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Corregir la segregación de género en el mercado laboral es crucial para alcanzar la igualdad

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La brecha salarial de género siempre suscita interés, pero en el mes de marzo parece que recobra protagonismo. El último premio Nobel —que recayó en Claudia Goldin por su investigación de la situación de la mujer en el mercado laboral— nos recuerda la relevancia de esta cuestión. Conocer los factores subyacentes a las diferencias de género en el mercado laboral es crucial para el diseño de políticas que contribuyan a eliminar las barreras que persisten. En esta línea, el objetivo de esta entrada es aportar evidencia sobre la evolución de la segregación de la mujer en el mercado laboral español, es decir, sobre la distribución de los puestos de trabajo.

En términos agregados, el reparto de
puestos de trabajo entre hombres y mujeres desde 2008 a 2023 está convergiendo
y ya el 46,6% de los puestos de trabajo lo ocupan mujeres (gráfico 1). Sin
embargo, en la última década, tan solo se ha ganado un punto porcentual. Luego,
a este ritmo, necesitaremos tres décadas para alcanzar una presencia similar en
el mercado laboral (50-50).


En cualquier caso, aunque la participación se equipare, existe una amplia literatura que pone de manifiesto que la segregación de la mujer en determinados empleos explica la persistencia de diferencias salariales entre hombres y mujeres. Los microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial permiten elaborar estos estudios, pero los últimos disponibles son de 2018. Por ello, aquí se recurre a la Encuesta de Población Activa (EPA), que ofrece información hasta 2023 sobre los ocupados y permite evaluar si existen cambios en los factores que sistemáticamente aparecen como explicativos de las diferencias salariales, como la menor presencia de las mujeres en jornadas a tiempo completo, en puestos directivos y de gestión y en sectores con más tecnología incorporada.

Se debe señalar que el 46% es una media en el mercado laboral español y es muy dispar entre sectores (gráfico 2). La contratación de mujeres sigue siendo extremadamente baja en la construcción, pero también en el transporte, el sector primario y la industria; algo más elevada es en los servicios de información y comunicación, llegando al 30,3%, pero con una preocupante disminución respecto de 2008. Teniendo en cuenta que los salarios son más elevados en este sector y en la industria manufacturera se puede afirmar que un aumento en la ocupación de mujeres en estos sectores disminuiría notablemente la desigualdad salarial media. En el otro extremo, se encuentran el trabajo doméstico, la sanidad y los servicios sociales o la educación donde las mujeres acaparan más del 68% de los puestos de trabajo.


Otra de las variables que explica las diferencias salariales entre hombres y mujeres es la duración de la jornada. En 2023, el 21,1% de las mujeres ocupadas ha tenido un contrato a tiempo parcial frente a un 7,1% en los hombres.  Por qué es relevante esta cuestión pues porque la evidencia indica que el salario medio por hora es más bajo si la jornada es parcial que si es completa, incluso para el mismo tipo de trabajo y la misma cualificación del trabajador. Por tanto, ese diferencial en la distribución de los trabajos de jornada parcial sigue causando una brecha salarial relevante. No obstante, desde 2019 se ha conseguido reducir la tasa de ocupadas a jornada parcial del 23,8% al 21,1%, y además, ha sido una tendencia generalizada en todos los sectores (Gráfico 3). Luego esto contribuye a que el salario medio de las trabajadoras sea mayor. Especialmente relevante ha sido la disminución en la tasa de parcialidad tanto en la industria manufacturera como en los servicios de información y comunicación lo que muestra que se va por buen camino.


Pero incluso entre quienes disfrutan de un contrato a jornada completa se observan diferencias, tal y como muestra el gráfico 4. Evidentemente, en aquellos sectores donde ya se ha mostrado que la presencia de mujeres es baja (industria, construcción o el sector primario) vuelve a aparecer esa diferencia. Donde se extraen conclusiones nuevas es sobre las carreras profesionales más cualificadas que corresponden con las tres primeras filas: dirección, gerencia y puestos técnicos. Lo cierto es que la situación de la mujer sigue mejorando y cada vez ostenta puestos de mayor responsabilidad. Pero no es menos cierto que todavía en 2023 existe un “techo de cristal” en los puestos de trabajo con mayor remuneración. Así, cuando tienen jornadas a tiempo completo, sólo el 3,6% de las mujeres llega a la dirección y gestión de las empresas frente al 5,2% de los varones. Ante esta evidencia, a finales de 2022, el Parlamento Europeo aprobó una directiva que establecía que, en 2026, “al menos el 40% de los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas deben ser miembros del sexo menos representado”. En España, el seguimiento que realiza la CNMV sobre esta cuestión indica que se está avanzando positivamente. Especialmente relevante ha sido el avance en las empresas del IBEX 35, donde el 37,6% de los miembros de los consejos de administración en 2022 eran mujeres, si bien para las empresas cotizadas de menos de 500 M.€ de capitalización esta cifra bajaba al 26,22% (Gráfico 5). Además, en todas las empresas cotizadas se comprueba que estas magnitudes son menores cuando se trata de altas directivas que no están en los Consejos de Administración. Por tanto, la normativa ha incentivado a las empresas para conseguir la paridad en los consejos de administración, pero están olvidando al resto. A esta misma conclusión se llega cuando se observa la sobrerrepresentación de mujeres en los puestos técnicos profesionales que mostraba el gráfico 4, y que puede ser el resultado de ese techo que dificulta el salto de ese tramo a la gestión y dirección.


En definitiva, existen importantes avances, pero se debe seguir trabajando en conciliación y demás medidas facilitadoras que permitan a las mujeres llegar a cualquier puesto de trabajo de cualquier empresa con las mismas posibilidades que los hombres.

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El crecimiento económico y su percepción social

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Diferentes barómetros muestran que la percepción de pérdida de capacidad de compra se ha extendido, convirtiéndose en una de las principales preocupaciones sociales, por delante del paro. Esta sensación, que contrasta con los buenos datos de crecimiento económico, hace eco al escaso incremento de los ingresos de las familias en comparación con el periodo anterior a la pandemia: si bien en el último año la renta disponible de los hogares se disparó un 6% en términos reales, un ritmo nunca visto desde que arranca la serie histórica en los 90, la mejora apenas habría compensado el golpe de la crisis sanitaria y del brote inflacionario.

La percepción ciudadana, respaldada por las cifras macroeconómicas, es
sintomática de la naturaleza “extensiva” de nuestro modelo productivo. Es
decir, solo crecemos incorporando más mano de obra en la producción o
“echando” horas, y no con mejoras cualitativas o de la productividad que
requerirían inversión, cambios en la organización del trabajo y en general una
mayor eficiencia productiva. 

Así pues, si la renta disponible de las familias se ha incrementado en el periodo reciente es solo y exclusivamente porque hay más personas trabajando. El empleo, en equivalente a tiempo completo tal como se mide en la contabilidad nacional, creció un 3,2% en 2023, y un 7,3% desde 2019, mientras que el promedio de ingresos por persona ocupada apenas aumentó un 2% el año pasado, situándose todavía un 4,2% por debajo del nivel prepandemia (siempre descontando la inflación). Esto último, por lo que significa en cuanto a la reducción del poder adquisitivo, sin duda influye en las percepciones sociales. 


Nuestra pauta de crecimiento empieza a diferenciarse de otros países europeos. La expansión depende sobremanera de la incorporación de mano de obra tanto nacional como de otros países: el año pasado, España generó uno de cada tres empleos de extranjeros creados en la eurozona. En países como Alemania, sin embargo, el mercado laboral se ha estrechado por acercarse al pleno empleo, y la economía necesita avanzar con productividad, a la vez que ofrececiendo mejoras en las remuneraciones.

Bien es cierto que hemos conocido tiempos peores. La renta de los
hogares sufrió un golpe mucho más duro durante la crisis financiera como
consecuencia de la pérdida de empleo y, a partir de 2010, de la contracción de
las remuneraciones. Y el fuerte repunte del poder adquisitivo de las familias
registrado antes de esa crisis se financió con crédito y se acompañó de un
déficit exterior colosal, así que resultó insostenible. Ahora, sin embargo, las
familias se desendeudan y las cuentas exteriores arrojan un superávit sólido. En
ese sentido, el actual modelo productivo es más sano que el anterior.    

A corto plazo, no se aprecian cambios en el patrón “extensivo” de crecimiento que caracteriza la economía española, lo que debería redundar en una aportación adicional del empleo a la renta de los hogares y al consumo privado. Veremos si la inversión sale de su letargo. En todo caso, con los últimos datos del INE y salvo nuevo shock, los pronósticos apuntan a una evolución favorable del PIB en los próximos dos años tanto en valor absoluto como en relación al resto de Europa.

Con el tiempo, sin embargo, el modelo se enfrenta a límites evidentes, porque su funcionamiento ofrece pocas perspectivas de mejora en términos de poder adquisitivo, especialmente para los colectivos más afectados por las desigualdades. El riesgo es que se erosione el pacto social que sustenta el modelo, y que se ha reflejado, aun de manera tácita, en una preferencia por la creación empleo en vez de mejoras de poder adquisitivo. La condición necesaria para superar el dilema, conservando los factores de resiliencia, pasa por la reversión del declive relativo de la productividad.

INDUSTRIA | La producción manufacturera presentó un leve avance del 0,1% en 2023, contrastando con la caída del 2,3% en la eurozona (con datos, en este último caso, hasta noviembre). Destaca el tirón de la industria farmacéutica, automotriz y de bienes de equipo. A la inversa, las industrias más intensivas en energía han tenido un comportamiento negativo, prolongando las caídas del año anterior, caso de la industria del papel, artes gráficas, química, minerales no metálicos, y metalurgia, hierro y acero. Finalmente, las ramas destinadas a los bienes de consumo, como el textil, han tenido un comportamiento intermedio.   

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Protagonismo de la mano de obra extranjera en las cifras de empleo de 2023

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Según las cifras de la Encuesta
de Población Activa, en el cuarto trimestre de 2023 se redujo el empleo en
19.000 personas, aunque, una vez eliminado el componente estacional, dicho
resultado equivale a un incremento en el número de ocupados de 126.000, es
decir, un 0,6%, un ritmo de crecimiento relevante, aunque sensiblemente
inferior a los trimestres anteriores.

Con respecto a las cifras del
conjunto del año (es decir, tomando los promedios de los cuatro trimestres del
año), destacan los siguientes resultados.

En primer lugar, el número de ocupados aumentó en 615.000 sobre el año anterior, de los cuales, 53.780 fueron empleos públicos. Aunque lo más reseñable es el papel de la mano de obra extranjera, que representó la mitad de dicho incremento del empleo (gráfico 1). La población mayor de 16 años aumentó en 596.000, el crecimiento nominal más elevado desde 2007, como consecuencia, básicamente, del incremento de la población extranjera, que fue de 444.500. Este intenso avance de la población procedente del exterior hizo posible el mayor incremento de la población activa desde 2008, lo cual ha limitado el descenso en el número de parados a tan solo 130.000, situando la tasa de desempleo media anual en el 12,1%, ocho décimas menos que el año anterior.


Otro dato relevante es que el número de ocupados ha superado por primera vez el máximo anterior a la crisis de 2008: el número promedio de ocupados en 2023 fue de 21.005 miles de personas, frente al máximo de 20.580 miles registrado en 2007. No obstante, si eliminamos el empleo público, que ha crecido en 573.000 en todo este periodo, tenemos que el empleo privado, que se situó en 17.463 miles, aún no supera el máximo registrado en 2007, el cual ascendió a 17.610 (gráfico 2).


Por sectores, el empleo creció moderadamente en la industria, y con más intensidad en la construcción y en los servicios, mientras que descendió en el sector primario. Todo el crecimiento del empleo neto registrado en la industria y en la construcción ha sido de mano de obra extranjera (incluso, en la industria se ha reducido la presencia de trabajadores de nacionalidad española). En los servicios, los foráneos ocuparon el 43% del nuevo empleo.

El incremento del empleo
registrado en 2023 fue fundamentalmente a tiempo completo, de modo que la tasa
de parcialidad (ocupados a tiempo parcial sobre el total) descendió hasta el
13,3%. La tasa de temporalidad también se redujo hasta el 17,1%.

En suma, los resultados del
último trimestre han sido relativamente positivos, y en el conjunto del año el
crecimiento del empleo ha sido superior al crecimiento del PIB, que se estima
(a falta de conocer el dato del último trimestre) en un 2,4%. El otro elemento
destacable del comportamiento del mercado laboral en 2023 ha sido el papel
protagonista de la mano de obra extranjera.

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vivir-la-discapacidad-en-una-sociedad-poco-discriminatoria:-un-logro-insuficiente

Vivir la discapacidad en una sociedad poco discriminatoria: un logro insuficiente

Las personas con discapacidad afrontan diariamente
limitaciones tan variadas como difíciles de imaginar para quienes no las
sufren. La vivencia de estas dificultades resulta todavía más onerosa cuando
viene acompañada por sentimientos de discriminación del entorno. Sobre la
extensión de estos sentimientos entre las personas con discapacidad en España
disponemos de una fuente de información estadística relativamente reciente: la
Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia, realizada
entre 2020 y 2021 por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y publicada en
2022 (conocida como EDAD 2020)[1].
Entre las muchas cuestiones por las que pregunta esta encuesta a las personas
con discapacidad, algunas se refieren a si se han sentido discriminadas “alguna
vez por motivo de su discapacidad” en ámbitos de su vida cotidiana, entendiendo
por discriminación que no se les haya permitido hacer algo, se les haya hecho
sentirse inferiores o ignoradas, se les haya molestado o no se les haya
ofrecido la información adaptada a sus necesidades particulares.

Entre los ámbitos por los que pregunta la EDAD 2020, los más genéricos son las “relaciones sociales, tiempo libre, viajes” y los “desplazamientos o viajes en transporte”. En ambos, las respuestas de las personas con discapacidad indican muy mayoritariamente la ausencia de percepciones de discriminación. Quienes contestan que “nunca” las han experimentado son el 91 % y el 94 %, respectivamente, mientras que quienes afirman haber sentido discriminación en esos ámbitos “muchas veces” o “constantemente” no llegan al 3 %; entre el 5 % y el 7 % responden que la han percibido “algunas veces”. Las diferencias entre hombres y mujeres son muy pequeñas, ampliándose ligeramente cuando se pregunta por las relaciones sociales, ámbito en el que más hombres reconocen haber sufrido discriminación; sin embargo, también ellos contestan en una proporción muy amplia (89 %) que “nunca” se han sentido discriminados en esta esfera de su vida cotidiana (Gráfico 1).


Semejantes sentimientos son también muy escasos cuando se pregunta a quienes se encuentran empleados en el momento de realización de la encuesta si se han sentido discriminados “en su empresa o su lugar de trabajo” o si han padecido “situaciones de acoso laboral (mobbing)”. En el primer caso, un 88 % niega haber percibido discriminación; en el segundo, el porcentaje alcanza el 93 %, si bien con una diferencia no desdeñable entre mujeres (91 %) y hombres (96 %) (Gráfico 2)[2].


En general, estas respuestas retratan a una sociedad que desaprueba la discriminación y respeta a las personas con discapacidad. Este retrato encaja con los datos que proporcionó el último Eurobarómetro sobre discriminación publicado por la Comisión Europea (2019), según el cual España arroja la cifra más alta de población general de 15 o más años que tiene amigos o conocidos con discapacidad: casi cuatro de cada cinco (78 %) contestaron afirmativamente esta pregunta, 15 puntos porcentuales por encima de la media de la Unión Europea (Gráfico 3).


La EDAD 2020 pone asimismo de manifiesto que los bajos niveles de discriminación percibida entre las personas con discapacidad en España también se observan en ámbitos regulados por el Estado, como la provisión de servicios sanitarios o el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Así, el 90 % de las personas con discapacidad de 6 o más años no han percibido nunca discriminación en los servicios sanitarios (Gráfico 4), y es incluso más elevado el porcentaje de las personas con discapacidad de 18 o más años que dan la misma contestación (“nunca”) cuando se les pregunta si han percibido discriminación por motivo de su discapacidad a la hora de ejercer sus derechos civiles y políticos (Gráfico 5).


Estos son datos que merecen ser interpretados como el logro de una extensa comunidad de individuos y grupos sociales, liderada por las numerosas organizaciones del sector de la discapacidad dedicadas a reivindicar los derechos de las personas con discapacidad, visibilizar las diferentes discapacidades y ofrecer a los afectados información y ayudas de diverso tipo. Ahora bien, aun mereciendo una apreciación positiva, los muy elevados porcentajes de personas con discapacidad que no se sienten discriminadas no deberían ocultar que son muchos miles de ellas las que han tenido otras experiencias. En efecto, cuando se calcula el número de personas que representan esos bajos porcentajes que sí han sentido discriminación, las cifras adquieren una dimensión más “real”: más de 14.000 personas con discapacidad de 16 o más años se han sentido discriminadas “muchas veces” o “constantemente” en su lugar de trabajo; alrededor de 50.000 de 6 o más años han percibido “muchas veces” o “constantemente” discriminación en desplazamientos o medios de transporte; y en torno a 100.000, en consultas o servicios sanitarios o en relaciones sociales, tiempo libre o viajes.

A la luz de estas cifras, no extraña que en el ya citado Eurobarómetro, cuatro de cada diez entrevistados en España opinaran que la discriminación por discapacidad está “bastante” (30 %) o “muy extendida” (9 %) en el país (porcentajes, en todo caso, bastante inferiores a los que arrojaron las encuestas llevadas a cabo en Francia, Portugal, Grecia, Bélgica o Países Bajos) (Gráfico 6). Y también se aproximaban a esa proporción (37 %) quienes pensaban que cuando una empresa quiere contratar a alguien y puede elegir entre dos candidatos con habilidades y cualificaciones iguales, la discapacidad supone una desventaja (Gráfico 7).


Pero si hay un indicador que, en cuestión de empleo, pone de relieve una clara desventaja de las personas con discapacidad, es la tasa de paro, que cuantifica a quienes quieren trabajar y no encuentran empleo. Estimada a partir de la EDAD 2020, esa tasa ascendía en el arranque de la actual década al 30 %, doblando a la que por entonces registraba la población general. Más de 160.000 personas con discapacidad que no tenían empleo (84,1 mil mujeres y 76,2 mil hombres) lo buscaban y no lo hallaban. Es probable que esa elevada tasa de paro obedezca, en buena medida, a desajustes entre las cualificaciones laborales de los demandantes de empleo y las necesidades de los empleadores. Pero, dado que, según numerosas investigaciones, el empleo constituye un factor clave de integración social, reducir esta tasa de paro reforzando los recursos destinados a programas de formación e inserción laboral para las personas con discapacidad podría contribuir eficazmente a aumentar su calidad de vida. Facilitar su salida del mercado de trabajo, como se ha hecho este mismo año a través de un Real Decreto sobre jubilación anticipada, sin duda puede resultar de ayuda para una parte del colectivo, en especial, para quienes están al final de su vida laboral; pero promover la inserción laboral es tanto o más importante, sobre todo, para las personas con discapacidad más jóvenes.

En definitiva, en el Día de las Personas con Discapacidad, que se celebra el próximo 3 de diciembre, podemos reconocer y celebrar como sociedad que una gran mayoría de quienes en España están afectados por problemas de discapacidad no se sienten discriminados por su entorno; pero también es preciso cobrar conciencia de que este logro es insuficiente para asegurar las mejores condiciones de vida que la sociedad española puede ofrecer a las personas con discapacidad.

Los datos correspondientes a la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia incluidos en este texto proceden del informe de M.A. Malo, R. Pagán y Vanesa Rodríguez, Discapacidad, participación laboral y calidad de vida en España: un análisis de la Encuesta de Discapacidad de 2020, que será próximamente publicado por Funcas.


[1] La recogida de los datos de la EDAD-2020 se organizó en dos
fases. En la primera (entre agosto 2020 y enero 2021), se encuestó a los
hogares de la muestra (cuestionario de hogar), con el fin de localizar aquellos
en los que residían personas con discapacidad o niños con limitaciones. En la
segunda fase (desde abril hasta octubre de 2021) se obtuvo información más
detallada de las personas que en la fase 1 habían declarado tener alguna
discapacidad o limitación, así como de sus cuidadores principales. Véase INE
(2022). Encuesta
de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2020 (EDAD
2020) Metodología
.

[2] Hay que tener en cuenta también que este patrón podría deberse a
un proceso de selección, ya que cabe suponer que los empleadores que contratan
a personas con discapacidad y los entornos laborales en los que estas se
insertan sean menos propensos a discriminar.

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El círculo virtuoso de la formación: los españoles con nivel educativo alto, más activos en aprendizaje permanente

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En un contexto de rápida evolución del mercado laboral mundial y de cambio demográfico, la formación permanente está adquiriendo cada vez más importancia. La participación en la educación durante la edad adulta proporciona a los individuos una herramienta contra el desempleo, mejora el ajuste entre las cualificaciones y los puestos de trabajo y, por lo tanto, fomenta el desarrollo personal y el bienestar. Difundir una cultura de aprendizaje permanente en la sociedad contribuye, en definitiva, a lograr una mano de obra resistente y, al mismo tiempo, mejorar la cohesión social, garantizando que los ciudadanos sigan participando en el mercado laboral mientras puedan y deseen trabajar. 

El plan de acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales establece como objetivo una tasa anual de participación en la formación del 60% para todos los adultos de aquí a 2030. Sin embargo, los últimos datos disponibles muestran que las tasas de participación en educación formal y no formal en los países de la Unión Europea entre el grupo de edad de 25 a 54 años —en el que se alcanzan las cifras más altas de participación en el mercado laboral— está muy lejos de este objetivo (gráfico 1A). En 2022, la media de personas de 25 a 54 años de la UE que participaban en actividades de formación (formal y no formal) ascendía al 14%. Las diferencias entre países siguen siendo significativas. Suecia (39%), Dinamarca (30%), Países Bajos (29%) y Finlandia (29%) destacan como los países con porcentajes más elevados. Algunos países de Europa del Este, como Bulgaria, Croacia, Rumanía, Polonia o Hungría, pero también Grecia, presentan porcentajes muy inferiores (por debajo del 9%). Con una tasa de participación del 18%, España se sitúa por encima de la media de la UE27, y no sólo supera a sus vecinos del sur de Europa, como Portugal (16%), Italia (11%) y Grecia (4,4%), sino también a Francia (15%) y, sobre todo, a Alemania (10%). 


La educación de adultos es especialmente importante para la población desempleada, ya que ofrece una vía de reinserción laboral. En la mayoría de los países europeos, los niveles de participación en educación de los adultos son más elevados entre los desempleados que entre los ocupados (gráfico 1B). Suecia encabeza el grupo tanto para los primeros como para los segundos, con tasas del 52% y el 37%, respectivamente, lo que subraya el compromiso del país con el aprendizaje permanente. Los Países Bajos, Dinamarca y Finlandia le siguen de cerca en cuanto a personas empleadas, pero hay una diferencia notable cuando se trata de desempleados, lo que sugiere diferencias en las estrategias nacionales para estos grupos. En España, la participación en actividades educativas entre los desempleados (20%) es superior a la media de la UE27 (14%), aunque sustancialmente inferior a la de los países nórdicos. 

Es destacable el hecho de que la educación de adultos es más común entre las personas que ya tienen un alto nivel educativo. En todos los países europeos se observa una tendencia común: las personas con estudios superiores son las más dispuestas a emprender iniciativas de aprendizaje permanente (gráfico 2). En otras palabras, la formación genera un círculo virtuoso, estimulando la adquisición de más formación. 


Las disparidades educativas en el aprendizaje de adultos son bastante agudas en España, donde la proporción de personas con educación terciaria que participa en el aprendizaje de adultos (26%) casi cuadruplica la de personas que han alcanzado, como máximo, el nivel de educación secundaria obligatoria. Así pues, las personas con mayor riesgo de desempleo apenas participan en el aprendizaje permanente. Este hecho evidencia un problema al que hay que hacer frente para evitar que aumenten las diferencias educativas y de cualificación entre la mano de obra, con el consiguiente incremento de las desigualdades sociales. 

Esta entrada es un extracto del número de noviembre de 2023 de Focus on Spanish Society.

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Desaceleración del PIB en el tercer trimestre más suave de lo esperado

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CNTR 3T 2023


El PIB creció un 0,3% en el tercer trimestre de 2023, según el avance provisional publicado por el INE, lo que supone una suave desaceleración con respecto al crecimiento del 0,4% registrado el trimestre anterior (revisado una décima a la baja).

El crecimiento procedió fundamentalmente del consumo
privado, que ascendió un 1,4%. Este resultado no es sorprendente, puesto que el
crecimiento de los salarios por encima de la inflación en lo que llevamos de
año (un 5,2% frente a un 3,6% respectivamente), unido al sostenimiento del
empleo, y al elevado nivel alcanzado por la tasa de ahorro en la primera mitad
del año, ponen de manifiesto la existencia de cierto margen para el crecimiento
del gasto privado.

La inversión en construcción sufrió un retroceso, mientras
que la destinada a bienes de equipo registró un moderado crecimiento, dentro de
una débil tendencia que no ha permitido a esta variable recuperar aún el nivel
prepandemia, pese al impulso de los fondos europeos.

La aportación del sector exterior al crecimiento trimestral
fue negativa. Las exportaciones registraron una caída, tanto las de bienes como
las de servicios, como resultado de la negativa coyuntura exterior. Dentro de
estas últimas destaca la intensa caída de las exportaciones de servicios
turísticos, un resultado peor de lo que se podía esperar en función de la
evolución de las pernoctaciones de extranjeros y de la llegada de turistas. En
cualquier caso, ya no cabe esperar aportaciones significativas al crecimiento
por parte de este componente de la demanda, puesto que ya se ha normalizado
completamente tras la pandemia.

El empleo en número de personas creció un 1,3%, aunque solo
un 0,1% en términos de número de horas trabajadas. En el acumulado del año, las
personas ocupadas han crecido un 3%, frente a un 1,6% las horas trabajadas,
manteniendo la tendencia observada durante todo el periodo de recuperación post
pandemia (gráfico 1).

La industria manufacturera mantiene una tendencia suavemente
ascendente, reflejando un menor impacto de la situación internacional que en
otras economías europeas. También crecen casi todas las ramas de servicios.

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El futuro de Argentina ante unas elecciones inciertas

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Este domingo Argentina celebra elecciones generales. Trascendentales por su difícil y persistente situación. Si ninguno de los candidatos logra el 45% de los votos, algo bastante probable según las encuestas, habrá segunda vuelta el domingo 19 de noviembre. Centrando el tiro en la economía, décadas de políticas poco exitosas —por no poner otro calificativo—, explican dónde se ha llegado, con una inflación del 138% y gran volatilidad del cambio del peso con el dólar (que superó los 1.000 pesos hace poco, cuando en agosto estaba por debajo de 800). No son los únicos problemas, pero sí buen ejemplo de los enormes desafíos económicos. Desde mi viaje estival al país, he podido dialogar con algunos colegas argentinos. Con mayor detalle con el economista y novelista Eduardo Levy Yeyati, que también ha ocupado puestos relevantes en la gestión pública (por ejemplo, en el Banco Central de la República Argentina). También me he nutrido de declaraciones públicas de otros economistas. En estas líneas desgrano problemas y posibles soluciones, algunas propuestas en campaña electoral. El país del gran Jorge Luis Borges lleva decenios en un círculo vicioso. Para salir de esa pesadilla y pasar a virtuoso, hay mucho que reformar y cambiar. Es clave tomar decisiones valientes para alcanzar la estabilidad macroeconómica y aumentar la formalización de la economía.

Realizando un ejercicio de simplificación, los problemas-síntomas principales se pueden resumir en tres. El primero, un déficit crónico que impide que los gobiernos logren superávits primarios, lo que para la deuda implica impagos recurrentes y autarquía financiera. En segundo lugar, el denominado abuso de la moneda, por la insistencia en políticas expansivas e inflacionarias en años buenos. También por el recurso al impuesto inflacionario para financiar el déficit en años malos, que son la mayoría. El resultado es una presión cambiaria constante que lleva a controles de capitales y a dificultar las exportaciones, que agrava la escasez de divisas. Así surge la tradicional falta de apego de los argentinos a su moneda (el peso), que necesita estabilidad para poner precio a las cosas. El tercero es la creciente dualidad de la economía. Solo un 30% de los ocupados tiene empleo formal y permanente y un 37% de informalidad, que sube. Para hacer frente al primero de los problemas, habría que redoblar los esfuerzos para lograr un equilibrio fiscal primario. Para ello habría que racionalizar determinados subsidios (como energía o transporte), que alcanzan fundamentalmente a la clase media y alta, reducir exenciones y subvenciones a sectores protegidos, actuar contras las inadecuadas praxis de muchas empresas públicas y reducir las redundancias en el sector público. Estas medidas no deberían afectar la provisión de educación o sanidad, ni implicar necesariamente despidos, para evitar mayores males sociales en una sociedad agotada.

Para el segundo desafío, de naturaleza monetaria, es urgente dotar de completa independencia al banco central, que evite el mal uso del tipo de cambio como respuesta a todo. Para el tercero, en el ámbito laboral, hay que promover una eficaz formación continua con nuevas modalidades de contratación, facilitando la creación de empleo y la jerarquización del trabajo independiente, hoy mayormente precario.

La dolarización ha estado nuevamente sobre la mesa en la campaña electoral. Parece que los que la proponen han olvidado las terribles consecuencias económicas y sociales de lo acontecido en 2001, que llevó al corralito. La mayoría de los economistas considera que sería un grave error. Entre ellos, lo ha declarado públicamente el que fuera presidente del banco central, Martín Redrado (al diario El País, el pasado 4 de agosto). Es inviable con reservas netas negativas y sin financiación externa. Asimismo, generaría una brutal fragilidad para el sistema bancario argentino, sin un fondo de dólares líquidos que sirva de colchón. Incluso si ganaran los que proponen la dolarización, es muy probable que esa opción se deseche al poco tiempo por impracticable, lo cual podría generar mucha frustración entre los argentinos. Más aún si no hay un improbable plan B que sea eficaz y si no es capaz de compartir el proyecto de país con otras fuerzas políticas.

La modernización de la economía argentina precisa reformas transversales. En el mercado de trabajo, parece necesaria la introducción de puertas de entrada al empleo menos rígidas. También mejorar notablemente la productividad, especialmente la de los millones trabajadores subempleados. En el ámbito productivo, se deberían priorizar políticas horizontales que generen estabilidad económica. Claves son la reaparición del crédito, la simplificación de la maraña impositiva, la mejora de la conectividad física y digital, la eliminación de controles a las importaciones y de impuestos a las exportaciones y el reforzamiento de la competencia y de instituciones que la vigilen. Estas reformas deberían llegar antes de las políticas verticales específicas, por ejemplo, en renovables o procesos en línea con la agenda climática. En el ámbito internacional, Argentina tiene que buscar su hueco en un mundo que debate el futuro de la globalización. Debe dejar de perder oportunidades, retener talento —un gran volumen de expatriados, con sus ahorros y recursos— y de capacidades emprendedoras. Mercosur puede jugar un papel constructivo si se refuerza la integración, pero las dudas de Brasil no ayudarán a corto plazo. Es una baza por la que apostar una vez se superen las grandes dificultades del presente.

La agenda de política económica es enormemente desafiante para Argentina. Muchísimo en juego en estas elecciones. Con una estrategia que acierte, las enormes potencialidades del país y el gran margen para hacer reformas podría propiciar un rebote de su economía, desconocido desde hace décadas.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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Nuevos anticuerpos ante el ajuste del BCE

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La respuesta de la economía española a la subida de tipos de interés no deja de sorprender. Casi todos los anteriores ciclos de endurecimiento monetario —motivados, como ahora, por la necesidad de luchar contra la inflación— habían generado una recesión. En este caso, sin embargo, la economía resiste mejor de lo previsto, a tenor del dato de crecimiento del segundo trimestre, un notable 0,4%, prácticamente lo mismo que en los tres trimestres anteriores. Durante el mismo periodo, el coste del dinero se ha encarecido vertiginosamente y el euríbor cotiza ya por encima del 4%.  

Las explicaciones más inmediatas —abaratamiento de la energía, recuperación del turismo, fondos Next Generation—se quedan cortas, porque no bastan para entender la aparente inmunidad de las variables más sensibles a la subida de tipos de interés: la inversión se incrementó nada menos que un 4,6% en el segundo trimestre.

La aceleración del ritmo de ejecución de los fondos europeos es un factor. Otro, crucial en un contexto de subida de tipos, el desendeudamiento de las empresas y de los hogares. Tras el shock de la pandemia, las empresas reanudaron el proceso de reducción de pasivos, de modo que su deuda se sitúa ya por debajo del nivel prepandemia y es casi la mitad que en el anterior ciclo de subida de tipos de interés, que coincidió con la crisis financiera. Asimismo, las familias han aligerado sus balances, aprovechando la subida del euríbor para amortizar préstamos hipotecarios. Su situación financiera es, por tanto, significativamente más holgada que en el momento del estallido de la crisis financiera. El nivel de deuda privada es también menor que en otros países de nuestro entorno, especialmente Países Bajos, Finlandia y Suecia, algo que también contribuye a explicar el buen tono de la economía española en el seno de la OCDE.   


Bien es cierto que el elevado peso de los préstamos hipotecarios a tipo variable es un factor de vulnerabilidad. El foco de atención debe estar en las personas con menores niveles de renta, y es importante que las medidas dirigidas a este colectivo se refuercen, tratándose de una cuestión social acuciante. Pero a nivel macroeconómico, el desendeudamiento parece estar amortiguando el impacto financiero de la subida de los tipos de interés.  

El comportamiento del mercado laboral es otro factor diferencial en relación con épocas anteriores. La moderación del IPC, junto con los acuerdos salariales y la incesante creación de empleo, han aportado un impulso al poder adquisitivo, contribuyendo a contener el impacto de la restricción monetaria en la renta de los hogares. El consumo privado rebotó en el segundo trimestre, quebrando la senda negativa de los dos trimestres anteriores.  

Pero no echemos las
campanas al vuelo, porque las señales de desaceleración se han multiplicado.
Nuestra economía, muy dependiente del exterior, no puede desacoplarse del parón
de la eurozona, especialmente de Alemania. Las exportaciones, protagonistas de
nuestra recuperación pos pandemia, dan síntomas de debilitamiento. El sector
industrial se resiente, y las expectativas para los próximos meses no son
halagüeñas (el indicador PMI de gestores de compra de las manufacturas se sitúa
en terreno contractivo). 

Por otra parte, la subida de tipos de interés no se ha trasladado todavía por completo a la economía. La encuesta de préstamos bancarios apunta a una fuerte reducción de la demanda de crédito. Además, el BCE podría dar una nueva vuelta de tuerca en septiembre, apoyándose en la resiliencia de los precios, y sobre todo Lagarde advierte que mantendrá los tipos durante un periodo más prolongado de lo vaticinado.   

Con todo, la economía
española ha dejado atrás algunas de sus rémoras históricas como la querencia
por la deuda privada y la volatilidad del mercado laboral, lo que está permitiendo
encarar el ciclo monetario en mejor posición desde el punto de vista
macroeconómico. Queda por apuntalar estos resultados con reformas e inversiones
que nos permitan abordar los grandes desafíos económicos, presupuestarios y
sociales de nuestros tiempos.        

PIB | En el segundo trimestre el PIB avanzó un 0,4%, un ritmo similar al de los tres trimestres anteriores, pero con un cambio notable en su composición: ahora es la demanda interna la que lidera la actividad, mientras que la aportación del sector exterior es negativa, como consecuencia del enfriamiento de los mercados internacionales. Desde el lado de la oferta, los servicios y la construcción lideran el crecimiento de la actividad, mientras que la industria manufacturera se contrae y la agricultura cae un 8,4%, el segundo mayor descenso de la serie histórica, en un contexto de sequía.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El PIB creció un 0,4% en el segundo trimestre

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CNTR | IIT 2023


El PIB creció un 0,4% en el segundo trimestre de 2023 según el avance provisional de la contabilidad nacional trimestral, resultado que se sitúa en línea con lo previsto. Al mismo tiempo, las tasas de crecimiento de los dos trimestres anteriores han sido revisadas a la baja en una décima porcentual. Así, el nivel del PIB se situó en el segundo trimestre un 0,4% por encima del nivel del cuarto trimestre de 2019.

El ascenso del segundo trimestre se apoyó, fundamentalmente,
en la recuperación del consumo privado, que se encuentra en disposición de
volver a crecer tras el ajuste de los dos trimestres anteriores, y en la
inversión en construcción. En menor medida, también contribuyeron al
crecimiento el consumo público y la inversión en bienes de equipo. No obstante,
cabe señalar que todas estas variables, salvo el consumo público, se encuentran
aún por debajo de los niveles prepandemia (gráfico 1).

La aportación del sector exterior –de donde procedió el
crecimiento en los dos trimestres anteriores– fue, sin embargo, negativa. Las
exportaciones de bienes sufrieron una caída del 5,9%, situándose por debajo del
nivel prepandemia, en un contexto de debilitamiento de la economía europea.
También retrocedieron las exportaciones de servicios no turísticos, tras 11
trimestres consecutivos de intenso avance. Las exportaciones de servicios
turísticos, cuya capacidad de crecimiento se encuentra muy agotada tras
alcanzar y superar los niveles prepandemia, registraron tan solo un ligero
ascenso (gráfico 2).

Desde la perspectiva de la oferta, la industria sufrió una
caída en su VAB mientras que la construcción y los servicios crecieron,
resultado que también se encuentra en línea con lo esperado. Destaca el
hundimiento de la actividad en el sector primario, con una caída del 8,4%, la
segunda mayor de la serie histórica.

En cuanto al empleo, el número de personas ocupadas, medidas
en términos de la contabilidad nacional, registró una variación nula, aunque el
número de horas trabajadas creció un 1,3%, recuperando así el nivel
prepandemia.

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Los desafíos de una economía resistente, pero con grandes debilidades estructurales

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Nuevamente, vuelvo a escribir el día después de unas elecciones generales sobre los deberes del próximo Gobierno. 1.351 días después del 11 de noviembre de 2019, el día después de aquellas votaciones, y tras una grave pandemia, la guerra cruenta en Ucrania y un brote inflacionario persistente. Casi nada. En aquel entonces vivíamos ignorantes de lo que se nos venía encima en 2020, casi veíamos el futuro con optimismo, tras haber alcanzado algo de estabilidad económica al final de una década —como la de 2010— que se inició turbulenta con los coletazos de la crisis financiera y el brutal impacto de las tensiones de la deuda soberana europea.

Hoy todo aquello nos parece muy lejos, aunque no hayan transcurrido ni cuatro años. Tras experimentar una recesión sin precedentes —de las más graves en toda la OCDE— a causa del Covid-19, la economía española se ha ido recuperando paulatinamente, a pesar del impacto de la inflación, los problemas de la cadena global de suministros y el conflicto bélico. Hasta tal punto que incluso tenemos sectores con sobrecalentamiento de demanda, como el turístico, que este año superará al del 2019. Nos olvidamos con frecuencia de nuestras fortalezas y la de los servicios ofrecidos a visitante foráneos, junto al consumo privado y las exportaciones, las que dan buenas noticias en la coyuntura económica, sobre todo si la comparamos con los principales países europeos, azotados por una inflación más elevada y una mayor debilidad en su crecimiento actual, incluso algunos en recesión.

Hay una resiliencia de la economía española en este entorno que puede sorprender, pero tiene otras muchas lecturas. En primer lugar, el país está cerca de los 21 millones de afiliados. Ha progresado notablemente en creación de empleo, aunque también se observe cierto agotamiento de este ritmo de creación de puestos de trabajo en los últimos registros estadísticos. La tasa de paro está en el 12,7% y, aunque sea un avance, solo nos recuerda que debemos perseverar en los esfuerzos, ver qué ha funcionado y qué no. No hay lugar para la complacencia, puesto que el desempleo sigue muy por encima de los promedios de la UE y porque el estructural se estima en un 8% y aún estamos a una distancia considerable del mismo. El paro entre menores de 25 años supera el 28%, un registro muy incómodo. Durante toda la legislatura ha estado presente, en diferentes formas, la cuestión de la temporalidad de los contratos. Es un debate necesario para comprender el funcionamiento de las instituciones laborales en España, que deja diferentes interpretaciones. Por un lado, la flexibilidad ha mostrado un cierto rédito en los últimos cambios del marco regulatorio. Sin embargo, se habla de reformas laborales con demasiada ligereza. Parece que los diferentes actores políticos tiran en distintas direcciones, al menos en las declaraciones públicas. Sin embargo, en la práctica, los avances en descentralización y simplificación de contratos han permitido crear empleo como nunca en España. Todo ello, sin despreciar los importantes detalles (o algo más que eso) que suponen otros avances, como las subidas del salario mínimo, aunque se pueda discutir su recorrido y temporalidad. Por lo tanto, convendría reconocer que en materia de empleo ha habido más consenso del que aparentemente trasluce. Y, para certificarlo, está la UE, fijando límites a lo que sí y no parece conveniente desmantelar, cambiar o proponer en materia de trabajo.

Otro de los grandes ejes de cambio debe ser, sin más demora, la transformación productiva. El país está abocado imperiosamente al aumento de la productividad que persiguen todas las economías avanzadas, tras la crisis (en sentido de cambio) productiva a la que lleva el cambio tecnológico. La última gran manifestación es la inteligencia artificial, un campo en el que España está en un curioso, pero potencialmente interesante lugar desde el punto de vista estratégico. Cuenta con talento y capacidad científica para progresar, pero requiere una apuesta mucho más decidida por la inversión —privada y pública— y gestión de la I D i. Hacen falta los incentivos necesarios.

En estos años, también, hay un legado importante de gestión de situaciones críticas inesperadas que han marcado la agenda y que continuará requiriendo esfuerzos y una importante y responsable gestión. Al igual que en las anteriores legislaturas la crisis financiera y la de la deuda soberana ponderaron de forma considerable en la capacidad de decisión y presupuestaria, la pandemia y la guerra de Ucrania han dejado algo más que un poso en el gasto público. Va a tocar ya revisar las reglas fiscales de la UE para retomar la senda de la disciplina y ajuste. Sin embargo, todavía están por ejecutar gran parte de los fondos destinados a transformación y resiliencia (Next Generation EU) que se comprometieron con el Covid-19. El semestre europeo, que España preside, tendrá que lidiar con este equilibrio entre el mundo fiscal expansivo y el más responsable.

No puede olvidarse, además, que el cambio ha sido también notablemente financiero y monetario, entre otras cosas, por el importante cambio de régimen en la inflación. Los años de la gran expansión cuantitativa han pasado. Esa gran acción monetaria comenzó a desmantelarse apenas hace un año en la eurozona, con las primeras subidas de tipos de interés. En los años anteriores, en un entorno de tipos de interés negativos, el Tesoro español se financió a coste casi cero o incluso negativo. Y, lo que es tanto o más importante, amplió los plazos de pago de la deuda. Sin embargo, ahora el coste financiero ha subido. Lo saben las familias y empresas. El futuro mayor coste financiero lo notarán también las arcas públicas. Más aún, cuando hay factores de gasto que amenazan la sostenibilidad de las cuentas del Estado en un entorno de envejecimiento poblacional y de aumento del gasto en pensiones y sanidad.

Finalmente, España tiene que dirimir claramente cuáles son esos factores diferenciales en este entorno de cambio de productividad. Se habla mucho de digitalización y de sostenibilidad ambiental. España ofrece obvias ventajas naturales para encabezar o estar entre la élite europea de energías limpias. El problema es que ha habido demasiados vaivenes en el pasado y, ahora, sin embargo, hay una sensación de inmediatez —aquí y en todos lados— que sugiere costes importantes a corto plazo. La estrategia energética debe ser una, consolidada y bien agendada.

En definitiva, el nuevo Gobierno no afronta retos necesariamente nuevos, pero sí más acuciantes que hace cuatro años, aunque partiendo de una coyuntura comparativamente benigna. En un entorno global de proteccionismo y riesgos ampliados, lo menos que se puede tener es una hoja de ruta firme.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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