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Cierre del año para la banca y perspectivas futuras

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2025 será recordado como un buen año para la banca española, en un contexto económico europeo que, pese a su modesto crecimiento, ha permitido resultados sólidos en el sector financiero. Las grandes entidades españolas están cerrando el ejercicio con beneficios sólidos apoyados en control de costes y el incremento de volúmenes de negocio que ha compensado el entorno de bajos tipos de interés y la presión sobre los márgenes. Desde comienzos de año, la reducción general de los tipos ha tenido un impacto atenuador en los ingresos financieros, pero los bancos han logrado reconducir sus resultados gracias al aumento del crédito, mayor eficiencia operativa y una diversificación creciente de ingresos por comisiones. La rentabilidad del sector se ha situado en niveles que refuerzan la confianza de analistas e inversores en el sector. 

Este escenario ha coincidido con una economía española que ha mostrado un significativamente mayor dinamismo relativo que la europea, impulsada por el consumo interno y el mercado laboral, que ha registrado una fuerte entrada de inmigrantes desde 2021. Los bancos españoles han aprovechado la estabilidad macroeconómica para expandir su actividad crediticia tanto a hogares como a empresas, con niveles de morosidad contenidos y balances fortalecidos tras años de ajustes. 

Como contraste, 2025 ha sido también un año marcado por el peso de la regulación en Europa. A diferencia de Estados Unidos y Reino Unido –donde las autoridades ya han movido ficha para aliviar algunas exigencias de capital y supervisión– la Unión Europea aún mantiene un entramado normativo complejo, con miles de páginas de legislación y numerosos requisitos de cumplimiento normativo. Este exceso de regulación es un freno al crédito y a la competitividad internacional. Los informes Draghi y Letta ya apuntaban en ese sentido. Como respuesta a la presión, ya se habla de simplificación regulatoria en Bruselas y hay propuestas políticas encima de la mesa para simplificar marcos regulatorios, aunque sin reducir significativamente exigencias de capital en el corto plazo. Por ahora parece una tibia respuesta,

De cara a 2026, las perspectivas para la banca española siguen siendo razonablemente optimistas, aunque están condicionadas por varios factores. La consolidación de la recuperación económica en la eurozona –si llega a producirse– aportaría un impulso adicional al crédito y a la confianza empresarial. La adopción de tecnologías como la IA promete mejorar la eficiencia operativa y generar nuevas fuentes de ingresos, algo que los mercados ya están valorando positivamente en la cotización de los bancos europeos. No obstante, la necesidad de avanzar en una regulación más competitiva será clave para que los bancos españoles no solo mantengan su buena marcha en 2026, sino que también puedan competir a escala global con entidades americanas y de otros mercados menos regulados.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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Europa, entre la simplificación regulatoria pendiente y la oportunidad estratégica

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Enrico Letta y Mario Draghi lo dijeron claro en sus informes sobre el futuro económico de Europa: el mercado único se había quedado a medio camino y la burocracia era un lastre para la competitividad. Letta defendía que el mercado interior debía completarse con reformas jurídicas y sectoriales que eliminasen las fronteras normativas entre los Estados. Draghi fue aún más explícito. Europa necesitaba “pensar a escala continental” para competir con Estados Unidos y China. Ambos coincidían en la necesidad de simplificar, integrar y escalar. Sus propuestas abarcaban desde la creación de un código mercantil europeo hasta la aceleración de la unión de los mercados de capitales, pasando por la reducción de las cargas regulatorias que frenan la innovación. Los dos informes advertían de un riesgo estructural, la fragmentación. Mientras EE. UU. y China concentran inversión, capacidad tecnológica y poder financiero en marcos regulatorios más ligeros y unificados, la UE se enfrenta a un mosaico de reglas nacionales –además de las panaeuropeas– que multiplican los costes y debilitan la competitividad.

Este año, la UE ha comenzado a transformar en política algunos de esos diagnósticos. En el recientemente publicado 2025 annual progress report on simplification, implementation and enforcement (Informe anual de situación de 2025: simplificación, aplicación y ejecución) se enumeran seis paquetes legislativos de simplificación (omnibus) y una estimación de 8.600 millones de euros en ahorro de costes administrativos recurrentes.



No te pierdas la jornada virtual titulada Unidad de mercado y competitividad: superando la fragmentación regulatoria en Europa y España, que celebra Funcas el próximo 20 de noviembre.

Por primera vez la simplificación se aborda como un objetivo estructural, no como una tarea secundaria. “Una Unión más audaz, más simple y rápida” es el nuevo lema. En paralelo, la nueva iniciativa sobre la “Unión de ahorros e inversiones” busca integrar los mercados de capital europeos, eliminar obstáculos legales en los servicios financieros y facilitar la inversión transfronteriza. También el BCE reconoce que aún existen fuertes barreras en el post-trade (liquidación y compensación de valores) y en la armonización de los derechos de los inversores, pero admite avances en la coordinación entre supervisores y en la aceptación política de una mayor cesión de competencias a nivel europeo. El Single market scoreboard 2025 (Cuadro de mando del mercado único 2025) muestra mejoras en varios indicadores de cumplimiento, aunque persisten diferencias notables entre Estados miembros. Dos tercios de las empresas encuestadas siguen señalando la carga regulatoria como un obstáculo clave, pero la tendencia general parece positiva. Por primera vez desde 2018, el porcentaje de legislación del mercado único correctamente transpuesta supera el 95%.

Pese a estos progresos, la implementación continúa siendo más lenta de lo deseado. La mayoría de los obstáculos son estructurales. Por ejemplo, la gobernanza europea exige consenso o mayorías cualificadas, lo que ralentiza las reformas más ambiciosas. Los Estados miembros temen perder autonomía regulatoria o capacidad fiscal y, en consecuencia, prefieren soluciones intergubernamentales que diluyen la eficacia. El resultado es que, hasta ahora, proyectos como la unión bancaria están ina­cabados, por el estancamiento de unos de sus pilares, el seguro común de depósitos. La fragmentación normativa en materia de insolvencias o fiscalidad mantiene a las empresas operando en 27 minimercados. Se ha avanzado bastante en diagnóstico y algo en voluntad política, pero aún carece de instrumentos ágiles de ejecución.

A esto se suma un problema de escala empresarial y tecnológica: las compañías europeas, en promedio, son más pequeñas que sus equivalentes estadounidenses o chinas, lo que reduce su capacidad de inversión en I D, digitalización y sostenibilidad. Sin una unión real de los mercados de capitales que facilite la financiación para crecer, las empresas europeas seguirán enfrentando un techo de cristal estructural.

Por otro lado, la precaución regulatoria europea –que prioriza la estabilidad, la protección del consumidor y el equilibrio social– hace que los procesos legislativos sean más largos y revisados. Esta actitud, a menudo vista como debilidad frente a la agilidad estadounidense, es también una expresión del modelo social europeo. Por último, la multiplicidad de idiomas, sistemas jurídicos y marcos fiscales genera inercias difíciles de desmontar. La simplificación exige centralización, pero la UE aún opera con una lógica de competencias compartidas, no plenas.

La necesidad de esa simplificación administrativa e integración de mercados en la UE es evidente y una apuesta decidida por ello puede traer más beneficios de los inicialmente pensados, precisamente por esa idiosincrasia prudente del Viejo Continente. En un contexto de repolarización global, de proteccionismo y guerras comerciales y de una desregulación tecnológica y financiera llena de riesgos en Estados Unidos y otros países, la cautela europea puede convertirse en fortaleza si a la vez se logra un entorno menos intervencionista y más business-friendly en Europa. Este entorno más exigente limita ciertos excesos –por ejemplo, la especulación financiera sin respaldo o la explotación descontrolada de datos– que podrían desestabilizar economías en momentos de volatilidad. Mientras en EE. UU. la innovación tecnológica y financiera avanza bajo un principio de “libertad hasta que haya un problema”, Europa ha optado por un modelo de prevención y equilibrio.

En suma, en un mundo tan convulso, esa estrategia puede dar frutos: un sistema financiero más sólido, una transición digital más ética y un entorno de inversión más predecible. El valor de la confianza y la estabilidad institucional no es menor. La Unión Europea no solo debe aspirar a ser más eficiente, sino también a convertir su cautela en una ventaja estratégica. En la era de la inteligencia artificial, la digitalización financiera y los conflictos geopolíticos, esa combinación de prudencia regulatoria y ambición reformista –si logra sus objetivos de competitividad– podría ser el activo más valioso de Europa.

Una versión de este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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El Nobel de Economía, un galardón al estudio de la prosperidad

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El Premio Nobel de Economía 2025 reconoce una convergencia fascinante entre la historia del conocimiento y los modelos formales de crecimiento. Al israelí y estadounidense Joel Mokyr, al canadiense Peter Howitt y al francés Philippe Aghion. Nuevamente galardón compartido y vuelta a la concentración en el género masculino, tras los premios a Claudia Godin (2023) y Esther Duflo (2019) de ya hace unos años. La Academia sueca menciona en su justificación que “durante los dos últimos dos siglos, por primera vez en la historia, el mundo ha experimentado un crecimiento económico sostenido”. Lo que ha sentado nuestras bases de prosperidad y ha sacado a millones de personas de la pobreza. Se les reconoce “haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación”. Muy oportuno el premio en un momento de, al menos, fuerte innovación y progreso tecnológico, con todo el tsunami generado por la Inteligencia Artificial y la robotización. Aparente porque aún queda por demostrar que los avances tecnológicos en IA del momento aportarán nuevas bases de prosperidad en las próximas décadas. Y sobre todo como se distribuirán en una sociedad con persistentes problemas de equidad. Es decir, si estos avances actuales estarán alineados con la innovación de la que hablan los tres premiados. Se conoce que las BigTech, así como infinidad de empresas en todo el mundo, destinan cientos de miles de millones de dólares, y una ingente cantidad de energía a proyectos de IA. Sin embargo, se desconoce el grado futuro de éxito de esta apuesta y si se logrará mejorar el bienestar de todos. 

Joel Mokyr se distingue por su enfoque histórico y conceptual para entender por qué apenas en los últimos dos siglos el crecimiento económico sostenido se volvió la norma, en contraposición a los largos periodos anteriores de estancamiento. Sostiene que no basta con que haya invenciones técnicas. Es esencial que se permita que el conocimiento avance acumulativamente y se integre en una cultura de innovación. Así, ayuda a explicar por qué algunas épocas o regiones fueron capaces de iniciar un circuito virtuoso de innovación acumulativa (la Revolución Industrial), mientras que otras que disponían de conocimientos fragmentados no lograron hacerlo. Por su lado, Philippe Aghion y Peter Howitt formalizaron el mecanismo por el cual la innovación genera crecimiento mediante el proceso de destrucción creativa, inspirado en las ideas clásicas del economista austriaco Joseph Schumpeter. En su modelo de crecimiento las innovaciones no solo agregan progreso, sino que reemplazan tecnologías anteriores, provocando que empresas menos eficientes desaparezcan y nuevas emergentes tomen el relevo, con lo que el crecimiento económico se sostiene.

La combinación de sus enfoques invita a reflexionar sobre las políticas actuales. Si se desea que la innovación siga generando crecimiento, no basta con fomentar la investigación. Es necesario cuidar instituciones que permitan la competencia, reducir barreras de entrada, proteger el derecho de innovar y mantener un ambiente intelectual crítico. Sus contribuciones ofrecen una hoja de ruta intelectual para entender la transición hacia las sociedades del conocimiento y para diseñar políticas que aseguren que la innovación no falle como motor de prosperidad.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La carrera entre IA, las ‘cripto’ y geopolítica: el nuevo tablero global tras la desregulación en EE. UU.

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En el último lustro, el desarrollo tecnológico ha avanzado a una velocidad vertiginosa, impulsado por la inteligencia artificial y el ecosistema cripto. Estas tecnologías están redefiniendo el panorama económico y geopolítico global. Sin embargo, mientras Estados Unidos acelera su apuesta por la desregulación, sobre todo bajo el ala de las políticas de Donald Trump, Europa se encuentra ante una encrucijada: adaptarse o quedar relegada. Para una gran parte de analistas, la IA es el nuevo petróleo del siglo XXI. El tiempo confirmará o no una aseveración de este alcance, pero ya nada será igual en el contexto tecnológico y económico. 

Desde hace casi tres años, con la aparición de ChatGPT de OpenAI y todo el tsunami tecnológico que ha venido después, la IA ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una infraestructura estratégica. Modelos de lenguaje como GPT-4 (y el próximo GPT-5) y su evolución hacia sistemas multimodales han empezado a integrarse en sectores tan variados como la salud, la educación, la defensa y las finanzas. La automatización de tareas cognitivas, la generación de contenido y la toma de decisiones basada en datos han transformado radicalmente la productividad y las capacidades de individuos, empresas e instituciones.

En este contexto, Estados Unidos ha logrado mantener su hegemonía, en parte gracias a su ecosistema de capital riesgo, sus universidades punteras y el papel de tecnológicas como OpenAI, Google o Perplexity. China, por su parte, avanza con fuerza con sus propias plataformas de IA, como la conocida DeepSeek, con costes mucho menores, aunque bajo un modelo mucho más intervencionista. La UE, en cambio, continúa mostrándose cautelosa y con mensajes confusos sobre su estrategia. Su enfoque regulador, ejemplificado por la Ley de IA de la Unión Europea, intenta equilibrar la innovación con la protección de los derechos fundamentales. Aunque sus intenciones sean loables, este marco puede ralentizar –y, de hecho, lo está haciendo– la adopción de IA frente a sus rivales que ya experimentan a gran escala sin tantas restricciones. 

Otro elemento tecnológico con gran potencia disruptiva, el mundo cripto, ha vivido varios ciclos de entusiasmo y cierto colapso, pero su potencial transformador sigue estando ahí. La tecnología blockchain permite la creación de sistemas descentralizados, transparentes e incorruptibles, con aplicaciones que van desde las finanzas hasta la gestión de la cadena de suministro. Lo que ha cambiado en el tablero global, son los recientes avances desregulatorios en Estados Unidos. A pesar de las numerosas advertencias en el pasado de la SEC (Securities and Exchange Commission), el Ejecutivo republicano ha promovido una visión más liberal en cuanto al desarrollo de productos financieros cripto, especialmente las stablecoins y plataformas DeFi (finanzas descentralizadas). 

La reciente norma, conocida como Genius Act, reordena prioridades legales y conlleva comprometidos riesgos entre regulación, mercado y potencialmente dinero público. Esta posición parece responder tanto a intereses económicos –atraer inversión, fomentar la innovación– como a una voluntad política de contrarrestar el poder de China en el terreno monetario digital. Se aspira a que Estados Unidos siga liderando la “nueva revolución industrial”. Sin embargo, es una visión muy optimista de los efectos de la desregulación del ecosistema cripto. Los críticos señalan que se puede generar una burbuja tecnológica aún más peligrosa que la del año 2000. Asimismo, sin reguladores activos, los consumidores quedan más expuestos, y los sistemas descentralizados pueden convertirse en herramientas para actores maliciosos. Y aumenta la inestabilidad financiera. Y lo que es más, la combinación entre IA y tecnologías cripto puede permitir que aplicaciones financieras de IA actúen de modo opaco, sin rendir cuentas, y con capacidad para alterar mercados o financiar actividades ilícitas. El desafío es de gran calado técnico, ético y político. ¿Quién controla a los operadores cuando estos son inteligencias artificiales sin rostro? 

Y en este contexto, ¿dónde queda Europa? El riesgo de quedar descolgado el Viejo Continente es evidente a pesar de contar con universidades prestigiosas, centros de excelencia en investigación como el CERN, y empresas innovadoras. Su excesivo enfoque regulador puede actuar como freno a la competitividad. Además, la falta de un mercado único digital verdaderamente cohesionado limita las posibilidades de escalar soluciones rápidamente, como sí ocurre en Estados Unidos o China. Las startups europeas se ven obligadas frecuentemente a migrar para poder crecer, llevándose con ellas talento e innovación. En todo caso, los excesos de EE. UU. pueden dar una oportunidad a Europa si se gestiona adecuadamente: ser el garante global de una tecnología ética, segura y sostenible, lo que podría atraer a empresas y usuarios que desconfían del desbarajuste regulatorio estadounidense o del control autoritario chino. Este modelo híbrido, sin ser ingenuo ni excesivamente burocrático, permitiría a Europa liderar desde el equilibrio. 

La combinación de IA y cripto promete reinventar la economía y la sociedad, pero también plantea enormes desafíos. Estados Unidos, con Trump a la cabeza, ha optado por la vía del riesgo y la innovación sin cortapisas. La UE, por el contrario, quiere marcar límites antes de avanzar. La pregunta clave es si esos límites son freno o guía. La respuesta determinará el lugar que ocupará cada bloque en la próxima década. Aún tiene una oportunidad de liderazgo en las reglas del juego global, pero para ello necesita algo más que regulaciones: audacia, inversión estratégica y una visión tecnológica alineada con sus valores, pero también con la velocidad del presente. Porque en el mundo de la IA y el cripto, quien se detiene, se hace irrelevante. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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Cripto sin riendas

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Desde su primera aparición en 2010 los criptoactivos han evolucionado de ser casi una rareza, de importancia marginal en el ámbito de las inversiones, a un fenómeno global en la actualidad con implicaciones profundas para la economía, las finanzas y la soberanía monetaria. Continúa siendo un activo de elevado riesgo, con un mercado insuficientemente transparente a la vez que volátil, sin que gran parte de los inversores minoristas comprendan lo que se están jugando. Es en este escenario, en el que han proliferado estos activos digitales y las stablecoins (diseñadas para mantener un valor constante) la Administración Trump termina de impulsar una nueva ola de desregulación financiera que muy probablemente transformará el panorama cripto en EE. UU. y más allá. Y que podría afectar al futuro de la demanda y uso de divisas como el dólar, o sea, a la soberanía monetaria de los países, ya que la nueva norma otorga a aquéllas mayores posibilidades ser empleadas en transacciones comerciales, sobre todo, internacionales.

La reciente (des)regulación aprobada, denominada Genius Act, es un giro radical. Con promesas de transparencia y confianza, reordena prioridades legales y crea una peligrosa dependencia entre regulación, mercado y potencialmente dinero público. Con una capitalización por encima de los 200.000 millones de millones, las stablecoins se han convertido en el combustible de todo el ecosistema cripto. Ofrecen liquidez casi instantánea y paridad con el dólar. Sin embargo, detrás de su aparente estabilidad existe una compleja red de riesgos operativos y regulatorios. El elemento más controvertido, que no único, reside en que los tenedores de stablecoins pasarían a tener prioridad legal en caso de quiebra, por encima del resto de acreedores, alterando el orden tradicional de prelación. Algunos agentes de gran importancia en posibles procesos problemáticos como abogados o administradores concursales podrían no desear involucrarse en liquidaciones si no tienen garantías de cobro. Y, lo que es peor, si los activos del emisor no alcanzan para cubrir las obligaciones, la presión recaería en el Estado para indemnizar a los tenedores. O sea, se allana el camino a un posible rescate cripto con fondos públicos. El nuevo marco legal podría, entre otras disfuncionalidades, incentivar la confianza excesiva, desincentivar la debida diligencia de los usuarios y alimentar la idea de que las stablecoins son “seguras por ley”. 

Mientras, en Europa, la normativa MiCA (Reglamento sobre Mercados de Criptoactivos) contrasta enormemente con la Genius Act, ya que aquella es una regulación garantista y que busca proteger a los usuarios. Esas grandes divergencias pueden generar arbitraje regulatorio, donde las empresas migran hacia jurisdicciones más permisivas, debilitando los esfuerzos multilaterales por armonizar las reglas del juego. Y con un potencial aumento considerable de riesgos financieros globales.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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Aranceles en la relación transatlántica

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Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Europa han tendido innumerables puentes económicos, militares y tecnológicos. Las potentes cadenas de valor actuales en una buena parte de los procesos productivos no se entenderían sin esas numerosas conexiones económicas. Construir esos vínculos tan ventajosos, y el correspondiente bienestar, ha costado ocho décadas. Con sus problemas, tensiones, pasos adelante y hacia atrás. Pero que puede costar bien poco dañar seriamente ese vínculo atlántico. La amenaza del presidente Trump de unos aranceles del 30% a la UE es uno de esos game changer (cambiador de juego), pero para mal. Supone un nuevo punto de inflexión en la ya compleja relación transatlántica. El conflicto arancelario, si se materializara, podría alterar profundamente las dinámicas diplomáticas, comerciales, tecnológicas y de seguridad entre Estados Unidos y la Unión Europea.

El aumento de los aranceles implica una fuerte presión directa sobre sectores estratégicos de exportación europeos —automóviles, productos agrícolas y tecnológicos— y se percibe como una acción unilateral que rompe con el espíritu de colaboración que tradicionalmente ha guiado las relaciones comerciales entre ambos bloques. La respuesta europea podría venir en forma de contramedidas similares, lo que podría enturbiar aún más las relaciones transatlánticas y podría abrir la puerta a una guerra comercial con consecuencias globales. En un contexto de inflación que no remite totalmente y de crecimiento moderado y desigual, en ambos bloques, este tipo de medidas puede generar grandes distorsiones económicas en las cadenas de suministro.

Las tensiones no se limitan al terreno económico y estarán encima de la mesa de negociación. En los últimos años, la UE ha avanzado hacia una regulación más estricta del entorno digital —con normas como el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) o la Ley de Mercados Digitales (DMA), recibidas con escepticismo por las BigTech estadounidenses— y con enfado y amenazas de represalias de la Administración Trump por los impuestos a la actividad digital en el Viejo Continente. Una escalada en los desencuentros podría llevar a una cierta fragmentación digital entre ambos bloques, dificultando acuerdos de transferencia de datos, normas de ciberseguridad comunes o la cooperación en inteligencia artificial, que con la actual Administración Trump, en todo caso, va a resultar muy complicada. La UE no puede olvidar en el proceso negociador que no tiene alternativas fáciles en el ámbito tecnológico, por la escasez de compañías autóctonas de este tipo y la gran dependencia de Estados Unidos, difícil de reducir significativamente y que debilita la posición comunitaria. Algo parecido pasa con la cooperación militar, la dependencia de Estados Unidos es muy elevada. Guste o no, a la UE le toca ser equilibrista y realista cuando se siente a hablar con los Estados Unidos.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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El BCE busca disipar los recelos hacia un euro digital que cobra protagonismo

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El estallido de los recientes shocks geopolíticos y el consiguiente alejamiento de Estados Unidos han dejado al descubierto la fuerte dependencia europea en el mercado de medios de pago: los grandes proveedores que dominan tanto los pagos con tarjeta —Visa, Mastercard— como los realizados mediante apps móviles —Apple Pay o Google Pay— son estadounidenses. Un estrecho vínculo que implica vulnerabilidad ante potenciales presiones, cambios de condiciones o incluso la supresión de los servicios prestados por las empresas. 

Esa perspectiva hace que el proyecto de euro digital, impulsado por el Banco Central Europeo (BCE), cobre una nueva relevancia. Como señaló en abril el miembro del consejo ejecutivo del banco, Piero Cipollone, ante el comité de Asuntos Económicos y Financieros del Parlamento Europeo (PE), es importante para Europa contar con una moneda digital que refuerce la autonomía estratégica y que reduzca la subordinación en los sistemas de pago. Pero coincidiendo con este renovado protagonismo, han surgido asimismo voces –también en el PE, donde se tiene que debatir y aprobar su regulación– que plantean dudas en torno al uso y al impacto de la divisa digital desde, principalmente, tres ópticas: por un lado, muestran su preocupación por la posibilidad de que el euro digital pueda dar lugar a un seguimiento excesivo de la actividad financiera de los ciudadanos. Por otro, temen que la nueva divisa electrónica afecte a la estabilidad financiera a través, por ejemplo, de eventuales trasvases de dinero desde las cuentas bancarias a los monederos de euros digitales, lo que interrumpiría el canal de crédito. Finalmente, los críticos parecen abogar por soluciones alternativas desde el sector privado; bien las ya existentes u otras nuevas a escala paneuropea. 

Frente a los recelos, el BCE ha elaborado un proyecto de euro digital garantista y gradual, diseñado deliberadamente como un experimento de bajo riesgo, con un alcance inicial modesto pero capaz de escalar si las condiciones lo requieren. Sobre la primera de las cuestiones, la de la privacidad, se insiste en que el uso de la moneda estará sometido a un nivel máximo de confidencialidad, de forma que tanto en los pagos online como en los offline ni los intermediarios ni el Eurosistema –las entidades financieras y el propio BCE– podrán identificar a los intervinientes en las transacciones, más que para cumplir normas, vigentes ya en la actualidad para otras operaciones, sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 

En cuanto al asunto de intermediación bancaria, se da por descontado que habrá límites para la tenencia de euros digitales —se habla de unos 3.000 por persona– y que, además, no generarán intereses, lo que desincentivaría la retirada de depósitos de las entidades financieras. En todo caso, el euro digital –dice la autoridad bancaria– se concibe como un medio de pago complementario a los ya existentes, tanto los privados como el propio efectivo, que posibilitaría desde su misma puesta en marcha transacciones entre consumidores y empresas en toda la zona euro.

Además de estas garantías, el euro digital presenta otros aspectos –su potencial para simplificar los pagos transfronterizos, o el respaldo de su valor por el BCE (lo que le diferencia de otras monedas digitales como las stablecoins)– que fueron más destacados en los momentos iniciales del proyecto, frente al rol, subrayado ahora, como referente de la soberanía monetaria europea. Este rasgo, junto al planteamiento de bajo riesgo que ofrece el BCE, debería llevar a que, de acuerdo con la actual planificación, culmine la actual fase de preparación y se pase a la de desarrollo en la segunda mitad de este año, estableciendo entonces su alcance y duración. En todo caso, el euro digital precisará de la adopción de una regulación aprobada por parte del PE y el Consejo antes de su emisión.


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¿Una hoja de ruta para la sanidad española?

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En mayo de 2020 se constituyó en el Congreso de los Diputados la Comisión Parlamentaria de Reconstrucción Social y Económica de España (CRSE), tras un amplio acuerdo político adoptado por gran mayoría, en condiciones de emergencia nacional por la pandemia de la COVID-19, que contó con destacados expertos y actores del sistema sanitario y la opinión ciudadana. Uno de los frutos de la CRSE fue la emisión, en julio de ese año, de un dictamen estructurado en cuatro capítulos, uno de ellos dedicado a sanidad y salud pública (la reactivación económica, las políticas sociales y el sistema de cuidados y Europa fueron los demás asuntos tratados en el dictamen). 

Recientemente hemos publicado en Funcas un análisis que contextualiza y resume sistemáticamente ese capítulo sobre sanidad y salud pública, un documento que trata de responder a la pregunta de si el dictamen puede considerarse una “hoja de ruta” para la sanidad española. Para ello, remitimos, por un lado, a la abundante literatura sobre la reforma del SNS español; además, recogemos una breve descripción del mismo siguiendo el último Informe del Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Salud y también enumeramos los síntomas de deterioro que ofrece y los problemas agudos de estructura organizativa y de política personal que le aquejan. Finalmente, tras resumir las circunstancias de la elaboración y aprobación del Dictamen y su importancia, el texto ofrece una exposición seleccionada pero pormenorizada de su contenido en forma de tablas sinópticas, y con la sistemática elemental propia de un plan estratégico. 

La conclusión es que la propia Comisión y las recomendaciones del Dictamen fueron un esfuerzo notable porque marcaron una hoja de ruta para la reforma del SNS bastante comprensiva, bien sustentada en análisis técnicos solventes y amparada en un amplio e infrecuente acuerdo de las fuerzas políticas, aunque con insuficiencias, ambigüedades e incongruencias, entre ellas no plantear una reforma de conjunto del Estatuto Marco del personal sanitario y la falta de un mecanismo de seguimiento y control de su ejecución. Cinco años después, en el ámbito de las responsabilidades del Estado (Gobierno central) algunas de las propuestas se han desarrollado o empezado a poner en marcha, aunque con carencias y retrasos. La situación política española en 2025 no permite ser muy optimista, porque no parece que en la adopción de medidas concretas que enfrentan fuertes intereses y resistencias corporativas pueda volver a alcanzarse el acuerdo político multipartido que logró el Dictamen. 

Descargue y lea: Dictamen de la Comisión Parlamentaria de Reconstrucción Social y Económica de 2020 ¿Una hoja de ruta para la sanidad española?

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La mejora del Sistema Nacional de Salud español pasa por reformar la legislación y la gestión del personal sanitario

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Las actuales negociaciones entre el Ministerio de Sanidad y las corporaciones de profesionales sanitarios, así como el Informe SESPAS 2024 han puesto de actualidad los problemas de la legislación y la gestión de personal del SNS, rígidamente burocráticas. Ya el Informe Abril en 1991 decía que “el marco laboral estatutario no responde a las necesidades actuales y no encauza los conflictos que plantean las relaciones de personal en el ámbito sanitario, especialmente si se pretende incorporar criterios exigentes de productividad y eficiencia; por ello, algunos profesionales se encuentran lógicamente desmotivados”. Hoy, ¡34 años después!, estas palabras siguen siendo ciertas y dicho marco ha cambiado muy poco, e incluso se ha reforzado. Su reforma se considera por los especialistas uno de los nudos gordianos que tienen apresado al SNS, a pesar de que la organización, el personal y los incentivos son la clave del arco en de los sistemas sanitarios, mucho más que los recursos disponibles. El modelo burocrático actual –que busca seguridad jurídica– debería equilibrarse con el modelo gerencial –que busca eficacia–, por etapas sucesivas prudentes.

La cuestión central no parece ser el número de médicos (superior a la media de la UE y 13ª posición entre los países de la OCDE). En cambio, es reducido el número de enfermeras y escasa la incorporación de personal técnico. Por otro lado, entre 2014 y 2023 se han incrementado notablemente (30,8 %) los médicos de hospital y mucho menos (5,9 %) el resto. El problema es el desajuste entre profesionales y puestos de trabajo y los desequilibrios en la disponibilidad de especialistas. Otras dificultades se acumulan. El número de horas efectivas por trabajador desde 2014 a 2023 ha bajado, debido a la reducción de la jornada media semanal y al crecimiento de las horas no trabajadas, seguramente por la feminización y el mayor absentismo, al menos en parte derivado del desgaste causado por la pandemia. El envejecimiento es intenso con jubilaciones numerosas, coincidentes y próximas. La excesiva fragmentación de especialidades médicas y la consiguiente segmentación de servicios dificultan la longitudinalidad de la asistencia y el trabajo en equipo.

Las condiciones de reclutamiento, selección y asignación de puestos de trabajo son extraordinariamente deficientes y dificultan la estabilidad de los equipos de trabajo, fundamental para la calidad de la asistencia. A ello se unen la rigidez para la movilidad y la adaptación a las circunstancias y la falta de carrera profesional. Para sortear la rigidez de la contratación estable y la imprevisibilidad de la financiación se ha recurrido –mucho más allá de lo razonable– al personal temporal (interinos y sustitutos estatutarios pasaron del 28,5 % en 2012, al 42,2 % en 2023), generando insatisfacción de los profesionales y excesiva rotación de las plantillas. Esta práctica se espera que disminuya por efecto de la reforma de 2022, aunque sus causas profundas no se han atacado. Las retribuciones de los médicos en términos reales no han crecido en tiempos recientes y parecen ser bajas en España comparadas con las de la UE y otros países desarrollados, aunque no tanto en paridad de poder de compra. Pero el salario de los médicos especialistas en 2022 estaba en España 2,8 veces por encima del salario medio y por encima del salario medio bruto en el sector público. Las retribuciones variables pesan poco y los complementos incentivadores han sido desnaturalizados por una cultura igualitarista. No sólo se habría de tratar de incentivos monetarios, sino también de las variadas dimensiones de la compensación de profesionales de alta especialización, singularmente la conciliación laboral y familiar, dada la creciente feminización. Están presentes, además, incentivos negativos, en particular la plaza “en propiedad”. La dualidad entre el creciente ejercicio de la medicina en el sector público y privado, plantea conflictos de interés y puede afectar a la calidad del servicio. Finalmente, está ausente la evaluación del rendimiento como herramienta de gestión y de motivación y reconocimiento.

Las verdaderas dificultades no son técnicas, ni de escasez de recursos, son políticas. Unas derivan de la situación general. Otras consisten en las resistencias al cambio de políticos, funcionarios, sindicatos y corporaciones profesionales y grupos de interés. Sin embargo, es esperanzador que los mismos profesionales sanitarios, durante la pandemia de la COVID-19, hicieran saltar por los aires muchas de estas rigideces.

Esta entrada es un resumen del apartado sobre política de personal del documento “Dictamen de la Comisión Parlamentaria de Reconstrucción Social y Económica de 2020 ¿Una hoja de ruta para la sanidad española?” que próximamente publicará Funcas.

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Desregulación en la UE

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Por las buenas y por las malas. Europa afronta una simplificación burocrática. Algunos incluso se atreven a llamarla desregulación, lo que es algo prematuro. Por las buenas, porque así lo recomendaban, entre una amplia batería de medidas de largo alcance para aumentar la productividad, los sesudos y certeros informes de Enrico Letta y Mario Draghi sobre el mercado único y la competitividad de la UE. Y por las malas, porque desde Estados Unidos han llegado vientos de disrupción con la nueva Administración Trump, también en materia de desregulación, que, según en que escenarios, podría dejar muy “tocada” la competitividad europea. La Comisión Europea ha puesto encima de la mesa una de sus prioridades más ambiciosas para la próxima legislatura: una profunda simplificación burocrática —desregulación incluida— que transforme la manera en la que se legisla, gestiona y se relaciona la UE con sus ciudadanos y empresas. En palabras de Ursula von der Leyen, “una Unión Europea más eficaz, menos burocrática y más centrada en los resultados” (menos papeles, mejor desempeño).

Son numerosos los estudios que concluyen que la burocracia europea —diseñada para garantizar transparencia, legalidad y equidad— ha crecido excesivamente en las dos últimas décadas. Empresas de todo tamaño, especialmente pymes, denuncian que los costes derivados del cumplimiento normativo suponen un freno a la innovación y al crecimiento. Las entidades financieras europeas han visto crecer exponencialmente las regulaciones y normas que le obligan en los últimos 15 años. Desde hace años, la Comisión viene promoviendo el lema “legislar mejor” (better regulation). Ahora aspira a que se produzca una aplicación más decidida de ese principio. Bruselas planea revisar cientos de normas obsoletas, duplicadas o excesivamente complejas para eliminar cargas administrativas innecesarias, digitalizar procedimientos y reforzar la proporcionalidad de la regulación en función del tamaño de las organizaciones afectadas. Se contempla la creación de un marco regulatorio “aligerado” para las pymes, con excepciones y plazos más amplios, la promoción de la legislación por objetivos en lugar de normativas con excesivo detalle, la eliminación automática de normas que no hayan demostrado su utilidad y una mayor coordinación digital entre administraciones nacionales y europeas, para evitar solapamientos administrativos.

Los esfuerzos de la Comisión apuntan también a un cambio de cultura administrativa, con una mentalidad orientada al servicio público. El proceso enfrenta riesgos y resistencias. Por ello, se debe acometer con inteligencia y mano izquierda. Por ello, la agenda debe ser ambiciosa, ya que probablemente algunas partes se desnaturalizarán en el proceso de aprobación dentro de la UE. No queda otra, si Europa quiere tener una regulación segura pero también que estimule fuertemente la innovación y el crecimiento.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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