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El IPRI apunta al aumento de las presiones inflacionistas tras el inicio del conflicto en Oriente Próximo

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Evolución histórica desde 2000 a 2025

El índice de precios industriales (IPRI) informa de la evolución de los precios de los bienes industriales a la salida de fábrica, a lo largo de toda la cadena de producción, es decir, tanto de bienes destinados a consumo final como de bienes intermedios, productos semielaborados o bienes de capital, por lo que es un indicador de las presiones inflacionistas por el lado de la oferta o de los costes.

En la evolución histórica de este indicador se aprecian tres etapas (gráfico de la izquierda). En la primera, desde el año 2000 hasta 2012, tuvo lugar un crecimiento intenso, del 45,4%, superior al registrado por la media de la eurozona, lo que apunta a una pérdida de competitividad. En una segunda etapa, desde 2012 hasta 2019, el índice mantuvo una notable estabilidad, tanto en España como en general en el conjunto de la eurozona. Finalmente, en el último periodo, desde 2019, los precios industriales crecieron con vigor hasta 2022, para después bajar levemente en 2023 y 2024, y mantenerse relativamente estables en 2025, patrón muy similar al del resto de la eurozona, con un crecimiento acumulado al final del periodo con respecto a 2019 del 41,3%, por encima de la media europea.


No obstante, en esta última etapa, a diferencia de lo sucedido en la primera, el peor desempeño del IPRI en España procedió de tan solo cinco de las 24 ramas que integran las manufacturas –productos derivados del petróleo, otros equipos de transporte, papel, bebidas y alimentación–, lo que matiza la conclusión en cuanto a pérdida de competitividad que podría extraerse en una primera lectura.

Evolución desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo

La tendencia ligeramente descendente que venía registrando el índice desde 2022 se ha visto truncada por el estallido del conflicto en Oriente Próximo. Desde ese momento, los precios industriales han iniciado una trayectoria fuertemente alcista, debido al encarecimiento de los productos energéticos, de las materias primas y de otros bienes intermedios como consecuencia de la interrupción de las cadenas de suministro por el bloqueo del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

Así, en el caso de España, este índice ha pasado de registrar una tasa de crecimiento de -7,1% en febrero al 3,1% en marzo, intensificándose, hasta el 8,4% en abril, por encima de la media de la eurozona (gráfico de la derecha). El repunte se observa en prácticamente todos los componentes del índice, siendo además el diferencial con respecto a la media europea desfavorable para España en la mayoría de ellos.

Cabe destacar el fuerte crecimiento de los precios en el sector de derivados de petróleo, cuya tasa interanual en abril se situó en el 70,1%. También la rama de electricidad y gas, que alcanzó una tasa del 5,8%, desde un -28,1% en febrero. En cuanto a la industria de la alimentación, su tasa ascendió desde un -0,2% hasta un 0,5%.

Esta evolución reciente pone de manifiesto la existencia de presiones inflacionistas generalizadas por el lado de la oferta, derivadas del aumento de costes. Además, estas son mayores en España que en la media de la eurozona, lo que, de mantenerse, como sucedió en etapas anteriores, podría implicar una pérdida de competitividad. También es interesante mencionar la evolución de este indicador concretamente en la industria de la alimentación, por su potencial impacto en la cesta de la compra de los consumidores: aunque su subida es más contenida, también apunta a un aumento de las presiones inflacionistas en el sector, que en algún momento pueden acabar trasladándose a los precios finales al consumo.

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El euríbor puede haber tocado techo

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La tasa de inflación de la eurozona aumentó en mayo hasta el 3,2%, lo que supone un ascenso de 1,3 puntos porcentuales con respecto a la tasa registrada en febrero, antes del inicio de la guerra en Oriente Próximo. Si el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz empieza a normalizarse en las próximas semanas, los precios de los productos energéticos no seguirán escalando, pero se mantendrán en niveles elevados, al igual que los de otras materias primas, tensionando los costes de producción. Se espera, por tanto, que las tasas de inflación de los alimentos y de otros componentes sigan ascendiendo durante un tiempo.

En lo inmediato, el índice de precios industriales –un importante indicador de presiones inflacionistas por el lado de la oferta– ha experimentado recientemente fuertes repuntes en la mayoría de los países del área. También la encuesta PMI de manufacturas de mayo reporta notables subidas en los precios de los insumos y crecientes problemas en las cadenas de suministro, así como la intención de las empresas de trasladar los mayores costes hacia los precios de venta a sus clientes.

Con este panorama, es prácticamente seguro que el Banco Central Europeo elevará los tipos de interés en su reunión de esta semana hasta el 2,25%, y los mercados descuentan, al menos, otra subida de tipos en julio. No está claro si habrá una subida adicional, ya que la probabilidad con la que los mercados la descuentan sube o baja en función de los altibajos en las negociaciones entre EE. UU. e Irán. El endurecimiento de la política monetaria en un contexto como el actual, en el que la inflación procede de un shock de oferta, tiene por objeto trasladar un mensaje de compromiso firme con el objetivo de inflación, y evitar que las expectativas con respecto a la misma se “desanclen” y se pongan en marcha efectos de segunda ronda. Por eso una de las variables que la autoridad monetaria vigila más estrechamente son los salarios.


Las subidas de tipos que se dan por seguras, hasta el 2,5%, ya están plenamente incorporadas en el euríbor a un año –índice de referencia para las hipotecas–, que desde hace varias semanas se mantiene estable, con pequeños altibajos, en torno al 2,8% (gráfico), el nivel más elevado en año y medio. Si el conflicto no se prolonga más allá de junio, este índice habría tocado techo en dicho nivel, pudiendo incluso iniciar una tendencia descendente después del verano, si la inflación no da sorpresas negativas, puesto que ya se empezarían a descontar bajadas de tipos en algún momento a lo largo de 2027. Si el conflicto se prolonga, el impacto inflacionista sería más severo, pero, en general, se asume que las subidas de tipos no llegarían muy lejos, ya que el propio shock de oferta tendría un efecto fuertemente contractivo sobre la economía. En ese caso el euríbor a un año seguiría ascendiendo hasta quizás el 3%, aunque en tal escenario el panorama sería enormemente incierto y todo se volvería más impredecible.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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La doble brecha macroeconómica con Europa

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La economía española afronta las consecuencias del conflicto en Oriente Medio en una situación más ventajosa de la que prevalece en otros países de su entorno. La inercia del ciclo expansivo, junto con la menor dependencia de los hidrocarburos, y un plus inesperado de turismo, garantizan un crecimiento del PIB relativamente vigoroso. Pero el propio dinamismo de la economía hace que el riesgo de inflación sea también mayor, y que el mix de políticas no deba coincidir con el que sería aconsejable en las otras grandes economías europeas.

Conforme se prolonga el cierre del estrecho de Ormuz, crece el temor a la estanflación en Francia y sobre todo en Alemania, donde los índices de coyuntura de abril apuntan ya a un desplome de la actividad y a un repunte acusado de los costes de producción, sobre todo en los sectores industriales que son, junto con la agricultura, los más expuestos a la rarefacción de las materias primas. Para el núcleo duro del Viejo Continente, el shock es solo de oferta: la escalada del barril de Brent y del gas redunda en una elevación de los costes de producción, pero el riesgo de un brote inflacionario propiamente dicho es reducido. Dicho de otro modo, ante una demanda renqueante, parece poco probable que se desencadene un bucle de aumentos de precios y de salarios.    

A diferencia de España, donde la subida de los precios energéticos se superpone a la persistencia de la inflación subyacente que viene observándose desde mucho antes del estallido de la guerra de Irán, contrastando con la estabilidad del resto de la eurozona. Además, la inflación subyacente nace de factores ajenos a la guerra que van a perdurar, a saber: el tirón del consumo, sustentado en el crecimiento poblacional, la recuperación de la construcción y el récord de llegada de visitantes, todo el tiempo que los aviones dispongan de queroseno —las operadoras estiman que la disponibilidad de combustible está garantizada para los próximos meses—. La consecuencia es una mayor probabilidad de traslado de la subida de los hidrocarburos y de los fertilizantes al resto de precios: las empresas que disponen de una cartera de pedidos pletórica no dudarán en repercutir todo el incremento de costes de producción a sus tarifas de venta. Existe el riesgo, por tanto, de una ampliación de la brecha de inflación que nos separa del resto de la eurozona, y un deterioro de la competitividad.     


La política monetaria no es el instrumento adecuado para contener el desliz de nuestros precios relativos. Y en todo caso, ante el shock de oferta que prevalece en la mayoría de las economías que comparten la moneda única, no parece que el BCE vaya a mover mucho sus tipos de interés.

Nos queda la política presupuestaria, instrumento que, para ser coherente con el ciclo expansivo y la necesidad de aplacar la inflación, debería mantener la senda de contención de los desequilibrios presupuestarios, en consonancia con un esfuerzo sostenido de inversión, palanca que, con el tiempo, redundará en una elevación del potencial productivo y una suavización de los cuellos de botella que tensionan los precios. Lo que esto implica concretamente es que las medidas decretadas de respuesta al conflicto en el Golfo Pérsico deberían ser compensadas, de manera parcial o gradual, con ajustes presupuestarios o tributarios. Por otra parte, la disponibilidad de fondos europeos va más allá de la duración del programa Next Generation, ya que los instrumentos anunciados por el Gobierno permitirán dilatar el gasto durante un periodo prolongado. Ahora bien, para que este paso, positivo, genere más inversión privada y traiga consigo una mejora de la productividad, será necesario perfeccionar los instrumentos.

España parece haber roto la maldición de la recesión, o la tendencia a sufrir fuertes caídas cuando los demás solo tropiezan. Algo se ha normalizado nuestro ciclo, lo cual no nos exime de las transformaciones que atraviesa la economía mundial.  

PRECIOS | El encarecimiento de las materias primas en los mercados internacionales empieza a trasladarse a la industria española. El índice de precios industriales elaborado por el INE se incrementó en marzo un 6,5%, quebrando la senda de estabilidad (en los doce meses anteriores, el indicador registró incluso un leve descenso, del 0,6%, en términos medios mensuales). Destaca la subida de los derivados de la energía y, en menor medida, de los metales basados en aluminio y de algunos productos químicos, afectados por la rarefacción del plástico y la escasez de hidrocarburos.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La sombra alargada de la guerra en Oriente Medio

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La tregua anunciada el pasado 7 de abril aporta una luz de esperanza en un conflicto que mantiene en vilo a todo el planeta, con graves consecuencias humanas y económicas. El acuerdo es frágil, pero delata la voluntad de encontrar una salida, a diferencia de lo sucedido en el frente de Ucrania. Sería temerario, sin embargo, aventurar que el impacto económico de la contienda será transitorio e inocuo, ya que sus secuelas se percibirán todavía durante largos meses, incluso si los contendientes sellaran rápidamente un acuerdo de paz.

La capacidad productiva de la región se ha visto seriamente afectada por los ataques, comprometiendo la vuelta a la normalidad. La Agencia Internacional de la Energía ha detectado daños en hasta 75 plantas de procesamiento de hidrocarburos, complejos petroquímicos e infraestructuras portuarias. Preocupa el diagnóstico de los expertos acerca de la destrucción parcial del yacimiento de gas de Ras Laffan, el más importante de mundo: los trabajos de reparación podrían prolongarse entre tres y cinco años.  

También se complica la reapertura del estrecho de Ormuz, no solo por la imposición de peajes anunciada por Irán: ante la peligrosidad del paso por la zona, las compañías de seguros serán reacias a cubrir el transporte, o lo harán con pólizas a precios desorbitados. Para el negocio del seguro, basado en la percepción del riesgo, la incertidumbre tiene un coste elevado.

Los retrasos en las cadenas de suministro son otra secuela que no se resolverá tan rápidamente. El parón de las exportaciones de hidrocarburos, fertilizantes, productos químicos y de un amplio abanico de minerales y de componentes químicos producidos por los países del Golfo trae consigo una desorganización de los sistemas productivos. El queroseno, por ejemplo, empieza a escasear, perturbando la aviación civil. Y la lógica reacción de almacenamiento de los importadores podría agravar los fenómenos de escasez.

La histéresis de la guerra ejercerá una presión prolongada sobre los costes de producción (y, en última instancia, sobre los precios al consumo) incluso después de su resolución. La buena noticia es que, en principio, el impacto en la inflación será menos acusado que hace cuatro años. La crisis energética generada por la guerra de Ucrania coincidió con una demanda boyante, sostenida por el sobre ahorro acumulado por los hogares durante la pandemia.


En esta ocasión, la presión de la demanda es menor, incluso en una economía en expansión como la nuestra. Además, en el caso de España, la subida en escala de las energías renovables está amortiguando los efectos del encarecimiento del gas en la factura de la luz. Con todo, la escalada de los costes de producción producirá incrementos puntuales de precios, sin efectos significativos de segunda ronda. No obstante, el BCE está al acecho y querrá comprobar que las expectativas están ancladas, de modo que no es descartable que ajuste algo los tipos.

Además, un descenso prolongado de la oferta de materias primas frenará la actividad. De momento, los indicadores de coyuntura mantienen el buen tono. La afiliación sigue tirando y el PMI se mantiene en zona expansiva. Pero una cierta pérdida de capacidad de compra es inevitable.

Los Estados pueden intentar compensarla, pero se enfrentan al muro de la deuda. La española sigue en cotas que no dejan margen para ningún desliz, y lo mismo ocurre en casi todas las principales economías avanzadas. La política presupuestaria debería ser quirúrgica, centrando su actuación en los sectores más afectados y en los grupos sociales vulnerables. Entre los grandes países, solo España, Italia y Polonia han procedido a recortes generalizados de gravámenes, una medida poco eficaz y costosa, que debería desaparecer a medida que el shock de precios se diluye, conforme a lo previsto en el plan del Gobierno. Ante un conflicto bélico de consecuencias duraderas, la eficacia en el despliegue de la munición económica es clave. 

ACTIVIDAD | El índice PMI de manufacturas descendió en marzo hasta niveles consistentes con una reducción de la actividad (por debajo de 50). Aún más relevante es la valoración que realizan las empresas participantes sobre los costes y los plazos de entrega de los insumos. En este sentido, los efectos de la guerra ya se perciben en forma de un encarecimiento acusado de los precios pagados por las empresas, y de interrupciones en las cadenas de suministro. También aumenta la percepción de escasez de determinados productos, entre los que destacan los semiconductores.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La inmigración y el empleo de los españoles

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El debate en torno a la inmigración es uno de los más relevantes de nuestros tiempos, marcados por la irrupción de la cuestión identitaria como línea de fractura. La realidad, sin embargo, es más compleja de lo que se desprende de la polarización de la opinión, al menos desde el punto de vista de la economía española. 

Además de aportar el grueso de la fuerza laboral –el año pasado, más del 80% de los nuevos activos fueron extranjeros o doble nacionales –, la inmigración ha ido de la mano de un desplazamiento del empleo de los españoles hacia ocupaciones de mayor valor añadido, que son también las mejor remuneradas. ¿Coincidencia, o causalidad?

En el periodo 2021-2024, el crecimiento del empleo entre los españoles, además de intenso, se concentró exclusivamente en tres categorías ocupacionales: los directivos y gerentes; los técnicos y profesionales científicos; y los técnicos y profesionales de apoyo. En estas ocupaciones, el salario medio se sitúa un 57% por encima de la media nacional. A la inversa, el número de ocupados españoles ha descendido en el resto de las ocupaciones, particularmente las “elementales” que ofrecen salarios un 38% por debajo de la media, de modo que los empleos de esta categoría dependen por completo de la mano de obra extranjera


No es fácil determinar el grado de causalidad entre el shock poblacional y el tipo de ocupaciones que desempeñan los españoles. Son muchos los factores que influyen, independientemente de la inmigración, entre otros la elevación del nivel educativo entre la población española y sus derivadas en términos de preferencias hacia determinados tipos de empleo. Otro factor es la persistencia de barreras y de desincentivos a la colocación de parados con perfiles similares a los de muchos extranjeros que, sin embargo, se han incorporado con éxito al mercado laboral. 

Ahora bien, en Italia, donde el número de activos extranjeros ha crecido la mitad que en España en los últimos tres años, el fenómeno de desplazamiento de la mano de obra nativa ha sido de menor envergadura que en España. A la inversa, Alemania comparte la misma pauta de concentración del empleo autóctono en ocupaciones de mayor contenido tecnológico, en paralelo con el fuerte impulso recibido de la mano de obra extranjera. No parece, además, que la inmigración haya lastrado los salarios de manera generalizada –un resultado conforme a muchos estudios–.  Incluso en un sector intensivo en empleo inmigrante como la construcción, los costes laborales se incrementaron un 10% en España y un 18% en Alemania, frente al 13% de Italia. 

La inmigración ha podido dinamizar la cadena de suministros de los sectores de alto valor añadido. Actividades intensivas en fuerza laboral foránea como la logística, el transporte o los servicios administrativos, constituyen eslabones esenciales del tejido productivo de los servicios profesionales y de la industria especializada. Dicho de otra manera, sin la inmigración, la economía española hubiera respondido vía precios, más que vía producción, al tirón de los servicios o de la construcción.   

No obstante, la inmigración por sí sola no resuelve los principales retos estructurales, entre los que destacan la baja productividad, la debilidad de los salarios y, por ende, la estrecha base de financiación de las pensiones —puede incluso que, a largo plazo, el efecto composición que entraña la inmigración agrave el déficit estructural del sistema, a falta de medidas correctoras—. En todo caso, estos beneficios dependen de la capacidad de integración de la población extranjera y de su perfil competencial. Dicho perfil ha resultado ser favorable en el periodo reciente, por su coincidencia con las necesidades de contratación de algunos de los sectores más pujantes. Pero esa coincidencia puede no reproducirse en el futuro, evidenciando la necesidad de una política más selectiva que en el pasado, en paralelo a un esfuerzo de integración como el que promete la regularización.  

EMPLEO | En 2025, por tercer año consecutivo, los afiliados a la Seguridad Social de nacionalidad extranjera ocuparon en torno al 41% de los nuevos empleos creados. Esta cifra contrasta con los porcentajes que representaron a lo largo del periodo 2014-2022, inferiores al 30% e incluso al 20%. Por sectores, destaca la hostelería, donde el 75% de los nuevos afiliados fueron extranjeros, junto al comercio, con un 72% y la construcción, con un 65% –porcentaje, no obstante, muy inferior al 90% del año anterior–, además del sector agrícola, donde cae el empleo total, pero aumenta el extranjero.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La reactivación de la inversión y el fuerte crecimiento de las importaciones caracterizaron la evolución del PIB en 2025

CNTR, IVT 2025

Según cifras provisionales
avanzadas por el INE, el PIB creció un 0,8% intertrimestral en el cuarto
trimestre de 2025, siendo el mayor crecimiento de todo el año. Los resultados
de los dos primeros trimestres se han revisado una décima a la baja cada uno de
ellos.

En el último trimestre, el
consumo privado y la FBCF mantuvieron el elevado ritmo de crecimiento del
trimestre anterior, mientras que el consumo público frenó su avance hasta un
0,1%. Esto, unido a la variación de existencias, dio lugar a una reducción de
la aportación de la demanda nacional al crecimiento en cinco décimas
porcentuales, hasta 0,9 puntos, mientras que la contribución del sector
exterior aumentó desde -0,7 hasta -0,2 puntos.

Dentro de la FBCF, destacó la
aceleración de la materializada en vivienda, que avanzó un 2,9%
intertrimestral, así como en productos de la propiedad intelectual, con un
2,5%.  Otros componentes desaceleraron su
crecimiento, concretamente, la FBCF en bienes de equipo se ralentizó hasta un
1,2%.

Las exportaciones avanzaron un
0,8% intertrimestral, impulsadas por los servicios no turísticos, y, en menor
medida, los servicios turísticos, ambos en aceleración con respecto al
trimestre precedente. Las de bienes prolongaron su debilidad, con un avance
nulo, tras la caída registrada el trimestre anterior. En cuanto a las
importaciones, mantuvieron la tónica de elevado crecimiento observado durante
todo el año, con un ascenso del 1,4%, distribuido por todos sus componentes.

Resultados anuales

El crecimiento del PIB en el
conjunto de 2025 fue del 2,8%, lo que supone una desaceleración de siete
décimas con respecto al crecimiento observado en 2024.

Destacó la aceleración del
consumo privado y, especialmente, de la inversión, tanto en construcción como,
sobre todo, en bienes de equipo, mientras que el consumo público moderó su
crecimiento. Así, la demanda nacional incrementó su contribución al crecimiento
del PIB hasta 3,6 puntos porcentuales.

Las exportaciones totales
aceleraron su crecimiento en dos décimas hasta el 3,4%, como consecuencia
fundamentalmente del fuerte impulso de las de servicios no turísticos, que
registraron un extraordinario ascenso del 10,9%. Las de servicios turísticos se
ralentizaron notablemente hasta el 4,6%, mientras que las de bienes continuaron
mostrando una gran debilidad. Uno de los elementos más destacables del
ejercicio fue la intensa aceleración de las importaciones, que registraron un avance
del 6,3%, dando lugar a una aportación negativa del sector exterior al
crecimiento del PIB de -0,8 puntos porcentuales, que más que compensó la mayor
aportación de la demanda nacional.

En suma, en 2025 las exportaciones de servicios turísticos y el consumo público aminoraron su papel como motores del PIB en comparación con ejercicios anteriores, mientras que la FBC y las exportaciones de servicios no turísticos acrecentaron su aportación, al tiempo que las importaciones detraían más crecimiento (gráfico 1).


Por el lado de la oferta, el mayor crecimiento se registró en el sector de la construcción, con un 5,6% anual, por encima del observado el año anterior. Los servicios de las AA.PP., así como los servicios de mercado, se desaceleraron, excepto la rama de actividades profesionales.

Empleo, productividad y costes
laborales unitarios

El número de personas ocupadas en
términos de la Contabilidad Nacional aceleró su crecimiento en 2025 hasta un
2,7% anual, aunque el número total de horas trabajadas creció solo un 2,1%,
como consecuencia de la caída de las horas trabajadas por ocupado, que se
redujeron un 0,7%, en descenso por tercer año consecutivo.

El crecimiento de la productividad por ocupado fue prácticamente nulo, y aún se encuentra ligeramente por debajo del nivel prepandemia, mientras que la productividad por hora trabajada avanzó un 0,7%, situándose un 2,4% por encima del nivel de 2019.

Los Costes Laborales Unitarios crecieron un 4,1% en 2025, continuando la senda de intensos crecimientos observados en los últimos años. Por su parte, el Excedente bruto de Explotación por unidad producida aumentó un 0,9%. Las aportaciones de cada uno de estos componentes al deflactor del PIB –cuyo crecimiento anual fue del 2,9%– fueron de 2,1 y 0,4 puntos, respectivamente, a lo que se suman 0,4 puntos de contribución de los impuestos netos unitarios (gráfico 2).

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Las entrañas del ciclo expansivo

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Tras batir la barrera simbólica del 10% de tasa de paro, la economía española afianza su buen momento con una aceleración del ritmo de crecimiento en el último trimestre del año pasado. En el conjunto del ejercicio, el PIB habrá avanzado un 2,8%, el doble de la media de la eurozona. Incluso descontando el aumento de la población, fruto del fenómeno migratorio, el avance del PIB per capita –variable que mejor aproxima el progreso material del país— se habrá acercado al 2%.


¿Es sostenible el ciclo expansivo? La cuestión sigue siendo debatible, si bien en este plano también hay buenas noticias. Uno, porque el motor interno funciona a pleno rendimiento pese a la desaceleración del consumo público, variable esta última que lideró el inicio del ciclo expansivo y cuya aportación es ahora limitada. Dos, el consumo privado y la inversión han tomado el relevo del gasto corriente de las administraciones. Destaca la inversión residencial, la más relevante para abordar el grave déficit de vivienda que asola nuestra sociedad. Y tres, los socios europeos levantan cabeza, incluso Alemania empieza a dar señales de recuperación, de modo que los mercados europeos –principal destino de nuestras exportaciones– podrían salir de su letargo y así compensar los aranceles y otras turbulencias globales.

De manera general, la economía se ha diversificado, lo que ha traído consigo una menor dependencia de los sectores tradicionales como el turismo y el ladrillo. Sorprende el dinamismo de las ventas en el exterior de servicios no turísticos (consultoría, servicios profesionales tecnológicos y financieros, logística, etc.), con un avance a doble dígito. Y el bucle de creación de empleo, consumo e inversión de los hogares ha ganado tracción, compensando el menor impulso de la política fiscal y su corolario de reducción del déficit público. La prima de riesgo está en mínimos.

Persisten, no obstante, grandes desafíos, la debilidad de la productividad siendo el más relevante: el PIB por hora trabajada se incrementa a un ritmo ligeramente superior a la media del anterior ciclo expansivo (con una subida del 0,6% en los tres últimos años en términos promedios, apenas una décima más que en el periodo 2015-2019). Sigue siendo el caso que la economía crece a base de sumar mano de obra, y en menor medida por mejoras de eficiencia. Este modelo, por su estrecha dependencia de la incorporación de nueva fuerza laboral, tiene el inconveniente de tensionar las infraestructuras, desde la sanidad al transporte de cercanías, pasando por la red eléctrica. También pone de manifiesto el déficit de vivienda y aviva la sensación de desconexión entre la macroeconomía y el día a día de la ciudadanía.             

La pérdida de competitividad es otra tendencia que evidencia
las limitaciones de la actual pauta de crecimiento. La inflación supera la
media europea, lo que trae consigo un encarecimiento relativo de los costes de
producción, erosionando la ventaja competitiva de la que bebe el momento dulce
de la economía española. Las importaciones se han disparado, al tiempo que las
exportaciones de bienes se estancan y que desciende la inversión directa
extranjera. Dicho de otra manera, el motor exterior ya no sostiene el
crecimiento, si bien no hay nada que temer en lo inmediato, a tenor un superávit
externo sostenido por los servicios.

Con todo, el buen dato de PIB prefigura una revisión al alza
de las previsiones de crecimiento para este año. De momento no se vislumbran
graves desequilibrios macroeconómicos, contrariamente a lo que ocurrió en todos
los anteriores ciclos expansivos desde la entrada en las instituciones europeas.
En esta ocasión el eslabón débil radica en la dificultad para acometer las reformas
necesarias para elevar la productividad, repartir sus beneficios y desatascar
la inversión empresarial. La oportunidad está en la economía, y el factor
limitativo en la falta de consenso político.   

INMIGRACIÓN | La llegada de población extranjera se ha acompañado de una mejora del bienestar material, medido por el PIB per capita. Desde 2019, la población total se ha incrementado un 4,7%, más del doble que en el resto de la eurozona, un diferencial que se explica únicamente por la inmigración. En el mismo periodo, el PIB per capita ha avanzado un 5,1%, es decir, siete décimas por encima de la media europea, gracias a la relativamente rápida incorporación de la mano de obra extranjera en el mercado laboral español.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La economía, nuevo aliado ante Trump

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Una vez más, el presidente Trump parece haberse retractado. El giro narrativo ha coincidido con el envío de tropas europeas al territorio ártico y el anuncio por Bruselas de una batería de aranceles en represalia al intento de anexión de Groenlandia. Pero estos factores no han sido los más determinantes, ya que pesan poco frente a las asimetrías de poder y a la tenaz fragmentación europea que entorpece cualquier decisión.

Son los mercados los que, al igual que ocurrió después del llamado día de la “liberación”, han actuado como cortafuegos para doblegar el unilateralismo de la primera potencia mundial. Esta semana se multiplicaron las señales inequívocas de un conato de sacudida financiera: depreciación súbita del dólar, caída de Wall Street y, de manera coincidente, pérdida de confianza de los inversores en relación a la calidad de la deuda del Tesoro norteamericano. 

Semejante llamada de atención ha motivado que EE. UU. se alejara de las soluciones más radicales, abriéndose a negociar. Sin embargo, el conflicto no ha desaparecido y el desenlace es todavía incierto, pero sus entresijos aportan lecciones relevantes para la política económica europea y española.

En primer lugar, es ya una evidencia que la estabilidad financiera de EE. UU. depende de la buena voluntad de los ahorradores extranjeros, entre los que destacan los europeos. El volumen acumulado de recursos invertidos por Europa en los mercados financieros de la principal potencia mundial, o posición de inversión en cartera, supera los 7,2 billones de euros, es decir, casi el 46% del PIB de la eurozona. La cartera española, aun no siendo la principal, se eleva a 127.000 millones. En sentido inverso, la entrada de inversión en cartera procedente de EE UU no llega a los 4 billones de euros, de modo que la posición neta es de 3,2 billones a favor de Europa. Este saldo netamente favorable, revelador de la dependencia del exterior para financiar la enorme bola de deuda pública que se acumula del otro lado del Atlántico, ha aflorado como una palanca eficaz para constreñir la acción del ejecutivo republicano.


Ahora bien, y esta es una segunda lección, no hay que sobreestimar nuestra capacidad disuasoria en materia financiera, ya que Europa adolece de una situación de exceso de ahorro frente a la debilidad de la inversión: por definición, este desequilibrio trae consigo una salida de capital hacia otros lugares. Por tanto, el problema de fondo radica en la falta de inversión y de dinamismo del bloque comunitario, algo que no se soluciona con los desvaríos de EE. UU. A falta de iniciativas y de reformas que potencien la inversión tanto a nivel europeo como en cada país –también en España— seguiremos perdiendo ahorro de manera inexorable. Ahondando más, la debilidad de la inversión procede sobre todo del sector privado ya que el público ha incrementado su aportación, particularmente en España.

La salida de inversión directa
extranjera es otro síntoma del desequilibrio. El volumen de activos productivos
acumulados por las empresas europeas en territorio norteamericano supera ya los
3 billones de euros, frente a 2,6 billones en sentido inverso, de modo que la
posición neta equivale al 2,2% del PIB comunitario. La misma situación de
salida de inversión directa prevalece en España, con una posición neta incluso
mayor, del 3,2% del PIB. En otras palabras, Europa invierte más en el tejido
productivo de la primera potencia mundial de lo que recibe.

De momento, ni los aranceles
de Trump ni el dique de contención de los mercados han alterado esta tozuda realidad.
La buena noticia es que la economía española resistir bien en un contexto
geopolítico tan complejo. La dificultad sigue estando en la falta de consenso
para afrontar los desafíos internos y reforzar la respuesta europea ante un
sistema multilateral moribundo.

BALANZA | El superávit de las cuentas externas españolas se mantiene, pese a la acumulación de adversidades como la guerra arancelaria, la languidez del mercado europeo o el deterioro de la competitividad que entraña el diferencial de inflación frente a la zona euro. La balanza por cuenta corriente –que registra la diferencia entre los ingresos procedentes del exterior y los pagos—arrojó un saldo positivo hasta octubre cercano a 47.000 millones de euros, siendo esta la mejor cifra para este periodo de la serie histórica. El sólido superávit de los servicios turísticos y no turísticos ha sido un factor clave en este resultado.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Precio de la vivienda y crecimiento poblacional

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La vivienda registró un crecimiento interanual del 12,1% en el tercer trimestre de 2025 (último dato disponible), según las cifras publicadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Como consecuencia, en el tercer trimestre de 2025, el precio medio en España del metro cuadrado de la vivienda libre se situó en 2.153 euros, lo que supone un 2,5% más que el valor máximo alcanzado en el primer trimestre de 2008. Esta revalorización, que es heterogénea por provincias, se muestra en el mapa 1.


La recuperación del precio de la vivienda ha sido prácticamente ininterrumpida desde el mínimo registrado en 2014, con el paréntesis de 2020, consecuencia del cierre de la economía por la pandemia. Esta recuperación fue relativamente suave hasta 2021, con un avance medio anual del 1,8%, pero, a partir de dicho año, el crecimiento del precio de la vivienda se intensificó, alcanzando tasas medias anuales del 6%. La aceleración ha ido de la mano de un incremento en el ritmo de crecimiento de la población, que, si bien había comenzado a registrar tasas de avance positivo en 2016 (tras varios años de descenso), se vio interrumpido en 2020 y 2021 (en los que registró crecimientos moderados) y, seguidamente, se reactivó, con incrementos medios anuales de en torno al medio millón de habitantes en los años 2022 y posteriores.

Desde que comenzó dicha aceleración, a finales de 2021, hasta el último dato disponible (tercer trimestre de 2025) la población ha registrado un crecimiento acumulado del 4,1%, mientras que el el precio de la vivienda aumentó un 27,1% en el conjunto del país. Las cifras por provincias muestran cierta correlación entre el comportamiento de ambas variables (gráfico 1) y ponen de manifiesto las grandes diferencias existentes entre territorios, pudiendose agrupar estos en cuatro grupos en relación a la evolución media del país.


Así, tenemos un primer grupo con seis provincias, en las que el crecimiento de la población y del precio de la vivienda fueron superiores a la media nacional (círculos en el gráfico 1). Estas regiones se caracterizan por ser dinámicas económicamente o, como el caso de Guadalajara, por beneficiarse de “efectos frontera”.

Por el contrario, hay un segundo
grupo –el más numeroso–, conformado por 30 territorios en los que tanto el
crecimiento de la población como el del precio de la vivienda fue más débil que
la media del conjunto del país (triángulos en el gráfico). En esta agrupación hay
seis provincias, fundamentalmente de la España “vaciada”, en las que la
población descendió (zona sombreada del gráfico) y, a pesar de ello, sus
precios registraron avances positivos, aunque modestos. 

El tercer grupo lo componen ocho
provincias en las que el precio subió más que la media nacional, pero su
población registró una evolución más débil que la del conjunto del país. Algunas
tienen atractivo turístico como Cádiz, Santa Cruz de Tenerife o Cantabria (cuadrados
en el gráfico).

Por último, la cuarta agrupación
la conforman ocho provincias en las que la población creció más que la media
nacional y, en cambio, el precio avanzó menos (rombos en el gráfico). Dentro de
este grupo se encuentran las cuatro provincias catalanas.

En suma, pese a que en la
actualidad el precio de la vivienda registra intensos crecimientos a nivel
nacional y en todas las provincias, es visible una gran disparidad regional que
va de la mano, con una cierta correlación, del comportamiento de la población en
las provincias en los últimos años.

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La inversión productiva, presa de la incertidumbre

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La economía española sigue viviendo un momento dulce, y es
muy probable que los datos de actividad y de mercado laboral que se darán a
conocer esta semana avalen la sensación de resistencia ante los desvaríos globales.
La transición de un sistema multilateral basado en reglas a otro gobernado por
las asimetrías de poder y las demostraciones de fuerza bruta han traído consigo
un parón del motor exterior de la expansión, pero los hogares siguen consumiendo
y las administraciones ejecutando con holgura el remanente de fondos europeos
todavía disponibles.

La anomalía viene de la inversión privada, caracterizada por
una atonía que no encuentra explicación fácil (por su parte, la tardía
recuperación de la inversión residencial, elemento nuclear de la crisis de
vivienda, tiene causas conocidas). La economía ha crecido un 10% desde el
trastorno de la pandemia, mientras que la inversión empresarial ha caído un
3,4%, descontando la inflación (comparando la media de los tres primeros
trimestres de 2025 con el mismo periodo de 2019).

Un repunte es perceptible, pero la sensación de debilidad no
se disipa: la inversión empresarial se ha incrementado en los últimos dos años a
un ritmo inferior al PIB, cuando una relación inversa, es decir, de
amplificación del ciclo, era lo lógico habida cuenta del vigor de la expansión.
En la expansión anterior a la crisis sanitaria, la inversión privada creció un
20% más que la economía, y una elasticidad de magnitud similar se observa también
en los momentos expansivos en el conjunto de la UE.

Además del tirón de la economía, la política económica ha sido propicia a la inversión. El programa Next Generation prometía un potente efecto tractor de los fondos europeos, al tiempo que el BCE ha abaratado el precio del dinero, facilitando el acceso al crédito de empresas y hogares. Pero el doble impulso fiscal y monetario ha redundado en un incremento del ahorro, mermando los recursos disponibles para potenciar la capacidad productiva del país. Las empresas han optado por desendeudarse, y por acumular nada menos que 379.000 millones de euros en efectivo y depósitos. Es decir, la liquidez acumulada asciende a cerca del 23% del PIB, un punto y medio por encima de la media de lo que va de siglo, algo que puede sorprender: el efectivo y los depósitos entrañan una rentabilidad cuasi nula, inferior en muchos casos al rendimiento observado de la inversión productiva.

Semejante volumen de liquidez no solo obedece a las
necesidades de tesorería, también traduce la cautela del tejido productivo, en
un entorno marcado por la incertidumbre. Invertir es apostar por el futuro,
pero el horizonte está plagado de incógnitas. Las alianzas que habían asegurado
una cierta previsibilidad parecen volatizarse, al tiempo que aflora la
dependencia tecnológica, energética y militar de Europa. La prudencia es, por
tanto, comprensible, pero las empresas españolas parecen más proclives a ese
comportamiento que sus homólogas europeas: éstas realizan un esfuerzo de
inversión mayor, y su deuda se aligera con más lentitud que en España.

Todo ello apunta a la
existencia de factores internos de incertidumbre. La sucesión de prórrogas
presupuestarias tiene el inconveniente de generar dudas acerca del marco
tributario y legal que prevalecerá en los próximos años, pudiendo ser visto
como un riesgo. Otro freno nace de la complejidad de los trámites de solicitud
de los fondos europeos, así como de la lentitud percibida en relación a su
desembolso. Por otra parte, el clima de incertidumbre puede pesar más en las
iniciativas de las pequeñas empresas, que son las que componen el grueso del
tejido productivo español, y que se enfrentan a dificultades específicas para acceder
a fuentes de financiación estable. El fondo de inversiones recientemente
anunciado por el Gobierno debería abordar estos frenos para animar la inversión
empresarial, eslabón débil del ciclo expansivo. La previsibilidad es tan
importante, sino más, que el dinero prometido.

DEUDA | El proceso de desendeudamiento de las
empresas no da tregua. En el tercer trimestre, la deuda de las sociedades no
financieras descendió hasta el 79,7% del PIB, mínimo del último cuarto de
siglo. El peso de los pasivos es también muy inferior a la media europea, donde
alcanza el 103,4% del PIB. La reducción de la deuda se explica por el menor
recurso a los préstamos por parte de las empresas, mientras que la emisión de
bonos y otros valores representativos de deuda ha aumentado ligeramente en el
último año. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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