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El poder transformador de las instituciones

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El premio Nobel de Economía 2024, otorgado a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson, llega en un momento crítico para la evolución de la sociedad y economía mundial. En un momento de fuerte desapego social. El reconocimiento a su trabajo sobre el papel fundamental de las instituciones en la prosperidad de las naciones no podría ser más relevante en un contexto global donde el escepticismo hacia las estructuras tradicionales de poder e influencia crece. Si algo nos enseñan estos tres economistas es que, lejos de ser meros mecanismos burocráticos, las instituciones son los cimientos sobre los que se construyen sociedades prósperas y equitativas, o bien, se perpetúan estructuras de pobreza y desigualdad.

Sus trabajos destacan que la riqueza o la pobreza de un país dependen tanto de la geografía, los recursos naturales o la cultura, como del tipo de instituciones que se desarrollan y, con frecuencia, se imponen. Sus investigaciones nos recuerdan que los momentos clave de la historia —particularmente el colonialismo— introdujeron sistemas que determinarían el destino de naciones enteras. Países que recibieron instituciones inclusivas, que fomentaron la participación política y el acceso a oportunidades, hoy son más prósperos. Mientras que otros, cuyas instituciones fueron extractivas y explotadoras, aún luchan por romper el ciclo de pobreza.

Este mensaje resuena de manera poderosa hoy, cuando el vínculo entre ciudadanos e instituciones es cada vez más frágil. Muchas personas observan las instituciones -que van de gobiernos a organismos internacionales- como entes lejanos y ajenos, ineficaces o, incluso, corruptos. Sin embargo, los laureados con este Nobel nos recuerdan que son estas mismas instituciones —cuando funcionan de manera inclusiva y justa— las que pueden cambiar el rumbo de las sociedades. El reto actual no es rechazar las instituciones, sino transformarlas para que sirvan mejor a los intereses colectivos.

En su libro Por qué fracasan los países, Acemoglu y Robinson profundizan en esta idea. Las sociedades que logran construir instituciones que protegen los derechos individuales, garantizan la competencia económica y promueven la innovación, tienden a prosperar. Esto cobra especial importancia en un momento en el que la tecnología, el cambio climático y las tensiones geopolíticas requieren respuestas institucionales sólidas y flexibles y adaptativas que guíen a las naciones hacia un futuro más justo y sostenible. El conocido término de “élites extractivas” surge de la citada obra, que son aquellas que se apartan de la obtención del bien común y dedican sus esfuerzos a su propio bienestar y al del grupo al que pertenecen.

La labor de estos tres economistas es tanto académica como eminentemente práctica. Ofrece un espejo en el que mirar para comprender por qué algunas naciones han logrado prosperar y otras no. En sus investigaciones, queda claro que la clave no está en buscar atajos, sino en redoblar los esfuerzos por fortalecer las instituciones. En tiempos en que parece prevalecer la desconfianza, su trabajo nos recuerdan que el verdadero cambio no se logra desde la destrucción, sino desde la mejora y el refuerzo de las estructuras que sostienen a las sociedades.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Europa se queda atrás en la carrera de la IA. ¿Va a acelerar el paso algún día?

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Uno de los diagnósticos que recoge el informe Draghi hace referencia a cómo el exceso regulatorio de la Unión Europea está “matando a sus compañías”, en particular a las pequeñas empresas tecnológicas. Sin embargo, el problema va más allá del escaso desarrollo tecnológico en Europa. 

En junio de este año Apple anunció su decisión de retrasar la implementación de su actualización de software con inteligencia artificial (IA) y otros servicios en Europa debido a la regulación comunitaria[1]. Este no es un caso aislado. Empresas como Google y Microsoft también han retrasado la introducción de sus innovaciones (Brand y Copilot, respectivamente) en Europa por temor a no cumplir con los requisitos regulatorios. La gota que ha colmado el vaso ha sido el anuncio de OpenAI de no traer a Europa, de momento, sus últimos desarrollos que, por ejemplo, permiten acceder a una descripción clara del entorno a personas con problemas de visión. Toda vez que el continente no dispone de sus propias tecnologías y depende en gran medida de las que se desarrollan en Estados Unidos, el hecho de que los europeos no puedan acceder a las mismas herramientas para su trabajo y vida cotidiana que los estadounidenses frena, en términos comparativos, el aumento de su productividad. 

Además del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) que entró en vigor en 2018, la Unión Europea ha puesto en marcha sucesivas legislaciones en los últimos tres años que no han sido bien recibidas por el sector tecnológico europeo: la Ley de Servicios Digitales (Digital Services Act) en 2022, la Ley de Mercados Digitales (Digital Markets Act) en 2023 y la Ley de IA en 2024. Según la Comisaria Europea de Competencia, estas regulaciones, formuladas bajo estándares éticos, buscan garantizar la competitividad de Europa en el sector tecnológico, a pesar de que el propio sector, la evidencia comparada con Estados Unidos, y ahora el informe Draghi insistan en que la sobreregulación está lastrando el crecimiento de la productividad en Europa. 

Por supuesto, el desarrollo tecnológico no puede ser ajeno a la protección de los consumidores, de la privacidad, la seguridad y la transparencia. Tampoco se puede explicar la falta de competitividad tecnológica europea en base a un único factor. Se trata de una historia con varios villanos. La framentación del mercado de capitales y del mercado digital, la escasez de fondos de capital riesgo, así como la baja inversión en I D o la aversión al riesgo de los europeos son otros elementos que los expertos señalan como lastres para el sector tecnológico europeo. Pero tampoco cabe duda de que al sumar a estos obstáculos la sobreregulación se amplifican las ya de por sí importantes barreras existentes para la innovación en Europa.

Una encuesta realizada en diciembre de 2023 por Funcas a una muestra representativa de la población española de 25 a 64 años ha puesto de relieve que la sociedad es plenamente consciente de que la Unión Europea se ha quedado atrás en la carrera por la IA. Ante la pregunta sobre quién creen que lidera la carrera por la inteligencia artificial, un 53% de los encuestados afirma que Estados Unidos está a la vanguardia, mientras que el 43% piensa que China ocupa el primer lugar (gráfico 1). Solo un 3% identifica a Europa como líder en este ámbito. Incluso al considerar el segundo lugar en la carrera por la IA, apenas el 12% menciona a Europa. En total, solo uno de cada seis encuestados sitúan a Europa en primer o segundo lugar en la carrera internacional por la IA. 


La mayoría de los encuestados en España muestran una clara preferencia por que la regulación se centre en controlar el desarrollo y funcionamiento de la IA en aspectos como el uso, la privacidad y la transparencia. Concretamente, cinco de cada seis encuestados (83%) creen que este debería ser el principal objetivo de la regulación comunitaria en materia de IA. Solo un 14% de los encuestados opinan que la prioridad debe ser fomentar la inversión y la innovación en IA para mantener la competitividad internacional de las economías europeas.

Ahondando en estos resultados, el control regulatorio sigue siendo la opción preferida en todos los grupos de edad, sexo y nivel educativo, aunque es ligeramente menor entre los hombres jóvenes, donde aún así alcanza a dos tercios de los encuestados. Las diferencias en función del conocimiento autopercibido de la IA son mínimas, y aunque hay una variación algo mayor entre diferentes niveles de uso de ChatGPT, sigue siendo pequeña. Incluso entre aquellos que consideran la IA como una oportunidad más que una amenaza, el 82% cree que la prioridad regulatoria debería ser el control.

Estos datos constatan una paradoja significativa: a pesar del escaso apoyo para fomentar la inversión en IA como prioridad regulativa, existe una conciencia clara (y acertada) de que Europa no está liderando en este campo. De lo que quizás no existe una conciencia clara es de las consecuencias. Andrew McAfee, cofundador y codirector de la Iniciativa sobre Economía Digital en el MIT, ha ilustrado este dilema desde una perspectiva histórica: “Quedarse (aún más) rezagado en inteligencia artificial y otras tecnologías que están transformando las economías hoy en día es casi tan perjudicial para la competitividad nacional como lo fue quedarse (aún más) atrás en la máquina de vapor durante la primera revolución industrial”.

Más información en el artículo La opinión pública ante la inteligencia artificial: conocimiento, expectativas y regulación, publicado en el número 39 de la revista Panorama Social.


[1] La Comisaria Europea de Competencia declaraba estar “bastante aliviada de no recibir un servicio actualizado por inteligencia artificial en mi iPhone“.

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Los problemas crecen y las soluciones urgen en el mercado de la vivienda

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Las dificultades de acceso a una vivienda asequible en España se encuentran entre los grandes problemas estructurales de nuestro país. No han mejorado desde la aprobación de la Ley de Vivienda a principios de 2023, sino que han empeorado. Los precios continúan subiendo. Y los alquileres han seguido encareciéndose y, lo que es casi peor, se han retirado viviendas del mercado, con lo que la oferta se ha reducido. El debate público no cesa y recurrentemente aparecen segmentos del mercado de la vivienda que parecen requerir una nueva actuación. Casi siempre se pide que sea desde las Administraciones Públicas. Con el comienzo del curso académico, se habló mucho de la falta de oferta en residencias universitarias y de pisos para estudiantes. Estos días la discusión gira alrededor del alquiler vacacional, sin duda una fuente de tensión en el mercado en la actualidad, ante el boom turístico después de la pandemia. 

Puede haber cosas que corregir e incluso limitar en este segmento, como pueda ser su mal uso y que se esté empleando para encarecer cada seis meses el alquiler, aunque se trate del mismo inquilino. Las propuestas para intervenir en el alquiler vacacional, si son excesivamente intervencionistas, podrían ser contraproducentes si animan a más propietarios a retirar sus viviendas de la oferta existente. Poner un techo a los precios de alquiler o una regulación excesiva no parece el camino para aumentar la oferta, que es el gran problema del mercado inmobiliario en España. Es el elefante en la habitación. Y los problemas no paran de crecer —como ocurría en aquella serie de una familia norteamericana con hijos adolescentes de la década de 1980— mientras no se actúe sobre la oferta de modo contundente. 

Están siendo frecuentes los análisis y diagnósticos. En esta misma cabecera, muchos autores —entre los que me incluyo— hemos escrito sobre ello. Y no es exclusivo de España. La mayor parte de los países occidentales están teniendo problemas similares de falta de oferta y problemas de accesibilidad, sobre todo para las generaciones más jóvenes, aunque el caso español parece de los más preocupantes. En España las cifras más consensuadas es que harán falta en torno a un millón de viviendas en lo que resta de década, lo que llevaría a precisar una construcción de vivienda nueva de entre 150.000 y 200.000 viviendas. Un esfuerzo enorme y que debe prolongarse en el tiempo. 

En cuanto a posibles soluciones y su viabilidad, lo primero es una llamada a la prudencia: aunque frecuentemente se aboga por la participación pública como eje fundamental en la promoción o alquiler de vivienda, esta visión es controvertida por su potencial para generar incentivos inadecuados y dar lugar a resultados insatisfactorios. Las intervenciones públicas, si no se diseñan y ejecutan cuidadosamente, pueden distorsionar el mercado, desalentar la inversión privada y no alcanzar los objetivos de accesibilidad deseados. Las actuaciones públicas pueden ser necesarias para atender las zonas con mayor tensión. Hay que recordar que son las Comunidades Autónomas las que tienen la mayor parte de las competencias. 

Un aspecto clave es la gestión eficaz del suelo urbanizable. La aprobación del proyecto de ley del suelo —más necesario que nunca— permitiría reducir la inseguridad jurídica, simplificar trámites burocráticos y el desarrollo de nuevas actividades de construcción. La planificación adecuada del suelo es fundamental para garantizar una oferta suficiente y moderar el incremento de los precios. Es clave que culmine la tramitación para aprobar esa Ley. 

Otro elemento importante es el fomento de la construcción de vivienda asequible, que incluye no solo la promoción de nuevas viviendas, sino también la rehabilitación de las existentes para mejorar su habitabilidad. Los programas de subvenciones y ayudas para la renovación de vivienda pueden ser particularmente útiles. Como ya se ha comentado, el mercado de alquiler necesita una atención particular en estos momentos. Su regulación debe evitar, a toda costa, ser distorsionadora, más en un momento de gran tensión como el actual. Es urgente dar con un equilibrio que proteja a los inquilinos sin desalentar a los propietarios. Además, la creación de un entorno regulatorio estable y predecible puede facilitar la inversión en el mercado de alquiler, incrementando así la oferta de viviendas de alquiler a precios razonables. 

Algunas cautelas finales. Preocupa y mucho la falta de mano de obra en el sector de la construcción, que puede ralentizar la creación de oferta de nuevas viviendas, aunque se despejaran otros interrogantes u obstáculos. Cualquier plan que aumente notablemente la oferta de viviendas debe contar con una estrategia de captación de la mano de obra necesaria. Asimismo, las necesidades financieras para construir toda la vivienda que hace falta son enormes. El Estado no puede abordarlas por sí solo, incluso aunque se aprobaran nuevos Presupuestos, que seguramente se adaptarían mejor a las nuevas necesidades, incluida la vivienda. En todo caso, hará falta un importante volumen de recursos privados para acometer la construcción de toda la vivienda que se precisa. 

Es necesario, por tanto, un enfoque holístico, continuado y coordinado en la política de vivienda que permitiría crear comunidades más resilientes y cohesionadas. La colaboración entre el sector público y privado, junto con una planificación urbana eficaz, será fundamental para alcanzar estos objetivos y asegurar un acceso equitativo a la vivienda para todos los ciudadanos. Estas políticas mejorarán la accesibilidad a la vivienda y contribuirán a la estabilidad económica y social del país, promoviendo un desarrollo urbano más sostenible y equitativo. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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Primeros resultados de la Ley “Crea y Crece” para el fomento del dinamismo empresarial en España

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La Ley “Crea y Crece”, en vigor desde finales de 2022, se marca entre otros objetivos “agilizar la creación de empresas, mejorar la regulación para el desarrollo de actividades económicas, reducir la morosidad comercial y facilitar el acceso a financiación”. El texto contempla, así, la constitución de sociedades de manera telemática a través del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), la flexibilización de los mecanismos de financiación alternativa (crowdfunding, capital riesgo…), la generalización del uso de la factura electrónica… y reduce de 3.000 euros a 1 el capital mínimo exigido para constituir una sociedad limitada. Esta nota presenta información preliminar sobre el impacto de la ley Crea y Crece en la dinámica de constitución y disolución de sociedades en España, a partir de la información que sobre estas variables ofrece el INE.

Con la información disponible, la primera conclusión que se extrae es que el dinamismo empresarial, medido por el número anualizado de sociedades constituidas, ha aumentado desde la promulgación de la Ley. En 2019, el acumulado de doce meses en número de sociedades constituidas era alrededor de 95.000, con una tendencia ligeramente decreciente; durante el año 2023 y el primer trimestre de 2024 el número anualizado de sociedades constituidas supera holgadamente las 105.000, con una tendencia creciente (gráfico 1). Históricamente, la evolución de las sociedades disueltas ha sido paralela a la de las constituidas, con una proporción estable de aquellas sobre estas de alrededor del 25%. Esto significa una tasa de rotación sobre el stock de sociedades mercantiles (tasa de constituidas más tasa de disueltas) del 10%. Desde la promulgación de la Ley las sociedades constituidas crecen y las disueltas disminuyen, si bien hay que tener en cuenta que la tendencia descendiente en el número de sociedades disueltas en 2023 viene precedida de un periodo de aumento justo después de la pandemia por la COVID19, por lo que el retroceso de los últimos meses puede significar la convergencia a la tendencia prepandemia. Por sectores de actividad, el mayor dinamismo con respecto a 2019 se concentra en los sectores de Actividades Administrativas y Resto de Servicios y el menor en Industria y Transporte y Almacenamiento.  


En cuanto al capital social medio por empresa que se constituye, el mensaje es algo distinto (gráfico 2). Desde el inicio de la pandemia, el capital medio con el que se constituyen las sociedades mercantiles en España está disminuyendo, desde los 60.000 euros hasta los 40.000 (euros constantes de 2019), un descenso que se consolida desde la promulgación de la Ley. Hay que tener en cuenta que en prácticamente todos los años se concentra en el sector el sector Inmobiliario y financiero concentra dos tercios del total capital social de las sociedades constituidas, cuando el número de sociedades que se constituyen en el sector representa el 17% del total anual. Esto significa que el capital medio de las sociedades que se constituyen en el resto de sectores no llega a un tercio del promedio general. En todo caso, se trata de una cifra notablemente superior a los 3.000 euros de capital exigidos antes de la Ley y del euro que se exige actualmente.  


La evaluación completa del impacto de la Ley Crea y Crece requerirá más tiempo y, sobre todo, más controles para aislar otros factores que pueden contribuir o entorpecer la consecución de los objetivos que la norma se propone alcanzar. Con la información aquí analizada se puede afirmar que, desde su promulgación, asistimos a un robustecimiento de la constitución de sociedades mercantiles en España; más complicado es atribuirle la disminución en el capital social medio con el que se constituyen las sociedades mercantiles en España, puesto que esa tendencia viene de antes de su entrada en vigor.

Esta nota es un extracto de
un texto más amplio sobre el impacto de la Ley publicado aquí.

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Una nueva oportunidad para la reforma del mercado eléctrico

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Desde su puesta en marcha mediante la liberalización acometida allá por los años 90 y hasta bien pasada la pandemia, el actual mercado eléctrico parecía funcionar razonablemente y sin grandes sobresaltos. Esa placidez fue probablemente la razón de que el debate —que lo hubo— sobre eventuales correcciones o mejoras para su perfeccionamiento pasase bastante desapercibido durante ese periodo. Todo cambió a raíz de la invasión rusa de Ucrania y la crisis de suministros. Primero la alarmante subida de precios y, más adelante, su volatilidad, motivaron algunos cambios puntuales —como la denominada excepción ibérica— e incluso concitaron propuestas que reclamaban modificar o, incluso, terminar con el sistema marginalista. Hoy, pasadas las urgencias de hace dos años y en la resaca de esa fase de crisis, se abre una oportunidad de volver a plantear una reforma del mercado eléctrico europeo que suponga un paso adelante respecto al actual sistema y subsane sus lagunas.

¿Cuáles son esas carencias? ¿Qué tipo de reforma es necesaria? ¿Con qué alcance? Son las cuestiones que aborda el libro ‘Una evaluación de las opciones de reforma del mercado eléctrico europeo y una propuesta pragmática’, que mañana 4 de junio se presentará en Funcas en un acto virtual.

La publicación es un trabajo conjunto de varios profesores del Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad de Comillas, entre los que se cuenta Pedro Linares, editor de Papeles de Energía. Su análisis arranca a partir de los problemas más visibles registrados durante el bienio 2021-2022, como la volatilidad de los precios para los hogares y los altos costes para la industria, o los beneficios extraordinarios (“llovidos del cielo”) para tecnologías inframarginales. Pero los autores también ponen luces largas y apuntan, una vez más, a fallos de diseño y posibles complicaciones del actual sistema en el largo plazo, como el hecho de que los reducidos o nulos costes variables de las renovables, con creciente peso en el pool, pueden hacer que, en un futuro no muy lejano, durante buena parte del año los precios sean tan bajos que pongan en riesgo las inversiones; o, relacionado con ello, la necesidad de mantener una generación de electricidad de reserva (“de capacidad”) y disponible (“de flexibilidad”) para garantizar la seguridad del suministro (la suficiencia de generación) y la adaptación y ajuste a la demanda. El diagnóstico se completa con otros problemas, que tienen que ver con la deficiente internalización por las empresas de algunos impactos medioambientales, el ejercicio de poder de mercado por parte de grandes operadores o las carencias del mercado respecto a los consumidores más vulnerables.

El libro
también evalúa, entre otros planteamientos, la reforma promovida por la
Comisión Europea y acordada provisionalmente en diciembre de 2023 por el
Parlamento Europeo y el Consejo. La valoración no es demasiado complaciente,
sobre todo con la falta de desarrollo para los mercados de largo plazo y con el
papel protagonista que concede a los Estados miembros y la consiguiente
posibilidad de distorsiones en el mercado único, pero aun así los autores
consideran la proposición de la Comisión como “una primera reflexión” hacia un
verdadero mercado armonizado.

Por supuesto, la propuesta de reforma recogida en el título ocupa
el grueso del volumen. Sus aspectos clave, profusamente desarrollados en el
libro, hacen referencia al mantenimiento y mejora del mercado de corto plazo,
pero también a la promoción de mercados de largo plazo que, por un lado,
permitan la inversión en renovables, en eficiencia y en almacenamiento y que,
además, doten de estabilidad a los precios. Los autores también sugieren la
introducción de mecanismos de protección de los consumidores vulnerables. Y
todo ello a través de plataformas de escala europea que reduzcan las
interferencias de los Estados. Unos anexos finales tratan algunas cuestiones
técnicas adyacentes a la reforma, como los posibles enfoques para encararla o posibles
mecanismos ante emergencia en los precios que serán de interés para el lector
más implicado.

Se trata, en definitiva, de un nuevo intento de abrir el
debate sobre una reforma que, como tantas, espera su oportunidad de ser
abordada y para la que llega esta nueva propuesta.

Vea mañana la jornada virtual con la
presentación del estudio ‘Una
evaluación de las opciones de reforma del mercado eléctrico europeo y una
propuesta pragmática’
.

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La competencia no tiene quien la escriba (y la defienda). La liberalización del mercado de la alta velocidad en España

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Costaría mucho encontrar alguna otra medida de política pública con un impacto económico tan positivo en términos de bienestar como la liberalización del mercado de la alta velocidad en España. En primer lugar, ha supuesto un aumento del número de viajeros, lo que implica más empleo y actividad económica. La expansión del mercado trae consigo, además, un mayor número de frecuencias y una oferta mas diferenciada de servicios ferroviarios. Y también un descenso muy significativo de los precios, haciendo el servicio más accesible a los consumidores con menos recursos. En términos medioambientales, el ferrocarril ha ganado una cuota de mercado significativa al transporte aéreo, que es mucho más contaminante, puesto que las emisiones de CO2 por pasajero en un vuelo Madrid-Barcelona son casi diez veces más altas que en un trayecto de tren de alta velocidad. Como colofón, el mayor uso del tren ha permitido aumentar la recaudación por cánones de Adif y, con ello, contribuir a amortizar las enormes inversiones realizadas en infraestructuras ferroviarias. Dos ejemplos del positivo impacto que ha acarreado la liberalización se muestran debajo. En el gráfico 1 se observa el incremento del numero de viajeros en el corredor Madrid-Barcelona tras la entrada en operación de Ouigo: en el conjunto de 2023 viajaron en tren entre ambas ciudades un 65% más de usuarios que en 2019. En el gráfico 2, tomado del capítulo firmado por Javier Campos  del libro “Reformas para impulsar la competencia”, se muestra que, un año tras la liberalización, los precios de ese trayecto se habían reducido a la mitad.


A pesar de esta historia de éxito, parafraseando a Gabriel García Márquez, la competencia no tiene quien la escriba (ni quien la defienda). La liberalización de la alta velocidad en España nació huérfana, sin una gran demanda social y política, y forzada en gran parte por el impulso de la Unión Europea que, a través de diferentes directivas (“paquetes ferroviarios”), intentaba e intenta que los distintos países europeos abran sus mercados.

La razón de esta paradoja es que las
ganancias de introducir la competencia están muy repartidas y son poco
visibles. Los trabajadores contratados gracias a la expansión del mercado no lo
anticipan, ni tampoco los consumidores que disfrutan de menores precios y mayor
variedad de servicios. Por el contrario, la competencia genera en las empresas
que disfrutaban del monopolio unas pérdidas muy visibles y fáciles de
anticipar. La dispersión de ganancias y la concentración de perdidas hace que,
en general, las reformas para introducir la competencia sean políticamente muy
complicadas de llevar a cabo.

Las pérdidas de RENFE este año son una muestra
de los costes que la introducción de competencia supone a las empresas
establecidas. Que no son distintas a las experimentadas, por ejemplo, por Telefónica
tras la liberalización de las telecomunicaciones. Para ilustrar la presión
competitiva que debe enfrentar RENFE, basta anotar que fijaba como precio medio
del billete Madrid-Barcelona en 2019 en 81 euros cuando disfrutaba del
monopolio, y que la CNMC cifraba que el precio medio ofertado por las nuevas
operadoras en ese corredor este año rondaba los 40 euros.

¿Son estos precios bajos (y las perdidas
anunciadas por los nuevos operadores) una posible práctica de competencia
desleal? En primer lugar, hay que recordar que existen muchas razones por las
que los nuevos operadores pueden bajar los precios. La primera y más obvia es
que pueden tener una estructura de costes mas eficiente. Pero otro motivo puede
ser la falta de reputación en el mercado, por lo que necesitan atraer clientes
para que conozcan sus servicios y generar relaciones de fidelidad; otras
razones para bajar las tarifas pueden ser un enfoque sobre el segmento más
elástico de la demanda, o la necesidad de generar volumen de negocio para
avanzar en la curva de aprendizaje y volverse más eficientes. En definitiva, el
hecho de que nuevos entrantes en un mercado compitan agresivamente en precios e
incluso tengan planes de negocio que asuman perdidas a corto plazo responde más
a un patrón que a un comportamiento anómalo.

Lo que no parece muy plausible es que los
nuevos entrantes estén aplicando precios anticompetitivamente bajos, conocidos
como precios predatorios. La idea de los precios predatorios consiste que éstos
no cubran los costes variables, generando perdidas, con el objetivo de que los
rivales abandonen el mercado, y después aprovechar la ausencia de competencia
para subir los precios, recuperando las perdidas iniciales. Por razones obvias,
esta practica competitiva normalmente se asocia a empresas establecidas que
intentan que los nuevos entrantes abandonen el mercado, pero no a la inversa. Es
ilusorio pensar que David pretenda vencer a Goliat con precios predatorios. A
pesar de los precios bajos y las perdidas, RENFE conserva la mayor cuota de
mercado de los corredores abiertos a la competencia, y numerosos recursos
clave, además de operar el resto de la red. No resulta imaginable que un nuevo
entrante como Ouigo, con una capacidad de expansión limitada —incluso
regulatoriamente por el número de frecuencias que puede operar—, contemple la
posibilidad de que RENFE abandone el mercado. Si esta posibilidad no existe, no
hay móvil para el crimen y, por tanto, no tiene sentido incurrir en perdidas
inútilmente poniendo precios artificialmente bajos.

Otra perspectiva es observar esta liberalización desde el punto de vista europeo. La fuerza con la que los nuevos operadores italianos y franceses han entrado en el mercado español parece una señal de que la liberalización (en nuestro país) se ha hecho bien, y que los nuevos entrantes han sido tratados con neutralidad por parte del regulador y el gestor de infraestructuras. RENFE debería poder compensar sus perdidas debidas a la liberalización con la expansión en otros mercados, y para ello, se debe exigir a escala europea que se reduzcan o eliminen las posibles barreras de entrada en los mercados ferroviarios de nuestro entorno. Como discutíamos en un reciente artículo sobre la política industrial europea, las políticas de liberalización generan mayor bienestar, pero necesitan de reciprocidad para ser sostenibles en el tiempo.

Por otro lado, como hemos dicho con
anterioridad, RENFE tiene muchos recursos únicos en este mercado (demanda
fidelizada, plantilla experimentada, operador dominante de la red, etc…), es
una empresa líder que se adaptará a este entorno competitivo, la competencia le
incentivará a innovar y a ser más eficiente y con ello a mejorar los resultados
actuales. La competencia no es el problema, es la solución.

Para finalizar, pongamos el acento en el
carácter redistributivo de la liberalización de los servicios de transporte. La
del sector aéreo democratizó los viajes en avión y ahora estamos viviendo el
mismo proceso en la alta velocidad. Aún tendría un mayor impacto en la
reducción de la desigualdad la liberalización en el transporte de pasajeros por
carretera de larga distancia, por ser un sector utilizado mayoritariamente por
personas de rentas bajas que ahora soportan un injusto sistema de subvenciones
cruzadas para que las concesiones no tengan coste para el Estado. Es posible
que introducir la competencia en el
mercado
(en lugar de nuestro sistema tradicional de competencia por el mercado, a través de concesiones) conllevase la
necesidad de financiar algunas rutas para preservar la conexión territorial,
pero a cambio, los consumidores con rentas más bajas podrían beneficiarse de
una importante reducción de precios y de un aumento de los servicios y de las
rutas. Con el foco en este asunto, el próximo día 29 de abril celebraremos en
Funcas unas jornadas destinadas a reflexionar sobre los posibles efectos de una
eventual liberalización del transporte interurbano de pasajeros.

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Corregir la segregación de género en el mercado laboral es crucial para alcanzar la igualdad

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La brecha salarial de género siempre suscita interés, pero en el mes de marzo parece que recobra protagonismo. El último premio Nobel —que recayó en Claudia Goldin por su investigación de la situación de la mujer en el mercado laboral— nos recuerda la relevancia de esta cuestión. Conocer los factores subyacentes a las diferencias de género en el mercado laboral es crucial para el diseño de políticas que contribuyan a eliminar las barreras que persisten. En esta línea, el objetivo de esta entrada es aportar evidencia sobre la evolución de la segregación de la mujer en el mercado laboral español, es decir, sobre la distribución de los puestos de trabajo.

En términos agregados, el reparto de
puestos de trabajo entre hombres y mujeres desde 2008 a 2023 está convergiendo
y ya el 46,6% de los puestos de trabajo lo ocupan mujeres (gráfico 1). Sin
embargo, en la última década, tan solo se ha ganado un punto porcentual. Luego,
a este ritmo, necesitaremos tres décadas para alcanzar una presencia similar en
el mercado laboral (50-50).


En cualquier caso, aunque la participación se equipare, existe una amplia literatura que pone de manifiesto que la segregación de la mujer en determinados empleos explica la persistencia de diferencias salariales entre hombres y mujeres. Los microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial permiten elaborar estos estudios, pero los últimos disponibles son de 2018. Por ello, aquí se recurre a la Encuesta de Población Activa (EPA), que ofrece información hasta 2023 sobre los ocupados y permite evaluar si existen cambios en los factores que sistemáticamente aparecen como explicativos de las diferencias salariales, como la menor presencia de las mujeres en jornadas a tiempo completo, en puestos directivos y de gestión y en sectores con más tecnología incorporada.

Se debe señalar que el 46% es una media en el mercado laboral español y es muy dispar entre sectores (gráfico 2). La contratación de mujeres sigue siendo extremadamente baja en la construcción, pero también en el transporte, el sector primario y la industria; algo más elevada es en los servicios de información y comunicación, llegando al 30,3%, pero con una preocupante disminución respecto de 2008. Teniendo en cuenta que los salarios son más elevados en este sector y en la industria manufacturera se puede afirmar que un aumento en la ocupación de mujeres en estos sectores disminuiría notablemente la desigualdad salarial media. En el otro extremo, se encuentran el trabajo doméstico, la sanidad y los servicios sociales o la educación donde las mujeres acaparan más del 68% de los puestos de trabajo.


Otra de las variables que explica las diferencias salariales entre hombres y mujeres es la duración de la jornada. En 2023, el 21,1% de las mujeres ocupadas ha tenido un contrato a tiempo parcial frente a un 7,1% en los hombres.  Por qué es relevante esta cuestión pues porque la evidencia indica que el salario medio por hora es más bajo si la jornada es parcial que si es completa, incluso para el mismo tipo de trabajo y la misma cualificación del trabajador. Por tanto, ese diferencial en la distribución de los trabajos de jornada parcial sigue causando una brecha salarial relevante. No obstante, desde 2019 se ha conseguido reducir la tasa de ocupadas a jornada parcial del 23,8% al 21,1%, y además, ha sido una tendencia generalizada en todos los sectores (Gráfico 3). Luego esto contribuye a que el salario medio de las trabajadoras sea mayor. Especialmente relevante ha sido la disminución en la tasa de parcialidad tanto en la industria manufacturera como en los servicios de información y comunicación lo que muestra que se va por buen camino.


Pero incluso entre quienes disfrutan de un contrato a jornada completa se observan diferencias, tal y como muestra el gráfico 4. Evidentemente, en aquellos sectores donde ya se ha mostrado que la presencia de mujeres es baja (industria, construcción o el sector primario) vuelve a aparecer esa diferencia. Donde se extraen conclusiones nuevas es sobre las carreras profesionales más cualificadas que corresponden con las tres primeras filas: dirección, gerencia y puestos técnicos. Lo cierto es que la situación de la mujer sigue mejorando y cada vez ostenta puestos de mayor responsabilidad. Pero no es menos cierto que todavía en 2023 existe un “techo de cristal” en los puestos de trabajo con mayor remuneración. Así, cuando tienen jornadas a tiempo completo, sólo el 3,6% de las mujeres llega a la dirección y gestión de las empresas frente al 5,2% de los varones. Ante esta evidencia, a finales de 2022, el Parlamento Europeo aprobó una directiva que establecía que, en 2026, “al menos el 40% de los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas deben ser miembros del sexo menos representado”. En España, el seguimiento que realiza la CNMV sobre esta cuestión indica que se está avanzando positivamente. Especialmente relevante ha sido el avance en las empresas del IBEX 35, donde el 37,6% de los miembros de los consejos de administración en 2022 eran mujeres, si bien para las empresas cotizadas de menos de 500 M.€ de capitalización esta cifra bajaba al 26,22% (Gráfico 5). Además, en todas las empresas cotizadas se comprueba que estas magnitudes son menores cuando se trata de altas directivas que no están en los Consejos de Administración. Por tanto, la normativa ha incentivado a las empresas para conseguir la paridad en los consejos de administración, pero están olvidando al resto. A esta misma conclusión se llega cuando se observa la sobrerrepresentación de mujeres en los puestos técnicos profesionales que mostraba el gráfico 4, y que puede ser el resultado de ese techo que dificulta el salto de ese tramo a la gestión y dirección.


En definitiva, existen importantes avances, pero se debe seguir trabajando en conciliación y demás medidas facilitadoras que permitan a las mujeres llegar a cualquier puesto de trabajo de cualquier empresa con las mismas posibilidades que los hombres.

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La (des)organización de la evaluación de la eficiencia de medicamentos y otras tecnologías sanitarias en España

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En España, actualmente, el desarrollo de la evaluación de la eficiencia de las tecnologías sanitarias (EETS) corre a cargo de una compleja y confusa constelación de instituciones, organismos, órganos, unidades y redes que, más que constituir una organización, deriva en una desorganización. Esta confusión dificulta el funcionamiento y la coordinación, derrocha recursos escasos, especialmente de personal altamente cualificado, limita los esfuerzos meritorios e indudables que realizan las organizaciones y las personas participantes y devalúa los nada desdeñables logros y progresos alcanzados. Así, resultan perjudicados el Sistema Nacional de Salud (SNS), los ciudadanos y las empresas productoras o comercializadoras.

Esta es la principal conclusión de una nota técnica recientemente publicada por Funcas, segunda de una serie de tres, cuyos autores somos Juan Oliva, José Vida y el firmante de este artículo. La primera analiza la evolución de la regulación y la práctica de la EETS y la tercera ofrece propuestas de reforma. En este blog ya hemos comentado en qué consiste la EETS, las barreras que se le oponen, su muy insuficiente regulación, su desarrollo en la práctica y las últimas tendencias.

Este segundo documento parte de las aportaciones de la teoría sociológica, jurídica y económica (Weber, Milgrom y Roberts…) sobre la Administración “ideal”, el Estado de Derecho y la importancia de las organizaciones como “factor productivo”. En su aplicación a los procesos técnicos de EETS las ideas fuerza son la eficacia, la independencia respecto de los vaivenes y las decisiones políticas, combinada con control democrático y la concepción moderna del buen gobierno.

Cuatro cuestiones organizativas
transversales determinan el sino de la EETS en nuestro país. La Unión Europea carece de mandato para imponer un
modelo, aunque puede garantizar la coordinación, tal y como hace en el
Reglamento (UE) 2021/2282. A nivel interno, al Estado corresponde la competencia
para realizar la evaluación económica de las prestaciones sanitarias básicas de
la cartera común, mientras que las CC.AA. pueden evaluar las prestaciones
complementarias no financiadas a nivel estatal, así como las básicas, siempre
que sea para optimizar su gestión y no para dificultar su acceso. Por otro
lado, los medicamentos siguen en España regulaciones y procesos de evaluación
separados y estancos respecto de las demás tecnologías sanitarias, escisión que
impide aprovechar economías de escala y recursos humanos muy especializados,
además de que la separación es técnicamente cada vez menos clara. En cuarto
lugar, se destacan los problemas organizativos generales del Ministerio de
Sanidad: postergación de las políticas de salud y asistencia sanitaria,
insuficiente liderazgo (26 ministros en 45 años),
estructura orgánica reducida, mutilación de órganos clave, escasez y
envejecimiento del personal,
retribuciones reducidas y ausencia de un mecanismo garante de su
especialización.

El análisis de las entidades
relacionadas con la evaluación de la eficiencia de los medicamentos (Dirección
General de Cartera de Servicios del SNS y Farmacia, Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud y su Comisión Permanente de Farmacia, la Comisión
Interministerial de Precios de Medicamentos, la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), el Comité Asesor para la
Financiación de la Prestación Farmacéutica) revela que no tienen una
organización suficiente. Sólo la AEMPS es un organismo técnico potente, aunque
no es independiente del poder político. La Red de Evaluación de Medicamentos
sólo ha funcionado dos años y medio, hasta ser liquidada por una sentencia de
la Audiencia Nacional de 26 de junio de 2023, por obvias razones de falta de
sustento legal.

La evaluación de eficiencia de las demás tecnologías sanitarias tiene también problemas organizativos. Su arquitectura separa adecuadamente las misiones de evaluación técnica y decisión, pero sin garantías legales de la independencia de la primera. Las “agencias” que integran la Red Española de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, son pequeñas unidades administrativas con pocos recursos, debilidad que alcanza notoriamente a la estatal, una unidad menor dentro del Instituto de Salud Carlos III, integrado, al menos orgánicamente, en el Ministerio de Ciencia y no en Sanidad. Quedan dudas sobre si una estructura “en red” concuerda con el reparto competencial entre el estado y las comunidades autónomas (CC. AA.); si es más o menos operativa que una entidad única alternativa de ámbito nacional (costes de transacción frente a costes de organización) y si los entes integrantes alcanzan una dimensión crítica mínima.

Las deficiencias organizativas generales en
la EETS que identifica la nota técnica son, en definitiva, las siguientes:

  • Ausencia de un diseño de conjunto del sistema y exceso de órganos y organismos intervinientes.
  • Carencia de un marco normativo completo.
  • Falta de garantías legales y organizativas para la plena realización de los principios de buen gobierno (eficacia y competencia, independencia técnica, transparencia, rendición de cuentas, participación…).
  • No separación entre los procesos de evaluación económica de los medicamentos y de decisión.
  • Insuficiente coordinación entre el Gobierno/AGE y las CC. AA.
  • Plantillas de personal técnico, manifiestamente insuficientes.

El
documento, con base en su detallado diagnóstico, concluye que resulta
imperativo sustituir esta desorganización por un sistema coherente. Se impone una
reforma con visión de conjunto, estratégica, que tenga presente que el progreso
y la sostenibilidad del SNS dependen de una EETS de amplia cobertura, bien
regulada y organizada, con calidad metodológica e independencia intelectual y
correctamente dotada de medios y personas.

El webinario de Economía y Políticas de Salud celebrado el pasado 12 de diciembre de 2023 en el que se presentaron estas notas técnicas es fácilmente accesible en el canal de Youtube de Funcas.

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La evaluación de la eficiencia de las tecnologías sanitarias en España

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La evaluación organizada,
sistemática e independiente de la seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos y de otras tecnologías
sanitarias es una cuestión clave para los sistemas sanitarios actuales. Si
añadimos la consideración de los costes, tenemos la
evaluación de la eficiencia de tecnologías sanitarias (EETS), muchas
veces llamada “análisis coste-efectividad”, que también
es decisiva.

La EETS compara los beneficios para la salud y los
costes incrementales del tratamiento estudiado frente a su mejor alternativa. Responde
a la pregunta: las ganancias adicionales en términos de
salud que proporciona la nueva tecnología ¿valen el precio que tenemos que
pagar por ellas? Si la respuesta es negativa estamos derrochando recursos que
podrían emplearse mejor en otras finalidades capaces de generar resultados
superiores en salud, es decir, estamos perjudicando a los pacientes
destinatarios de éstas, sin beneficiar a aquellos a los que se dirige la
tecnología ineficiente. Aquí la eficiencia no es una cuestión de ahorro, es una
cuestión de salud.

Un ejemplo: un
estudio[1]
analizó en 2007 las mejoras en salud que proporcionaba una terapia con el
novedoso anticuerpo monoclonal bevacizumab, contra el cáncer de colon
metastásico, y su coste incremental. Un año de vida ganado frente a la terapia
alternativa suponía casi 150.000 euros de coste incremental, que se estimaba
muy por encima del valor de referencia aceptable (disponibilidad a pagar) del
SNS y, por tanto, no resultaba ser eficiente. También se examinó su impacto
presupuestario que llegaría a 20,5 millones de € por año, en hipótesis conservadoras.
En estos resultados influyen mucho el cálculo de las ganancias en salud, sobre
las que puede haber mucha incertidumbre, y el precio del medicamento.

Hacer pasar sistemáticamente a los nuevos medicamentos y tecnologías sanitarias por el filtro de la EETS es necesario, ya que están en las avanzadillas del conocimiento y continuamente se producen innovaciones punteras en infinidad de campos terapéuticos. Valorarlas de manera individual e informal es ilusorio. Hoy asistimos a una biorrevolución protagonizada por los medicamentos biotecnológicos, la genómica, las terapias de células T con receptores quiméricos de antígenos (CAR-T), o las herramientas CRISPR útiles para la investigación y el tratamiento de enfermedades genéticas. Estas últimas se han empezado a aprobar por las agencias reguladoras de ETS para tratar enfermedades concretas hace sólo dos meses.

A este ritmo acelerado de la innovación en campos
complejos se une que la información sobre el balance beneficio/riesgo que se
obtiene de los ensayos clínicos de eficacia y seguridad es complicada y costosa
de conseguir, está sometida a altos niveles de incertidumbre y puede ser modificada
por nuevas pruebas científicas obtenidas con su uso en el mundo real. Por otro
lado, los estudios de evaluación no pueden extenderse ni prolongarse sine die, dada la urgencia de disponer
de las innovaciones potencialmente resolutorias de necesidades terapéuticas importantes
no cubiertas. Además, toda esta información no sólo es imperfecta, sino también
asimétrica, pues quien mejor dispone de ella son las empresas innovadoras.

Esta complejidad se aprecia en un estudio, que comprobó que para más de la mitad de los medicamentos autorizados en Alemania entre 2011 y 2017 no se había podido demostrar que habían generado un beneficio clínico adicional, frente a un 10 % con beneficio importante y un 15 % con beneficio añadido considerable.

Por todas estas razones las Administraciones
Públicas organizan y desarrollan legislación, organismos y métodos de evaluación de tecnologías sanitarias como un
mecanismo de defensa de los consumidores y de los intereses de los sistemas
públicos de salud.

La EETS, además
de necesaria es decisiva porque afecta en primer término a la salud de los
pacientes; según se organice, estimula o deprime la innovación biomédica; condiciona
a sectores productivos de gran importancia y puede contribuir a racionalizar el
gasto público en sanidad al orientar las decisiones de precios a pagar y de
atribución de financiación pública a la incorporación de nuevos medicamentos y
tecnologías. La industria farmacéutica
en España en 2020 era el noveno sector industrial por VAB generado, ocupaba a
50.984 personas (el 2,2 % de toda la industria española), y era el tercer
sector por intensidad de innovación (Ministerio de Industria Comercio y Turismo
2023). En 2022 también era tercero por exportaciones (Farmaindustria 2023). Por
su parte, la industria de tecnologías sanitarias en 2022 facturó 10.150
millones de euros, el 43 % exportados y superó los 30.500 puestos de trabajo
directos (FENIN 2023). En el año 2022, el gasto público en medicamentos y
productos sanitarios ascendió a 28.258,2 millones de euros (Ministerio de
Hacienda 2023).

Funcas ha publicado en los últimos meses tres notas técnicas sobre la EETS en España, cuyos autores somos Juan Oliva, Catedrático de Economía, Universidad de Castilla la Mancha; José Vida, Profesor Titular de Derecho Administrativo, Universidad Carlos III de Madrid y quien esto suscribe. El primero examina las barreras que se oponen a la EETS, su regulación —muy insuficiente—, su grado de desarrollo en la práctica y las nuevas tendencias en nuestro país. El segundo estudio describe la compleja y defectuosa organización administrativa al servicio de la EETS. El tercero contiene una propuesta concreta y detallada de reorganización de las entidades administrativas responsables. Además, el 12 de diciembre de 2023 se presentaron y comentaron dichas notas técnicas en un webinario de Economía y Políticas de Salud que se puede ver en el canal de Youtube de Funcas. Como comentaristas intervienen José Ramón Repullo, profesor emérito de la Escuela Nacional de Sanidad, que habló desde la perspectiva del Sistema Nacional de Salud y José María Labeaga, Catedrático de Economía de la UNED, quien intervino desde la perspectiva de la evaluación de políticas públicas. En sucesivos artículos resumiremos su contenido y conclusiones.


[1] Casado
et al. Análisis coste-efectividad y de impacto presupuestario del tratamiento
en primera línea del cáncer colorrectal metastásico en España. Rev Esp Econ
Salud 2007;6(2):106-18.

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El turismo internacional acaricia los niveles prepandemia

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Este año, por fin, el turismo internacional dejará atrás el colapso provocado por la pandemia. Las buenas expectativas parecen haberse cumplido en verano y, comparando con el año 2022, el discurso es triunfalista. Pero conviene recordar qué supuso la pandemia en la llegada de turistas internacionales. El gráfico 1 muestra la evolución mensual de llegadas de turistas a España en los últimos 5 años. Entre julio y septiembre de 2021, solo se había alcanzado el 50% de los registros de 2019 y no ha sido hasta octubre de 2022 cuando se ha estabilizado este flujo. En los primeros nueve meses de 2023 los turistas internacionales que han llegado a España casi están en la cifra de 2019, tan solo un 0,6% por debajo.


La recuperación mantiene la elevada concentración de la actividad turística en seis comunidades autónomas, en este orden: Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, Valencia y Comunidad de Madrid. La cuota de estas seis regiones es del 90,3% y aunque el ranking no ha variado, sí se observan cambios. El más relevante es el menor número de llegadas a Cataluña respecto de 2019 y una tendencia opuesta, al alza, en la Comunidad Valenciana y los archipiélagos. Por lo demás, destaca el intenso crecimiento de la zona del Cantábrico.

La motivación principal de los turistas que
visitan España sigue siendo por “ocio”, de acuerdo con la especialización de
nuestro país en el turismo de sol y playa. Pero el turismo de negocios se
encuentra en un nivel un 15,6% inferior al máximo de 2019. La lentitud en la
recuperación de este tipo de turismo podría deberse al uso masivo de
videoconferencias y de trabajo online;
un factor que, posiblemente, también contribuye a que las llegadas de turistas por
estudios sean un 17,4% menores que antes de la pandemia. Estas caídas son, incluso,
mayores en Cataluña, aunque lo que realmente explica sus cifras es la pérdida
de casi un millón de turistas vacacionales. Si esta tendencia es coyuntural o producto
de un cambio de preferencias, deberá analizarse con más datos. No hay que
olvidar que Barcelona es una de las ciudades europeas que, junto a Venecia o
Dubrovnik, presenta más problemas en relación con el overtourism.

El crecimiento de los apartamentos turísticos es un fenómeno creciente en muchas ciudades. En Málaga, la mayoría (56,1%) de las plazas de alojamiento turístico de mercado son ya Viviendas de Uso Turístico (VUT). La media de los 20 municipios españoles con mayor oferta de alojamiento turístico es del 26%; Madrid y Barcelona están en el 29,9% y 28,5%, respectivamente; y, en el otro extremo, en Palma de Mallorca solo el 10% de las plazas son en VUT, por la prohibición impuesta en 2018 de alquileres vacacionales salvo en chalets o viviendas unifamiliares.

El turismo internacional prácticamente alcanza las llegadas de turistas en 2019 y claramente supera el gasto medio diario real; pero no todo sigue igual. El panorama presenta capacidad de mejora a partir de la posible evolución futura del mercado chino.

En cuanto a los mercados emisores tradicionales,
Reino Unido y Alemania continúan perdiendo cuota, pero Francia muestra un
fuerte dinamismo. De estos tres mercados procede casi la mitad de los turistas
(el 47,4%).  El cambio más evidente en
los mercados emisores es el aumento de turistas americanos (un 14,7% en
aquellos procedentes de EEUU y un 26,1 para el resto de América), que representan
ya el 10% del total. La Comunidad de Madrid ha recibido al 41,5% de ellos, lo
que contribuye a que sea la comunidad con mayor gasto medio diario (seguido de
Cataluña y País Vasco). De hecho, solo estas estas tres comunidades superan los
200€ de gasto medio diario. La cuota americana impulsa el crecimiento en el gasto
medio diario real
[1] que, respecto a 2019 ha
crecido
un 2%, por encima de lo que aumentaron las llegadas de turistas.

En realidad, los turistas de la categoría “resto
del mundo”[2] son los que más gastan. Los
mercados asiáticos aún estaban muy lejos de alcanzar el nivel de 2019; en
especial, China, debido a sus políticas de Covid cero. A lo largo de 2023 se
han ido suavizando estas medidas —y eliminado en agosto—, por lo que se espera
que el flujo de estos turistas crezca en los próximos meses.

En
conclusión, el turismo internacional prácticamente alcanza las llegadas de turistas
en 2019 y claramente supera el gasto medio diario real; pero no todo sigue
igual. Entre los cambios observados se señala: i) unos resultados débiles tanto
en llegadas como en gasto en el destino líder (Cataluña), y ii) un fuerte
aumento de turistas americanos, con mayor gasto diario medio. Este panorama
presenta capacidad de mejora, ya que se espera un intenso incremento de los
turistas procedentes de China. Todo ello permite ser optimistas en cuanto a los
resultados del sector para 2024, aunque sin obviar la complicada realidad
geopolítica internacional actual.

Esta entrada es un resumen del artículo “El turismo internacional acaricia los niveles prepandemia” publicado en el número 297 de Cuadernos de Información Económica.


[1] Para deflactar, se emplea el
índice de precios al consumo (IPC) general de cada comunidad autónoma y no el
particular de turismo debido a que cada vez más se utilizan alojamientos no de
mercado, se realizan compras en el supermercado y se utiliza el transporte,
entre otros.

[2] Los países que más turistas aportaron en esta categoría en 2022 fueron, en
este orden, Corea del Sur, India, Japón, Emiratos Árabes, Filipinas, Arabia
Saudí y China.

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