Regulación y Competencia – Negocios e Inversiones

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Primeros resultados de la Ley “Crea y Crece” para el fomento del dinamismo empresarial en España

julio 3, 2024

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La Ley “Crea y Crece”, en vigor desde finales de 2022, se marca entre otros objetivos “agilizar la creación de empresas, mejorar la regulación para el desarrollo de actividades económicas, reducir la morosidad comercial y facilitar el acceso a financiación”. El texto contempla, así, la constitución de sociedades de manera telemática a través del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), la flexibilización de los mecanismos de financiación alternativa (crowdfunding, capital riesgo…), la generalización del uso de la factura electrónica… y reduce de 3.000 euros a 1 el capital mínimo exigido para constituir una sociedad limitada. Esta nota presenta información preliminar sobre el impacto de la ley Crea y Crece en la dinámica de constitución y disolución de sociedades en España, a partir de la información que sobre estas variables ofrece el INE.

Con la información disponible, la primera conclusión que se extrae es que el dinamismo empresarial, medido por el número anualizado de sociedades constituidas, ha aumentado desde la promulgación de la Ley. En 2019, el acumulado de doce meses en número de sociedades constituidas era alrededor de 95.000, con una tendencia ligeramente decreciente; durante el año 2023 y el primer trimestre de 2024 el número anualizado de sociedades constituidas supera holgadamente las 105.000, con una tendencia creciente (gráfico 1). Históricamente, la evolución de las sociedades disueltas ha sido paralela a la de las constituidas, con una proporción estable de aquellas sobre estas de alrededor del 25%. Esto significa una tasa de rotación sobre el stock de sociedades mercantiles (tasa de constituidas más tasa de disueltas) del 10%. Desde la promulgación de la Ley las sociedades constituidas crecen y las disueltas disminuyen, si bien hay que tener en cuenta que la tendencia descendiente en el número de sociedades disueltas en 2023 viene precedida de un periodo de aumento justo después de la pandemia por la COVID19, por lo que el retroceso de los últimos meses puede significar la convergencia a la tendencia prepandemia. Por sectores de actividad, el mayor dinamismo con respecto a 2019 se concentra en los sectores de Actividades Administrativas y Resto de Servicios y el menor en Industria y Transporte y Almacenamiento.

En cuanto al capital social medio por empresa que se constituye, el mensaje es algo distinto (gráfico 2). Desde el inicio de la pandemia, el capital medio con el que se constituyen las sociedades mercantiles en España está disminuyendo, desde los 60.000 euros hasta los 40.000 (euros constantes de 2019), un descenso que se consolida desde la promulgación de la Ley. Hay que tener en cuenta que en prácticamente todos los años se concentra en el sector el sector Inmobiliario y financiero concentra dos tercios del total capital social de las sociedades constituidas, cuando el número de sociedades que se constituyen en el sector representa el 17% del total anual. Esto significa que el capital medio de las sociedades que se constituyen en el resto de sectores no llega a un tercio del promedio general. En todo caso, se trata de una cifra notablemente superior a los 3.000 euros de capital exigidos antes de la Ley y del euro que se exige actualmente.

La evaluación completa del impacto de la Ley Crea y Crece requerirá más tiempo y, sobre todo, más controles para aislar otros factores que pueden contribuir o entorpecer la consecución de los objetivos que la norma se propone alcanzar. Con la información aquí analizada se puede afirmar que, desde su promulgación, asistimos a un robustecimiento de la constitución de sociedades mercantiles en España; más complicado es atribuirle la disminución en el capital social medio con el que se constituyen las sociedades mercantiles en España, puesto que esa tendencia viene de antes de su entrada en vigor.

Esta nota es un extracto de
un texto más amplio sobre el impacto de la Ley publicado aquí.

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Una nueva oportunidad para la reforma del mercado eléctrico

junio 3, 2024

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Desde su puesta en marcha mediante la liberalización acometida allá por los años 90 y hasta bien pasada la pandemia, el actual mercado eléctrico parecía funcionar razonablemente y sin grandes sobresaltos. Esa placidez fue probablemente la razón de que el debate —que lo hubo— sobre eventuales correcciones o mejoras para su perfeccionamiento pasase bastante desapercibido durante ese periodo. Todo cambió a raíz de la invasión rusa de Ucrania y la crisis de suministros. Primero la alarmante subida de precios y, más adelante, su volatilidad, motivaron algunos cambios puntuales —como la denominada excepción ibérica— e incluso concitaron propuestas que reclamaban modificar o, incluso, terminar con el sistema marginalista. Hoy, pasadas las urgencias de hace dos años y en la resaca de esa fase de crisis, se abre una oportunidad de volver a plantear una reforma del mercado eléctrico europeo que suponga un paso adelante respecto al actual sistema y subsane sus lagunas.

¿Cuáles son esas carencias? ¿Qué tipo de reforma es necesaria? ¿Con qué alcance? Son las cuestiones que aborda el libro ‘Una evaluación de las opciones de reforma del mercado eléctrico europeo y una propuesta pragmática’, que mañana 4 de junio se presentará en Funcas en un acto virtual.

La publicación es un trabajo conjunto de varios profesores del Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad de Comillas, entre los que se cuenta Pedro Linares, editor de Papeles de Energía. Su análisis arranca a partir de los problemas más visibles registrados durante el bienio 2021-2022, como la volatilidad de los precios para los hogares y los altos costes para la industria, o los beneficios extraordinarios (“llovidos del cielo”) para tecnologías inframarginales. Pero los autores también ponen luces largas y apuntan, una vez más, a fallos de diseño y posibles complicaciones del actual sistema en el largo plazo, como el hecho de que los reducidos o nulos costes variables de las renovables, con creciente peso en el pool, pueden hacer que, en un futuro no muy lejano, durante buena parte del año los precios sean tan bajos que pongan en riesgo las inversiones; o, relacionado con ello, la necesidad de mantener una generación de electricidad de reserva (“de capacidad”) y disponible (“de flexibilidad”) para garantizar la seguridad del suministro (la suficiencia de generación) y la adaptación y ajuste a la demanda. El diagnóstico se completa con otros problemas, que tienen que ver con la deficiente internalización por las empresas de algunos impactos medioambientales, el ejercicio de poder de mercado por parte de grandes operadores o las carencias del mercado respecto a los consumidores más vulnerables.

El libro
también evalúa, entre otros planteamientos, la reforma promovida por la
Comisión Europea y acordada provisionalmente en diciembre de 2023 por el
Parlamento Europeo y el Consejo. La valoración no es demasiado complaciente,
sobre todo con la falta de desarrollo para los mercados de largo plazo y con el
papel protagonista que concede a los Estados miembros y la consiguiente
posibilidad de distorsiones en el mercado único, pero aun así los autores
consideran la proposición de la Comisión como “una primera reflexión” hacia un
verdadero mercado armonizado.

Por supuesto, la propuesta de reforma recogida en el título ocupa
el grueso del volumen. Sus aspectos clave, profusamente desarrollados en el
libro, hacen referencia al mantenimiento y mejora del mercado de corto plazo,
pero también a la promoción de mercados de largo plazo que, por un lado,
permitan la inversión en renovables, en eficiencia y en almacenamiento y que,
además, doten de estabilidad a los precios. Los autores también sugieren la
introducción de mecanismos de protección de los consumidores vulnerables. Y
todo ello a través de plataformas de escala europea que reduzcan las
interferencias de los Estados. Unos anexos finales tratan algunas cuestiones
técnicas adyacentes a la reforma, como los posibles enfoques para encararla o posibles
mecanismos ante emergencia en los precios que serán de interés para el lector
más implicado.

Se trata, en definitiva, de un nuevo intento de abrir el
debate sobre una reforma que, como tantas, espera su oportunidad de ser
abordada y para la que llega esta nueva propuesta.

Vea mañana la jornada virtual con la
presentación del estudio ‘Una
evaluación de las opciones de reforma del mercado eléctrico europeo y una
propuesta pragmática’.

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La competencia no tiene quien la escriba (y la defienda). La liberalización del mercado de la alta velocidad en España

abril 11, 2024

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Costaría mucho encontrar alguna otra medida de política pública con un impacto económico tan positivo en términos de bienestar como la liberalización del mercado de la alta velocidad en España. En primer lugar, ha supuesto un aumento del número de viajeros, lo que implica más empleo y actividad económica. La expansión del mercado trae consigo, además, un mayor número de frecuencias y una oferta mas diferenciada de servicios ferroviarios. Y también un descenso muy significativo de los precios, haciendo el servicio más accesible a los consumidores con menos recursos. En términos medioambientales, el ferrocarril ha ganado una cuota de mercado significativa al transporte aéreo, que es mucho más contaminante, puesto que las emisiones de CO₂ por pasajero en un vuelo Madrid-Barcelona son casi diez veces más altas que en un trayecto de tren de alta velocidad. Como colofón, el mayor uso del tren ha permitido aumentar la recaudación por cánones de Adif y, con ello, contribuir a amortizar las enormes inversiones realizadas en infraestructuras ferroviarias. Dos ejemplos del positivo impacto que ha acarreado la liberalización se muestran debajo. En el gráfico 1 se observa el incremento del numero de viajeros en el corredor Madrid-Barcelona tras la entrada en operación de Ouigo: en el conjunto de 2023 viajaron en tren entre ambas ciudades un 65% más de usuarios que en 2019. En el gráfico 2, tomado del capítulo firmado por Javier Campos del libro “Reformas para impulsar la competencia”, se muestra que, un año tras la liberalización, los precios de ese trayecto se habían reducido a la mitad.

A pesar de esta historia de éxito, parafraseando a Gabriel García Márquez, la competencia no tiene quien la escriba (ni quien la defienda). La liberalización de la alta velocidad en España nació huérfana, sin una gran demanda social y política, y forzada en gran parte por el impulso de la Unión Europea que, a través de diferentes directivas (“paquetes ferroviarios”), intentaba e intenta que los distintos países europeos abran sus mercados.

La razón de esta paradoja es que las
ganancias de introducir la competencia están muy repartidas y son poco
visibles. Los trabajadores contratados gracias a la expansión del mercado no lo
anticipan, ni tampoco los consumidores que disfrutan de menores precios y mayor
variedad de servicios. Por el contrario, la competencia genera en las empresas
que disfrutaban del monopolio unas pérdidas muy visibles y fáciles de
anticipar. La dispersión de ganancias y la concentración de perdidas hace que,
en general, las reformas para introducir la competencia sean políticamente muy
complicadas de llevar a cabo.

Las pérdidas de RENFE este año son una muestra
de los costes que la introducción de competencia supone a las empresas
establecidas. Que no son distintas a las experimentadas, por ejemplo, por Telefónica
tras la liberalización de las telecomunicaciones. Para ilustrar la presión
competitiva que debe enfrentar RENFE, basta anotar que fijaba como precio medio
del billete Madrid-Barcelona en 2019 en 81 euros cuando disfrutaba del
monopolio, y que la CNMC cifraba que el precio medio ofertado por las nuevas
operadoras en ese corredor este año rondaba los 40 euros.

¿Son estos precios bajos (y las perdidas
anunciadas por los nuevos operadores) una posible práctica de competencia
desleal? En primer lugar, hay que recordar que existen muchas razones por las
que los nuevos operadores pueden bajar los precios. La primera y más obvia es
que pueden tener una estructura de costes mas eficiente. Pero otro motivo puede
ser la falta de reputación en el mercado, por lo que necesitan atraer clientes
para que conozcan sus servicios y generar relaciones de fidelidad; otras
razones para bajar las tarifas pueden ser un enfoque sobre el segmento más
elástico de la demanda, o la necesidad de generar volumen de negocio para
avanzar en la curva de aprendizaje y volverse más eficientes. En definitiva, el
hecho de que nuevos entrantes en un mercado compitan agresivamente en precios e
incluso tengan planes de negocio que asuman perdidas a corto plazo responde más
a un patrón que a un comportamiento anómalo.

Lo que no parece muy plausible es que los
nuevos entrantes estén aplicando precios anticompetitivamente bajos, conocidos
como precios predatorios. La idea de los precios predatorios consiste que éstos
no cubran los costes variables, generando perdidas, con el objetivo de que los
rivales abandonen el mercado, y después aprovechar la ausencia de competencia
para subir los precios, recuperando las perdidas iniciales. Por razones obvias,
esta practica competitiva normalmente se asocia a empresas establecidas que
intentan que los nuevos entrantes abandonen el mercado, pero no a la inversa. Es
ilusorio pensar que David pretenda vencer a Goliat con precios predatorios. A
pesar de los precios bajos y las perdidas, RENFE conserva la mayor cuota de
mercado de los corredores abiertos a la competencia, y numerosos recursos
clave, además de operar el resto de la red. No resulta imaginable que un nuevo
entrante como Ouigo, con una capacidad de expansión limitada —incluso
regulatoriamente por el número de frecuencias que puede operar—, contemple la
posibilidad de que RENFE abandone el mercado. Si esta posibilidad no existe, no
hay móvil para el crimen y, por tanto, no tiene sentido incurrir en perdidas
inútilmente poniendo precios artificialmente bajos.

Otra perspectiva es observar esta liberalización desde el punto de vista europeo. La fuerza con la que los nuevos operadores italianos y franceses han entrado en el mercado español parece una señal de que la liberalización (en nuestro país) se ha hecho bien, y que los nuevos entrantes han sido tratados con neutralidad por parte del regulador y el gestor de infraestructuras. RENFE debería poder compensar sus perdidas debidas a la liberalización con la expansión en otros mercados, y para ello, se debe exigir a escala europea que se reduzcan o eliminen las posibles barreras de entrada en los mercados ferroviarios de nuestro entorno. Como discutíamos en un reciente artículo sobre la política industrial europea, las políticas de liberalización generan mayor bienestar, pero necesitan de reciprocidad para ser sostenibles en el tiempo.

Por otro lado, como hemos dicho con
anterioridad, RENFE tiene muchos recursos únicos en este mercado (demanda
fidelizada, plantilla experimentada, operador dominante de la red, etc…), es
una empresa líder que se adaptará a este entorno competitivo, la competencia le
incentivará a innovar y a ser más eficiente y con ello a mejorar los resultados
actuales. La competencia no es el problema, es la solución.

Para finalizar, pongamos el acento en el
carácter redistributivo de la liberalización de los servicios de transporte. La
del sector aéreo democratizó los viajes en avión y ahora estamos viviendo el
mismo proceso en la alta velocidad. Aún tendría un mayor impacto en la
reducción de la desigualdad la liberalización en el transporte de pasajeros por
carretera de larga distancia, por ser un sector utilizado mayoritariamente por
personas de rentas bajas que ahora soportan un injusto sistema de subvenciones
cruzadas para que las concesiones no tengan coste para el Estado. Es posible
que introducir la competencia en el
mercado (en lugar de nuestro sistema tradicional de competencia por el mercado, a través de concesiones) conllevase la
necesidad de financiar algunas rutas para preservar la conexión territorial,
pero a cambio, los consumidores con rentas más bajas podrían beneficiarse de
una importante reducción de precios y de un aumento de los servicios y de las
rutas. Con el foco en este asunto, el próximo día 29 de abril celebraremos en
Funcas unas jornadas destinadas a reflexionar sobre los posibles efectos de una
eventual liberalización del transporte interurbano de pasajeros.

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Corregir la segregación de género en el mercado laboral es crucial para alcanzar la igualdad

marzo 12, 2024

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La brecha salarial de género siempre suscita interés, pero en el mes de marzo parece que recobra protagonismo. El último premio Nobel —que recayó en Claudia Goldin por su investigación de la situación de la mujer en el mercado laboral— nos recuerda la relevancia de esta cuestión. Conocer los factores subyacentes a las diferencias de género en el mercado laboral es crucial para el diseño de políticas que contribuyan a eliminar las barreras que persisten. En esta línea, el objetivo de esta entrada es aportar evidencia sobre la evolución de la segregación de la mujer en el mercado laboral español, es decir, sobre la distribución de los puestos de trabajo.

En términos agregados, el reparto de
puestos de trabajo entre hombres y mujeres desde 2008 a 2023 está convergiendo
y ya el 46,6% de los puestos de trabajo lo ocupan mujeres (gráfico 1). Sin
embargo, en la última década, tan solo se ha ganado un punto porcentual. Luego,
a este ritmo, necesitaremos tres décadas para alcanzar una presencia similar en
el mercado laboral (50-50).

En cualquier caso, aunque la participación se equipare, existe una amplia literatura que pone de manifiesto que la segregación de la mujer en determinados empleos explica la persistencia de diferencias salariales entre hombres y mujeres. Los microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial permiten elaborar estos estudios, pero los últimos disponibles son de 2018. Por ello, aquí se recurre a la Encuesta de Población Activa (EPA), que ofrece información hasta 2023 sobre los ocupados y permite evaluar si existen cambios en los factores que sistemáticamente aparecen como explicativos de las diferencias salariales, como la menor presencia de las mujeres en jornadas a tiempo completo, en puestos directivos y de gestión y en sectores con más tecnología incorporada.

Se debe señalar que el 46% es una media en el mercado laboral español y es muy dispar entre sectores (gráfico 2). La contratación de mujeres sigue siendo extremadamente baja en la construcción, pero también en el transporte, el sector primario y la industria; algo más elevada es en los servicios de información y comunicación, llegando al 30,3%, pero con una preocupante disminución respecto de 2008. Teniendo en cuenta que los salarios son más elevados en este sector y en la industria manufacturera se puede afirmar que un aumento en la ocupación de mujeres en estos sectores disminuiría notablemente la desigualdad salarial media. En el otro extremo, se encuentran el trabajo doméstico, la sanidad y los servicios sociales o la educación donde las mujeres acaparan más del 68% de los puestos de trabajo.

Otra de las variables que explica las diferencias salariales entre hombres y mujeres es la duración de la jornada. En 2023, el 21,1% de las mujeres ocupadas ha tenido un contrato a tiempo parcial frente a un 7,1% en los hombres. Por qué es relevante esta cuestión pues porque la evidencia indica que el salario medio por hora es más bajo si la jornada es parcial que si es completa, incluso para el mismo tipo de trabajo y la misma cualificación del trabajador. Por tanto, ese diferencial en la distribución de los trabajos de jornada parcial sigue causando una brecha salarial relevante. No obstante, desde 2019 se ha conseguido reducir la tasa de ocupadas a jornada parcial del 23,8% al 21,1%, y además, ha sido una tendencia generalizada en todos los sectores (Gráfico 3). Luego esto contribuye a que el salario medio de las trabajadoras sea mayor. Especialmente relevante ha sido la disminución en la tasa de parcialidad tanto en la industria manufacturera como en los servicios de información y comunicación lo que muestra que se va por buen camino.

Pero incluso entre quienes disfrutan de un contrato a jornada completa se observan diferencias, tal y como muestra el gráfico 4. Evidentemente, en aquellos sectores donde ya se ha mostrado que la presencia de mujeres es baja (industria, construcción o el sector primario) vuelve a aparecer esa diferencia. Donde se extraen conclusiones nuevas es sobre las carreras profesionales más cualificadas que corresponden con las tres primeras filas: dirección, gerencia y puestos técnicos. Lo cierto es que la situación de la mujer sigue mejorando y cada vez ostenta puestos de mayor responsabilidad. Pero no es menos cierto que todavía en 2023 existe un “techo de cristal” en los puestos de trabajo con mayor remuneración. Así, cuando tienen jornadas a tiempo completo, sólo el 3,6% de las mujeres llega a la dirección y gestión de las empresas frente al 5,2% de los varones. Ante esta evidencia, a finales de 2022, el Parlamento Europeo aprobó una directiva que establecía que, en 2026, “al menos el 40% de los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas deben ser miembros del sexo menos representado”. En España, el seguimiento que realiza la CNMV sobre esta cuestión indica que se está avanzando positivamente. Especialmente relevante ha sido el avance en las empresas del IBEX 35, donde el 37,6% de los miembros de los consejos de administración en 2022 eran mujeres, si bien para las empresas cotizadas de menos de 500 M.€ de capitalización esta cifra bajaba al 26,22% (Gráfico 5). Además, en todas las empresas cotizadas se comprueba que estas magnitudes son menores cuando se trata de altas directivas que no están en los Consejos de Administración. Por tanto, la normativa ha incentivado a las empresas para conseguir la paridad en los consejos de administración, pero están olvidando al resto. A esta misma conclusión se llega cuando se observa la sobrerrepresentación de mujeres en los puestos técnicos profesionales que mostraba el gráfico 4, y que puede ser el resultado de ese techo que dificulta el salto de ese tramo a la gestión y dirección.

En definitiva, existen importantes avances, pero se debe seguir trabajando en conciliación y demás medidas facilitadoras que permitan a las mujeres llegar a cualquier puesto de trabajo de cualquier empresa con las mismas posibilidades que los hombres.

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La (des)organización de la evaluación de la eficiencia de medicamentos y otras tecnologías sanitarias en España

marzo 7, 2024

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En España, actualmente, el desarrollo de la evaluación de la eficiencia de las tecnologías sanitarias (EETS) corre a cargo de una compleja y confusa constelación de instituciones, organismos, órganos, unidades y redes que, más que constituir una organización, deriva en una desorganización. Esta confusión dificulta el funcionamiento y la coordinación, derrocha recursos escasos, especialmente de personal altamente cualificado, limita los esfuerzos meritorios e indudables que realizan las organizaciones y las personas participantes y devalúa los nada desdeñables logros y progresos alcanzados. Así, resultan perjudicados el Sistema Nacional de Salud (SNS), los ciudadanos y las empresas productoras o comercializadoras.

Esta es la principal conclusión de una nota técnica recientemente publicada por Funcas, segunda de una serie de tres, cuyos autores somos Juan Oliva, José Vida y el firmante de este artículo. La primera analiza la evolución de la regulación y la práctica de la EETS y la tercera ofrece propuestas de reforma. En este blog ya hemos comentado en qué consiste la EETS, las barreras que se le oponen, su muy insuficiente regulación, su desarrollo en la práctica y las últimas tendencias.

Este segundo documento parte de las aportaciones de la teoría sociológica, jurídica y económica (Weber, Milgrom y Roberts…) sobre la Administración “ideal”, el Estado de Derecho y la importancia de las organizaciones como “factor productivo”. En su aplicación a los procesos técnicos de EETS las ideas fuerza son la eficacia, la independencia respecto de los vaivenes y las decisiones políticas, combinada con control democrático y la concepción moderna del buen gobierno.

Cuatro cuestiones organizativas
transversales determinan el sino de la EETS en nuestro país. La Unión Europea carece de mandato para imponer un
modelo, aunque puede garantizar la coordinación, tal y como hace en el
Reglamento (UE) 2021/2282. A nivel interno, al Estado corresponde la competencia
para realizar la evaluación económica de las prestaciones sanitarias básicas de
la cartera común, mientras que las CC.AA. pueden evaluar las prestaciones
complementarias no financiadas a nivel estatal, así como las básicas, siempre
que sea para optimizar su gestión y no para dificultar su acceso. Por otro
lado, los medicamentos siguen en España regulaciones y procesos de evaluación
separados y estancos respecto de las demás tecnologías sanitarias, escisión que
impide aprovechar economías de escala y recursos humanos muy especializados,
además de que la separación es técnicamente cada vez menos clara. En cuarto
lugar, se destacan los problemas organizativos generales del Ministerio de
Sanidad: postergación de las políticas de salud y asistencia sanitaria,
insuficiente liderazgo (26 ministros en 45 años),
estructura orgánica reducida, mutilación de órganos clave, escasez y
envejecimiento del personal,
retribuciones reducidas y ausencia de un mecanismo garante de su
especialización.

El análisis de las entidades
relacionadas con la evaluación de la eficiencia de los medicamentos (Dirección
General de Cartera de Servicios del SNS y Farmacia, Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud y su Comisión Permanente de Farmacia, la Comisión
Interministerial de Precios de Medicamentos, la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), el Comité Asesor para la
Financiación de la Prestación Farmacéutica) revela que no tienen una
organización suficiente. Sólo la AEMPS es un organismo técnico potente, aunque
no es independiente del poder político. La Red de Evaluación de Medicamentos
sólo ha funcionado dos años y medio, hasta ser liquidada por una sentencia de
la Audiencia Nacional de 26 de junio de 2023, por obvias razones de falta de
sustento legal.

La evaluación de eficiencia de las demás tecnologías sanitarias tiene también problemas organizativos. Su arquitectura separa adecuadamente las misiones de evaluación técnica y decisión, pero sin garantías legales de la independencia de la primera. Las “agencias” que integran la Red Española de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, son pequeñas unidades administrativas con pocos recursos, debilidad que alcanza notoriamente a la estatal, una unidad menor dentro del Instituto de Salud Carlos III, integrado, al menos orgánicamente, en el Ministerio de Ciencia y no en Sanidad. Quedan dudas sobre si una estructura “en red” concuerda con el reparto competencial entre el estado y las comunidades autónomas (CC. AA.); si es más o menos operativa que una entidad única alternativa de ámbito nacional (costes de transacción frente a costes de organización) y si los entes integrantes alcanzan una dimensión crítica mínima.

Las deficiencias organizativas generales en
la EETS que identifica la nota técnica son, en definitiva, las siguientes:

Ausencia de un diseño de conjunto del sistema y exceso de órganos y organismos intervinientes.
Carencia de un marco normativo completo.
Falta de garantías legales y organizativas para la plena realización de los principios de buen gobierno (eficacia y competencia, independencia técnica, transparencia, rendición de cuentas, participación…).
No separación entre los procesos de evaluación económica de los medicamentos y de decisión.
Insuficiente coordinación entre el Gobierno/AGE y las CC. AA.
Plantillas de personal técnico, manifiestamente insuficientes.

El
documento, con base en su detallado diagnóstico, concluye que resulta
imperativo sustituir esta desorganización por un sistema coherente. Se impone una
reforma con visión de conjunto, estratégica, que tenga presente que el progreso
y la sostenibilidad del SNS dependen de una EETS de amplia cobertura, bien
regulada y organizada, con calidad metodológica e independencia intelectual y
correctamente dotada de medios y personas.

El webinario de Economía y Políticas de Salud celebrado el pasado 12 de diciembre de 2023 en el que se presentaron estas notas técnicas es fácilmente accesible en el canal de Youtube de Funcas.

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La evaluación de la eficiencia de las tecnologías sanitarias en España

enero 17, 2024

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La evaluación organizada,
sistemática e independiente de la seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos y de otras tecnologías
sanitarias es una cuestión clave para los sistemas sanitarios actuales. Si
añadimos la consideración de los costes, tenemos la
evaluación de la eficiencia de tecnologías sanitarias (EETS), muchas
veces llamada “análisis coste-efectividad”, que también
es decisiva.

La EETS compara los beneficios para la salud y los
costes incrementales del tratamiento estudiado frente a su mejor alternativa. Responde
a la pregunta: las ganancias adicionales en términos de
salud que proporciona la nueva tecnología ¿valen el precio que tenemos que
pagar por ellas? Si la respuesta es negativa estamos derrochando recursos que
podrían emplearse mejor en otras finalidades capaces de generar resultados
superiores en salud, es decir, estamos perjudicando a los pacientes
destinatarios de éstas, sin beneficiar a aquellos a los que se dirige la
tecnología ineficiente. Aquí la eficiencia no es una cuestión de ahorro, es una
cuestión de salud.

Un ejemplo: un
estudio^[1]
analizó en 2007 las mejoras en salud que proporcionaba una terapia con el
novedoso anticuerpo monoclonal bevacizumab, contra el cáncer de colon
metastásico, y su coste incremental. Un año de vida ganado frente a la terapia
alternativa suponía casi 150.000 euros de coste incremental, que se estimaba
muy por encima del valor de referencia aceptable (disponibilidad a pagar) del
SNS y, por tanto, no resultaba ser eficiente. También se examinó su impacto
presupuestario que llegaría a 20,5 millones de € por año, en hipótesis conservadoras.
En estos resultados influyen mucho el cálculo de las ganancias en salud, sobre
las que puede haber mucha incertidumbre, y el precio del medicamento.

Hacer pasar sistemáticamente a los nuevos medicamentos y tecnologías sanitarias por el filtro de la EETS es necesario, ya que están en las avanzadillas del conocimiento y continuamente se producen innovaciones punteras en infinidad de campos terapéuticos. Valorarlas de manera individual e informal es ilusorio. Hoy asistimos a una biorrevolución protagonizada por los medicamentos biotecnológicos, la genómica, las terapias de células T con receptores quiméricos de antígenos (CAR-T), o las herramientas CRISPR útiles para la investigación y el tratamiento de enfermedades genéticas. Estas últimas se han empezado a aprobar por las agencias reguladoras de ETS para tratar enfermedades concretas hace sólo dos meses.

A este ritmo acelerado de la innovación en campos
complejos se une que la información sobre el balance beneficio/riesgo que se
obtiene de los ensayos clínicos de eficacia y seguridad es complicada y costosa
de conseguir, está sometida a altos niveles de incertidumbre y puede ser modificada
por nuevas pruebas científicas obtenidas con su uso en el mundo real. Por otro
lado, los estudios de evaluación no pueden extenderse ni prolongarse sine die, dada la urgencia de disponer
de las innovaciones potencialmente resolutorias de necesidades terapéuticas importantes
no cubiertas. Además, toda esta información no sólo es imperfecta, sino también
asimétrica, pues quien mejor dispone de ella son las empresas innovadoras.

Esta complejidad se aprecia en un estudio, que comprobó que para más de la mitad de los medicamentos autorizados en Alemania entre 2011 y 2017 no se había podido demostrar que habían generado un beneficio clínico adicional, frente a un 10 % con beneficio importante y un 15 % con beneficio añadido considerable.

Por todas estas razones las Administraciones
Públicas organizan y desarrollan legislación, organismos y métodos de evaluación de tecnologías sanitarias como un
mecanismo de defensa de los consumidores y de los intereses de los sistemas
públicos de salud.

La EETS, además
de necesaria es decisiva porque afecta en primer término a la salud de los
pacientes; según se organice, estimula o deprime la innovación biomédica; condiciona
a sectores productivos de gran importancia y puede contribuir a racionalizar el
gasto público en sanidad al orientar las decisiones de precios a pagar y de
atribución de financiación pública a la incorporación de nuevos medicamentos y
tecnologías. La industria farmacéutica
en España en 2020 era el noveno sector industrial por VAB generado, ocupaba a
50.984 personas (el 2,2 % de toda la industria española), y era el tercer
sector por intensidad de innovación (Ministerio de Industria Comercio y Turismo
2023). En 2022 también era tercero por exportaciones (Farmaindustria 2023). Por
su parte, la industria de tecnologías sanitarias en 2022 facturó 10.150
millones de euros, el 43 % exportados y superó los 30.500 puestos de trabajo
directos (FENIN 2023). En el año 2022, el gasto público en medicamentos y
productos sanitarios ascendió a 28.258,2 millones de euros (Ministerio de
Hacienda 2023).

Funcas ha publicado en los últimos meses tres notas técnicas sobre la EETS en España, cuyos autores somos Juan Oliva, Catedrático de Economía, Universidad de Castilla la Mancha; José Vida, Profesor Titular de Derecho Administrativo, Universidad Carlos III de Madrid y quien esto suscribe. El primero examina las barreras que se oponen a la EETS, su regulación —muy insuficiente—, su grado de desarrollo en la práctica y las nuevas tendencias en nuestro país. El segundo estudio describe la compleja y defectuosa organización administrativa al servicio de la EETS. El tercero contiene una propuesta concreta y detallada de reorganización de las entidades administrativas responsables. Además, el 12 de diciembre de 2023 se presentaron y comentaron dichas notas técnicas en un webinario de Economía y Políticas de Salud que se puede ver en el canal de Youtube de Funcas. Como comentaristas intervienen José Ramón Repullo, profesor emérito de la Escuela Nacional de Sanidad, que habló desde la perspectiva del Sistema Nacional de Salud y José María Labeaga, Catedrático de Economía de la UNED, quien intervino desde la perspectiva de la evaluación de políticas públicas. En sucesivos artículos resumiremos su contenido y conclusiones.

^[1] Casado
et al. Análisis coste-efectividad y de impacto presupuestario del tratamiento
en primera línea del cáncer colorrectal metastásico en España. Rev Esp Econ
Salud 2007;6(2):106-18.

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El turismo internacional acaricia los niveles prepandemia

noviembre 29, 2023

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Este año, por fin, el turismo internacional dejará atrás el colapso provocado por la pandemia. Las buenas expectativas parecen haberse cumplido en verano y, comparando con el año 2022, el discurso es triunfalista. Pero conviene recordar qué supuso la pandemia en la llegada de turistas internacionales. El gráfico 1 muestra la evolución mensual de llegadas de turistas a España en los últimos 5 años. Entre julio y septiembre de 2021, solo se había alcanzado el 50% de los registros de 2019 y no ha sido hasta octubre de 2022 cuando se ha estabilizado este flujo. En los primeros nueve meses de 2023 los turistas internacionales que han llegado a España casi están en la cifra de 2019, tan solo un 0,6% por debajo.

La recuperación mantiene la elevada concentración de la actividad turística en seis comunidades autónomas, en este orden: Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, Valencia y Comunidad de Madrid. La cuota de estas seis regiones es del 90,3% y aunque el ranking no ha variado, sí se observan cambios. El más relevante es el menor número de llegadas a Cataluña respecto de 2019 y una tendencia opuesta, al alza, en la Comunidad Valenciana y los archipiélagos. Por lo demás, destaca el intenso crecimiento de la zona del Cantábrico.

La motivación principal de los turistas que
visitan España sigue siendo por “ocio”, de acuerdo con la especialización de
nuestro país en el turismo de sol y playa. Pero el turismo de negocios se
encuentra en un nivel un 15,6% inferior al máximo de 2019. La lentitud en la
recuperación de este tipo de turismo podría deberse al uso masivo de
videoconferencias y de trabajo online;
un factor que, posiblemente, también contribuye a que las llegadas de turistas por
estudios sean un 17,4% menores que antes de la pandemia. Estas caídas son, incluso,
mayores en Cataluña, aunque lo que realmente explica sus cifras es la pérdida
de casi un millón de turistas vacacionales. Si esta tendencia es coyuntural o producto
de un cambio de preferencias, deberá analizarse con más datos. No hay que
olvidar que Barcelona es una de las ciudades europeas que, junto a Venecia o
Dubrovnik, presenta más problemas en relación con el overtourism.

El crecimiento de los apartamentos turísticos es un fenómeno creciente en muchas ciudades. En Málaga, la mayoría (56,1%) de las plazas de alojamiento turístico de mercado son ya Viviendas de Uso Turístico (VUT). La media de los 20 municipios españoles con mayor oferta de alojamiento turístico es del 26%; Madrid y Barcelona están en el 29,9% y 28,5%, respectivamente; y, en el otro extremo, en Palma de Mallorca solo el 10% de las plazas son en VUT, por la prohibición impuesta en 2018 de alquileres vacacionales salvo en chalets o viviendas unifamiliares.

El turismo internacional prácticamente alcanza las llegadas de turistas en 2019 y claramente supera el gasto medio diario real; pero no todo sigue igual. El panorama presenta capacidad de mejora a partir de la posible evolución futura del mercado chino.

En cuanto a los mercados emisores tradicionales,
Reino Unido y Alemania continúan perdiendo cuota, pero Francia muestra un
fuerte dinamismo. De estos tres mercados procede casi la mitad de los turistas
(el 47,4%). El cambio más evidente en
los mercados emisores es el aumento de turistas americanos (un 14,7% en
aquellos procedentes de EEUU y un 26,1 para el resto de América), que representan
ya el 10% del total. La Comunidad de Madrid ha recibido al 41,5% de ellos, lo
que contribuye a que sea la comunidad con mayor gasto medio diario (seguido de
Cataluña y País Vasco). De hecho, solo estas estas tres comunidades superan los
200€ de gasto medio diario. La cuota americana impulsa el crecimiento en el gasto
medio diario real^[1] que, respecto a 2019 ha
crecido un 2%, por encima de lo que aumentaron las llegadas de turistas.

En realidad, los turistas de la categoría “resto
del mundo”^[2] son los que más gastan. Los
mercados asiáticos aún estaban muy lejos de alcanzar el nivel de 2019; en
especial, China, debido a sus políticas de Covid cero. A lo largo de 2023 se
han ido suavizando estas medidas —y eliminado en agosto—, por lo que se espera
que el flujo de estos turistas crezca en los próximos meses.

En
conclusión, el turismo internacional prácticamente alcanza las llegadas de turistas
en 2019 y claramente supera el gasto medio diario real; pero no todo sigue
igual. Entre los cambios observados se señala: i) unos resultados débiles tanto
en llegadas como en gasto en el destino líder (Cataluña), y ii) un fuerte
aumento de turistas americanos, con mayor gasto diario medio. Este panorama
presenta capacidad de mejora, ya que se espera un intenso incremento de los
turistas procedentes de China. Todo ello permite ser optimistas en cuanto a los
resultados del sector para 2024, aunque sin obviar la complicada realidad
geopolítica internacional actual.

Esta entrada es un resumen del artículo “El turismo internacional acaricia los niveles prepandemia” publicado en el número 297 de Cuadernos de Información Económica.

^[1] Para deflactar, se emplea el
índice de precios al consumo (IPC) general de cada comunidad autónoma y no el
particular de turismo debido a que cada vez más se utilizan alojamientos no de
mercado, se realizan compras en el supermercado y se utiliza el transporte,
entre otros.

^[2] Los países que más turistas aportaron en esta categoría en 2022 fueron, en
este orden, Corea del Sur, India, Japón, Emiratos Árabes, Filipinas, Arabia
Saudí y China.

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A la espera del informe de Draghi sobre la competitividad europea

noviembre 10, 2023

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Las cifras hablan por sí solas. La Unión Europea pierde peso en el mundo. Su tamaño suponía el 91% del de EE UU hace diez años y ahora solamente el 65%. Hoy la economía americana más que duplica a la europea. En términos per cápita, salimos peor parados, ya que la población europea (450 millones) supera ampliamente a la de Estados Unidos (332 millones). Las tasas de crecimiento del PIB de la UE desde 1970 han sido persistentemente inferiores a las de Estados Unidos y a las de la economía global. Incluso Japón, estancada tanto tiempo, presenta una tasa media de crecimiento superior a la europea desde 1970. Las razones son diversas y las posibles estrategias de salida o soluciones presentan cada vez desafíos mayores, pero no se puede olvidar que Europa tiene resortes para darle la vuelta a esta situación, si aplica una batería de medidas valientes y ambiciosas con pedagogía.

El nivel de vida, bienestar y comparativamente elevada cualificación de su población y un tejido empresarial potente son ejemplo de esas potencialidades. Es quizás esa esperanza la que llevó a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, a convencer a Mario Draghi a elaborar un informe sobre el presente y futuro de la competitividad europea. Se espera con mucho interés en Bruselas y el resto de las capitales europeas, por las estrategias que pueda plantear, que podrían ser una fuente muy interesante de debate en las próximas elecciones al Parlamento Europeo de primavera de 2024. Von der Leyen empleó en su rueda de prensa en la que anunció el encargo a Draghi en septiembre unas palabras que recuerdan a las del anterior presidente del BCE en julio de 2012 para salvar el euro: “Europa hará todo lo necesario para mantener su ventaja competitiva”. Las palabras de Draghi en 2012 fueron vitales en el corto plazo financiero mientras que las de Von der Leyen son fundamentales para el medio y largo plaza o del bienestar europeo. La Comisión Europea también ha solicitado un informe otro ex primer ministro italiano, Enrico Letta, sobre el estado del Mercado Único europeo, que también puede aportar mucha luz.

La Unión Europea parece enfrentarse a un dilema entre el mantenimiento de sus fortalezas —mercado único y libertad de movimiento de bienes, servicios, personas y capitales— y competir con Estados Unidos, China, y en los últimos años, con India. No es solamente en el ámbito industrial clásico, sino al menos igual de importante, en el tecnológico. Cuando se inició la era de las big tech, (Apple, Google, Meta, Microsoft, Amazon) al comienzo de siglo, no se reaccionó desde el Viejo Continente, no hubo homólogas a esas empresas en la UE. No estaba tan lejos una experiencia que resultó más positiva en Europa, como fue la creación de Airbus, que pasó a competir muy bien con las grandes incumbentes americanas de aquel momento (Boeing, McDonell Douglas), aunque se acometió vía subvenciones, lo que generó muchas tensiones con el Gobierno norteamericano y casi un guerra comercial. Era otra Europa, quizás con más visión, más apetito político, más beligerancia competitiva y de, si hacía falta, retorcer un poco las reglas, como siguen haciendo muchos de nuestros competidores globales. Ahora puede estar planteándose una nueva oportunidad con la inteligencia artificial. Europa cuenta con los recursos humanos, el acervo de conocimiento y recursos materiales. El proyecto debe contar con la escala suficiente para ser transformador. Y el enfoque regulador que se adopte —sin duda, muy importante en el desarrollo de la IA— será también determinante.

El problema de la escalabilidad puede ser uno de los obstáculos para el aumento de la productividad y el mantenimiento de la competitividad. ¿Cómo puede ser que un bloque como la UE con el nivel de renta y bienestar alcanzado, un mercado potencialmente tan fuerte, con un programa muy ambicioso de digitalización y sostenibilidad, con unos fondos Next Generation EU de 800.000 millones destinados a inversiones, tenga un futuro incierto en su competitividad? Esos ingredientes deberían ser suficientes. En la práctica no lo son. ¿Por qué? Sin duda, por la falta de unas políticas unificadas en el ámbito de la empresa a escala europea. Las ayudas de Estado se han multiplicado —con muchos excesos de algunos países, como Alemania y Francia— desde la pandemia y la guerra de Ucrania, con lo que han existido varias quiebras de esa unidad de mercado. Sin una política verdaderamente europea con amplio consenso de fomento de la actividad económica y empresarial, el declive relativo de la competitividad europea no cesará. Esta es una de las áreas en las que se debe actuar sin duda.

Por último, pero no menos importante, la regulación de las actividades digitales e intangibles en la UE —más garantista y más restrictiva que en EEUU o China— ha podido limitar la promoción de las mismas. Quizás hasta ahora, esa regulación garantista ha podido tener un trazo más grueso que el deseable. En el futuro, con el desarrollo de la IA en juego, sería bueno afinar más y poder compatibilizar las principales cautelas en la protección de datos y privacidad con un amplio desarrollo —esta vez sí— de las nuevas capacidades digitales que van a surgir, que serán un eje fundamental de crecimiento del futuro. Solo así, no se perderá una nueva oportunidad para mejorar la competitividad y poder continuar manteniendo el alto de bienestar alcanzado en Europa. Quedamos a la espera, Sr. Draghi.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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Competencia global por el talento

octubre 10, 2023

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Uno de los factores clave de competitividad para cualquier país es la suficiente disponibilidad de recursos humanos para su sistema productivo que permita una senda de crecimiento y aumento del bienestar económico y social, en un contexto de sostenibilidad. A esos recursos cada vez más se denomina talento. Como dice una de sus las definiciones de la Real Academia de la Lengua: una especial capacidad intelectual o aptitud para el desempeño o ejercicio de una ocupación. Contar con suficiente talento para los proyectos empresariales es esencial. El problema se está dando en algunas industrias donde empieza a haber más ideas que gente para realizarlas. La globalización ha reducido o eliminado las barreras a los movimientos de trabajadores, especialmente de quienes tienen unas especiales capacidades. La pugna por el talento es casi global. Entre otras razones porque no abunda, particularmente para las nuevas actividades tecnológicas y de sostenibilidad. Hay una escasez importante en esas áreas y creciente competencia. Es una de las principales restricciones con que países y empresas van a tener que contar en sus proyectos más innovadores y rentables.

El World Talent Ranking 2023 del centro suizo IMD (International Institute for Management Development) analiza la situación y evolución del desarrollo de las competencias necesarias para que las empresas y la economía en su conjunto de un país estén en disposición de crear valor añadido a medio y largo plazo. En esta evaluación de 64 países juegan un papel muy importante la inversión en talento local, la atracción del talento foráneo cualificado y la disponibilidad de capacidades y competencias en conjunto de los recursos humanos. Europa ocupa el primer lugar entre los bloques regionales en ese ranking. Tiene ventajas en inversión en talento local y la disponibilidad de capacidades. Sin embargo, la desigualdad ha crecido después de la pandemia, destacando la creciente brecha de América del Sur con el resto del mundo. España ocupa el puesto 32 en esa clasificación, posición que no ha variado desde 2019. Mitad de la tabla. Ese puesto se ha mantenido gracias a la inversión en talento local. Pero hay que mejorar mucho en atracción de recursos humanos cualificados internacionales y en paliar los efectos de las carencias en competencias financieras y lingüísticas. Y eso que la calidad de vida favorece la “atracción” de talento cualificado.

Cada vez más voces autorizadas señalan la disponibilidad de talento como el factor productivo clave del futuro, desbancando a la energía, por ejemplo. Buena parte de las nuevas actividades económicas —por donde girará el crecimiento económico— están vinculadas a la digitalización y la sostenibilidad. Así, es conveniente contar con incentivos suficientes para retener el talento local, captar el internacional y ampliar nuestras competencias. La inmigración está ayudando y cuanto más cualificada esté, mayor será su contribución. Cualquier reforma del mercado de trabajo debe tener en cuenta esas necesidades. Aumentar la productividad para poder ofrecer salarios más atractivos y coadyuvar a un mayor crecimiento sostenible como eje central de cualquier cambio en el marco de relaciones laborales de nuestro país.

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¿por-que-los-medicamentos-biosimilares-importan-a-la-economia?

¿Por qué los medicamentos biosimilares importan a la Economía?

octubre 6, 2023

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Los “medicamentos
biosimilares” todavía son unos desconocidos. Sin embargo, tienen una gran
importancia económica. Implican a la innovación, la competencia, la regulación,
el diseño de mecanismos de incentivación y la eficiencia del gasto público de
forma interrelacionada.

El desarrollo de la ingeniería genética y las técnicas de ADN recombinante permitieron el desarrollo de los medicamentos biotecnológicos que en los últimos 30 años han abierto grandes oportunidades a la terapéutica. También tienen un alto coste por paciente (10.00 – 100.000 € tratamiento /año) y un elevado peso en los presupuestos de los hospitales y del SNS, así como en el gasto farmacéutico agregado (crecen anualmente a doble dígito). Ellos protagonizan actualmente la innovación farmacológica, pues en 2022 fueron más del 70% de los nuevos medicamentos autorizados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Cuando la patente del biotecnológico expira puede comercializarse por otras empresas distintas de la innovadora. Estos productos seguidores se denominan biosimilares. Es obvio que su aparición depende de la innovación previa que suponen los productos a los que siguen. Además, estimulan la innovación de estos últimos porque las empresas saben que al caducar la exclusiva de comercialización que implica la patente desaparecerán los ingresos extraordinarios asociados. Precisamente, generar competencia en precios es otra de sus virtudes económicas. En esto se parecen mucho a los medicamentos genéricos (de síntesis química). Permiten la aparición de competencia en el mercado y, como predice la teoría económica, tienden a comercializarse con precios más bajos. La resultante de la competencia en precios es que los biosimilares han acarreado muy importantes ahorros económicos. En España, Manuel García Goñi y colaboradores estimaron que entre los años 2020-2022 permitirían ahorrar 2.856 millones de euros al Sistema Nacional de Salud.

Para que los
medicamentos biosimilares pudieran entrar en el mercado han sido precisos ciertos
cambios imaginativos en la regulación sanitaria, en cuyo desarrollo la Unión
Europea ha sido pionera. Es fundamental que médicos y pacientes confíen en que
son tan eficaces y seguros como los productos innovadores. Esto hoy está
totalmente consagrado. En la actualidad el reto es conseguir que los
biosimilares sean adoptados en la clínica con más agilidad. España no está
entre los países más rápidos, por lo que existe un margen de mejora y de
ganancias de eficiencia importante.

Para fomentar la utilización de biosimilares en la práctica clínica algunos países utilizan mecanismos de incentivación de diseño diverso. Una fórmula es compartir las ganancias derivadas de su empleo con los servicios hospitalarios que los utilizan. Por ejemplo, aumentando sus recursos del personal de enfermería, precisamente para mejorar el seguimiento de estas terapias. Así se benefician los pacientes y los profesionales sanitarios. En el libro “Gestión Clínica, Incentivos y Biosimilares”, que escribí con Isabel del Río, estos incentivos se tratan extensamente. La AIREF en su revisión del gasto público de 2019, dedicada al gasto hospitalario recomendaba radicalmente fomentar la utilización de biosimilares y poner en marcha incentivos de este tipo.

A todas estas cuestiones se dedicó el coloquio ofrecido por Funcas el 23 de junio de 2023 que puede ver haciendo clic en este enlace. Intervinieron cuatro ponentes especialmente dotados para abordarlas: Encarnación Cruz Martos, directora de Biosim; María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS); Javier Bachiller Corral, Jefe de Sección del Servicio de Reumatología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y Laura Pellisé, directora de Políticas públicas y Relaciones Institucionales de AMGEN.

El lector interesado también puede leer el artículo de Joaquín Rodrigo, Presidente de la Asociación Española de Medicamentos Biosimilares (BioSim), “Medicamentos biosimilares: una oportunidad para el Sistema Nacional de Salud”, publicado en el número 169 de la revista Papeles de Economía Española, titulado «Medicamentos, Innovación Tecnológica y Economía».

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