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Alemania, año 2025. Hacia una GroKo vigilada (I)

abril 8, 2025

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Suena a banda de rock o a monstruo de cuento infantil, pero GroKo es el acrónimo de Grosse Koalition (“gran coalición”). Esta expresión, que forma parte del repertorio político coloquial de los ciudadanos alemanes, hace referencia a los gobiernos formados, conjuntamente, por la CDU/CSU y el SPD. La primera GroKo entre cristianodemócratas y socialdemócratas gobernó en los años sesenta del pasado siglo, en la antigua República Federal de Alemania; las tres siguientes, ya en la unificada, durante la “era Merkel”.

Hacia una quinta GroKo –liderada por los cristianodemócratas, como las cuatro anteriores– se encaminan las negociaciones que mantienen los dirigentes de la CDU/CSU y el SPD desde las elecciones federales del pasado 23 de febrero y cuya primera fase se plasmó en el breve documento que trazó las líneas maestras del “giro económico” (Wirtschaftswende). Tras obtener el respaldo de las dos cámaras del Parlamento alemán a las reformas constitucionales que suspenden condicionadamente el “freno de la deuda”, se crearon 16 grupos de trabajo con miembros de ambas formaciones que elaboraron otros tantos documentos. Buena parte de estos recogen propuestas consensuadas, pero algunos han dejado asuntos abiertos para la siguiente fase de negociación, circunscrita a un grupo integrado por 10 representantes de alto nivel de la CDU/CSU y 9 del SPD.

La discreción impuesta a los negociadores no ha impedido que se filtren desacuerdos, bastante más amables que agrios. Al margen de algunos temas que suscitan particular interés mediático, como los posibles cambios respecto a la producción y el consumo de cannabis o a las generosas subvenciones de las “bombas de calor” eléctricas, las cuestiones más espinosas afectan a la política migratoria y la tributaria.

La disputa migratoria se concreta principalmente en los derechos de los solicitantes de asilo. La CDU/CSU defiende la expulsión, previo informe a los países vecinos, de aquellos refugiados a quienes se les denieguen las solicitudes de asilo, mientras que el SPD reivindica más garantías legales y sociales para quienes buscan protección internacional, coordinando las actuaciones en esta materia con los Estados miembros y la Comisión Europea. En todo caso, los negociadores se declaran “proinmigración regulada”, lo que necesariamente traerá consigo un aumento de la “población con antecedentes inmigrantes” (es decir, aquella nacida con nacionalidad distinta de la alemana o que cuenta con algún progenitor que carece de ella), situada hoy en 24,9 millones (30% de la población residente en Alemania). Esta posición también la defienden las organizaciones empresariales y sindicales para combatir la escasez de trabajadores (sobre todo, en los ámbitos de la ingeniería, la sanidad, la educación y los cuidados), que el Instituto de la Economía Alemana (IW) ha estimado en más de 728.000 hasta 2027.

En cuestiones tributarias, tanto la CDU/CSU como el SPD se declaran contrarios a aumentar los impuestos, pero mientras los cristianodemócratas proponen descargar fiscalmente a las empresas, los socialdemócratas insisten en medidas selectivas contra los más ricos, como el aumento del tipo impositivo máximo y la reintroducción del impuesto sobre el patrimonio, suprimido en 1997.

A medida que se acerca la Pascua, fecha inicialmente prevista para presentar el acuerdo de coalición, se intensifica la presión sobre los negociadores. “Minuciosidad antes que celeridad”, responden ellos, a menudo, recurriendo a una máxima idiosincrásicamente alemana. Sentar las bases de un gobierno de coalición estable, internamente cohesionado y externamente percibido como sólido y consistente lleva su tiempo. Pero la sociedad da signos de creciente impaciencia: la intención de voto a la CDU/CSU ha caído en casi cuatro puntos respecto a los resultados electorales, mientras que, a su derecha, Alternativa para Alemania (AfD) gana apoyos, hasta casi borrar la ventaja de los cristianodemócratas.

Con todo, la presión más organizada y articulada proviene del sector empresarial. El pasado 2 de abril, el mismo día en que Trump anunciaba la nueva política arancelaria de Estados Unidos, 100 asociaciones del mundo de la industria y el comercio firmaron la “Declaración de la economía alemana sobre las negociaciones de coalición”. En ella demandan a los negociadores más “ambición” reformista; en concreto, una reducción de la presión fiscal sobre las empresas (del actual 30% a un máximo de 25%), una reforma de la seguridad social y la simplificación de esos requisitos burocráticos de información y documentación que, según análisis recientes, ocasionan costes estimados en cerca de 150.000 millones de euros anuales, afectando particularmente a las pequeñas y medianas empresas, al Mittelstand (que estaría dedicando alrededor del 20% de su trabajo a satisfacer tales exigencias burocráticas)^[1].

Hace algo más de medio siglo, el célebre economista alemán Albert O. Hirschmann distinguió dos tipos de respuestas al deterioro de las condiciones del entorno: la “voz” y la “salida”^[2]. Los empresarios alemanes han optado por la primera, señalizando así que, aunque no vean alternativa razonable a la GroKo, también frente a ella van a ejercer su responsabilidad in vigilando.

^[1] Informes elaborados por los think tank económicos Ifo e Institut für Mittelstandsforschung. https://www.ifo.de/pressemitteilung/2024-11-14/buerokratie-deutschland-kostet-jaehrlich-146-milliarden-euro y https://www.ifm-bonn.org/presse/pressemitteilungen/meldung/buerokratiekosten-belasten-kleinere-unternehmen-im-industriellen-mittelstand-erheblich.

^[2] Albert O. Hirschmann (1970). Exit, Voice and Loyalty. Responses to Decline in Firms, Organizations and States. Cambridge (MA): Harvard University Press.

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Las dimensiones económicas de la defensa europea

febrero 24, 2025

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Las declaraciones de la Administración Trump acerca del papel de EE. UU. en la seguridad del viejo continente no solo anticipan un nuevo orden geopolítico mundial. También plantean un desafío mayúsculo para la economía europea.

Diversos expertos consideran que, para suplir el vacío que amenaza con dejar la alianza atlántica, las necesidades de inversión en defensa superan el 1% del PIB anual de la Unión Europea. Un esfuerzo a realizar durante un periodo prolongado y que en el caso de España sería incluso más intenso, ya que en la actualidad nos situamos a la cola del ranking europeo. Todo ello en un contexto fiscal complicado, con un déficit público que supera ya ampliamente el umbral del 3% para la mayoría de los grandes socios comunitarios, particularmente en Bélgica, Francia, Italia y Polonia. Alemania y España rondan ese umbral.

Semejante reto solo es asumible desde el punto de vista económico con tres condiciones, la primera siendo la elevación del multiplicador del gasto público en términos de inversión privada: tanto en España como en el conjunto de la UE, dicho multiplicador es notoriamente débil en comparación con las otras grandes potencias, como consecuencia de fallos institucionales y de carencias en la colaboración público-privada.

De no permear en el sector privado, el gasto público solo serviría de estímulo para las importaciones de armamento, algo que no es necesariamente coherente con el objetivo perseguido de reforzar la seguridad europea. El riesgo sería también de perpetuar el bajo crecimiento de la economía europea, que se percibe ya en las exportaciones españolas.

En segundo lugar, hoy por hoy los programas de defensa son poco eficaces, por la atomización de una industria europea que ha operado al margen de las reglas de competencia, ya que la seguridad ha sido considerada como parte integrante del espacio de soberanía nacional.

El resultado es una dilución de los esfuerzos que realiza cada socio comunitario de manera aislada. Como la restructuración del sector, ineludible para alcanzar economías de escala, solo puede ser gradual, cualquier incremento del gasto en defensa debería también producirse de forma progresiva. Y por la misma razón el esfuerzo de inversión debería mancomunarse, ya que la defensa es un bien común amenazado por el giro estratégico norteamericano. La cuestión es cómo financiar este nuevo objetivo. A corto plazo, la propuesta de la Comisión de aprovechar los fondos Next Generation que no se han comprometido —cerca de 100.000 millones de euros, según Bruselas— resuelve las reticencias de algunos países de incrementar el presupuesto comunitario. Pero esta solución solo será efectiva en presencia de una gestión común orientada a modernizar el sector, no reproduciendo la actual atomización.

Finalmente, y pese a todo lo anterior, es muy probable que una buena parte de los recursos procedan de las maltrechas haciendas públicas nacionales. Bruselas se muestra favorable a la suavización de las reglas fiscales europeas, para que el aumento de la inversión en defensa no compute a efectos de las obligaciones normativas, ni que los Estados se expongan a sanciones. Otra cosa es la percepción de los mercados, muy solicitados ante la necesidad de financiar la montaña de deuda que se ha acumulado a nivel global. Los bonos públicos cotizan ya aproximadamente 50 puntos básicos por encima de los niveles alcanzados en el otoño pasado. Trump ha prometido fuertes recortes de impuestos, y no le será fácil compensarlos con la brutal cura de adelgazamiento aplicada por Elon Musk, que amenazan con desorganizar la actividad de las administraciones.

En suma, para tener el efecto deseado, cualquier decisión política de elevar el gasto en defensa debería integrar una reforma del funcionamiento del sector, y entrañar un fortalecimiento estructural de la economía europea, facilitando la financiación del esfuerzo inversor y posibilitando el consenso social.

DEFENSA | El gasto de la UE en defensa se ha incrementado un 30% desde el inicio de la guerra en Ucrania, alcanzando 326.000 millones de euros en 2024. Esta inversión se acerca al 2% del PIB, medio punto más que antes del comienzo de las hostilidades. En el caso de España, el incremento ha sido proporcionalmente menor, pasando del 1% en 2021 al 1,2% en 2023. Casi todo el esfuerzo de gasto se realiza por los Estados miembro de manera descentralizada: la inversión mancomunada asciende apenas a 16.400 millones para el conjunto del periodo 2021-2027.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Los bancos centrales, la clave de 2024 y muy probablemente también de 2025

diciembre 30, 2024

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Los bancos centrales han tenido un gran protagonismo en los tres últimos años con el ciclo inflacionario y posteriormente de desinflación, que se ha intensificado en el año que termina. Y no solamente en política monetaria. También han acogido numerosas funciones en la última década, algunas incluso que nadie hubiera pensado.

Las voluminosas compras de deuda pública –y, por tanto, actuar como soporte de las finanzas públicas de los países– son un efecto colateral –y, aparentemente, más allá de su mandato oficial– de la política monetaria desde la crisis financiera y se alargaron hasta después de la pandemia. Solamente con el proceso inflacionario que se inició a finales de 2021, los bancos centrales dejaron de comprar deuda pública y privada como si no hubiera un mañana.

No obstante, son otras funciones las que han llamado más la atención. Por ejemplo, las responsabilidades en materia medioambiental y en vigilancia de los flujos crediticios hacia empresas con actividades verdes (sostenibles) y marrones (más contaminantes). Que el sector financiero sea el eje fundamental para acometer políticas de créditos verdes, con todos los costes que suponen para esas entidades, y que el banco central tenga que regular y supervisar el desempeño en esa materia e incluso esté impulsando tests de estrés climáticos, aún sigue sorprendiendo y hubiera sido impensable dos décadas atrás.

El gran tamaño de los bancos centrales –con un gran número de funcionarios– y su credibilidad y buena reputación explican, en buena parte, que se dieran esas competencias climáticas a las autoridades supervisoras. No está claro que sea el mejor modelo para que se logren los objetivos verdes de los países, pero es el adoptado y es buen ejemplo de las nuevas funciones del Leviatán de los bancos centrales.

Tras la crisis financiera global y el menor papel de las políticas fiscales y otras acciones reformistas, los bancos centrales ganaron peso en la intervención de las economías y en salvar monedas, proyectos de unión monetaria y países. El caso del BCE ha sido claro. Ha salvado el euro, aliviado los problemas financieros de un número significativo de países y evitado nuevas crisis bancarias por sus apoyos de liquidez y compra de bonos.

Ese papel de salvador lo convirtió en el receptor de nuevos encargos de los Gobiernos, ante la inacción de estos para poder llevar a cabo algunos de sus objetivos de políticas económicas. Ya hemos mencionado el quizás excesivo papel de los bancos centrales en las políticas de sostenibilidad. Sin embargo, no ha sido el único ejemplo. Otro es el rol de las decisiones de política monetaria para reactivar la economía –como ahora en la zona euro– o para reducir la inflación (hasta hace unos meses).

Con las limitaciones que las acciones de política fiscal tienen para impulsar suficientemente, por ejemplo, la economía europea o las que tuvieron para enfriarla cuando se padecía de inflación, la política monetaria ha sido la única con una función determinante. La política fiscal siguió siendo expansiva en la Unión Europea, a pesar de la inflación, en 2022-2024, y ahora está por ver si en Estados Unidos, realmente la política fiscal pasa a ser restrictiva en 2025 con la llegada de la nueva Administración Trump o si todo (o casi) se fiará a que la Reserva Federal decida pausar la bajada de tipos para seguir luchando contra la inflación.

Es verdad que, en esta ocasión, las subidas de los tipos de los bancos centrales han bajado la inflación sin causar recesión severa, pero también es cierto que sería bueno no depender solamente de la caja de herramientas monetarias y que la fiscalidad y las reformas vuelvan a jugar su papel.

Si en 2024 la política monetaria ha desempeñado un papel determinante para la reducción de la inflación, casi a niveles de la referencia objetivo (que es el 2%), en 2025 también será muy importante, pero por otras razones. Los caminos del Banco Central Europeo y la Reserva Federal se bifurcarán y habrá más bajadas en la zona euro que en Estados Unidos.

Las palabras de Powell hace unos días tras la última reunión de la Fed, anticipando un cierto frenazo en los recortes, ya se han notado en el coste de la deuda pública en todo el mundo, que se ha encarecido. Hay que seguir la evolución de este asunto. Aunque al raquítico crecimiento de la eurozona –con excepciones como España y otros países del sur de Europa– le vendrán bien los descensos de los tipos previstos en 2025, que agradecerán familias y empresas, el que la Fed no vaya a bajarlos tanto puede suponer indirectamente una limitación a los efectos positivos que se sentirán en la economía del norte y centro del Viejo Continente.

A eso se le puede añadir la incertidumbre sobre la posible subida de los aranceles y la importación de una inflación más elevada desde Estados Unidos, junto a probablemente un dólar más caro. Pueden ser nuevos obstáculos para el crecimiento europeo. Seguimos en este lado del Atlántico dependiendo del banco central –y sus políticas; fundamentalmente, la monetaria– y así parece que continuará en 2025. Sin embargo, serán efectos positivos paliativos. Los de calado, de largo plazo, requieren de mayor credibilidad fiscal y reformas estructurales –al estilo de los informes de Enrico Letta y Mario Draghi–, que exigen una gran ambición política, que por ahora no se ve en la Unión Europea y que empezarían a sacarnos en serio del embrollo y falta de dinamismo en el que se encuentra su economía.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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Rankings económicos

diciembre 23, 2024

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Ha suscitado mucha atención la clasificación que el semanario The Economist ha hecho de las principales economías occidentales. España ha quedado en cabeza, seguida de Grecia e Italia, que prosiguen con su recuperación, y luego Irlanda y Dinamarca. Se elabora esta clasificación a partir del PIB, la inflación, los rendimientos bursátiles, el desempleo y el déficit fiscal. Ha habido controversia política sobre los resultados del citado ranking, que, en todo caso, es una buena noticia para la economía española. Cuando te ponen una buena nota, y mucho más a escala internacional, se renueva el interés por tu país, con lo que puede crecer el flujo inversor exterior. Un aspecto muy positivo.

Parece oportuno comprobar las fuentes de ese buen desempeño. Una primera razón es el saldo migratorio neto positivo desde el 2019, con la llegada de más de 1,2 millones de trabajadores extranjeros, la mayor parte de Latinoamérica. Con algún aspecto menos positivo, como es la baja cualificación de gran parte de esos inmigrantes, lo que conlleva unos salarios reducidos. La economía española es en la actualidad un 7% más grande que la del 2019, pero cuando se ajusta esa cifra por el crecimiento de la población, se queda en un 3%. La especialización productiva en servicios es otro elemento a favor. El turismo ha vuelto con una fuerza enorme, generando impactos claramente positivos, pero con efectos colaterales no deseados, como el crecimiento de precios de la vivienda, con repercusiones negativas para toda la economía. También efectos medioambientales que, a la luz de la terrible experiencia catástrofe en Valencia por la dana, deben ponderarse proactivamente. Y no solamente es el turismo lo que ha crecido entre los servicios. Los no turísticos han pasado de representar en términos del PIB un 5,5% antes de la covid a aproximadamente el 8% en el 2024. Otra buena noticia. Y aunque la actividad industrial está estancada en España, no ha empeorado como en países como Alemania.

El semanario británico señala que las reformas del mercado de trabajo y del sistema financiero de hace una década han sido dos ejes importantes para la evolución favorable de la macroeconomía de nuestro país. Pero si no se continúa con una agenda reformista —laboral, pensiones— que aumente la productividad, la posición puede empeorar pronto. Si no se resuelven algunos cuellos de botella como la falta de vivienda asequible, probablemente se frenará la llegada de capital humano foráneo. Por otro lado, el español medio —sobre todo, la generación joven— no comparte la misma percepción optimista que ofrece la macroeconomía. Los comparativamente bajos salarios, la pérdida de poder adquisitivo con la inflación y las dificultades de acceso a la vivienda pesan. El aumento de la productividad es la clave que garantizaría seguir en la parte alta del ranking, y ahí es donde comienzan los interrogantes del futuro.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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Bajan los tipos, no sin riesgos

junio 11, 2024

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Ha llegado finalmente en junio, aunque se esperaba como “agua de mayo”. Este jueves el Banco Central Europeo bajó los tipos de interés un 0,25%. Muchos pensaron “¡por fin!” en un contexto en el que la eurozona tiene una macroeconomía mucho menos floreciente que la de Estados Unidos. Los estímulos monetarios pueden ayudar a reanimarla, sobre todo en aquellos países más dependientes de la industria, que son los de crecimiento del PIB más débil. Afortunadamente, España, es una de las excepciones, por diversas razones entre las que destacan respecto a otros socios europeos, nuestra especialización en servicios y un mix energético con menor coste. No obstante, los mercados de trabajo europeos están resistiendo, algo a tener en cuenta ante lo “pegajosa” que está siendo la inflación. No olvidemos que algunos países europeos están cerca del pleno empleo, donde podría volver algún crecimiento de precios ante insuficiencias de la oferta.

Aunque la media está acercándose a la referencia del BCE del 2%, en algunos países —como España— queda más recorrido para converger a ese objetivo. Mayo no trajo un buen dato pero las expectativas continúan siendo que el descenso de la inflación continúe hasta fin de año. La autoridad monetaria parece convencida de ello, a pesar de los aumentos recientes en las remuneraciones salariales en países centrales (como Alemania), mientras, en paralelo, se intenta generar cierto impulso a la economía reduciendo costes financieros. Vendrá bien a empresas e hipotecados, que ya han comenzado a beneficiarse de la disminución del Euribor, que ha venido descontando la decisión del BCE.

Disminuir el coste del dinero en la zona euro —y aunque el BCE no se compromete con ninguna senda futura de tipos— se adelanta a las de otros bancos centrales, especialmente al impasse de la Reserva Federal estadounidense que ahora mismo parece que no tocará el coste del dinero oficial hasta que pasen las elecciones presidenciales de noviembre. Según los responsables de la Fed, Estados Unidos, con una inflación aún más pegajosa y con pleno empleo, correría riesgos si baja demasiado pronto tipos. El BCE tiene menor margen de espera ante la debilidad de su macroeconomía y, de algún modo, corre el riesgo de aflojar demasiado pronto el endurecimiento monetario antes de poder decir que se ha vencido la inflación.

Un segundo riesgo, también relevante, es que el problema de la atonía de la economía y sector empresarial de Europa finalmente no tuviera mucho que ver con el encarecimiento de los costes financieros desde 2022. Y que residiera más en problemas estructurales como la mayor fragmentación del mercado, el modelo de transición ecológica o carencias por el lado de la oferta (talento, energía). Por supuesto, un abaratamiento de tipos aligera la carga. Sin embargo, los problemas importantes probablemente no residan ahí, y podrían requerir notables reformas estructurales. Por ello, a medio plazo podría seguir la flojera de la economía europea. Hace falta algo más que bajar tipos, una estrategia además no exenta de riesgos hasta la victoria sobre la inflación.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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Una nueva oportunidad para la reforma del mercado eléctrico

junio 3, 2024

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Desde su puesta en marcha mediante la liberalización acometida allá por los años 90 y hasta bien pasada la pandemia, el actual mercado eléctrico parecía funcionar razonablemente y sin grandes sobresaltos. Esa placidez fue probablemente la razón de que el debate —que lo hubo— sobre eventuales correcciones o mejoras para su perfeccionamiento pasase bastante desapercibido durante ese periodo. Todo cambió a raíz de la invasión rusa de Ucrania y la crisis de suministros. Primero la alarmante subida de precios y, más adelante, su volatilidad, motivaron algunos cambios puntuales —como la denominada excepción ibérica— e incluso concitaron propuestas que reclamaban modificar o, incluso, terminar con el sistema marginalista. Hoy, pasadas las urgencias de hace dos años y en la resaca de esa fase de crisis, se abre una oportunidad de volver a plantear una reforma del mercado eléctrico europeo que suponga un paso adelante respecto al actual sistema y subsane sus lagunas.

¿Cuáles son esas carencias? ¿Qué tipo de reforma es necesaria? ¿Con qué alcance? Son las cuestiones que aborda el libro ‘Una evaluación de las opciones de reforma del mercado eléctrico europeo y una propuesta pragmática’, que mañana 4 de junio se presentará en Funcas en un acto virtual.

La publicación es un trabajo conjunto de varios profesores del Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad de Comillas, entre los que se cuenta Pedro Linares, editor de Papeles de Energía. Su análisis arranca a partir de los problemas más visibles registrados durante el bienio 2021-2022, como la volatilidad de los precios para los hogares y los altos costes para la industria, o los beneficios extraordinarios (“llovidos del cielo”) para tecnologías inframarginales. Pero los autores también ponen luces largas y apuntan, una vez más, a fallos de diseño y posibles complicaciones del actual sistema en el largo plazo, como el hecho de que los reducidos o nulos costes variables de las renovables, con creciente peso en el pool, pueden hacer que, en un futuro no muy lejano, durante buena parte del año los precios sean tan bajos que pongan en riesgo las inversiones; o, relacionado con ello, la necesidad de mantener una generación de electricidad de reserva (“de capacidad”) y disponible (“de flexibilidad”) para garantizar la seguridad del suministro (la suficiencia de generación) y la adaptación y ajuste a la demanda. El diagnóstico se completa con otros problemas, que tienen que ver con la deficiente internalización por las empresas de algunos impactos medioambientales, el ejercicio de poder de mercado por parte de grandes operadores o las carencias del mercado respecto a los consumidores más vulnerables.

El libro
también evalúa, entre otros planteamientos, la reforma promovida por la
Comisión Europea y acordada provisionalmente en diciembre de 2023 por el
Parlamento Europeo y el Consejo. La valoración no es demasiado complaciente,
sobre todo con la falta de desarrollo para los mercados de largo plazo y con el
papel protagonista que concede a los Estados miembros y la consiguiente
posibilidad de distorsiones en el mercado único, pero aun así los autores
consideran la proposición de la Comisión como “una primera reflexión” hacia un
verdadero mercado armonizado.

Por supuesto, la propuesta de reforma recogida en el título ocupa
el grueso del volumen. Sus aspectos clave, profusamente desarrollados en el
libro, hacen referencia al mantenimiento y mejora del mercado de corto plazo,
pero también a la promoción de mercados de largo plazo que, por un lado,
permitan la inversión en renovables, en eficiencia y en almacenamiento y que,
además, doten de estabilidad a los precios. Los autores también sugieren la
introducción de mecanismos de protección de los consumidores vulnerables. Y
todo ello a través de plataformas de escala europea que reduzcan las
interferencias de los Estados. Unos anexos finales tratan algunas cuestiones
técnicas adyacentes a la reforma, como los posibles enfoques para encararla o posibles
mecanismos ante emergencia en los precios que serán de interés para el lector
más implicado.

Se trata, en definitiva, de un nuevo intento de abrir el
debate sobre una reforma que, como tantas, espera su oportunidad de ser
abordada y para la que llega esta nueva propuesta.

Vea mañana la jornada virtual con la
presentación del estudio ‘Una
evaluación de las opciones de reforma del mercado eléctrico europeo y una
propuesta pragmática’.

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El futuro de Argentina ante unas elecciones inciertas

octubre 20, 2023

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Este domingo Argentina celebra elecciones generales. Trascendentales por su difícil y persistente situación. Si ninguno de los candidatos logra el 45% de los votos, algo bastante probable según las encuestas, habrá segunda vuelta el domingo 19 de noviembre. Centrando el tiro en la economía, décadas de políticas poco exitosas —por no poner otro calificativo—, explican dónde se ha llegado, con una inflación del 138% y gran volatilidad del cambio del peso con el dólar (que superó los 1.000 pesos hace poco, cuando en agosto estaba por debajo de 800). No son los únicos problemas, pero sí buen ejemplo de los enormes desafíos económicos. Desde mi viaje estival al país, he podido dialogar con algunos colegas argentinos. Con mayor detalle con el economista y novelista Eduardo Levy Yeyati, que también ha ocupado puestos relevantes en la gestión pública (por ejemplo, en el Banco Central de la República Argentina). También me he nutrido de declaraciones públicas de otros economistas. En estas líneas desgrano problemas y posibles soluciones, algunas propuestas en campaña electoral. El país del gran Jorge Luis Borges lleva decenios en un círculo vicioso. Para salir de esa pesadilla y pasar a virtuoso, hay mucho que reformar y cambiar. Es clave tomar decisiones valientes para alcanzar la estabilidad macroeconómica y aumentar la formalización de la economía.

Realizando un ejercicio de simplificación, los problemas-síntomas principales se pueden resumir en tres. El primero, un déficit crónico que impide que los gobiernos logren superávits primarios, lo que para la deuda implica impagos recurrentes y autarquía financiera. En segundo lugar, el denominado abuso de la moneda, por la insistencia en políticas expansivas e inflacionarias en años buenos. También por el recurso al impuesto inflacionario para financiar el déficit en años malos, que son la mayoría. El resultado es una presión cambiaria constante que lleva a controles de capitales y a dificultar las exportaciones, que agrava la escasez de divisas. Así surge la tradicional falta de apego de los argentinos a su moneda (el peso), que necesita estabilidad para poner precio a las cosas. El tercero es la creciente dualidad de la economía. Solo un 30% de los ocupados tiene empleo formal y permanente y un 37% de informalidad, que sube. Para hacer frente al primero de los problemas, habría que redoblar los esfuerzos para lograr un equilibrio fiscal primario. Para ello habría que racionalizar determinados subsidios (como energía o transporte), que alcanzan fundamentalmente a la clase media y alta, reducir exenciones y subvenciones a sectores protegidos, actuar contras las inadecuadas praxis de muchas empresas públicas y reducir las redundancias en el sector público. Estas medidas no deberían afectar la provisión de educación o sanidad, ni implicar necesariamente despidos, para evitar mayores males sociales en una sociedad agotada.

Para el segundo desafío, de naturaleza monetaria, es urgente dotar de completa independencia al banco central, que evite el mal uso del tipo de cambio como respuesta a todo. Para el tercero, en el ámbito laboral, hay que promover una eficaz formación continua con nuevas modalidades de contratación, facilitando la creación de empleo y la jerarquización del trabajo independiente, hoy mayormente precario.

La dolarización ha estado nuevamente sobre la mesa en la campaña electoral. Parece que los que la proponen han olvidado las terribles consecuencias económicas y sociales de lo acontecido en 2001, que llevó al corralito. La mayoría de los economistas considera que sería un grave error. Entre ellos, lo ha declarado públicamente el que fuera presidente del banco central, Martín Redrado (al diario El País, el pasado 4 de agosto). Es inviable con reservas netas negativas y sin financiación externa. Asimismo, generaría una brutal fragilidad para el sistema bancario argentino, sin un fondo de dólares líquidos que sirva de colchón. Incluso si ganaran los que proponen la dolarización, es muy probable que esa opción se deseche al poco tiempo por impracticable, lo cual podría generar mucha frustración entre los argentinos. Más aún si no hay un improbable plan B que sea eficaz y si no es capaz de compartir el proyecto de país con otras fuerzas políticas.

La modernización de la economía argentina precisa reformas transversales. En el mercado de trabajo, parece necesaria la introducción de puertas de entrada al empleo menos rígidas. También mejorar notablemente la productividad, especialmente la de los millones trabajadores subempleados. En el ámbito productivo, se deberían priorizar políticas horizontales que generen estabilidad económica. Claves son la reaparición del crédito, la simplificación de la maraña impositiva, la mejora de la conectividad física y digital, la eliminación de controles a las importaciones y de impuestos a las exportaciones y el reforzamiento de la competencia y de instituciones que la vigilen. Estas reformas deberían llegar antes de las políticas verticales específicas, por ejemplo, en renovables o procesos en línea con la agenda climática. En el ámbito internacional, Argentina tiene que buscar su hueco en un mundo que debate el futuro de la globalización. Debe dejar de perder oportunidades, retener talento —un gran volumen de expatriados, con sus ahorros y recursos— y de capacidades emprendedoras. Mercosur puede jugar un papel constructivo si se refuerza la integración, pero las dudas de Brasil no ayudarán a corto plazo. Es una baza por la que apostar una vez se superen las grandes dificultades del presente.

La agenda de política económica es enormemente desafiante para Argentina. Muchísimo en juego en estas elecciones. Con una estrategia que acierte, las enormes potencialidades del país y el gran margen para hacer reformas podría propiciar un rebote de su economía, desconocido desde hace décadas.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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Desde Argentina

agosto 29, 2023

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Tengo la suerte de estar visitando Argentina. Va de suyo decir que es maravillosa. Infinidad de riqueza y posibilidades, pero también abundantes y recurrentes problemas Con comentarios conocidos, como la opinión generalizada de que su situación económica relativa es notablemente peor a la que tenía en las décadas de los 40 y 50 del siglo XX. El momento es, asimismo, oportuno ante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales argentinas que serán el 22 de octubre. Hay una gran expectativa y muchos nervios tras la victoria de Javier Milei en las primarias hace dos semanas. Milei ha generado polémica hasta en la definición de sus políticas. Para los medios de comunicación internacionales es un político de extrema derecha. Para la prensa nacional argentina representa la “derecha libertaria”.

No
había estado en Argentina desde hace 26 largos años. Sin embargo, he observado
elementos favorables, como la modernización de algunas infraestructuras críticas
de transporte y de parte de su estructura productiva y en un potencial enorme
de su capital humano. Mucha formación que debería aprovecharse —con los
incentivos correctos— en una economía global que pugna por el talento. También
hay un importante espíritu crítico de los más jóvenes por el futuro del país,
más que en otras latitudes. Y a pesar de los saqueos (por ahora puntuales) de
esta semana, Argentina cuenta con mucha mayor estabilidad social que otros
países del continente.

El país ganador —y feliz— del último Mundial de Qatar está nuevamente con una inflación por encima del 100 % y “flirteando” con el impago internacional. El famoso tango de Carlos Gardel parece resumirlo: «Cuántos desengaños, por una cabeza. Yo juré mil veces no vuelvo a insistir». Ahí estamos otra vez. Con una situación monetaria imposible. En medio de esta carrera presidencial sorprendentemente (y con miedo) la idea que surge es desmantelar buena parte del Estado. No se puede descartar una nueva decepción de las políticas tras las votaciones de octubre, una más.

Las principales dificultades actuales vienen, entre otros factores, de desequilibrios fiscales recurrentes, fuente evidente de inflación. También del gran control de la actividad productiva, sobre todo del sistema financiero —que tiene excesiva exposición a los riesgos internos— y causa el constante repudio de los argentinos hacia su gobierno y su moneda. Un “déjà vu” del pasado. La experiencia de 2001 con la dolarización —Argentina importó su crisis del exterior al revalorizarse la divisa estadounidense— debería descartarla, aunque ahora se ha propuesto nuevamente.

Solamente una estrategia de reformas de largo plazo funcionaría. Además, Argentina debe buscar su lugar en una economía global que se desgaja en porciones de peso geopolítico —Estados Unidos vs China— con problemas de inflación, cambiarios y de productividad. Debería jugar un papel determinante Mercosur si se refuerza con una mayor integración en este entorno de intentos de integración monetaria y control de precios. Tratar de decir “aquí estoy yo” en el nuevo mundo. Viene una especie de “invierno” tenso sobre la primacía mundial en comercio y tecnología, con implicaciones monetarias y cambiarias y todos los países deben prepararse para aprovechar las abundantes posibilidades.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia”

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se-busca-hoja-de-ruta-desde-la-estabilizacion-economica-al-crecimiento-sostenido

Se busca hoja de ruta desde la estabilización económica al crecimiento sostenido

junio 9, 2023

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El Gobierno que salga de las elecciones del 23 de julio se encontrará una economía estabilizada tras los avatares de la pandemia, persistente inflación y las repercusiones económicas de la guerra en Ucrania. La economía española ha mostrado mayor resiliencia desde 2020 —con numerosos shocks externos— que la que exhibió en 2008-2012 con la crisis financiera global y la de deuda soberana europea. Aunque las circunstancias eran muy distintas, sobre todo en relación con la burbuja inmobiliaria, endeudamiento del sector privado y los fuertes desequilibrios exteriores —determinantes en los problemas de nuestro país hace 15 años—, parece claro que se aprendió de errores, se actuó con rapidez en general, y se contó con un apoyo de la UE sin precedentes. Ahí están los fondos Next Generation EU.

El gran desafío es ahora pasar de ese periodo de estabilización a uno de crecimiento sostenido y sostenible, que permita mejorar el bienestar económico y social de los españoles. Es el principal reto de largo plazo de nuestra economía, que engloba muchos otros. El eje para lograrlo es aumentar la productividad. Merece un lugar prioritario en la agenda política y buscar amplios consensos para las reformas que lo faciliten. Sin mejoras significativas de productividad, los cambios a largo plazo no tendrán la fortaleza necesaria para que la economía española recupere el vigor de las últimas décadas del siglo XX.

Dos factores a tener en cuenta, uno a favor y otro no tanto. Primero, a pesar de los persistentes déficits y el elevado endeudamiento del Estado, la deuda soberana no sufre tensiones, aunque lógicamente su coste se haya encarecido —como al resto— en paralelo a la política monetaria restrictiva. Aunque el BCE esté reduciendo su balance, no se observan tensiones en los bonos españoles. De hecho, la prima de riesgo ha disminuido recientemente. Sigue el apetito inversor. No se pueden lanzar las campanas al vuelo, pero es un buen punto de partida para acometer cambios y reformas sensatas sin preocuparse por la reacción de los mercados. El segundo elemento no es tan positivo. Los próximos años, tras los fuertes déficits acumulados en los últimos años, van a venir marcados por la consolidación fiscal. La UE la requerirá. El marco fiscal expansivo de los últimos años —necesario en algunos momentos críticos, pero también inflacionario— debe dar paso a un equilibro fiscal más realista y sostenible. Una economía que crece —o lo anhela— debe aspirar a un equilibrio presupuestario, que se puede lograr por los mayores ingresos y por la vía de reducción del gasto fiscal coyuntural que se introdujo con la pandemia y la guerra de Ucrania.

En todo caso, volverá a estar sobre la mesa una reforma fiscal —de consenso— que garantice el mantenimiento de los pilares del estado de bienestar e ingresos suficientes para financiarlos. Y que genere suficientes incentivos para el emprendimiento y el crecimiento. El debate sobre las pensiones —en el contexto del conjunto de rentas— seguirá ante las tres décadas de dificultades que se avecinan para su sostenibilidad.

Los ejes transversales de la digitalización y la sostenibilidad acentuarán su protagonismo. Sería interesante que se visibilizaran claramente en la hoja de ruta del próximo Gobierno, incluido en el reparto de competencias y tareas de los ministerios. No pueden ser dos departamentos únicamente. Deben ser ejes transversales. Ello permitiría, en un corto plazo, sacar el mejor aprovechamiento de los fondos Next Generation EU, pero en el medio y largo plazo se asentarían las bases de una verdadera economía del siglo XXI. En los últimos años se han dado pasos en esa dirección, pero tanto España como la UE deben redoblar sus esfuerzos y apostar por iniciativas que hagan de la digitalización y sostenibilidad dos ventajas competitivas de la economía europea.

El modelo de transición energética europeo tendrá que experimentar cambios debido a los enormes costes —incluida inflación— que impone. Una cierta dosis de realismo —incluyendo el uso de combustibles fósiles— parece imponerse en esa transición para que genere las ventajas que traerá. Sin una transición energética más realista, estará en juego la competitividad de la economía europea y española. Nuestro país debe continuar teniendo mucho que decir por el relativo éxito de nuestro estatus energético desde que se inició la guerra de Ucrania. Mucho más cuando las renovables y el hidrógeno van a aumentar su relevancia.

La agenda deberá contener decisiones de las que solamente se percibirán los logros a más de cinco años vista. Sin embargo, es muy necesario que se comiencen a acometer si se desea tener éxito a largo plazo. Un aumento de la productividad precisa de cambios en la política laboral —no implica derogar nada—, en los incentivos y la apuesta por la innovación. Esa productividad ayudará a crecer y a hacer sostenibles las cuentas públicas. Por otro lado, la educación también será determinante. La conformación de talento y capacidades es más necesaria que nunca. Debemos aspirar no solamente a retenerlo, también a atraerlo, en la pugna global por captar recursos humanos con grandes capacidades para la transformación digital. Para retener o atraer talento, los salarios deben aumentar, de ahí que sea tan importante la productividad. Y tener un modelo social en el que la vivienda sea mucho más accesible. La única medida realista para ello es aumentar el parque de casas en alquiler. Lleva años, pero debe iniciarse desde ya y sin interrupciones. En suma, mucho que hacer, pero también mucho que lograr.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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Tareas pendientes… otra vez

junio 6, 2023

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El adelanto de las elecciones generales al 23 de julio altera –y de qué manera– la hoja de ruta política y económica de los próximos seis meses. Por un lado, se trunca la aprobación de leyes y normas que se habían anunciado, algunas muy esperadas. En el limbo más de sesenta proyectos que estaban en tramitación, así como ocho que ya estaban aprobadas por el Gobierno. La ley de familia, la de Equidad Sanitaria, la de Salud Mental o la del Cine son algunos ejemplos. Asimismo, es probable que tenga alguna incidencia sobre las principales iniciativas del segundo semestre, con la presidencia española de la UE. El país que la preside marca la agenda, y ahora se llena de incertidumbres.

La convocatoria electoral pilló a todos por sorpresa. Europa no fue excepción. Aunque no es la primera vez que se convocan unas votaciones en medio de la presidencia de un país, existen riesgos notables de que la potencia de las iniciativas quede desdibujada, con la incertidumbre y vicisitudes del proceso electoral y de transición al nuevo gobierno, sea del signo que sea. Algunas de las iniciativas son de gran relevancia en materia financiera, como los avances en la incompleta unión bancaria, algo por lo que nuestro país lleva tiempo pugnando. O el futuro despliegue de los fondos Next Generation EU. Sería conveniente que la presidencia española pudiera tener éxito. El país se juega su prestigio.

En cuanto a los desafíos de medio y largo plazo, se suele hablar poco de ellos, pero tienen que ser prioritarios para el gobierno que salga de las elecciones del 23-J. La baja productividad –problema que viene de largo– es uno de ellos, con numerosos temas sin resolver: bajos salarios, pérdida de renta real per cápita, capacidad de mejorar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Pesaditos somos los economistas con ello, pero está pendiente. Todo gobierno debe tener una agenda social ambiciosa, pero también económica, que mejore las bases de competitividad del país. Llevamos casi dos décadas con serias disfuncionalidades de algunas de nuestras instituciones económicas, como el mercado de trabajo, los incentivos y la innovación. No es tarde. Con la productividad se puede, poco a poco, mejorar la renta de los españoles y el Estado del bienestar. Los retos se acrecientan con el envejecimiento de la población. Si se pone la palabra productividad en la agenda política, se habrá logrado mucho. La dialéctica facilita llegar a los hechos. Permitiría un crecimiento sólido e ir suavizando las tensiones de la deuda pública o la sostenibilidad de las pensiones. Quedarán pendientes problemas como la vivienda para el que hará falta tiempo para ampliar el parque existente, sobre todo de alquiler, para que aumente la oferta y no se encarezca más. Cuesta al principio, pero mejora el bienestar de todos.

Esta entrada se publicó inicialmente en el diario La Vanguardia

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