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La jornada bursátil ha sido especialmente dura para Tubos Reunidos, que ha visto cómo su cotización sufría un auténtico batacazo en el mercado continuo español. En apenas unas horas, el valor se ha llegado a hundir cerca de un 40%, reflejando la creciente inquietud de los inversores ante un posible concurso de acreedores y una situación financiera muy tensionada.

En un contexto marcado por rumores de insolvencia, negociaciones fallidas y un elevado endeudamiento, la compañía con sede en el País Vasco se encuentra en el punto de mira de los mercados, de los reguladores y de sus propios trabajadores. La posibilidad de que la histórica tubera termine acogida a un proceso concursal ya no es solo un comentario de pasillo: la propia empresa ha admitido públicamente que esa opción está sobre la mesa.

Desplome histórico en Bolsa y reacción del mercado

El castigo en el parqué ha sido inmediato tras conocerse que Tubos Reunidos ultima los preparativos de un concurso de acreedores. Según distintas informaciones publicadas, entre ellas las de medios económicos como El Confidencial y Cinco Días, el despacho de abogados Uría Menéndez está asesorando a la compañía en la preparación de este proceso, cuyo calendario se situaría en torno a las próximas semanas.

En los primeros compases de la sesión, el valor llegó a desplomarse en torno al 40%, con cruces a apenas 0,133 euros por acción, antes de moderar ligeramente la caída. A media sesión, los títulos se movían en el entorno de los 0,14 euros, lo que suponía pérdidas cercanas al 35%. Finalmente, las acciones han acabado la jornada con un recorte que ronda el 36,5%-37,5%, consolidando una de las peores sesiones de su historia reciente.

Lo llamativo para muchos actores del mercado ha sido que, pese a la brusquedad del movimiento y a la avalancha de informaciones sobre un posible concurso inminente, la CNMV no llegó a interrumpir la cotización durante la sesión. El desplome se ha producido, por tanto, con el valor negociándose con normalidad, alimentado por órdenes de venta continuadas y un clima de enorme incertidumbre.

Este movimiento se suma a un deterioro más prolongado: en los últimos meses, la compañía acumula un retroceso que ronda el 70% de caída en Bolsa, reflejo de la desconfianza del mercado ante su capacidad para enderezar el rumbo. Para muchos inversores, la entrada en concurso se percibe ya como un escenario cada vez más probable.

Fuentes cercanas al consejo de administración señalan que los órganos de gobierno de la empresa siguen de cerca la evolución del precio y del flujo de noticias, sin descartar la convocatoria de reuniones urgentes para analizar la situación. Aunque desde la dirección se ha intentado, hasta ahora, mantener cierto margen de maniobra, la presión del mercado acorta los plazos para tomar decisiones.

Admisión de la posible solicitud de concurso voluntario

Tras el cierre del mercado, Tubos Reunidos remitió un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que, por primera vez, reconoce abiertamente que no puede descartar la solicitud de una declaración de concurso voluntario de acreedores. Se trata de un paso significativo, ya que hasta ahora la compañía había evitado confirmar de forma tan explícita ese escenario.

En su comunicación al supervisor, el grupo admite que no ha logrado ni nueva financiación ni la entrada de socios estratégicos que permitan relanzar la actividad. Asimismo, reconoce que el deterioro del negocio ha colocado a la empresa en una coyuntura que “compromete su viabilidad” y que podría obligar a adoptar “medidas adicionales” si la situación no mejora.

El texto remitido a la CNMV subraya la existencia de una incertidumbre material sobre la continuidad de la empresa como negocio en funcionamiento, en línea con las advertencias que ya había formulado la firma de auditoría Ernst & Young (EY). Estos auditores han señalado en sus informes la presencia de “dudas significativas” acerca de la capacidad de Tubos Reunidos para seguir operando sin una reestructuración profunda.

Además, la propia Inspección de Trabajo, en el marco del expediente de regulación de empleo (ERE) de la compañía, ha señalado que los resultados del grupo reflejan una pérdida prolongada de rentabilidad operativa y que concurriría “causa legal de disolución”. Un diagnóstico especialmente duro que refuerza la idea de que la vía concursal podría acabar siendo la única salida para ordenar la situación.

La posible entrada en concurso de acreedores se plantea como un mecanismo para reorganizar el pasivo, ganar tiempo en la negociación con los acreedores y, eventualmente, facilitar la incorporación de un inversor industrial que aporte capital y estabilidad a largo plazo. Pero, como reconocen fuentes del entorno financiero, el éxito de esa estrategia dependerá de cómo se articule la reestructuración de la deuda, especialmente la vinculada a la SEPI.

Deuda desbocada y fracaso de las vías de rescate

Uno de los elementos centrales de la crisis de Tubos Reunidos es su elevado endeudamiento, que ronda los 263 millones de euros. Una parte sustancial de esa cifra corresponde a préstamos vinculados a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que se convirtió en el principal acreedor tras el rescate aprobado durante la pandemia de la Covid-19.

En 2021, el grupo siderúrgico recibió a través del fondo de apoyo a empresas estratégicas una inyección que, con distintas ampliaciones, se ha convertido en una deuda con la SEPI en el entorno de los 150 millones de euros. Pese a los intentos de la compañía por renegociar las condiciones —incluida la búsqueda de una refinanciación bancaria más amplia—, las conversaciones no han cristalizado en un acuerdo de calado.

Las propuestas planteadas por la parte pública se han orientado, sobre todo, a flexibilizar los plazos de devolución del préstamo, sin aceptar por ahora una quita significativa del principal. Esta resistencia a asumir pérdidas por parte del Estado ha dificultado la entrada de nuevos inversores privados, reacios a comprometer capital si no se alivia antes de manera sustancial la carga financiera.

Durante los últimos meses, la compañía ha explorado la opción de contar con un socio industrial —con el respaldo explícito del Gobierno vasco— que contribuya a sostener el negocio productivo y a mantener la actividad en las plantas. Sin embargo, la combinación de resultados negativos, deuda elevada y ausencia de un plan de viabilidad plenamente consensuado ha hecho que, por ahora, ningún candidato haya dado el paso definitivo.

El objetivo de la posible reestructuración es doble: por un lado, ordenar el calendario de pagos y evitar tensiones de liquidez inmediatas; por otro, generar un marco estable que permita seguir produciendo y conservar el máximo empleo posible. Pero las demoras y los desencuentros en la negociación con acreedores clave han ido reduciendo el margen de maniobra de la compañía hasta situarla al borde del abismo concursal.

Pérdidas millonarias y deterioro del negocio

La presión financiera se ve agravada por los malos resultados operativos de los últimos ejercicios. Tubos Reunidos cerró 2025 con unas pérdidas de alrededor de 118 millones de euros, un giro radical frente a los beneficios obtenidos en 2024 (cerca de 28,6 millones), lo que evidencia el brusco deterioro de su situación económica.

El empeoramiento del negocio se atribuye a varios factores. Entre ellos, el impacto de los aranceles a la importación de acero y aluminio en Estados Unidos, que alcanzan aproximadamente el 50% y afectan de lleno a uno de sus mercados exteriores más relevantes. Este contexto internacional ha reducido márgenes y volumen de ventas, intensificando las dificultades de una empresa ya de por sí apalancada.

A la adversidad del entorno comercial se suma la reducción de la actividad en algunas de sus plantas, especialmente tras el conflicto laboral en el centro de Amurrio (Álava). La huelga indefinida y la paralización de la producción en estas instalaciones han agravado el descenso de ingresos y han complicado la ejecución del plan de viabilidad diseñado por la dirección.

Los informes externos, tanto de auditores como de la Inspección de Trabajo, inciden en que la rentabilidad operativa se ha deteriorado de forma sostenida, hasta el punto de cuestionar que el negocio pueda mantenerse sin una intervención drástica. Estas advertencias, que en otros momentos podrían haber servido de llamada de atención para acelerar soluciones, han terminado siendo un reflejo más del estancamiento y la falta de acuerdos.

La suma de pérdidas recurrentes, carga financiera elevada y nulos avances en la captación de nuevos socios es lo que ha llevado a muchos analistas a considerar que la vía concursal se ha convertido, de facto, en la única alternativa viable para reconducir la situación. La cuestión que se abre ahora es cómo afectará ese proceso a los distintos acreedores y a la plantilla.

Plan de viabilidad, ERE y conflicto laboral

Para tratar de frenar la sangría, Tubos Reunidos puso en marcha un plan de viabilidad sustentado en tres ejes principales: reducción de plantilla mediante un expediente de regulación de empleo, reestructuración de la deuda y búsqueda de nuevos inversores. De estos tres pilares, el único que ha avanzado de forma efectiva ha sido el ajuste laboral.

El ERE planteado inicialmente afectaba a algo más de 300 trabajadores, aunque tras la negociación se rebajó la cifra hasta unas 240-242 salidas, fundamentalmente de carácter voluntario. El acuerdo contemplaba indemnizaciones de 45 días por año trabajado y salidas anticipadas, incluidas prejubilaciones a partir de los 57 años, con el objetivo de amortiguar el impacto social del recorte.

A pesar de esas condiciones, los principales sindicatos del País Vasco —ELA, LAB, UGT y ESK— han impugnado el ERE ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Las centrales cuestionan tanto el fondo del ajuste como el contexto en el que se ha producido, y mantienen movilizaciones y una huelga indefinida en la planta de Amurrio, que ha derivado en paradas prolongadas de la producción.

La Inspección de Trabajo, por su parte, avaló la corrección formal del proceso, al considerar que la negociación se había desarrollado sin fraude y con las garantías requeridas. Aunque el dictamen reconoce la gravedad de la situación económica de la compañía, también apunta a que existen causas objetivas que justifican el recorte de empleo, lo que ha añadido tensión en la relación entre la representación sindical y la dirección.

En paralelo, el Gobierno vasco ha intentado ejercer de mediador y catalizador de una solución industrial, presionando al Gobierno central para que flexibilice las condiciones del préstamo de la SEPI y permita así la llegada de un socio estratégico. Esa presión política, sin embargo, no se ha traducido todavía en un cambio sustancial de postura por parte de la administración central, que sigue sin abrir la puerta a una quita de la deuda pública.

Perspectivas y posibles escenarios para Tubos Reunidos

Con todos estos elementos sobre la mesa, el futuro inmediato de Tubos Reunidos se debate entre una reestructuración ordenada bajo tutela judicial o un deterioro aún mayor si se demoran las decisiones. El eventual concurso de acreedores se perfila como una herramienta para intentar preservar la actividad industrial y maximizar la recuperación para los acreedores, pero también genera dudas sobre su impacto en el empleo y en las plantas del grupo.

En el plano financiero, la prioridad pasaría por redefinir los plazos y condiciones de la deuda de 263 millones, con especial atención a la posición de la SEPI. Cualquier solución que no cuente con el visto bueno del principal acreedor público tiene pocas probabilidades de prosperar, por lo que las próximas semanas serán clave para ver si se logra un punto de encuentro o si la negociación se complica aún más en el marco concursal.

Para el tejido productivo vasco y para el sector siderúrgico español, el desenlace de este caso se observa como un termómetro de la gestión de crisis empresariales con fuerte implicación pública. Tubos Reunidos no es una compañía cualquiera: su trayectoria histórica, su peso en el empleo industrial y la presencia del Estado en su capital vía préstamos convierten su situación en un asunto de relevancia económica y política.

Mientras tanto, los inversores parecen tenerlo claro: la falta de avances visibles en la búsqueda de socios y en la refinanciación ha minado la confianza en la capacidad de recuperación del grupo. El desplome de la cotización y la volatilidad de las últimas sesiones muestran que el mercado descuenta un escenario muy complejo, con una parte importante de los actuales accionistas asumiendo ya la posibilidad de fuertes pérdidas.

A la espera de que se confirme la presentación formal del concurso y de que se concreten las condiciones de una eventual reestructuración, la compañía afronta un momento decisivo. Lo que ocurra a partir de ahora marcará no solo el futuro de Tubos Reunidos, sino también el modo en que se abordan, en España, los rescates públicos y las reorganizaciones de empresas industriales estratégicas sometidas a una tormenta perfecta de deuda, falta de rentabilidad y desconfianza en los mercados.