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La pérdida de poder adquisitivo y su significado

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Revisión al alza de las previsiones de crecimiento, tirón del empleo… las cifras macroeconómicas confirman el momento dulce de la economía española desde una perspectiva agregada. Y, sin embargo, las encuestas cualitativas dibujan un panorama más complejo, con matices relevantes para la política económica. Según el Eurobarómetro del otoño pasado, casi la mitad de los europeos consideran que su nivel de vida se ha deteriorado en el periodo reciente, sin que se vislumbre un cambio de tendencia en los próximos años. En el caso de España el porcentaje de opiniones pesimistas es algo mayor y en Francia roza dos de cada tres personas encuestadas.   

Las percepciones individuales pueden ser volátiles, pero también se sustentan en una realidad ineludible: el brote inflacionario ha erosionado el poder adquisitivo entre amplias capas de la sociedad. En el bienio 2021-2022 marcado por la escalada del IPC, la remuneración media por asalariado retrocedió casi un 5,5% en términos reales, y la recuperación posterior ha sido incompleta. De modo que hoy por hoy el salario medio se sitúa prácticamente en el mismo nivel que en los albores de la crisis financiera (y apenas un 5% por encima de donde estaba a inicios de siglo, siempre en términos reales). El consumo per capita también se ha desplomado en relación a la situación anterior a la pandemia, acentuando la sensación de empeoramiento de las condiciones materiales.


En los otros grandes países europeos el recorte ha sido incluso más pronunciado, explicando el malestar que se ha extendido en la opinión pública a través de todo el continente acerca de la capacidad de los gobiernos —y de la propia Unión Europea— para mejorar el día a día.

La pérdida de poder
adquisitivo como consecuencia de la inflación no ha sido uniforme, afectando
con especial ahínco a las clases populares, por el peso de algunos de los
componentes más inflacionarios como la alimentación, la electricidad o los
alquileres. No debería sorprender que los colectivos con bajos ingresos
consideren la recuperación de la capacidad de compra de sus ingresos como la
principal de sus preocupaciones, según diferentes estudios de la Fundación de
Dublín. Por su parte, las rentas altas manifiestan una mayor preferencia por
otras cuestiones, como la reducción de jornada.

Ahora bien, la erosión del
poder adquisitivo de los trabajadores que han mantenido su puesto de trabajo
durante estos años contrasta con la mejora del millón y medio de personas que
se han incorporado al empleo (mayormente parados, jóvenes o inmigrantes). Es
decir, hay más ocupados, pero cada uno de ellos tiende a ganar menos, una vez descontada
la inflación. Esta constatación explica la contradicción aparente entre los
resultados macroeconómicos, respaldados por el ensanchamiento del mercado
laboral, y por otra parte la sensación individual de deterioro del nivel de
vida.

Con todo, la política
económica se enfrenta a la necesidad de mantener el dinamismo del mercado
laboral, y a la vez atender las expectativas de mejora de los ingresos de un
amplio espectro de la población, y no solo entre los colectivos más
desfavorecidos. Hasta tiempos recientes, el foco de atención se centraba en el
empleo de los trabajadores con bajos niveles de ingresos, los más afectados por
la globalización y un proceso de cambio tecnológico sesgado en detrimento del
trabajo poco cualificado. Algunos países como Alemania o Reino Unido habían logrado
desplegar políticas efectivas a este respecto.

El momento actual, caracterizado por una pérdida cuasi generalizada de poder adquisitivo y un cambio tecnológico disruptivo para todo el mundo del trabajo, plantea un desafío más profundo. El problema de fondo radica en la debilidad de la productividad, que a su vez refleja la insuficiencia de las políticas que funcionaron bien en un contexto global que ha cambiado radicalmente. De momento, ningún país europeo parece haber encontrado la fórmula mágica.

IPC Y SALARIOS | Según el indicador adelantado del INE, el IPC se incrementó en junio un 3,4% en términos interanuales, cifra que coincide con la previsión de Funcas. Este dato lleva la subida acumulada del índice, desde que se inició el brote inflacionario en el primer trimestre de 2021, hasta el 18,8%.  Durante el mismo periodo, se estima que la remuneración media por asalariado —una variable que proviene de las cuentas nacionales, incluyendo los salarios directos y otros costes laborales— se ha revalorizado un 14,4%, es decir 4,4 puntos menos que el IPC. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Nuevos tiempos monetarios y económicos para la Unión Europea

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La última semana ha abierto una nueva etapa en la Unión Europea con un nuevo Parlamento Europeo, Traerá cambios políticos y otra agenda económica con renovadas prioridades. Por otro lado, el Banco Central Europeo (BCE), en su reunión del pasado jueves 6 de junio, decidió una bajada de 25 puntos básicos en los tipos de interés, y se dio el pistoletazo —aunque con algún matiz— a un cambio en la estrategia monetaria para los próximos meses. Un alivio desde la perspectiva de los costes financieros. Un regalo de bienvenida a los nuevos representantes políticos europeos, quienes, si nada se tuerce, podrán comenzar su andadura con unas condiciones monetarias más benignas.

Redunda en ese papel integrador tan relevante del BCE desde 2012. Al finiquitar, con su intensa actuación en la compra de bonos, las tensiones sobre las deudas soberanas de las postrimerías de la crisis financiera global, la política monetaria del BCE pasó a ser la principal acción pública integradora y engrasó el motor para otras decisiones en la agenda europea. Eliminar tensiones facilita la consecución de las políticas deseadas y en eso el BCE ha hecho un buen trabajo desde 2012. Por cierto, la nueva legislatura europea se cruza con el BCE en el proyecto del euro digital, que debería de ver la luz en este periodo, aunque todavía existen interrogantes sobre el éxito en su uso si finalmente se implementa.

Prematuro aventurarse sobre la dirección que tomará la hoja de ruta económica de los nuevos Parlamento y Comisión Europea. Las personas importan y la lista de nombres que componga la Comisión será determinante. Se pueden pronosticar algunos cambios. La moderación en la velocidad de la transición energética parece uno de ellos, sobre todo tras las protestas de sectores relevantes, como los agricultores. La evidencia acumulada de que el actual modelo de transición verde está imponiendo más costes a la actividad productiva europea que a la de otros bloques (EE UU, China) probablemente conducirá a una ralentización del alcance de los objetivos de sostenibilidad.

Vienen además años en los que Europa se juega mucho en el ámbito industrial. La UE está descolocada ante la fortaleza norteamericana y china. Parece urgente reaccionar y ser proactivos para no perder el tren tecnológico de futuro. Seguir sin una hoja de ruta tecnológica clara no es opción, salvo que se desee depender de terceros y se renuncie a las grandes ventajas de nuevas actividades económicas, basadas en tecnología, sobre todo la inteligencia artificial (IA).

Especial preocupación genera el posicionamiento en un producto estratégico como los automóviles eléctricos. La tentación por subir los aranceles a los productos chinos, por ejemplo, tomó cuerpo el miércoles en Bruselas, aunque difícilmente logrará frenar el tsunami que esas importaciones tan competitivas pueden suponer.

En esa agenda para los próximos cinco años, el denominado Informe Letta, publicado recientemente, ayudará a la reflexión, filosofías y acciones a seguir por parte de los decisores de la UE. Su gran mensaje: reformar el mercado europeo como única alternativa al declive del continente. El informe aboga sin tapujos por la integración de los mercados financieros, energéticos y de telecomunicaciones. Mantener la inercia actual sería perjudicial.

La unión de esos mercados no es una idea nueva. 32 años después de la creación del Mercado Único, es una cuestión de urgencia. Es necesario ganar dimensión. La UE está perdiendo peso específico y cada vez es un mercado más pequeño. No son solamente Estados Unidos y China: otros países grandes como India o Brasil juegan un papel creciente en detrimento de la UE, que ahora representa el 13,3% del PIB mundial. La influencia económica de sus 440 millones de consumidores, aun siendo relevante, ya está sobrepasada por China e India e incluso EE UU, aunque tenga menor población.

Enrico Letta aboga por cambiar las restrictivas reglas europeas sobre fusiones para facilitar ese proceso de integración de mercados. Ha habido excesivas resistencias nacionales a la formación de campeones europeos que puedan competir a escala global. Hace falta visión y ambición en los nuevos equipos que liderarán la UE hasta 2029, pero es en este periodo donde se notarán más las desventajas de no actuar decididamente y las ventajas de apostar por una mayor escala de operaciones en Europa. Por ejemplo, la IA no va a esperar a nadie, y ahí la escala es determinante. También será muy importante la regulación de IA que se implante en la UE, que deberá hacer verdaderos malabarismos para llegar a un equilibrio en estimular estas actividades tecnológicas, a la vez que se mantienen los principios más garantistas del Viejo Continente.

Por último, lo financiero. Letta estima que hace falta medio billón anual de recursos solamente para la transición verde, que no podrá venir solamente del dinero público —incluso aunque se incremente el presupuesto europeo—, y será necesario atraer fondos privados con suficiencia. Y para ello, el proyecto europeo debe ganar en credibilidad sobre su viabilidad futura en la economía global.

Y esas necesidades financieras comentadas no incluyen otros grandes proyectos europeos de esta legislatura (ampliación de la UE y reforzamiento de la defensa, por ejemplo). Sin duda, la bajada de tipos del BCE —y otras que probablemente vendrán— vienen bien a la hora de obtener esa financiación. Sin embargo, hace falta mucho más que una política monetaria como viento de cola. Son las reformas ambiciosas de largo recorrido, en la línea que apunta Letta, las que harán falta para mejorar el bienestar futuro de los europeos.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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España en el futuro de Europa

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La buena marcha de la economía española en comparación
con la europea no solo evidencia el papel clave de la construcción comunitaria
en el desarrollo de nuestro país. También dibuja una reconfiguración de las
prioridades de la Unión Europea: para España, los temas presupuestarios o el
volumen de transferencias que recibimos importan ya mucho menos que cuestiones
de índole más estratégica, cuando no existencial, parafraseando el reciente
discurso del presidente Macron, refiriéndose a la UE como un proyecto no
necesariamente inmortal.      

La trayectoria reciente de nuestra economía es reveladora de la importancia del mercado único, tanto como del giro político operado en Bruselas estos últimos años. Si el PIB se sitúa un 3,7% por encima del nivel prepandemia, permitiendo la creación de 1,25 millones de puestos de trabajo durante un periodo tan convulso, es en parte por el replanteamiento de la política económica europea tras el desgarro de la crisis financiera. Y también por los buenos resultados cosechados por las empresas españolas en los mercados europeos. El sector exterior, gracias al estímulo de la integración europea, explica directamente el 40% del avance del PIB español registrado desde finales de 2019. La clave está en un posicionamiento competitivo favorable: el año pasado, el saldo de los intercambios de bienes y servicios con la UE arrojó un superávit récord, hasta casi duplicar el excedente de la locomotora alemana, algo también inédito. Por el contrario, Francia e Italia registran un déficit en sus intercambios intracomunitarios.     


Para afianzar estos resultados, hay que aprovechar las circunstancias que permitan sacar partido de la posición competitiva de nuestro tejido productivo. Se trata de atajar la escalada de subvenciones y de ayudas que distorsionan el mercado único, debilitando espuriamente el tirón de las exportaciones.

De manera similar, la promoción de campeones nacionales en cada Estado miembro, no solo fragmenta el mercado único; también lastra la competitividad del conjunto de la economía europea. Las experiencias exitosas muestran por el contrario la importancia de la competencia entre grandes corporaciones como instrumento primordial de política industrial y de sostén del poder adquisitivo de las familias. El informe Letta aboga por la emergencia de potentes operadores europeos que compitan entre sí, y no de gigantes con pies de barro que difícilmente resistirían la competencia con sus homólogos norteamericanos o chinos.   

Para una economía competitiva como la española la movilidad del ahorro debería ser un tema más prioritario que el ensanchamiento del presupuesto europeo. Es preocupante que Europa exporte nada menos que el 13% de los recursos disponibles en el sector privado para invertirlos en el aparato productivo de países terceros, entre los que destaca EE UU. El volumen de estos recursos perdidos supera las necesidades estimadas de inversión o de ampliación de los recursos públicos comunitarios. Para España, sería más provechoso desatascar las barreras a la movilidad del ahorro que obtener un nuevo Next Generation; el actual, en todo caso, todavía tiene mucho recorrido. En suma, la unión financiera no debería dilatarse más. 

La política comercial europea también debe reubicarse. La
guerra arancelaria entre EE UU y China ha debilitado el sistema multilateral,
abocando a acuerdos con otros grandes actores guiados por los intereses
europeos y las normas medioambientales y sociales. Este es también un ámbito en
el que la economía española puede aprovechar sus ventajas de costes
energéticos. Tales acuerdos también pueden incorporar un desarrollo ordenado de
los flujos migratorios, importantes para un continente que envejece y se enfrenta
a cuellos de botella.         

Todo ello configura una estrategia coherente con las
necesidades de la economía española, y al tiempo arraigada en los principios europeos
fundacionales de apertura y cohesión social. Paradójicamente, su puesta en
marcha entraña un esfuerzo presupuestario limitado en comparación con las soluciones
inspiradas en la tentación de retraimiento en las fronteras nacionales.

IPC | El IPC se incrementó un 3,8% en mayo en términos interanuales y armonizados, frente al 2,6% para el conjunto de la eurozona. Por tanto, el diferencial de inflación sigue siendo desfavorable, en parte por factores puntuales como la rápida desescalada de los precios energéticos en Europa (una tendencia que en el caso de España se produjo con anterioridad). Por otra parte, descartando la inflación y los alimentos frescos, el IPC subyacente también supera la media europea, reflejando el dinamismo de la demanda, sobre todo en los sectores más ligados al turismo.       

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El descuelgue europeo con una mirada española

Con
la proliferación de barreras comerciales entre las grandes potencias y la
reorganización de las cadenas productivas propiciada por la sucesión de crisis,
se abre una nueva etapa de la globalización. Y de momento Europa no parece
encontrar la respuesta adecuada al nuevo contexto. Además del declive relativo
de su posición económica en el mundo, la reglobalización exacerba las
disparidades entre los países miembros, y conviene por tanto entender la especificidad
de España ante estos cambios.

Las
señales de un deterioro europeo son inequívocas, si bien no son irreversibles y
en el caso de España se compensan en parte por el buen desempeño de sus
intercambios en el mercado único. Además de un crecimiento anémico, la economía
europea arrastra una pérdida de dinamismo de sus exportaciones. La cuota de
mercado de las empresas europeas en el comercio mundial de bienes se ha
reducido en un punto porcentual en tan solo cuatro años, mientras que EE UU consigue
mantener su posición y China escala 1,5 puntos (con datos de la OMC para 2019 y
2023). Las exportaciones de servicios apuntan a un mejor comportamiento, pero no
compensan la fragilidad de los sectores industriales.

La sensación de desacoplamiento es aún más acusada si nos fijamos en la Inversión Extranjera Directa, con un retroceso notable de los flujos de entrada de capital productivo en las empresas europeas (la desinversión en concepto de IED roza los 100.000 millones en los dos últimos años, contrastando con una entrada media anual de 478.000 millones en el periodo 2015-2019). A la inversa, el capital productivo fluye hacia las otras dos grandes potencias, si bien en el caso del gigante asiático se aprecia un frenazo importante.

G1

No solo la Unión Europea está siendo menos atractiva para la inversión de empresas de países terceros, pero es que además las corporaciones europeas reorientan parte de sus inversiones hacia destinos extracomunitarios. Así pues, comparando los flujos de entrada y de salida de inversión directa, se deduce que Europa se ha convertido en gran máquina de exportación de ahorro para invertirlo en el tejido productivo de los otros bloques comerciales. Este desvío del ahorro europeo se eleva a 2,6% del PIB europeo, siendo esto más o menos el volumen de recursos que necesita la UE, según estimaciones de Bruselas, para adaptar su economía a los grandes desafíos de nuestros tiempos.  

La posición de España respecto de los intercambios extracomunitarios se asemeja a la del conjunto de la UE. Sin embargo, afortunadamente en nuestro caso el deterioro se ha compensado con la mejora competitiva dentro del bloque europeo: las exportaciones ganan peso en el Mercado Único, el saldo de la balanza externa con el resto de la Unión es cada vez más favorable, y la inversión directa en empresas españolas desde otros socios comunitarios se ha afianzado. Prosigue, no obstante, el déficit de inversión nacional, en parte por factores internos, pero también por las incertidumbres del entorno europeo.

Para
España, el riesgo más inmediato proviene de la erosión del Mercado Único
generada por la multiplicación de ayudas de Estado y de otras posibles
iniciativas de aquellos socios comunitarios que se han visto más afectados por
la reglobalización. Pero conviene reconocer que nadie dispone ya de la
masa crítica para salvarse por sí solo: el principal reto radica en la
construcción de una respuesta común a los desafíos globales. La unión
financiera, con una armonización fiscal del impuesto de sociedades, es una
alternativa que facilitaría la reinversión del ahorro europeo. Otra opción consistiría
en la creación un presupuesto común de inversión, siguiendo los pasos del
programa Next Generation pero gestionado desde Bruselas. Las elecciones
europeas son una oportunidad para debatir estas y otras vías de solución ante
un statu quo perjudicial para la economía europea y su modelo social
único en el mundo.

VEHÍCULO ELÉCTRICO | Según la asociación europea de fabricación de automóviles, los vehículos eléctricos o híbridos representaron el 48,1% de las matriculaciones totalizadas en 2023. Prácticamente uno de cada cinco de estos vehículos provenía de China, un porcentaje que podría seguir creciendo a tenor del diferencial de precios, en el entorno del 25%, incluso después de la aplicación a las importaciones de un arancel del 10%. La Comisión estudia la posibilidad de elevar el arancel hasta el 25%. Entre tanto, algunos constructores del país asiático han anunciado proyectos de fabricación en España y Hungría. 

INDICADORES DE COYUNTURA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

Gracias por leer El descuelgue europeo con una mirada española, una entrada de Funcasblog.

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Últimas noticias de la IA: simbiosis y escalabilidad

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La inteligencia artificial (IA) lleva años en muchos foros y conversaciones, pero de forma casi ubicua desde que se popularizaron los chats conversacionales basados en esta tecnología. A pesar de su impacto, es solo una fase temprana de su potencial de desarrollo, en el que el siguiente paso es trascender su papel de mera herramienta para convertirse en una extensión de la mente humana, dando lugar a una era de simbiosis entre humanos y tecnología que promete transformar radicalmente la economía global. No se trata de crear replicantes al estilo Blade Runner, ni de perder la creatividad e iniciativa humana. El concepto de IA simbiótica busca amplificar nuestras capacidades cognitivas y creativas y generar un impacto económico considerable en todas las industrias, donde la escala, como comentaremos más adelante, parece determinante. Es un nuevo salto para una productividad marchita, tan de largo esperado.

En el ámbito económico, la IA simbiótica está revolucionando la forma en que trabajamos y producimos. Imagine un entorno laboral donde los trabajadores están equipados con dispositivos de IA que no solo les ayudan a realizar tareas específicas, sino que también mejoran su capacidad para tomar decisiones informadas y resolver problemas complejos. Incrementa la productividad y abre nuevas oportunidades para la innovación y la colaboración laboral. También asistentes virtuales, como por ejemplo los que trabajarán en estrecha colaboración con profesionales de la salud para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, o los que ayudarán a los inversores a tomar decisiones financieras más inteligentes. La IA es la parte de la actividad productiva que más crece y, por ello, para no quedarse atrás en las futuras fuentes de crecimiento económico y bienestar, hay que embarcarse en su desarrollo.

Si bien ofrece oportunidades emocionantes para mejorar la productividad, la creatividad y la eficiencia en el lugar de trabajo, la IA simbiótica también plantea una serie de riesgos y desafíos que deben abordarse de manera proactiva para garantizar un desarrollo equitativo y sostenible. Es fundamental repensar la educación y la formación laboral para garantizar que los trabajadores estén preparados para los empleos del futuro. También abordar las preocupaciones sobre la concentración de poder económico en manos de unas pocas empresas tecnológicas dominantes, asegurando que la IA simbiótica beneficie a toda la sociedad de manera equitativa. Lo que pasa es que la escala es determinante para este desarrollo y, cuanto más grandes, más potencial hay: una suerte de monopolio natural.

Otro de los riesgos más significativos asociados con la IA simbiótica es el aumento de la automatización del empleo, que podría conducir a la pérdida de puestos de trabajo en sectores tradicionales y a la polarización del mercado laboral. Esto podría exacerbar la desigualdad económica y social, dejando atrás a aquellos que carecen de las habilidades necesarias. Es fundamental implementar políticas de reconversión laboral y protección social para garantizar que todos los trabajadores puedan beneficiarse de las oportunidades que ofrece la IA simbiótica.

Además, existe el riesgo de que la IA simbiótica amplifique las disparidades existentes en términos de acceso y uso de la tecnología. Las comunidades marginadas y los países en desarrollo podrían quedarse rezagados si no tienen acceso a la infraestructura y la formación necesarias para aprovechar plenamente el potencial de la IA simbiótica. Para evitar un desarrollo desigual, es crucial invertir en infraestructura digital y programas de alfabetización tecnológica que promuevan la inclusión y la equidad en el acceso a la IA simbiótica. Además de abordar los riesgos, es fundamental trabajar hacia un desarrollo de la IA que sea ético y centrado en el ser humano. Esto significa garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el diseño y el uso de los sistemas de IA, así como salvaguardar la privacidad y la autonomía de los individuos. También implica evitar la discriminación y el sesgo algorítmico, asegurando que la IA simbiótica promueva la igualdad de oportunidades y el respeto por la diversidad.

Es conveniente insistir en que un desarrollo verdaderamente significativo y simbiótico depende del modo en que se alcanza la escalabilidad y la concentración. Va a ser uno de los ejes fundamentales de los próximos años. Se ha podido comprobar en nuestro país, en estos días, ante la opa primero “amigable”, ahora hostil, del BBVA al Sabadell, por la preocupación por la excesiva concentración.

Sin embargo, se viene abogando desde hace tiempo por el aumento del tamaño de la empresa española, que parece uno de los lastres para una mayor productividad, algo que será inevitable si nuestras empresas tecnológicas quieren competir a escala europea o global. Todos los sectores donde la información y la IA juegan un papel central se van a mover en ese debate entre productividad y aumento del tamaño, o sea concentración.

No será un equilibrio fácil, pero hay que prepararse, ya que es lo que viene: más y más escala. Europa, tan rezagada en comparación con las grandes tecnológicas estadounidenses y chinas, ha lanzado su Airbus de la IA, un consorcio entre países europeos para desarrollar un gigante tecnológico capaz de competir globalmente, tal y como ocurrió en la década de los ochenta con el constructor de aviones. Se llama Gaia-X, de la que se va a hablar en los próximos tiempos, y con la que se debe ganar escala en este contexto de la IA. Que no quede solo en eso, y en unos años pase a ser un competidor global más.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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La bajada de tipos de interés

Parece que el Banco Central Europeo iniciará la disminución del precio oficial del dinero en su próxima reunión del 6 de junio. Nunca se sabe. Son decisiones que dependen de los datos hasta el último minuto pero todo apunta a que sí. Incluso se habla de que un segundo descenso de tipos para la reunión del 18 de julio. De manera consecutiva. El BCE comenzará ese proceso sin que la Reserva Federal estadounidense lo haga. Tras meses en que se especulaba que la Fed iba a iniciar los descensos de tipos antes, lo ha ido posponiendo ante la fortaleza de la economía americana y la resistencia aún existente —aunque cada vez menor— de la inflación a volver a su nivel de referencia, el 2%.

Los banqueros centrales de ambos lados del Atlántico parecen convencidos —casi confiados— en sus últimas declaraciones de que la inflación evolucionará favorablemente. Esa confianza parece más consolidada en la zona euro que en Estados Unidos, que quiere esperar un poco más antes de bajar tipos. También el Viejo Continente tiene una coyuntura macroeconómica más débil, por lo que le vendrá muy bien un estímulo monetario en forma de abaratamiento del precio oficial del dinero. El crecimiento de los salarios europeos se está desacelerando, lo que probablemente es compatible con las proyecciones de remuneraciones futuras del factor trabajo y de la inflación que maneja ahora el BCE, y por eso, es más probable que comiencen pronto los descensos de tipos.

El cierto desacople en las decisiones de los dos
principales bancos centrales —Fed y BCE, que no bajarán a la vez— habrá que
seguirlo de cerca, por las consecuencias sobre los mercados cambiarios y los
flujos de capitales. La economía estadounidense, a pesar de algún dato suelto
de empleo que no es tan favorable, sigue cerca del pleno empleo y creciendo con
fuerza. Las noticias de las empresas tecnológicas y sus potentes inversiones en
inteligencia artificial son uno de los grandes pilares que sustentan esa
bonanza y deberían azuzar a la adormecida Europa, donde parece que vamos mucho
más rezagados en esas inversiones. Esa vitalidad empresarial, junto a tipos de
interés más elevados allí, pueden apreciar el dólar y encarecer algunas de las
importaciones europeas más importantes, como el petróleo y gas. No es que esa
evolución de las divisas necesariamente vaya a generar una nueva ronda de
inflación en Europa pero habrá que estar muy atentos.

El que disminuyan los tipos no significa que no vayamos a continuar un tiempo —más de lo imaginado hace dos años— con niveles elevados, superiores al 3%. Aunque las empresas y familias notarán un alivio, aun estarán lejos de las benignas condiciones financieras existentes antes de 2022. El futuro entorno de tipos más bajos también ayuda a entender los movimientos corporativos en el sector bancario como el que estamos viendo entre BBVA y Sabadell, primero “amigable” y ahora hostil. Lo que pase con el precio oficial del dinero va a ser determinante hasta finales de 2025.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

Gracias por leer La bajada de tipos de interés, una entrada de Funcasblog.

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De la digitalización a la IA: las oportunidades y desafíos se multiplican

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En los últimos tiempos hay una sensación creciente de que el proceso de digitalización de la economía y la sociedad es el pasado. El presente y el futuro lleva pasando tiempo por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). Europa hace más planes de los que ejecuta y eso hace que la IA no despegue. En otros lares se actúa al ritmo de las innovaciones. En Europa se reconoció en 2020 la necesidad de crear un instrumento transversal como los generosos fondos Next Generation EU para apoyar la digitalización y la sostenibilidad de las economías y sociedades europeas. Aún se están desplegando, casi cuatro años más tarde, debido a la excesiva burocracia y a la visión sin excesivas urgencias que suele mantener la UE en muchos asuntos. Entre tanto, muchos países —Estados Unidos y China a la cabeza— han pasado a la siguiente pantalla —o incluso a alguna más allá— con todas las potencialidades —aún inimaginables— que tiene la IA. Nuevamente, Europa podría estar quedando atrás.

El fenómeno Nvidia —uno de los principales fabricantes de chips para IA—, con un subidón bursátil en los últimos meses casi sin precedente, es uno de los grandes ejemplos de cómo está valorando el mercado las potencialidades que se están desarrollando. Se beneficia todo el sector tecnológico. El productor de hardware Dell vio su acción multiplicarse por 30 en un día ante las expectativas de fuertes incrementos en ventas de los procesos vinculados a IA. Y las tres grandes tecnológicas, Alphabet (matriz de Google), Microsoft y Amazon han comprobado como la suma de sus valores de mercado ha aumentado más de 2,5 billones de dólares durante el bum de la IA. Las tecnológicas europeas también disfrutan el favorable clima inversor. Sin embargo, la escala de sus operaciones y la menor interacción provechosa de negocios y líneas de producto limitan mucho el alcance de los efectos positivos.

El fuerte impulso se observa en las cifras. Según la web There is an AI for that, hay ya más de 12.000 apps que emplean algún modelo de IA. En 2022 solamente había en torno a mil. Las grandes tecnológicas americanas (Alphabet, Microsoft y Amazon) se encuentran nuevamente entre las ganadoras con ventaja competitiva, e al incorporar en sus plataformas muchas apps y funcionalidades. Todas estas cifras y actividades muestran que el proceso de digitalización general ha dado paso a una efervescencia de la IA en Estados Unidos. También en China. Sin embargo, en Europa el proceso, aunque en marcha, parece más lento, entre otras razones, por el punto de partida del que salieron, en el que ya había una menor escala de los desarrolladores y un entorno regulatorio y empresarial menos favorable a la interacción y la colaboración entre startups.

El dinamismo empresarial, incluyendo fusiones y adquisiciones de startups, y la capacidad para atraer el mejor talento, impulsa enormemente los avances en la IA. En el sector corporativo tecnológico americano, numerosas compras de startups permiten la adquisición de las capacidades técnicas y de habilidades que tenían esas empresas innovadoras. Cuando el talento no se incorpora a través de esas transacciones, se puede atraer más granularmente con mejores remuneraciones y con un plan de negocio y desarrollo tecnológico para captar los mejores recursos humanos. Son ya meses con fichajes del talento entre competidores en IA. A veces pagando unas compensaciones aparentemente excesivas —donde el dinero inversor abunda, a veces se pasan de frenada— que solamente el tiempo dirá si compensaron.

De nuevo, Europa parece quedar muy detrás en materia de salarios en el sector tecnológico. Esto será un cuello de botella para el desarrollo de la IA —verdadera a autopista de creación de valor añadido desde ya— en el Viejo Continente, con lo que las posibilidades de crecimiento de la productividad y, por tanto, de la actividad económica, parecen tener un límite importante. Más en países como España, con salarios —y niveles de productividad— comparativamente bajos, con grandes riesgos de fuga de talento, sobre todo digital, que lleva ocurriendo desde hace tiempo; y, por ello, con gran peligro de quedarse a la cola de los países avanzados en desarrollo de IA.

La digitalización general transversal de toda la economía —ciudadanos, empresas, administraciones públicas— ya no es suficiente para la IA del futuro. Por supuesto, mejor un entorno en el que todos estemos digitalizados, pero se precisan iniciativas que empujen decididamente la potencialidad de esta herramienta. En EE UU, acostumbrado a hacer casi siempre exclusivamente desde lo privado, ya se está haciendo con éxito. En China, la IA también ha explotado. Europa necesita de la iniciativa privada también y de su escalabilidad, pero, como suele ocurrir en el Viejo Continente, el sector público deberá generar potentes incentivos —incluidos financieros— para poder aprovechar esta enorme oportunidad. A pesar de los diferentes equilibrios institucionales europeos —con un sistema regulatorio más garantista en materia de privacidad—, se puede lograr una diferenciación y generar importante valor añadido.

Estamos en una nueva era, donde la IA tiene el potencial de amplificar nuestras capacidades y enriquecer nuestras vidas como nunca. Hay países, que, por su mejor punto de partida (Estados Unidos), están avanzando de modo casi explosivo. En Europa, ese futuro solo será tan brillante como nuestra capacidad para guiar la IA hacia usos que reflejen nuestros valores y aspiraciones comunes. En este punto de inflexión, la invitación está abierta: participar activamente en la configuración de un futuro donde la tecnología y la humanidad avanzan juntas, hacia horizontes aún inimaginados.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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La escasez de agua: conciencia y preocupación social no bastan

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La escasez de agua ocupa un lugar prioritario en la conciencia ambiental de la sociedad española. De acuerdo con los datos de la Encuesta Social General Española de 2023, casi cuatro de cada diez (37%) residentes en España mayores de edad identifican la escasez de agua como el problema medioambiental más importante del país, proporción que aventaja claramente a la de quienes, ante la misma pregunta, responden “el cambio climático” (28%). La preocupación por la escasez del agua se halla más extendida en los municipios pequeños (de hasta 10.000 habitantes), donde el 40% de los residentes la identifican como el problema medioambiental más importante. Esta proporción cae a aproximadamente un tercio entre los municipios de más de 100.000 habitantes(gráfico 1).


No extrañan estos niveles considerablemente altos de preocupación social por el agua, habida cuenta de que España aparece entre los países europeos que sufren peores condiciones estacionales para el consumo de este bien público (gráfico 2). Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, el 70% de la población de la Europa meridional vive en áreas que experimentan estrés hídrico estacional durante el verano, período crítico en el que la demanda de agua para la agricultura, el suministro público y el turismo elevan el consumo. Pero, además, en el sur de Europa este problema dista de ser coyuntural: el 30% de la población de estos países vive en áreas con estrés hídrico permanente.


Aunque en gran medida los factores naturales, como el clima y la geografía, determinan la gravedad del problema de escasez de agua, la idea de que el agua puede y debe gestionarse y consumirse más eficientemente ha ido calando en la conciencia social. Ahora bien, las preferencias sociales parecen centrarse más en el aumento de la oferta que en la racionalización y reducción de la demanda. En efecto, en una encuesta financiada por la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT) que realizó en 2022 el Observatorio Ciudadano de la Sequía, la reutilización de aguas residuales y el aprovechamiento del agua del mar contaron con el mayor respaldo de los entrevistados cuando se les preguntó por las dos medidas más importantes para mejorar la gestión del agua. La mejora de la eficiencia de las redes o el ahorro de agua en los hogares suscitaron un respaldo notablemente menor. En cuanto a las medidas que menos apoyo y más rechazo provocaron, una destaca sobre cualquier otra: el aumento del precio del agua (gráfico 3).


Más allá de medidas concretas, parece prevalecer  un consenso considerable sobre la importancia de la gobernanza del agua, que la OCDE[1] define como el “abanico de reglas, prácticas y procesos (formales e informales) políticos, institucionales y administrativos a través de los cuales se adoptan e implementan decisiones, los actores pueden articular sus intereses y sus inquietudes son tomadas en consideración, al tiempo que los decisores rinden cuentas por su gestión del agua”. Implica, por tanto, a diferentes niveles de gobierno, pero también a la sociedad civil y el sector privado. En el caso español, la complejidad de las estructuras institucionales para la planificación y gestión del agua en el ámbito estatal, autonómico, local y de cuenca hidrológica dificulta la comprensión de cómo se desarrolla concretamente la gobernanza del agua.

Ampliar el conocimiento de la sociedad sobre la escasez del agua disponible para el consumo humano, las desigualdades que provoca su disponibilidad y los problemas de gestión de un recurso tan importante para la economía y el bienestar social probablemente ayudaría a que la población, además de expresar su preocupación por este tema en las encuestas, actuara consecuentemente con ella. No se trata solo de consumir de manera consciente y responsable el agua, sino también de requerir de los poderes públicos actuaciones destinadas a mejorar la provisión y la gestión del agua en todos los sectores y ámbitos y, en consecuencia, a atenuar las inquietudes que genera el futuro del agua. Estas son demandas que plantean la comunidad científica y las organizaciones agrarias, de consumidores y ecologistas, en quienes la sociedad deposita más confianza “para ofrecer soluciones a los problemas del agua y su escasez” (gráfico 4). El respaldo explícito de la sociedad es el factor que más puede contribuir a reforzar esas demandas.  


[1] OECD
(2018), Implementing the OECD Principles on Water Governance: Indicator
Framework and Evolving Practices, Oficina de publicaciones de la OCDE, París

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Introducción al debate sobre la economía europea ante los desafíos globales

La economía europea ha capeado mejor de los previsto las consecuencias de la pandemia, la guerra en Ucrania, la crisis energética y el giro copernicano de la política monetaria. Una recesión de gran magnitud ha podido evitarse, y las previsiones apuntan a una ligera recuperación en el transcurso del año, evidenciando una resiliencia notable.  

Retos globales

A medio plazo, sin embargo, las perspectivas generan dudas, especialmente en comparación con la trayectoria de otras grandes potencias. En primer lugar, por la magnitud de los desafíos globales a que se enfrenta la Unión Europea. Su modelo productivo se asienta en premisas que se han debilitado como consecuencia de las tensiones geopolíticas. La proliferación de medidas proteccionistas y la lógica de bloques regionales que toma el relevo del multilateralismo entorpecen el comercio internacional, potente motor del crecimiento europeo. Según estimaciones del Global Trade Alert, las restricciones se han multiplicado casi por 3 en los últimos cuatro años, acentuando la tendencia iniciada antes de la pandemia[1].

Por otra parte, la industria europea se asoma a una verdadera reconversión
como consecuencia de las disrupciones del suministro de energía rusa y la
reorganización de las cadenas globales de valor (el llamado fenómeno de “reglobalización”).
Las economías centroeuropeas están más expuestas a esta reconversión que las
del sur del continente, que disponen de abundantes fuentes de energía renovable
y son menos vulnerables a las vicisitudes de los intercambios con China. La
necesidad de contribuir a la lucha contra el cambio climático ante una opinión
pública concienciada es otro reto. Prueba de ello los dilemas que se plantean a
la hora de poner en marcha la agenda verde mediante un programa ambicioso de
reformas e inversiones para descarbonizar la economía.

Finalmente, los gobiernos se han comprometido a incrementar el gasto militar en un contexto de cronificación del conflicto bélico en Ucrania y de preocupación ante la solidez del sistema de defensa europeo.

La debilidad de la inversión frente a la abundancia del ahorro

En segundo lugar, no está claro que la UE disponga de los instrumentos para hacer frente a estos desafíos globales: todos ellos tienen en común la necesidad de intensificar el esfuerzo de inversión. Las estimaciones del gasto de inversión que sería necesario para alcanzar los objetivos de “autonomía estratégica”, sosteniendo simultáneamente la competitividad y la transición verde, superan los 700 mil millones de euros anuales[2]. Esto supone un 18% del total invertido actualmente.   

No obstante, la inversión es precisamente una de las asignaturas pendientes de la economía europea (gráfico 1). En los últimos cuatro años, la inversión productiva apenas se ha incrementado un 2,4%, frente al 7,9% de EE UU.


La debilidad de la inversión es paradójica, ya que Europa dispone de una abundante bolsa de ahorro que podría movilizarse. Así pues, una parte de ese ahorro se exporta, sirviendo para reforzar el capital productivo fuera de Europa[3]. Según los datos de inversión extranjera directa, la exportación neta de capital se elevó a 119 mil millones de euros en los tres primeros trimestres de 2023. Una tercera parte de esa fuga de ahorro se dirigió a EE UU , tal vez atraída por las jugosas subvenciones del Inflation Reduction Act o del Chips and Science Act. La capitalización de empresas norteamericanas con ahorro europeo sigue una trayectoria creciente (gráfico 2).


La segunda palanca atañe a la inversión nacional pública, especialmente si ésta ejerce un impulso multiplicador sobre la inversión privada. En este caso el escollo se encuentra en el escaso margen fiscal de la mayoría de los Estados, atenazados por el efecto conjugado de los elevados niveles de endeudamiento y la reactivación de las reglas fiscales, exigiendo un importante ajuste. Las cláusulas de salvaguarda previstas en estas reglas abocan a una reducción sin tregua de los desequilibrios hasta cumplir con los umbrales de deuda y de déficit. El elemento de flexibilidad que se incorpora para no perjudicar la inversión solo sirve para extender el periodo del ajuste, pudiendo pasar de cuatro a siete años.

El tercer instrumento consiste en potenciar la inversión europea financiada
de manera mancomunada. Esta política podría redundar en una nueva ronda de
fondos Next Generation pilotados por cada país, mejorando el marco de
ejecución para paliar las deficiencias que han podido aminorar el efecto
tractor sobre la economía. Otra opción consistiría en un programa gestionado
directamente desde Bruselas para financiar bienes públicos de interés general. Ambas
fórmulas, sin embargo, se fundamentan en un endeudamiento común, algo que choca
con la reticencia de los países frugales, que solo aceptarían compartir un programa
de inversión a condición de financiarlo sin deuda. Es decir, procediendo a una reasignación
del presupuesto europeo sin aumentar el volumen total de recursos: una
eventualidad que obligaría a recortar el gasto en agricultura (la sacrosanta
PAC) o en cohesión social.

Statu quo versus mayor integración

Habida cuenta de las discrepancias y a falta de iniciativas para facilitar
la inversión, un descuelgue de competitividad no sería descartable, amenazando
la sostenibilidad del modelo social europeo. Además, en el actual contexto de fragmentación
y de endeudamiento público, se ha desatado una inflación de “ayudas de Estado”
en los países que disponen de más capacidad fiscal. Este es un instrumento que tiene el inconveniente de ser disperso, no
estando a la altura de los potentes incentivos del Inflation Reduction Act,
además de entrañar un riesgo evidente de distorsión de la competencia en el seno
del Mercado Único.

Según la
Comisión Europea, el total de ayudas aprobadas en 2022 supera los 671 mil
millones de euros, es decir el 4,3% del PIB de la UE, frente a menos del 1%
antes de la pandemia. Alemania concentra más de la mitad de las ayudas, siendo
España uno de los países que menos han apelado al Marco Temporal de ayudas de
Estado en relación con su tamaño. La dilución del apoyo, y su asimetría entre
países, tiene un doble inconveniente de distorsionar la competencia y de reducir
los beneficios de conjunto para la UE. Esto ocurre cuando los países compiten
con subvenciones para atraer una misma inversión, como se ha visto por ejemplo
en el sector de semiconductores.  

En suma, solo
un escenario de mayor integración, con una profundización de la unión financiera y con mayores estímulos públicos,
ya sea nacionales o europeos, permitiría preservar la competitividad de la UE
ante los desafíos globales.                  

[Esta entrada es un resumen de la introducción que el autor ofreció en el acto ‘La economía europea ante los desafíos globales’, organizada por Funcas en el Parlamento Europeo, que contó con la participación de Miguel Gil Tertre, economista jefe de la DG de Energía de la Comisión Europea, Jonás Fernández, coordinador del grupo socialista en la comisión de Economía y Asuntos Financieros del Parlamento Europeo y Eva Poptcheva, vicepresidenta de la misma comisión y portavoz de Ciudadanos. Puede ver el video íntegro del acto aquí].


[1] Véase https://www.globaltradealert.org/.

[2] Este volumen de recursos es solo para cumplir con los objetivos de descarbonización, según el informe de la Comisión Europea, Strategic Foresight Report 2023 https://commission.europa.eu/document/download/ca1c61b7-e413-4877-970b-8ef619fc6b6c_en?filename=SFR-23-beautified-version_en_0.pdf

“>[3] La balanza por cuenta corriente de la UE arroja un importante superávit, evidenciando el exceso de ahorro frente a la inversión. Además, una parte de ese excedente de ahorro sirve para capitalizar empresas de terceros países (el volumen de los flujos de salida de inversión directa extranjera supera el de las entradas).     

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Continúa el aumento de la inmigración en España

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La inmigración juega un papel cada vez más importante tanto en el mercado laboral como en las estructuras sociodemográficas de las sociedades europeas. El peso y la composición por edades de los inmigrantes refleja no sólo el potencial de atracción de estas sociedades, sino que también plantea interrogantes sobre las implicaciones a largo plazo en términos de integración, ajuste del mercado laboral y protección social.

Desde principios de siglo España ha destacado como uno de los países europeos que más inmigración ha recibido. A 1 de enero de 2024, los datos de la Estadística Continua de Población revelan que la población nacida en el extranjero representaba el 18,1 % de los residentes en España, un punto porcentual más que en 2023 (Gráfico 1). Este aumento, hasta un máximo histórico de 8,8 millones de personas, es el resultado de una tendencia ascendente constante durante las dos últimas décadas. La población nacida en el extranjero solo experimentó un ligero descenso durante la Gran Recesión —menos de un punto porcentual (del 13,5 % en enero de 2011 al 12,7 % en julio de 2014)— así como una breve pausa en su expansión durante la pandemia. Estas tendencias no solo reflejan cambios demográficos, sino que también marcan el potencial estructural de España para atraer migración.

En el contexto de la Unión Europea, la proporción de población nacida en el extranjero en España parece bastante elevada. Según datos de Eurostat, en 2023 este porcentaje ascendía al 13,3 % de la población de la Unión Europea (Gráfico 2). España, con un 17,1 % de residentes nacidos en el extranjero en 2023, sólo se sitúa por detrás de países con una larga tradición de acogida de inmigrantes, como Suecia (20,4 %) y Alemania (19,5 %) y presenta una cifra significativamente superior a la de Francia (13,1 %). Aunque Portugal registra una proporción similar (16,1 %), otros países del sur de Europa como Grecia (11,3 %) e Italia (10,9 %) muestran porcentajes claramente inferiores.

La composición por edades de la población nacida en el extranjero es crucial en relación con la preocupación por el déficit de mano de obra. España es uno de los países europeos con una mayor proporción de inmigrantes de entre 25 y 44 años: representan el 42% de todos los nacidos en el extranjero (Gráfico 3). Esta cifra es claramente superior a la media europea —del 37 %— aunque inferior a la de Dinamarca (44 %), la República Checa (46 %) y Finlandia (49 %). Cabe señalar que, en España, tres de cada diez personas en este grupo de edad han nacido en el extranjero (Gráfico 4).

Por otro lado, la proporción de residentes nacidos en el extranjero varía mucho entre comunidades autónomas. En 2024 los porcentaje más elevados se encuentran en las Islas Baleares (27 %), seguidas de Cataluña y Madrid (24 %), Melilla (23 %) y la Comunidad Valenciana y las Islas Canarias (22 %) (Gráfico 5). Por el contrario, Extremadura (6 %), Asturias (10 %), Castilla y León y Galicia (11 %) presentan los porcentajes más bajos. En las regiones con más inmigrantes, como Cataluña y Madrid, así como el País Vasco y Navarra, una mayor proporción de estos inmigrantes se encuentran en el grupo de edad de 25 a 44 años. Ahondando en esta disparidad regional, algunas de las comunidades con una proporción bastante baja de inmigrantes nacidos en el extranjero de entre 25 a 44 años, como Canarias, Valencia y Andalucía también registran una mayor proporción de inmigrantes de 65 años o más (Gráfico 6).

Esta entrada forma parte de la edición de marzo de 2024 de Focus in Spanish Society.

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