COVID-19 – Negocios e Inversiones

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El transporte público no acaba de recuperarse

mayo 17, 2022

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Continuamente se escucha en los medios de comunicación que tal o cual indicador económico ya está en los niveles de prepandemia (o casi). Sin ir más lejos, en esta pasada Semana Santa la DGT ha confirmado que el número de desplazamientos ha superado los realizados en 2019. Se han alcanzado 15,8 millones de desplazamientos de largo recorrido que suponen un 5,9% más que los 14,9 registrados en la Semana Santa de 2019.

Sin embargo, al transporte público “convencional” le está costando alcanzar los niveles prepandemia. No así a la movilidad compartida que se está desarrollando con fuerza en las grandes ciudades, donde ya son familiares los patinetes, las bicicletas, las motos y los coches de uso compartido. El número 171 de Papeles de Economía Española, que acaba de publicarse con el título ‘Infraestructuras terrestres, transporte y movilidad de personas‘, dedica varios artículos a estudiar el proceso de transformación en la movilidad urbana. La expansión de los servicios de movilidad compartida se analiza en Berrone et al., (2022), Miralles-Guasch et al., (2022) y Fernández (2022), mientras que la situación del transporte público convencional se examina en Matas y Perdiguero (2022).

Los últimos datos de viajeros en medios de transporte terrestres disponibles en el INE siguen confirmando esta impresión. El Gráfico 1 muestra la evolución total de viajeros desde enero de 2019 hasta febrero de 2022. En el Panel A, se representa la evolución del transporte urbano regular, distinguiendo entre el metro y el autobús (líneas regulares); mientras que en el Panel B, se presenta la evolución de los viajeros en el transporte interurbano regular en autobuses y trenes de cercanías. Lo primero que destaca en ambos tipos de transporte (dato que no por conocido se le debe restar importancia) es el desplome que se produjo en los meses de marzo y abril de 2020. Desde entonces la recuperación ha sido la tónica general, teniendo en cuenta que las caídas en los meses estivales y en Navidad corresponden al movimiento estacional consecuencia de la disminución de trayectos al puesto de trabajo.

Lo que queda patente es que la recuperación en el uso del transporte público urbano e interurbano todavía no es completa. Para cuantificar este desfase, en el Gráfico 2 se muestran las tasas de variación de enero y febrero de 2022 respecto del mismo período de 2020, que todavía era prepandemia. Aunque se están acortando las diferencias en todos los medios de transporte analizados, todavía la magnitud de estas tasas negativas es bastante significativa, con una caída media del 25,7%.

Investigar qué factores están condicionando que la recuperación del transporte público sea tan lenta es muy relevante, ya que, si este comportamiento se convierte en un fenómeno permanente, contribuiría negativamente sobre el medio ambiente y pondría en peligro la consecución los objetivos de descarbonización fijados en la economía. En el número 171 de Papeles de Economía Española se apuntan varias explicaciones que pueden estar detrás de esta situación.

Una primera cuestión está relacionada con la pandemia y sería el reparo, por cuestiones sanitarias, que todavía tienen algunos usuarios. De manera que la sustitución que hicieron en el momento más duro de la pandemia hacia el vehículo privado podría no haber revertido. Por tanto, es crucial que las Administraciones Públicas realicen una intervención activa más intensa que informe sobre la seguridad sanitaria e incentive el uso del transporte público convencional.

Una segunda hipótesis, también relacionada con la pandemia, es que ha aumentado el teletrabajo y, con ello, ha disminuido la necesidad de realizar trayectos urbanos e interurbanos. En el mismo sentido influye el avance del comercio electrónico. Además, este último cambio de comportamiento, lejos de disminuir (como se está observando en el teletrabajo) sigue aumentando. Así, en los tres trimestres de 2021, el comercio electrónico ha crecido un 15,2% respecto del mismo período de 2019 (calculado a partir de la información de la CNMC).

La tercera causa que se apunta es algo inesperada. Se trata de que el fuerte impulso que se está observando en la micromovilidad activa (es decir, los patinetes y las bicicletas), que está acaparando usuarios del transporte público y no del coche privado. Evidentemente, esta explicación solo aplica para el transporte urbano, no el interurbano.

Por último, se debe añadir un cuarto factor explicativo de la limitación del transporte público convencional y que no está relacionado con la pandemia. Y es que, a pesar de que se intenta que el transporte público sea cada vez más accesible, lo cierto es que la población más mayor tiene bastante dificultad para utilizar el transporte público tradicional (no digamos ya las nuevas ofertas de movilidad compartida de patinetes y bicicletas). Y el fenómeno del envejecimiento de la población es imparable. Por tanto, este parece ser el factor más preocupante a medio y largo plazo por lo que se debe seguir trabajando para disminuir la brecha intergeneracional en el uso del transporte público.

Por todo ello, es indiscutible que se deben definir planes estratégicos de movilidad urbana que identifiquen claramente los aspectos sobre los que las autoridades públicas deben intervenir para incentivar el uso del transporte público.

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Las mujeres jóvenes salen de la crisis con más preocupación y menos optimismo que los hombres

marzo 7, 2022

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Transcurridos dos años desde el inicio de la pandemia, más de cuatro de cada cinco mujeres españolas (de 18 o más años) todavía se declaran muy o bastante preocupadas por los efectos de la crisis del coronavirus. Así, aun cuando durante el último año (febrero 2021-febrero 2022) esta preocupación ha caído en 13 puntos porcentuales entre las mujeres, en febrero de 2022, el 83% respondían “mucho” o “bastante” a la pregunta sobre cuánto les preocupaban los efectos de la crisis del coronavirus (Gráfico 1). Si bien a este respecto se aprecian diferencias entre grupos de edad, incluso en aquel en el que la preocupación se halla menos extendida (18-34 años), casi ocho de cada diez mujeres (78%) han reconocido en el último mes sentirse muy o bastante preocupadas por los efectos de la crisis (35-64 años: 83%; 65 o más años: 85%) (Gráfico 2a).

Distinta es la percepción de la situación entre los hombres. Los datos de opinión pública reflejan de manera consistente niveles de preocupación más bajos que los de las mujeres a lo largo del último año (Gráfico 1), pero, además, en la población masculina (de 18 o más años) las diferencias entre grupos de edad son mucho más notorias. Los hombres jóvenes se han mostrado a lo largo de todo el periodo mucho menos preocupados que sus padres y abuelos, separándoles una distancia muy considerable (Gráfico 2b).

Por tanto, de los gráficos 1 y 2 se desprende que, por lo que se refiere a la preocupación por los efectos de la pandemia, la homogeneidad intra-género es significativamente mayor entre las mujeres que entre los hombres, en tanto que la heterogeneidad inter-género alcanza su máximo en el grupo más joven. Así, mientras la proporción de hombres entre 18 y 34 años muy o bastante preocupados por los efectos de la pandemia no llega actualmente a dos tercios (63%), la de las mujeres de la misma edad se acerca a cuatro quintos (78%). Ciertamente, la preocupación por los efectos de la pandemia también ha disminuido entre las mujeres jóvenes a lo largo del último año, pero entre los hombres lo ha hecho mucho más rápidamente (Gráfico 2).

Las diferencias entre hombres y mujeres jóvenes son también ostensibles en lo que se refiere a la percepción de la gravedad del momento en que nos encontramos. Así como, en febrero de 2022, el 84% de los hombres de 18 a 34 años opinan que “lo peor ya ha pasado”, entre las mujeres de la misma edad el porcentaje baja hasta el 63%. En el grupo de edad de 35 a 64 años, los hombres que suscriben esta opinión “optimista” también superan (en 5 puntos porcentuales) a las mujeres, lo que, sin embargo, no se observa entre los mayores de 64 años (Gráfico 3).

En general, por tanto, las mujeres, y especialmente las más jóvenes, atraviesan esta fase de salida de la crisis sanitaria con más preocupación y menos optimismo que los hombres. Por lo demás, ellas sienten en mayor medida que la pandemia ha afectado mucho o bastante a su vida personal. Así lo reconoce la mitad de las mujeres de 18 a 34 (frente a un 40% de los hombres de la misma edad) (Gráfico 4). Mayor todavía es la proporción de las que afirman que la pandemia ha afectado mucho o bastante a su vida social (61% frente a 49% de los hombres de la misma edad) (Gráfico 5). De nuevo, son las mujeres en edades laborales (18-64 años) las que mayoritariamente señalan que la pandemia afecta a su vida personal y a su vida social. No obstante, en todos los grupos de edad analizados, ellas sienten en mayor proporción que ellos que la pandemia y sus implicaciones afectan a sus vidas.

En línea con diversas investigaciones nacionales e internacionales (por ejemplo esta, esta o esta), los datos de opinión pública sugieren que la pandemia ha lastrado emocionalmente más a las mujeres que a los hombres, pero, en contra de lo que cabría esperar, esta diferencia de género parece especialmente destacada en el grupo de edad más joven, aquel que está iniciando su inserción laboral o consolidándola, y sobre el que recae buena parte del esfuerzo reproductivo de cualquier sociedad. En la medida en que los sentimientos de preocupación influyen en el bienestar psicológico y en los comportamientos efectivos, en el Día Internacional de la Mujer también es importante recordar la existencia de diferencias de género importantes a este respecto.

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La competencia es más eficaz que regular los precios de los test de antígenos

enero 14, 2022

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Si no les gusta el gris no sigan leyendo. La regulación de precios de productos sanitarios en tiempos de pandemia no se presta a un debate maniqueo. No hay verdades absolutas, sino pros y cons, un mundo lleno de grises. Ya discutimos en el blog la decisión de imponer un precio máximo a las mascarillas y concluíamos aquella entrada con una enigmática frase: los controles de precios en general no funcionan, pero las mascarillas pueden ser la excepción que confirma la regla. El caso de las pruebas de antígenos y, sobre todo, la situación de la pandemia, son diferentes, pero gran parte de los argumentos de entonces son válidos ahora.

El primer principio general es que los controles de precios no suelen funcionar bien en mercados competitivos. El precio de equilibro de mercado —el punto de intersección de la famosa X de oferta y demanda— maximiza los intercambios y el bienestar. Si imponemos un precio inferior al de equilibrio, la oferta se reducirá y la demanda aumentará, lo que conllevará que existan más consumidores que quieran comprar el bien que unidades disponibles. Este exceso de demanda se traduce en colas, desabastecimientos y, en definitiva, en pérdida de bienestar. Además, se reducen los incentivos a invertir en aumentar la oferta o en innovar.

Sin embargo, es dudoso que estos argumentos se puedan aplicar directamente al mercado de los test. Primero, por un problema de equidad. Sus altos precios hacen que sean los grupos de mayor renta los que proporcionalmente más los utilizan. Si reducimos el precio y la suerte (o las colas) deciden quién obtiene el test, este efecto renta se reducirá sustancialmente. Este es un argumento redistributivo en favor del control de precios defendido por muchos economistas, entre los que se encuentra el premio nobel Paul Krugman, que encuentra inadmisible que la protección ante la pandemia esté condicionada por el nivel de renta.

Amihai Glazer, autor de uno de los mejores manuales de microeconomía y teoría de precios, proporciona otro argumento en favor del control de precios en mercados sanitarios que mezcla efectos redistributivos y de eficiencia. La idea central es que, correlacionado con la renta, está el tipo de ocupación. Por ello, con precios altos, los denominados white collar —trabajadores de oficina, de mayor renta y con más posibilidades de teletrabajar— acapararían las mascarillas y los test, frente a los trabajadores de la construcción o de las fábricas (blue collar) que tienen más riesgo por no poder teletrabajar y por depender en numerosas ocasiones del transporte público. Por ello, incluso con riesgo de desabastecimiento y racionamiento, puede ser preferible un precio máximo.

Pero seguramente el argumento más poderoso es que el mercado de distribución farmacéutica no se corresponde con un mercado perfectamente competitivo. Las farmacias y los distribuidores farmacéuticos tienen poder de mercado y su comportamiento no casa bien con la pasiva y dócil oferta de los mercados competitivos. Cuando existe poder de mercado, un precio máximo puede aumentar la demanda y mejorar el bienestar porque, en este caso, la ineficiencia proviene de que transacciones eficientes no se realizan puesto que las empresas prefieren mantener precios altos antes que aumentar las ventas.

Pero cuando uno evalúa políticas públicas, no solo debe centrarse en análisis de los costes y beneficios de una medida, sino también en las posibles alternativas. Por todo lo dicho, la decisión del gobierno de fijar un precio máximo de los test de antígenos en 2,94 euros puede justificarse, aunque supone algunos riesgos que el gobierno intenta mitigar con la compra masiva de test. Pero existe una medida que podría alcanzar los mismos objetivos y, al mismo tiempo, disiparía el fantasma del posible desabastecimiento: el aumento de competencia en la distribución de los test.

Tal como recomendó ya en 2015 la CNMC, la venta en general de productos farmacéuticos que no requieren prescripción médica (como es el caso de los test) en supermercados y otros medios de distribución aumentaría la competencia, reduciría los precios, y el aumento de oferta reduciría el riesgo de desabastecimiento. Además, las grandes cadenas de distribución tendrían un gran poder de compra (en este caso el poder de mercado es viento de popa) y podrían conseguir más unidades con menores costes. Esto no es solo teoría: es lo que observamos en otros países que han tomado esta medida (ver gráfico 1 y mapa 1), y lo que observamos también con las mascarillas: que bajaron de precio radicalmente cuando aumentaron los canales de distribución y tienen ahora un precio mucho menor que el fijado inicialmente por el gobierno.

Nota: El gobierno británico subvenciona la adquisición de paquetes de 7 test en farmacias.

Es importante, finalmente, reflexionar sobre el impacto de las medidas en el medio y largo plazo. El aumento de precio de los test se ha dado en España y en todos los países de Europa. La razón es que la sexta ola ha incrementado la demanda exponencialmente, y los suministradores de test deben estar al límite de su capacidad. Cuando tenemos restricciones de capacidad, la teoría económica nos dice que los precios suben, porque los incentivos a bajar los precios y captar nuevos consumidores se reducen. Pero esta situación tendrá un reverso: por la misma lógica, previsiblemente la sexta ola habrá terminado en febrero; la demanda caerá, las restricciones de capacidad desaparecerán, y los precios bajarán. Comprar Reseñas googleSi aumentamos la competencia en los canales de distribución, esa bajada se trasladará a los consumidores, y con ello se ayudara a controlar más la pandemia. Sin embargo, si no aumentamos la competencia, la mera existencia de un precio máximo no solo no ayuda a bajar los precios, sino que puede ralentizar la bajada de los mismos al actuar como un precio de referencia.

Terminemos con la capacidad de síntesis de las redes sociales. Tenemos dos problemas: los altos precios de las pruebas y su escasez. Fijar un precio máximo ataca el primero de los problemas con el riesgo de agravar el segundo. Aumentar la competencia, permitiendo la venta de los test en supermercados, no solo mata los dos pájaros de un tiro, sino que nos garantiza que cuando se produzcan las previsibles bajadas de los costes, estas se trasladarán a los consumidores, aumentando con ello su uso y la salud de todos.

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Un año de menos a más

enero 10, 2022

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Todos los astros parecían haberse alineado para impulsar la recuperación total de la economía española en un horizonte próximo. Al cierre del año, el sentimiento empresarial se mantenía en cotas positivas (en diciembre superó en 8,5 puntos porcentuales la media de la serie que arranca en 2000), mientras que las carteras de pedidos auguraban una buena añada. Y la pujanza del mercado laboral ha superado las expectativas, quebrando la espiral de destrucción de puestos de trabajo de las anteriores recesiones.

Pero el escenario se ha complicado con la aparición de la versión ómicron de la crisis sanitaria, y sus reverberaciones en la actividad y en los precios. No solo porque la multiplicación de bajas laborales causadas por las infecciones ralentiza la actividad en los sectores del comercio presencial, de la agricultura o de la industria que no pueden recurrir al teletrabajo. El principal escollo radica en la nueva oleada de retrasos en los suministros, que sin duda provocará nuevos cuellos de botella en sectores como el automotriz, que veían la luz al final del túnel. Por tanto, todo apunta a que los motores de la recuperación de la actividad no funcionarán a pleno rendimiento, al menos hasta que la situación sanitaria se despeje y posteriormente se relaje la presión sobre los canales de abastecimiento.

Fuentes: Eurostat y BdE.

Las perspectivas de inflación también desmienten la visión de transitoriedad del BCE. Lejos de amainar, el IPC acelera su escalada hasta el 6,7% en diciembre, propulsado por el encarecimiento de la energía y sus efectos colaterales en los productos más intensivos en electricidad o expuestos a la crisis de suministros —descontando la energía y los elementos más volátiles, el IPC subyacente se acelera hasta el 2,1%—. El fenómeno atraviesa toda la eurozona, pero con especial ahínco en algunos de los países más alérgicos a la inflación: en Alemania el IPC alcanza el 5,7% y todavía el 3,9% en términos subyacentes, y algo parecido ocurre en Holanda y otros autodenominados “frugales” (la inflación supera el 10% en algunos bálticos). Sin duda, el precio del gas y de la electricidad debería relajarse tras el invierno por la menor demanda. Comprar Reseñas googlePero el retorno al objetivo del 2% antes de finales de año se complica y, por tanto, no es descartable que los halcones redoblen la presión sobre el BCE para dar una vuelta de tuerca adicional a la política monetaria.

En cualquier caso, los mercados ya empiezan a reflejar el giro que desde EE. UU. se extiende a Europa, en consonancia con la correlación histórica entre las dos zonas monetarias. Así pues, el alza del rendimiento de los bonos del Tesoro americano a 10 años se está contagiando a la deuda europea: la referencia alemana roza valores positivos por primera vez en tres años, arrastrando el resto de tipos de interés de la eurozona. Es decir, si bien el BCE promete condiciones más acomodaticias que la Reserva Federal, un desacoplamiento completo no es verosímil en un mundo financiero de vasos comunicantes donde el dólar mantiene su liderazgo por su condición de principal moneda de reserva.

Todo ello podría redundar en un nuevo año económico que iría de menos a más, de manera similar a lo acontecido en el anterior ejercicio: la doble crisis energética y de suministros frenará la capacidad productiva en los próximos meses, antes de suavizarse y dar paso a una recuperación más robusta en la segunda parte del año, liderada por el efecto demanda embalsada, todavía muy abundante, un previsible rebote del turismo extranjero y un mayor despliegue del plan de recuperación. Para el conjunto del año, el crecimiento podría sorprender al alza, gracias a la mayor adaptabilidad de la economía ante las diferentes olas de virus. Tendremos por tanto una oportunidad única de aplicar políticas expansivas que sirvan para potenciar la sostenibilidad de nuestra economía. Algo todavía posible en 2022, en un entorno fiscal y monetario irrepetible.

EUROZONA | Los principales indicadores de coyuntura apuntan a una incipiente ralentización de la actividad en la eurozona, pero también a una leve moderación del brote inflacionario. Tanto el índice PMI de gestores de compra como el de sentimiento económico estimado por la Comisión Europea se redujeron en diciembre. Pero en ambos casos los valores se mantienen en terreno expansivo (PMI superior a 50, y sentimiento económico un 15,3% por encima de la media desde 2000). El IPC de la eurozona se incrementó un 5% en términos interanuales, una décima más que en noviembre.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El antivacunas imaginario

noviembre 30, 2021

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En 1673 Molière estrenó “El enfermo imaginario” en el Palais Royal de París. En la que fue su última obra teatral, Molière describe cómo la vida y las decisiones de su protagonista, Argan, están absolutamente condicionadas por males que solo existen en sus fantasías. Mientras tanto, los médicos no pierden ocasión para sacar provecho de su errada percepción de la realidad.

Al igual que sucede en la alucinación enfermiza de Argan, la presencia en el debate público de los llamados “antivacunas” o “negacionistas” no parece estar justificada por el peso que tienen en el total de la población española. No solo el porcentaje de vacunados es uno de los más altos de Europa (alrededor del 80% a finales de noviembre de 2021), sino que, además, entre los que no se han vacunado aún algunos afirman estar dispuestos a hacerlo. Según datos del barómetro del CIS de noviembre de 2021, el 26% de las personas no vacunadas en esa fecha declaran estar dispuestas a hacerlo cuando llegue su turno. Solo el 3% del total de entrevistados (mayores de 18 años) no se ha vacunado y afirma claramente que no está dispuesto a vacunarse.

Este peso marginal de los antivacunas en la población española se confirma también en los datos del Eurobarómetro Especial sobre “Conocimientos y actitudes de los ciudadanos europeos respecto a la ciencia y la tecnología” (septiembre 2021). Solo un 5% de los españoles afirman que las vacunas y la lucha contra las enfermedades infecciosas tendrán un efecto negativo sobre su forma de vida en los próximos 20 años (gráfico 1). Esta cifra supone la mitad de la media europea (10%). Son, sobre todo, países del este de Europa los que muestran un mayor recelo hacia las vacunas (el 27% de la población en Rumanía y Eslovenia), aunque este colectivo también tiene un peso significativo en países como Francia e Italia (11 y 14%, respectivamente).

Fuente: Elaboración propia con datos del Eurobarómetro Especial sobre “Conocimientos y actitudes de los ciudadanos europeos respecto a la ciencia y la tecnología” (nº 516, septiembre 2021).

Los datos del Eurobarómetro también arrojan luz sobre el perfil de este colectivo en Europa. Se pueden destacar cuatro características fundamentales que les distinguen del resto de la población: peores indicadores en cuanto a la marcha de sus vidas, una menor satisfacción con la democracia en su país y en la UE, un mayor pesimismo y porcentajes más bajos de interés, opinión y conocimiento de la ciencia. En efecto, en este grupo, y en comparación con el total de la muestra, es mayor el peso de aquellos que se declaran con dificultades para pagar las facturas (40% vs. 27% del total de entrevistados) o que muestran un grado de satisfacción menor respecto a sus vidas (el 26% no está satisfecho, frente a un 16% del total) (gráfico 2). Además, el 62% de los críticos con las vacunas no están satisfechos con la democracia en sus países, mientras que para el total de entrevistados esta cifra se reduce al 41% (60% y 40%, respectivamente, en cuanto a la democracia en la UE). También son pesimistas respecto a la evolución de las cosas en sus países, en la UE y en sus vidas (74%, 62% y 32% de insatisfechos, respectivamente, frente a 52%, 43% y 15% del total de entrevistados). Por último, de sus respuestas se deduce una peor relación con la ciencia que la población general (gráfico 3). Entre ellos, es mayor la presencia de los que no se declaran interesados por los descubrimientos médicos (25% frente a 14%), los que creen que la influencia de la ciencia y la tecnología en la sociedad es negativa (33% frente a 11%) y los que obtuvieron los peores resultados en una serie de preguntas sobre ciencia (33% frente a 20%). Aunque para el caso español lo reducido de la muestra de críticos con las vacunas impida detallar su análisis, los datos sugieren que comparten el mismo perfil que sus pares europeos.

Fuente: Elaboración propia con datos del Eurobarómetro Especial sobre “Conocimientos y actitudes de los ciudadanos europeos respecto a la ciencia y la tecnología” (nº 516, septiembre 2021).

Se trata, en definitiva, de un grupo social caracterizado por la insatisfacción, el pesimismo y el recelo de la ciencia. La imposición de medidas restrictivas específicas sobre este grupo de población puede alimentar aún más la desconfianza que ya manifiestan y, por lo tanto, tener efectos contraproducentes a medio y largo plazo. Es difícil imaginar que las medidas coercitivas sobre este colectivo vayan a conseguir mejoras significativas en su vacunación.

El Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) ha puesto en cuestión la eficacia del uso del certificado COVID para el control de la transmisión dentro de los países. Además, desde las ciencias sociales se han señalado sus elevados costes en términos de cohesión social y confianza en las autoridades sanitarias. Sin embargo, en las últimas semanas algunas autoridades políticas en España han reclamado su obligatoriedad en determinadas situaciones, llamando la atención sobre un colectivo, los antivacunas, prácticamente inexistente en España. Esta insistencia en contra del criterio de los expertos puede explicarse, probablemente, en base al amplio apoyo social del que goza la medida. Según los datos del barómetro del CIS de noviembre de 2021, el 83% de la población apoya la implantación del pasaporte COVID.

No se puede descartar que este apoyo disminuya en el futuro. Israel, país adelantado en el proceso de vacunación, decidió a principios de octubre invalidar los pasaportes COVID de todas las personas que solo contaban con dos dosis de la vacuna hasta que se recibieran la tercera. Dos millones de personas (en un país de 10 millones de habitantes) perdieron su certificado COVID de la noche a la mañana. En Europa, el ECDC ha llamado a los Estados miembro a poner las dosis de refuerzo y algunos países demandan ya que las tres dosis sean necesarias para tener el certificado COVID. De momento, la UE propone limitar a nueve meses la validez de la vacuna COVID para viajar. Si una proporción creciente de la población ve restringidos sus derechos, la percepción social sobre la pertinencia del pasaporte COVID podría también cambiar sustancialmente.

En España no deberíamos obsesionarnos con los antivacunas. No deberían marcar ellos las políticas públicas sobre control de la pandemia. La labor de los poderes públicos es la de tomar decisiones en base a criterios racionales y evidencias empíricas, así como la de fomentar la confianza de la población. Esto solo es posible a través de la educación y la transparencia, no generando reservas y animosidad hacia los no vacunados.

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¿Se ha recuperado el nivel de empleo previo a la pandemia?

septiembre 27, 2021

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El número de afiliados a la Seguridad Social fue de 19.473.724 en agosto,
cifra que supera en 223.000 la de febrero de 2020, es decir, la anterior a la
pandemia. No obstante, esta comparación de cifras brutas entre meses diferentes
ofrece una imagen engañosa, debido al efecto de la estacionalidad. Así, febrero
es uno de los meses del año en los que, por motivos estacionales, el nivel de
empleo es más bajo, mientras que agosto es uno de los meses con el nivel más
elevado. Es decir, estamos comparando un mes estacionalmente muy bueno con un
mes estacionalmente muy malo. Para saber cuál era realmente la situación del
empleo en agosto de 2021 en comparación con febrero de 2020 tenemos que
eliminar el componente estacional de las cifras. Una vez realizado dicho proceso
de desestacionalización, tenemos que el número de afiliados el pasado mes de
agosto era inferior en unos pocos miles al anterior a la pandemia. Es decir, en
agosto prácticamente se había recuperado el nivel de empleo anterior al
Covid-19.

No obstante, esta afirmación debe ser matizada por dos circunstancias
importantes. En primer lugar, esa recuperación en el nivel total de afiliación
debe mucho al incremento del empleo público, que a lo largo de dicho periodo ha
aumentado en unos 180.000. Si atendemos únicamente al empleo privado, este se
mantiene por debajo del nivel previo a la crisis, siempre en términos
corregidos de estacionalidad, en unos 188.000 afiliados.

Por otra parte, del total de afiliados al final de agosto aún permanecían en ERTE 272.000, y había 222.000 autónomos con prestación, es decir, casi 500.000 afiliados tenían un nivel de actividad nulo o reducido. De modo que el nivel de empleo efectivo privado todavía se encuentra lejos de recuperar los niveles prepandemia (gráfico 1).

Gráfico 1

Fuente: Funcas a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Podemos hacer el mismo análisis para las comunidades autónomas. Como se
puede observar en el gráfico 2, en agosto todas las comunidades autónomas,
salvo Canarias, Madrid y País Vasco, habían recuperado, y superado, el número
de afiliados de febrero de 2020. Pero en términos de afiliados en el sector
privado, y con cifras desestacionalizadas, solo hay cuatro territorios que superan
el nivel prepandemia: Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y la ciudad
autónoma de Ceuta. Se trata de territorios que desde el principio de la crisis se
identificaron como menos vulnerables a la misma debido a su estructura
sectorial, menos orientada a los sectores más expuestos a la pandemia.
Asimismo, en la Comunidad Valenciana el número de afiliados privados de agosto
estaba en el nivel de febrero de 2020, mientras que Andalucía, Navarra y Madrid
eran las regiones que, encontrándose por debajo del nivel precrisis, más cerca
estaban de recuperarlo. En el sentido opuesto, las regiones que más lejos se
hallaban de recuperar el número de afiliados privados previo a la pandemia eran
Baleares y Canarias.

Gráfico 2

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Funcas.

Cabe destacar el caso de Baleares, que en términos de afiliados totales en
cifras originales es la comunidad que con mayor holgura superaba en agosto el
nivel de empleo precrisis, y, sin embargo, en términos de empleo privado
desestacionalizado, es junto con Canarias la que se encuentra en peor posición.
Esto no se debe a que tenga una elevada proporción de empleados públicos, sino
a que es la región donde mayor es la diferencia habitual entre el nivel de
empleo en agosto y el nivel de empleo en febrero, debido a una estacionalidad
mucho más acusada que en el resto de regiones. Este caso extremo pone de
manifiesto la importancia de desestacionalizar las series para realizar
comparaciones entre meses diferentes, si no queremos llegar a resultados
engañosos.

Gráfico 3

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Funcas.

Finalmente, el gráfico 3 representa el número de afiliados en ERTE y
autónomos con prestación extraordinaria, es decir, el número de afiliados con
un nivel de actividad nulo o reducido, en cada comunidad, en porcentaje del
empleo total. Si al número de afiliados privados le restamos esta última cifra,
tenemos que el empleo privado efectivo (desestacionalizado) está aún por debajo
del previo a la pandemia en todas las comunidades autónomas, siendo nuevamente
Baleares y Canarias las que se encuentran en peor posición, frente a Castilla-La
Mancha y Murcia, que son las mejor situadas, junto con Navarra. En este caso, Extremadura
está en peor lugar que Navarra debido a su mayor porcentaje de afiliados con
actividad nula o reducida (esta última comunidad es la que tiene un menor
porcentaje de trabajadores con actividad nula o reducida).

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Alegremente, pero no demasiado

julio 26, 2021

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El entorno externo ha jugado un papel crucial en todas las recuperaciones anteriores, y ésta no ha sido una excepción. El rebote de la economía mundial, junto con las mejores perspectivas internas ligadas a la aceleración de la campaña de vacunación, dio un giro saludable a las expectativas. A la espera de lo que sentencie el INE la semana que viene, todo apunta a un resultado alentador en el segundo trimestre, con un PIB al filo del 2%, es decir un histórico 19% en términos interanuales. La evolución favorable de la afiliación todavía se prolongaría en julio, en consonancia con el rebote reciente de los servicios.

Sin embargo, el contexto internacional se está mostrando
menos amable, no solo por causa de la propagación de la variante delta del
virus y de las incertidumbres que genera para los desplazamientos y la
inversión. Las reservas de vuelos flojean (entre inicios de abril y mediados de
junio se habían multiplicado casi por tres, y han caído un 31% desde entonces,
según el indicador Sojern). Todo ello hace temer una temporada turística
menos boyante de lo esperado.

Otro escollo en el camino de la recuperación es la escalada de costes de producción y de la factura de la electricidad. Los indicadores de coyuntura de julio revelan una intensificación de los cuellos de botella en la industria y un encarecimiento de los suministros, especialmente los importados. El ascenso de los precios pagados por las empresas no tardará en trasladarse a los consumidores, frenando la recuperación. Las familias españolas ya pierden poder adquisitivo por el subidón de la factura de la luz, fruto de una regulación notoriamente defectuosa. Y las empresas anticipan una inflexión (la cartera de pedidos en la eurozona retrocede, aunque todavía se sitúa en terreno positivo).

Gráfico 1

Gráfico 2

Pero la principal preocupación surge de las economías que se habían adelantado en la remontada. En China, el motor de la inversión, lastrado por las deudas, no responde a los estímulos, mientras que los consumidores no recuperan los niveles de confianza anteriores a la crisis. Y tanto en EE UU como en Reino Unido, que nos habían precedido en la administración de la vacuna, el rebote parece perder tracción (PMI en retroceso en julio en ambos países). Los países en desarrollo, por su parte, se enfrentan a la escasez de vacunas, algo que está provocando una ola inquietante de contagios, acuciando sus economías y haciendo temer la aparición de nuevas variantes que amenazan con prolongar el impacto global de la pandemia.

Los mercados financieros reflejan el enfriamiento de las
expectativas: huyen de la inversión en la economía real hacia la seguridad de
la deuda pública. La consecuencia es un abaratamiento de los costes financieros
para los Estados, en detrimento del equipamiento de las empresas. El rendimiento
del bono español a 10 años retrocede, en consonancia con los valores de referencia
en Alemania y EE UU.

Este es un entorno excepcionalmente volátil, y por tanto conviene no extraer conclusiones precipitadas —algunos analistas aventuran el retorno de la “estanflación” de los años 70—. La recuperación es una realidad y lo más probable es que se mantenga, como lo pronostica el Panel de Funcas, aunque con riesgos al alza. Los bancos centrales los perciben, pero ni los halcones parecen dispuestos a tolerar una dosis de estímulos adicional, ni ésta serviría para responder a las especificidades de cada país miembro. La reactivación del dispositivo de reaseguro europeo de desempleo (el llamado SURE) parece más apropiado, por su despliegue exitoso durante la pandemia y por tratarse del único instrumento de estabilización fiscal disponible en la Unión Europea —el Next Generation es un programa de inversión y de reformas, y por tanto carece de la flexibilidad que caracteriza el SURE—. Además, en nuestro país, la reforma del mercado eléctrico no puede retrasarse más, ya que además de resolver uno de los principales fallos estructurales, aportaría allegro ma non troppo.

ELECTRICIDAD | Según EnergyLive, el precio de la electricidad alcanza en España los 92,02 euros por MWh (con datos del 23 de julio), el triple que hace un año. La factura es la más cara de la UE, después de Italia (105,07 euros). En Alemania y Francia la electricidad es un 18% más barata que en nuestro país. El consumo de energía se ha incrementado desde el inicio de la recuperación, pero se sitúa todavía por debajo del nivel precrisis, y su encarecimiento refleja sobre todo factores de oferta y de regulación del mercado.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Balón de oxígeno del BCE

julio 12, 2021

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El cambio de estrategia de inflación por parte del BCE es una decisión inteligente, y beneficiosa para una economía endeudada como la española, pero no despeja las dudas acerca del riesgo de burbujas financieras inherente al mantenimiento de una política ultra-expansiva durante un tiempo prolongado.

Uno de los rasgos más destacables de la evolución reciente es el retorno de la inflación, desde tasas negativas al final del pasado año hasta un 2,6% en junio y apuntando inexorablemente al alza, al menos a corto plazo —una circunstancia que hubiera dado alas a los halcones que preconizan un endurecimiento de las condiciones monetarias—. Paradójicamente, al aceptar un objetivo simétrico en torno al 2% —ahora los precios pueden desviarse al alza, y no solo a la baja— el banco central aporta mayor credibilidad a la meta que persigue, la de una inflación positiva.

La decisión no se
podía retrasar más. En primer lugar, porque las tensiones están siendo más intensas,
por el encarecimiento de la electricidad así como la reversión de las
bajadas del precio del petróleo que tuvieron lugar el año pasado en los meses
iniciales de la pandemia. A partir de agosto habrá nuevos efectos de reversión
de bajadas de precios, en este caso en los servicios, de modo que la tasa de
inflación volverá a ascender hasta situarse por encima del 3%. O incluso más en
el caso de Alemania.

Además, la escalada de los costes internacionales de producción podría trasladarse a la inflación interna. Los indicadores de precios pagados por la industria rozan máximos de dos décadas, y una tendencia similar se vislumbra en los servicios. Tarde o temprano las empresas tendrán que repercutir los costes a los precios de venta. En los segmentos que se acercan al pleno empleo, también deberían provocar incrementos salariales, iniciando un proceso de inflación subyacente. No olvidemos que todos los países de la eurozona, salvo España, Grecia e Italia, mantienen tasas de paro inferiores al 10%, acariciando en algunos casos el pleno empleo de la población activa (Alemania, Austria y Holanda, por ejemplo). En España, sin embargo, el déficit de empleo es patente, especialmente entre jóvenes y trabajadores sénior.

Gráfico 1

Gráfico 2

Por otra parte, el apoyo monetario sigue siendo imprescindible para mantener la senda de recuperación económica. Si es cierto que la actividad mejora, fruto de la liberación de la demanda que se había quedado embalsada durante la crisis y del incremento de la movilidad, también surgen nuevas incertidumbres, tal la “variante delta” del virus y su impacto en la economía global y en especial en el turismo. El entorno sigue siendo extraordinariamente volátil, y por tanto era crucial que la política monetaria ampliara su capacidad de reacción, algo que ha conseguido flexibilizando el objetivo de inflación.

Si bien el contexto
aboga por el mantenimiento de los estímulos monetarios, ojo con los efectos
colaterales. El más visible es el incremento acusado del precio de la vivienda
registrado en la mayoría de países europeos. En los grandes centros urbanos el
metro cuadrado prosigue su escalada, inmune a la pandemia. España va por ese
camino aunque con algo de retraso.

Consciente de los
riesgos para la estabilidad financiera, el BCE promete incorporar el precio de
la vivienda en su medición de la inflación. Esta es una buena idea, aunque
compleja metodológicamente y que llevará tiempo en realizarse: inundar los
mercados de liquidez y a la vez limitar la inflación de activos financieros y
de vivienda, esa es la cuadratura del círculo a que se enfrentan los banqueros
centrales.

El BCE da un
respiro, pero la clave no está en la inflación sino en si prorroga su programa
de compra de deuda iniciado con la pandemia. El reto para la política económica
española es aprovechar la ventana de oportunidad, preparándose a un entorno de
menor dependencia del banco central en su colocación de deuda, y limitando los
riesgos asociados a un contexto de abundante liquidez.

VARIANTE DELTA | Los indicadores coyunturales apuntaban hasta fechas recientes a una temporada turística alentadora. A mediados de junio, las reservas de viajes en avión hacia España se situaban un 5,2% por encima de los niveles registrados en el mismo periodo de 2019 (los valores eran de un 70% inferiores a inicios de año). Desde entonces, sin embargo, el sector se resiente del incremento de contagios provocado por la variante Delta y las medidas preventivas anunciadas por algunos gobiernos. Así pues, a finales de junio, las reservas caían un 23,4% con respecto a 2019.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La economía de la salud pública en España (II)

junio 15, 2021

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Este^[1] es el segundo de una serie de artículos en la que estamos analizando de forma elemental la Economía de la salud pública en España. La importancia de las actividades y servicios de salud pública no se puede minusvalorar. Se ha estimado que de los 30 años de esperanza de vida ganados a lo largo del siglo xx, 25 se pueden atribuir a medidas de salud pública, tales como mejor nutrición, saneamiento y vivienda, etc., mientras que la asistencia sanitaria a los pacientes individuales habría contribuido con cinco años (Bunker et al. 1994). La vigilancia y control epidemiológico han conseguido contener ciertas epidemias. Las vacunas a lo largo de la historia han disminuido radicalmente morbilidad y mortalidad salvando millones de vidas (Andre et al. 2008) (Hidalgo et al 2013).

Además, estos servicios y herramientas —en particular los de prevención y vigilancia epidemiológica— se han revelado críticos para dar respuesta a la pandemia de la COVID-19, enfermedad infecciosa global nueva que, cuando debuta, nos golpea carentes de los conocimientos necesarios para atajarla, en especial sin vacunas disponibles, ni tratamientos específicos. La mejor respuesta y resultados de los países del Sudeste Asiático y de Alemania (desde luego en la primera ola) seguramente se pueden atribuir al despliegue de unos servicios de salud pública potentes, habiendo sido el tipo y características del sistema de asistencia sanitaria curativa individual relativamente indiferentes a la hora de evitar contagios, hospitalizaciones y fallecimientos (Lobo 2020).

Otra motivación para estudiar la
economía de la prevención y salud pública son las interrelaciones entre pandemias y crecimiento económico. En
esta ocasión no estamos ante una crisis económica que impacta y genera
consecuencias en la salud, sino ante una crisis sanitaria que tiene
consecuencias en la economía de todos los países. En particular, la
incertidumbre y la falta de confianza que genera la progresión de contagios,
hospitalizaciones y fallecimientos paraliza consumo e inversiones, sin que
quepa esperar que la economía se recupere si no se estabiliza la situación
sanitaria. No existe un balance compensatorio entre economía y salud. Los
países que más han contenido la pandemia son los que menos daños económicos han
sufrido y mejor se han recuperado, mientras que los que han respondido con
medidas laxas y han tenido menor éxito en su contención son también los que
peor evolucionan económicamente.

«Las inversiones en herramientas que permiten prevenir la enfermedad pandémica tienen altísimo retorno, lo que obliga a reorientar las prioridades económicas en el futuro hacia la vigilancia epidemiológica, rastreo, detección y seguimiento de contactos, vacunas, etc…».

Félix Lobo y Marta Trapero Bertrán

El FMI en las últimos Perspectivas de la Economía Mundial de abril de 2021 ha estimado una caída del PIB mundial en 2020 del 3,3%, sin precedentes históricos recientes, pero que podría haber sido tres veces mayor de no haber sido por las extraordinarias políticas de apoyo desplegadas. Cutler y Summers (2020) han estimado el coste total de la pandemia en los EE.UU teniendo en cuenta, además de las pérdidas de PIB, los costes sanitarios emergentes (muertes prematuras valoradas a partir del “valor estadístico” de la vida, morbilidad y discapacidad y problemas mentales resultantes) en 16 billones (doce ceros) de dólares, equivalentes al 90% de su PIB en un año. Para una familia media de cuatro miembros el quebranto alcanzaría los 200.000 dólares. Aproximadamente la mitad es pérdida de renta derivada de la recesión y la otra mitad pérdidas por vidas más cortas y menos saludables. En la Gran Recesión la reducción de producción sólo fue de un cuarto. Las distintas publicaciones de Funcas también están prestando gran atención a las consecuencias económicas de la COVID-19, tales como el nº 165 de 2020 de Papeles de Economía Española; SEFO, Spanish and International Economic & Financial Outlook últimos números y el libro de Ocaña et al. (2020), Impacto social de la pandemia en España. Una evaluación preliminar.

Una consecuencia es que las inversiones en herramientas que permiten prevenir la enfermedad pandémica tienen altísimo retorno, lo que obliga a reorientar las prioridades económicas en el futuro hacia la vigilancia epidemiológica, rastreo, detección y seguimiento de contactos, vacunas, etc… En España se ha estimado que la vigilancia epidemiológica de la pandemia tiene una ratio beneficio/coste de 7 a 1 (González López-Valcárcel, y Vallejo Torres 2021).

También hemos de tener presente que en las recesiones económicas los países tienden a reducir los gastos públicos sanitarios debido a las restricciones fiscales. Pero, entre ellos, los gastos en prevención y salud pública cuentan con elevadas probabilidades de ser recortados. Las razones —en circunstancias normales, bien distintas de las de una pandemia— son las siguientes:

Prioridad de las personas enfermas que
requieren tratamiento,
Estos gastos tienen poca visibilidad y
rentas electorales,
Producen beneficios difícilmente
apreciables por cada individuo y sólo afloran a largo plazo, por lo que no
concentran las demandas de los ciudadanos,
No tienen el apoyo de grupos de interés
ni de organizaciones sindicales o profesionales poderosas.

Estas reducciones de gasto (popularmente recortes) pueden llegar a tener consecuencias negativas a corto y largo plazo en la salud de las personas. Algunas derivan de la propia crisis; otras pueden ser espoleadas por las políticas públicas, como la política de austeridad impuesta por la Unión Europea para responder a la crisis financiera de 2008-2014. Las repercusiones sobre la salud de la contención de los gastos sanitarios durante la Gran Recesión han sido un tema destacado de análisis en años pasados, aunque con conclusiones poco claras (Karanikolos et al. 2015). En España un estudio encontró que la crisis perjudicó a la salud mental de los españoles, pero debido a los trastornos psicológicos causados por el enorme paro, más que por las restricciones de gastos y servicios. Sin embargo, no encontró que la crisis se asociara, a corto plazo, a mayor incidencia de enfermedades crónicas como la EPOC, cardiovasculares, etc. (García-Gómez et al, 2016); (Oliva Moreno et al. 2018). Puede leerse una discusión breve de esta cuestión en Lobo (2017). Todo indica que, además de las trágicas mortalidad y morbilidad, las consecuencias indirectas para la salud de la pandemia van a ser muy superiores a las de la crisis financiera de 2008-2014.

En próximos artículos analizaremos el
nivel, la evolución, los componentes y las características del gasto público en
prevención y salud publica en España según las distintas fuentes disponibles.

[1] Este artículo se basa en el publicado por los mismos autores “El gasto público en servicios de prevención y salud pública en España antes de la COVID-19 (I). Los datos nacionales”, en Cuadernos de Información Económica, nº 280, enero-febrero 2021.

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Los rebrotes pasan factura a la ciudadanía

enero 30, 2021

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La multiplicación de rebrotes de la covid y el deterioro de las expectativas están frenando la recuperación y amenazan con alterar significativamente la posición de nuestra economía con respecto a los principales socios europeos. El verano se había iniciado con señales esperanzadoras —rebote de la actividad industrial y en los servicios profesionales, mejora de las exportaciones de automóviles, incremento de la afiliación a la seguridad social, leve repunte de las perspectivas de consumo, numerosas empresas que recurren al crédito y a los ERTE, para no cerrar—. Incluso el turismo parecía animarse a principios de julio, especialmente en los destinos que en ese momento se consideraban más seguros, como las islas.

https://www.youtube.com/watch?v=1CH4L9vl8RE

El recrudecimiento de los contagios no solo ha truncado la temporada turística: los indicadores de movilidad apuntan a una pérdida del 70% de los más de 40.000 millones de euros que, según la patronal del sector, España ingresa en un verano normal en concepto de turismo.

También ha perjudicado la confianza, ese ingrediente clave de la recuperación. España es el único país de la zona euro que muestra un deterioro de la economía en enero, según el índice de sentimiento económico que acaba de divulgar de la Comisión Europea (Finlandia también registra una caída, pero desde niveles relativamente elevados). El cambio de tendencia se refleja en las expectativas de empleo, con un recorte del indicador que ronda el 8%. Algo que contrasta con la mejora de la economía y del mercado laboral que se observa en Alemania, Francia e incluso Italia, fruto de un esfuerzo prolongado de contención de la pandemia en el país transalpino, que contrasta con la relajación en el nuestro.

Incidencia disparada en PRUNA, Córdoba, por los excesos de las NAVIDADES

El Ministerio de Sanidad apunta a los excesos durante las Navidades como la causa del aumento de los casos de coronavirus. En Pruna, un pueblo de Córdoba, sufren un brote que deja una incidencia de 4.600 casos por 100 mil habitantes y que comenzó con el positivo de un camarero. La localidad sevillana de Pruna hará un cribado masivo este miércoles tras el repunte de contagios

Asimismo, ante el riesgo de un nuevo confinamiento y el miedo a perder su puesto de trabajo, las familias españolas se muestran reacias a consumir en comparación con los principales países vecinos. Y siguen incrementado el ahorro depositado en las cuentas bancarias, incluso durante el mes de julio, tradicionalmente boyante para el consumo por la temporada de rebajas y el inicio de las vacaciones (las ventas minoristas apenas se incrementaron ese mes, quebrando la pauta histórica).

La incertidumbre en torno a la vuelta al colegio, tras más de cinco meses con las aulas cerradas, es otro factor agravante para la economía y de exasperación para muchas de las cerca de seis millones de familias con hijos que no pueden teletrabajar. Un retraso en la apertura de los colegios tendría consecuencias especialmente negativas para las familias monoparentales en situación de vulnerabilidad.

Resultado del tercer trimestre

Con todo, tras registrar el peor resultado en el tercer trimestre, la economía española se está recuperando en el tercero, aunque con menos vigor que en el resto de Europa. Sin embargo, un descuelgue no es irremediable. El camino de la recuperación pasa necesariamente por frenar la expansión de los contagios y coordinar la vuelta a las aulas. Si esas condiciones no se cumplieran, la política económica perdería buena parte de su efectividad, y por tanto el Gobierno se vería abocado a incrementar sus ayudas a las empresas y al empleo, para obtener un resultado cada vez más discreto que nos distanciaría del resto de Europa.

Los mercados no tardarían en reaccionar a esa brecha creciente, y nos acercaríamos a una zona de peligro para la financiación de la economía. No se espera una vacuna antes de finales de año. Y las ayudas europeas no llegarán hasta mediados de 2022, además de depender de la elaboración de unos Presupuestos Generales del Estado y de la puesta en marcha de reformas que permitan reducir los desequilibrios económicos y sociales que arrastra el país. Una reacción temprana al deterioro que se ha producido en semanas recientes es, por tanto, indispensable para conservar el margen de soberanía económica que todavía ostentamos y aprovechar la oportunidad de transformar el modelo productivo.