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Propuestas para el mercado de la vivienda

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Semana interesante para el mercado de la vivienda con la presentación de propuestas para la mejora de su accesibilidad primero por parte del Partido Popular, seguidas del Gobierno. Al fin se pone este tema crítico para la sociedad española en primera línea del debate público. Genera más dudas el resultado final. Primero porque algunas de las medidas propuestas por ambos lados no parecen ir en la línea correcta o pueden generar efectos no deseados en el medio plazo. Por ejemplo, las desgravaciones fiscales al comprador estimulan más aún la demanda, que no es lo que se necesita. De generar algún incentivo fiscal debería ser para estimular la oferta. Se precisa aumentar el stock de viviendas, sobre todo en alquiler en las zonas más tensionadas. Del otro lado, la propuesta de aumentar el gravamen fiscal al 100 % para la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes tendría pocas ventajas en la práctica y puede generar desconfianza inversora internacional. En segundo lugar, muchas de estas propuestas probablemente quedarán diluidas o modificadas conforme se vayan debatiendo en el ámbito legislativo, y podrían no prosperar. Hay que alinear esfuerzos del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos (estos dos últimos con casi todas competencias en la materia). Todo cambiaría mucho si hubiera un gran “pacto nacional por la vivienda” entre los partidos políticos. 

Parece complicado un gran acuerdo político, pero las propuestas del PSOE y PP tienen coincidencias, como la de incrementar el parque público de vivienda. Se toma conciencia de que el principal problema es la falta de oferta. Ambos, además, proponen utilizar suelo público para construir viviendas protegidas. La importancia de una nueva Ley del Suelo, que no se pudo aprobar en mayo pasado, también es compartida, para generar una seguridad jurídica para la promoción de viviendas y eliminar trabas administrativas. Se tendrían que poner de acuerdo, pero la gran trascendencia estratégica debería servir de acicate.

Alinear los intereses de propietarios e inquilinos es crucial en el segmento del alquiler. Ambas propuestas políticas están de acuerdo en dar más protección al propietario, con un sistema de garantías. Hay cuatro millones de casas desocupadas en España. Si una buena parte se pusieran en el mercado se aliviaría parte de la falta de oferta. Hay que aumentar el stock disponible de vivienda en alquiler y compra, construyendo nuevas o estimulando que las existentes no ocupadas entren en el mercado. También se coincide en aumentar el stock con planes de rehabilitación de edificios, relevante en un parque inmobiliario envejecido. En suma, no todo lo propuesto por ambos partidos va en la dirección correcta, pero hay que valorar positivamente el que se haya convertido en una cuestión central en el debate público actual y las coincidencias que generan alguna esperanza para el acuerdo.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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Crece la brecha entre el crecimiento y su percepción

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La economía española sigue atravesando un momento dulce que no se refleja en su percepción social. En los dos últimos años, el consumo privado ha avanzado un 4,4%: esto es más del doble que el crecimiento poblacional, de modo que la mejora parece haber permeado en la mayoría de familias. Sin embargo, los indicadores de confianza del consumidor se mantienen por debajo de la media histórica. Diversas encuestas hacen eco de este desacoplamiento, incidiendo en una valoración de la situación personal notablemente más positiva que la percepción que tenemos del conjunto de la ciudadanía.


La actitud de cautela tiene consecuencias tangibles, ya que las familias tienden a ahorrar más y a aligerar el peso de sus pasivos. Nunca en lo que va de siglo los hogares habían estado tan poco endeudados en relación a su renta disponible.

Las empresas siguen la misma estela. En los dos últimos años el PIB habrá avanzado en torno al 2,7% en media anual, prácticamente lo mismo que durante el periodo expansivo 2015-2019. Las empresas, sin embargo, consideran que el entorno no está siendo tan favorable como cabría esperar habida cuenta de las cifras macroeconómicas: el índice de sentimiento económico apenas supera la media histórica, cuando antes de la pandemia el mismo indicador anotaba valores notablemente superiores a esa media.

De ahí que la inversión privada siga atascada, incluso en un contexto de crecimiento favorable como el actual y en presencia de abundantes fondos europeos. De manera similar a las familias, las empresas no solo prefieren autofinanciar sus inversiones —no recurriendo al crédito, de modo que la deuda empresarial roza ya mínimos de siglo—. También acumulan activos financieros: según los datos del tercer trimestre del pasado ejercicio dados a conocer esta semana, la inversión financiera de las corporaciones alcanza el 5,2% del PIB.

Las expectativas que traslada el sector privado en el resto de Europa son aún más negativas. Un pesimismo que no puede explicarse únicamente por la coyuntura económica, menos boyante que en España. Los hogares europeos también tienden a tener excedentes de ahorro: la recuperación del poder adquisitivo, fruto de ajustes salariales y de la desinflación, prefiguraba un fuerte repunte del consumo que finalmente no ha tenido lugar. El BCE estima un avance del consumo privado del 0,9% en 2024, frente a la previsión del 1,4% realizada un año antes. De manera más contundente, el BCE anticipa una caída de la inversión empresarial de la eurozona del 1,7%, cuando se pronosticaba un rebote del 0,4%. El índice de sentimiento empresarial de la eurozona desciende hasta niveles inferiores a los registros de finales de 2020, todavía perjudicados por la pandemia. Y, al igual que en España, las empresas europeas optan por acumular excedentes.

La actitud de cautela se explica en parte por el impacto de la sucesión de shocks en tan poco tiempo. El fenómeno podría por tanto diluirse poco a poco, sobre todo si la desinflación se afianzara, pudiendo propulsar capacidad de compra y alentar la propensión a consumir. En teoría el entorno es también propicio a un descenso adicional de tipos de interés, incentivando la inversión. Pero esto es sin contar con una nueva piedra en el camino que complica la senda de relajación monetaria: ante los anuncios expansivos de Trump y el riesgo de persistencia de la inflación, la Reserva Federal ha enfriado las expectativas de fuertes recortes del precio del dinero, un giro que debe incorporar el BCE. Los mercados también reaccionan, exigiendo rentabilidades más elevadas para la compra de deuda pública.

En suma, existen factores objetivos para una mejora de las expectativas que pesan sobre la economía, particularmente la inversión privada. Pero los anuncios de Trump, junto con la hipersensibilidad de los mercados, ponen en entredicho un rápido descenso de tipos de interés y empañan el escenario. Y las dudas se exacerban con la parálisis política que se adentra en todo el continente.

DEUDA PÚBLICA | La previsión de un rápido descenso de los tipos de interés parece menos probable, a tenor de la evolución reciente de los mercados. En el último mes, la rentabilidad de los bonos del Tesoro con vencimiento a 10 años se ha incrementado en cerca de medio punto porcentual, hasta el 3,2%. La referencia alemana ha seguido una pendiente parecida, de modo que la prima de riesgo española se ha mantenido, afianzando su desanclaje en relación a la que soporta la deuda francesa. La rentabilidad exigida por el bono británico, presionado por los mercados, se acerca al 5%.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La economía española entre sorpresas y tinieblas

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El trienio que se acaba deja buenas sensaciones para la economía española. Ni la guerra en Ucrania, la inflación o el ciclo de endurecimiento monetario iniciado en 2022 parecen haber hecho mella en el cuadro macroeconómico: desde ese año, el avance del PIB ha superado netamente las previsiones. Destaca la resistencia del consumo de las familias, con un ascenso estimado del 9,5% en total durante el periodo, pese a la pérdida de poder adquisitivo de muchos hogares. Asimismo, el comercio exterior parece inmune tanto al parón de los mercados centroeuropeos como a las tensiones geopolíticas que proliferan por doquier. Las exportaciones se han incrementado un 21,3% en los tres años, más del doble que las importaciones.

Algunos de los impulsores del crecimiento se mantienen: los costes de producción y los precios energéticos son competitivos, la inmigración suaviza los incipientes cuellos de botella y el sector privado está saneado. Todo ello alienta la previsión del Banco de España de una tasa de paro por debajo del 10% en 2027 y un crecimiento de la inversión—la variable más rezagada— del 7,4% hasta ese año. Ojalá, porque habrá que esforzarse más para cumplir las expectativas.

En primer lugar, porque nos enfrentamos a un desafío mayúsculo por uno de los flancos de vulnerabilidad: la deuda pública. Los ahorradores están siendo implacables con las economías como la francesa, que no consiguen cuadrar las cuentas al tiempo que se enfrentan a un panorama de crecimiento débil. También son escépticos acerca de las promesas de Trump de recortar los impuestos con el riesgo de generar más deuda. En este contexto de nerviosismo, el auge del consumo público español, cuyo crecimiento es uno de los más elevados de toda la Unión Europea, es insostenible: la deuda española desciende levemente, y solo lo hace por el efecto inercial del crecimiento de la economía. En todo caso sería contraproducente corregir el desvío comprimiendo la inversión pública en infraestructuras o en educación.


Aún más relevante para Europa es el vuelco discursivo operado por la Reserva Federal, ante la perspectiva de una inflación más persistente de lo anticipado. La economía americana, con señales de sobrecalentamiento que podrían agudizarse con la nueva administración, atrae la inversión tanto real como financiera. Todo ello genera presiones a la baja sobre el euro, encareciendo los costes importados y complicando la labor del BCE. El cambio de tercio se refleja ya en los costes financieros que soportan los tesoros públicos europeos. En el caso de España, el rendimiento del bono a diez años cotiza de nuevo por encima del 3% (la prima de riesgo, afortunadamente, no se ha movido).

A ello se añade la amenaza proteccionista, cada vez más palpable, y la retahíla de represalias y contrarrepresalias que entrañaría una guerra comercial. Ante estas presiones, la UE parece estar dispuesta a decidir compras conjuntas de gas y armamento de EE UU, cuando anteriormente resultó imposible consensuar un presupuesto común para relanzar la inversión y la actividad de las empresas europeas. Inimaginable hasta hace poco. Veremos si, al menos, el esfuerzo de defensa sirve de acicate a la inversión en tecnología europea.

La economía española dispone de impulso inercial, de modo que debería todavía crecer a buen ritmo en el próximo ejercicio, probablemente por encima del 2%. Pero el clima de incertidumbre es perjudicial para la inversión, base de la prosperidad futura. Y el papel tractor del sector exterior perderá fuelle, en consonancia con el contexto internacional, al tiempo que el turismo está tocando techo. Un desacoplamiento permanente con respecto al lúgubre panorama de las otras grandes economías europeas es en todo caso inverosímil. La trayectoria no puede ser corregida por las fuerzas del mercado: solo una política económica bien calibrada es susceptible de liderar la transición y generar la confianza que requiere el momento actual.

INDUSTRIA | La industria ha sido el sector más afectado por los shocks que se han sucedido desde el inicio de brote inflacionario y de la crisis energética. Sin embargo, el impacto ha sido desigual entre países. En el caso de España, el valor añadido manufacturero registra un crecimiento superior al 13% entre los tres primeros trimestres de este año y el mismo periodo de 2021. La media de la UE se sitúa en el 1,9%, con Alemania en valores nulos, Francia cerca del 1% e Italia en torno a la media europea. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Rankings económicos

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Ha suscitado mucha atención la clasificación que el semanario The Economist ha hecho de las principales economías occidentales. España ha quedado en cabeza, seguida de Grecia e Italia, que prosiguen con su recuperación, y luego Irlanda y Dinamarca. Se elabora esta clasificación a partir del PIB, la inflación, los rendimientos bursátiles, el desempleo y el déficit fiscal. Ha habido controversia política sobre los resultados del citado ranking, que, en todo caso, es una buena noticia para la economía española. Cuando te ponen una buena nota, y mucho más a escala internacional, se renueva el interés por tu país, con lo que puede crecer el flujo inversor exterior. Un aspecto muy positivo. 

Parece oportuno comprobar las fuentes de ese buen desempeño. Una primera razón es el saldo migratorio neto positivo desde el 2019, con la llegada de más de 1,2 millones de trabajadores extranjeros, la mayor parte de Latinoamérica. Con algún aspecto menos positivo, como es la baja cualificación de gran parte de esos inmigrantes, lo que conlleva unos salarios reducidos. La economía española es en la actualidad un 7% más grande que la del 2019, pero cuando se ajusta esa cifra por el crecimiento de la población, se queda en un 3%. La especialización productiva en servicios es otro elemento a favor. El turismo ha vuelto con una fuerza enorme, generando impactos claramente positivos, pero con efectos colaterales no deseados, como el crecimiento de precios de la vivienda, con repercusiones negativas para toda la economía. También efectos medioambientales que, a la luz de la terrible experiencia catástrofe en Valencia por la dana, deben ponderarse proactivamente. Y no solamente es el turismo lo que ha crecido entre los servicios. Los no turísticos han pasado de representar en términos del PIB un 5,5% antes de la covid a aproximadamente el 8% en el 2024. Otra buena noticia. Y aunque la actividad industrial está estancada en España, no ha empeorado como en países como Alemania. 

El semanario británico señala que las reformas del mercado de trabajo y del sistema financiero de hace una década han sido dos ejes importantes para la evolución favorable de la macroeconomía de nuestro país. Pero si no se continúa con una agenda reformista —laboral, pensiones— que aumente la productividad, la posición puede empeorar pronto. Si no se resuelven algunos cuellos de botella como la falta de vivienda asequible, probablemente se frenará la llegada de capital humano foráneo. Por otro lado, el español medio —sobre todo, la generación joven— no comparte la misma percepción optimista que ofrece la macroeconomía. Los comparativamente bajos salarios, la pérdida de poder adquisitivo con la inflación y las dificultades de acceso a la vivienda pesan. El aumento de la productividad es la clave que garantizaría seguir en la parte alta del ranking, y ahí es donde comienzan los interrogantes del futuro. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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Hogares con hijos: los más perjudicados por la inflación en 2023

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La tasa de inflación alcanzó un máximo del 8,4% en 2022, como consecuencia de los efectos de la guerra de Ucrania sumados al proceso inflacionista de 2021. En 2023 se suavizó dicha tasa, situándose en el 3,5% (gráfico 1), debido, fundamentalmente, a la caída del 16,3% sufrida por precios de los productos energéticos. También contribuyeron, en menor medida, los precios de los alimentos no elaborados, cuya tasa anual se redujo desde el 10,9% hasta el 9,3%. Por el contrario, la inflación subyacente —que excluye los productos energéticos y alimentos no elaborados— no alcanzó su máximo hasta febrero de 2023, de modo que su tasa media anual registró incluso un ascenso, desde el 5,2% en 2022 hasta el 6% en 2023. Concretamente, tanto los alimentos elaborados como los servicios aceleraron su ritmo de crecimiento de los precios, mientras que los bienes no energéticos se encarecieron al mismo ritmo que el año anterior. En el caso de los servicios, grupo que habitualmente constituye el núcleo duro donde más perduran las presiones inflacionistas, las actividades que registraron mayores encarecimientos, tanto en 2022 como en 2023, fueron las relacionadas con el turismo: paquetes turísticos nacionales e internacionales, hoteles y otros alojamientos. 


El Índice de Precios al Consumo estimado por el INE ofrece una estimación del aumento en los precios correspondiente a la cesta de consumo media de un hogar. Sin embargo, los hogares se enfrentan a diferentes niveles de inflación. Combinando la evolución de los ítems de precios estimados por el INE con la composición de la cesta de consumo que proporciona la Encuesta de Presupuestos Familiares es posible computar un índice de precios específico de cada hogar (IPCH). En el gráfico 2 centramos nuestra atención en las diferencias por tipologías de hogar.


El valor de IPCH en 2023 oscila entre el 2,96% en los hogares formados por una persona de más de 65 años y el 3,99% de las parejas con tres o más hijos. Es decir, en promedio, alrededor de un punto de diferencia entre ambos tipos de hogar. En general, los hogares formados por una sola persona soportaron un IPCH inferior al 3% frente al resto de hogares cuyo promedio fue del 3,75%. De modo particular, la inflación afectó en mayor medida a los hogares con hijos, tanto en el caso de parejas como de hogares monoparentales, cuya inflación estuvo en promedio próxima al 3,9%. En 2023, el aumento de los precios introdujo una mayor presión en el coste de la vida de los hogares con hijos. No existen, hasta donde conocemos, estudios que analicen si esta mayor exposición a los precios de los hogares con hijos es un fenómeno específico de 2023 o, por el contrario, es persistente en el tiempo. En todo caso, parece oportuno prestarle más atención si, como se apunta en los estudios del CIS, la falta de medios económicos es una de las barreras más relevantes en la decisión de tener hijos, muy por encima de la falta de ayudas públicas.

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La economía española y la ola proteccionista

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Para una economía tan dependiente del exterior como la española, el auge del proteccionismo es una de las tendencias más relevantes de los últimos años. Las barreras arancelarias, las limitaciones a las importaciones y las restricciones a las exportaciones de productos estratégicos han proliferado a lo largo y ancho del planeta, convirtiéndose en la nueva normalidad: se estima que tales medidas se han multiplicado por tres en los últimos cinco años, y esto es antes del retorno de Trump a la Casa Blanca. 

Conviene entender cómo están operando las restricciones, habida cuenta del volumen de nuestros intercambios con el exterior: cerca del 40% del PIB, siendo la dependencia mucho mayor en algunos sectores como el automóvil. Para empezar, según la Organización Mundial del Comercio, el proteccionismo está fortaleciendo los bloques geopolíticos como factor de integración económica, al tiempo que se debilitan los lazos entre bloques. En los últimos cinco años, el número de acuerdos comerciales regionales —una práctica poco frecuente a principios de siglo, cuando el comercio internacional se regía sobre todo por las normas multilaterales de la OMC— ha pasado de cerca de 500 a más de 600. El mercado único europeo, una de las zonas comerciales más integradas, coexiste con el acuerdo transpacífico, que incorpora las economías más dinámicas del mundo, o la zona de libre comercio africana, entre otros. 

Ante esta realidad, preocupa el estancamiento de la integración económica europea, cuando no su fragmentación como consecuencia de la inflación de distorsiones y de ayudas de Estado. La profundización del mercado europeo al conjunto de los sectores de servicios, en consonancia con las recomendaciones de los informes Letta y Draghi, ayudaría a contrarrestar las amenazas proteccionistas procedentes de países terceros. Los beneficios serían significativos para una economía competitiva como la española. Y esta es una política que depende sobre todo de reformas, y no de los maltrechos presupuestos públicos. 

Por otra parte, más que el proteccionismo como tal, lo más perjudicial es la ausencia de reglas comerciales estables. Hasta cierto punto las empresas pueden adaptarse a un entorno de restricciones, mediante estrategias de inversión o de desvío de los flujos comerciales, sorteando las barreras: pese su carácter gravoso para algunos sectores europeos, el Inflation Reduction Act de la administración Biden no deja de ser previsible. De ahí que su puesta en marcha no haya interrumpido los intercambios entre ambos lados del Atlántico. 

Otra cosa es cuando la política comercial está marcada por la bilateralidad o carece de pautas transparentes. El Bundesbank acaba de recortar sus previsiones de crecimiento para Alemania hasta el 0,1% en 2025, frente al 1% anticipado en junio (un vaticinio que ya parecía discreto), achacándolo a las incertidumbres generadas por las amenazas de Trump. Una recaída de la locomotora industrial alemana supondría un revés para nuestro comercio exterior como para el conjunto de la Unión Europea. Por ello, no hay que minimizar el riesgo que entraña un periodo prolongado de indefinición acerca de las reglas que regirán los vínculos comerciales en los próximos años. A la inversa, el estrechamiento de los vínculos con otros bloques geopolíticos, como el recién anunciado acuerdo con el Mercosur, tendría efectos compensatorios saludables.  

La OMC también pone de manifiesto la necesidad de conseguir que los acuerdos comerciales no agraven las brechas sociales o los desequilibrios medioambientales. Estos riesgos, que pueden ser más percibidos que reales (la evidencia empírica presentada en el informe apunta a impactos negativos, pero poco significativos), contribuyen al retroceso del multilateralismo. 

En suma, la globalización se está transformando rápidamente, de modo que el paradigma de una economía sin fronteras comerciales se asemeja cada vez más a una quimera, dejando paso a la lógica de los bloques geopolíticos. El reto es integrar esta realidad, acompañándola de reglas negociadas basadas en la reciprocidad, y evitando la fragmentación europea.    

SECTOR EXTERIOR | En lo que va de año, el sector exterior (diferencia entre las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios) ha aportado seis décimas de crecimiento de la economía española, explicando casi la quinta parte del avance del PIB registrado en el presente ejercicio. El 80% restante procede de la demanda interna. En el conjunto de la Unión Europea la aportación del sector exterior ha sido de una magnitud similar, pero su peso en el crecimiento del PIB ha sido mayor que en España, explicando el 68% de dicho crecimiento (y la demanda interna solo el 32%).

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La formación de los inmigrantes y sus efectos en la economía española

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España ha revertido en el siglo XXI sus flujos migratorios históricos, de manera que, con un ritmo creciente, predominan en la actualidad las entradas de inmigrantes que pasan a formar parte de su población. Este proceso está incidiendo de forma relevante en el crecimiento de la economía española, aunque presenta determinados rasgos —relacionados con la formación de los inmigrantes— con importantes efectos sobre factores clave —entre otros, el consumo o la productividad—, un fenómeno no exclusivo de España, aunque sí más acusado en nuestro país. Varios trabajos recientes de Funcas han abordado este asunto y en esta nota se resumen las principales conclusiones.

El actual ciclo ascendente de inmigración arrancó en 2013, se aceleró en los últimos años de la década pasada y prosigue en la actualidad, una vez superadas las restricciones de la pandemia, a un ritmo elevado. Su primer impacto es el demográfico; el crecimiento de la población en nuestro país es un fenómeno que contrasta con la reducción de la de otros socios del Sur de Europa, como Italia o Grecia. España ha pasado de los 46,5 millones de habitantes en 2013 a los 48,9 en 2024, y lo ha hecho con una fecundidad a la baja y una población oriunda decreciente. El corolario es que el incremento poblacional español es íntegramente imputable a la llegada de inmigrantes, que suman ya 9,2 millones de personas, casi un 19% de la población total. 

En consecuencia, los efectos económicos de la inmigración en España en la última década son igualmente significativos. El más evidente es el aumento de la fuerza laboral. Funcas estima que en 2023 el 64% de los nuevos empleos los han ocupado los inmigrantes, cubriendo en muchos casos actividades y puestos de trabajo con escasez de mano de obra en sectores como el turismo y otros vinculados a este. Simultáneamente, esos nuevos empleos han redundado en un aumento del consumo, engrosando los ingresos fiscales y contribuyendo al crecimiento del PIB: nada menos que la mitad del crecimiento del año pasado se debe, según Funcas, a la aportación de los inmigrantes. La llegada de inmigrantes en edad de trabajar ha permitido, también, mitigar el envejecimiento de la población española; su ratio entre personas en edad laboral y mayores de 65 es de 5,6, frente a 2,2 de los nacidos en España. Aun así, los flujos de entradas no parecen suficiente para solucionar desafíos como, por ejemplo, el aumento del gasto en pensiones.

La cara B de este fenómeno radica, principalmente, en la interacción entre el modelo productivo español, intensivo en mano de obra, y el perfil formativo de los inmigrantes. La cualificación de los que llegan es baja en términos relativos: el 38% de los inmigrantes en España tienen educación primaria o secundaria baja, una formación netamente menor que la de los inmigrantes que viven en otros países de Europa y también que la de la población oriunda. Hablamos de promedios y las cifras pueden variar por colectivos o lugar de procedencia, pero, en términos generales, el resultado es que los inmigrantes tienen una inserción laboral mayoritaria en empleos de baja cualificación. Efectivamente, España tiene una alta tasa de desempleo y puede tener una menor necesidad de mano de obra altamente cualificada en comparación con Francia y Alemania, pero precisa de más fuerza laboral con baja formación en sectores como la agricultura y la hostelería. Naturalmente, los niveles formativos bajos y los empleos menos cualificados resultan en ingresos menores para los inmigrantes. Para la población nacida en España, el ingreso neto promedio por persona fue de 15.378 euros en 2023. Para los extranjeros procedentes de la UE fue de 11.901 euros. Los inmigrantes de países nopertenecientes a la UE ganan aproximadamente un 30% menos que los trabajadores españoles y sus aportaciones fiscales son, lógicamente, menores. Además, con ingresos más bajos, consumen menos y es más probable que dependan de beneficios estatales, lo cual impacta también en el gasto público. 

En resumen, el impacto inmediato sobre la economía de la inmigración que recibe España es, en general, positivo: se puede afirmar que buena parte del crecimiento económico reciente, apoyado en el turismo y sectores vinculados al mismo, ha sido posible precisamente la disponibilidad de mano de obra inmigrante, lo que ha redundado en el incremento de la demanda y ha tenido benéficos efectos fiscales. Sin embargo, los inmigrantes llegados a España presentan un déficit de formación que lastra su aportación y que, además, perpetúa inercias nocivas en la economía española. En otras palabras, el modelo español prioriza cantidad frente a calidad, lo que penaliza el crecimiento de la productividad y de la renta per cápita. Un modelo alternativo pondría el foco en políticas que prioricen la llegada de una inmigración de habilidades medias y altas, que busquen atraer talento —no solo mano de obra— y que favorezcan la inversión en programas de capacitación de los recién llegados. 

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Perspectivas europeas: la tentación de la fragmentación

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El diagnóstico compartido de los informes Letta y Draghi para prevenir el riesgo de declive económico frente a las grandes potencias había despertado una cierta esperanza. La realidad, de momento, apunta a una fragmentación persistente. Para empezar, el declive cuasi general es ya patente (siendo España, de momento, una excepción), condicionando el margen de acción comunitaria. 

La recuperación que se anticipaba para este año no se ha producido, ni se la espera en el corto plazo: la zona euro crecerá menos del 1% en 2024, y todo apunta a que las grandes potencias industriales del centro de Europa adolecen de un mal estructural, no de una gripe pasajera. Esta es al menos la advertencia del siempre influyente presidente del Bundesbank. Su giro discursivo, reflejo de la preocupación, aboga por una relajación de los objetivos fiscales en su país para dejar espacio a la inversión pública y así potenciar el ajuste. 


De manera similar el instituto estadístico de Italia reconoce que, finalmente, la economía transalpina crecerá apenas medio punto este año, la mitad de lo vaticinado hace solo unos meses, complicando también la senda presupuestaria. Francia se enfrenta al reto de tener que ajustar sus cuentas públicas en una economía renqueante y sin consenso político. Algunas señales de moderación del crecimiento han aparecido en España a tenor de los datos de afiliación a la Seguridad Social y de diversos indicadores coyunturales (el PMI se orienta a la baja, si bien se sitúa todavía en terreno expansivo). 

El mercado laboral sigue resistiendo, pero este dique de contención empieza a ceder en algunos sectores, como el automóvil. Prueba de ello, la reducción de la demanda: la proporción de empleos que se encuentran vacantes se ha reducido un 27% en Alemania y un 15% en el conjunto de la Unión Europea. En España el indicador, con escasa representatividad, apenas registra variaciones. Todo ello dibuja un panorama poco alentador al menos para los próximos dos años. En Alemania, el esfuerzo de ajuste realizado a principios de siglo tardó cinco años en dar frutos. Además, la recuperación fue posible en buena parte gracias a la bonanza de los mercados de exportación, balón de oxígeno para la locomotora industrial alemana. La tendencia actual es la inversa, por la proliferación de medidas de corte proteccionista y con los excedentes europeos en el punto de mira de la agenda comercial de Trump

Frente al esfuerzo colectivo de inversión reclamado en el informe Draghi, los Estados miembros van a considerar que la prioridad pasa por una acción centrada en resolver sus propios desequilibrios. La excepción podría ser la defensa, según el recién anunciado programa de inversiones de hasta 500.000 millones de euros, ampliado a Reino Unido. España, por tanto, tendrá que contentarse con el remanente de fondos europeos que queda por ejecutar hasta 2026 (siendo más largo el plazo para los préstamos). Por otra parte, los beneficios de reformas regulatorias destinadas a profundizar el mercado único serían considerables para una economía competitiva como la española que acumula los superávits en sus intercambios con el resto de socios comunitarios. Esta vía, en la que ahonda el informe Letta, supone cesiones de soberanía nacional pero no requiere de fondos públicos, de modo que podría ser más asumible para algunos países. El fortalecimiento de la unión económica y financiera sería también una manera eficaz de contrarrestar las amenazas proteccionistas. En todo caso, tales reformas llevarán tiempo. 

Entre tanto, nos enfrentamos a un entorno europeo débil, con una capacidad fiscal casi nula en Europa y desigual entre los Estados. Todo ello restará fuelle al impulso exterior de la economía española. El contexto es propicio a un descenso adicional de los tipos de interés por parte del BCE, pero hará falta una acción más contundente y avanzar en la integración europea para despejar las incertidumbres que lastran la inversión. 

EMPLEO | Estos últimos años el mercado laboral ha tenido un comportamiento favorable ante la sucesión de crisis, jugando un papel de estabilizador automático. Sin embargo, la tendencia podría estar cambiando: según los datos de Eurostat para la eurozona, el empleo apenas creció un 0,1 en total en el segundo y tercer trimestre de este año, medio punto menos que el PIB, frente al 0,6% de los dos trimestres anteriores, el doble que el PIB. En España el empleo también se modera, pero en entorno económico más dinámico que facilita el descenso del paro. 


Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Cómo puede prepararse Europa para las turbulencias comerciales con Trump

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El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha reactivado temores sobre un posible deterioro en las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos. Con un enfoque renovado en el proteccionismo y los aranceles, Europa enfrenta desafíos importantes para proteger su competitividad y prosperidad económica.

En el último episodio de Future is Blue, el podcast sobre economía europea promovido por Funcas, intervinieron dos destacados expertos: Alicia García-Herrero, Senior Fellow en Bruegel y economista jefe para Asia-Pacífico en Natixis, y Raymond Torres, director de Funcas Europe. Durante la conversación, se abordaron los posibles impactos de las políticas de Trump en las relaciones transatlánticas y las formas en que Europa puede prepararse para una posible guerra comercial.

Puedes escuchar el episodio completo del pódcast Future is Blue aquí

El impacto de nuevos aranceles

Uno de los principales riesgos que se discutieron fue la reactivación de los aranceles generalizados que podrían golpear sectores clave de la economía europea, como el automovilístico, químico o cualquier industria en la que Estados Unidos tenga déficit comercial. Según García-Herrero, “todo apunta a que esta vez serán aranceles generalizados”, lo que podría erosionar la confianza empresarial en las cadenas de suministro globales.

La incertidumbre que generan estas políticas puede retrasar aún más la recuperación económica en Europa, especialmente en un contexto donde ya existe debilidad en la inversión, como señaló Torres durante la conversación.

La amenaza para la industria automovilística

Alemania, como uno de los mayores exportadores de automóviles, podría ser uno de los países más afectados. Los fabricantes europeos, para evitar los aranceles, podrían verse obligados a localizar su producción en Estados Unidos o en países con acuerdos comerciales favorables, como México. Sin embargo, esta estrategia tiene un alto coste logístico y financiero, además de poner en riesgo la competitividad europea frente a la creciente competencia de fabricantes chinos.

Como señaló Torres, si Trump intensifica los aranceles contra los automóviles chinos, “China podría aumentar sus exportaciones hacia Europa, creando una competencia feroz en un momento en que los fabricantes europeos ya están rezagados en el mercado de vehículos eléctricos”.

¿Una oportunidad para la integración europea?

No todo son ser malas noticias. Estas tensiones también podrían servir como catalizador para acelerar la integración europea. Con el informe Draghi aún fresco, proyectos como la Unión de Mercados de Capitales podrían cobrar mayor impulso. No obstante, García-Herrero advierte sobre la debilidad política en países clave como Francia y Alemania, lo que podría dificultar la adopción de reformas necesarias para fortalecer la posición de Europa.

Diversificar para resistir

Otra estrategia clave es la diversificación de socios comerciales. Fortalecer las relaciones con mercados emergentes en Asia, América Latina y África podría ayudar a Europa a reducir su dependencia de Estados Unidos y China. Torres recomienda que “Europa se involucre con otros socios, no solo con Estados Unidos y China… Esto compensaría las dificultades en otras áreas”.

En este contexto de tensiones comerciales y transformación global, con China y Estados Unidos en una carrera vertiginosa por el dominio geopolítico del nuevo mundo, la unidad de los europeos y la profundización de la UE son indispensables.

Puedes escuchar el episodio completo del pódcast Future is Blue aquí.

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La verdad sobre el declive de la inversión

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La incertidumbre que define nuestros tiempos se suele percibir como un lastre, particularmente para la inversión, la variable que condiciona nuestra prosperidad futura. Sin embargo, la falta de certezas también puede estimular lo que el Premio Nobel Daniel Kahneman denominaba pensamiento profundo o “lento”, es decir la capacidad de replantear los fundamentos de nuestras acciones, cuestionando el comportamiento rutinario que las caracteriza. 

De momento la economía española avanza a buen ritmo, en base al tirón del consumo y a la competitividad, reforzada por el descenso de los costes relativos de la electricidad. El mercado laboral mantiene el tono positivo. Pero la inversión sigue atascada, desafiando todas las previsiones. En los tres últimos años, la Comisión Europea —al igual que la mayoría de los analistas nacionales, como Funcas— ha pronosticado incrementos de la inversión productiva sistemáticamente superiores a la evolución efectivamente observada. En 2022, la inversión creció menos de la mitad de lo anticipado por Bruselas en su ronda de otoño del año anterior. En 2023, el error de previsión fue aún mayor, con un crecimiento real tres veces inferior a la previsión. Y para este año la brecha sigue siendo significativa, si bien se ha reducido algo (el crecimiento esperado es del 2%, frente al 3,4% vislumbrado inicialmente). Sorprende la atonía del esfuerzo de equipamiento, habida cuenta del saneamiento de los balances, la mejora de la rentabilidad empresarial reflejada en la bonanza bursátil y la entrada de capital extranjero.     


El sesgo de previsión se suele achacar a algo tan difuso e incontrolable como la incertidumbre, y, desde hace poco, al factor Trump. Pero gracias al ejercicio de introspección a que nos invita Kahneman se pueden discernir algunas explicaciones más tangibles. En primer lugar, la reforma fiscal se ha ido posponiendo, restando previsibilidad a las decisiones empresariales al tiempo que amenaza con retrasar el pago del quinto tramo de fondos europeos. Europa obliga a introducir un tipo mínimo del 15% del impuesto de sociedades en términos efectivos, reduciendo disparidades entre empresas y ayudando a simplificar la normativa. Un sistema tributario más previsible redundaría es una mayor eficacia recaudatoria, siendo también más amigable para la inversión productiva, en comparación con la multiplicación de excepciones o gravámenes sectoriales que caracteriza la situación actual. 

Otro freno, particularmente para las pequeñas empresas, procede de la fragmentación normativa entre diferentes administraciones. La dispersión regulatoria, unida a la inseguridad jurídica que se percibe en el desarrollo del suelo construible, también contribuye al grave déficit de vivienda asequible que padece nuestro país y al débil comportamiento de la inversión residencial. 

La guerra comercial entre grandes bloques geopolíticos, junto con la proliferación de ayudas de Estado en el seno de la Unión Europea, distorsionan la competencia y ensombrecen el horizonte económico de los exportadores, siendo este uno de los principales desincentivos a la inversión: cerca de uno de cada cuatro euros generados por la economía española procede de las ventas en el exterior. Tampoco ayudan las tergiversaciones acerca de la velocidad de la transición verde, como en el sector del automóvil, sujeto a objetivos cambiantes. Todo ello precede el vaivén de la política norteamericana.  

La inversión pública es imprescindible ante las externalidades y los fallos de mercado, pero su efecto multiplicador parece ser reducido en el caso de Europa. Por ejemplo, Europa y EE. UU. destinan un volumen similar de recursos públicos a la investigación, con un impacto final muy distinto. El informe Draghi lo achaca a carencias institucionales o una cierta desconexión entre la producción científica y su aplicación en el tejido productivo.     

La Comisión anticipa un fuerte repunte de la inversión en España en los dos próximos años, apoyándose en el ciclo de relajación monetaria. Para que se haga realidad, será también necesario abordar los frenos subyacentes, y afrontar los que surjan a raíz de la vuelta de Trump.         

INVERSIÓN | Se amplía la brecha de inversión entre Europa y EE.UU., a tenor de las últimas previsiones de la Comisión Europea. Para este año Bruselas anticipa un descenso de la formación bruta de capital fijo en la Unión Europea del 1,6%, un resultado lastrado por Alemania (-3%) y Francia (-1,9%) que contrasta con el fuerte incremento previsto para EE. UU. ( 4,3%). Con todo, la inversión europea se situaría este año apenas un 1% por encima del nivel prepandemia (en España el registro sería similar), frente al repunte del 15% del otro lado del Atlántico.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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