adoptar un enfoque más
amplio, considerando la economía sumergida y aplicando la tasa efectiva
promedio de impuestos de la economía formal a esta base imponible evadida; un
enfoque metodológico sencillo pero que es mirado con recelo por buena parte de
los especialistas.

El Plan Presupuestario para 2023 del Gobierno de España argumentaba que las políticas de protección de rentas implementadas durante la pandemia han incentivado el afloramiento de la economía sumergida. Programas como los ERTE, la prestación extraordinaria para autónomos y el Ingreso Mínimo Vital han contribuido a que trabajadores en la economía irregular se formalicen. Según el Gobierno, estas medidas habrían facilitado el afloramiento de unos 285.000 afiliados a la Seguridad Social hasta el verano de 2022. En abril de 2023, la Actualización del Programa de Estabilidad 2023-2026 destacó el impacto en los ingresos tributarios, atribuyendo el aumento de la ratio de ingresos públicos sobre el PIB a la lucha contra el fraude y el afloramiento de la economía sumergida, que a su vez habrían sido impulsados por un cambio en la conciencia fiscal derivado de la pandemia y el crecimiento de los pagos con tarjeta frente a los pagos en efectivo.

Los análisis internacionales sobre economía sumergida pospandemia y que incluyen a España son todavía muy escasos; y hay que tomarlos como preliminares. En todo caso, muestran un aumento de la economía sumergida en 2020, seguido de una reducción significativa. En concreto, las estimaciones de Schneider y Asllani sitúan la economía sumergida en el 15,8% del PIB en 2022; un punto y medio por debajo de la media de la UE-28. También la brecha de cumplimiento en el IVA en España ha mostrado una notable mejora. Según la Comisión Europea, España sería el tercer país de la UE-27 en cumplimiento, con una brecha que se redujo de poco más del 5% en 2020 a solo 0,8% en 2021. Por su parte, la recaudación impositiva en España ha sido muy expansiva. El peso de los impuestos y cotizaciones sociales sobre el PIB pasó del 35,4% en 2019 al 38,3% en 2022. Este crecimiento, que no se observa en el resto de la Unión Europea, podría atribuirse a las mejoras en el cumplimiento tributario y la reducción de la economía sumergida; pero también al efecto de la inflación, sobre todo en el caso del IRPF, y la infraestimación del PIB nominal. Estudios recientes, como el de García-Miralles y Martínez Pagés del Banco de España, confirman que la inflación ha sido un factor; y los análisis de Francisco Melis y Miguel Artola invitan a pensar que puede que se produzcan correcciones al alza adicionales en el nivel del PIB.

En resumen, aunque existen algunas razones para el optimismo, es necesario continuar afinando las estrategias y mejorar los cálculos sobre economía sumergida y fraude fiscal para consolidar y avanzar en los logros alcanzados. Los datos sugieren que efectivamente España podría haber mejorado su posición relativa en el último trienio. Sin embargo, necesitamos un análisis más profundo y detallado sobre la economía sumergida y el fraude fiscal.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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