el-mayor-gasto-por-envejecimiento-y-su-posible-efecto-sobre-una-eventual-reforma-fiscal

El mayor gasto por envejecimiento y su posible efecto sobre una eventual reforma fiscal

Comparte esta entrada



La economía española se enfrenta a cambios estructurales debido a factores demográficos, climáticos, tecnológicos y geopolíticos, con efectos sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Sin embargo, el papel del envejecimiento de la población será preponderante, al menos en las próximas dos décadas, como prevén la AIReF y la Comisión Europea (CE). A efectos ilustrativos, la tasa de dependencia pasará del 26,6% actual al 51,4% en 2050. Además, la supervivencia de las cohortes mayores de 67 años aumentará en cerca de 3 años en ese período. El tamaño de la población jubilada, la creciente esperanza de vida y el aumento de la pensión media elevará de forma intensa el gasto en pensiones. La población española podría crecer en cerca de 5 millones hasta 2050. Sin embargo, existen dudas de que dicho incremento sea suficiente para reducir la tasa de dependencia en el actual contexto de bajas tasas de natalidad.

Como se muestra en los gráficos 1a y 1b, los gastos derivados de la evolución demográfica, del coste de la deuda y del gasto en defensa supondrán 1,8 puntos de PIB más en 2035 —y 6,2 puntos más en 2050— que en 2021. El mayor incremento del gasto tendrá su origen en las pensiones públicas que aumentarán 2,6 puntos de PIB hasta 2050, pudiendo incluso superar esas cifras de acuerdo con las estimaciones de la CE. Le sigue en importancia el gasto en sanidad y los cuidados de larga duración, que aumentarán en conjunto 1,9 puntos de PIB en las dos próximas décadas. Como contrapartida, los cambios en la estructura poblacional reducirán el gasto en prestaciones por desempleo en 1,8 puntos. En resumen, en términos netos, los factores demográficos aumentarán su peso en el PIB en 1,7 puntos en 2035 y 4,5 puntos en 2050. No obstante, esta proyección ha de tomarse con las debidas cautelas, al realizarse bajo un conjunto de hipótesis sobre tasa de actividad, tasa de paro y productividad laboral[1] en un escenario fiscal inercial a políticas constantes. Por otra parte, el coste de la deuda aumentaría su peso hasta el 5,1% del PIB en 2050 en ausencia de medidas de consolidación. Finalmente, es previsible que el gasto en defensa converja hasta el 2% si se cumple el acuerdo alcanzado con el resto de los miembros de la OTAN. Respecto a los efectos de los shocks del cambio climático, no incluidos en los gráficos, estudios como este de Gagliardi han realizado diferentes pruebas de estrés para analizar el impacto de sucesos de naturaleza extrema como una sequía muy prolongada. Los resultados muestran que este tipo de fenómenos podrían generar un incremento del gasto primario de entre 2,0 y 2,4 puntos de PIB con efectos directos sobre el coste de la deuda.


En definitiva, ese conjunto de proyecciones muestra que España deberá enfrentarse en las dos próximas décadas a una creciente presión del gasto público. En ausencia de planes específicos de consolidación fiscal, el cuadro 1 muestra que el déficit comenzaría una fase creciente en 2026, pudiendo superar el 4% en una década. Asimismo, la deuda pública se elevaría hasta el 147% en 2050, alrededor del 120% en caso de un crecimiento potencial superior al 1,3%. Sobre el papel, las nuevas reglas fiscales obligarán a España a realizar ajustes a partir de 2025 para situar la deuda en una senda decreciente. La existencia de varias salvaguardas, incluso si el déficit se sitúa finalmente por debajo del 3%, ayudarían a reducir el déficit en la próxima década.


Una cuestión clave es en qué lado del presupuesto descansarán estos ajustes. Previsiblemente, la consolidación se apoyará en mayor medida en el lado de los ingresos que en el de los gastos por varios motivos, aunque destacamos los tres siguientes. Primero, la reforma de las pensiones de 2023 ha abordado la insuficiencia de recursos desde el lado de los ingresos (destope de bases máximas, Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y cuota de solidaridad). Segundo, los gastos en sanidad y de cuidados de larga duración —que suponen el 15% del gasto público— muestran también una clara tendencia positiva fruto del envejecimiento. Estos gastos están gestionados por las comunidades autónomas lo que añade más complejidad al control de su crecimiento. Por último, las diferentes olas del spending review realizado por AIReF muestran la existencia de margen de mejora en la eficiencia del gasto público, aunque los avances alcanzados han sido limitados. En conclusión, las expectativas para atenuar el crecimiento del gasto público son reducidas. Contrariamente, donde existe más margen de actuación es en el lado de los ingresos. Entre otros, en la revisión de gastos fiscales (entre ellos, los tipos de IVA), la indexación de tipos de gravamen de impuestos especiales o la potenciación de los impuestos ambientales.

En el debate de la reforma fiscal pendiente existen importantes retos, tanto en la consecución de un nivel suficiente de ingresos como en la realización de un diseño certero del tax-mix sobre el que descansará la reforma. La presión fiscal deberá acomodarse al mayor nivel de gasto que se vislumbra para las dos próximas décadas. En este tránsito, los gestores públicos deberán elegir sobre qué impuestos descansará en mayor medida el aumento de recaudación. Así, un amplio cuerpo de la literatura —por ejemplo, aquí y aquí—, (no exento de críticas [por ejemplo aquí]) ha encontrado que cotizaciones sociales, impuestos directos e impuestos indirectos son, por este orden, los que tienen un mayor efecto negativo sobre el crecimiento. De hecho, el aumento de las cotizaciones para financiar las pensiones ya está condicionando el diseño de futuras reformas tributarias: la fiscalidad del trabajo aumentará en promedio 2,7 puntos en los próximos años debido a los cambios en las cotizaciones. Es de esperar que las cuestiones de eficiencia del sistema fiscal ganen relevancia en el debate público en los próximos años. En este sentido, la Comisión insiste en la necesidad de revisar y simplificar el sistema fiscal para impulsar el crecimiento económico y el empleo.


[1]
Se asume que crecimiento de la productividad
aparente del trabajo se situará a partir de 2035 en 1,1 puntos, la tasa de paro
se situará en 2050 en un valor próximo al 7% y, por último, se asumen tasas de
actividad femeninas superiores a las actuales.

Comparte esta entrada



Leer más
¿son-factibles-las-previsiones-del-3%-de-deficit-publico-en-2024-y-del-2,5%-en-2025?

¿Son factibles las previsiones del 3% de déficit público en 2024 y del 2,5% en 2025?

Comparte esta entrada



La actualización de las previsiones macroeconómicas y fiscales (APMF2024) enviada el pasado mes de abril a Bruselas proyecta para nuestro país un déficit del 3% en 2024 y del 2,5% en 2025. Se trata de unas previsiones que, en ausencia de presupuestos, están expuestas a una importante incertidumbre. Por lo que respecta a 2024, las cifras de recaudación del primer trimestre publicadas por la Agencia Tributaria muestran un crecimiento conjunto del 7,5% en las cuatro principales figuras impositivas (IRPF, IS, IVA, IE). Aun siendo un crecimiento robusto, se encuentra por debajo del 8,9% de aumento esperado para el total de ingresos impositivos en 2024, de forma que, aunque queda más de medio año por delante, estas cifras generan por sí solas dudas de que los ingresos permitan recortar el déficit hasta el citado 3% en 2024.

Entre los factores que ayudarán a alcanzar un nivel suficiente de ingresos en 2024 se encuentran: (i) la buena marcha del IRPF durante el primer trimestre con un crecimiento del 8,8%,  (ii) la retirada de las rebajas impositivas sobre electricidad, gas y alimentos,  (iii) la reintroducción del Impuesto sobre la Producción de Electricidad, (iv) la recaudación que aportarán los tributos sobre los sectores financiero y de energía y, por último, (v) el impacto de la inflación en la recaudación de impuestos. De acuerdo con Banco de España, alrededor de un tercio de los 38.000 millones de incremento de la recaudación de IRPF entre 2021 y 2023 se explica por la progresividad en frío, de lo que se puede inferir que la inflación podría aportar alrededor de 2.000 millones extra de recaudación en 2024. En el caso del IVA, a partir de las estimaciones publicadas en Funcas, la inflación podría generar alrededor de 800 millones de euros extra de recaudación. En sentido contrario, un factor que distorsionará estas expectativas positivas es la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la modificación del Impuesto de Sociedades en 2016, que obligará a devolver alrededor de 4.000 millones de euros a lo largo de 2024 y 2025.

Por lo que respecta al gasto público, la Comisión Europea instó a España a limitar al 2,6% el crecimiento del gasto primario en 2024. Sin embargo, AIReF prevé un crecimiento del 4%, con una desviación de alrededor de 8.800 millones de euros. Excepto esta institución, la mayoría de organismos nacionales e internacionales prevén desviaciones del déficit por encima del 3%. El Banco de España, en su caso, lo sitúa en el 3,5% del PIB; recuérdese que cada décima supone alrededor de 1.500 millones de euros. El déficit del conjunto de las administraciones estará, además, condicionado por el comportamiento presupuestario de la Seguridad Social y de las Comunidades Autónomas. Estas últimas recibirán alrededor de 154.000 millones de euros en 2024 (134.000 millones de entregas a cuenta, a los que se unirán alrededor de 20.000 millones de la liquidación provisional de 2022). 

La previsión del 2,5% de déficit en 2025 incorpora incertidumbres adicionales en un contexto de aplicación de las nuevas reglas fiscales. En el escenario inercial, las estimaciones de AIReF y Banco de España sitúan el déficit por encima del 3% a partir de 2025. La señal enviada a Bruselas con la APMF2024 ha de interpretarse positivamente, como un compromiso con el objetivo del 3% y, por tanto, con la confianza de no comenzar el nuevo período de reglas fiscales con un déficit excesivo, marcando así distancias con Italia, Francia o Bélgica. La comparación entre los años 2019 y 2025 —período comprendido entre el año pre-covid y el primer ejercicio de aplicación de las nuevas reglas fiscales— muestra que el ajuste del déficit descansaría en mayor medida en lado de los ingresos. Concretamente, los ingresos crecerían 3,7 puntos de PIB (del 39,2% a 42,9%), frente al incremento de 3,1 puntos en los gastos (42,3% a 45,4%). Sin embargo, dado que la APMF2024 no ofrece detalles, se abren interrogantes sobre las medidas específicas en que se basa tal proyección para conseguir un aumento de la recaudación de alrededor de 33.000 millones de euros de ingresos impositivos entre 2024 y 2025. 

Para concluir, cabe señalar que las nuevas reglas fiscales aportan más transparencia y sencillez, al emplear el gasto primario de cada país como variable clave para asegurar la sostenibilidad de la deuda. Pero hay letra pequeña en las denominadas reglas de salvaguarda, muy relevantes y poco presentes en el debate público: el cumplimiento del 3% de déficit anual no eximirá a los países del deber de reducir su déficit estructural hasta el 1,5% —como medida para generar un colchón suficiente con el que hacer frente a potenciales shocks exógenos como Covid-19—, nivel del que sin embargo estamos lejos si tenemos en cuenta que la APMF2024 ha estimado un saldo estructural del 2,8% en 2024 y del 2,5% en 2025.

Por otra parte, los países como España, con una deuda superior al 90% del PIB, deberán reducir su nivel en un promedio de un punto anual para colocarla en una senda de trayectoria descendente. Esta consolidación puede llevarse en períodos de 4 o 7 años, aunque estos últimos exigen programas de reformas económicos, tal como se están abordando en España en el marco de los fondos europeos. Dado el endeudamiento público actual de España, un ajuste de esta naturaleza supone reducir la deuda en un promedio de 15.000 millones de euros anuales. Los ajustes comenzarán previsiblemente en 2025 o en 2026 si finalmente se toma el primer año de entrada de las reglas como un período de tránsito hacia el nuevo sistema. En definitiva, las nuevas reglas fiscales pueden actuar como el impulso definitivo hacia la consolidación fiscal a la que España debe enfrentarse para reducir déficit y deuda. Sin embargo, el elevado esfuerzo económico que exigirán los ajustes, la deficiente reputación-país ganada en los años precedentes en la apuesta por la consolidación fiscal y la elevada fragmentación parlamentaria, generan importantes dosis de escepticismo sobre el efecto que potencialmente aportarán las nuevas reglas fiscales a la reducción de déficit y deuda en los años venideros.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Expansión

Comparte esta entrada



Leer más
ahora,-corregir-el-desequilibrio-fiscal

Ahora, corregir el desequilibrio fiscal

Cuando estalló la crisis de 2008 las cuentas públicas se encontraban en una situación saneada: habían registrado superávit durante tres años consecutivos y su deuda se hallaba bajo control en un 35,8% del PIB. La larga crisis financiera arrasó con esas cifras, pero después disfrutamos de seis años de recuperación, entre 2014 y 2019, que se podrían haber aprovechado para poner orden. Sin embargo, no fue así: el déficit público estructural se mantuvo en el 3% del PIB, mientras que la ratio de deuda sobre PIB al final de dicho periodo era del 98,2%, apenas 2,3 puntos inferior a la de 2013, el último año de la crisis, cuando la economía tocó fondo. 

Durante los años de recuperación se advirtió repetidamente desde diferentes instancias de la importancia de sanear las cuentas públicas para que, cuando llegara una nueva crisis, la política fiscal tuviera suficiente margen de maniobra para hacer frente a la misma. Pero dichas recomendaciones tuvieron poco éxito, y cuando llegó la pandemia, su situación seguía siendo desequilibrada. Hay que recordar que al inicio de la misma, la prima de riesgo ya dio un pequeño susto, pero la rápida actuación del BCE, anunciando un programa de compra masiva de deuda pública —adicional al programa ya en vigor desde 2015— puso fin a las incipientes tensiones, y fue gracias a ello que pudimos aplicar las medidas presupuestarias que salvaron a la economía de la catástrofe, aunque a costa de disparar aún más el déficit y la deuda.

En 2022 se pudo dar por finalizada la crisis sanitaria, pero ello no supuso una reducción del gasto nominal, porque entonces llegó la crisis energética e inflacionaria, y los recursos que antes se destinaban a la pandemia ahora se debían dirigir a medidas para paliar el impacto de la nueva emergencia, alimentando más la deuda. Una parte de dichas medidas se mantienen en 2023, pero una vez finalice esta nueva emergencia, el gasto tampoco se reducirá, puesto que habrá sido sustituido por un mayor gasto en pensiones, en remuneraciones salariales —por el incremento en el número de empleados públicos y en sus salarios— y en pago de intereses. El propio Gobierno estima en su Programa de Estabilidad un gasto del 46,3% del PIB en 2024, ya sin medidas excepcionales de ningún tipo —y sin contar con los pagos relacionados con el Plan de Recuperación—, cuatro puntos porcentuales por encima de las ratios de los años previos a la pandemia. Es decir, los gastos extraordinarios de 2020 a 2023 desaparecerán completamente en 2024, pero habrán sido sustituidos, e incrementados, por otros de carácter estructural.

Pese a ello, el déficit se ha reducido desde el máximo alcanzado en 2020, gracias a un significativo e inesperado crecimiento de los ingresos públicos, que también han aumentado su peso sobre el PIB. Una parte de este crecimiento se explica por la inflación y la adopción de medidas impositivas; pero hay otra parte para la cual no se encuentra una explicación clara, y se sospecha que procede del afloramiento de economía sumergida. Tanto la Airef como el Banco de España han advertido de que este crecimiento inesperado de los recursos públicos podría no ser permanente, pero el Gobierno da por hecho que sí lo es, y estima que en 2024 los ingresos supondrán un 43,3% del PIB, también cuatro puntos porcentuales por encima de los años previos a 2020. 

Todo ello implicaría que en 2024 el déficit aún sería del 3%, muy semejante al de 2019. Asimismo, el Gobierno estima que el déficit estructural —es decir, eliminando los ingresos y gastos derivados del ciclo económico— descendería progresivamente hasta el 2,5% del PIB en 2026. Sin embargo, las proyecciones de instituciones privadas y organismos internacionales apuntan a cifras más elevadas, con un déficit estructural, en ausencia de medidas de ajuste, que podría situarse de forma persistente entre el 3,5% y el 4% del PIB. 

Con un déficit estructural del 3,5%, no hay ninguna garantía de que la ratio de deuda sobre PIB vaya a situarse en una senda de sostenibilidad, es decir, de descenso continuado. El nivel de esta ratio se ha reducido notablemente desde el máximo alcanzado en 2020 (120% del PIB), debido a la “normalización” del denominador tras la fuerte caída que sufrió en 2020. Pero esa trayectoria descendente podría finalizar en 2024 o 2025, y solo bajo unos optimistas supuestos en cuanto al crecimiento potencial del PIB, tipos de interés y otros factores relacionados con las pensiones, dicha senda se prolongaría en los años posteriores. Bajo supuestos más prudentes, la deuda tomaría una senda ascendente, es decir, de insostenibilidad. Esta perspectiva nos expone a que, ante cualquier “tropiezo” en los mercados financieros nuestra prima de riesgo vuelva a dispararse.

Además, aunque los analistas no lo contemplen en sus escenarios centrales de previsiones, la posibilidad de un aterrizaje brusco tras el cambio de rumbo de la política monetaria es muy elevada si atendemos a los precedentes históricos. De hecho, el consumo ya ha caído durante dos trimestres consecutivos, y el impacto de la subida de tipos de interés aún no se ha transmitido en su totalidad a la economía. La llegada de una recesión, en una situación de desequilibrio de las cuentas públicas como la actual, de elevada incertidumbre, y en medio de un proceso de adaptación de los mercados financieros a un nuevo marco de política monetaria, podría ser un cóctel desastroso. 

El respaldo de la autoridad monetaria es lo que nos ha permitido transitar esta etapa de crisis sucesivas, pandémica primero y energética después, con relativa comodidad, pero el apoyo del BCE tiene los días contados. El año pasado anunció un programa especial destinado a controlar las primas de riesgo pero sus características no están claras, y en cualquier caso el recurso al mismo conllevaría un estigma y un daño reputacional. El desequilibrio fiscal, en suma, coloca a nuestra economía en una situación de vulnerabilidad. 

Durante la pandemia y la crisis energética no era el momento de aplicar un plan de consolidación fiscal, pero sí que hubiera sido deseable la presentación de un programa para ser aplicado cuando las condiciones lo hicieran posible, como reclamaba, entre otros, el Banco de España. En cualquier caso, el momento ya ha llegado tras la finalización de la situación de emergencia, y con el restablecimiento de las reglas fiscales el año próximo no será posible postergarlo por más tiempo.

Esta entrada se publicó inicialmente en el diario ABC.

Leer más
la-economia-de-la-salud-publica-en-espana-(v).-el-gasto-publico-desde-un-prisma-internacional

La economía de la salud pública en España (V). El gasto público desde un prisma internacional

Comparte esta entrada



Con este artículo finaliza la serie publicada en este blog (IIIIIIIV) sobre el análisis de la Economía de los servicios de salud pública en España. Su objetivo es contribuir a explicar por qué los servicios de salud pública – especialmente la vigilancia epidemiológica – a pesar de su importancia crítica, se han revelado muy insuficientes para responder a la crisis sanitaria generada por la COVID-19. Los datos de gasto público en prevención y salud pública (GPSP) parecen ratificar la penuria de recursos. En esta ocasión vamos a analizar cómo estaba situada España en comparación con otros países europeos a este respecto desde 2002 y hasta 2020, primer año de la pandemia de la COVID 19 y último del que se dispone de datos.

Las principales observaciones son las siguientes:

  • Esta comparación se ve dificultada por la discrepancia importante entre la estimación del GPPSP de la Estadística de Gasto Sanitario Público (EGSP) y la del propio Sistema de Cuentas de Salud (SCS) español (y consecuentemente también con los datos OCDE)[1]. No cabe duda de que debemos elegir como estimación más ajustada la del SCS español, con todas sus limitaciones, por la propia naturaleza de los gastos que incluye, por responder a las normas estadísticas internacionales, y porque coincide con los datos de la OCDE que nos permite hacer comparaciones internacionales.
  • En el periodo examinado 2002-2020 existe una notable dispersión del GPSP entre países. En el gráfico 1 aparece la nube de puntos representativos de las parejas de valores PIB y GPSP, que también permite apreciar su evolución temporal.


  • Como se ve en los gráficos 2, 3 y 4, Alemania, Italia y Finlandia (también Holanda, no representada) forman un pelotón de cabeza por encima de la media de la Zona Euro en las tres variables: gasto monetario agregado público (de las administraciones públicas), por persona, real; peso relativo en porcentaje sobre el PIB y peso relativo en porcentaje sobre el total del gasto público corriente en sanidad. Alemania (y Holanda) gastan en euros por persona sistemáticamente alrededor de seis-siete veces lo que gastan los países más rezagados como Portugal (o Grecia no recogida en los gráficos) y tres veces en términos del PIB y del gasto corriente. En los años previos la pandemia Italia les llegó a superar, claramente en términos relativos. Estas coincidencias en las tres variables son relevantes porque significan una opción de política de salud clara. Francia destaca por su bajo nivel, sobre todo en términos relativos. Como se ve en los gráficos, y cabía esperar, la crisis de la COVID ha determinado un aumento notable del GPPSP en todos los países, pero especialmente en España (y en Holanda). En 2020 España ha adelantado a Finlandia en el peso relativo sobre el PIB.


  • Se comprueba que la evolución de estos gastos en España, creciente antes de la crisis 2008-2012, se quebró y no se había recuperado aún en 2019. Esto contrasta con el aumento en algunos países como Italia, Alemania o Finlandia. España, en 2019, en términos monetarios por persona gastaba casi tres veces menos que Alemania (49 versus 140,3 €) y aproximadamente la mitad que Italia (105,5 €) y estaba algo por debajo de la media de los países euro (58,5 €)[2] (separándose más en los años previos a la pandemia). Esta inferioridad respecto del pelotón de cabeza y de la media se mantiene en 2020 a pesar de nuestro aumento del gasto. En relación al PIB y al gasto corriente España estaba también retrasada respecto del grupo destacado, pero ligeramente por encima o en la media.  En 2020, con la pandemia, hemos superado dicha media en ambas variables. Llama la atención nuestro avance relativo en GPPSP respecto del gasto corriente, que puede reflejar un aumento del gasto en vacunas, pero un estancamiento del gasto en el sistema sanitario en su conjunto.
  • No ha sido posible detallar los Programas de vigilancia epidemiológica y control de riesgos y enfermedades (HC 6.5 del SHA 2011) y en Preparación para programas de respuesta ante desastres y emergencias (HC 6.6 del SHA 2011) para España, ya que estos datos únicamente están disponibles para Bélgica y Francia.

En resumen, esta simple comparación internacional parece ratificar la penuria de recursos que nuestro país dedicaba a salud pública antes de la pandemia, aunque otros países europeos estaban aún peor. Resulta claro que esta área del gasto público debería gozar de mayor prioridad cuando todavía seguimos afectados por la pandemia de la COVID-19 y no se descarta que puedan sobrevenir otras en el futuro.

En la actualidad hay algunos síntomas de reacción de nuestras administraciones. El “Plan de recuperación, transformación y resiliencia” en su “Componente 18. Renovación y ampliación de las capacidades del sistema nacional de salud” menciona esta prioridad[3] y existe un proyecto de creación de una Agencia Estatal de Salud Pública. Pero no está claro que estos proyectos sean suficientes. En todo caso, debería planificarse un gasto público óptimo para esta función, de importancia crucial para la salud y altísimos retornos económicos. Un ejemplo es el ejercicio realizado sobre necesidades de “rastreadores” para la detección de casos COVID, efectuado por el Grupo de Trabajo Multidisciplinar del Ministerio de Ciencia y Tecnología

También hay que reiterar que los problemas de metodología estadística que afectan a la estimación de estos gastos son muy importantes y no son independientes de las insuficiencias graves que todavía tiene el aparato de información de nuestro Sistema Nacional de Salud. Debemos hacer un gran esfuerzo de mejora de estas estadísticas, dedicándoles los recursos necesarios. Son un instrumento de seguimiento, análisis y planificación imprescindible para dar respuesta adecuada a las enfermedades transmisibles y no transmisibles que nos van a seguir afectando.


[1] En valores absolutos para 2019 (agregado nacional) frente a los 823 millones de euros de la EGSP, el SCS español estima 2.438. En términos por persona las cantidades son 17,4 y 51 euros respectivamente. Es decir, casi tres veces más. La discrepancia es debida a la distinta metodología empleada por las tres fuentes de información. La EGSP no se ajusta al Sistema de Cuentas de Salud de la OCDE-OMS-EUROSTAT (SHA) y contabiliza algunas partidas de forma diferente. En cambio, el SCS español incluye correctamente gastos que según el SHA son de Prevención y Salud Pública.

[2] En los artículos anteriores, la media de los países se cifraba en 66,4€ (2019). Esta diferencia es debida a la actualización continua de los datos de los últimos años que tiene la base de datos de la OCDE (en este caso datos del 2020 y 2021, aunque estos últimos no completos). Cuando se incorporan los datos de los años más recientes son estimaciones que se acaban actualizando en un periodo de 2-3 años cuando los países disponen de la información ya validada. Por eso ha cambiado la estimación de la media, porque hay datos del 2017, 2018 y 2019 que se han actualizado para los diferentes países.

[3] Los Presupuestos Generales del Estado 2022 prevén 37,9 millones de euros para aumentar las capacidades de respuesta ante futuras crisis sanitarias, como el desarrollo de un Sistema de Información de Vigilancia de Salud Pública o el Equipamiento tecnológico del nuevo Centro Estatal de Salud Pública.

Comparte esta entrada



Leer más
presupuestos-2023:-criticas-poco-justificadas

Presupuestos 2023: críticas poco justificadas

Comparte esta entrada



A mi juicio, las críticas a los Presupuestos Generales del Estado de 2023 que inciden en la imposibilidad de cumplir los objetivos de ingresos y déficit, en que conllevan un crecimiento del gasto previsto muy por encima de los que nos ha recomendado la Unión Europea y en su tono excesivamente expansivo están poco fundamentadas. Vayamos por partes.

El crecimiento previsto de los ingresos es muy moderado. Y lo es porque la recaudación efectiva del año en curso estará muy por encima de la cifra que maneja el Ministerio como base. Incluso en un escenario de crecimiento del PIB real por debajo del 1% en 2023, el objetivo es perfectamente factible. Las nuevas figuras tributarias y el crecimiento de los precios serían más que suficientes.

La meta de déficit público incluida en los presupuestos para el conjunto de Administraciones Públicas es creíble. Y lo es porque 2022 cerrará con un desequilibrio fiscal alrededor de -4,3%. De nuevo, la explicación se encuentra en el comportamiento de los ingresos tributarios. Alcanzar el -3,9% que se fijó en el Programa de Estabilidad aprobado en la primavera y en los Presupuestos supone un recorte menor.

Tercero, según la AIReF, el crecimiento del gasto computable para la aplicación de la recomendación de la Unión Europea será del 3,6%. Todavía no conocemos cuál será la cifra concreta que estipulará la comisión, pero la AIReF estima que se hallará en el intervalo 3,1%-5,1%. Es decir, lo más probable es que los presupuestos cumplan también en este frente con cierta holgura.

Finalmente, el Banco de España considera que el tono de la política fiscal será prácticamente neutral. No son unos presupuestos especialmente expansivos. De hecho, son los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia los que van a permitir las mayores alegrías de gasto.

Dicho todo lo anterior, hay que aclarar que los presupuestos han dejado fuera el paquete fiscal compensatorio de los efectos de la crisis energética y de precios para 2023. Antes de fin de año, el Gobierno deberá concretar qué parte de las medidas vigentes se prorrogarán y qué nuevas actuaciones serán incluidas y financiadas con cargo al erario. El reto será definir un paquete que no ponga en peligro la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas. Para ello, el Gobierno tendrá que seleccionar qué se queda fuera. Porque no parece posible prorrogarlo todo y añadir elementos como la ampliación el bono social y el térmico; u otras que se plantearán en las próximas semanas.

En esa obligada selección deberían priorizarse las actuaciones que se vuelcan en los hogares vulnerables y las empresas y ramas más castigadas; que son coherentes con el objetivo de la transición energética; y que no van en contra de las tendencias tributarias recomendables pergeñadas en el libro blanco de la reforma tributaria. Y quizá tendría sentido pensar en un plan de cobertura trimestral e ir adaptándolo a la evolución de los acontecimientos.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

Comparte esta entrada



Leer más
el-gasto-en-defensa-y-el-deficit-publico

El gasto en defensa y el déficit público

Comparte esta entrada



La guerra en Ucrania ha situado en un primer plano el análisis económico del gasto en defensa de los países de la Unión Europea. Presentamos dos visiones de la problemática relacionada con este tema: una —firmada por Claudia Pérez Forniésen el contexto internacional de las relaciones entre países miembros de una misma Alianza; y esta, en el marco presupuestario español y en los problemas para afrontar el déficit público.

Tanto en el ámbito privado como en el público, existen gastos con poco atractivo. Las primas de seguro para cubrir riesgos contingentes son un buen ejemplo. Reservar una parte de los ingresos familiares o cargar la cuenta de explotación de las empresas para prepararse ante sucesos que pueden no ocurrir, exige racionalidad y cálculo; u obligatoriedad por parte de un regulador. En el ámbito público, la partida que responde mejor a esta definición es la de defensa nacional. Con el agravante de que las guerras, en general, se ven lejanas y provocan rechazo y disgusto en el ciudadano mediano europeo del siglo XXI.

Los datos lo demuestran. Basta citar dos estudios. El primero, de la Fundación COTEC, sobre preferencias de gasto público en la ciudadanía, presentado en enero de 2021 (disponible en #LEC_COTEC: Preferencias de gasto público en la ciudadanía – Fundación COTEC para la Innovación). El gráfico adjunto, extraído del informe, muestra la ordenación de preferencias de ocho políticas públicas principales. Defensa y seguridad aparecen en el último lugar, con una intensidad de prelación que supera ligeramente 0,5 sobre un máximo de 5.

Representación gráfica de las preferencias de la población española sobre las ocho políticas de gasto consideradas [tomado de Cotec].

El segundo informe es la edición de marzo de 2022 del Focus on Spanish Society de Funcas, elaborado a partir de datos del CIS y de Eurostat. Las autoras muestran que, estando España en el cuartil de países de la UE-27 que gasta en defensa un menor porcentaje del PIB, el 30% de los españoles considera que se gasta demasiado. La segunda política menos apoyada sería seguridad pública, pero no llega al 10% quienes consideran que el desembolso es excesivo.

Nuestra pertenencia a la OTAN nos ha permitido un cierto comportamiento de free-rider, dejando que sea Estados Unidos el líder que asume la parte del león en gasto e intervenciones ante conflictos que, desde hacía mucho tiempo, se producían lejos de nuestro espacio de seguridad y confort. La invasión de Ucrania por Rusia ha alterado el mapa por completo. La percepción del riesgo ha cambiado y, con ello, la disposición a incrementar el gasto militar, tanto entre las elites políticas como entre los ciudadanos. 

La encuesta de 40db para El País y la Cadena SER correspondiente a abril de 2022 muestra que el 57,5% de los encuestados está muy o bastante de acuerdo con incrementar el gasto en defensa en detrimento de otras partidas.

No obstante, este giro de prioridades tiene importantes implicaciones para las cuentas públicas. El Gobierno ha anunciado que el objetivo para 2024 es llegar al 2% de PIB, cifra que los países de la OTAN se fijaron en 2014 como objetivo a diez años vista. Pero hoy España apenas alcanza el 1%. Eso quiere decir que debemos incrementar más de un punto porcentual de PIB el gasto en defensa en dos ejercicios, lo que complica aún más una consolidación fiscal tan urgente y necesaria como aplazada y orillada. 

Con un déficit estructural próximo al 5% de PIB en 2022, cargar adicionalmente los compromisos de gasto conlleva la necesidad de ajustes sustanciales en otras partidas o un fuerte incremento de la recaudación tributaria. Sin duda, la lucha contra el fraude fiscal y los análisis de rentabilidad social del gasto para detectar gasto superfluo o prescindible ayudarían. Pero me temo que van a ser claramente insuficientes dada la magnitud del reto.

El Gobierno debe afrontar pronto la tarea de fijar una senda de gastos e ingresos públicos coherente y racional, que nos permita equilibrar las cuentas públicas en un plazo razonable. Y en ese ejercicio debe aparecer de forma expresa el compromiso en defensa. A lo mejor no es posible alcanzar el 2% comprometido en dos años y hay que pedir una prórroga, atendiendo a las posibilidades económicas de un país todavía en recuperación de la pandemia y golpeado por la guerra de Ucrania. O quizá sí lo es. Pero solo cuando esta partida se integre con el resto será posible determinar la coherencia del escenario presupuestario, generando certidumbre y previsibilidad. Y ambos ingredientes son particularmente necesarios en el momento actual.

Comparte esta entrada



Leer más
el-gasto-publico-en-2020:-convergencia-de-espana-con-la-media-de-la-union-europea

El gasto público en 2020: convergencia de España con la media de la Unión Europea

Eurostat ha publicado recientemente los datos de gasto público correspondientes al año 2020. Estos reflejan el impacto de los diez primeros meses de la pandemia y muestran el esfuerzo realizado por los Estados europeos para combatir la crisis sanitaria y paliar sus efectos económicos y sociales más graves.

El primer dato que destaca es el importante aumento del gasto público europeo en 2020.  Mientras que la media del gasto público en la UE-27 ascendió al 46,5% del PIB en 2019, en 2020 se elevó al 53,1%. Este aumento de 6,6 puntos porcentuales pone claramente de manifiesto el fuerte crecimiento del sector público en las economías europeas. 

En España, el aumento del gasto público en 2020 ha sido aún más significativo. Entre 2019 y 2020 se ha disparado en 10 puntos porcentuales, pasando del 42,1% al 52,4% (situándose en aproximadamente 588.000 millones de euros). En consecuencia, el gasto público español, tradicionalmente inferior a la media de la UE, alcanzó en el primer año de pandemia su mismo nivel (gráfico 1). 


El aumento del gasto público en porcentaje del PIB en 2020 es el resultado del crecimiento del gasto en términos absolutos derivado de las políticas económicas y sociales adoptadas por los gobiernos europeos en respuesta a la pandemia, pero también del descenso del PIB. Es decir, mientras el numerador de la ratio (el gasto público) ha aumentado, el denominador (el PIB) se ha reducido. 

Dado que España experimentó la mayor caída del PIB de la UE-27 en 2020 (-10,8%), la convergencia en 2020 entre el gasto público español y el europeo no es en sí misma una buena noticia. En cierto modo, el precio de la convergencia ha sido una fuerte caída del PIB. Además, hay que tener en cuenta que España acabó 2020 con el mayor déficit público de la Unión Europea (11%).

Aumentos significativos del gasto en sanidad y protección social

El crecimiento más significativo del gasto entre 2019 y 2020 se produjo en las áreas de sanidad y protección social. El gasto público en ambas funciones representó el 30% del PIB en el conjunto de la UE-27, así como también en España (gráfico 2).  


El gasto público medio de la UE-27 en sanidad aumentó en 2020 un punto porcentual, pasando del 7% al 8% del PIB.  En cuanto al gasto en protección social, creció intensamente en la UE durante la Gran Recesión y mantuvo un nivel elevado desde entonces, en torno al 19-20% del PIB entre 2009 y 2013. Sin embargo, la pandemia impulsó el gasto público medio de la UE-27 en protección social hasta el 22% del PIB (gráfico 3).


El gasto público de España en protección social también alcanzó el 22% en 2020, 2,7 pp más que en 2019 (de 217 a 248 mil millones de euros). Por su parte, el gasto sanitario aumentó 1,5 pp, pasando del 6,1% al 7,6% (de 76 a 85 mil millones de euros).

Estabilidad del gasto en defensa

Defensa es, junto con vivienda, una de las partidas de gasto a las que los Estados miembros de la UE dedican menos recursos públicos (gráfico 3). El gasto público medio de la UE-27 en defensa asciende al 1,3% del PIB. Sin embargo, las diferencias entre los Estados miembros de la UE son ostensibles, ya que Grecia, las Repúblicas Bálticas y Rumanía gastaron más del 2% de su PIB en este ámbito en 2020 (gráfico 4). Se trata de países que, por diferentes motivos, sienten amenazas externas a su seguridad. En cambio, España, Bélgica, Austria, Portugal, Irlanda, Malta y Luxemburgo destinan menos del 1% de su PIB a esta categoría de gasto. 


El gasto público medio en defensa también aumentó en 2020 en la UE-27, aunque solo ligeramente (del 1,2% al 1,3% del PIB). El incremento en España fue asimismo modesto (del 0,8% al 0,9% del PIB). En términos absolutos, el gasto público español en defensa se acercó a los 10.600 millones en 2020, aproximadamente el coste mensual de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social.

El comparativamente reducido gasto público de España en defensa debe situarse en el contexto de una opinión pública poco favorable al gasto militar. La mayoría de los ciudadanos españoles piensa que los recursos dedicados a esta partida de gasto son adecuados (36%) o excesivos (30%), según la encuesta anual sobre política fiscal realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en 2021. En comparación con otras funciones del Estado, las preferencias sociales por el gasto en defensa son bajas. Como ilustra el gráfico 5, mientras que el porcentaje de personas según las cuales se dedican recursos insuficientes a la sanidad, las pensiones, los cuidados de larga duración, la investigación científica o la protección del medio ambiente oscila entre el 60% y el 80%, las que consideran que la defensa está infradotada solo suponen una quinta parte (21%). 


Ciertamente, si se observan las respuestas a esta misma pregunta desde mediados de los años 80, se aprecia una tendencia descendente del rechazo a dedicar recursos públicos a la defensa (gráfico 6). Pero esta tendencia (que se quebró durante la Gran Recesión) ha ido de la mano de una reducción efectiva del gasto público en defensa. Según la base de datos del Stockholm Institute of Peace Research [SIPRI], que ofrece datos para España desde 1955, el gasto público en defensa alcanzó su máximo en porcentaje del PIB a mediados de los años 80, con un 3%, estabilizándose por debajo del 1,5% a partir de 2003.


Sin embargo, las encuestas efectuadas en los últimos datos (2019-2021) muestran indicios de que la opinión pública española está cambiando lentamente hacia una postura menos hostil respecto al aumento del gasto en defensa. Es probable que la invasión rusa de Ucrania refuerce esta tendencia en 2022.

Leer más
la-economia-de-la-salud-publica-en-espana-(ii)

La economía de la salud pública en España (II)

Comparte esta entrada



Este[1] es el segundo de una serie de artículos en la que estamos analizando de forma elemental la Economía de la salud pública en España. La importancia de las actividades y servicios de salud pública no se puede minusvalorar. Se ha estimado que de los 30 años de esperanza de vida ganados a lo largo del siglo xx, 25 se pueden atribuir a medidas de salud pública, tales como mejor nutrición, saneamiento y vivienda, etc., mientras que la asistencia sanitaria a los pacientes individuales habría contribuido con cinco años (Bunker et al. 1994). La vigilancia y control epidemiológico han conseguido contener ciertas epidemias. Las vacunas a lo largo de la historia han disminuido radicalmente morbilidad y mortalidad salvando millones de vidas (Andre et al. 2008) (Hidalgo et al 2013).

Además, estos servicios y herramientas —en particular los de prevención y vigilancia epidemiológica— se han revelado críticos para dar respuesta a la pandemia de la COVID-19, enfermedad infecciosa global nueva que, cuando debuta, nos golpea carentes de los conocimientos necesarios para atajarla, en especial sin vacunas disponibles, ni tratamientos específicos. La mejor respuesta y resultados de los países del Sudeste Asiático y de Alemania (desde luego en la primera ola) seguramente se pueden atribuir al despliegue de unos servicios de salud pública potentes, habiendo sido el tipo y características del sistema de asistencia sanitaria curativa individual relativamente indiferentes a la hora de evitar contagios, hospitalizaciones y fallecimientos (Lobo 2020).

Otra motivación para estudiar la
economía de la prevención y salud pública son las interrelaciones entre pandemias y crecimiento económico. En
esta ocasión no estamos ante una crisis económica que impacta y genera
consecuencias en la salud, sino ante una crisis sanitaria que tiene
consecuencias en la economía de todos los países. En particular, la
incertidumbre y la falta de confianza que genera la progresión de contagios,
hospitalizaciones y fallecimientos paraliza consumo e inversiones, sin que
quepa esperar que la economía se recupere si no se estabiliza la situación
sanitaria. No existe un balance compensatorio entre economía y salud. Los
países que más han contenido la pandemia son los que menos daños económicos han
sufrido y mejor se han recuperado, mientras que los que han respondido con
medidas laxas y han tenido menor éxito en su contención son también los que
peor evolucionan económicamente.

«Las inversiones en herramientas que permiten prevenir la enfermedad pandémica tienen altísimo retorno, lo que obliga a reorientar las prioridades económicas en el futuro hacia la vigilancia epidemiológica, rastreo, detección y seguimiento de contactos, vacunas, etc…».

Félix Lobo y Marta Trapero Bertrán

El FMI en las últimos Perspectivas de la Economía Mundial de abril de 2021 ha estimado una caída del PIB mundial en 2020 del 3,3%, sin precedentes históricos recientes, pero que podría haber sido tres veces mayor de no haber sido por las extraordinarias políticas de apoyo desplegadas. Cutler y Summers (2020) han estimado el coste total de la pandemia en los EE.UU teniendo en cuenta, además de las pérdidas de PIB, los costes sanitarios emergentes (muertes prematuras valoradas a partir del “valor estadístico” de la vida, morbilidad y discapacidad y problemas mentales resultantes) en 16 billones (doce ceros) de dólares, equivalentes al 90% de su PIB en un año. Para una familia media de cuatro miembros el quebranto alcanzaría los 200.000 dólares. Aproximadamente la mitad es pérdida de renta derivada de la recesión y la otra mitad pérdidas por vidas más cortas y menos saludables. En la Gran Recesión la reducción de producción sólo fue de un cuarto. Las distintas publicaciones de Funcas también están prestando gran atención a las consecuencias económicas de la COVID-19, tales como el nº 165 de 2020 de Papeles de Economía Española; SEFO, Spanish and International Economic & Financial Outlook últimos números y el libro de Ocaña et al. (2020), Impacto social de la pandemia en España. Una evaluación preliminar.

Una consecuencia es que las inversiones en herramientas que permiten prevenir la enfermedad pandémica tienen altísimo retorno, lo que obliga a reorientar las prioridades económicas en el futuro hacia la vigilancia epidemiológica, rastreo, detección y seguimiento de contactos, vacunas, etc… En España se ha estimado que la vigilancia epidemiológica de la pandemia tiene una ratio beneficio/coste de 7 a 1 (González López-Valcárcel, y Vallejo Torres 2021).

También hemos de tener presente que en las recesiones económicas los países tienden a reducir los gastos públicos sanitarios debido a las restricciones fiscales. Pero, entre ellos, los gastos en prevención y salud pública cuentan con elevadas probabilidades de ser recortados. Las razones —en circunstancias normales, bien distintas de las de una pandemia— son las siguientes:

  • Prioridad de las personas enfermas que
    requieren tratamiento,
  • Estos gastos tienen poca visibilidad y
    rentas electorales,
  • Producen beneficios difícilmente
    apreciables por cada individuo y sólo afloran a largo plazo, por lo que no
    concentran las demandas de los ciudadanos,
  • No tienen el apoyo de grupos de interés
    ni de organizaciones sindicales o profesionales poderosas.

Estas reducciones de gasto (popularmente recortes) pueden llegar a tener consecuencias negativas a corto y largo plazo en la salud de las personas. Algunas derivan de la propia crisis; otras pueden ser espoleadas por las políticas públicas, como la política de austeridad impuesta por la Unión Europea para responder a la crisis financiera de 2008-2014. Las repercusiones sobre la salud de la contención de los gastos sanitarios durante la Gran Recesión han sido un tema destacado de análisis en años pasados, aunque con conclusiones poco claras (Karanikolos et al. 2015). En España un estudio encontró que la crisis perjudicó a la salud mental de los españoles, pero debido a los trastornos psicológicos causados por el enorme paro, más que por las restricciones de gastos y servicios. Sin embargo, no encontró que la crisis se asociara, a corto plazo, a mayor incidencia de enfermedades crónicas como la EPOC, cardiovasculares, etc. (García-Gómez et al, 2016); (Oliva Moreno et al. 2018). Puede leerse una discusión breve de esta cuestión en Lobo (2017). Todo indica que, además de las trágicas mortalidad y morbilidad, las consecuencias indirectas para la salud de la pandemia van a ser muy superiores a las de la crisis financiera de 2008-2014.

En próximos artículos analizaremos el
nivel, la evolución, los componentes y las características del gasto público en
prevención y salud publica en España según las distintas fuentes disponibles.


[1] Este artículo se basa en el publicado por los mismos autores “El gasto público en servicios de prevención y salud pública en España antes de la COVID-19 (I). Los datos nacionales”, en Cuadernos de Información Económica, nº 280, enero-febrero 2021.

Comparte esta entrada



Leer más
sinfonia-del-plan

Sinfonía del plan

Comparte esta entrada



Criticar es deporte nacional. Seguramente hay motivos para ello a menudo y en muchas ocasiones una intención constructiva. Para la economía española, el momento es de urgencia. Existe ya un plan que el Consejo de Ministros aprobó esta semana y que será enviado a Bruselas este viernes para su validación, con la vista puesta en que, en verano, lleguen los primeros fondos. Puede que adolezca de falta de concreción, pero, en este momento, tal vez nos baste con unas líneas directrices y, sobre todo, que sea ambicioso. Avanzar en torno a un plan no es una cuestión despreciable por dos motivos. En primer lugar, los criterios de gasto vienen marcados por la UE y son distintos de los habituales, más transformadores. En segundo lugar, el sector empresarial español se ha involucrado para promover “proyectos tractores”. No muy lejos de aquí, otro de los grandes receptores de fondos europeos, Italia, con el muy reputado Mario Draghi a la cabeza, pretende modernizar su país, con un plan que no difiere tanto del español en concreción, pero que identifica sin complejos problemas estructurales sin tapujos. En ambos territorios, la credibilidad y profundidad de la acción va a depender de su control y de reformas aparejadas e incentivos que acompañen al gasto.

El plan supone un movimiento muchas veces ansiado y que la aritmética electoral ha hecho casi imposible hasta ahora: poder incrementar partidas de gasto que los economistas han considerado, hasta ahora, más prioritarias que los políticos (investigación, digitalización, formación o sostenibilidad ambiental) sin que esto vaya en detrimento de los gastos habituales (gasto social y sanitario, por ejemplo). Los porcentajes de gasto son como los colores, van por gustos y según cómo cada cual hubiéramos diseñado el plan. Tal vez hubiera sido preferible poner algo más en I D, que solamente se lleva un 7% del gasto. Esta distribución se puede mejorar aun si las partidas dedicadas a sostenibilidad y digitalización —que son mayoritarias— estimulan la investigación aplicada.

Los grandes enunciados del plan lógicamente suenan bien, aunque habrá que esperar a conocer todos los detalles en unos días. El documento incluye 110 inversiones y 102 reformas. Los llamados “macroplanes tractores” incluyen el coche eléctrico, la rehabilitación de edificios y el 5G, pero también la preservación de recursos hídricos o la economía de los cuidados. Todos y cada uno de ellos deben tener los incentivos adecuados para que el gasto no sea cosa de un día, sino que perduren y generen su propia inercia. Desde la posibilidad de cubrir energéticamente un parque eléctrico de vehículos hasta la cobertura y coste para el ciudadano de acceder al 5G son cuestiones cruciales.

Por último, España no podrá alejarse de las medidas transversales que ya han tomado otros países con los que competimos en todo (Italia, Portugal), que se han adelantado a anunciar una reducción de impuestos a corto plazo y mejores incentivos, como la eliminación de burocracia. Las acciones futuras de política económica deben estar coordinadas dentro y fuera del país para que sean un todo sinfónico y no terminen siendo un collage algo desafinado, con resultados desiguales.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

Comparte esta entrada



Leer más
gasto-publico-y-crecimiento-en-los-paises-de-la-ocde,-1964-2018

Gasto público y crecimiento en los países de la OCDE, 1964-2018

Comparte esta entrada



Buena parte de las
economías avanzadas de la OCDE muestran, desde mediados de los años sesenta
del pasado siglo, una tendencia decreciente de sus tasas de crecimiento,
especialmente perceptible en los países europeos y Japón. En paralelo, la
trayectoria del gasto público presenta un aumento sostenido hasta comienzos
del decenio de los ochenta, estabilizándose posteriormente en torno a una
media del 41% del PIB, aunque con amplias diferencias entre países. En
términos muy generales, la pregunta a la que se ha tratado de responder en
este trabajo es si ese nivel de gasto público tiene alguna relación con la
caída de las tasas de crecimiento.

La relación entre
gasto público y crecimiento económico responde a dos fuerzas contrapuestas.
Por una parte, los efectos positivos del gasto público sobre la productividad
a través de la acumulación de capital físico y humano, de la corrección de
los fallos de mercado y de la mejora de la estabilidad social mediante la
reducción de la desigualdad. Por otra, los efectos distorsionadores de los
impuestos sobre la productividad del capital y sobre el crecimiento, así como
por las ineficiencias de la gestión pública y por la extensión de las
actividades de búsqueda de rentas. El resultado final dependerá de la
importancia relativa de ambos efectos, lo que, bajo determinados supuestos
sobre la forma de la función de producción, se relaciona principalmente con
el tamaño, la composición y la calidad del gasto y de los ingresos públicos.

A partir de los
análisis empíricos realizados, la primera conclusión de este artículo es
que el tamaño alcanzado por el gasto público en la mayor parte de los países
avanzados estaría siendo una rémora para el crecimiento económico. Sin
embargo, un resultado tan agregado que, por otra parte, ha sido ampliamente
contrastado en otros trabajos, esconde relaciones muy heterogéneas entre gasto
público y crecimiento económico en los distintos países.

En primer lugar, el
mencionado efecto negativo tiene una magnitud muy diferente entre países:
mientras en algunos, como los escandinavos, los coeficientes son bajos, en
otros, como los del antiguo bloque del este de Europa o los bálticos, son
mucho más elevados.

«Los resultados obtenidos presentan tantas particularidades que no puede decirse, sin más, que una reducción del gasto público en los países avanzados de la OCDE implique un aumento de las tasas de crecimiento a largo plazo. La composición y calidad del gasto puede resultar tan determinante como su propio tamaño».

En segundo lugar,
los resultados no son tan concluyentes cuando en lugar del gasto público total
se toma el gasto en bienes y servicios públicos, excluidas por tanto las
transferencias, cuyo efecto sobre el crecimiento, aun siendo también negativo,
es a su vez muy diferente entre países. Y resultados opuestos se obtienen para
gran número de países cuando el análisis se circunscribe al gasto en
inversión pública. Por tanto, la composición del gasto es un factor muy
destacado en cuanto a sus efectos sobre el crecimiento.

En tercer lugar, la
relación entre gasto público y crecimiento no necesariamente es lineal. La
estimación no paramétrica de coeficientes que pueden variar en el tiempo
muestra que en algunos países se ha iniciado una senda de ajuste y
estabilización del gasto que modifica el signo de su relación con el
crecimiento económico, de modo que algunos de los efectos negativos habrían
quedado en buena medida neutralizados.

En cuarto
lugar, la calidad y eficacia del sector público se muestra como un factor
explicativo muy relevante de las diferencias que se aprecian entre países con
niveles similares de gasto. Países con un tamaño del gasto muy elevado
ofrecen, en cambio, resultados mucho mejores en su relación con el crecimiento
que otros con un tamaño más reducido, debido a las diferencias en variables
de tipo institucional. La conclusión es que un elevado número de países
podrían mejorar sus tasas de crecimiento sin necesidad de reducir el gasto,
reforzando sus indicadores de calidad y eficacia del gobierno.

Incluso enjuiciando
el papel del sector público solo por sus efectos sobre el crecimiento, los
resultados obtenidos presentan tantas particularidades que no puede decirse,
sin más, que una reducción del gasto público en los países avanzados de la
OCDE implique un aumento de las tasas de crecimiento a largo plazo. La
composición y calidad del gasto puede resultar tan determinante como su propio
tamaño y otro tanto puede decirse de la eficacia e imparcialidad de la
actuación del sector público en la provisión de bienes y servicios.

El análisis
realizado no puede obviar el hecho de que el crecimiento, como objetivo de las
políticas públicas, debe conciliarse con otros objetivos que también
formarían parte de una hipotética función de bienestar social, como la
conservación del medio ambiente, la distribución de la renta o el acceso a
ciertos servicios básicos como la educación o la sanidad. Todo lo que aquí
hemos deducido tiene que ver con el alcance de las relaciones entre gasto
público y crecimiento económico, pero no se prejuzga que el crecimiento deba
ser el único código para evaluar el gasto, aunque sí conviene tenerlo muy
presente cuando se proponen políticas redistributivas que conllevan un
componente de gasto público. El equilibrio entre eficiencia y equidad, tan
discutido en cuanto a lo óptimo de sus proporciones, requiere, con seguridad,
tener en cuenta todo tipo de factores, económicos, ambientales y sociales, a
la hora de diseñar y ejecutar la intervención del sector público en las
sociedades avanzadas.  

Esta entrada es un resumen del artículo ‘Gasto público y crecimiento en los países de
la OCDE, 1964-2018’, publicado en el número
164 de Papeles de Economía Española
.

Comparte esta entrada



Leer más

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies