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La doble brecha macroeconómica con Europa

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La economía española afronta las consecuencias del conflicto en Oriente Medio en una situación más ventajosa de la que prevalece en otros países de su entorno. La inercia del ciclo expansivo, junto con la menor dependencia de los hidrocarburos, y un plus inesperado de turismo, garantizan un crecimiento del PIB relativamente vigoroso. Pero el propio dinamismo de la economía hace que el riesgo de inflación sea también mayor, y que el mix de políticas no deba coincidir con el que sería aconsejable en las otras grandes economías europeas.

Conforme se prolonga el cierre del estrecho de Ormuz, crece el temor a la estanflación en Francia y sobre todo en Alemania, donde los índices de coyuntura de abril apuntan ya a un desplome de la actividad y a un repunte acusado de los costes de producción, sobre todo en los sectores industriales que son, junto con la agricultura, los más expuestos a la rarefacción de las materias primas. Para el núcleo duro del Viejo Continente, el shock es solo de oferta: la escalada del barril de Brent y del gas redunda en una elevación de los costes de producción, pero el riesgo de un brote inflacionario propiamente dicho es reducido. Dicho de otro modo, ante una demanda renqueante, parece poco probable que se desencadene un bucle de aumentos de precios y de salarios.    

A diferencia de España, donde la subida de los precios energéticos se superpone a la persistencia de la inflación subyacente que viene observándose desde mucho antes del estallido de la guerra de Irán, contrastando con la estabilidad del resto de la eurozona. Además, la inflación subyacente nace de factores ajenos a la guerra que van a perdurar, a saber: el tirón del consumo, sustentado en el crecimiento poblacional, la recuperación de la construcción y el récord de llegada de visitantes, todo el tiempo que los aviones dispongan de queroseno —las operadoras estiman que la disponibilidad de combustible está garantizada para los próximos meses—. La consecuencia es una mayor probabilidad de traslado de la subida de los hidrocarburos y de los fertilizantes al resto de precios: las empresas que disponen de una cartera de pedidos pletórica no dudarán en repercutir todo el incremento de costes de producción a sus tarifas de venta. Existe el riesgo, por tanto, de una ampliación de la brecha de inflación que nos separa del resto de la eurozona, y un deterioro de la competitividad.     


La política monetaria no es el instrumento adecuado para contener el desliz de nuestros precios relativos. Y en todo caso, ante el shock de oferta que prevalece en la mayoría de las economías que comparten la moneda única, no parece que el BCE vaya a mover mucho sus tipos de interés.

Nos queda la política presupuestaria, instrumento que, para ser coherente con el ciclo expansivo y la necesidad de aplacar la inflación, debería mantener la senda de contención de los desequilibrios presupuestarios, en consonancia con un esfuerzo sostenido de inversión, palanca que, con el tiempo, redundará en una elevación del potencial productivo y una suavización de los cuellos de botella que tensionan los precios. Lo que esto implica concretamente es que las medidas decretadas de respuesta al conflicto en el Golfo Pérsico deberían ser compensadas, de manera parcial o gradual, con ajustes presupuestarios o tributarios. Por otra parte, la disponibilidad de fondos europeos va más allá de la duración del programa Next Generation, ya que los instrumentos anunciados por el Gobierno permitirán dilatar el gasto durante un periodo prolongado. Ahora bien, para que este paso, positivo, genere más inversión privada y traiga consigo una mejora de la productividad, será necesario perfeccionar los instrumentos.

España parece haber roto la maldición de la recesión, o la tendencia a sufrir fuertes caídas cuando los demás solo tropiezan. Algo se ha normalizado nuestro ciclo, lo cual no nos exime de las transformaciones que atraviesa la economía mundial.  

PRECIOS | El encarecimiento de las materias primas en los mercados internacionales empieza a trasladarse a la industria española. El índice de precios industriales elaborado por el INE se incrementó en marzo un 6,5%, quebrando la senda de estabilidad (en los doce meses anteriores, el indicador registró incluso un leve descenso, del 0,6%, en términos medios mensuales). Destaca la subida de los derivados de la energía y, en menor medida, de los metales basados en aluminio y de algunos productos químicos, afectados por la rarefacción del plástico y la escasez de hidrocarburos.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La inmigración y el empleo de los españoles

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El debate en torno a la inmigración es uno de los más relevantes de nuestros tiempos, marcados por la irrupción de la cuestión identitaria como línea de fractura. La realidad, sin embargo, es más compleja de lo que se desprende de la polarización de la opinión, al menos desde el punto de vista de la economía española. 

Además de aportar el grueso de la fuerza laboral –el año pasado, más del 80% de los nuevos activos fueron extranjeros o doble nacionales –, la inmigración ha ido de la mano de un desplazamiento del empleo de los españoles hacia ocupaciones de mayor valor añadido, que son también las mejor remuneradas. ¿Coincidencia, o causalidad?

En el periodo 2021-2024, el crecimiento del empleo entre los españoles, además de intenso, se concentró exclusivamente en tres categorías ocupacionales: los directivos y gerentes; los técnicos y profesionales científicos; y los técnicos y profesionales de apoyo. En estas ocupaciones, el salario medio se sitúa un 57% por encima de la media nacional. A la inversa, el número de ocupados españoles ha descendido en el resto de las ocupaciones, particularmente las “elementales” que ofrecen salarios un 38% por debajo de la media, de modo que los empleos de esta categoría dependen por completo de la mano de obra extranjera


No es fácil determinar el grado de causalidad entre el shock poblacional y el tipo de ocupaciones que desempeñan los españoles. Son muchos los factores que influyen, independientemente de la inmigración, entre otros la elevación del nivel educativo entre la población española y sus derivadas en términos de preferencias hacia determinados tipos de empleo. Otro factor es la persistencia de barreras y de desincentivos a la colocación de parados con perfiles similares a los de muchos extranjeros que, sin embargo, se han incorporado con éxito al mercado laboral. 

Ahora bien, en Italia, donde el número de activos extranjeros ha crecido la mitad que en España en los últimos tres años, el fenómeno de desplazamiento de la mano de obra nativa ha sido de menor envergadura que en España. A la inversa, Alemania comparte la misma pauta de concentración del empleo autóctono en ocupaciones de mayor contenido tecnológico, en paralelo con el fuerte impulso recibido de la mano de obra extranjera. No parece, además, que la inmigración haya lastrado los salarios de manera generalizada –un resultado conforme a muchos estudios–.  Incluso en un sector intensivo en empleo inmigrante como la construcción, los costes laborales se incrementaron un 10% en España y un 18% en Alemania, frente al 13% de Italia. 

La inmigración ha podido dinamizar la cadena de suministros de los sectores de alto valor añadido. Actividades intensivas en fuerza laboral foránea como la logística, el transporte o los servicios administrativos, constituyen eslabones esenciales del tejido productivo de los servicios profesionales y de la industria especializada. Dicho de otra manera, sin la inmigración, la economía española hubiera respondido vía precios, más que vía producción, al tirón de los servicios o de la construcción.   

No obstante, la inmigración por sí sola no resuelve los principales retos estructurales, entre los que destacan la baja productividad, la debilidad de los salarios y, por ende, la estrecha base de financiación de las pensiones —puede incluso que, a largo plazo, el efecto composición que entraña la inmigración agrave el déficit estructural del sistema, a falta de medidas correctoras—. En todo caso, estos beneficios dependen de la capacidad de integración de la población extranjera y de su perfil competencial. Dicho perfil ha resultado ser favorable en el periodo reciente, por su coincidencia con las necesidades de contratación de algunos de los sectores más pujantes. Pero esa coincidencia puede no reproducirse en el futuro, evidenciando la necesidad de una política más selectiva que en el pasado, en paralelo a un esfuerzo de integración como el que promete la regularización.  

EMPLEO | En 2025, por tercer año consecutivo, los afiliados a la Seguridad Social de nacionalidad extranjera ocuparon en torno al 41% de los nuevos empleos creados. Esta cifra contrasta con los porcentajes que representaron a lo largo del periodo 2014-2022, inferiores al 30% e incluso al 20%. Por sectores, destaca la hostelería, donde el 75% de los nuevos afiliados fueron extranjeros, junto al comercio, con un 72% y la construcción, con un 65% –porcentaje, no obstante, muy inferior al 90% del año anterior–, además del sector agrícola, donde cae el empleo total, pero aumenta el extranjero.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Las entrañas del ciclo expansivo

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Tras batir la barrera simbólica del 10% de tasa de paro, la economía española afianza su buen momento con una aceleración del ritmo de crecimiento en el último trimestre del año pasado. En el conjunto del ejercicio, el PIB habrá avanzado un 2,8%, el doble de la media de la eurozona. Incluso descontando el aumento de la población, fruto del fenómeno migratorio, el avance del PIB per capita –variable que mejor aproxima el progreso material del país— se habrá acercado al 2%.


¿Es sostenible el ciclo expansivo? La cuestión sigue siendo debatible, si bien en este plano también hay buenas noticias. Uno, porque el motor interno funciona a pleno rendimiento pese a la desaceleración del consumo público, variable esta última que lideró el inicio del ciclo expansivo y cuya aportación es ahora limitada. Dos, el consumo privado y la inversión han tomado el relevo del gasto corriente de las administraciones. Destaca la inversión residencial, la más relevante para abordar el grave déficit de vivienda que asola nuestra sociedad. Y tres, los socios europeos levantan cabeza, incluso Alemania empieza a dar señales de recuperación, de modo que los mercados europeos –principal destino de nuestras exportaciones– podrían salir de su letargo y así compensar los aranceles y otras turbulencias globales.

De manera general, la economía se ha diversificado, lo que ha traído consigo una menor dependencia de los sectores tradicionales como el turismo y el ladrillo. Sorprende el dinamismo de las ventas en el exterior de servicios no turísticos (consultoría, servicios profesionales tecnológicos y financieros, logística, etc.), con un avance a doble dígito. Y el bucle de creación de empleo, consumo e inversión de los hogares ha ganado tracción, compensando el menor impulso de la política fiscal y su corolario de reducción del déficit público. La prima de riesgo está en mínimos.

Persisten, no obstante, grandes desafíos, la debilidad de la productividad siendo el más relevante: el PIB por hora trabajada se incrementa a un ritmo ligeramente superior a la media del anterior ciclo expansivo (con una subida del 0,6% en los tres últimos años en términos promedios, apenas una décima más que en el periodo 2015-2019). Sigue siendo el caso que la economía crece a base de sumar mano de obra, y en menor medida por mejoras de eficiencia. Este modelo, por su estrecha dependencia de la incorporación de nueva fuerza laboral, tiene el inconveniente de tensionar las infraestructuras, desde la sanidad al transporte de cercanías, pasando por la red eléctrica. También pone de manifiesto el déficit de vivienda y aviva la sensación de desconexión entre la macroeconomía y el día a día de la ciudadanía.             

La pérdida de competitividad es otra tendencia que evidencia
las limitaciones de la actual pauta de crecimiento. La inflación supera la
media europea, lo que trae consigo un encarecimiento relativo de los costes de
producción, erosionando la ventaja competitiva de la que bebe el momento dulce
de la economía española. Las importaciones se han disparado, al tiempo que las
exportaciones de bienes se estancan y que desciende la inversión directa
extranjera. Dicho de otra manera, el motor exterior ya no sostiene el
crecimiento, si bien no hay nada que temer en lo inmediato, a tenor un superávit
externo sostenido por los servicios.

Con todo, el buen dato de PIB prefigura una revisión al alza
de las previsiones de crecimiento para este año. De momento no se vislumbran
graves desequilibrios macroeconómicos, contrariamente a lo que ocurrió en todos
los anteriores ciclos expansivos desde la entrada en las instituciones europeas.
En esta ocasión el eslabón débil radica en la dificultad para acometer las reformas
necesarias para elevar la productividad, repartir sus beneficios y desatascar
la inversión empresarial. La oportunidad está en la economía, y el factor
limitativo en la falta de consenso político.   

INMIGRACIÓN | La llegada de población extranjera se ha acompañado de una mejora del bienestar material, medido por el PIB per capita. Desde 2019, la población total se ha incrementado un 4,7%, más del doble que en el resto de la eurozona, un diferencial que se explica únicamente por la inmigración. En el mismo periodo, el PIB per capita ha avanzado un 5,1%, es decir, siete décimas por encima de la media europea, gracias a la relativamente rápida incorporación de la mano de obra extranjera en el mercado laboral español.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La tasa de abandono educativo en España cae al 12,8% en 2025, pero persisten los retos para alcanzar el objetivo europeo de 2030

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El Ministerio de Educación acaba de actualizar el dato de la tasa de abandono escolar temprano en España, que se sitúa en el 12,8% en 2025.


Esta tasa mide el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que no han completado la educación secundaria superior y no siguen ningún tipo de formación. El Ministerio destaca en su nota «el distinto comportamiento que ha tenido este indicador en año 2025 para los hombres, aumentando ligeramente, 0,2 p.p., mientras que para las mujeres ha continuado su descenso, -0,5 p.p». La evolución media para ambos sexos confirma la tendencia descendente –aunque a un ritmo cada vez más moderado en los últimos años– iniciada tras el máximo histórico del 32,2% en 2004. Aún así, España sigue situándose entre los países con mayor abandono escolar de la Unión Europea, solo por detrás de Rumanía, y aún lejos del objetivo europeo del 9% fijado para 2030.

El abandono escolar continúa siendo un fenómeno profundamente desigual desde el punto de vista social. La probabilidad de abandono es mucho mayor cuando la madre solo ha completado la educación primaria frente a aquellos jóvenes cuyas madres cuentan con estudios superiores. Asimismo, los varones y los jóvenes de origen inmigrante presentan tasas de abandono significativamente más elevadas, lo que refleja la persistencia de brechas educativas asociadas al origen socioeconómico y al género.

Las consecuencias del abandono escolar trascienden el ámbito educativo y tienen un impacto económico y social relevante. Los jóvenes que no completan la educación secundaria superior presentan mayores tasas de desempleo, menor estabilidad laboral, menores ingresos a lo largo de su vida y un mayor riesgo de exclusión social. A nivel agregado, el abandono educativo temprano se asocia con menor crecimiento económico, menor recaudación fiscal y mayor gasto social, además de peores resultados en salud y participación social.

La dificultad para reducir la tasa de abandono por debajo del umbral del 12% sugiere que las políticas aplicadas hasta ahora, aunque efectivas, resultan insuficientes para abordar los factores más persistentes del fenómeno. Por ello, Funcas subraya la necesidad de una estrategia integral, que combine medidas educativas, sociales y laborales. El esfuerzo coordinado entre centros educativos, familias y administraciones públicas será clave para consolidar la tendencia descendente observada en los últimos años y acercar a España al objetivo europeo.

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La economía, nuevo aliado ante Trump

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Una vez más, el presidente Trump parece haberse retractado. El giro narrativo ha coincidido con el envío de tropas europeas al territorio ártico y el anuncio por Bruselas de una batería de aranceles en represalia al intento de anexión de Groenlandia. Pero estos factores no han sido los más determinantes, ya que pesan poco frente a las asimetrías de poder y a la tenaz fragmentación europea que entorpece cualquier decisión.

Son los mercados los que, al igual que ocurrió después del llamado día de la “liberación”, han actuado como cortafuegos para doblegar el unilateralismo de la primera potencia mundial. Esta semana se multiplicaron las señales inequívocas de un conato de sacudida financiera: depreciación súbita del dólar, caída de Wall Street y, de manera coincidente, pérdida de confianza de los inversores en relación a la calidad de la deuda del Tesoro norteamericano. 

Semejante llamada de atención ha motivado que EE. UU. se alejara de las soluciones más radicales, abriéndose a negociar. Sin embargo, el conflicto no ha desaparecido y el desenlace es todavía incierto, pero sus entresijos aportan lecciones relevantes para la política económica europea y española.

En primer lugar, es ya una evidencia que la estabilidad financiera de EE. UU. depende de la buena voluntad de los ahorradores extranjeros, entre los que destacan los europeos. El volumen acumulado de recursos invertidos por Europa en los mercados financieros de la principal potencia mundial, o posición de inversión en cartera, supera los 7,2 billones de euros, es decir, casi el 46% del PIB de la eurozona. La cartera española, aun no siendo la principal, se eleva a 127.000 millones. En sentido inverso, la entrada de inversión en cartera procedente de EE UU no llega a los 4 billones de euros, de modo que la posición neta es de 3,2 billones a favor de Europa. Este saldo netamente favorable, revelador de la dependencia del exterior para financiar la enorme bola de deuda pública que se acumula del otro lado del Atlántico, ha aflorado como una palanca eficaz para constreñir la acción del ejecutivo republicano.


Ahora bien, y esta es una segunda lección, no hay que sobreestimar nuestra capacidad disuasoria en materia financiera, ya que Europa adolece de una situación de exceso de ahorro frente a la debilidad de la inversión: por definición, este desequilibrio trae consigo una salida de capital hacia otros lugares. Por tanto, el problema de fondo radica en la falta de inversión y de dinamismo del bloque comunitario, algo que no se soluciona con los desvaríos de EE. UU. A falta de iniciativas y de reformas que potencien la inversión tanto a nivel europeo como en cada país –también en España— seguiremos perdiendo ahorro de manera inexorable. Ahondando más, la debilidad de la inversión procede sobre todo del sector privado ya que el público ha incrementado su aportación, particularmente en España.

La salida de inversión directa
extranjera es otro síntoma del desequilibrio. El volumen de activos productivos
acumulados por las empresas europeas en territorio norteamericano supera ya los
3 billones de euros, frente a 2,6 billones en sentido inverso, de modo que la
posición neta equivale al 2,2% del PIB comunitario. La misma situación de
salida de inversión directa prevalece en España, con una posición neta incluso
mayor, del 3,2% del PIB. En otras palabras, Europa invierte más en el tejido
productivo de la primera potencia mundial de lo que recibe.

De momento, ni los aranceles
de Trump ni el dique de contención de los mercados han alterado esta tozuda realidad.
La buena noticia es que la economía española resistir bien en un contexto
geopolítico tan complejo. La dificultad sigue estando en la falta de consenso
para afrontar los desafíos internos y reforzar la respuesta europea ante un
sistema multilateral moribundo.

BALANZA | El superávit de las cuentas externas españolas se mantiene, pese a la acumulación de adversidades como la guerra arancelaria, la languidez del mercado europeo o el deterioro de la competitividad que entraña el diferencial de inflación frente a la zona euro. La balanza por cuenta corriente –que registra la diferencia entre los ingresos procedentes del exterior y los pagos—arrojó un saldo positivo hasta octubre cercano a 47.000 millones de euros, siendo esta la mejor cifra para este periodo de la serie histórica. El sólido superávit de los servicios turísticos y no turísticos ha sido un factor clave en este resultado.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Europa, entre la simplificación regulatoria pendiente y la oportunidad estratégica

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Enrico Letta y Mario Draghi lo dijeron claro en sus informes sobre el futuro económico de Europa: el mercado único se había quedado a medio camino y la burocracia era un lastre para la competitividad. Letta defendía que el mercado interior debía completarse con reformas jurídicas y sectoriales que eliminasen las fronteras normativas entre los Estados. Draghi fue aún más explícito. Europa necesitaba “pensar a escala continental” para competir con Estados Unidos y China. Ambos coincidían en la necesidad de simplificar, integrar y escalar. Sus propuestas abarcaban desde la creación de un código mercantil europeo hasta la aceleración de la unión de los mercados de capitales, pasando por la reducción de las cargas regulatorias que frenan la innovación. Los dos informes advertían de un riesgo estructural, la fragmentación. Mientras EE. UU. y China concentran inversión, capacidad tecnológica y poder financiero en marcos regulatorios más ligeros y unificados, la UE se enfrenta a un mosaico de reglas nacionales –además de las panaeuropeas– que multiplican los costes y debilitan la competitividad.

Este año, la UE ha comenzado a transformar en política algunos de esos diagnósticos. En el recientemente publicado 2025 annual progress report on simplification, implementation and enforcement (Informe anual de situación de 2025: simplificación, aplicación y ejecución) se enumeran seis paquetes legislativos de simplificación (omnibus) y una estimación de 8.600 millones de euros en ahorro de costes administrativos recurrentes.



No te pierdas la jornada virtual titulada Unidad de mercado y competitividad: superando la fragmentación regulatoria en Europa y España, que celebra Funcas el próximo 20 de noviembre.

Por primera vez la simplificación se aborda como un objetivo estructural, no como una tarea secundaria. “Una Unión más audaz, más simple y rápida” es el nuevo lema. En paralelo, la nueva iniciativa sobre la “Unión de ahorros e inversiones” busca integrar los mercados de capital europeos, eliminar obstáculos legales en los servicios financieros y facilitar la inversión transfronteriza. También el BCE reconoce que aún existen fuertes barreras en el post-trade (liquidación y compensación de valores) y en la armonización de los derechos de los inversores, pero admite avances en la coordinación entre supervisores y en la aceptación política de una mayor cesión de competencias a nivel europeo. El Single market scoreboard 2025 (Cuadro de mando del mercado único 2025) muestra mejoras en varios indicadores de cumplimiento, aunque persisten diferencias notables entre Estados miembros. Dos tercios de las empresas encuestadas siguen señalando la carga regulatoria como un obstáculo clave, pero la tendencia general parece positiva. Por primera vez desde 2018, el porcentaje de legislación del mercado único correctamente transpuesta supera el 95%.

Pese a estos progresos, la implementación continúa siendo más lenta de lo deseado. La mayoría de los obstáculos son estructurales. Por ejemplo, la gobernanza europea exige consenso o mayorías cualificadas, lo que ralentiza las reformas más ambiciosas. Los Estados miembros temen perder autonomía regulatoria o capacidad fiscal y, en consecuencia, prefieren soluciones intergubernamentales que diluyen la eficacia. El resultado es que, hasta ahora, proyectos como la unión bancaria están ina­cabados, por el estancamiento de unos de sus pilares, el seguro común de depósitos. La fragmentación normativa en materia de insolvencias o fiscalidad mantiene a las empresas operando en 27 minimercados. Se ha avanzado bastante en diagnóstico y algo en voluntad política, pero aún carece de instrumentos ágiles de ejecución.

A esto se suma un problema de escala empresarial y tecnológica: las compañías europeas, en promedio, son más pequeñas que sus equivalentes estadounidenses o chinas, lo que reduce su capacidad de inversión en I D, digitalización y sostenibilidad. Sin una unión real de los mercados de capitales que facilite la financiación para crecer, las empresas europeas seguirán enfrentando un techo de cristal estructural.

Por otro lado, la precaución regulatoria europea –que prioriza la estabilidad, la protección del consumidor y el equilibrio social– hace que los procesos legislativos sean más largos y revisados. Esta actitud, a menudo vista como debilidad frente a la agilidad estadounidense, es también una expresión del modelo social europeo. Por último, la multiplicidad de idiomas, sistemas jurídicos y marcos fiscales genera inercias difíciles de desmontar. La simplificación exige centralización, pero la UE aún opera con una lógica de competencias compartidas, no plenas.

La necesidad de esa simplificación administrativa e integración de mercados en la UE es evidente y una apuesta decidida por ello puede traer más beneficios de los inicialmente pensados, precisamente por esa idiosincrasia prudente del Viejo Continente. En un contexto de repolarización global, de proteccionismo y guerras comerciales y de una desregulación tecnológica y financiera llena de riesgos en Estados Unidos y otros países, la cautela europea puede convertirse en fortaleza si a la vez se logra un entorno menos intervencionista y más business-friendly en Europa. Este entorno más exigente limita ciertos excesos –por ejemplo, la especulación financiera sin respaldo o la explotación descontrolada de datos– que podrían desestabilizar economías en momentos de volatilidad. Mientras en EE. UU. la innovación tecnológica y financiera avanza bajo un principio de “libertad hasta que haya un problema”, Europa ha optado por un modelo de prevención y equilibrio.

En suma, en un mundo tan convulso, esa estrategia puede dar frutos: un sistema financiero más sólido, una transición digital más ética y un entorno de inversión más predecible. El valor de la confianza y la estabilidad institucional no es menor. La Unión Europea no solo debe aspirar a ser más eficiente, sino también a convertir su cautela en una ventaja estratégica. En la era de la inteligencia artificial, la digitalización financiera y los conflictos geopolíticos, esa combinación de prudencia regulatoria y ambición reformista –si logra sus objetivos de competitividad– podría ser el activo más valioso de Europa.

Una versión de este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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Balance preliminar del impacto del arancel de Estados Unidos sobre las exportaciones españolas

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A principios de agosto se aprobó el pacto comercial entre EE. UU. y la UE, en virtud del cual los productos europeos son grabados con un arancel general del 15%. Ya se dispone de las cifras de comercio exterior correspondientes a dicho mes, lo que nos permite obtener una primera impresión del impacto del mismo.

En el conjunto de la UE se observa un efecto adelanto de las ventas hacia EE. UU. (es decir, una anticipación de los envíos transatlánticos, con anterioridad a la imposición de los aranceles) que, sin embargo, en el caso de España, no está claro. Así, en el primer trimestre de 2025 las exportaciones europeas hacia EE. UU. aumentaron un 35% con respecto al mismo periodo del año anterior, crecimiento que en los meses posteriores se ralentizó, convirtiéndose en una caída del 22% en el mes de agosto. En contraste, las exportaciones españolas han presentado un desempeño más débil, con caídas en prácticamente todos los meses del año, que se agudizan en agosto, mes en el que el descenso fue del 30% (gráfico 1). 


En el acumulado del año hasta agosto, se registra una caída interanual del 8,7% de las exportaciones españolas a los EE. UU., frente a un crecimiento del 9% en el caso de las europeas. El total de exportaciones españolas a todo el mundo se ha comportado mejor, aunque no han sido especialmente dinámicas, registrando en el acumulado del año un avance interanual de tan solo el 0,3% (en el caso de Europa el contraste es aún mayor, con un descenso de sus exportaciones mundiales del 3,6%).

En la caída de las exportaciones acumuladas de enero a agosto a EE. UU. han tenido mucho peso las ventas de combustibles, con fuertes descensos todos los meses del año, junto a los productos químicos. También ha mostrado protagonismo la caída de las ventas de aceite, pero en este caso el descenso ha estado muy influido por la bajada del precio del producto, ya que sus exportaciones medidas en toneladas registraron un crecimiento. De manera similar, las ventas de vino han sufrido caídas –tanto en euros como en toneladas– aunque tienen poco peso sobre el total de exportaciones al país americano. Por el contrario, las exportaciones de maquinaria y bienes de equipo se han comportado más favorablemente. Otro producto a destacar son los medicamentos, cuyas exportaciones han crecido en el conjunto de enero-agosto, tanto en euros como en volumen.

Tal y como se ha mencionado, en el conjunto de las exportaciones a EE. UU. no se observa un efecto adelanto claro, aunque en algunos componentes de las mismas sí que parece haber una caída importante en su valor económico, pero no tanto en volumen. En el gráfico 2 se muestra el comportamiento de tres de los productos más relevantes: medicamentos, vino y aceite de oliva. En los dos primeros no parece haber un efecto adelanto de las ventas a los meses anteriores si se analizan los datos en toneladas, mientras que, en el aceite, sí podría existir este efecto. Cabe mencionar que en el caso de los medicamentos los exportadores podrían haber reducido precios en el mes de agosto, absorbiendo el impacto del arancel total o parcialmente, para mantener el volumen de ventas, ya que sus exportaciones sufren una caída en valor monetario, pero se incrementan en volumen.


En suma, en términos generales, las exportaciones se han resentido del actual contexto de guerra comercial. En algunos sectores, la evolución parece haber sido menos negativa que en otros, tal vez porque los exportadores han ajustado sus márgenes para no perder competitividad, pudiendo así mantener el volumen de los envíos. Con todo, es pronto para detectar tendencias, ya que los datos están muy influidos por el calendario de las medidas arancelarias, de modo que habrá que esperar a meses posteriores para poder realizar un análisis más completo del impacto.

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La inversión extranjera, desilusión o pausa

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El ciclo expansivo de la demanda interna impulsa la economía española hasta nuevos hitos en el ranking del Fondo Monetario Internacional, al tiempo que se multiplican las alertas del lado del motor externo. Aparte del frenazo de las exportaciones, también se constata un fuerte descenso de la entrada de capital extranjero en el tejido productivo español, factor que hasta hace poco había sido, junto con el superávit de nuestros intercambios con el resto del mundo, uno de los principales baluartes de la robustez del crecimiento. 

La creación de empresas en España o la ampliación de la capacidad existente –es decir, la inversión extranjera directa– son decisiones de agradecer, siempre y cuando estas operaciones respeten las reglas de la competencia y no generen oligopolios. Por eso es relevante que España recibiera más de 51.000 millones de euros cada año en el último trienio en inversión extranjera directa, una cifra que en proporción al PIB supera a las otras grandes economías de nuestro entorno. 

Pero los datos más recientes apuntan a una tendencia menos amable: en el primer semestre, la entrada de inversión directa extranjera descendió un 36% en relación a un año antes, una caída que se explica por la menor aportación de capital procedente de la Unión Europea. Los flujos de entrada de capital no europeo, por su parte, tienen un comportamiento volátil sin que se desprenda una tendencia clara. Incluso se detecta un mayor interés de los inversores norteamericanos, desafiando de momento el discurso proteccionista de la Administración Trump.


Frente al menor apetito inversor de los europeos, las empresas españolas siguen siendo relativamente proclives a invertir fuera de nuestro país. El volumen de las exportaciones de capital productivo que realizan las empresas españolas hacia otros destinos, o salidas de inversión extranjera directa, asciende a 55.000 millones, prácticamente lo mismo que el año pasado (comparando el primer semestre de cada ejercicio, con datos anualizados). El resultado procede de un incremento de las salidas hacia la UE, que se compensa con un descenso de las salidas hacia destinos no europeos. 

La tónica general es, por tanto, de pérdida de capital productivo, lo que significa que una parte del ahorro generado por la economía española acaba invirtiéndose en las empresas de otros países. Concretamente, el volumen de capital productivo exportado ascendió a 26.000 millones de euros en el primer semestre (diferencia entre las entradas y las salidas de inversión extranjera directa, siempre con datos anualizados). En sus últimas previsiones, el FMI anticipa que esta pauta se mantendrá en los próximos dos años, con salidas netas incluso ligeramente superiores a las registradas en este ejercicio. 

Conviene evitar interpretaciones precipitadas. No estamos asistiendo a una fuga de capitales sino a una menor entrada de inversión directa, algo que podría leerse como una consolidación de su presencia en España, y no una pérdida de competitividad (la balanza por cuenta corriente sigue arrojando excedentes ingentes). Por otra parte, la mayor presencia de empresas españolas en otro país puede ser de gran ayuda para reconfigurar las cadenas de suministro, algo imprescindible en un momento complejo de transformación de la globalización. En todo caso, la economía española sigue trasladando buenas sensaciones, a tenor del descenso de la prima de riesgo, prueba de la confianza. 

Pero el problema de fondo sigue siendo la debilidad de la inversión empresarial, variable que se sitúa todavía por debajo de los niveles anteriores a la pandemia, descontando la inflación. Y es que el fenómeno de exportación de capital productivo se debe principalmente a la falta de proyectos de inversión privada en territorio español. El avance notable del gasto en infraestructuras públicas o de las ayudas europeas no han bastado para desatascar la inversión de las empresas, esa asignatura pendiente y nudo gordiano de un crecimiento sostenido. 

INVERSIÓN | España comparte con Alemania e Italia la posición de salida neta de capital productivo, que se produce cuando las salidas de inversión directa extranjera son de un volumen superior al de las entradas. El monto de las salidas netas asciende a 33.000 millones en Alemania y 8.000 millones en Italia (con datos del primer semestre de este año, en términos anualizados). Francia conoce la posición inversa, con una entrada neta de 24.000 millones, apuntando a una cierta fortaleza del sector privado frente a los aprietos que se ciernen sobre la hacienda pública gala.  

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Las señales financieras de Francia

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Desde las elecciones legislativas de junio de 2024, Francia se ha visto sumida en una inestabilidad institucional profunda con una ausencia de una mayoría clara que ha convertido al Parlamento en un espacio de tensiones constantes entre bloques contrapuestos. El Ejecutivo ha encadenado gobiernos breves de Michel Barnier, François Bayrou y Sébastien Lecornu que han caído por no poder proponer presupuestos viables. Lecornu ha recibido dos oportunidades esta semana para formar gobierno, pero la incertidumbre política sigue en máximos. El país galo no es el único ejemplo, pero sí el más notorio. Estados Unidos, Reino Unido, Italia o España son otros casos, aunque el alcance de los problemas sea diferente. Quizás el Reino Unido es el más similar y curiosamente el que más se “contagia” de Francia a través de las tensiones financieras de la deuda pública. Su primer ministro Keir Starmer está bajo una presión constante casi insoportable por errores propios y las malas decisiones de anteriores gobiernos durante la última década. Los países que no son capaces de gestionar el día a día son los que más sufren las consecuencias, también en los mercados de capitales, que dudan de su solvencia y viabilidad financiera. Aviso para navegantes, como es el caso de España, con altas tasas de crecimiento del PIB, pero que no parece suficiente para continuar gestionando el día a día de los próximos años al no estar resolviendo, hasta ahora, problemas estructurales como el de la falta de presupuestos, el acceso a la vivienda o el futuro de su competitividad que pueden cambiar en el medio plazo como la perciben los mercados. 

En Francia el detonante más evidente ha sido el bloqueo del proyecto de ley de presupuesto del Estado. Tras muchos años procrastinando con las reformas, el país galo precisa con urgencia de ajustes considerables para contener el déficit público. Eso sí, chocando, y de qué manera, con la resistencia política y social.  Esa parálisis política ha llevado al Ejecutivo a recurrir a leyes de emergencia o mecanismos extraordinarios para mantener el funcionamiento del Estado sin las reformas estructurales deseadas. Modelo de funcionamiento que ya no convence a los mercados, y que sitúan la prima de riesgo en máximos anuales (en torno a 85 puntos básicos respecto al bono alemán), muy elevada para un país que apenas crece y no reforma. El mercado ha olido sangre, además, de una enfermedad enquistada, y las consecuencias son imprevisibles. 

La crisis francesa no es solo un asunto interno. Para Europa, el riesgo reside en que se desencadene un efecto dominó financiero, tensionando los mercados de bonos soberanos (sobre todo de países con deuda elevada como Italia, Portugal o España), exigiendo una posible intervención del BCE y renovando dudas sobre la viabilidad de la eurozona frente a shocks internos. Un escenario que nadie desea pero que vuelve a sobrevolar el Viejo Continente.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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Pobres avances al año del informe Draghi

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Hace poco más de un año, dos informes de gran calado sacudieron el debate económico europeo: el de Mario Draghi, ex presidente del BCE, y el de Enrico Letta, ex primer ministro italiano. Ambos textos coincidían en un diagnóstico claro: la Unión Europea necesita un salto cualitativo para afrontar la competencia global, reforzar su soberanía económica y modernizar sus estructuras productivas. Sin embargo, doce meses después, el balance es desalentador. El informe de Draghi advertía de la urgencia de acometer una verdadera estrategia industrial europea, capaz de reducir la dependencia tecnológica y energética. El de Letta ponía el foco en el mercado único, subrayando que sin completar su integración en ámbitos como la energía, las telecomunicaciones o los servicios financieros, la UE quedaría rezagada frente a Estados Unidos y China. Ambos documentos planteaban un mensaje común: Europa debe pensar en grande y actuar con rapidez.

Como cabía esperar, la reacción inicial fue positiva. Las instituciones comunitarias y numerosos gobiernos reconocieron la relevancia de lo que se proponía. Se multiplicaron los discursos a favor de una agenda industrial común, de la autonomía estratégica y de una mayor inversión en innovación. Sin embargo, el paso de las palabras a los hechos ha sido mínimo. Las razones de esta parálisis son varias. Por un lado, la fragmentación política ha frenado los consensos. El Parlamento Europeo saliente y la renovación de la Comisión Europea han hecho que las prioridades se diluyan en la transición institucional. Por otro, los Estados miembros siguen divididos entre los que defienden un mayor intervencionismo comunitario y los que se resisten a mutualizar riesgos o ceder soberanía económica.

El resultado es que la UE sigue igual de lejos de un verdadero presupuesto para financiar, entre otras cosas su transición tecnológica y energética, más allá de los fondos extraordinarios del Next Generation EU, cuyo impulso se agota. Tampoco se han dado pasos firmes en los proyectos estratégicos como semiconductores o IA. Draghi alertaba de que la ventana de oportunidad era reducida: o Europa se reindustrializa y fortalece su mercado interno, o verá erosionada su capacidad de influencia global. Y Letta subrayaba que sin completar el mercado único en sectores estratégicos, las empresas europeas no podrán competir con suficiente escala con sus rivales globales, EE. UU. y China, que durante este año han consolidado su liderazgo aún más. Ambas advertencias siguen plenamente vigentes, pero las respuestas políticas han sido tímidas.

La UE necesita más que nunca decisiones audaces: una política industrial común, un presupuesto a la altura de sus ambiciones y una gobernanza que permita actuar con mucha más rapidez. El tiempo continúa corriendo casi a velocidad de vértigo sobre todo en tecnología y la inacción se convierte en un lujo que Europa no puede permitirse.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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