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A la espera del informe de Draghi sobre la competitividad europea

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Las cifras hablan por sí solas. La Unión Europea pierde peso en el mundo. Su tamaño suponía el 91% del de EE UU hace diez años y ahora solamente el 65%. Hoy la economía americana más que duplica a la europea. En términos per cápita, salimos peor parados, ya que la población europea (450 millones) supera ampliamente a la de Estados Unidos (332 millones). Las tasas de crecimiento del PIB de la UE desde 1970 han sido persistentemente inferiores a las de Estados Unidos y a las de la economía global. Incluso Japón, estancada tanto tiempo, presenta una tasa media de crecimiento superior a la europea desde 1970. Las razones son diversas y las posibles estrategias de salida o soluciones presentan cada vez desafíos mayores, pero no se puede olvidar que Europa tiene resortes para darle la vuelta a esta situación, si aplica una batería de medidas valientes y ambiciosas con pedagogía.

El nivel de vida, bienestar y comparativamente elevada cualificación de su población y un tejido empresarial potente son ejemplo de esas potencialidades. Es quizás esa esperanza la que llevó a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, a convencer a Mario Draghi a elaborar un informe sobre el presente y futuro de la competitividad europea. Se espera con mucho interés en Bruselas y el resto de las capitales europeas, por las estrategias que pueda plantear, que podrían ser una fuente muy interesante de debate en las próximas elecciones al Parlamento Europeo de primavera de 2024. Von der Leyen empleó en su rueda de prensa en la que anunció el encargo a Draghi en septiembre unas palabras que recuerdan a las del anterior presidente del BCE en julio de 2012 para salvar el euro: “Europa hará todo lo necesario para mantener su ventaja competitiva”. Las palabras de Draghi en 2012 fueron vitales en el corto plazo financiero mientras que las de Von der Leyen son fundamentales para el medio y largo plaza o del bienestar europeo. La Comisión Europea también ha solicitado un informe otro ex primer ministro italiano, Enrico Letta, sobre el estado del Mercado Único europeo, que también puede aportar mucha luz.

La Unión Europea parece enfrentarse a un dilema entre el mantenimiento de sus fortalezas —mercado único y libertad de movimiento de bienes, servicios, personas y capitales— y competir con Estados Unidos, China, y en los últimos años, con India. No es solamente en el ámbito industrial clásico, sino al menos igual de importante, en el tecnológico. Cuando se inició la era de las big tech, (Apple, Google, Meta, Microsoft, Amazon) al comienzo de siglo, no se reaccionó desde el Viejo Continente, no hubo homólogas a esas empresas en la UE. No estaba tan lejos una experiencia que resultó más positiva en Europa, como fue la creación de Airbus, que pasó a competir muy bien con las grandes incumbentes americanas de aquel momento (Boeing, McDonell Douglas), aunque se acometió vía subvenciones, lo que generó muchas tensiones con el Gobierno norteamericano y casi un guerra comercial. Era otra Europa, quizás con más visión, más apetito político, más beligerancia competitiva y de, si hacía falta, retorcer un poco las reglas, como siguen haciendo muchos de nuestros competidores globales. Ahora puede estar planteándose una nueva oportunidad con la inteligencia artificial. Europa cuenta con los recursos humanos, el acervo de conocimiento y recursos materiales. El proyecto debe contar con la escala suficiente para ser transformador. Y el enfoque regulador que se adopte —sin duda, muy importante en el desarrollo de la IA— será también determinante.

El problema de la escalabilidad puede ser uno de los obstáculos para el aumento de la productividad y el mantenimiento de la competitividad. ¿Cómo puede ser que un bloque como la UE con el nivel de renta y bienestar alcanzado, un mercado potencialmente tan fuerte, con un programa muy ambicioso de digitalización y sostenibilidad, con unos fondos Next Generation EU de 800.000 millones destinados a inversiones, tenga un futuro incierto en su competitividad? Esos ingredientes deberían ser suficientes. En la práctica no lo son. ¿Por qué? Sin duda, por la falta de unas políticas unificadas en el ámbito de la empresa a escala europea. Las ayudas de Estado se han multiplicado —con muchos excesos de algunos países, como Alemania y Francia— desde la pandemia y la guerra de Ucrania, con lo que han existido varias quiebras de esa unidad de mercado. Sin una política verdaderamente europea con amplio consenso de fomento de la actividad económica y empresarial, el declive relativo de la competitividad europea no cesará. Esta es una de las áreas en las que se debe actuar sin duda.

Por último, pero no menos importante, la regulación de las actividades digitales e intangibles en la UE —más garantista y más restrictiva que en EEUU o China— ha podido limitar la promoción de las mismas. Quizás hasta ahora, esa regulación garantista ha podido tener un trazo más grueso que el deseable. En el futuro, con el desarrollo de la IA en juego, sería bueno afinar más y poder compatibilizar las principales cautelas en la protección de datos y privacidad con un amplio desarrollo —esta vez sí— de las nuevas capacidades digitales que van a surgir, que serán un eje fundamental de crecimiento del futuro. Solo así, no se perderá una nueva oportunidad para mejorar la competitividad y poder continuar manteniendo el alto de bienestar alcanzado en Europa. Quedamos a la espera, Sr. Draghi.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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El futuro de Argentina ante unas elecciones inciertas

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Este domingo Argentina celebra elecciones generales. Trascendentales por su difícil y persistente situación. Si ninguno de los candidatos logra el 45% de los votos, algo bastante probable según las encuestas, habrá segunda vuelta el domingo 19 de noviembre. Centrando el tiro en la economía, décadas de políticas poco exitosas —por no poner otro calificativo—, explican dónde se ha llegado, con una inflación del 138% y gran volatilidad del cambio del peso con el dólar (que superó los 1.000 pesos hace poco, cuando en agosto estaba por debajo de 800). No son los únicos problemas, pero sí buen ejemplo de los enormes desafíos económicos. Desde mi viaje estival al país, he podido dialogar con algunos colegas argentinos. Con mayor detalle con el economista y novelista Eduardo Levy Yeyati, que también ha ocupado puestos relevantes en la gestión pública (por ejemplo, en el Banco Central de la República Argentina). También me he nutrido de declaraciones públicas de otros economistas. En estas líneas desgrano problemas y posibles soluciones, algunas propuestas en campaña electoral. El país del gran Jorge Luis Borges lleva decenios en un círculo vicioso. Para salir de esa pesadilla y pasar a virtuoso, hay mucho que reformar y cambiar. Es clave tomar decisiones valientes para alcanzar la estabilidad macroeconómica y aumentar la formalización de la economía.

Realizando un ejercicio de simplificación, los problemas-síntomas principales se pueden resumir en tres. El primero, un déficit crónico que impide que los gobiernos logren superávits primarios, lo que para la deuda implica impagos recurrentes y autarquía financiera. En segundo lugar, el denominado abuso de la moneda, por la insistencia en políticas expansivas e inflacionarias en años buenos. También por el recurso al impuesto inflacionario para financiar el déficit en años malos, que son la mayoría. El resultado es una presión cambiaria constante que lleva a controles de capitales y a dificultar las exportaciones, que agrava la escasez de divisas. Así surge la tradicional falta de apego de los argentinos a su moneda (el peso), que necesita estabilidad para poner precio a las cosas. El tercero es la creciente dualidad de la economía. Solo un 30% de los ocupados tiene empleo formal y permanente y un 37% de informalidad, que sube. Para hacer frente al primero de los problemas, habría que redoblar los esfuerzos para lograr un equilibrio fiscal primario. Para ello habría que racionalizar determinados subsidios (como energía o transporte), que alcanzan fundamentalmente a la clase media y alta, reducir exenciones y subvenciones a sectores protegidos, actuar contras las inadecuadas praxis de muchas empresas públicas y reducir las redundancias en el sector público. Estas medidas no deberían afectar la provisión de educación o sanidad, ni implicar necesariamente despidos, para evitar mayores males sociales en una sociedad agotada.

Para el segundo desafío, de naturaleza monetaria, es urgente dotar de completa independencia al banco central, que evite el mal uso del tipo de cambio como respuesta a todo. Para el tercero, en el ámbito laboral, hay que promover una eficaz formación continua con nuevas modalidades de contratación, facilitando la creación de empleo y la jerarquización del trabajo independiente, hoy mayormente precario.

La dolarización ha estado nuevamente sobre la mesa en la campaña electoral. Parece que los que la proponen han olvidado las terribles consecuencias económicas y sociales de lo acontecido en 2001, que llevó al corralito. La mayoría de los economistas considera que sería un grave error. Entre ellos, lo ha declarado públicamente el que fuera presidente del banco central, Martín Redrado (al diario El País, el pasado 4 de agosto). Es inviable con reservas netas negativas y sin financiación externa. Asimismo, generaría una brutal fragilidad para el sistema bancario argentino, sin un fondo de dólares líquidos que sirva de colchón. Incluso si ganaran los que proponen la dolarización, es muy probable que esa opción se deseche al poco tiempo por impracticable, lo cual podría generar mucha frustración entre los argentinos. Más aún si no hay un improbable plan B que sea eficaz y si no es capaz de compartir el proyecto de país con otras fuerzas políticas.

La modernización de la economía argentina precisa reformas transversales. En el mercado de trabajo, parece necesaria la introducción de puertas de entrada al empleo menos rígidas. También mejorar notablemente la productividad, especialmente la de los millones trabajadores subempleados. En el ámbito productivo, se deberían priorizar políticas horizontales que generen estabilidad económica. Claves son la reaparición del crédito, la simplificación de la maraña impositiva, la mejora de la conectividad física y digital, la eliminación de controles a las importaciones y de impuestos a las exportaciones y el reforzamiento de la competencia y de instituciones que la vigilen. Estas reformas deberían llegar antes de las políticas verticales específicas, por ejemplo, en renovables o procesos en línea con la agenda climática. En el ámbito internacional, Argentina tiene que buscar su hueco en un mundo que debate el futuro de la globalización. Debe dejar de perder oportunidades, retener talento —un gran volumen de expatriados, con sus ahorros y recursos— y de capacidades emprendedoras. Mercosur puede jugar un papel constructivo si se refuerza la integración, pero las dudas de Brasil no ayudarán a corto plazo. Es una baza por la que apostar una vez se superen las grandes dificultades del presente.

La agenda de política económica es enormemente desafiante para Argentina. Muchísimo en juego en estas elecciones. Con una estrategia que acierte, las enormes potencialidades del país y el gran margen para hacer reformas podría propiciar un rebote de su economía, desconocido desde hace décadas.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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Competencia global por el talento

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Uno de los factores clave de competitividad para cualquier país es la suficiente disponibilidad de recursos humanos para su sistema productivo que permita una senda de crecimiento y aumento del bienestar económico y social, en un contexto de sostenibilidad. A esos recursos cada vez más se denomina talento. Como dice una de sus las definiciones de la Real Academia de la Lengua: una especial capacidad intelectual o aptitud para el desempeño o ejercicio de una ocupación. Contar con suficiente talento para los proyectos empresariales es esencial. El problema se está dando en algunas industrias donde empieza a haber más ideas que gente para realizarlas. La globalización ha reducido o eliminado las barreras a los movimientos de trabajadores, especialmente de quienes tienen unas especiales capacidades. La pugna por el talento es casi global. Entre otras razones porque no abunda, particularmente para las nuevas actividades tecnológicas y de sostenibilidad. Hay una escasez importante en esas áreas y creciente competencia. Es una de las principales restricciones con que países y empresas van a tener que contar en sus proyectos más innovadores y rentables.

El World Talent Ranking 2023 del centro suizo IMD (International Institute for Management Development) analiza la situación y evolución del desarrollo de las competencias necesarias para que las empresas y la economía en su conjunto de un país estén en disposición de crear valor añadido a medio y largo plazo. En esta evaluación de 64 países juegan un papel muy importante la inversión en talento local, la atracción del talento foráneo cualificado y la disponibilidad de capacidades y competencias en conjunto de los recursos humanos. Europa ocupa el primer lugar entre los bloques regionales en ese ranking. Tiene ventajas en inversión en talento local y la disponibilidad de capacidades. Sin embargo, la desigualdad ha crecido después de la pandemia, destacando la creciente brecha de América del Sur con el resto del mundo. España ocupa el puesto 32 en esa clasificación, posición que no ha variado desde 2019. Mitad de la tabla. Ese puesto se ha mantenido gracias a la inversión en talento local. Pero hay que mejorar mucho en atracción de recursos humanos cualificados internacionales y en paliar los efectos de las carencias en competencias financieras y lingüísticas. Y eso que la calidad de vida favorece la “atracción” de talento cualificado.

Cada vez más voces autorizadas señalan la disponibilidad de talento como el factor productivo clave del futuro, desbancando a la energía, por ejemplo. Buena parte de las nuevas actividades económicas —por donde girará el crecimiento económico— están vinculadas a la digitalización y la sostenibilidad. Así, es conveniente contar con incentivos suficientes para retener el talento local, captar el internacional y ampliar nuestras competencias. La inmigración está ayudando y cuanto más cualificada esté, mayor será su contribución. Cualquier reforma del mercado de trabajo debe tener en cuenta esas necesidades. Aumentar la productividad para poder ofrecer salarios más atractivos y coadyuvar a un mayor crecimiento sostenible como eje central de cualquier cambio en el marco de relaciones laborales de nuestro país.

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Los desafíos de una economía resistente, pero con grandes debilidades estructurales

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Nuevamente, vuelvo a escribir el día después de unas elecciones generales sobre los deberes del próximo Gobierno. 1.351 días después del 11 de noviembre de 2019, el día después de aquellas votaciones, y tras una grave pandemia, la guerra cruenta en Ucrania y un brote inflacionario persistente. Casi nada. En aquel entonces vivíamos ignorantes de lo que se nos venía encima en 2020, casi veíamos el futuro con optimismo, tras haber alcanzado algo de estabilidad económica al final de una década —como la de 2010— que se inició turbulenta con los coletazos de la crisis financiera y el brutal impacto de las tensiones de la deuda soberana europea.

Hoy todo aquello nos parece muy lejos, aunque no hayan transcurrido ni cuatro años. Tras experimentar una recesión sin precedentes —de las más graves en toda la OCDE— a causa del Covid-19, la economía española se ha ido recuperando paulatinamente, a pesar del impacto de la inflación, los problemas de la cadena global de suministros y el conflicto bélico. Hasta tal punto que incluso tenemos sectores con sobrecalentamiento de demanda, como el turístico, que este año superará al del 2019. Nos olvidamos con frecuencia de nuestras fortalezas y la de los servicios ofrecidos a visitante foráneos, junto al consumo privado y las exportaciones, las que dan buenas noticias en la coyuntura económica, sobre todo si la comparamos con los principales países europeos, azotados por una inflación más elevada y una mayor debilidad en su crecimiento actual, incluso algunos en recesión.

Hay una resiliencia de la economía española en este entorno que puede sorprender, pero tiene otras muchas lecturas. En primer lugar, el país está cerca de los 21 millones de afiliados. Ha progresado notablemente en creación de empleo, aunque también se observe cierto agotamiento de este ritmo de creación de puestos de trabajo en los últimos registros estadísticos. La tasa de paro está en el 12,7% y, aunque sea un avance, solo nos recuerda que debemos perseverar en los esfuerzos, ver qué ha funcionado y qué no. No hay lugar para la complacencia, puesto que el desempleo sigue muy por encima de los promedios de la UE y porque el estructural se estima en un 8% y aún estamos a una distancia considerable del mismo. El paro entre menores de 25 años supera el 28%, un registro muy incómodo. Durante toda la legislatura ha estado presente, en diferentes formas, la cuestión de la temporalidad de los contratos. Es un debate necesario para comprender el funcionamiento de las instituciones laborales en España, que deja diferentes interpretaciones. Por un lado, la flexibilidad ha mostrado un cierto rédito en los últimos cambios del marco regulatorio. Sin embargo, se habla de reformas laborales con demasiada ligereza. Parece que los diferentes actores políticos tiran en distintas direcciones, al menos en las declaraciones públicas. Sin embargo, en la práctica, los avances en descentralización y simplificación de contratos han permitido crear empleo como nunca en España. Todo ello, sin despreciar los importantes detalles (o algo más que eso) que suponen otros avances, como las subidas del salario mínimo, aunque se pueda discutir su recorrido y temporalidad. Por lo tanto, convendría reconocer que en materia de empleo ha habido más consenso del que aparentemente trasluce. Y, para certificarlo, está la UE, fijando límites a lo que sí y no parece conveniente desmantelar, cambiar o proponer en materia de trabajo.

Otro de los grandes ejes de cambio debe ser, sin más demora, la transformación productiva. El país está abocado imperiosamente al aumento de la productividad que persiguen todas las economías avanzadas, tras la crisis (en sentido de cambio) productiva a la que lleva el cambio tecnológico. La última gran manifestación es la inteligencia artificial, un campo en el que España está en un curioso, pero potencialmente interesante lugar desde el punto de vista estratégico. Cuenta con talento y capacidad científica para progresar, pero requiere una apuesta mucho más decidida por la inversión —privada y pública— y gestión de la I D i. Hacen falta los incentivos necesarios.

En estos años, también, hay un legado importante de gestión de situaciones críticas inesperadas que han marcado la agenda y que continuará requiriendo esfuerzos y una importante y responsable gestión. Al igual que en las anteriores legislaturas la crisis financiera y la de la deuda soberana ponderaron de forma considerable en la capacidad de decisión y presupuestaria, la pandemia y la guerra de Ucrania han dejado algo más que un poso en el gasto público. Va a tocar ya revisar las reglas fiscales de la UE para retomar la senda de la disciplina y ajuste. Sin embargo, todavía están por ejecutar gran parte de los fondos destinados a transformación y resiliencia (Next Generation EU) que se comprometieron con el Covid-19. El semestre europeo, que España preside, tendrá que lidiar con este equilibrio entre el mundo fiscal expansivo y el más responsable.

No puede olvidarse, además, que el cambio ha sido también notablemente financiero y monetario, entre otras cosas, por el importante cambio de régimen en la inflación. Los años de la gran expansión cuantitativa han pasado. Esa gran acción monetaria comenzó a desmantelarse apenas hace un año en la eurozona, con las primeras subidas de tipos de interés. En los años anteriores, en un entorno de tipos de interés negativos, el Tesoro español se financió a coste casi cero o incluso negativo. Y, lo que es tanto o más importante, amplió los plazos de pago de la deuda. Sin embargo, ahora el coste financiero ha subido. Lo saben las familias y empresas. El futuro mayor coste financiero lo notarán también las arcas públicas. Más aún, cuando hay factores de gasto que amenazan la sostenibilidad de las cuentas del Estado en un entorno de envejecimiento poblacional y de aumento del gasto en pensiones y sanidad.

Finalmente, España tiene que dirimir claramente cuáles son esos factores diferenciales en este entorno de cambio de productividad. Se habla mucho de digitalización y de sostenibilidad ambiental. España ofrece obvias ventajas naturales para encabezar o estar entre la élite europea de energías limpias. El problema es que ha habido demasiados vaivenes en el pasado y, ahora, sin embargo, hay una sensación de inmediatez —aquí y en todos lados— que sugiere costes importantes a corto plazo. La estrategia energética debe ser una, consolidada y bien agendada.

En definitiva, el nuevo Gobierno no afronta retos necesariamente nuevos, pero sí más acuciantes que hace cuatro años, aunque partiendo de una coyuntura comparativamente benigna. En un entorno global de proteccionismo y riesgos ampliados, lo menos que se puede tener es una hoja de ruta firme.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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Tareas pendientes… otra vez

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El adelanto de las elecciones generales al 23 de julio altera –y de qué manera– la hoja de ruta política y económica de los próximos seis meses. Por un lado, se trunca la aprobación de leyes y normas que se habían anunciado, algunas muy esperadas. En el limbo más de sesenta proyectos que estaban en tramitación, así como ocho que ya estaban aprobadas por el Gobierno. La ley de familia, la de Equidad Sanitaria, la de Salud Mental o la del Cine son algunos ejemplos. Asimismo, es probable que tenga alguna incidencia sobre las principales iniciativas del segundo semestre, con la presidencia española de la UE. El país que la preside marca la agenda, y ahora se llena de incertidumbres.

La convocatoria electoral pilló a todos por sorpresa. Europa no fue excepción. Aunque no es la primera vez que se convocan unas votaciones en medio de la presidencia de un país, existen riesgos notables de que la potencia de las iniciativas quede desdibujada, con la incertidumbre y vicisitudes del proceso electoral y de transición al nuevo gobierno, sea del signo que sea. Algunas de las iniciativas son de gran relevancia en materia financiera, como los avances en la incompleta unión bancaria, algo por lo que nuestro país lleva tiempo pugnando. O el futuro despliegue de los fondos Next Generation EU. Sería conveniente que la presidencia española pudiera tener éxito. El país se juega su prestigio.

En cuanto a los desafíos de medio y largo plazo, se suele hablar poco de ellos, pero tienen que ser prioritarios para el gobierno que salga de las elecciones del 23-J. La baja productividad –problema que viene de largo– es uno de ellos, con numerosos temas sin resolver: bajos salarios, pérdida de renta real per cápita, capacidad de mejorar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Pesaditos somos los economistas con ello, pero está pendiente. Todo gobierno debe tener una agenda social ambiciosa, pero también económica, que mejore las bases de competitividad del país. Llevamos casi dos décadas con serias disfuncionalidades de algunas de nuestras instituciones económicas, como el mercado de trabajo, los incentivos y la innovación. No es tarde. Con la productividad se puede, poco a poco, mejorar la renta de los españoles y el Estado del bienestar. Los retos se acrecientan con el envejecimiento de la población. Si se pone la palabra productividad en la agenda política, se habrá logrado mucho. La dialéctica facilita llegar a los hechos. Permitiría un crecimiento sólido e ir suavizando las tensiones de la deuda pública o la sostenibilidad de las pensiones. Quedarán pendientes problemas como la vivienda para el que hará falta tiempo para ampliar el parque existente, sobre todo de alquiler, para que aumente la oferta y no se encarezca más. Cuesta al principio, pero mejora el bienestar de todos.

Esta entrada se publicó inicialmente en el diario La Vanguardia

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El auge internacional de la economía española

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La posición internacional de la economía española está experimentando una mejora notable —una tendencia que, de afianzarse con inversiones, reformas y un esfuerzo de contención de la inflación subyacente podría abrir una nueva etapa en nuestro desarrollo—. La manifestación más visible de este cambio es el sorprendente crecimiento de las exportaciones: cuatro de cada diez euros generados por la economía española provienen de la demanda externa, un 20% más que antes de la pandemia, y un 60% por encima del nivel anterior a la crisis financiera.

La tendencia no se desmiente pese al debilitamiento global en marcha. En 2022, con datos hasta noviembre, las ventas de mercancías en el exterior registraron un incremento apabullante del 24% —la mejor marca entre los grandes países de la Unión Europa— mientras que las exportaciones de servicios tuvieron un comportamiento aún más dinámico. Todo ello redunda en una progresión de la cuota de nuestra economía en el mercado global, avalada por la entrada de un volumen ingente de capital extranjero con fines productivos (más de 33.000 millones de euros hasta octubre en términos de inversión directa internacional, es decir, excluyendo los flujos de capital financiero).


El tirón exportador ha permitido amortiguar el impacto del shock energético y de su corolario en términos de encarecimiento de las importaciones. El resultado es que España es una de las pocas economías de la zona euro que ha conseguido mantener un superávit externo. Solo nos acompañan en ese ranking otros seis países, entre ellos Alemania, si bien en este caso con un excedente en fuerte contracción. A la inversa, Italia ha entrado en números rojos por primera vez en el último decenio y Francia ha agravado su ya abultado déficit.

Además, el comercio se está diversificando. Aparte de los sectores tradicionales como la industria agroalimentaria, la automoción y el turismo, que mantienen una presencia internacional relevante, destaca la pujanza de las exportaciones de medicamentos, bienes de equipo, energía y servicios profesionales.

Es pronto para determinar si la tendencia es sostenible en el tiempo, pero la moderación de los costes laborales unitarios registrada en los últimos años apuntaría en esa dirección, al menos a corto plazo. A este factor se añade ahora la ventaja de costes energéticos que entraña la disponibilidad de una potente infraestructura de gas licuado (de ahí el abaratamiento del precio del gas en el mercado ibérico Mibgas, en relación al europeo TTF), junto con el despliegue de inversiones en energías renovables. Por otra parte, algunos sectores como la farmacia se están beneficiando del acortamiento de las cadenas de suministro en reacción a los fenómenos de escasez generados por la pandemia. La intensificación del comercio entre España y otros países europeos también evidencia el giro hacia una “regionalización” de los intercambios, con múltiples beneficios para la economía española.

Estos resultados, si bien positivos, no están sin embargo traduciéndose hoy por hoy en una elevación paralela de las cotas de bienestar para la mayoría de las personas. La renta per capita, por ejemplo, se sitúa todavía por debajo del nivel prepandemia. Y en lo que va de siglo ha retrocedido en comparación con la media europea. Un ingrediente crucial para impulsar la convergencia hacia las sociedades más exitosas es la productividad, otro la creación de empleo de calidad, de ahí la importancia de una buena ejecución de los fondos europeos, de las reformas y de la modernización de la gestión empresarial. Sin duda todo ello llevará tiempo, y entre tanto será necesario preservar el plus competitividad, algo que pasa por prevenir la pugna entre márgenes y salarios en su afán por recuperar el poder adquisitivo perdido. Por tanto, el barómetro a vigilar en el año que se inicia será el IPC subyacente, y el legado del que se cierra: un preocupante 7%.

IPC | La desescalada del IPC se afianza gracias a la moderación de los precios energéticos, más acusada en España que en la mayoría de países europeos. En diciembre la tasa interanual armonizada se situó en el 5,5%, el mejor resultado de la eurozona donde el IPC creció una media del 9,2%. Sin embargo, la tasa subyacente registró un repunte hasta el 7%, una décima por encima de la media de la eurozona. Esta evolución refleja sobre todo el encarecimiento de los alimentos elaborados (16,4% en España versus 14,3% en la eurozona). 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Empleo: balance de 2021 y perspectivas para 2022

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Sin duda el año 2021 ha sido excelente desde el punto de vista del empleo. Y no solo por la intensa contratación pública: en el sector privado no agrícola, el número de afiliados a la Seguridad Social supera desde noviembre el nivel previo a la pandemia. Este crecimiento del empleo privado se concentró en la segunda mitad del año, y ha mantenido mes tras mes un extraordinario vigor. Si bien no hay que olvidar que al final de diciembre todavía había 122.000 trabajadores en situación de ERTE (de los cuales 102.000 estaban ligados al Covid-19, y una parte importante del resto procedía del sector de automoción debido a los problemas de suministros) a los que se suman 108.000 autónomos con prestación, es decir, aún había más de 200.000 afiliados con una actividad nula o reducida. De modo que en términos efectivos aún no se ha alcanzado el nivel de empleo privado prepandemia.

Pero esto no resta valor a los resultados. Así, entre junio y diciembre, el incremento medio mensual de la afiliación —siempre del sector privado no agrícola, y con cifras corregidas de estacionalidad— ha sido de 112.000, mientras que, por ejemplo, en 2017, que fue el año en el que más empleo se creó después de la crisis financiera, el incremento medio mensual fue de 45.000. En el mes de diciembre se observó una ralentización, con el crecimiento más bajo de todo ese segundo semestre, 60.000 nuevos afiliados, pero, como vemos, aún se trata de una cifra notable en perspectiva histórica. Resulta incluso sorprendente que la ralentización no haya sido más acusada, si tenemos en cuenta las enormes incertidumbres y obstáculos que han pesado sobre la economía en los últimos meses del año: fuerte encarecimiento de los costes de producción —por el incremento de los precios de la energía, de las materias primas y del transporte marítimo—, escasez de componentes, adopción de nuevas restricciones en toda Europa tras la aparición de la variante Ómicron, las incertidumbres ligadas a la propia pandemia y las incertidumbres regulatorias relacionadas con la reforma laboral.

Uno de los rasgos más desconcertantes del comportamiento de la economía española en 2021 ha sido, como es sabido, la desconexión entre el notable incremento del empleo y el mucho más discreto ascenso del PIB. El empleo, medido en número de afiliados en términos efectivos —es decir, teniendo en cuenta la incorporación de ERTEs y autónomos con actividad reducida— creció en torno al 8,8%. Si lo medimos en horas trabajadas, el crecimiento puede haber sido, a falta de conocer datos completos del cuarto trimestre, de en torno al 7,5%. Todo ello frente a un avance del PIB que apenas alcanzará el 5%. Ello implica una caída de la productividad por hora trabajada para la cual no existe una explicación clara, más aún teniendo en cuenta que este fenómeno no se ha producido en los países de nuestro entorno.

Asumiendo que no se está infraestimando el cálculo del PIB, una posible explicación de carácter general —puede haber otras explicaciones más específicas para actividades concretas— podría ser que las empresas de los sectores más afectados, solo para poder funcionar, necesitan a un número de trabajadores prácticamente igual al de antes de la pandemia, aunque su número de clientes sea todavía muy inferior. Otra explicación complementaria es que hayan decidido recuperar toda, o prácticamente toda, su plantilla con la expectativa de un pronto retorno a niveles previos de actividad.

Si esto fuera así, podemos pronosticar que el ritmo de crecimiento del empleo se va a reducir drásticamente en 2022, y va a ser notablemente inferior al del PIB. Es decir, va a ocurrir justo lo contrario a lo de 2021. Las empresas no necesitarán más personal a medida que recuperen el nivel normal de actividad, puesto que ese personal ya habría sido incorporado previamente, conforme a la interpretación anterior.

Además, cuando en primavera finalicen las medidas adoptadas al inicio de la pandemia para proteger a las empresas más afectadas —moratorias, plazos de carencia en préstamos ICO, ERTEs—, algunas empresas que han sido zombificadas no volverán a la actividad, y muchas otras lo harán con un nivel inferior al previo a la crisis, ya que hay sectores, como los más ligados al turismo, que van a tardar mucho tiempo en recuperar sus clientes. Habrá, por tanto, trabajadores en ERTE que perderán definitivamente su empleo, lo que ralentizará aún más el crecimiento del empleo.

De este modo, con un crecimiento del empleo notablemente inferior al del PIB, la economía recuperaría la productividad perdida durante la pandemia. Si no fuera así, si el crecimiento del PIB este año estuviera acompañado de un crecimiento del empleo en proporción semejante a la del año pasado, o incluso si el empleo creciera en línea con su elasticidad habitual con respecto al PIB, habríamos sufrido una caída brusca y permanente en el nivel de productividad, y este sí que sería un fenómeno muy difícil de entender.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El Periódico de España.

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Flexibilidad interna en el ajuste de las empresas españolas a la crisis de la COVID-19

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Las ayudas laborales y financieras a las empresas para hacer frente a los efectos de la pandemia han tenido como objetivo preservar la capacidad operativa de las empresas viables durante los peores momentos de la crisis sanitaria para, así, cuando las señales de mejora de la actividad cambiasen, poder recuperar los niveles prepandémicos de producción lo antes posible. A través de los programas ERTE, el estado ayuda financieramente a las empresas a mantener en situación de empleados a trabajadores desocupados por falta de carga de trabajo, y mediante los créditos con aval ICO, se proporciona la liquidez necesaria para hacer frente a la parte no subsidiada del coste laboral y a otros gastos fijos de la actividad empresarial.

Las medidas de política económica dirigidas a mantener la capacidad productiva de las empresas —incluido el número de trabajadores en nómina— en momentos de fuerte contracción de la demanda son inéditas en España. En crisis anteriores, cuando se contrae la demanda, las empresas españolas reducen capacidad productiva con cierres, desinversión en capacidad productiva y despidos. Utilizan el mercado de trabajo para ajustar su nivel de ocupación (lo que se conoce como flexibilidad externa) y hacer frente a las contingencias de la demanda. Ahora, en cambio, se han ensayado medidas de flexibilidad interna —utilizar la organización y mantener el empleo— y, a cambio, recibir ayudas del gobierno para compensar la falta de ingresos por la reducción de las ventas de bienes y servicios.

El gráfico 1 ofrece una aproximación de la evolución trimestral de la productividad aparente del trabajo, medida a través de la ratio VAB/gastos de personal, durante la Gran Recesión y la crisis de la COVID-19, bajo el supuesto de un coste laboral real estable.

Nota: El valor de las variables utilizadas en el cálculo de la productividad aparente (valor añadido bruto en el numerador y gastos de personal en el denominador) se han transformado, previamente al cálculo del cociente, en medias móviles de cuatro trimestres, terminando en el trimestre de referencia. Los costes de personal no incluyen la parte de coste laboral que cubren las ayudas de los ERTE.

Fuente: Elaboración propia a partir de Contabilidad Nacional: Cuentas trimestrales del sector institucional de las sociedades no financieras.

Las tendencias de signo opuesto de las líneas representadas en el gráfico ponen de manifiesto el contraste entre la respuesta a la crisis financiera y la respuesta a la crisis de la COVID-19 por parte de las empresas en España. Se observan dos trayectorias diferenciadas con efectos de signo distinto sobre la productividad aparente del trabajo en un periodo y en otro. Durante la crisis financiera y económica de 2009, en el periodo de mayor descenso en la actividad, la productividad aparente del trabajo sigue una tendencia creciente, que prolonga una trayectoria del mismo signo en los trimestres precedentes. Por el contrario, durante la crisis de la COVID-19, en los trimestres de contracción de la actividad, la productividad aparente del trabajo muestra un marcado retroceso, continuación de un periodo de notable estabilidad en la evolución de la variable en los trimestres anteriores. En la crisis financiera, la productividad aparente del trabajo se estabiliza a partir del trimestre cinco contando a partir del trimestre de referencia; durante la crisis por la pandemia de la COVID-19, el primer signo de cambio en la tendencia en la evolución de la productividad aparente del trabajo se produce a partir del segundo trimestre de 2021, cuando las tasas de crecimiento interanual por trimestres de actividad vuelven a valores positivos, después de varios trimestres en negativo.

El comportamiento procíclico de la productividad aparente del trabajo en las empresas españolas durante la crisis de la COVID-19 rompe con el rasgo diferencial de una productividad laboral contracíclica, y homologa el comportamiento de la productividad laboral con el que se observa entre las empresas de otros países del entorno como Alemania. Esta similitud del comportamiento de la productividad laboral es el resultado de adoptar unas respuestas similares de flexibilidad interna a las que se venían aplicando en los países de nuestro entorno. La flexibilidad interna significa también un aumento en la parte fija del coste laboral que soportan las empresas. Esto se traduce en un mayor (menor) peso de los gastos de personal (beneficio bruto de explotación) en el valor añadido bruto y, por tanto, en una mayor absorción de los riesgos por la volatilidad del ciclo económico por parte de los accionistas de las empresas y menor por parte de los trabajadores y del sistema público de protección del empleo.

Desde una perspectiva microeconómica, surge una cuestión de interés: ¿podemos reconocer en esta evolución de la productividad un cambio en el comportamiento de las empresas españolas que han comenzado a valorar con más interés el papel de los recursos humanos en la organización? Es pronto para interpretarlo de esta manera. Sin duda los programas de ayuda pública puestos en marcha —ERTE y créditos ICO— han contribuido a desarrollar un aprendizaje sobre cómo transitar por la crisis con mayor flexibilidad interna y menos despidos y pérdidas de capital humano. Pero para avanzar en esta dirección de forma más robusta, las empresas españolas, en sus estrategias y organización, deben ser capaces de reconocer la importancia del factor humano, su educación, compromiso y experiencia como activo estratégico fundamental para transitar con éxito en mercados cada vez más competitivos. Además, las ayudas públicas al mantenimiento del empleo deberán complementarse con programas de formación en las empresas que ayuden a impulsar el despliegue e incorporación de nuevas tecnologías y modelos organizativos avanzados, de los que tan necesitadas se encuentran muchas empresas españolas.Comprar Reseñas google

Desde un enfoque macroeconómico, la estabilización del empleo tiene como objetivo final suavizar la evolución de los ingresos y la demanda agregada, para favorecer un rápido crecimiento de la actividad con el cambio de fase. Esperemos que, efectivamente, sea así y que la recuperación de la actividad de las empresas en España siga la estela de la del resto de empresas de su entorno.

Esta entrada procede de un análisis más amplio sobre la evolución comparada de la actividad de los sectores institucionales de la economía española en la crisis de la COVID-19, disponible aquí.

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La anomalía estadística española

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Si la tasa de crecimiento del PIB en el segundo trimestre fue decepcionante, la del tercero tampoco ha cumplido con las expectativas. Se esperaba que el rebote posterior a la finalización de las restricciones ligadas al estado de alarma, que no se reflejó en las cifras de PIB del segundo trimestre —a diferencia de lo sucedido en el resto de países de la zona euro—, se observaría en el tercero, lo cual implicaría un crecimiento del orden del 3%. Sin embargo, no superó el 2%, una cifra que en una situación normal sería espectacular, pero en el contexto actual de reapertura de la economía es escasa, más aún tras el pobre resultado del segundo trimestre.

Lo más destacable, en un sentido negativo, ha sido el comportamiento del consumo y de la inversión en construcción de nueva vivienda. La primera variable sufrió un retroceso, a pesar de que la positiva evolución del turismo interior durante el verano, en que llegó a superar los niveles prepandemia, hacía esperar un resultado mucho más favorable. Aún no hay datos sobre el comportamiento de esta variable para la mayoría de países de la eurozona en el tercer trimestre, pero en el segundo España era uno de los que más lejos se encontraban de los niveles precrisis, y probablemente en el tercero esta distancia se ha ampliado. 

En cuanto a la inversión en vivienda, ha encadenado cuatro trimestres consecutivos con caídas comparables a la registradas tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. La evolución tan negativa de este componente de la demanda es una auténtica anomalía en el contexto europeo, y contrasta con la bonanza por la que atraviesa el sector inmobiliario, con cifras de ventas de viviendas que ya han superado las anteriores a la pandemia, y que se sitúan en el punto más alto desde comienzos de 2008. El crédito nuevo para la compra de vivienda también se encuentra en el mejor momento de la última década, con un saldo medio mensual en lo que llevamos de año un 34% superior al saldo medio de 2019.

Con una demanda nacional muy débil, el crecimiento en el trimestre procedió, básicamente, del sector exterior, y más concretamente del turismo internacional, que recuperó cerca del 50% del nivel previo a la crisis. 

La recuperación del empleo en el tercer trimestre, medido en términos de número de horas trabajadas tal y como lo recoge la contabilidad nacional, también decepcionó. No obstante, en el conjunto del periodo transcurrido desde la reapertura post-Covid, esta variable ha mostrado un dinamismo superior al del PIB, lo que implica una caída de la productividad por hora trabajada: en el tercer trimestre esta era un 3,2% inferior a la anterior a la pandemia, otro fenómeno anómalo en el contexto de la eurozona, donde todos los países salvo Portugal registraban —a la altura del segundo trimestre, que es para el que hay datos completos— una productividad por hora trabajada superior a la prepandemia. Esto sería lo que cabría esperar por un efecto composición: las actividades donde mayor es la brecha con respecto a antes de la crisis —hostelería, comercio— son las de más baja productividad, de modo que el efecto sobre la media del conjunto de la economía debería ser una elevación de la misma. 

Esta desconexión entre empleo y producto es especialmente acusada en la construcción, donde la caída de la productividad con respecto al cuarto trimestre de 2019 alcanza nada menos que el 12%, y en actividades profesionales, con un descenso de casi el 16%, datos ambos profundamente discordantes con lo que se observa en el resto de la eurozona. 

Si las cifras publicadas por el INE se confirman, el crecimiento de la economía española no superará el 4,5% en 2021, por debajo de lo que se espera para la zona euro. Y ello pese a haber sufrido una caída más profunda en 2020, lo cual, de no darse en la economía española ningún factor extraño, debería haber dado lugar a un crecimiento mayor, ya que el efecto rebote en el momento de la apertura de la economía también habría sido mayor. Incluso con una pérdida de PIB al final del periodo, en comparación con 2019, de mayor magnitud que en el resto de Europa, debido a nuestra mayor dependencia del turismo internacional, la variable económica que probablemente más tiempo va a tardar en regresar a los niveles prepandemia. Esas eran las expectativas que todos los analistas y organismos nacionales e internacionales manejaban desde el principio de la crisis.

En suma, la recuperación de la economía española muestra rasgos insólitos en comparación con otros países sin que exista una explicación evidente para ello, y algunas incoherencias con la evolución de ciertos indicadores. No debemos olvidar, en cualquier caso, que las cifras de contabilidad nacional pueden sufrir modificaciones sustanciales en revisiones posteriores, de modo que por el momento debemos tomarnos todos estos resultados con cautela.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El Periódico de España.

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Empresas que contratan pero no invierten

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Tras el golpe asestado por la pandemia, se esperaba un fuerte rebote de la inversión productiva, y a la vez escasos avances en el mercado laboral, por el riesgo de expulsión de trabajadores en ERTE. La realidad está siendo distinta: mientras que la afiliación a la Seguridad Social se dispara, la inversión total ha caído cerca de un 1% y se sitúa todavía en fuerte retroceso en relación a los valores precrisis (con datos de formación bruta de capital fijo hasta el tercer trimestre). El resultado ha sido similar en Alemania, pero contrasta con el auge inversor en Francia ( 3%), y sobre todo en Italia ( 6,7% ya acumulados durante la primera parte del año). 

Fuentes: Eurostat, Markit Economics y Funcas.

Conviene interpretar los datos con cautela por la disrupción generada por la crisis en el aparato estadístico. Por ejemplo, la caída de la inversión en construcción estimada por el INE contrasta con los datos disponibles a partir de otras fuentes, como las cuentas de los hogares, elaboradas por el mismo INE. Pero preocupa el relajamiento del esfuerzo de equipamiento, precisamente en el momento que más se necesita para hacer frente a los cuellos de botella que se ciernen sobre el tejido productivo. Los indicadores de coyuntura para octubre muestran que los desfases en la entrega de suministros clave no cesan. De ahí la escalada de los precios pagados por las empresas (en octubre los PMI de costes de producción se situaban en máximos en la industria y su alza parece imparable en los servicios). 

La inversión es también vital para sacar partido de la mutación tecnológica en marcha, e incrementar la productividad. Los datos de empleo apuntan a un cambio acelerado: en los sectores más digitalizados como la logística, los servicios profesionales o la producción de nuevas tecnologías, la afiliación supera ya ampliamente los niveles precovid (por ejemplo, el número de afiliados en “programación, consultoría, y otras actividades informáticas” ha crecido un 15% desde octubre de 2019). Asimismo, los sectores de gestión de residuos, energías renovables y todo aquello que está asociado a la lucha contra la degradación del medio ambiente registran un ritmo elevado de creación de empleo (un vigoroso 2,5% en dos años para el conjunto de esos sectores). Otras ramas como el comercio minorista, sin embargo, siguen deprimidas.      

Sorprende que el contexto de bajos tipos de interés y el Next Generation, unido a las perspectivas generales de demanda, avaladas por unas carteras de perdidos desbordantes, no hayan animado más la inversión. Asimismo, el sólido excedente de los intercambios con el exterior es una señal inequívoca de la competitividad de la economía española, incluso en un entorno tan complejo como el actual. 

Si los estímulos no funcionan es en parte por el inicio renqueante del Plan de recuperación: se pronosticaba un fuerte empujón a la inversión pública y privada, pero la perspectiva de ejecutar los 27.000 millones de euros presupuestados se aleja. Las convocatorias iniciadas por la administración central llegan a cuentagotas, sin duda por la complejidad de la metodología. Francia e Italia han optado por procedimientos más agiles y sencillos de ventanilla, que explican el auge de la inversión. La nuestra ha descendido (con datos hasta agosto) y la Airef no vislumbra un cambio de tendencia antes de finales de año. Resulta llamativo el retraso de las convocatorias relativas al vehículo eléctrico, tal vez el proyecto estrella del Plan. 

Es probable que muchas empresas, ante la eventualidad de participar en proyectos respaldados por los fondos europeos, hayan adoptado una actitud expectante, y que ésta frene la inversión privada. Otro factor es la tensión en los mercados energéticos y su acusada volatilidad, ese hecho diferencial de nuestra factura eléctrica. En suma, la economía española posee los mimbres para una fuerte recuperación. Y, si bien el entorno geopolítico y sanitario es muy incierto, las claves del despegue se encuentran todavía en nuestro cuadro de mandos. 

AFILIACIÓN | El número de afiliados a la Seguridad Social ascendió en septiembre a 19,5 millones, un aumento de 57.000, muy superior al habitual en un mes de septiembre. El número de trabajadores en ERTE al final del mes ascendió a 239.000, y el de autónomos con prestación a 226.000. Con estas cifras, la afiliación recupera su nivel precrisis en términos brutos –si bien en términos desestacionalizados y descontando los trabajadores en ERTE y los autónomos con prestación, todavía persiste un déficit de 415.000 empleos. Eurostat también apunta a un fuerte descenso del paro. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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