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Beneficios bancarios

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Las grandes entidades financieras españolas obtuvieron beneficios de más de 26.000 millones en 2023, un 27 % más que hace un año. Es buena noticia, pero han generado una polémica estéril. Que si son excesivos, que si justifican más impuestos. Se requiere una reflexión sosegada, más perspectiva. Las empresas deben tener una rentabilidad adecuada que nutrirá primeramente sus reservas para garantizar su solvencia y supervivencia y, si así lo desea, para invertir, crecer, y generar más actividad económica. Para bancos aún más, ya que se les exige desde la regulación financiera niveles de capitales propios reforzados, que hay que ir alimentando con reservas, para que no se vea afectado el crédito. Son actores principales en la canalización del ahorro al crédito en una economía, con la lógica asunción de riesgos, que deben venir respaldados por los recursos propios.

Tras la crisis financiera de 2008 y sus coletazos —como el grave contagio a la deuda soberana periférica en Europa— la estrategia monetaria fue muy laxa con tipos de interés ultrarreducidos y negativos. La presión sobre la rentabilidad bancaria fue notable. Repercutió en el precio de las acciones del sector. Nada boyante, por debajo del valor en libros. Y llegaron nuevas exigencias regulatorias, como el incremento del capital y otros requerimientos prudenciales. Más presión para los resultados de los bancos. Después, un marco de tipos de interés más elevados ha ayudado a impulsar los beneficios. No obstante, el que los bancos estén saneados y hayan aligerado su estructura y sus costes en la última década —otra exigencia regulatoria— ha ayudado a que sus resultados sean mejores de los inicialmente esperados en los dos últimos años. Dicho esto, no hay espacio para las autocomplacencias ya que los retos, como los tecnológicos, con la nueva inteligencia artificial requiriendo inversiones sustanciales, no se detienen y el entorno de tipos de interés está próximo a cambiar. Asimismo, los bancos —como empresas que son buque insignia— deben perseguir objetivos más allá de los beneficios. Por ello harán bien en compartir el momento saneado de sus cuentas con su entorno y cumplir así más objetivos sociales además de los financieros. Es este un excelente momento para reforzar su reputación y papel social. 

Sorprende que se haya fijado un impuesto en la banca en un momento tan puntual de los beneficios, sin garantías de continuidad. Sin duda no se ha considerado prioritario la permanente necesidad de reforzar capital de la banca española y el mantenimiento de su situación competitiva internacional. Las alertas del Banco Central Europeo cuando se le consultó el impuesto no jugaron un papel determinante, dando lugar a la inconsistencia entre los objetivos entre agencias gubernamentales. Mientras los supervisores bancarios requieren rentabilidad para, fundamentalmente, mejorar la solvencia y así evitar episodios como las tensiones del último ejercicio de la banca regional estadounidense, la autoridad fiscal detrae de ese proceso recursos significativos que además reducen la capacidad de conceder nuevo crédito a la economía, lo que habría tenido efectos positivos mayores que la recaudación de un impuesto.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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La reforma fiscal: por dónde empezar

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La semana pasada, Funcas organizó el seminario “La reforma fiscal: por dónde empezar”. El video de la jornada se encuentra disponible aquí. En esta entrada se sintetizan las ideas principales.

El punto de partida del debate fue la constatación de que la pandemia y la invasión de Ucrania han condicionado la puesta en marcha de una reforma tributaria en profundidad en el pasado reciente. El estreno de la nueva legislatura y la normalización del entorno en 2024 ofrecerían, de entrada, un marco más propicio, a pesar de que la mayor fragmentación parlamentaria complica la tramitación de leyes que den cobertura a las modificaciones de mayor calado.

En este contexto, el debate se centró en repasar las actuaciones más urgentes y en explorar las posibilidades reales de reforma tributaria, teniendo en cuenta las propuestas del libro blanco para la reforma tributaria publicado en 2022, las tendencias recientes en los Estados miembros de la Unión Europea y el escenario internacional, definido por directivas y acuerdos multilaterales de todo tipo.

En
lo que atañe al diagnóstico, se valora positivamente el contenido y alcance del
libro blanco, si bien se indican dos aspectos clave en los que se podría
complementar. Primero, la realización de cálculos y estimaciones en algunos impuestos.
Segundo, un mayor aprovechamiento del conocimiento práctico de los
profesionales del sector.

En el ámbito del IRPF, algunos cambios parecen especialmente urgentes. Entre ellos, destaca la eliminación del régimen de estimación objetiva; el mantenimiento del esquema de tributación dual, con la inclusión de los rendimientos de capital inmobiliario en la base ahorro y una posible aproximación de tipos a los de la base general; la reforma de la actual reducción variable por rendimientos de trabajo; la revisión de los gastos fiscales para ensanchar la base; la simplificación del impuesto; la actualización periódica para corregir los efectos acumulados de la inflación; y la extensión de la obligación de declarar para contar con una radiografía económica de todos los hogares, input fundamental para un despliegue focalizado de actuaciones en el frente redistributivo.

En el ámbito del impuesto sobre sociedades hay que ser conscientes de todos los acuerdos internacionales para evitar el problema de la doble imposición, pero también los avances más recientes todavía en fase de implementación. En general, el acento se pone en la necesaria revisión de los ajustes que se hacen para pasar del resultado contable a la base liquidable. El ensanchamiento de bases permitiría aumentos de recaudación incluso con una reducción de tipos, en línea con las tendencias internacionales.

En
el ámbito de la tributación de la riqueza se impone una simplificación y una
actualización normativa. Hoy contamos con tres figuras que gravan la riqueza
general (impuestos sobre el patrimonio, sobre sucesiones y donaciones y sobre
las grandes fortunas), con una normativa muy desfasada en el caso de los dos
primeros, unos tipos impositivos excesivamente altos en perspectiva comparada y
en términos económicos, una elevada elusión fiscal, y problemas de
externalidades fiscales negativas (competencia fiscal nociva) que requieren
atención. El libro blanco discute estas cuestiones en detalle.

Finalmente, la reforma fiscal verde es un frente en el que casi todo está por hacer. A pesar de que los españoles son conscientes de la necesidad de hacer frente al cambio climático y los problemas medioambientales, vamos por detrás de la mayoría en el frente tributario en este ámbito. La convergencia en la tributación del gasóleo y la gasolina a los parámetros comunitarios, así como la implementación de las actuaciones discutidas en el libro blanco exigirían, no obstante, la utilización de mecanismos de compensación para afrontar la regresividad tributaria de las actuaciones. Precisamente, la extensión de la obligación de declarar en el IRPF sería un input valioso para la concreción de esas compensaciones.

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El sector financiero en 2024: desde el año electoral a la IA, sin olvidar los tipos de interés

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Quizás uno de los sectores económicos que recibe
más impactos de su entorno es el financiero. Obligado, por ejemplo, a vigilar
múltiples aspectos como el estado de la credibilidad fiscal de su país de
origen. Una crisis de deuda soberana le afecta notablemente. También
incertidumbres políticas o electorales. Se comprobó en 2010-2012. Entonces
fueron mercados de capitales cerrados y una gran presión en las calificaciones
crediticias con el riesgo país en ascenso en aquellos momentos. La situación
ahora es muy distinta, más desahogada aparentemente. No obstante, este año
2024, con tantas elecciones relevantes —desde
las legislativas europeas a las americanas, pasando por muchas otras— con
probables cambios en las estrategias y prioridades políticas —la
sostenibilidad, en la que la banca juega un papel muy relevante—, será uno de
los principales ejes. Puede afectar al entorno financiero global y a su
regulación tanto doméstica como supranacional (como la de Basilea). Las
entidades financieras estarán alerta, junto a las tecnológicas y energéticas, de
los resultados de las votaciones. Otro ejemplo de esa trascendencia política es
comprobar cómo pocos sectores están tan bien representados en el Foro de Davos,
que se está celebrando esta semana, como el bancario, con significativa
representación española, botón de muestra de la importancia de su interacción
con la geopolítica internacional.

La evolución de la actividad económica, el empleo y la inflación es la cuestión de entorno que más afectará al negocio y resultados de los bancos. El debilitamiento del crecimiento económico en nuestro país en 2024 probablemente hará mella, tal vez solamente de un modo moderado, en el volumen de negocio nuevo, tanto en captación de ahorro como en concesión de créditos. Dependerá también de la evolución del precio del dinero, que seguirá siendo comparativamente elevado. El año comienza con un cierto repunte de la inflación, sobre todo por las retiradas de algunas de las ayudas por el encarecimiento de la energía y las tensiones en el mar Rojo, aún incipientes pero preocupantes. Está por ver la incidencia final de estos incidentes y si suponen realmente una escalada en el conflicto, pero ya están dando lugar a un aumento de los fletes. Eso sí, no se debe asumir que vaya a mimetizar el proceso inflacionario que se produjo en 2021-2022, mucho más global. No obstante, nos recuerda las numerosas vicisitudes que todavía quedan para llegar al nivel de referencia de la inflación para los bancos centrales (2%). Si el impacto final es solamente coyuntural sobre la inflación y esta sigue desacelerándose en los próximos meses, es probable que comencemos a ver las primeras bajadas de tipos antes de verano. Lo que ocurra con el euríbor en las próximas semanas revelará lo que el mercado haya estado descontando de la gravedad y persistencia del repunte en la inflación. Parece mantenerse como escenario más probable la bajada de tipos. Esa probable disminución de los costes financieros puede ayudar a que la morosidad permanezca bajo mínimos. Esta se ha comportado bien a pesar de la pandemia, la inflación y los conflictos bélicos, a diferencia de lo que pasó en la crisis financiera, donde una excesiva concentración en el mercado inmobiliario —en concreto a su burbuja— causó una muy elevada morosidad y una cascada de enormes pérdidas bancarias. Cuando el crédito tiene una razonable diversificación y no se han cometido excesos en su concesión ni errores de supervisión, los préstamos resisten bien, sobre todo si el mercado de trabajo también aguanta. Esto es lo que parece que ha sucedido desde 2020.

Aunque los tipos bajen finalmente, continuarán
elevados, pero el margen de intermediación de los bancos disminuirá algo en
2024 por la mayor remuneración de los depósitos y la tendencia a la baja de los
intereses del crédito. Eso sí, gracias a la morosidad bajo control y aunque
habrá inversiones tecnológicas, los resultados del conjunto de los bancos
mantendrán el buen tono de 2023, aunque difícilmente crecerán con respecto a
ese último año. El impacto del impuesto a los beneficios de la banca aminorará
ese montante, una mala noticia para incrementar reservas y para la
competitividad internacional de nuestra banca. Una cierta inconsistencia entre
el conjunto de políticas de los Gobiernos y agencias supervisoras, aun
reconociendo que ambas autoridades tienen misiones distintas: los reguladores
requieren mayores recursos propios y los Gobiernos, con estos impuestos, dañan
la capacidad interna de aumentar esa necesaria solvencia para permitir que
fluya adecuadamente el crédito.

Por último, 2024 será un año donde la tecnología nuevamente jugará un papel muy relevante en la estrategia bancaria. Las entidades financieras abrazaron la era digital hace más de 25 años. Como empresas en las que la información es la materia prima fundamental, han ido invirtiendo y apostando decididamente por las nuevas tecnologías desde entonces. Se ha llegado ahora a la nueva inteligencia artificial (IA) generativa, aún en sus inicios, pero con un potencial brutal para cambiar no solamente la forma de hacer banca, sino el conjunto de la economía y muchos usos sociales. En este año debemos ver ya algunos avances significativos en IA en banca, aunque quedará mucho potencial por delante. Tampoco se pueden olvidar los riesgos y cautelas, sobre todo en lo digital. Hay que planificar casi lo inimaginable (planing for the unplanned) para que la tecnología no tenga quiebras que nos lleven a un retroceso. Este año los ciberriesgos estarán nuevamente muy alto en las agendas. En suma, mucho potencial, pero mucho por hacer y cuidar.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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Pigou y competencia, en lugar de peajes

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La decisión de reemplazar la implantación generalizada de los peajes en las vías de alta capacidad en España por medidas para impulsar el transporte sostenible va en la buena dirección, pero sería necesario que el gobierno y Bruselas expliquen este acertado golpe de timón y, de paso, resuelvan algunas de las dudas que esta solución puede generar.

La economía no es maniquea, existen razones a favor y en contra de los peajes. Empecemos con los argumentos espurios a favor y sus inconvenientes. Las empresas constructoras defienden los peajes como un ingreso finalista para la construcción y mantenimiento de la red de carreteras. España es uno de los países europeos con más kilómetros de carretera por millón de habitantes, lo que es una ventaja competitiva pero conlleva, igualmente, unos enormes gastos de mantenimiento. Diversas asociaciones de usuarios y las constructoras denuncian que existe un déficit importante en la conservación de nuestra red viaria, generado entre otras razones por los recortes que vinieron con las crisis económicas o el COVID. Sin embargo, los ingresos finalistas no son una buena idea económica. La razón es obvia. Cuando uno elabora un presupuesto para satisfacer dela mejor manera posible las necesidades de la población, introducir una restricción hace que la solución sea peor. El mantenimiento de las carreteras es importante, pero no lo es menos la educación o una emergencia sanitaria.

La solución de los peajes conlleva, además, otros inconvenientes como la necesidad que imponen de invertir en un sistema de control de tráfico que, según cómo se implemente, puede conllevar un importante coste e incluso tener un riesgo de obsolescencia tecnológica. Pero probablemente el mayor problema potencial es que los peajes incentiven un trasvase del tráfico de autovías a carreteras de un solo carril por sentido, con la consiguiente reducción de la eficiencia y aumento en la siniestralidad.

Sin embargo, existen dos argumentos en favor de los peajes que sí tienen fundamento económico. Primero: el pago por uso es un buen principio, por equidad y por eficiencia, para financiar la construcción de nuevas infraestructuras y el mantenimiento de las existentes. Solo si los usuarios de las carreteras, (y de todos los medios de transporte), pagan por los costes de uso de la infraestructura (y también por los costes medioambientales), tomarán las decisiones correctas en lo que respecta a qué modo de transporte emplear e impulsar. 

Segundo —siguiendo el argumento anterior—: el uso de peajes pondría al transporte por carretera en igualdad de condiciones con otros medios de transporte que ahora pagan por el uso de la infraestructura. En la situación actual, el transporte por carretera está parcialmente “subvencionado”, lo que puede ser uno de los motivos por los cuales el ferrocarril de mercancías tiene un papel casi testimonial en España en comparación con otros países europeos. Este es un punto importante para Bruselas y para la estrategia de lucha contra el cambio climático y, por ello, la nueva hoja de ruta plantea impulsar el transporte sostenible. 

La forma de hacerlo
es recuperar a Pigou, y aplicar de forma más intensa el lema de “quien contamina,
paga”: tratar el transporte por carretera como otros sectores industriales,
imponiendo a los vehículos comerciales (y a la vivienda) un pago por emisiones
de CO₂ a partir del 2027, que
se estima que será unos 45 euros por tonelada
. El argumento del gobierno
español es que este nuevo impuesto, que se va a implantar en toda la UE, cumple
parcialmente con los objetivos que se perseguían con los peajes. Aún no se sabe
cómo se va implementar; una posibilidad sería utilizar el impuesto de los carburantes. 

Utilizar los
impuestos pigouvianos (medioambientales) —como el de carburantes— tiene
múltiples ventajas sobre los peajes. El primero y más obvio es que estos
impuestos ya existen, y no hay que realizar inversiones para su puesta en
funcionamiento. Además, se aplica a todas las carreteras y su importe es mayor para
vehículos más grandes, que son, a su vez, los que generan un mayor desgaste de las
infraestructuras. Y, no menos importante, precisamente porque su importe depende
del uso de combustible, proporciona incentivos al ahorro energético a través de
la moderación de la velocidad y de la adquisición de vehículos más ecológicos. Es
decir, puede ser una forma de incentivar los vehículos eléctricos —que en
nuestro país tienen una cuota de mercado muy baja— más eficaz que los actuales planes
Moves, cuyas subvenciones directas a la
compra se trasladan en gran medida a los precios.

Una buena pregunta sería
si es mejor esperar a 2027 o, por el contrario, es preferible hacer una
transición más gradual, subiendo progresivamente los impuestos de los
carburantes con el doble objetivo (el famoso doble dividendo de los impuestos mediambientales) de reducir las
emisiones y de que los usuarios de la red viaria contribuyan en mayor medida a
su mantenimiento (¡eso si, sin convertir estos impuestos en finalistas!). No se
pueden ignorar los costes políticos de una medida de este tipo. A nadie le gusta
subir impuestos y, aunque nunca es un buen momento para hacerlo, siempre es
útil una comparación con el entorno para comprobar si existe margen para una
medida como esta. Y lo que se comprueba sistemáticamente es que el precio de la
gasolina, antes de impuestos, es más elevado en España que en nuestros
principales vecinos, pero el PVP, que incluye impuestos, es significativamente más
bajo. Algo similar sucede con el gasóleo (ver gráficos). Dado que el precio del
petróleo es un precio internacional, se puede deducir que el hecho de que el
precio de los carburantes antes de impuestos en España se sitúe entre los más
altos de Europa es consecuencia de la falta de competencia en el mercado de
refino y distribución. Estos sectores están muy concentrados, y aunque la CNMC
ha hecho una gran labor en los últimos años (favoreciendo las gasolineras
automáticas e introduciendo medidas para reducir la cuota de mercado de las
empresas dominantes), todavía queda mucho camino por recorrer.


Converger con nuestros socios europeos en la presión impositiva sobre los combustibles fósiles, además de potenciar el uso de medios de transporte más sostenibles, generaría un incremento sustancial de los recursos. La presión sobre conductores y transportistas podría aliviarse con reducciones en el precio de la gasolina antes de impuestos, lo que solo puede venir de un aumento de la competencia en el sector. Además, la complementariedad entre el fomento de la competencia y la política fiscal también aplica al transporte de mercancías por ferrocarril: la reducción de algunas de las barreras a la entrada a la que se enfrentan los operadores entrantes en este mercado, en particular en lo referente a maquinistas y acceso a material rodante, y especialmente locomotoras, podría ser una alternativa —al menos, parcial— a los subsidios que ahora se plantean a este medio de transporte.

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Empresas y empresarios: responsabilidad fiscal y deseabilidad profesional

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Apenas hace un par de meses que el asunto de la presión
fiscal sobre las empresas acaparaba los principales titulares de los medios de
comunicación españoles y dividía la opinión publicada entre quienes consideran
que los impuestos que gravan en España a las empresas son altos y lastran su
competitividad internacional, y quienes lo ponen en duda, incluso lo niegan. Ahora
bien, en la opinión pública esas posiciones aparecen menos polarizadas. Así se
desprende de las respuestas a la pregunta que Funcas ha planteado en junio de
2023 a una muestra representativa de la población española mayor de edad (1.373
entrevistados): “En su opinión, ¿los impuestos que pagan en España las empresas
son muy altos, altos, adecuados, bajos o muy bajos?”.

Cerca de la mitad de los entrevistados opinan que los impuestos que pagan las empresas son “altos” (22%) o “muy altos” (23%), mientras que uno de cada cinco (20%) considera que son “adecuados”. Esta última proporción es similar a la de quienes tildan tales impuestos de “bajos” (15%) o “muy bajos” (5%) (Gráfico 1). Podría pensarse que esta distribución de opiniones está influida por una cobertura mediática que mayoritariamente ha resaltado el elevado nivel de impuestos que pagan las empresas en España. Sin embargo, la encuesta más cercana en el tiempo que hemos hallado con una pregunta comparable, realizada en 1996, arroja datos sorprendentemente similares a los obtenidos en junio de 2023. En aquel año (Gráfico 2A) —como el actual (Gráfico 2B), un año electoral— un 43% de los entrevistados de una muestra representativa encuestada por CIRES opinó que las empresas pagaban “mucho” o “demasiado” en impuestos, mientras que un 19% mantuvo que pagaban “poco” o “demasiado poco”. Obviamente estos datos, separados en el tiempo por casi 30 años, no permiten afirmar la estabilidad durante las últimas décadas de la opinión pública española respecto a la presión fiscal sobre las empresas, pero sí dudar de que los porcentajes que ha arrojado la encuesta Funcas de junio de 2023 resulten de un cambio reciente en el “clima de opinión” provocado por los medios de comunicación. Asimismo, permiten sostener que, según la mayoría de la población adulta española, las empresas cumplen con su responsabilidad fiscal, pagando impuestos calificados como “adecuados”, “altos” o “muy altos”.  


Volviendo a los datos recogidos en junio de 2023, no se observan diferencias sustanciales entre las opiniones de mujeres y hombres acerca de los impuestos que pagan las empresas, si bien ellas se abstienen mucho más que ellos de opinar sobre esta cuestión. La edad, en cambio, sí marca algunas diferencias de interés: entre la población de menos de 45 años abundan más quienes piensan que las empresas pagan impuestos “altos” o “muy altos”. Este parecer también encuentra más respaldo entre quienes tienden a asociar mentalmente la palabra “empresarios” con las PYMES o con los trabajadores autónomos, más que con las grandes empresas (Gráfico 1).

Qué representación social de los empresarios emerge cuando se oye hablar de ellos es una cuestión a la que hasta ahora se ha prestado escasa atención, a pesar de que, en este punto, se observan diferencias individuales considerables: casi cuatro de cada diez entrevistados piensan en “grandes empresas” cuando escuchan la palabra “empresarios”, pero un 24% imagina “pequeñas y medianas empresas”, y un 12% los asocia fundamentalmente con los “autónomos” (Gráfico 3). Probablemente, estas diferentes visiones (o percepciones) de los empresarios influyen en las opiniones que los individuos albergan sobre cuestiones relacionadas con el mundo de las empresas. Así, por ejemplo, quienes identifican a los “empresarios” como los responsables de “grandes empresas” (39% de los entrevistados) se muestran, en general, menos favorables hacia esta profesión. Solo un 11% de ellos recomendaría a una persona joven que se hiciera “empresario/a”; en cambio, un 54% de esas mismas personas le aconsejaría ser funcionario. Parece, por tanto, que la identificación de los empresarios con las grandes empresas está relacionada con juicios más críticos sobre este colectivo.


En todo caso, la función pública destaca ostensiblemente como destino profesional que se recomendaría a una persona joven que buscara orientación al respecto. En efecto, independientemente del sexo de los entrevistados, de su edad, de su nivel educativo o de la idea de “empresario” que albergue en su imaginario, la mayoría de los entrevistados en junio de 2023 aconsejarían a una persona joven que optara por la función pública (Gráfico 4). Llama la atención que la proporción de entrevistados que revelan una preferencia profesional por la función pública supera a la resultante de sumar todas las respuestas que hacen referencia a la ocupación en el sector privado (bien sea como empresario, como autónomo o como asalariado).


Esta extendida recomendación de incorporarse a la función pública podría interpretarse contra el trasfondo de un mundo que, sobre todo desde el inicio de esta década, se percibe como crecientemente incierto en casi todos los ámbitos de la vida. En ese entorno de incertidumbre la función pública brinda estabilidad en un ámbito tan importante como el laboral; y también ofrece, en general, jornadas de trabajo más cortas, lo que las hace más compatibles con otros quehaceres y con un valor en alza, la disposición de más tiempo libre (como se desprende de la comparación del número medio de horas semanales trabajadas por los asalariados del sector público y el resto de ocupados: Gráfico 5).


Con todo, esta interpretación que relaciona la predilección por la función pública con la agudización de sentimientos de inseguridad pasa por alto que, en momentos del pasado reciente en los que la incertidumbre provocaba menos “presión ambiental”, la preferencia por la función pública como destino profesional también se hallaba, en España, más extendida que la preferencia por la ocupación en el sector privado, como ponen de manifiesto diversas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (Gráficos 6A y 6B).


Estos datos ofrecen materia para la reflexión. Por una parte, inducen a anticipar una elevada demanda social de empleo público, lo que convierte su oferta en un expediente tentador para cualquier gobierno que desee ganar apoyo electoral.  Por otra parte, obligan a plantearse una cuestión preocupante: una sociedad que traslada a sus jóvenes de manera tan masiva la preferencia por trabajar en las Administraciones Públicas puede estar olvidando que los ingresos para pagar a esos funcionarios dependen decisivamente de que empresas y trabajadores en el sector privado generen suficiente riqueza.

Ficha técnica de la Encuesta Funcas (junio 2023)

• Entrevista telefónica asistida por ordenador a una muestra de 1.373 entrevistados representativa de la población de 18 años o más residente en España.

• Trabajo de campo:

– Fecha: 12- 25 de junio de 2023.

– Empresa: IMOP Insights.

• Margen de error: en el supuesto de un muestreo aleatorio simple, el margen de error es de ±2,7 puntos porcentuales para p=q=50 % y un nivel de significación del 95 %.

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Impuesto erróneo a la banca

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No estoy de acuerdo con el nuevo impuesto a los bancos. Los supuestos en los que se sustenta son incorrectos. Tampoco ayuda a resolver de manera significativa los posibles problemas recaudatorios. Se trata de un gravamen mediático que yerra el tiro. Genera más problemas que soluciones. La estructura impositiva de nuestro país requiere una reforma desde hace tiempo, entre otras razones, por su insuficiencia, pero ni el impuesto a las energéticas ni el de la banca son el camino. Gravar a unos sectores por sus supuestos “beneficios extraordinarios” y no a otros que también pueden estar teniéndolos facilita una crítica tan sencilla como la discriminación por ramas de actividad.

La clave conceptual reside en qué son “beneficios extraordinarios”. La situación excepcional en los mercados de gas y petróleo y el sistema marginalista de fijación de precios ha podido conducir a “beneficios extraordinarios” en algunas empresas energéticas. Por el contrario, es muy difícil argumentar sólidamente que la banca esté teniendo análogos “beneficios extraordinarios”. Llevamos escasamente cuatro meses de subidas de tipos de interés oficiales y del euríbor. Aunque algunos bancos hayan anunciado un incremento de beneficios en los últimos trimestres, ello no significa que el sector no siga teniendo problemas de rentabilidad. En la mayoría de los casos no cubre el coste estándar de capital que exigen los inversores, como señala el bajo valor en bolsa comparado con el mantenido en libros.

No es un problema que afecte solamente a la banca española, sino internacional. Es una actividad con grandes costes administrativos y de cumplimiento regulatorio para garantizar la estabilidad financiera. Si ésta se pierde, genera graves problemas sociales, análogas a una crisis de salud pública. Esos supuestos “beneficios extraordinarios” serían, más bien, el resultado de la normalización de los tipos de interés que vuelven a estar en positivo tras una década cerca de cero o negativos. Ahora están cerca del 3%, bastante bajos en perspectiva histórica. Y habrá que ver si con el debilitamiento de la economía no aumenta la morosidad.

El argumento de vincular este gravamen para “arrimar el hombro” con el rescate bancario de hace diez años es débil. Se rescataron principalmente los depósitos de las entidades en dificultades. No hacerlo habría causado una cascada de acontecimientos más graves. En los casos donde hubo una gestión negligente la fiscalía actuó, por lo que no cabe hablar de “rescate de banqueros”. Además, el sector financiero, se ha adaptado al nuevo entorno de mayor exigencia como demuestra su participación activa en los préstamos ICO o en el reciente acuerdo para aliviar la carga hipotecaria.

Por último, algunos argumentos económicos de peso. Con el impuesto se encarece el crédito en un contexto de inflación y fuerte desaceleración. Asimismo, como señaló el BCE en su dictamen al respecto, puede aminorar la creación de las reservas de la banca, pilar clave de su solvencia y estabilidad. Menor crecimiento de recursos propios conlleva una disminución de la capacidad de la banca para asumir nuevos riesgos lo que implica menos crédito. Y finalmente debilita la posición competitiva bancaria española globalmente. No existe parangón de un impuesto así en otras latitudes.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Presupuestos en tiempos de inflación

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En un entorno plagado de incertidumbres y con un banco central centrado en la lucha contra la inflación, la orientación de nuestra política fiscal reviste una importancia transcendental que no deja lugar para el error. Prueba de ello, el conato de crisis financiera desatado por el recién estrenado gobierno británico y su plan de estímulos basado en recortes generalizados de impuestos. La reacción de los mercados ha sido virulenta, ante la perspectiva de una explosión de deuda y de subidas adicionales de tipos de interés para aplacar las presiones inflacionistas anticipadas como consecuencia del propio plan. 

Bien es cierto que el margen de maniobra se ha estrechado en todas las economías, por la escalada de los costes de abastecimiento que constriñen el aparato productivo, especialmente la industria. Este es un contexto que aminora el efecto tractor de los estímulos presupuestarios (el llamado multiplicador fiscal). Por otra parte, la financiación del déficit se ha encarecido tras varias vueltas de tuerca monetarias. Se acabó el periodo dulce en que podíamos endeudarnos y a la vez reducir las cargas financieras. Para 2023, incluso bajo el supuesto de una pausa en las subidas de tipos a partir de la próxima primavera (algo que dejaría el bono a 10 años en el 3,5%), se prevé un incremento del pago de intereses de nuestra deuda superior a 4.000 millones. Todo ello aboga por una contención del déficit recurrente, es decir descontando las cargas financieras y los efectos del ciclo.  


No obstante, tal y como lo recuerda la OCDE en sus últimas perspectivas, el contexto también exige un doble esfuerzo. Uno, el de apoyar la transición productiva y el ahorro energético para ir reduciendo la dependencia de las energías fósiles. Y dos, aliviar el impacto del shock inflacionista en los colectivos más vulnerables y en las empresas más expuestas a la crisis energética, so pena de exacerbar el malestar social y agudizar el riesgo de recesión y de subida del paro. Una pérdida masiva de puestos de trabajo, como ocurrió en todas las recesiones a que se enfrentó nuestro país antes de la pandemia, sería especialmente perjudicial para las familias y las empresas que se han endeudado a tipo variable. Tendremos por tanto que estar atentos al buen funcionamiento de los dispositivos de empleo previstos en la reforma laboral. 

Con todo, la política presupuestaria se enfrenta a la tarea de contener las presiones recesivas y a la vez colocar las cuentas en una senda de corrección de los déficits, para que no se disparen los costes de financiación. Una ecuación de difícil solución, sobre todo habida cuenta del nivel de partida del endeudamiento, y de nuestra incapacidad a reducirlo durante la etapa de expansión anterior a la pandemia. Además, con un IPC en el 10% en la eurozona y casi el 11% en Alemania, no cabe ya ninguna duda que el BCE ajustará de nuevo sus tipos de interés fuertemente al alza, pese a la recesión europea que se avecina (esperemos que no decida también vender bonos en cartera).  

Sin embargo, también disponemos de oportunidades como la menor dependencia del gas ruso. Y la abundancia de fondos europeos, si bien su potencial propulsor depende de la focalización en inversiones que disuelvan los cuellos de botella y transformen el modelo energético. De lo contrario los fondos solo agudizarían las presiones inflacionistas. Otro factor es la moderación del IPC registrada el mes pasado: de afianzarse una desescalada frenaría la pérdida de poder adquisitivo y ayudaría a desatascar el consumo embalsado (los datos revisados del INE apuntan a un colchón de sobre-ahorro muy superior a la estimación inicial). En suma, ojo con no perder tiempo en distracciones. El camino pasa por unos presupuestos focalizados en las necesidades surgidas a raíz de la crisis energética y de suministros, y un esfuerzo de contención de los desequilibrios estructurales compartido por todas las administraciones.       

AHORRO| Según los datos revisados del INE, el ahorro generado por las familias durante la pandemia se elevó a 134.000 millones de euros, es decir 40.000 más de lo inicialmente estimado. Esta importante revisión muestra que el colchón de que disponen los hogares para afrontar la pérdida de capacidad adquisitiva derivada de la inflación es mayor de lo que se creía. La revisión no ha sido el resultado de un nivel de consumo inferior al previamente estimado, sino de un volumen de renta disponible superior a las cifras inicialmente calculadas para 2020 y 2021. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Nuevos impuestos

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Comencemos por dos aclaraciones. La primera es que los impuestos anunciados la semana pasada no forman parte de la reforma fiscal pendiente que debería resolver múltiples problemas y afrontar nuevos retos. Su lógica y justificación es diferente. La segunda es que, por muy buena voluntad que se tenga, ningún Gobierno es capaz de garantizar que el coste de los impuestos no se vaya a trasladar vía precios a otros agentes económicos; en particular a los clientes de empresas energéticas y bancos. Porque una cosa es la incidencia legal de un tributo, que sí controla el gobierno a través de la normativa fiscal, y otra la incidencia efectiva.

Dependiendo de las condiciones de los mercados, las empresas pueden acabar trasladando una parte no menor del coste a sus clientes, proveedores o incluso trabajadores. Es una realidad que las empresas energéticas están siendo favorecidas por la coyuntura actual. En el caso de las eléctricas, por un sistema marginalista no pensado para situaciones extraordinarias como la que estamos viviendo. Los beneficios caídos del cielo están siendo enormes. La llamada “excepción ibérica” ha sido una solución buena, pero parcial. Aun con ella, los precios a los que se está cobrando la luz excede con mucho lo razonable, dado el peso menor del gas en las fuentes generadoras de electricidad en España. En el caso de los carburantes, el mecanismo es diferente. Pero existe evidencia empírica de esos beneficios extraordinarios. Por tanto, un impuesto transitorio sobre las energéticas es un complemento justificable a los cambios en el sistema marginalista, y va a permitir que una parte de esos sobreprecios a los consumidores pasen a financiar actuaciones compensatorias. Es muy probable que este tipo de tributos extraordinarios vayan a ser la norma en Europa.

En contraste, tengo serias dudas sobre la oportunidad del impuesto a la banca. El argumento de que las entidades financieras se van a beneficiar de la subida de tipos que se avecina no tiene nada que ver con la idea de los beneficios caídos del cielo. Como es bien sabido, el sistema financiero español ha pasado años difíciles en un contexto de tipos de interés negativos, nunca visto antes. Los ajustes en plantilla y las cotizaciones bursátiles dan fe de ello. Y no hay que olvidar que una subida de tipos no es sinónimo de mayores beneficios en un contexto de crisis económica con previsibles aumentos en la morosidad. Tampoco es totalmente sólido el argumento de que el impuesto es una compensación por el rescate a la banca que financiaron todos los españoles. Porque una parte sustancial de los bancos que soportarán el gravamen no recibieron esas ayudas. Me cuesta creer que este vaya a ser un camino que se transite de manera generalizada en los países de la UE.

Quizá tendría sentido volver al libro blanco de la reforma tributaria y encontrar otras posibilidades para obtener más ingresos, al tiempo que se mejora el sistema.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Deducción por innovación tecnológica: ¿Cómo funciona?

Descubre cómo funciona la deducción por innovación tecnológica en el Impuesto de Sociedades, un motivo más para invertir en innovación.

  • Las empresas que invierten en innovación han incrementado sus ingresos cinco veces más rápido que el resto.
  • La base de la deducción debe estar formada por el importe del período de los gastos de innovación tecnológica.

Innovar o no innovar. He ahí la cuestión. Hoy en día son muchas las empresas las que se inclinan por la innovación tecnológica. En los últimos años, la inversión en tecnología ha aumentado y eso es algo que se ha acelerado, en buena parte, por la pandemia. Un estudio de Accenture pone de manifiesto que las empresas que invierten en innovación tecnológica han incrementado sus ingresos cinco veces más rápido que el resto. Esta actuación, además, conlleva beneficios como son las deducciones de las que estas compañías pueden disfrutar.

En qué consiste la deducción por innovación tecnológica

Cuando las empresas invierten en innovación pueden beneficiarse principalmente de dos tipos de deducciones. Una de ellas es la deducción por actividades de investigación y desarrollo (I D), mientras que la otra, por actividades de innovación tecnológica.

Para poder acceder a las deducciones, la actividad que realice la empresa debe ser de innovación tecnológica. La ley del Impuesto sobre Sociedades califica que este tipo de actividades son aquellas cuyo resultado sea un avance tecnológico. También podrán identificarse como tales las actividades que den como resultado un nuevo producto o proceso de producción que introduzca mejoras en los existentes.

De igual forma se contemplará la materialización de nuevos productos o procesos y la creación de prototipos que no sean comercializables, así como aquellos proyectos de demostración inicial o proyectos piloto en todos los sectores.

Tipos de deducción por innovación tecnológica

Las deducciones por innovación tecnológica estarán compuestas por los gastos invertidos en las actividades de innovación. Según la normativa, la base de la deducción debe estar formada por el importe de los gastos del período en actividades de innovación tecnológica.

Se tiene que tratar de actividades de diagnóstico tecnológico que estén enfocadas en identificar y definir soluciones tecnológicas avanzadas, independientemente de su resultado.

Las actividades de innovación también pueden estar enfocadas en el diseño industrial y en la ingeniería de procesos de producción. Esto incluye tanto la concepción de la idea, como la elaboración de planos o soportes donde se definan las especificaciones técnicas necesarias para su funcionamiento.

También entraría dentro de la deducción, la adquisición de tecnología avanzada en forma de patentes, licencias, know-how y diseños.

Patentes, licencias y diseños también forman parte de los productos a los que se pueden aplicar las deducciones.

La base de la deducción también estará compuesta por la obtención del certificado que refleja el cumplimiento de las normas de calidad de la serie ISO 9000, GMP o similares. No se incluirán los gastos correspondientes a la implantación de dichas normas.

Por contra, no se incluyen en las deducciones las cantidades satisfechas a personas o entidades vinculadas al contribuyente. La ley establece que la base correspondiente a este concepto no podrá superar la cuantía de 1 millón de euros.

¿Cuánto me puedo deducir?

En cuanto a la cuantía de las deducciones, a diferencia de otro tipo de actividades de I D, la ley establece un solo tipo cuando se trate de innovación tecnológica. En concreto, el porcentaje de deducción que se aplicaría sería del 12%.

Las empresas que vayan a solicitar la deducción tendrán que obtener también un informe que certifique la base de deducción que se les ha aplicado en el Impuesto de Sociedades. Ese documento servirá de justificación ante cualquier requerimiento de la Agencia Tributaria.

Beneficios de la innovación tecnológica

Inteligencia artificial, robotización, big data, machine learning… Estos términos ya no son nuevos para muchas compañías. Las empresas que innovan consiguen mejorar su competitividad frente a otras empresas de su sector. Una organización que incluya la innovación tecnológica está mejor preparada competitivamente que cualquier otra compañía, por muy grande que la competencia pueda llegar a ser.

Las empresas han empezado a incorporar herramientas como la inteligencia artificial, la robotización o el big data.

Asimismo, incorporar la tecnología a los procesos empresariales permite a la organización ascender a las mejores posiciones de la industria: está evidenciado que aquellas empresas que se han preocupado por incorporar la innovación tecnológica han logrado, visiblemente, ascender a las mejores posiciones de su sector. Esto sucede, porque las organizaciones que le apuestan a esta práctica, gracias a que innovan, están mejor preparadas para los cambios, ya sean positivos o negativos.

No hay que olvidar que la innovación genera rentabilidad y permite a las empresas diferenciarse. De igual forma, a largo plazo la innovación se convierte en un elemento estratégico, ya que permite aumentar las cuotas de mercado y obtener mejores márgenes que ayudan al posicionamiento y suponen nuevas utilidades y aprendizaje.

En definitiva, las empresas que apuestan por la innovación tecnológica no solo consiguen deducciones en el impuesto de sociedades, sino que también aportan innumerables beneficios a la sociedad. Por esos motivos, la innovación debe pasar de ser un término de moda a ser una realidad en las empresas. En este sentido, es importante que las compañías tracen primero una hoja de ruta y determinen de qué manera quieren innovar y qué objetivos van a alcanzar.

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Seis documentos empresariales que es necesario tener en formato impreso (infografía)

La digitalización de los documentos empresariales y su ubicación en la nube es una realidad a la que algunos documentos se resisten. Aunque cada vez son menos, algunos documentos empresariales deben conservarse en formato impreso.

  • Repasamos cuáles son los documentos más habituales que deben guardarse en formato impreso en cualquier negocio.
  • Conoce cuáles de estos contenidos deberían coexistir con versiones digitalizadas.

A pesar de la creciente digitalización de los documentos empresariales, algunos de ellos deben mantenerse en formato impreso, por lo que el papel todavía tardará en desaparecer de las empresas.

Sin embargo, aunque los originales de determinados documentos se conserven en papel, sus copias digitalizadas se suelen enviar por email. Un ejemplo de ello serían las escrituras de constitución, los poderes de los administradores o el acta de declaración de titularidad real, que las entidades financieras suelen solicitar a sus clientes.

 ¿Qué documentos se deben mantener en formato papel?

Digitalización documental versus impresión en formato papel. Cada formato tiene sus ventajas e inconvenientes, siendo habitual que muchos documentos coexistan en ambos formatos. Entre los documentos empresariales que conviene tener en formato papel destacan los siguientes:

1) Contratos

Las empresas están constantemente firmando todo tipo de contratos, con proveedores, entidades financieras, contratos de alquiler, etc. Estos se firman, preferiblemente en azul para dificultar falsificaciones, y se guardan, por si es necesario realizar alguna consulta o reclamación. Sin embargo, a pesar de que las copias impresas se conservan, cada vez es más habitual conservar copias digitalizadas de estos documentos. De esta manera, se tiene una mejor accesibilidad a ellos y se facilita que puedan ser compartidos por medios electrónicos.

2) Licencias y permisos de la empresa

Licencia de actividad, permisos medioambientales, alta en el registro industrial… Son muchos los documentos oficiales que las empresas tienen que tener a disposición de una posible inspección. Este tipo de documentos, también suelen coexistir en formato impreso y digital, ya que las Administraciones Publicas están más digitalizadas. Cada vez son más los permisos y licencias que se emiten en formato electrónico.

3) Documentos fiscales

La Agencia Tributaria puede requerir documentos que justifiquen los datos reflejados en las liquidaciones tributarias y de impuestos, tales como facturas, tickets de gastos y otros justificantes. Sin embargo, también aquí existe la posibilidad de digitalizar las facturas y tickets de gastos con valor probatorio frente a Hacienda, siempre y cuando las aplicaciones que se utilicen se encuentren homologadas por la Agencia Tributaria.

4) Escrituras

Las escrituras se realizan en un papel exclusivo para documentos notariales; son selladas en cada hoja por el notario; se ponen timbres del estado en cada folio; y se firman, rubrican y se pone el sello notarial al final del documento.

Además, las escrituras de empresas también se inscriben en el Registro Mercantil que acompaña la hoja de inscripción firmada y sellada. Todo ello se encuaderna y se guarda a buen recaudo en formato papel, aunque es habitual también guardar copias digitalizadas de las escrituras, que son enviadas en ocasiones por correo electrónico. Entre las escrituras que más se suelen digitalizar se encuentran la escritura de constitución y las que otorgan poderes, ya que suelen ser demandadas por entidades financieras.

5) Contraseñas de las cuentas

Tenemos tantas contraseñas que es casi imposible memorizarlas, por eso, para evitar que sean robadas en ciberataques, no es conveniente guardar contraseñas bancarias ni de ningún tipo en un equipo informático. Mejor impresas en papel o anotadas en una libreta.

6) Tarjetas de visita

A pesar de la existencia de redes sociales como LinkedIn, donde se pueden ver los perfiles profesionales de millones de personas, las tarjetas de visita en formato papel también se resisten a desaparecer. El intercambio de tarjetas suele acompañar a los apretones de manos al inicio de muchas reuniones, aunque la pandemia generada por la COVID-19 también está afectando notablemente al intercambio de tarjetas.

Además de tener claro cuáles son los documentos que merece la pena conservar en papel, es preciso tener un control sobre ellos, con especial atención a lo siguiente:

  • Fechas de vencimiento de los distintos contratos.
  • Mantener en orden los archivos documentales.
  • Asignar responsable de la guardia y custodia de documentos importantes para la empresa.
  • Fechas de prescripción de la documentación justificativa de determinadas operaciones, ya que a partir de esa fecha ya no se hace necesaria su conservación.

Las impresoras se resisten a desaparecer a pesar de la digitalización de las empresas

A pesar de que la digitalización de las empresas avanza de manera imparable, la impresora se resiste a desaparecer. Algunos de los cambios que se están produciendo en la utilización de la impresora son los siguientes:

  • Se producen un incremento notable del escaneado de documentos, de manera que en determinadas empresas se utiliza más para escanear que para imprimir.
  • El fax tradicional que venía incorporado a muchas impresoras está prácticamente obsoleto al ser sustituido por el correo electrónico y el fax por Internet.
  • Se imprimen determinados documentos directamente en formato PDF para guardarlos en este formato.
  • La conectividad de las impresoras con Internet facilita la extensión del pago por copia, ya que los proveedores de estos servicios pueden tener acceso al número de copias realizadas. Este servicio se ha extendido a usuarios particulares, que reciben sus cartuchos de tinta antes de que se acaben.

Por lo tanto, el presente y el futuro conviven en determinados documentos, que se guardan en papel, pero también en formato digital. Además, las impresoras están lejos de desaparecer y están evolucionando con nuevas funcionalidades.

Nota del editor: Este artículo fue publicado con anterioridad y actualizado a 2021 por su relevancia.

Documentos a conservar

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