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El modelo productivo español

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El cambio de modelo
productivo es un tema recurrente del debate económico español. En comparación
con los principales socios comunitarios, el crecimiento se ha caracterizado por
una volatilidad excesiva, una baja productividad y un paro elevado, todo ello
redundando en una renta per capita languideciente, y motivando el
cuestionamiento de los cimientos sobre los que asienta nuestra economía.   

Más recientemente la voluntad de cambio se ha visto respaldada por el maná de los fondos europeos. Y efectivamente algo parece estar cambiando: tras la sucesión de varias crisis en un espacio de tiempo muy corto, se detectan señales de mejora del modelo. Sin embargo, la transformación como tal sigue siendo una tarea pendiente.

La diversificación de la estructura productiva, que se traduce en una menor dependencia del binomio construcción-turismo, es una de las principales evoluciones. Para una economía abierta como la española, disponer de varios polos fuertes de competitividad es una ventaja. A este respecto el comportamiento de los servicios no turísticos, la expansión de las energías renovables y la relativa resistencia de la industria en comparación con otros socios europeos garantizan una mayor resiliencia ante posibles shocks que en épocas anteriores. Además, el crecimiento es más robusto que en los ciclos expansivos precedentes, ya que se basa en un sólido excedente externo y no está sostenido por una burbuja financiera, ni empresas zombies que sobreviven con crédito ultra barato. El mercado laboral parece funcionar de manera menos ciclotímica, asemejándose al resto de Europa, si bien con un desempleo estructural a todas luces excesivo.

Frente a estos avances, la principal característica del modelo productivo se mantiene, o incluso se ha agudizado: la economía crece principalmente incorporando fuerza laboral, y de manera residual elevando la productividad, o disminuyendo drásticamente el desempleo estructural. Se puede incluso decir que nuestro modelo aditivo se ha perfeccionado, a tenor de la entrada de más de medio millón de trabajadores extranjeros estos últimos dos años. 

Los datos más recientes ofrecen pocas novedades: si bien la inversión productiva o en equipamiento, variable clave para desatascar la productividad, registra un repunte, sigue rezagada en relación a los niveles prepandemia. Desde 2015 la inversión ha crecido apenas un 9%, menos que los otros componentes del PIB, y también por debajo de los registros de otros países europeos. Por ejemplo, en Suecia, uno de los países punteros en términos de productividad, la inversión productiva se ha incrementado un 27% durante el mismo periodo. 

Las empresas españolas disponen de excedentes, que sin embargo no se utilizan plenamente para ensanchar la capacidad productiva. La renta disponible de las corporaciones (variable que se obtiene restando del excedente de explotación los pagos por intereses, dividendos e impuestos) se ha incrementado más que la inversión, dejando a las empresas un importante margen para desendeudarse o acumular activos. Dicho ahorro financiero equivale al 12,6% de la renta disponible, superando los registros de todos los otros grandes países europeos. Por el contrario, en Suecia el volumen de inversión excede la renta disponible de las empresas, de modo que éstas recurren a la financiación externa en vez de acumular activos financieros o desapalancarse.

El volumen de ahorro financiero podría estar moderándose, a tenor de las cuentas de las empresas del primer trimestre. La deuda ha caído hasta los niveles reducidos de principios de siglo, de modo que para muchas corporaciones tiene más sentido invertir en el negocio en vez de seguir devolviendo préstamos. La perspectiva de un descenso de los tipos de interés aceleraría este proceso, estimulando la inversión. El ligero repunte de la demanda de crédito detectado por el Banco de España en su última encuesta es otra señal. Con todo, de momento, no se percibe un punto de inflexión en el modelo productivo, ni un salto cualitativo como consecuencia de los fondos europeos. 

 INVERSIÓN | Según las cuentas financieras del primer trimestre de este año, las corporaciones dispusieron de una capacidad de ahorro equivalente al 3,6% del PIB (sumando el ahorro neto y las transferencias de capital). El excedente se destinó solo en parte a incrementar la inversión productiva: la formación de capital alcanzó el 61% del ahorro disponible. El resto de ese ahorro sirvió para reducir pasivos, principalmente devolviendo préstamos, o acumular activos financieros, representando el 22% y el 17% del excedente disponible, respectivamente. Entre los activos financieros más demandados destacan el efectivo y los depósitos.  

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Cambio en la fisionomía de la economía española

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El auge del turismo, con los beneficios que acarrea y también las externalidades para las poblaciones residentes, ha sido una de las sorpresas más comentadas este año. Sin embargo, la verdadera novedad está protagonizada por los servicios no turísticos de mercado, un sector que agrupa actividades profesionales, científicas, técnicas, financieras, de información y comunicaciones, entre otros.

En los últimos cinco años, el valor añadido de este agregado escaló nada menos que un 12%, frente al 8,3% de las ramas más estrechamente asociadas al turismo, es decir comercio, transporte, hostelería y restauración (con cálculos realizados comparando el primer trimestre de este año con el mismo periodo de 2019). Por comparación, el valor añadido de la industria manufacturera se incrementó un escaso 2,8%, un resultado todavía favorable en comparación con otras economías europeas.  


El impacto en el mercado laboral es notable: el sector de servicios no turísticos es responsable de uno de cada tres empleos nuevos generados desde 2019, y su expansión no parece detenerse a tenor de los recién publicados resultados de la afiliación.   

El tirón obedece en parte
a un cambio más o menos coyuntural de las pautas de consumo, pero también la posición
competitiva del sector, factor mucho más fundamental. Año tras año, las
empresas españolas especializadas en estos servicios ganan cuota en los
mercados internacionales, de modo que las exportaciones netas, o balanza, se ha
aupado hasta el 2,3% del PIB, el doble que hace una década. La balanza del
turismo, por su parte, arroja un resultado incluso más positivo pero no muy
distinto de la media histórica.  

En suma, todo apunta a
que estamos ante un cambio en la fisionomía del tejido productivo, fruto de la
expansión de un sector que tiene la ventaja de complementar los pilares
tradicionales de la economía española, sin expulsarlos (ausencia de efecto crowing
out
).

Esta revolución
silenciosa tiene implicaciones relevantes para la política económica. En primer
lugar, una mayor integración europea de los mercados de servicios sería
especialmente beneficiosa para las empresas españolas que gozan de un posicionamiento
competitivo favorable. Si bien los productos industriales circulan libremente
entre los países miembros, el comercio de servicios se enfrenta a numerosas
barreras técnicas, fiscales y regulatorias, dificultando la eclosión de
campeones europeos, según el informe Letta, y frenando el crecimiento de
economías como la nuestra que poseen una ventaja comparativa en este sector.

Por otra parte, los servicios no turísticos adolecen del mismo problema de bajo crecimiento de la productividad que el resto de la economía. Algunas de estas ramas, como las actividades profesionales y científicas presentan un nivel elevado de productividad, pero no otras, caso de los servicios inmobiliarios. Y, en su conjunto, la productividad apenas ha avanzado en la última década (habiéndose incluso reducido ligeramente desde la pandemia), a diferencia de la industria manufacturera, pionera en materia de robotización y automatización. El déficit de inversión empresarial incide aquí, como en el conjunto de la economía. 

Con el despliegue de la
inteligencia artificial es probable que afloren mejoras de la productividad,
con impactos de gran magnitud en el empleo y la competitividad del sector. Pero
sabemos que el efecto positivo de la tecnología en términos de productividad no
es automático: mucho depende de la adaptación de las políticas y de las
prácticas empresariales. A este respecto, el desarrollo de programas de
formación en la utilización de las nuevas tecnologías sería de gran ayuda para
mantener la posición competitiva del sector, y al tiempo mejorar la gestión
empresarial y la calidad del empleo, factores todos ellos que favorecen la eficiencia
productiva. Pensemos, por ejemplo, en la investigación farmacéutica, para la
cual España posee importantes nichos de ventaja comparativa.

La expansión de los
servicios no turísticos ha aportado una diversificación saludable, pero no
resuelve los déficits de inversión, productividad y salarios que todavía
lastran la economía española.          

VIVIENDA| Distintos análisis muestran que el principal factor que explica la escasez de vivienda es el débil crecimiento de la construcción residencial tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. En los dos últimos años se han construido menos de la mitad de viviendas de lo que sería necesario habida cuenta del crecimiento poblacional, agravando el problema de escasez. Funcas prevé un crecimiento de la inversión en construcción del 2,9% en 2024, medio punto más que en los dos últimos años, siendo este todavía un repunte insuficiente para contener el déficit habitacional.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Las cooperativas, una forma singular de hacer empresa

En 2023, casi 19.000 empresas estaban inscritas como sociedades cooperativas en España, lo que representaba el 0,6% de los casi tres millones y medio de empresas activas en España[1]. A pesar de su reducida importancia numérica, su evolución muestra una notable estabilidad tras el final de la crisis financiera de 2008-2013, desafiando los muchos y variados impactos que ha sufrido la economía española (gráfico 1). Además, desde los años previos a la pandemia y con la sola excepción de 2020, el ritmo anual de creación de cooperativas se ha mantenido en un rango muy estable (gráfico 2). Sin embargo, esta estabilidad contrasta con la evolución de la cifra total de empresas activas, que ha seguido una tendencia ascendente desde 2014 (gráfico 1), de forma que la participación de las sociedades cooperativas en el conjunto del sector empresarial español ha caído levemente del 0,7% al 0,6%.


En 2023 se registraron 1.475 nuevas sociedades cooperativas en la Seguridad Social, de las cuales el 78% eran cooperativas de trabajo asociado; es decir, sociedades formadas por profesionales que se unen para gestionar conjuntamente el trabajo que llevan a cabo. El resto estaba formado principalmente por cooperativas de vivienda (11%) y de consumidores (6%) (gráfico 3). Ese año, el número medio de socios en las nuevas cooperativas fue de 4,1, y en las de trabajo asociado, de 2,8[2]. De entre las cooperativas activas, una de cada cinco (21%) carece de asalariados, y casi dos de cada tres (64%) tienen menos de 10 empleados (gráfico 4). Se trata, por tanto, de un tipo de sociedad utilizada, sobre todo, en microempresas.


Si bien se echan en falta datos oficiales recientes acerca del empleo total que generan las cooperativas en el conjunto de España, las cifras de la Seguridad Social correspondientes a 2020 apuntaban entonces a niveles próximos a los 280.000 trabajadores, una cifra no desdeñable[3]. Con todo, el verdadero valor añadido de las cooperativas radica en la calidad del empleo que ofrecen a sus socios y en lo característico de su forma de gobierno, participativo y democrático.

La Encuesta de Población Activa revela la presencia predominante de varones de origen nacional entre los cooperativistas, y permite concluir que los dos grandes colectivos que se han incorporado en las últimas décadas al mercado laboral aún no lo han hecho en la misma medida a las sociedades cooperativas. En efecto, entre los miembros de cooperativas solo tres de cada 10 son mujeres (30,5%), una proporción sustancialmente menor que la observada en el total de ocupados (46%) e, incluso, que la del grupo de empresarios sin asalariados (36,2%) (gráfico 5). Asimismo, la presencia de personas con nacionalidad extranjera o doble nacionalidad es muy baja, con solo un 6% de socios extranjeros entre los cooperativistas. Esta cifra, solo superior a la de los asalariados del sector público (2,6%), es considerablemente menor que la de los autónomos (17,8%) y los empleadores (13,5%) (gráfico 6).


Las cooperativas en España han tenido tradicionalmente un papel relevante en la agricultura y todavía hoy esta rama de actividad sigue siendo muy importante para el cooperativismo. Mientras que en el trienio 2021-2023 solo el 4% de los trabajadores se dedicaba al sector primario, este porcentaje ascendía al 17% entre los cooperativistas (gráfico 7). Asimismo, una parte de la reputación histórica del cooperativismo tiene referentes industriales y, de hecho, todavía hoy destaca el peso del sector secundario en las cooperativas: uno de cada tres cooperativistas (32,6%) trabajaba en la industria, mientras que en el conjunto de la población ocupada lo hacía solo una de cada siete personas. En cambio, aunque casi tres de cada cuatro trabajadores en España estaban empleados en el sector servicios (76%), entre los cooperativistas esta proporción ni siquiera llegaba a la mitad (44,5%). El notable peso relativo de la agricultura y la industria entre los miembros de cooperativas, en comparación con el total de ocupados en España, pone de manifiesto la importancia de las cooperativas para algunos colectivos y territorios de sectores tradicionales, pero fundamentales, de economías avanzadas como la española.

Merece destacarse, por lo demás, que el porcentaje de cooperativistas con estudios superiores (46,8%) queda ligeramente por encima de la media de todos los ocupados (45,9%), superando claramente al de los autónomos (40,1%) (gráfico 8). También se aproxima a la media para el total de ocupados la proporción de cooperativistas en ocupaciones consideras de “nivel alto” (directores y gerentes, técnicos y profesionales científicos e intelectuales y técnicos y profesionales de apoyo) (gráfico 9).


Constituidas para cumplir el
fin social que deciden libremente sus socios, las cooperativas son testimonio
de la diversidad institucional de las economías de mercado, que pueden albergar
formas societarias muy variadas. Pero no constituyen una forma más, sino
probablemente la que ostenta un bonus reputacional más alto. Se valora
particularmente su contribución a la inclusión social, a la generación de
sociedades más participativas y cohesionadas, así como a la construcción de un
futuro sostenible, más democrático, más estable e incluso más pacífico[4].


Es evidente que la capacidad de las cooperativas para proporcionar empleo de calidad y mejorar las condiciones de vida de sus socios las convierte en una opción atractiva para bastantes trabajadores en algunos sectores y territorios. Ahora bien, cobrar conciencia de esas fortalezas y virtudes en el Día Internacional de las Cooperativas es tan importante como preguntarse por qué esas cualidades no han sido suficientes para que su número haya crecido a la par que el del conjunto de las empresas activas en España desde el inicio de la recuperación en 2014.


[1] Fuente: Explotación Estadística del Directorio Central de
Empresas, INE.

[2] Fuente: Base de Datos de la Economía Social, Ministerio de
Trabajo y Economía Social.

[3] Fuente: Base de Datos de la Economía Social, Ministerio de
Trabajo y Economía Social.

[4]  Así se desprende de la presentación que de este día hace
Naciones Unidas. Véase https://www.un.org/es/observances/cooperatives-day.

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La bajada de tipos de interés

Parece que el Banco Central Europeo iniciará la disminución del precio oficial del dinero en su próxima reunión del 6 de junio. Nunca se sabe. Son decisiones que dependen de los datos hasta el último minuto pero todo apunta a que sí. Incluso se habla de que un segundo descenso de tipos para la reunión del 18 de julio. De manera consecutiva. El BCE comenzará ese proceso sin que la Reserva Federal estadounidense lo haga. Tras meses en que se especulaba que la Fed iba a iniciar los descensos de tipos antes, lo ha ido posponiendo ante la fortaleza de la economía americana y la resistencia aún existente —aunque cada vez menor— de la inflación a volver a su nivel de referencia, el 2%.

Los banqueros centrales de ambos lados del Atlántico parecen convencidos —casi confiados— en sus últimas declaraciones de que la inflación evolucionará favorablemente. Esa confianza parece más consolidada en la zona euro que en Estados Unidos, que quiere esperar un poco más antes de bajar tipos. También el Viejo Continente tiene una coyuntura macroeconómica más débil, por lo que le vendrá muy bien un estímulo monetario en forma de abaratamiento del precio oficial del dinero. El crecimiento de los salarios europeos se está desacelerando, lo que probablemente es compatible con las proyecciones de remuneraciones futuras del factor trabajo y de la inflación que maneja ahora el BCE, y por eso, es más probable que comiencen pronto los descensos de tipos.

El cierto desacople en las decisiones de los dos
principales bancos centrales —Fed y BCE, que no bajarán a la vez— habrá que
seguirlo de cerca, por las consecuencias sobre los mercados cambiarios y los
flujos de capitales. La economía estadounidense, a pesar de algún dato suelto
de empleo que no es tan favorable, sigue cerca del pleno empleo y creciendo con
fuerza. Las noticias de las empresas tecnológicas y sus potentes inversiones en
inteligencia artificial son uno de los grandes pilares que sustentan esa
bonanza y deberían azuzar a la adormecida Europa, donde parece que vamos mucho
más rezagados en esas inversiones. Esa vitalidad empresarial, junto a tipos de
interés más elevados allí, pueden apreciar el dólar y encarecer algunas de las
importaciones europeas más importantes, como el petróleo y gas. No es que esa
evolución de las divisas necesariamente vaya a generar una nueva ronda de
inflación en Europa pero habrá que estar muy atentos.

El que disminuyan los tipos no significa que no vayamos a continuar un tiempo —más de lo imaginado hace dos años— con niveles elevados, superiores al 3%. Aunque las empresas y familias notarán un alivio, aun estarán lejos de las benignas condiciones financieras existentes antes de 2022. El futuro entorno de tipos más bajos también ayuda a entender los movimientos corporativos en el sector bancario como el que estamos viendo entre BBVA y Sabadell, primero “amigable” y ahora hostil. Lo que pase con el precio oficial del dinero va a ser determinante hasta finales de 2025.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

Gracias por leer La bajada de tipos de interés, una entrada de Funcasblog.

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El impulso de la inmigración

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Una de las claves del dinamismo que mantiene la economía española contra vientos y mareas reside en la incorporación de mano de obra extranjera, siendo este un factor favorable que, sin embargo, también pone de manifiesto las deficiencias de nuestro modelo productivo. Desde el primer trimestre de 2022, el número de ocupados originario de otros países o con doble nacionalidad se ha incrementado más de un 20%, casi doce veces más que el crecimiento de la ocupación entre los españoles.


Incluso teniendo en cuenta la sobrerrepresentación de los trabajadores inmigrantes en sectores con niveles de productividad inferiores a la media, su contribución a la economía es innegable, aportando más de la mitad del avance del PIB registrado estos últimos dos años. Esta es además una estimación conservadora, basada en una extrapolación mecánica de la contribución del empleo a la economía, bajo la hipótesis de fungibilidad perfecta entre mano de obra autóctona y foránea. El supuesto es poco realista: en los sectores poco atractivos para los españoles o que se enfrentan a fenómenos de escasez, la actividad se sustenta en parte gracias a los no nacionales.   

La inmigración obedece
sobre todo a motivos laborales, como lo refleja la composición por edad, siendo
la franja de entre 25 y 54 años la más representada. Por otra parte, la tasa de
ocupación de la población de origen extranjero es prácticamente la misma que la
española, a diferencia del déficit de empleo que padecen los inmigrantes en la
mayoría de los países europeos. La brecha es particularmente pronunciada en
Alemania, con una diferencia de tasa de ocupación entre población nacional y
foránea superior a 11 puntos, y en Francia con casi 7 puntos. La importancia de
América Latina como origen de la mayoría de inmigrantes contribuye a explicar
la relativa facilidad de su integración en el mercado laboral.

Todo ello sirve también a
frenar el envejecimiento poblacional, con efectos relevantes para el sistema de
pensiones. La población extranjera cuenta con 5,6 ocupados por cada persona de
más de 65 años (en Francia, país con una inmigración más arraigada, la ratio es
solo de 3). En comparación, la población española registra 2 ocupados por cada
persona mayor de 65 años. La relativa facilidad con que la población inmigrante
encuentra un puesto de trabajo es coherente con un estudio reciente de la OCDE
que evidencia un impacto favorable en la hacienda pública para el caso de
España: según estas estimaciones, los ingresos que aporta la incorporación de extranjeros
en concepto de impuestos y cotizaciones sociales excederían el gasto que
ocasionan, particularmente en la sanidad pública.

Frente al impacto
inmediato, a todas luces positivo desde el punto de vista económico, la
inmigración también exacerba algunos de los principales retos estructurales. El
más visible es el desequilibrio en el mercado de vivienda que se cierne como un
cuello de botella sobre la economía española. La inmigración, por sí sola,
también podría reforzar el sesgo “aditivo” de nuestro modelo productivo, basado
en la incorporación de fuerza laboral barata relativamente al coste del capital,
pudiendo por tanto actuar como un desincentivo a la inversión en equipamiento. Si
bien la contratación de personal extranjero sirve para aliviar los problemas de
escasez de mano de obra que han aparecido en algunos sectores, también hace
menos urgente la mejora de las políticas de formación o la intermediación
laboral. Tampoco soluciona la debilidad de la productividad, ya que la sobre
cualificación de los trabajadores extranjeros es aún más acusada que para los
autóctonos, redundando en una pérdida de capital productivo.

La paradoja es que la
entrada de mano de obra extranjera está aportando dinamismo a la economía
española, al tiempo que modera la sensación de urgencia para afrontar los
grandes desafíos de inversión, paro estructural y productividad.          

EMPLEO | La ocupación se ha incrementado en 1 millón de personas en los últimos dos años, de las cuales 350.000 son españolas, 536.000 extranjeras y el resto personas con doble nacionalidad (comparando la EPA del primer trimestre de 2022 y 2024). Los perfiles educativos han mejorado durante este periodo para los tres grupos poblacionales, si bien las diferencias son todavía notables: algo más de la mitad de los ocupados españoles han alcanzado un nivel de educación superior, frente al 28% de los extranjeros y el 36% en el caso de los doble nacionales.   

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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BBVA-Sabadell: una fusión que pide dos cautelas

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Parece que vuelven los movimientos corporativos
en el sector financiero español. La confirmación
este martes de BBVA sobre su interés en Banco Sabadell, enviada a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), marca un potencial punto de
inflexión en el panorama bancario tanto español como internacional. Este
interés no es simplemente un gesto corporativo. Es un segundo intento de esta
consolidación, cuatro años más tarde y parece representa una estrategia
reflexiva diseñada para enfrentar un mercado global cada vez más desafiante y
competitivo.

Ha sorprendido el anuncio por la estabilidad y holgados resultados que en
estos momentos tiene la banca española. Muchas de las fusiones y adquisiciones
del pasado acontecían para resolver problemas de solvencia o aprovechando bajas
valoraciones del precio de la acción de algunas de las entidades. Sin embargo,
el contexto ahora es diferente, sobre todo para una de ellas. Aunque el BBVA
permanece con sus fortalezas tradicionales y con suficiente liquidez y
solvencia —que tiene desde finales de 2020 tras su venta de su banco en EEUU—,
el Sabadell está mucho mejor posicionado en el mercado, saneado y con una
rentabilidad razonable. Hoy el Sabadell es cuatro veces más caro que en 2020
(alcanzando los 9,4 mil millones de dólares), aunque el BBVA también ha visto
como su valor se triplicaba en el mismo periodo (llegando a los 62,7 mil
millones de euros actuales). Mejores cifras que pueden hacer más fácil rematar
la fusión de un modo más dulce para todos.

El contexto actual del sector bancario global
exige una capacidad de adaptación y escalabilidad que solo entidades de
considerable magnitud pueden gestionar eficazmente. En este sentido, la posible
fusión entre BBVA y Sabadell encajaría bien en el nuevo entorno tecnológico,
que requiere voluminosas inversiones. Con una capitalización de mercado
combinada de unos setenta mil millones, esta fusión podría fortalecer su
competitividad frente a gigantes internacionales y podría mejorar su capacidad
para innovar y expandirse en nuevos mercados. Para bancos como BBVA y Sabadell,
que ya han invertido considerablemente en tecnología, este movimiento podría
significar una aceleración en la implementación de plataformas bancarias más
robustas y competitivas.

En la escala internacional, BBVA y Sabadell ya
poseen una notable presencia en diversas regiones, pero su unión podría
optimizar esta cobertura geográfica. Por ejemplo, BBVA tiene una fuerte presencia
en América Latina, Estados Unidos, Turquía y algunos países de la UE, mientras
que en el Sabadell destaca la presencia significativa en el Reino Unido, tras
la compra del banco británico TSB hace unos años. La combinación de sus redes
podría resultar en una cobertura sin precedentes, que puede permitir compartir
estrategias de mercado que serían beneficiosas en términos de costos y
expansión de servicios.

Las reacciones del mercado tras el anuncio fueron
reveladoras: las acciones de Sabadell
experimentaron un alza, reflejando la percepción positiva de los
inversores sobre el valor añadido que la fusión podría representar para ellos.
Por otro lado, la caída en las acciones de BBVA refleja una típica cautela del
mercado ante los costos iniciales y los desafíos de integración que cualquier
fusión de esta magnitud conlleva.

Es oportuno, asimismo, comentar dos cautelas muy
importantes ante esta operación que se deben valorar adecuadamente. En primer
lugar, el impacto sobre la competencia del sector financiero, ya altamente
concentrado, y en el que es bueno seguir contando con suficiente rivalidad por
el bienestar de los clientes bancarios. La segunda cautela es sobre el empleo
de ambas entidades en España, ya que existen solapamientos entre sus zonas de
influencia. Este puede ser un tema sensible a la hora de poner en práctica la
fusión.

En definitiva, la fusión BBVA-Sabadell podría ser interpretada, con un guiño a El Quijote, como la creación de otro “gigante” no solo para competir, sino para prosperar en un mercado global donde los “molinos” —desafíos como la digitalización, la regulación financiera y la necesidad de innovación constante— son cada vez más numerosos y complejos. Este movimiento no solo redefiniría la trayectoria de ambas entidades, sino que también reforzaría el panorama de competidores fuertes españoles en un escenario global demostrando que, en tiempos de incertidumbre, la unión y la visión estratégica pueden ser la clave para no solo sobrevivir, sino también para liderar.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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Se mantiene un buen ritmo de crecimiento al inicio del año

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CNTR IT 2024


El PIB creció un 0,7% intertrimestral en el primer trimestre del año, según cifras provisionales, al tiempo que la tasa correspondiente al cuarto trimestre de 2023 se revisó al alza desde un 0,6% a un 0,7% (gráfico 1). La aportación de la demanda nacional al crecimiento intertrimestral fue de 0,2 puntos porcentuales, mientras que la demanda exterior aportó 0,5 puntos.

El consumo privado creció un
moderado 0,3%, mientras que el consumo público sufrió un retroceso del 1%. La
FBCF, que es el componente de la demanda que ha registrado una peor evolución a
lo largo de todo el periodo postpandemia, repuntó un 2,6%. Los componentes en
los que se apoyó dicho crecimiento fueron la construcción no residencial y los bienes
de equipo. La FBCF en vivienda y en productos de la propiedad intelectual
descendió en el trimestre.

Pese a la recuperación del primer trimestre, la FBCF total continúa un 2,2% por debajo del cuarto trimestre de 2019. La inversión en vivienda se encuentra un 8,2% por debajo, mientras que la destinada a bienes de equipo, cae un 6,4% con respecto a antes de la pandemia. Solo la inversión en otras construcciones y en productos de la propiedad intelectual superan dichos niveles (gráfico 2).


Las exportaciones crecieron impulsadas por los servicios, especialmente los turísticos, mientras que las exportaciones de bienes sufrieron una caída. El crecimiento de las importaciones fue inferior al de las exportaciones, de modo que la aportación del sector exterior fue positiva.

Por el lado de la oferta, destaca
el crecimiento de la industria manufacturera, un 2,2% intertrimestral, así como
el de la construcción, un 2%. Los servicios de AA.PP. registraron una caída de
su VAB, mientras que el resto de servicios avanzó un 0,9% en su conjunto. Más
concretamente el sector de comercio, transporte y hostelería creció un 1,4%,
impulsado por el fuerte crecimiento del turismo.

En cuanto al empleo, el número de personas ocupadas se incrementó un 1% intertrimestral, pero las horas trabajadas se redujeron un 0,3%, de modo que se mantiene la tendencia de caída en el número de horas trabajadas por ocupado —han descendido en seis de los últimos siete trimestres—. También creció el salario por persona ocupada, un 2%, así como el salario por hora trabajada, un 2,7%. El coste laboral unitario aumentó en el primer trimestre en el conjunto de la economía, aunque en la industria manufacturera registró un descenso. El Excedente Bruto de Explotación descendió en el primer trimestre, corrigiendo parte del fuerte ascenso del trimestre anterior. El excedente por unidad producida, que aproxima la evolución de los márgenes, también se redujo en el primer trimestre del año.

En suma, la economía volvió a
crecer a un ritmo muy dinámico al inicio de 2024, y con una composición más
robusta que en el trimestre anterior, aunque la FBCF, pese a su repunte,
continúa siendo un elemento de preocupación.

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El mercado laboral que viene

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Tras una recuperación
excepcionalmente intensiva en empleo, el mercado laboral podría estar entrando
en una fase menos boyante. El pasado ejercicio marcó un nuevo hito, con un rebote
de la ocupación del 3% en términos de EPA, medio punto por encima del
crecimiento de la economía, evidenciando el papel del mercado laboral como
motor de la coyuntura, algo inédito en nuestro país.  

Sin embargo, una normalización es perceptible en el periodo más reciente, a tenor de la caída de la ocupación en el primer trimestre, en línea con la pauta histórica en esta época del año. Eliminando la estacionalidad, la ocupación todavía avanzó un 0,5%, siendo este un ritmo algo menor que el crecimiento previsto de la economía (a la espera del avance que será divulgado el próximo martes). De afianzarse la tendencia, nos asomamos a descensos mucho más moderados del paro en los próximos trimestres.  

Las perspectivas laborales dependen de dos factores que condicionan las dinámicas en este momento: la incorporación de más fuerza laboral y, sobre todo, la capacidad productiva disponible en el tejido productivo. Y en ambos casos todo apunta a avances menos espectaculares, salvo nuevo impulso de la política económica.

España es uno de los países europeos donde más ha crecido la población en edad activa, con un gran salto adelante de más de 700.000 personas desde la reforma de finales de 2021, que contrasta con el retroceso poblacional registrado en el conjunto de la UE. Destaca la entrada de inmigrantes, un factor que explica nada menos que el 95% del incremento total, pero la mano de obra nacional también ha crecido, aun ligeramente. La mayoría de las personas que se han incorporado al mercado laboral han conseguido un empleo, evidenciando el carácter cuantitativo del modelo productivo: la economía se expande añadiendo fuerza laboral, y no por mejoras de la productividad. 


Este modelo de crecimiento, sin embargo, se enfrenta por una parte a la realidad demográfica, ya que son cada vez menos los jóvenes que acceden a la vida activa en relación a los trabajadores de la generación boomer que se aproxima a la jubilación. En el primer trimestre, España contaba con dos veinteañeros por cada tres personas de entre 50 y 59 años, siendo este déficit una señal inequívoca del cambio demográfico que se avecina. Por otra parte, una cierta ralentización de la entrada de inmigrantes es perceptible, tal vez por las dificultades a que se enfrenta este colectivo —junto con el de los jóvenes en general— para encontrar una vivienda asequible.  

Por otra parte, la economía necesita ensanchar su capacidad productiva para sostener el ritmo de crecimiento de la actividad y la creación de puestos de trabajo. A este respecto, el esfuerzo de inversión en equipamiento y modernización que realizan actualmente las empresas no parece suficiente para satisfacer una cartera de pedidos que ha ido mejorando gracias al auge del consumo y al buen posicionamiento competitivo de los sectores exportadores.   

La competitividad es precisamente uno de nuestros activos más valiosos de cara al futuro. Para aprovecharlo, falta el relevo de la inversión productiva. Y que el mercado laboral mejore cualitativamente. En tiempos de cambio tecnológico acelerado, preocupa que el porcentaje de ocupados sobrecualificados en relación a las tareas que desempeñan en su trabajo sea uno de los más elevados de Europa. Además de un problema social, el fenómeno de la sobrecualificación es un despilfarro de capital humano, y un desafío para las políticas educativas y el sistema de intermediación entre la oferta y la demanda de empleo. Las tendencias recientes ponen de relieve la vigencia de unos desajustes que arrastramos desde hace lustros, pero cuya resolución se antoja ahora como una de las tareas más urgentes para profundizar en el descenso del desempleo y la revaloración de los ingresos del trabajo.       

TASA DE OCUPACIÓN | El núcleo central del mercado laboral está formado por las personas de entre 16 y 64 años, una franja de edad considerada como activa según la estadística europea. En España, algo más de 31,5 millones de personas componen este grupo, de las cuales el 66,3% tienen una ocupación, según la EPA del primer trimestre. La tasa de ocupación media de la UE alcanza el 70,6% (con datos del cuarto trimestre del 2023), lo que significa que falta un millón de puestos de trabajo para cerrar la brecha de empleo con Europa.

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Cierre económico de un trimestre muy político

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Se cierra un primer trimestre de 2024, en el que la política nuevamente ha estado omnipresente y ha afectado a demasiados aspectos de nuestras vidas. Ya son muchos trimestres, mejor dicho años así. No es problema exclusivo de España. Pocos países escapan a la convulsión política. Qué decir de la geopolítica global, con crecientes de conflictos, con numerosas pérdidas humanas y también de índole económica y financiera. En este siglo XXI, de numerosos acontecimientos y shocks, parece que nos hemos acostumbrado a gestionar las crisis. Quizás lo hacemos mejor que antes. Aun así, este entorno no facilita mantener hojas de ruta coherentes para la estabilidad que propicia el crecimiento a largo plazo.

En nuestro país llevamos tiempo lejos de la normalidad política que genera consensos y hojas de ruta para lograr crecimiento y aumento del bienestar. Es cierto que la macroeconomía está aguantando bien desde la salida de la pandemia, con un mercado de trabajo con una resiliencia mayor de la esperada, dados los desafíos y una actividad económica (PIB) con mayores alegrías que en la gran mayoría de la UE, y muy alejada de la recesión técnica de otros. No obstante, los problemas estructurales permanecen y no parecen tener la prioridad política suficiente, en un contexto convulso desde hace años. Con dificultades de primera magnitud, como la situación diferencial negativa en el mercado de trabajo, con un notablemente mayor desempleo, menor productividad y bajos salarios relativos. Son problemas estructurales para los que se necesitan reformas valientes solamente alcanzables con grandes consensos políticos y sociales. La falta de sostenibilidad de las cuentas públicas —con el sistema público de pensiones a la cabeza— es otro enorme desafío. No se quedan atrás otras graves insuficiencias como la falta de oferta de vivienda asequible, una prioridad nacional urgente, que necesita actuaciones desde ya y durante muchos años. Por último, parece francamente mejorable la evaluación de las políticas públicas, que permitiría un mejor diseño de las acciones gubernamentales con innumerables efectos favorables. Ese débil escrutinio se ha percibido, entre otros casos, en la aplicación de los voluminosos fondos Next Generation EU, que aun teniendo impactos positivos, no parecen haber tenido la eficacia prevista hasta ahora.

Como colofón, hace dos semanas, con el disenso político —y con varias convocatorias electorales trascendentales por delante— se anunció la prórroga de los presupuestos del Estado, herramienta fundamental para la economía de un país. Ya son varias prórrogas en los últimos ocho años, con lo que para hacer frente a las necesidades económicas de 2024 se utiliza otra, de algún modo, obsoleta. Es cierto que hay algunos instrumentos (vía reales decretos) que pueden permitir algunas de las acciones previstas para 2024, pero algunas emergencias como el plan de vivienda probablemente no se desarrollarán con la misma magnitud prevista. Además, el hecho de acometer acciones parciales en vez de contar con la completitud y contundencia de un Presupuesto General del Estado para 2024, no permite lograr los grandes objetivos económicos. Un mal final económico para un trimestre muy convulso.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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Corregir la segregación de género en el mercado laboral es crucial para alcanzar la igualdad

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La brecha salarial de género siempre suscita interés, pero en el mes de marzo parece que recobra protagonismo. El último premio Nobel —que recayó en Claudia Goldin por su investigación de la situación de la mujer en el mercado laboral— nos recuerda la relevancia de esta cuestión. Conocer los factores subyacentes a las diferencias de género en el mercado laboral es crucial para el diseño de políticas que contribuyan a eliminar las barreras que persisten. En esta línea, el objetivo de esta entrada es aportar evidencia sobre la evolución de la segregación de la mujer en el mercado laboral español, es decir, sobre la distribución de los puestos de trabajo.

En términos agregados, el reparto de
puestos de trabajo entre hombres y mujeres desde 2008 a 2023 está convergiendo
y ya el 46,6% de los puestos de trabajo lo ocupan mujeres (gráfico 1). Sin
embargo, en la última década, tan solo se ha ganado un punto porcentual. Luego,
a este ritmo, necesitaremos tres décadas para alcanzar una presencia similar en
el mercado laboral (50-50).


En cualquier caso, aunque la participación se equipare, existe una amplia literatura que pone de manifiesto que la segregación de la mujer en determinados empleos explica la persistencia de diferencias salariales entre hombres y mujeres. Los microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial permiten elaborar estos estudios, pero los últimos disponibles son de 2018. Por ello, aquí se recurre a la Encuesta de Población Activa (EPA), que ofrece información hasta 2023 sobre los ocupados y permite evaluar si existen cambios en los factores que sistemáticamente aparecen como explicativos de las diferencias salariales, como la menor presencia de las mujeres en jornadas a tiempo completo, en puestos directivos y de gestión y en sectores con más tecnología incorporada.

Se debe señalar que el 46% es una media en el mercado laboral español y es muy dispar entre sectores (gráfico 2). La contratación de mujeres sigue siendo extremadamente baja en la construcción, pero también en el transporte, el sector primario y la industria; algo más elevada es en los servicios de información y comunicación, llegando al 30,3%, pero con una preocupante disminución respecto de 2008. Teniendo en cuenta que los salarios son más elevados en este sector y en la industria manufacturera se puede afirmar que un aumento en la ocupación de mujeres en estos sectores disminuiría notablemente la desigualdad salarial media. En el otro extremo, se encuentran el trabajo doméstico, la sanidad y los servicios sociales o la educación donde las mujeres acaparan más del 68% de los puestos de trabajo.


Otra de las variables que explica las diferencias salariales entre hombres y mujeres es la duración de la jornada. En 2023, el 21,1% de las mujeres ocupadas ha tenido un contrato a tiempo parcial frente a un 7,1% en los hombres.  Por qué es relevante esta cuestión pues porque la evidencia indica que el salario medio por hora es más bajo si la jornada es parcial que si es completa, incluso para el mismo tipo de trabajo y la misma cualificación del trabajador. Por tanto, ese diferencial en la distribución de los trabajos de jornada parcial sigue causando una brecha salarial relevante. No obstante, desde 2019 se ha conseguido reducir la tasa de ocupadas a jornada parcial del 23,8% al 21,1%, y además, ha sido una tendencia generalizada en todos los sectores (Gráfico 3). Luego esto contribuye a que el salario medio de las trabajadoras sea mayor. Especialmente relevante ha sido la disminución en la tasa de parcialidad tanto en la industria manufacturera como en los servicios de información y comunicación lo que muestra que se va por buen camino.


Pero incluso entre quienes disfrutan de un contrato a jornada completa se observan diferencias, tal y como muestra el gráfico 4. Evidentemente, en aquellos sectores donde ya se ha mostrado que la presencia de mujeres es baja (industria, construcción o el sector primario) vuelve a aparecer esa diferencia. Donde se extraen conclusiones nuevas es sobre las carreras profesionales más cualificadas que corresponden con las tres primeras filas: dirección, gerencia y puestos técnicos. Lo cierto es que la situación de la mujer sigue mejorando y cada vez ostenta puestos de mayor responsabilidad. Pero no es menos cierto que todavía en 2023 existe un “techo de cristal” en los puestos de trabajo con mayor remuneración. Así, cuando tienen jornadas a tiempo completo, sólo el 3,6% de las mujeres llega a la dirección y gestión de las empresas frente al 5,2% de los varones. Ante esta evidencia, a finales de 2022, el Parlamento Europeo aprobó una directiva que establecía que, en 2026, “al menos el 40% de los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas deben ser miembros del sexo menos representado”. En España, el seguimiento que realiza la CNMV sobre esta cuestión indica que se está avanzando positivamente. Especialmente relevante ha sido el avance en las empresas del IBEX 35, donde el 37,6% de los miembros de los consejos de administración en 2022 eran mujeres, si bien para las empresas cotizadas de menos de 500 M.€ de capitalización esta cifra bajaba al 26,22% (Gráfico 5). Además, en todas las empresas cotizadas se comprueba que estas magnitudes son menores cuando se trata de altas directivas que no están en los Consejos de Administración. Por tanto, la normativa ha incentivado a las empresas para conseguir la paridad en los consejos de administración, pero están olvidando al resto. A esta misma conclusión se llega cuando se observa la sobrerrepresentación de mujeres en los puestos técnicos profesionales que mostraba el gráfico 4, y que puede ser el resultado de ese techo que dificulta el salto de ese tramo a la gestión y dirección.


En definitiva, existen importantes avances, pero se debe seguir trabajando en conciliación y demás medidas facilitadoras que permitan a las mujeres llegar a cualquier puesto de trabajo de cualquier empresa con las mismas posibilidades que los hombres.

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