Europa – Negocios e Inversiones

A la espera del informe de Draghi sobre la competitividad europea

noviembre 10, 2023

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Las cifras hablan por sí solas. La Unión Europea pierde peso en el mundo. Su tamaño suponía el 91% del de EE UU hace diez años y ahora solamente el 65%. Hoy la economía americana más que duplica a la europea. En términos per cápita, salimos peor parados, ya que la población europea (450 millones) supera ampliamente a la de Estados Unidos (332 millones). Las tasas de crecimiento del PIB de la UE desde 1970 han sido persistentemente inferiores a las de Estados Unidos y a las de la economía global. Incluso Japón, estancada tanto tiempo, presenta una tasa media de crecimiento superior a la europea desde 1970. Las razones son diversas y las posibles estrategias de salida o soluciones presentan cada vez desafíos mayores, pero no se puede olvidar que Europa tiene resortes para darle la vuelta a esta situación, si aplica una batería de medidas valientes y ambiciosas con pedagogía.

El nivel de vida, bienestar y comparativamente elevada cualificación de su población y un tejido empresarial potente son ejemplo de esas potencialidades. Es quizás esa esperanza la que llevó a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, a convencer a Mario Draghi a elaborar un informe sobre el presente y futuro de la competitividad europea. Se espera con mucho interés en Bruselas y el resto de las capitales europeas, por las estrategias que pueda plantear, que podrían ser una fuente muy interesante de debate en las próximas elecciones al Parlamento Europeo de primavera de 2024. Von der Leyen empleó en su rueda de prensa en la que anunció el encargo a Draghi en septiembre unas palabras que recuerdan a las del anterior presidente del BCE en julio de 2012 para salvar el euro: “Europa hará todo lo necesario para mantener su ventaja competitiva”. Las palabras de Draghi en 2012 fueron vitales en el corto plazo financiero mientras que las de Von der Leyen son fundamentales para el medio y largo plaza o del bienestar europeo. La Comisión Europea también ha solicitado un informe otro ex primer ministro italiano, Enrico Letta, sobre el estado del Mercado Único europeo, que también puede aportar mucha luz.

La Unión Europea parece enfrentarse a un dilema entre el mantenimiento de sus fortalezas —mercado único y libertad de movimiento de bienes, servicios, personas y capitales— y competir con Estados Unidos, China, y en los últimos años, con India. No es solamente en el ámbito industrial clásico, sino al menos igual de importante, en el tecnológico. Cuando se inició la era de las big tech, (Apple, Google, Meta, Microsoft, Amazon) al comienzo de siglo, no se reaccionó desde el Viejo Continente, no hubo homólogas a esas empresas en la UE. No estaba tan lejos una experiencia que resultó más positiva en Europa, como fue la creación de Airbus, que pasó a competir muy bien con las grandes incumbentes americanas de aquel momento (Boeing, McDonell Douglas), aunque se acometió vía subvenciones, lo que generó muchas tensiones con el Gobierno norteamericano y casi un guerra comercial. Era otra Europa, quizás con más visión, más apetito político, más beligerancia competitiva y de, si hacía falta, retorcer un poco las reglas, como siguen haciendo muchos de nuestros competidores globales. Ahora puede estar planteándose una nueva oportunidad con la inteligencia artificial. Europa cuenta con los recursos humanos, el acervo de conocimiento y recursos materiales. El proyecto debe contar con la escala suficiente para ser transformador. Y el enfoque regulador que se adopte —sin duda, muy importante en el desarrollo de la IA— será también determinante.

El problema de la escalabilidad puede ser uno de los obstáculos para el aumento de la productividad y el mantenimiento de la competitividad. ¿Cómo puede ser que un bloque como la UE con el nivel de renta y bienestar alcanzado, un mercado potencialmente tan fuerte, con un programa muy ambicioso de digitalización y sostenibilidad, con unos fondos Next Generation EU de 800.000 millones destinados a inversiones, tenga un futuro incierto en su competitividad? Esos ingredientes deberían ser suficientes. En la práctica no lo son. ¿Por qué? Sin duda, por la falta de unas políticas unificadas en el ámbito de la empresa a escala europea. Las ayudas de Estado se han multiplicado —con muchos excesos de algunos países, como Alemania y Francia— desde la pandemia y la guerra de Ucrania, con lo que han existido varias quiebras de esa unidad de mercado. Sin una política verdaderamente europea con amplio consenso de fomento de la actividad económica y empresarial, el declive relativo de la competitividad europea no cesará. Esta es una de las áreas en las que se debe actuar sin duda.

Por último, pero no menos importante, la regulación de las actividades digitales e intangibles en la UE —más garantista y más restrictiva que en EEUU o China— ha podido limitar la promoción de las mismas. Quizás hasta ahora, esa regulación garantista ha podido tener un trazo más grueso que el deseable. En el futuro, con el desarrollo de la IA en juego, sería bueno afinar más y poder compatibilizar las principales cautelas en la protección de datos y privacidad con un amplio desarrollo —esta vez sí— de las nuevas capacidades digitales que van a surgir, que serán un eje fundamental de crecimiento del futuro. Solo así, no se perderá una nueva oportunidad para mejorar la competitividad y poder continuar manteniendo el alto de bienestar alcanzado en Europa. Quedamos a la espera, Sr. Draghi.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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El déficit de equipamiento del tejido productivo

octubre 16, 2023

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Las proyecciones del FMI confirman el buen desempeño de la economía española en relación a los otros grandes países europeos, pero algunas tendencias deberían incitar a la cautela.

Nuestro PIB es uno de los que más crece, y ese diferencial favorable debería mantenerse a corto plazo, pese a la nueva fase de endurecimiento monetario que se vaticina, con tipos de interés más altos por más tiempo. No está mal, en un entorno marcado por grandes incertidumbres energéticas y geopolíticas. España no figura entre las principales víctimas de las perturbaciones globales, quebrando una maldición que parecía inexorable y que contribuye a explicar la importante brecha de bienestar que persiste frente a las economías más avanzadas (el PIB per cápita se sitúa todavía un 15% por debajo de la media comunitaria, evidenciando una divergencia desde principios de siglo).

Estos resultados, sin embargo, no son sostenibles a falta de un mayor esfuerzo inversor. El diagnóstico difiere de tiempos pasados, cuando la inversión se expandía al calor de la burbuja, la principal limitación procediendo de la debilidad un sector exterior pequeño y poco competitivo. Por el contrario, en la actual fase expansiva las exportaciones crecen a un ritmo sorprendente, de modo que España es la única de las grandes potencias europeas que ha mejorado su superávit externo en relación a la situación prepandemia, según las proyecciones del Fondo. La reconfiguración de la globalización y la búsqueda de seguridad en las relaciones comerciales parecen estar beneficiando a nuestras empresas, sobre todo en los sectores de servicios no turísticos. Los intercambios con el resto de la UE arrojan un superávit creciente (en el primer semestre, el saldo superó los 40.000 millones de euros, más del doble de la media del primer semestre del periodo 2017-2019). Alemania reduce su excedente, mientras que Francia e Italia ahondan el déficit con el resto de socios comunitarios.

La inversión es clave para insuflar un impulso exterior sostenido y afrontar la transición ecológica y digital. Pero de momento no despega tanto como cabría esperar. El gasto de las empresas en equipamiento se sitúa todavía por debajo de los niveles prepandemia. La inversión total dista también del esfuerzo realizado por la mayoría de países vecinos, alcanzando poco más del 20% del PIB, dos puntos por debajo de la media europea. Alemania invierte el 23% y Francia el 25%. Incluso la maltrecha economía italiana dedica más gasto al equipamiento de su tejido productivo.

Se esperaba un mayor dinamismo habida cuenta de la acumulación de beneficios tras el golpe de la pandemia, la inyección de fondos europeos y la entrada de fuertes dosis de capital extranjero, factor que evidencia que la percepción desde fuera es de un cierto optimismo con respecto a las facultades de desarrollo del país. Pero las corporaciones españolas han optado por utilizar una parte de los beneficios no solo para repartir dividendos sino también para reducir los pasivos, en vez de reforzar la inversión. Así se desprende de las cuentas financieras, que apuntan a una contracción de la deuda empresarial en cerca de 40.000 millones de euros durante el último año y medio. Un esfuerzo colosal que recorta la ratio deuda/PIB hasta el 66,6%, mínimo de las dos últimas décadas. Sin duda, el trauma de la crisis financiera —además de los ajustes monetarios— explica un comportamiento tan cauteloso.

El FMI anticipa un fuerte repunte de la inversión en los próximos años, lo que implícitamente equivale a un cambio radical de tendencia con respecto a la pauta de desendeudamiento defensivo de la última década. No será fácil que un pronóstico tan esperanzador se cumpla, cuando las expectativas de tipos de interés elevados se están afianzando y un nuevo shock a raíz del conflicto entre Israel y Palestina no es descartable. Mucho dependerá del potencial de movilización de los fondos europeos, del mantenimiento de un diálogo social proclive a la estabilidad y de la efectividad de las reformas en curso o venideras.

IPC | Pese al repunte del IPC en los últimos meses, la desescalada se afianza para la mayoría de precios. De las 199 parcelas que componen el índice, 56 tenían en septiembre una inflación inferior al objetivo del BCE del 2%, frente a 52 en agosto y 34 a inicios de año. A la inversa, se incrementa el número de componentes del IPC con tasas de crecimiento superiores al 6%: en septiembre eran 73, una menos que en agosto y 27 menos que en enero. Salvo nuevo shock energético, la desinflación debería ganar terreno.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Competencia global por el talento

octubre 10, 2023

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Uno de los factores clave de competitividad para cualquier país es la suficiente disponibilidad de recursos humanos para su sistema productivo que permita una senda de crecimiento y aumento del bienestar económico y social, en un contexto de sostenibilidad. A esos recursos cada vez más se denomina talento. Como dice una de sus las definiciones de la Real Academia de la Lengua: una especial capacidad intelectual o aptitud para el desempeño o ejercicio de una ocupación. Contar con suficiente talento para los proyectos empresariales es esencial. El problema se está dando en algunas industrias donde empieza a haber más ideas que gente para realizarlas. La globalización ha reducido o eliminado las barreras a los movimientos de trabajadores, especialmente de quienes tienen unas especiales capacidades. La pugna por el talento es casi global. Entre otras razones porque no abunda, particularmente para las nuevas actividades tecnológicas y de sostenibilidad. Hay una escasez importante en esas áreas y creciente competencia. Es una de las principales restricciones con que países y empresas van a tener que contar en sus proyectos más innovadores y rentables.

El World Talent Ranking 2023 del centro suizo IMD (International Institute for Management Development) analiza la situación y evolución del desarrollo de las competencias necesarias para que las empresas y la economía en su conjunto de un país estén en disposición de crear valor añadido a medio y largo plazo. En esta evaluación de 64 países juegan un papel muy importante la inversión en talento local, la atracción del talento foráneo cualificado y la disponibilidad de capacidades y competencias en conjunto de los recursos humanos. Europa ocupa el primer lugar entre los bloques regionales en ese ranking. Tiene ventajas en inversión en talento local y la disponibilidad de capacidades. Sin embargo, la desigualdad ha crecido después de la pandemia, destacando la creciente brecha de América del Sur con el resto del mundo. España ocupa el puesto 32 en esa clasificación, posición que no ha variado desde 2019. Mitad de la tabla. Ese puesto se ha mantenido gracias a la inversión en talento local. Pero hay que mejorar mucho en atracción de recursos humanos cualificados internacionales y en paliar los efectos de las carencias en competencias financieras y lingüísticas. Y eso que la calidad de vida favorece la “atracción” de talento cualificado.

Cada vez más voces autorizadas señalan la disponibilidad de talento como el factor productivo clave del futuro, desbancando a la energía, por ejemplo. Buena parte de las nuevas actividades económicas —por donde girará el crecimiento económico— están vinculadas a la digitalización y la sostenibilidad. Así, es conveniente contar con incentivos suficientes para retener el talento local, captar el internacional y ampliar nuestras competencias. La inmigración está ayudando y cuanto más cualificada esté, mayor será su contribución. Cualquier reforma del mercado de trabajo debe tener en cuenta esas necesidades. Aumentar la productividad para poder ofrecer salarios más atractivos y coadyuvar a un mayor crecimiento sostenible como eje central de cualquier cambio en el marco de relaciones laborales de nuestro país.

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Crece la carencia material severa: la pobreza energética, más extendida que la alimentaria

septiembre 21, 2023

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En un contexto de sucesivas crisis (la Gran Recesión, la pandemia de Covid-19 y la guerra en Ucrania) con efectos muy acusados sobre la economía de los hogares, resulta oportuno hacer un seguimiento de la proporción de la población que se enfrenta a más privaciones. Para este ejercicio, la tasa de carencia material severa ofrece un indicador adecuado, puesto que determina el porcentaje de la población que carece de, al menos, cuatro elementos de una lista de nueve bienes, servicios y actividades cuyo acceso se considera hoy en día esencial para el bienestar individual^[1].

A pesar de la recuperación económica que ha sucedido a la pandemia, el porcentaje de población que experimentaba carencia material severa en España en 2022 (último dato disponible) ascendía al 8,1%, más del doble que antes de la crisis financiera (2007: 3,5%) e incluso superaba en 1 punto porcentual (pp) la cifra de 2014 (7,1%), la más alta registrada hasta ese momento desde que comenzaron a realizarse las Encuestas de Condiciones de Vida en 2004. Todo lo que mejoró este indicador entre 2014 y 2019, quinquenio en el que la tasa de carencia material severa se redujo del 7,1% al 4,7%, se perdió en 2020 (7%). Pero, además, la tasa de carencia material severa ha seguido aumentando entre 2020 y 2022 hasta situarse muy por encima de los niveles anteriores a la pandemia (gráfico 1).

Uno de los aspectos incluidos en la estimación de la carencia material es la capacidad de mantener la vivienda a una temperatura adecuada, un objetivo que podría haberse visto amenazado por la subida de los precios de la energía desde la invasión rusa de Ucrania. En este indicador se observan diferencias notables entre los 27 países de la Unión Europea. España, con un 17,1% de población que declara no poder mantener una temperatura adecuada en casa, se sitúa por encima de la media europea (9,3%). En países como Austria, Suecia y Finlandia el porcentaje de personas afectadas por este problema cae por debajo del 3%. En cualquier caso, hay que mencionar que en casi todos los países europeos este indicador empeoró entre 2021 y 2022. Mientras que en España aumentó en 3 pp, los incrementos más significativos se observaron en Rumanía, Francia e Irlanda (gráfico 2).

La fuerte subida de los precios de los alimentos a partir de 2021, agravada por la guerra, también puede haber afectado sustancialmente a los hogares más vulnerables. Sin embargo, en esta dimensión de pobreza material, España registra datos más positivos. En 2022, el 5,4% de la población afirmaba no poder permitirse carne, pollo o pescado al menos cada dos días, una proporción algo superior a la observada en 2021 (4,7%), pero significativamente inferior a las que arrojan no sólo muchos países de Europa del Este, sino también Alemania (11,4%), Grecia (10%), Francia (9,5%) e Italia (7,5%) (gráfico 3).

Al analizar con más detalle los datos españoles, se aprecian diferencias considerables entre las comunidades autónomas. Mientras que alrededor de una quinta parte de la población de Extremadura (23%), Andalucía (21%) y Murcia (20%) declaraba en 2022 no poder mantener su vivienda a una temperatura adecuada, estas cifras caen por debajo del 10% en Castilla y León, País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón (gráfico 4). Estas últimas comunidades autónomas son también las que salen mejor paradas por lo que se refiere a la (in)capacidad para permitirse una comida con carne, pollo o pescado cada dos días. Las diferencias en este aspecto son aún más pronunciadas, toda vez que la proporción más alta, correspondiente a Canarias (11,9%), es seis veces mayor que la más baja, que ostenta Aragón (1,9%) (gráfico 5).

^[1] Sobre la composición de este indicador, véase este enlace.

Esta entrada es un extracto del número de septiembre de 2023 de Focus on Spanish Society.

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La globalización y los bloques geopolíticos

agosto 7, 2023

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Desde el inicio de la era de globalización, Europa ha compensado la debilidad relativa de los impulsores internos del crecimiento con el tirón de los mercados extracomunitarios como China y EE UU, y la disponibilidad de materias primas importadas a precios estables. Entre los grandes países, Alemania —y en especial su industria— ha sido el gran ganador de esta etapa del capitalismo. Una etapa que sin embargo se está agotando, y esto tiene consecuencias para la economía española, negativas en lo inmediato y positivas si sabemos leer las transformaciones en marcha.

El panorama global es cada vez más fragmentado. Las últimas perspectivas globales del FMI confirman que la globalización está dando paso a una ralentización de los intercambios internacionales, especialmente los que suceden entre bloques geopolíticos. Es decir, el comercio se regionaliza, alejándose del ideal del multilateralismo fraguado tras la caída del muro de Berlín. Así lo evidencia el parón del comercio entre la UE y el resto del mundo: las exportaciones hacia destinos no comunitarios, que se habían incrementado a un ritmo anual cercano al 5,5% en términos reales en el periodo 2000-2019, apenas crecieron ligeramente por encima del 1% en los últimos tres años. Asimismo, la inversión de terceros países en el tejido productivo europeo se ha desplomado (desde los más de 400.000 millones que entraban cada año antes de la pandemia, hasta menos de la mitad).

En paralelo, el coste unitario de las importaciones se ha incrementado en relación al precio de los bienes y servicios que exportamos fuera de la UE. Este vuelco (o deterioro de la relación de intercambio) procede sobre todo del encarecimiento de las materias primas, entre las que destacan las energéticas. Si bien la situación ha mejorado notablemente estos últimos meses, el coste unitario de las importaciones sigue avanzando a un ritmo superior al de las exportaciones, además de mostrar una gran volatilidad, justo lo contrario de las tendencias observadas en el esplendor de la globalización. El doble shock de fragmentación y de precios relativos de las importaciones contribuye a explicar el debilitamiento de la industria europea, a tenor del nuevo bajón del indicador de actividad del sector, adentrándose en terreno contractivo. El FMI pronostica un crecimiento muy débil, o en algunos casos negativo, de nuestros principales socios europeos.

La tendencia, que se superpone a la subida sin tregua de los
tipos de interés, es preocupante para España. Los intercambios con el
exterior han sido un factor crucial de prosperidad para nuestro
país, aportando un plus de crecimiento en momentos expansivos y atenuando las
recesiones. Las exportaciones netas aportaron directamente más de la mitad del avance
del PIB registrado el año pasado, eso sin contar el efecto de arrastre en la
inversión de equipamiento y otros agregados de demanda. Y en la crisis
financiera la política de austeridad hubiera tenido un coste aún mayor de
no ser por la resistencia del sector exterior, en particular el turismo.

No obstante, también se vislumbran algunas oportunidades al compás de la relocalización de la industria —con efectos positivos en términos de lucha contra el cambio climático— y teniendo en cuenta nuestra ventaja comparativa en el sector de energías renovables. La profundización de la integración europea, única opción viable ante la lógica de bloques geopolíticos, nos podría favorecer como se desprende del fuerte superávit de nuestros intercambios con el resto de Europa. Se trata en todo caso de activos que conviene cuidar y poner en valor con nuestros propios recursos. Pero la desglobalización también se presta a una lectura en clave europea, porque la peor de las respuestas sería una escalada de egoísmos nacionales en el seno de la Unión. Véase la inflación de todo tipo de subvenciones e incentivos que pretenden ganar competitividad de manera espuria a expensas de otros socios. En esta disyuntiva, es necesario que los próximos comicios europeos sirvan para definir una visión de conjunto.

IPI | La
industria es el sector más vulnerable ante la ralentización de la economía
europea y los cambios en las pautas de consumo, sesgadas hacia los servicios.
La actividad retrocede, a tenor del índice de producción industrial (-1% en
junio, y -0,2% en lo que va de año). Destaca la debilidad de las ramas de
energía, bienes intermedios como la química, y bienes de consumo. Sin embargo,
la tendencia sigue siendo positiva en los bienes de equipo y los productos
farmacéuticos, mientras que el sector automotriz experimenta una remontada
desde los mínimos del año pasado.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Virtudes y vicisitudes de la desinflación

julio 3, 2023

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El descenso de la inflación por debajo del umbral del 2% —siendo España, junto con Bélgica, el primer país de la zona euro que lo consigue en lo que va de año— es una buena noticia para el bolsillo de los consumidores y fortalece la posición competitiva en relación a nuestros principales socios comunitarios. Sin embargo, la divergencia entre países en el ritmo de desescalada de los precios también pone de manifiesto la dificultad para el BCE en su tarea de encontrar una senda monetaria adaptada a todas las situaciones: el tipo de interés podría acabar siendo demasiado alto para nuestra economía, que ya ha alcanzado el objetivo de inflación, y laxo para otras, todavía sometidas a fuertes presiones.

De momento, el balance es positivo. La demanda interna está estancada, pero la economía española sigue expandiéndose, fruto del plus de competitividad y del impulso de las exportaciones, especialmente aquellas dirigidas a los mercados europeos. Así se explica el fuerte incremento del superávit externo: según los datos del INE dados a conocer esta semana, el excedente superó el 6% del PIB en el primer trimestre, máximo absoluto de la serie histórica.

Conviene ponderar estos
resultados, porque el diferencial de inflación con la zona euro no es tan
pronunciado cuando se excluyen los componentes más volátiles del índice. Sin
energía ni alimentos, nuestra tasa de inflación se sitúa en torno a un punto y
medio por debajo de la media europea, cuando la brecha es de cuatro puntos en
concepto de IPC total. Por otra parte, el tirón internacional obedece en parte
a factores puntuales, como la normalización del turismo.

Pero la pregunta clave es si el tirón externo es sostenible en el actual contexto de endurecimiento de la política monetaria. En España el coste del dinero se sitúa por encima de la inflación desde el mes de abril. Es decir, los tipos de interés han pasado a ser positivos en términos reales, algo que tiende a lastrar el consumo de los hogares endeudados y la demanda de crédito por parte de las empresas, apuntando en sentido restrictivo. Alemania, sin embargo, se mantiene en la zona de tipos de interés reales netamente negativos, dando alas a los halcones que dentro y fuera del BCE preconizan nuevas vueltas de tuerca monetaria.

Mucho depende del impacto relativo del alza de los tipos de interés —cada vez más restrictivos con respecto a la demanda interna— frente al estímulo exportador que procede de la mejora de la competitividad. Para atenuar esta contradicción, y que la balanza siga inclinándose del lado positivo, es crucial que el dinamismo exterior se acompañe de más inversión y de un aumento de la productividad y de las remuneraciones. Esta sería la mejor manera de neutralizar el efecto depresivo de los tipos de interés. Conviene por tanto vigilar la puesta en marcha del pacto salarial y el despliegue de las reformas que más inciden en la inversión y en la productividad.

Por otra parte, la política económica debería integrar las asimetrías de inflación entre países miembros. Si bien la tarea de la política monetaria no es fácil en un contexto de heterogeneidad, conviene que todas las perspectivas, y no solo las más ortodoxas, se consideren por igual en la toma de decisión del gurú monetario, algo que, en el caso de España, aboga por una cierta contención en relación a futuras subidas de tipos. La política fiscal es la única susceptible de responder a la situación de inflación específica a cada país. En nuestro caso, puede jugar un papel clave de propulsor de inversión y reformas, en un contexto de reducción de los desequilibrios. Entre tanto, nos asomamos a un IPC en el entorno del 4% para el conjunto del año, y un crecimiento económico superior al 2%, mejorando en ambos casos la media europea.

IPC | La moderación de los precios energéticos y de otros suministros se ha trasladado al IPC en todas las economías europeas. La inflación ha dejado atrás el doble dígito (salvo en Eslovaquia). Sin embargo, descontando los componentes más volátiles, los precios siguen incrementándose significativamente por encima del objetivo del 2% en la mayoría de países. Además, persisten importantes contrastes entre la moderación relativa de los precios en el sur de Europa (en especial España, Chipre, Grecia y Portugal), y la persistencia de fuertes presiones en Europa central (Alemania, Austria, Italia, Países Bajos y repúblicas bálticas).

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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España ante la reconfiguración de los intercambios globales

junio 12, 2023

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La metamorfosis del proceso de globalización es cada vez más palpable, a tenor del distanciamiento que se está produciendo entre los grandes bloques comerciales, exacerbado por la doble crisis pandémica y energética. En la presentación de su último informe de perspectivas económicas, la OCDE constata que los obstáculos a los intercambios internacionales se han multiplicado por 10 en el último lustro (en términos del porcentaje de productos de importación sometidos a algún tipo de restricción entre 2010 y 2022). Una de las barreras comerciales más simbólicas de los nuevos tiempos es el plan Biden de apoyo masivo a la industria americana, algo inimaginable en la época, de facto extinguida, del llamado “consenso de Washington”.

El cambio de rumbo está siendo especialmente perjudicial para Europa, como lo evidencia el fuerte deterioro del saldo de sus intercambios frente a China y EE UU. El déficit con el gigante asiático se ha multiplicado casi por 3 en relación a la media prepandemia (en concepto de balanza por cuenta corriente de la Unión Europea). Y el superávit frente a EE UU está en vías de volatilizarse, dividiéndose por 4 durante el mismo periodo.

En España la tendencia es similar al resto de la UE. Y, más preocupante, el desequilibrio revela una dependencia creciente con respecto a los productos clave para la transición digital y ecológica. Es obvio que el objetivo europeo de autonomía estratégica no se está materializando de momento en avances económicos concretos.

Sin embargo, la “desglobalización” también conlleva una reconfiguración de las cadenas productivas, que en este caso podría estar siendo positiva para la economía española. Las empresas han tomado conciencia de la vulnerabilidad de procesos de externalización excesivamente fragmentados o dependientes de países alejados de los grandes centros de consumo. Esta vulnerabilidad se ha plasmado en la aparición de cuellos de botella y de situación de escasez de suministros esenciales, generando una relocalización de la actividad productiva hacia lugares más próximos y seguros, como lo constata también el informe de la OCDE.

Es probable que España se esté beneficiando de este acortamiento de las cadenas de suministro, hasta el punto de anular el impacto negativo del shock comercial con EEUU y China: los intercambios entre España y el resto de la UE arrojan un superávit creciente, casi compensando por completo el deterioro registrado con las grandes potencias. De modo que el saldo total sigue siendo excedentario, cuando dos de cada tres países europeos, entre ellos Francia, Italia y modelos exportadores como Bélgica y Finlandia están en números rojos. Asimismo, las locomotoras industriales que son Alemania, Austria y Países Bajos han reducido su superávit drásticamente.

Aunque no es fácil cuantificarlo, es probable que la mejora de nuestros intercambios con la UE refleje en cierta medida el proceso de relocalización. Sus efectos son palpables en sectores como la industria farmacéutica y los servicios profesionales, por ejemplo. El tirón del turismo es sin duda otro factor del buen comportamiento del sector exterior, pero esto solo explica parcialmente el resultado de conjunto: entre los países mediterráneos, España destaca por ser el único que presenta un excedente con el exterior.

Todo ello apunta a un plus de competitividad de la economía española en términos de costes de producción, sobre todo laborales y energéticos, y de relativa paz social apuntalada por el recién concluido acuerdo salarial. Se trata de un viento de cola potente hoy por hoy, pero que irá amainando si no se corrigen las causas inherentes al creciente desequilibrio de los intercambios con los países que lideran el cambio tecnológico. Desde ese punto de vista la adenda a los fondos europeos, con unas transferencias adicionales (no reembolsables) de 10.300 millones de euros y préstamos por hasta 84.000 millones a ejecutar hasta 2031, toca las teclas acertadas. Pero para aprovechar el impulso, habrá que solventar los persistentes problemas de ejecución que han lastrado el potencial transformador del programa.

SALARIOS | Las remuneraciones se van acercando paulatinamente a la inflación. Los salarios pactados en los convenios colectivos se incrementaron hasta mayo a un ritmo anual del 3,3%, un punto menos que el IPC (en 2022 la brecha fue de 6,5 puntos en media anual). Otras fuentes de datos apuntan a un incremento ligeramente superior: el coste laboral por hora trabajada registró en el primer trimestre un aumento interanual del 4,1%. En el caso de las grandes empresas, el ajuste alcanzó el 5% durante el mismo periodo, en términos de rendimiento por asalariado.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El horizonte de la maternidad: ¿más lejos y borroso?

mayo 24, 2023

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En España, la preocupación social por el envejecimiento de la población suele centrarse más en la creciente proporción de personas mayores que en el descenso de nacimientos y los cambios en las pautas de fecundidad. Sin embargo, en estas últimas también se aprecia un proceso de envejecimiento. La edad media de maternidad muestra una llamativa tendencia al alza en las últimas décadas: si en 1980 se situó en 28 años, su nivel más bajo desde la llegada de la democracia, en 1996 superó el umbral de los 30 años, y en 2021 alcanzó los 32,6 años (Gráfico 1). España registra en 2021 (último año recogido por Eurostat) la segunda edad más alta de maternidad en toda la Unión Europea, solo por detrás de Irlanda (Gráfico 2).

España ostenta la primera posición en porcentaje de bebés nacidos de madres de 40 años o más años sobre el total de nacimientos (10,7%). Esa proporción se halla próxima a la de otros países del sur de Europa, como Grecia (9,7%), Italia (8,7%) y Portugal (8,4%), pero duplica la de Francia (5,1%), Alemania (4,9%) o Suecia (4,6%) (Gráfico 3). Los nacimientos de madres mayores son menos frecuentes en los países de Europa del Este, como Rumanía o Lituania (3,3%), pero también son bastante reducidos en los Países Bajos (3,8%) y Dinamarca (4%).

Una mirada más detallada a los datos españoles permite advertir que el porcentaje de bebés nacidos de madres de 40 años o más respecto del total no ha dejado de aumentar desde 1993, sextuplicándose entre este año y 2021 (del 1,8% al 10,7%) (Gráfico 4). Es cierto que este dato no tiene en cuenta la estructura de edad de las mujeres en edad fértil, por lo que el porcentaje de estos nacimientos podría haber aumentado simplemente debido al incremento de la proporción de mujeres en este grupo de edad. Sin embargo, aunque este factor influya en alguna medida, no es el principal responsable del aumento, como permiten comprobar las tasas globales de fecundidad específicas: por cada 1.000 mujeres en el grupo de edad de 40 a 44 años, en 2021 nacieron 17 bebés, mientras que en 1993 no llegaban a 6 (Gráfico 5)^[1].

El intenso aumento de nacimientos de bebés de madres mayores desde mediados de los años noventa pone de relieve la tendencia al retraso de la maternidad que ha acompañado al descenso de la fecundidad. Aunque en los años 70 un porcentaje relativamente alto de bebés nacidos de madres de 40 años o más (4,5%) coincidía con una tasa de fecundidad elevada (2,77 hijos por mujer en edad fértil, frente a 1,19 en 2021), se trataba de hijos “tardíos” que, a menudo engrosaban familias ya numerosas. Estos nacimientos disminuyeron progresivamente, al mismo tiempo que lo hacía el porcentaje de madres de 40 años o más. El aumento de este último porcentaje desde mediados de los años noventa ya obedece a una pauta de fecundidad distinta: el diferimiento de la natalidad en familias con pocos hijos (o ninguno). Por tanto, más que hijos “tardíos”, son hijos “diferidos”.

En todo caso, la fecundidad muestra diferencias territoriales significativas. En 2021, las mayores proporciones de bebés nacidos de madres de 40 años o más se registraron en Galicia (14,4%), Asturias (12,4%), Madrid (12,3%) y Cantabria (12,2%). Andalucía y Extremadura, junto con Ceuta y Melilla, mostraron porcentajes considerablemente más bajos, aunque superiores al 8%. A excepción de la Comunidad de Madrid, las regiones con porcentajes más altos de bebés nacidos de madres de 40 o más años presentan tasas de fecundidad más bajas (Gráfico 6).

El horizonte de la maternidad tiende a alejarse en España más que en otros países de nuestro entorno. Aunque menos fáciles de medir y valorar, las implicaciones de este fenómeno sobre el bienestar emocional de mujeres y parejas, así como sobre sus carreras laborales, no son menos importantes que las implicaciones estrictamente demográficas.

^[1] La composición del grupo de mujeres en edad fértil (15-49) también ha cambiado a lo largo de este periodo en cuanto a su origen. En 1998, solo el 1,8% de las mujeres en edad fértil residentes en España eran extranjeras, mientras que en 2021 esta cifra alcanzaba el 16,3%. En todo caso, este cambio en la composición habría suavizado el aumento del porcentaje de nacimientos de madres mayores, puesto que la edad media a la maternidad de las extranjeras es inferior a la de las españolas (30,7 frente a 33,1 en 2021).

Esta entrada forma parte de los contenidos de mayo de ‘Focus on Spanish Society‘.

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El peculiar europeísmo de los españoles

mayo 9, 2023

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Un 9 de mayo, hace 73 años, se firmó la Declaración Schuman, origen institucional de la Unión Europea, a la que España se incorporó en 1986 (cuando su denominación oficial era la de “Comunidades Europeas”). En estos casi 40 años tan llenos de todo tipo de vicisitudes que la han transformado profundamente, la sociedad española ha dado repetidas muestras de un considerable apego a Europa, ganándose el calificativo de “europeísta”. Así se volvió a resaltar el pasado 23 de marzo, en la presentación del informe del último Eurobarómetro, encuesta de opinión realizada en los 27 Estados miembros de la UE en el arranque del año 2023¹. De entre los resultados de esta encuesta, la Representación en España de la Comisión Europea destacó particularmente dos: nueve de cada diez españoles se sienten (“absolutamente” o “hasta cierto punto”) ciudadanos de la Unión Europea, y tres de cada cuatro suscriben (más o menos rotundamente) la afirmación según la cual la UE debería aumentar su margen para adoptar decisiones.

Efectivamente, España presenta porcentajes de respuesta comparativamente muy altos en esas dos preguntas del Eurobarómetro. Por una parte, el 45 % de los encuestados españoles afirman sentirse “absolutamente” ciudadanos de la UE, porcentaje igual o muy próximo a los que arrojan los países nórdicos (Suecia: 45 %, Dinamarca: 44 % y Finlandia: 42 %), solo rebasado por Luxemburgo (51 %) y Malta (46 %) (Gráfico 1). Por otra parte, más de un tercio de los entrevistados españoles (35 %) se declara “totalmente” de acuerdo con la afirmación: “Se deberían tomar más decisiones a nivel de la Unión Europea”; una proporción superada por un único país, Chipre, cuya población (inferior a un millón de personas) respalda esta afirmación en un 48 % (Gráfico 2). Atendiendo, por tanto, a estas dos preguntas, España sería, de entre los Estados miembros “grandes” (por población), el más europeísta.

Ahora bien, el porcentaje de quienes en España manifiestan confianza en la UE (45 %) —si bien más alto que el observado en Francia (33 %), Grecia (37 %) y Eslovaquia (37 %)— resulta moderado cuando se compara con los que arrojan Dinamarca (71 %), Lituania (65 %), Portugal (64 %), Malta (63 %), Suecia (63 %) o Irlanda (61 %), asemejándose a los observables en Alemania (45 %), Italia (44 %) o Austria (44 %) (Gráfico 3). También la confianza de los españoles en las principales instituciones de la UE (como el Parlamento Europeo y la Comisión) se sitúa, más bien, en un rango entre moderado y bajo (Gráfico 3). Por lo demás, un dato que llama poderosamente la atención es el que da cuenta de la frecuencia con la que los españoles conversan con amigos o familiares sobre cuestiones relacionadas con la política europea: el porcentaje de quienes “nunca” hablan sobre estos temas alcanza el 53 %, el más alto de toda la UE (Gráfico 4)².

Así pues, desde una perspectiva comparativa, la presencia de Europa en el “espacio de pensamiento y comunicación” de los españoles es modesta, como también lo es la valoración que hacen de las instituciones europeas. ¿No resulta entonces un tanto paradójico el masivo apoyo que manifiestan a favor de que la UE asuma más poder de decisión? El mismo Eurobarómetro abre una vía explicativa de esta paradoja al ofrecer datos sobre la confianza que las instituciones políticas nacionales generan en los ciudadanos.

Esos datos muestran con claridad la acusada desconfianza de los españoles en sus instituciones políticas. Así, el 90 % de los encuestados tiende a desconfiar de “los partidos políticos nacionales”, el porcentaje más alto de toda la UE. Ciertamente, en todos y cada uno de los 27 países que forman la UE, la proporción de personas que desconfían de los partidos políticos supera a la de quienes confían en ellos, pero en algunos (como los nórdicos o los Países Bajos) la diferencia entre ambos grupos (el de quienes tienden a confiar y el de quienes tienden a desconfiar) es pequeña o moderada, mientras que, en otros (como los meridionales), es muy abultada. A la cabeza de estos últimos se encuentra España, país que registra la mayor diferencia entre ambos grupos (83 puntos); dicho de otro modo, por cada persona que confía en los partidos políticos españoles, nueve desconfían de ellos (Gráfico 5).

En cuestión de confianza en el Parlamento nacional, España (con Bulgaria y Eslovaquia) forma parte del trío de países con porcentajes más altos de ciudadanos que tienden a desconfiar del Legislativo. Casi cuatro quintas partes de los encuestados españoles así lo reconocen (78 %). Aunque el Parlamento (nacional) es una institución que, en gran parte de los Estados miembros, cosecha porcentajes de desconfianza más altos que de confianza, se desvían de esta pauta los países nórdicos, donde la confianza en el poder legislativo de la nación es especialmente destacable (Suecia: 68 %; Dinamarca: 63 %; Finlandia: 63 %), seguidos de Luxemburgo (56 %), Irlanda (49 %) y los Países Bajos (48 %). En España, solo una sexta parte de los entrevistados (16 %) expresa confianza en el Parlamento nacional; es decir, no llegan a dos los ciudadanos que confían del Parlamento, por cada ocho que desconfían de él (Gráfico 5).

El cuadro de desconfianza institucional se completa con los resultados de la pregunta sobre el Gobierno nacional. España vuelve a quedar incluida en el grupo de países con porcentajes más elevados de ciudadanos que desconfían de su Gobierno: así lo manifiesta el 73 % de los encuestados, porcentaje en el que coincide con Grecia, solo superado por Eslovaquia (82 %), Croacia (75 %) y Rumania (74 %). Son pocos los países en los que los ciudadanos que confían en el Gobierno prevalecen sobre los que desconfían de él (Luxemburgo, Dinamarca, Irlanda, Malta y Finlandia), pero también son pocos los que presentan porcentajes de estos últimos (desconfiados) que exceden en más de 40 puntos a los porcentajes de los primeros (confiados): Eslovaquia, Croacia, Rumanía, Francia, Grecia, Bulgaria y España (Gráfico 5).

Los datos expuestos hasta aquí sugieren que ese amplio respaldo a una UE con más poder decisorio expresado por los encuestados españoles se nutre, en buena medida, de la desconfianza hacia las instituciones políticas nacionales. Se entiende así mejor la reivindicación de una mayor capacidad de decisión de la UE, aun cuando el nivel de confianza de los españoles en ella y en sus principales instituciones, así como la atención que prestan a las cuestiones europeas, disten significativamente de las observadas en otras sociedades; en particular, en las nórdicas, pero también en Portugal e Irlanda, países que ostentan niveles de confianza hacia sus instituciones nacionales notablemente más altos que España.

En definitiva, una variante del “efecto Mateo” cobra forma en cuestión de confianza en las instituciones nacionales y europeas: las sociedades que muestran más confianza en las instituciones europeas también presentan porcentajes altos de confianza en las instituciones nacionales; y las que manifiestan escasa confianza en las instituciones europeas, por lo general, tampoco exhiben altos niveles de confianza en las instituciones nacionales. Ambas confianzas parecen funcionar de manera más complementaria que sustitutoria. La mayor confianza en las instituciones europeas no se consigue a costa de una menor confianza en las instituciones nacionales; antes bien, parece que una y otra se retroalimentan.

^[1]El Eurobarómetro 98 recoge las opiniones de 26.468 ciudadanos europeos. La muestra representativa de la población española (de 15 o más años) encuestada incluye a 1.011 personas. El trabajo de campo de las diferentes encuestas nacionales se llevó a cabo entre el 12 de enero y el 6 de febrero de 2023.

^[2]Bien es cierto que también son los que afirman en mayor proporción no conversar “nunca” con familiares y amigos sobre cuestiones políticas nacionales: 41 %.

Inflación 2.0

abril 3, 2023

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La inflación ha entrado en una fase decisiva y más compleja que la que desató el brote inicial proveniente de factores externos como la energía y las materias primas agrícolas. El IPC de marzo, un esperanzador 3,1% en términos interanuales y armonizados con Europa, ha dado alas a la visión de rápida vuelta a la senda de contención de los precios sin necesidad de pasar por una recesión. Ese viaje hacia la inmaculada desinflación, sin embargo, se enfrenta a varios escollos.

El más evidente, y muy comentado, es el estadístico, ya que las comparaciones con niveles de precios inflados tras la invasión de Ucrania aportan una falsa sensación de moderación. De hecho, es probable que el IPC se incremente en más de un punto en abril, sin que se deba concluir que la inflación se esté acelerando (los precios descendieron en ese mismo mes del año pasado, lo que impulsará mecánicamente el incremento interanual).

Hay que centrarse en la tendencia, y ésta todavía no apunta en una dirección clara. El IPC subyacente, es decir descontando la energía y los alimentos frescos, sigue en cotas elevadas, similares a las registradas en las grandes economías de la eurozona. Esto significa que muchas empresas trasladan a sus tarifas de venta la totalidad del alza de los costes generados, directa o indirectamente, por la crisis energética. Y lo hacen porque, en un entorno de subida generalizada de precios, consideran que sus decisiones individuales pasan casi desapercibidas por los consumidores (más de la mitad de los componentes del IPC, no solo alimentos o transporte, están creciendo por encima del 6%). En la mirilla se encuentran los sectores de servicios caracterizados por un bajo nivel de competencia y que apenas se han visto afectados por la escasez de suministros o la escalada de costes de producción. Pero ajustan sus tarifas: según la encuesta de coyuntura de la Comisión Europea, el porcentaje de empresas del sector de servicios no financieros con expectativas de incrementar sus precios es el triple que en la industria, sometida a una feroz competencia internacional.

Así se explica que el excedente bruto de explotación de las empresas alcanzara el 46% del PIB en el cuarto trimestre, máximo de la serie histórica. Un fenómeno de inflación de márgenes que se ha extendido a través de la eurozona, según el diagnóstico del BCE, y que solo ha sido posible porque los hogares han ido tirando del ahorro para mantener su consumo pese al encarecimiento de la cesta de la compra.

En principio, el bucle de precios y márgenes no es sostenible ya que la capacidad de compra de los consumidores es cada vez más limitada. Como lo es el colchón de liquidez disponible para financiar la demanda: la tasa de ahorro ha caído por debajo de los niveles prepandemia y los depósitos bancarios están mermando. El debilitamiento de la demanda es por tanto ineludible, incluso si los salarios recuperan poder adquisitivo en línea con las previsiones del BCE. Esto, unido a factores favorables de oferta como la caída de los costes del gas, de la electricidad y, más recientemente, de algunos de los principales insumos que entran en la producción agrícola, debería doblegar la inflación tendencial.

La cuestión es: ¿a qué ritmo? La experiencia pasada muestra que los precios tienden a reaccionar de manera asimétrica, ajustándose a menor velocidad a la baja que al alza. De ahí la inercia de los bucles inflacionarios y el riesgo de persistencia de un IPC significativamente superior al objetivo del 2%. Algunos miembros del BCE abogan ya por más ajustes, abriendo la puerta a otra ronda de subidas de tipos de interés. Pero la restricción monetaria dificultaría el aterrizaje suave de la economía, y a la vez exacerbaría las tensiones en los mercados financieros cuyas dimensiones todavía desconocemos. Ante la nueva etapa de inflación, esperemos que impere el pragmatismo.

IPC | El IPC general se incrementó un 0,4% en marzo, permitiendo un retroceso de la tasa interanual hasta el 3,3%. Se trata de uno de los mejores resultados de la eurozona. Sin embargo, descontando la energía y los alimentos frescos, la inflación subyacente se sitúa en niveles próximos a la media europea. Según la agencia estadística europea, la cesta de la compra sigue encareciéndose sin que se vislumbre una inflexión. El IPC de los alimentos se incrementó un 1,1% en marzo en la eurozona, impulsando la tasa interanual hasta un nuevo máximo del 15,4%.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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