Regulación y Competencia – Negocios e Inversiones

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¿Una hoja de ruta para la sanidad española?

mayo 6, 2025

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En mayo de 2020 se constituyó en el Congreso de los Diputados la Comisión Parlamentaria de Reconstrucción Social y Económica de España (CRSE), tras un amplio acuerdo político adoptado por gran mayoría, en condiciones de emergencia nacional por la pandemia de la COVID-19, que contó con destacados expertos y actores del sistema sanitario y la opinión ciudadana. Uno de los frutos de la CRSE fue la emisión, en julio de ese año, de un dictamen estructurado en cuatro capítulos, uno de ellos dedicado a sanidad y salud pública (la reactivación económica, las políticas sociales y el sistema de cuidados y Europa fueron los demás asuntos tratados en el dictamen).

Recientemente hemos publicado en Funcas un análisis que contextualiza y resume sistemáticamente ese capítulo sobre sanidad y salud pública, un documento que trata de responder a la pregunta de si el dictamen puede considerarse una “hoja de ruta” para la sanidad española. Para ello, remitimos, por un lado, a la abundante literatura sobre la reforma del SNS español; además, recogemos una breve descripción del mismo siguiendo el último Informe del Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Salud y también enumeramos los síntomas de deterioro que ofrece y los problemas agudos de estructura organizativa y de política personal que le aquejan. Finalmente, tras resumir las circunstancias de la elaboración y aprobación del Dictamen y su importancia, el texto ofrece una exposición seleccionada pero pormenorizada de su contenido en forma de tablas sinópticas, y con la sistemática elemental propia de un plan estratégico.

La conclusión es que la propia Comisión y las recomendaciones del Dictamen fueron un esfuerzo notable porque marcaron una hoja de ruta para la reforma del SNS bastante comprensiva, bien sustentada en análisis técnicos solventes y amparada en un amplio e infrecuente acuerdo de las fuerzas políticas, aunque con insuficiencias, ambigüedades e incongruencias, entre ellas no plantear una reforma de conjunto del Estatuto Marco del personal sanitario y la falta de un mecanismo de seguimiento y control de su ejecución. Cinco años después, en el ámbito de las responsabilidades del Estado (Gobierno central) algunas de las propuestas se han desarrollado o empezado a poner en marcha, aunque con carencias y retrasos. La situación política española en 2025 no permite ser muy optimista, porque no parece que en la adopción de medidas concretas que enfrentan fuertes intereses y resistencias corporativas pueda volver a alcanzarse el acuerdo político multipartido que logró el Dictamen.

Descargue y lea: Dictamen de la Comisión Parlamentaria de Reconstrucción Social y Económica de 2020 ¿Una hoja de ruta para la sanidad española?

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La mejora del Sistema Nacional de Salud español pasa por reformar la legislación y la gestión del personal sanitario

abril 30, 2025

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Las actuales negociaciones entre el Ministerio de Sanidad y las corporaciones de profesionales sanitarios, así como el Informe SESPAS 2024 han puesto de actualidad los problemas de la legislación y la gestión de personal del SNS, rígidamente burocráticas. Ya el Informe Abril en 1991 decía que “el marco laboral estatutario no responde a las necesidades actuales y no encauza los conflictos que plantean las relaciones de personal en el ámbito sanitario, especialmente si se pretende incorporar criterios exigentes de productividad y eficiencia; por ello, algunos profesionales se encuentran lógicamente desmotivados”. Hoy, ¡34 años después!, estas palabras siguen siendo ciertas y dicho marco ha cambiado muy poco, e incluso se ha reforzado. Su reforma se considera por los especialistas uno de los nudos gordianos que tienen apresado al SNS, a pesar de que la organización, el personal y los incentivos son la clave del arco en de los sistemas sanitarios, mucho más que los recursos disponibles. El modelo burocrático actual –que busca seguridad jurídica– debería equilibrarse con el modelo gerencial –que busca eficacia–, por etapas sucesivas prudentes.

La cuestión central no parece ser el número de médicos (superior a la media de la UE y 13ª posición entre los países de la OCDE). En cambio, es reducido el número de enfermeras y escasa la incorporación de personal técnico. Por otro lado, entre 2014 y 2023 se han incrementado notablemente (30,8 %) los médicos de hospital y mucho menos (5,9 %) el resto. El problema es el desajuste entre profesionales y puestos de trabajo y los desequilibrios en la disponibilidad de especialistas. Otras dificultades se acumulan. El número de horas efectivas por trabajador desde 2014 a 2023 ha bajado, debido a la reducción de la jornada media semanal y al crecimiento de las horas no trabajadas, seguramente por la feminización y el mayor absentismo, al menos en parte derivado del desgaste causado por la pandemia. El envejecimiento es intenso con jubilaciones numerosas, coincidentes y próximas. La excesiva fragmentación de especialidades médicas y la consiguiente segmentación de servicios dificultan la longitudinalidad de la asistencia y el trabajo en equipo.

Las condiciones de reclutamiento, selección y asignación de puestos de trabajo son extraordinariamente deficientes y dificultan la estabilidad de los equipos de trabajo, fundamental para la calidad de la asistencia. A ello se unen la rigidez para la movilidad y la adaptación a las circunstancias y la falta de carrera profesional. Para sortear la rigidez de la contratación estable y la imprevisibilidad de la financiación se ha recurrido –mucho más allá de lo razonable– al personal temporal (interinos y sustitutos estatutarios pasaron del 28,5 % en 2012, al 42,2 % en 2023), generando insatisfacción de los profesionales y excesiva rotación de las plantillas. Esta práctica se espera que disminuya por efecto de la reforma de 2022, aunque sus causas profundas no se han atacado. Las retribuciones de los médicos en términos reales no han crecido en tiempos recientes y parecen ser bajas en España comparadas con las de la UE y otros países desarrollados, aunque no tanto en paridad de poder de compra. Pero el salario de los médicos especialistas en 2022 estaba en España 2,8 veces por encima del salario medio y por encima del salario medio bruto en el sector público. Las retribuciones variables pesan poco y los complementos incentivadores han sido desnaturalizados por una cultura igualitarista. No sólo se habría de tratar de incentivos monetarios, sino también de las variadas dimensiones de la compensación de profesionales de alta especialización, singularmente la conciliación laboral y familiar, dada la creciente feminización. Están presentes, además, incentivos negativos, en particular la plaza “en propiedad”. La dualidad entre el creciente ejercicio de la medicina en el sector público y privado, plantea conflictos de interés y puede afectar a la calidad del servicio. Finalmente, está ausente la evaluación del rendimiento como herramienta de gestión y de motivación y reconocimiento.

Las verdaderas dificultades no son técnicas, ni de escasez de recursos, son políticas. Unas derivan de la situación general. Otras consisten en las resistencias al cambio de políticos, funcionarios, sindicatos y corporaciones profesionales y grupos de interés. Sin embargo, es esperanzador que los mismos profesionales sanitarios, durante la pandemia de la COVID-19, hicieran saltar por los aires muchas de estas rigideces.

Esta entrada es un resumen del apartado sobre política de personal del documento “Dictamen de la Comisión Parlamentaria de Reconstrucción Social y Económica de 2020 ¿Una hoja de ruta para la sanidad española?” que próximamente publicará Funcas.

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Desregulación en la UE

abril 1, 2025

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Por las buenas y por las malas. Europa afronta una simplificación burocrática. Algunos incluso se atreven a llamarla desregulación, lo que es algo prematuro. Por las buenas, porque así lo recomendaban, entre una amplia batería de medidas de largo alcance para aumentar la productividad, los sesudos y certeros informes de Enrico Letta y Mario Draghi sobre el mercado único y la competitividad de la UE. Y por las malas, porque desde Estados Unidos han llegado vientos de disrupción con la nueva Administración Trump, también en materia de desregulación, que, según en que escenarios, podría dejar muy “tocada” la competitividad europea. La Comisión Europea ha puesto encima de la mesa una de sus prioridades más ambiciosas para la próxima legislatura: una profunda simplificación burocrática —desregulación incluida— que transforme la manera en la que se legisla, gestiona y se relaciona la UE con sus ciudadanos y empresas. En palabras de Ursula von der Leyen, “una Unión Europea más eficaz, menos burocrática y más centrada en los resultados” (menos papeles, mejor desempeño).

Son numerosos los estudios que concluyen que la burocracia europea —diseñada para garantizar transparencia, legalidad y equidad— ha crecido excesivamente en las dos últimas décadas. Empresas de todo tamaño, especialmente pymes, denuncian que los costes derivados del cumplimiento normativo suponen un freno a la innovación y al crecimiento. Las entidades financieras europeas han visto crecer exponencialmente las regulaciones y normas que le obligan en los últimos 15 años. Desde hace años, la Comisión viene promoviendo el lema “legislar mejor” (better regulation). Ahora aspira a que se produzca una aplicación más decidida de ese principio. Bruselas planea revisar cientos de normas obsoletas, duplicadas o excesivamente complejas para eliminar cargas administrativas innecesarias, digitalizar procedimientos y reforzar la proporcionalidad de la regulación en función del tamaño de las organizaciones afectadas. Se contempla la creación de un marco regulatorio “aligerado” para las pymes, con excepciones y plazos más amplios, la promoción de la legislación por objetivos en lugar de normativas con excesivo detalle, la eliminación automática de normas que no hayan demostrado su utilidad y una mayor coordinación digital entre administraciones nacionales y europeas, para evitar solapamientos administrativos.

Los esfuerzos de la Comisión apuntan también a un cambio de cultura administrativa, con una mentalidad orientada al servicio público. El proceso enfrenta riesgos y resistencias. Por ello, se debe acometer con inteligencia y mano izquierda. Por ello, la agenda debe ser ambiciosa, ya que probablemente algunas partes se desnaturalizarán en el proceso de aprobación dentro de la UE. No queda otra, si Europa quiere tener una regulación segura pero también que estimule fuertemente la innovación y el crecimiento.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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Lecciones de DeepSeek para la implementación de la brújula de la competitividad europea

febrero 7, 2025

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Personalmente, no me alegré de la caída en bolsa de Nvidia, porque la historia de esta compañía y la de su fundador, Jen-Hsun Huang, representan un ejemplo inspirador de éxito basado en la innovación, la educación y la meritocracia. Huang no partió de una situación privilegiada; era un humilde inmigrante taiwanés que estudió en la Universidad de Oregón. Sin embargo, su brillantez lo llevó a la prestigiosa Universidad de Stanford, donde encontró el ecosistema adecuado para fundar Nvidia en 1993 y revolucionar la arquitectura de los microprocesadores. Su trayectoria es un testimonio de cómo el talento y el esfuerzo pueden transformar industrias enteras.

Sin embargo, hay buenas noticias en este descalabro bursátil para todos nosotros. El valor de las acciones en bolsa es un indicador de las expectativas de beneficios a largo plazo de las empresas, pero no necesariamente del bienestar de los ciudadanos. Las acciones de Nvidia se habían disparado porque sus microprocesadores vectoriales parecían ser el activo clave para el ilimitado negocio de la inteligencia artificial (IA), dominado por unos pocos gigantes como OpenAI y Google. Sin embargo, la aparición de DeepSeek ha cambiado el panorama por completo.

Hasta la semana pasada, la narrativa dominante sobre el futuro de la IA sugería que se repetiría la lógica del “ganador se lo lleva todo”, característica de la economía digital en las últimas décadas. Se pensaba que los futuros cuasimonopolios en IA estarían protegidos por enormes barreras de entrada, asociadas a las inmensas inversiones requeridas para desarrollar modelos de lenguaje avanzados (LLM), tanto en hardware especializado como en el costoso proceso de entrenamiento de algoritmos. DeepSeek ha demostrado que estas barreras son mucho más bajas de lo que se creía, abriendo la posibilidad de un mercado competitivo en IA y, con ello, la esperanza de innovaciones más accesibles para todos.

La experiencia de usar herramientas como ChatGPT o Gemini solía resumirse en tres emociones: fascinación, curiosidad por el potencial de los algoritmos y, en última instancia, miedo. Anticipábamos que las empresas detrás de estas tecnologías, que han invertido miles de millones de dólares y aún registran pérdidas, buscarían monetizar la IA incrementando sus costos a medida que se volvieran más imprescindibles. Sin embargo, la competencia que representa DeepSeek (que, además, es de código abierto) podría ser un escudo contra esta dinámica. Su rendimiento se acerca al de los mejores algoritmos, lo que podría reducir significativamente el poder de mercado de estas empresas y obligarlas a rediseñar sus estrategias de negocio. El problema para los actuales gigantes de la IA es que aunque puedan conservar nichos de mercado basados en prestaciones de excelencia, el verdadero negocio está en el consumidor medio.

Las buenas noticias de DeepSeek no se limitan a su bajo costo de desarrollo. Aunque los detalles técnicos no son del todo públicos, todo apunta a que requiere menos poder computacional y, por lo tanto, tiene un menor costo energético. Esto es crucial en un momento en el que muchas voces alertaban sobre la amenaza medioambiental que suponía el modelo de IA tradicional, debido a su enorme demanda de energía y agua para la refrigeración de los procesadores. DeepSeek no solo democratiza el acceso a la IA, sino que también la hace más sostenible.

Por último, DeepSeek envía un mensaje importante para la implementación de la recientemente anunciada Brújula de la competitividad. Con esta estrategia, Europa, que ha jugado un papel marginal en la economía digital, pretende entre otros objetivos impulsar la innovación y en particular no perder el tren de la IA. La historia de DeepSeek nos enseña lo arriesgado que es apostar por empresas específicas en un sector tan disruptivo. La política industrial basada en inyectar dinero público en unos pocos proyectos, además de distorsionar la competencia y poner en riesgo el mercado único, es casi un juego de azar en un entorno de cambio tecnológico acelerado. Un ejemplo claro es Northvolt, la empresa europea de baterías a la que concedieron más de 900 millones de euros en subsidios y ahora enfrenta problemas financieros, incluida la quiebra de su filial en Estados Unidos.

El papel de Europa en la IA dependerá de su capacidad para crear un ecosistema que fomente la innovación, como el que permitió el surgimiento de DeepSeek. Para ello, no hay atajos: es necesario apostar por un mercado integrado europeo altamente competitivo, facilitar la financiación de startups y fortalecer los centros de conocimiento e investigación. No es casualidad que el impulsor de DeepSeek, Liang Wenfeng, sea otro ingeniero brillante y que su equipo esté formado por doctores de las mejores universidades chinas. La lección es clara: el futuro de la IA no se construye con subsidios a unos pocos, sino con un ecosistema que premie la innovación y el talento.

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Propuestas para el mercado de la vivienda

enero 21, 2025

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Semana interesante para el mercado de la vivienda con la presentación de propuestas para la mejora de su accesibilidad primero por parte del Partido Popular, seguidas del Gobierno. Al fin se pone este tema crítico para la sociedad española en primera línea del debate público. Genera más dudas el resultado final. Primero porque algunas de las medidas propuestas por ambos lados no parecen ir en la línea correcta o pueden generar efectos no deseados en el medio plazo. Por ejemplo, las desgravaciones fiscales al comprador estimulan más aún la demanda, que no es lo que se necesita. De generar algún incentivo fiscal debería ser para estimular la oferta. Se precisa aumentar el stock de viviendas, sobre todo en alquiler en las zonas más tensionadas. Del otro lado, la propuesta de aumentar el gravamen fiscal al 100 % para la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes tendría pocas ventajas en la práctica y puede generar desconfianza inversora internacional. En segundo lugar, muchas de estas propuestas probablemente quedarán diluidas o modificadas conforme se vayan debatiendo en el ámbito legislativo, y podrían no prosperar. Hay que alinear esfuerzos del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos (estos dos últimos con casi todas competencias en la materia). Todo cambiaría mucho si hubiera un gran “pacto nacional por la vivienda” entre los partidos políticos.

Parece complicado un gran acuerdo político, pero las propuestas del PSOE y PP tienen coincidencias, como la de incrementar el parque público de vivienda. Se toma conciencia de que el principal problema es la falta de oferta. Ambos, además, proponen utilizar suelo público para construir viviendas protegidas. La importancia de una nueva Ley del Suelo, que no se pudo aprobar en mayo pasado, también es compartida, para generar una seguridad jurídica para la promoción de viviendas y eliminar trabas administrativas. Se tendrían que poner de acuerdo, pero la gran trascendencia estratégica debería servir de acicate.

Alinear los intereses de propietarios e inquilinos es crucial en el segmento del alquiler. Ambas propuestas políticas están de acuerdo en dar más protección al propietario, con un sistema de garantías. Hay cuatro millones de casas desocupadas en España. Si una buena parte se pusieran en el mercado se aliviaría parte de la falta de oferta. Hay que aumentar el stock disponible de vivienda en alquiler y compra, construyendo nuevas o estimulando que las existentes no ocupadas entren en el mercado. También se coincide en aumentar el stock con planes de rehabilitación de edificios, relevante en un parque inmobiliario envejecido. En suma, no todo lo propuesto por ambos partidos va en la dirección correcta, pero hay que valorar positivamente el que se haya convertido en una cuestión central en el debate público actual y las coincidencias que generan alguna esperanza para el acuerdo.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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La transformación necesaria de la sanidad pública

enero 17, 2025

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A finales de octubre se celebró en Funcas un coloquio del ciclo “Economía y políticas de salud” sobre La transformación necesaria de la sanidad pública. Restricciones y propuestas desde la economía de la empresa y la economía de la salud. Participaron dos catedráticos eméritos de la Universidad Pública de Navarra, Juan Cabasés y Emilio Huerta, este último también investigador de Funcas, así como un destacado gestor sanitario Carlos Alberto Arenas, con una dilatada carrera como gerente de diversos hospitales, actualmente subdirector General de Calidad Asistencial, Seguridad y Evaluación del Servicio Murciano de Salud. La propuesta de Ley de Salud de Navarra (con aportaciones de los profesores Cabasés y Huerta), en fase actual de debate parlamentario, sirvió como motivación concreta para plantear los problemas generales que afectan a todo el Sistema Nacional de Salud español (SNS).

En la introducción al coloquio se señaló la existencia de una gran preocupación por el futuro del SNS. El profesor Ortún, destacado estudioso y largamente curtido en la gestión, lo diagnosticó en 2013 como “buen sistema, pero con pronóstico reservado”. Once años después considera que “se enfrenta a un mal pronóstico si no se llevan a cabo cambios profundos en su gestión”.

Es cierto que nuestro sistema presenta datos positivos. La “mortalidad prevenible” por 100.000 habitantes en España era en 2020 de 143 fallecidos frente a 180 de media en la UE y la ”mortalidad tratable” era el mismo año de 62 fallecidos frente a 92 por 100.000 (según datos de la Comisión Europea). Ambos indicadores nos aproximan al desempeño de la sanidad, a diferencia de la esperanza de vida, que recoge influencias muy diversas y no sólo de la asistencia sanitaria.

Pero se observan síntomas preocupantes. Según el Barómetro Sanitario de Octubre de 2024 la sanidad sería el segundo problema que más afecta personalmente a los españoles, tras las dificultades económicas, aunque se coloca como octavo problema de España. La población cubierta por algún seguro privado (sin contar los mutualistas de MUFACE, MUGEJU o ISFAS que eligen proveedor privado) ha pasado de 7,3 millones de personas (el 15,8% de la población) en 2015, a 10,3 millones (el 21,6% de la población) en 2022. Estas cifras se explican, en buena parte, por las listas de espera. Según el Barómetro Sanitario son ellas la causa principal del doble aseguramiento, lo que no puede extrañar, pues los últimos datos son los peores de la historia registrada. En 2023 la espera media para acceder a una cirugía no urgente era de 112 días; 87 días para una primera consulta con el especialista; 9 días para atención primaria, quizás el dato más preocupante, ya que superar las 48 horas de demora en AP es un mal indicador (Urbanos y Bernal 2024). Además, no se suele reparar en que las demoras tienen un cierto sesgo de clase social. Las más altas permanecen en lista de espera en menor proporción que las más bajas y cuando esperan, lo hacen durante menos tiempo (Simó 2017).

La política de personal rígidamente funcionarial se considera uno de los nudos gordianos que tienen apresado al SNS. Es imposible que éste aumente su eficiencia productiva y compita con el sector privado sin instrumentos de gestión de personal adecuados a la naturaleza compleja de los servicios que presta.

¿Cómo transformar el sistema sanitario para superar estos problemas? En su respuesta, Cabasés subrayó la necesidad de remover las estructuras que dificultan la eficiencia revisando la forma jurídica de los Servicios Regionales de Salud, dotando de personalidad jurídica a los centros y revisando el marco estatutario para el reclutamiento, la selección y la retención de profesionales. Aplicar sistemáticamente los principios del buen gobierno y mejorar radicalmente la motivación e incentivos de los profesionales serían también dos líneas de trabajo insoslayables. Huerta destacó que los gestores sanitarios también están apresados por su dependencia excesiva de las autoridades de Hacienda y de Función Pública, preocupadas por el control presupuestario y la uniformidad funcionarial y mucho menos por la calidad, la eficiencia productiva y los resultados en salud, lo que resulta demoledor para unos servicios altamente complejos, diversos y prestados por profesionales de muy alta especialización. Para liberar a los gestores sanitarios es necesario reforzar su capacidad de decisión con mayores dosis de independencia y responsabilidad manteniendo la rendición de cuentas. También es un gran obstáculo la estricta centralización de las decisiones en los gobiernos autonómicos, lo que en un entorno inestable y con rápido cambio técnico dificulta la adaptación a las necesidades locales y la innovación. Descentralizar hacia abajo en favor de los centros y servicios locales resulta indispensable. Garantizar la financiación es importante, pero la reforma de la arquitectura institucional no puede abandonarse, según el profesor Huerta.

Desde la primera línea de la gestión el doctor Arenas subrayó que el diagnóstico de los males del SNS es suficientemente conocido y hay que centrarse en la puesta en marcha de medidas transformadoras. Insiste en la idea de que el excesivo poder de Hacienda y Función Pública deriva en una dependencia de senda muy estricta y difícil de liberar. Señala que, a pesar de todo y gracias al impulso desde abajo, desde la microgestión, se están produciendo progresos en ciertas áreas, como la atención a domicilio o la atención primaria y comunitaria, según los informes FES. Hacia el futuro subraya las tensiones que provoca la rigidez de las estructuras si se emprenden acciones transformadoras. Un riesgo grave es que aumenten las desigualdades en el acceso a las nuevas y muy costosas nuevas tecnologías. Afrontarlo exige reforzar al máximo la cultura de evaluación para seleccionar las intervenciones que generan mejores resultados en salud en relación a su coste, así como los planes de desinversión (abandono de intervenciones no efectivas y no coste-efectivas), pues recuerda que se estima que un 30 % de las pruebas que se realizan son innecesarias.

En la sesión los ponentes aportaron muchas más ideas interesantes y de la audiencia también surgieron preguntas de gran interés. Un coloquio que contribuyó, pues, a difundir la idea de que detener el deterioro y mejorar el sistema sanitario público exige medidas regulatorias, de organización y de gestión y no sólo más recursos.

Vea aquí el coloquio La transformación necesaria de la sanidad pública. Restricciones y propuestas desde la economía de la empresa y la economía de la salud.

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La competencia y sus efectos sobre los consumidores: ejemplos, modelos y herramientas

diciembre 18, 2024

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El pasado 9 de diciembre se inauguró una serie de seminarios organizados conjuntamente por la CNMC y Funcas que buscan analizar el impacto social de la competencia. En futuras sesiones se abordarán los efectos de la competencia sobre el mercado de trabajo, la lucha contra el cambio climático o la innovación. El primer seminario de la serie se centró en el impacto de la competencia en el bienestar de los consumidores.

La competencia entre empresas es un motor esencial para lograr aumentar los niveles de bienestar que los ciudadanos obtienen en tanto que consumidores en los distintos mercados. La competencia no solo presiona para que los precios sean bajos, sino que también incentiva la mejora de la calidad de los productos y servicios, aumenta la capacidad de elección de los consumidores y les protege contra la inflación.

Un buen ejemplo es el efecto transformador que la competencia ha tenido sobre el mercado del transporte aéreo en España. A partir de la liberalización impulsada por la UE a mediados de los 90, con la entrada de nuevas compañías —Spanair y Air Europa primero, otras como Ryanair o Vueling más adelante— se observa una reducción de entre el 20% y el 60% en las tarifas más económicas (gráfico 1), un proceso que ha democratizado el acceso al avión. La competencia, además, ha incentivado la innovación a través de la apertura de nuevas rutas.

Liberalización de mercados y su impacto

La liberalización de mercados, especialmente en sectores que antes se consideraban monopolios naturales, ha sido fundamental para aumentar la competencia. Hablamos de telecomunicaciones, de transporte ferroviario, del mercado eléctrico o de la distribución de combustibles. El impacto de estas reformas, por ejemplo, en las telecomunicaciones, es notorio sobre los precios —una disminución del 28% desde 1998, frente a un aumento del IPC del 57%—, pero también en la calidad de los servicios (impulsados en gran parte por el cambio tecnológico). En el caso de la electricidad, la liberalización y el aumento de la competencia ha supuesto una mayor innovación por parte de las empresas en forma del desarrollo de fuentes renovables. Y hemos visto sus benéficos efectos en este blog sobre los precios y el incremento de la demanda en el transporte ferroviario.

Competencia y desigualdad

La competencia también tiene implicaciones relevantes para la desigualdad. Un reciente estudio de la Dirección General de Competencia de la UE muestra que los hogares con menos ingresos gastan una mayor proporción de su renta en los mercados con mayor concentración empresarial, como la alimentación o la energía (gráfico 2), de lo que se desprende que una mayor competencia en estos sectores tendría efectos beneficiosos sobre la equidad, al reducir los precios que pagan los hogares con rentas más bajas.

Competencia e inflación

En cuanto a la inflación, cuyo impacto es más severo sobre los hogares con menores ingresos, algunos economistas consideran que, si bien la política de competencia puede reducir precios en momentos determinados (por ejemplo, desmantelando un cartel que haya subido artificialmente los precios en un mercado), tiene, sin embargo, un impacto limitado sobre la inflación a largo plazo. Sin embargo, también existen razones para pensar que la defensa de la competencia puede ayudar a contenerla. La inflación puede venir generada por un aumento de demanda, que se trasladará a un aumento de precios en tanto que las empresas disfruten de poder de mercado. En un entorno competitivo, el aumento de demanda incrementará el número de competidores y la cantidad intercambiada, pero sin tener un impacto significativo en los precios.

Herramientas de la política de competencia

La política de defensa de la competencia cuenta con herramientas como la lucha contra cárteles, control de fusiones y sanción de abusos de dominio. Estas permiten corregir comportamientos anticompetitivos, aprobando fusiones solo si benefician a los consumidores. El diseño de estas herramientas no es estático y evoluciona, como muestran las nuevas competencias en regulación de la Ley de Mercados Digitales de la UE. En España, la CNMC considera incorporar las ‘investigaciones de mercado’ que otros países ya han puesto en práctica para identificar barreras competitivas y proponer reformas que beneficien a los consumidores.

Conclusión

La competencia es un instrumento poderoso para mejorar el bienestar de los consumidores y reducir desigualdades. Aunque los mercados nunca pueden ser ‘perfectamente competitivos’ en el sentido de la teoría microeconómica, avanzar hacia modelos más abiertos a la entrada de nuevas empresas y con menor concentración puede generar beneficios para los consumidores tangibles en términos de precios, calidad e innovación. En un contexto de creciente preocupación por la competitividad y la desigualdad, la promoción de la competencia debe seguir siendo una prioridad clave para las autoridades y un tema central en el debate económico y social.

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¿Quién paga el impuesto especial al diésel?

diciembre 2, 2024

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Los conductores españoles de coches con motor diésel continuarán pagando menos impuestos que los de gasolina. En Europa, esta ventaja se remonta a 1973, año en el que se aprobó la European Fuel Tax Directive, justo dos meses después del inicio de la crisis energética, para proteger al sector del transporte y la agricultura. Además, Europa priorizó una política medioambiental más preocupada por controlar las emisiones de CO₂ (más bajas en los diésel), pero no las de NO_X —que hacen que estos vehículos sean especialmente contaminantes en las grandes ciudades—, lo que incentivó el crecimiento de sus ventas^[1]. Hoy, los umbrales máximos de emisiones son más estrictos, pero la fiscalidad favorable al diésel se mantiene^[2] y, en España, el impuesto especial total es de 0,379 euros por litro (frente a los 0,473 € fijados para la gasolina de 95). Ese importe es uno de los más bajos de la eurozona (Gráfico 1). Las exigencias medioambientales y las diferencias frente a otros países europeos apuntan, por tanto, a que existe margen para armonizar ambos tipos impositivos, lo que supondría también un aumento de los ingresos públicos. Sin embargo, recientemente el Congreso ha rechazado el aumento del impuesto especial del diésel imponiéndose el argumento del carácter regresivo del impuesto sobre las familias y que todavía la mitad del parque es diésel.

La información del INE indica que las familias españolas solo son responsables de la mitad del consumo de gasóleo (el 50,6% en 2022)^[3]^,^[4]; el resto procede de actividades económicas en las que, si es para uso profesional, se devuelve^[5]. Fijando el foco en el consumo de las familias^[6], a partir de los microdatos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) se pone de manifiesto que, en 2023, el 45,4% de los hogares españoles compraron gasoil, es decir, menos de 6 millones de hogares. Queda patente, entonces, que el impuesto especial al diésel no recae sobre todos los hogares, ni son los responsables de las emisiones que generan los más de 13 millones de turismos diésel del parque.

Para comprobar la regresividad del impuesto, la primera pregunta que se debe contestar es si los hogares con menos renta incurren en este impuesto con una probabilidad mayor. Y la respuesta es que sí, especialmente para los hogares con rentas inferiores a la mediana. Además, como muestra el gráfico 2, este patrón se cumple tanto si residen en zonas urbanas densamente pobladas y con transporte urbano como en zonas rurales. La segunda vía para identificar regresividad es verificar si, entre todas las familias que pagan el impuesto, aquellas de menores ingresos soportan una carga impositiva relativa mayor. El gráfico 3 proporciona, de nuevo, una respuesta afirmativa, especialmente para la primera mitad de la distribución de la renta y en las zonas rurales, en las que se recorren más kilómetros que en las zonas urbanas.

A partir de la demanda estimada de gasóleo de cada familia, es posible computar la reacción ante la subida del impuesto, de modo que, asumiendo unas condiciones equivalentes a las de 2023, si se igualase el impuesto al gasóleo al de la gasolina 95, la recaudación aumentaría en unos 1.400 millones de euros al año^[7].

En consecuencia, cuando se plantee el siguiente intento de subir el impuesto, además de los objetivos medioambientales y la mejora recaudatoria será conveniente tener en mente que la subida afecta a una parte relevante de las familias, en especial, cuando ingresan rentas inferiores a la mediana. Complementariamente se deberá discutir acerca de cómo actuar sobre la otra mitad del consumo, el profesional. Será necesario, por tanto, explicar mejor la necesidad de esta armonización y acompañarla de planes de renovación del parque automovilístico específicos para familias con rentas más bajas para que puedan sustituir su vehículo de combustion. Porque no toda la culpa la tiene el impuesto bajo del diésel: en Portugal, con un impuesto similar, el 32% de las ventas de turismos en 2023 lo fueron de coches electrificados; en España, tan solo el 12%.

Los resultados principales de esta entrada forman parte de un estudio más extenso sobre la movilidad y la sustitución entre alternativas de transporte.

^[1] Miravete, Moral y Thurk (2018) muestran cómo estas condiciones protegieron, en última instancia, a la industria automovilística europea que se había especializado en la fabricación de vehículos diésel.

^[2] La directiva vigente es de hace 20 años (Energy Tax Directive 2003/96/EC) y la última modificación del umbral mínimo del impuesto especial al diésel fue en 2010, estableciéndose en 0,33 euros por litro.

^[3] En la gasolina, los hogares representan el 89,1% del consumo total.

^[4] Los hogares están disminuyendo su consumo relativo, pues en 2019 representaban el 53% del consumo total (Moral, 2022).

^[5] En la web de la Agencia Tributaria se explican todas las exenciones y devoluciones.

^[6] No se considera el consumo para actividad profesional que pueda realizar algún miembro del hogar.

^[7] La reacción del consumo estimada depende del incremento en el precio pagado por el hogar, su renta y la zona de residencia. En media, la elasticidad estimada es igual a -0,395. Se consdiera una subida en el impuesto de 9,369 céntimos al litro (11,336 con IVA), que las familias son responsables de la mitad del consumo de 2023 (13.010,83 millones de litros) y que el precio medio anual (1,556€), según indica la CNMC.

El poder transformador de las instituciones

octubre 16, 2024

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El premio Nobel de Economía 2024, otorgado a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson, llega en un momento crítico para la evolución de la sociedad y economía mundial. En un momento de fuerte desapego social. El reconocimiento a su trabajo sobre el papel fundamental de las instituciones en la prosperidad de las naciones no podría ser más relevante en un contexto global donde el escepticismo hacia las estructuras tradicionales de poder e influencia crece. Si algo nos enseñan estos tres economistas es que, lejos de ser meros mecanismos burocráticos, las instituciones son los cimientos sobre los que se construyen sociedades prósperas y equitativas, o bien, se perpetúan estructuras de pobreza y desigualdad.

Sus trabajos destacan que la riqueza o la pobreza de un país dependen tanto de la geografía, los recursos naturales o la cultura, como del tipo de instituciones que se desarrollan y, con frecuencia, se imponen. Sus investigaciones nos recuerdan que los momentos clave de la historia —particularmente el colonialismo— introdujeron sistemas que determinarían el destino de naciones enteras. Países que recibieron instituciones inclusivas, que fomentaron la participación política y el acceso a oportunidades, hoy son más prósperos. Mientras que otros, cuyas instituciones fueron extractivas y explotadoras, aún luchan por romper el ciclo de pobreza.

Este mensaje resuena de manera poderosa hoy, cuando el vínculo entre ciudadanos e instituciones es cada vez más frágil. Muchas personas observan las instituciones -que van de gobiernos a organismos internacionales- como entes lejanos y ajenos, ineficaces o, incluso, corruptos. Sin embargo, los laureados con este Nobel nos recuerdan que son estas mismas instituciones —cuando funcionan de manera inclusiva y justa— las que pueden cambiar el rumbo de las sociedades. El reto actual no es rechazar las instituciones, sino transformarlas para que sirvan mejor a los intereses colectivos.

En su libro Por qué fracasan los países, Acemoglu y Robinson profundizan en esta idea. Las sociedades que logran construir instituciones que protegen los derechos individuales, garantizan la competencia económica y promueven la innovación, tienden a prosperar. Esto cobra especial importancia en un momento en el que la tecnología, el cambio climático y las tensiones geopolíticas requieren respuestas institucionales sólidas y flexibles y adaptativas que guíen a las naciones hacia un futuro más justo y sostenible. El conocido término de “élites extractivas” surge de la citada obra, que son aquellas que se apartan de la obtención del bien común y dedican sus esfuerzos a su propio bienestar y al del grupo al que pertenecen.

La labor de estos tres economistas es tanto académica como eminentemente práctica. Ofrece un espejo en el que mirar para comprender por qué algunas naciones han logrado prosperar y otras no. En sus investigaciones, queda claro que la clave no está en buscar atajos, sino en redoblar los esfuerzos por fortalecer las instituciones. En tiempos en que parece prevalecer la desconfianza, su trabajo nos recuerdan que el verdadero cambio no se logra desde la destrucción, sino desde la mejora y el refuerzo de las estructuras que sostienen a las sociedades.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Europa se queda atrás en la carrera de la IA. ¿Va a acelerar el paso algún día?

octubre 2, 2024

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Uno de los diagnósticos que recoge el informe Draghi hace referencia a cómo el exceso regulatorio de la Unión Europea está “matando a sus compañías”, en particular a las pequeñas empresas tecnológicas. Sin embargo, el problema va más allá del escaso desarrollo tecnológico en Europa.

En junio de este año Apple anunció su decisión de retrasar la implementación de su actualización de software con inteligencia artificial (IA) y otros servicios en Europa debido a la regulación comunitaria^[1]. Este no es un caso aislado. Empresas como Google y Microsoft también han retrasado la introducción de sus innovaciones (Brand y Copilot, respectivamente) en Europa por temor a no cumplir con los requisitos regulatorios. La gota que ha colmado el vaso ha sido el anuncio de OpenAI de no traer a Europa, de momento, sus últimos desarrollos que, por ejemplo, permiten acceder a una descripción clara del entorno a personas con problemas de visión. Toda vez que el continente no dispone de sus propias tecnologías y depende en gran medida de las que se desarrollan en Estados Unidos, el hecho de que los europeos no puedan acceder a las mismas herramientas para su trabajo y vida cotidiana que los estadounidenses frena, en términos comparativos, el aumento de su productividad.

Además del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) que entró en vigor en 2018, la Unión Europea ha puesto en marcha sucesivas legislaciones en los últimos tres años que no han sido bien recibidas por el sector tecnológico europeo: la Ley de Servicios Digitales (Digital Services Act) en 2022, la Ley de Mercados Digitales (Digital Markets Act) en 2023 y la Ley de IA en 2024. Según la Comisaria Europea de Competencia, estas regulaciones, formuladas bajo estándares éticos, buscan garantizar la competitividad de Europa en el sector tecnológico, a pesar de que el propio sector, la evidencia comparada con Estados Unidos, y ahora el informe Draghi insistan en que la sobreregulación está lastrando el crecimiento de la productividad en Europa.

Por supuesto, el desarrollo tecnológico no puede ser ajeno a la protección de los consumidores, de la privacidad, la seguridad y la transparencia. Tampoco se puede explicar la falta de competitividad tecnológica europea en base a un único factor. Se trata de una historia con varios villanos. La framentación del mercado de capitales y del mercado digital, la escasez de fondos de capital riesgo, así como la baja inversión en I D o la aversión al riesgo de los europeos son otros elementos que los expertos señalan como lastres para el sector tecnológico europeo. Pero tampoco cabe duda de que al sumar a estos obstáculos la sobreregulación se amplifican las ya de por sí importantes barreras existentes para la innovación en Europa.

Una encuesta realizada en diciembre de 2023 por Funcas a una muestra representativa de la población española de 25 a 64 años ha puesto de relieve que la sociedad es plenamente consciente de que la Unión Europea se ha quedado atrás en la carrera por la IA. Ante la pregunta sobre quién creen que lidera la carrera por la inteligencia artificial, un 53% de los encuestados afirma que Estados Unidos está a la vanguardia, mientras que el 43% piensa que China ocupa el primer lugar (gráfico 1). Solo un 3% identifica a Europa como líder en este ámbito. Incluso al considerar el segundo lugar en la carrera por la IA, apenas el 12% menciona a Europa. En total, solo uno de cada seis encuestados sitúan a Europa en primer o segundo lugar en la carrera internacional por la IA.

La mayoría de los encuestados en España muestran una clara preferencia por que la regulación se centre en controlar el desarrollo y funcionamiento de la IA en aspectos como el uso, la privacidad y la transparencia. Concretamente, cinco de cada seis encuestados (83%) creen que este debería ser el principal objetivo de la regulación comunitaria en materia de IA. Solo un 14% de los encuestados opinan que la prioridad debe ser fomentar la inversión y la innovación en IA para mantener la competitividad internacional de las economías europeas.

Ahondando en estos resultados, el control regulatorio sigue siendo la opción preferida en todos los grupos de edad, sexo y nivel educativo, aunque es ligeramente menor entre los hombres jóvenes, donde aún así alcanza a dos tercios de los encuestados. Las diferencias en función del conocimiento autopercibido de la IA son mínimas, y aunque hay una variación algo mayor entre diferentes niveles de uso de ChatGPT, sigue siendo pequeña. Incluso entre aquellos que consideran la IA como una oportunidad más que una amenaza, el 82% cree que la prioridad regulatoria debería ser el control.

Estos datos constatan una paradoja significativa: a pesar del escaso apoyo para fomentar la inversión en IA como prioridad regulativa, existe una conciencia clara (y acertada) de que Europa no está liderando en este campo. De lo que quizás no existe una conciencia clara es de las consecuencias. Andrew McAfee, cofundador y codirector de la Iniciativa sobre Economía Digital en el MIT, ha ilustrado este dilema desde una perspectiva histórica: “Quedarse (aún más) rezagado en inteligencia artificial y otras tecnologías que están transformando las economías hoy en día es casi tan perjudicial para la competitividad nacional como lo fue quedarse (aún más) atrás en la máquina de vapor durante la primera revolución industrial”.

Más información en el artículo La opinión pública ante la inteligencia artificial: conocimiento, expectativas y regulación, publicado en el número 39 de la revista Panorama Social.

^[1] La Comisaria Europea de Competencia declaraba estar “bastante aliviada de no recibir un servicio actualizado por inteligencia artificial en mi iPhone“.

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