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El impulso de la inmigración

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Una de las claves del dinamismo que mantiene la economía española contra vientos y mareas reside en la incorporación de mano de obra extranjera, siendo este un factor favorable que, sin embargo, también pone de manifiesto las deficiencias de nuestro modelo productivo. Desde el primer trimestre de 2022, el número de ocupados originario de otros países o con doble nacionalidad se ha incrementado más de un 20%, casi doce veces más que el crecimiento de la ocupación entre los españoles.


Incluso teniendo en cuenta la sobrerrepresentación de los trabajadores inmigrantes en sectores con niveles de productividad inferiores a la media, su contribución a la economía es innegable, aportando más de la mitad del avance del PIB registrado estos últimos dos años. Esta es además una estimación conservadora, basada en una extrapolación mecánica de la contribución del empleo a la economía, bajo la hipótesis de fungibilidad perfecta entre mano de obra autóctona y foránea. El supuesto es poco realista: en los sectores poco atractivos para los españoles o que se enfrentan a fenómenos de escasez, la actividad se sustenta en parte gracias a los no nacionales.   

La inmigración obedece
sobre todo a motivos laborales, como lo refleja la composición por edad, siendo
la franja de entre 25 y 54 años la más representada. Por otra parte, la tasa de
ocupación de la población de origen extranjero es prácticamente la misma que la
española, a diferencia del déficit de empleo que padecen los inmigrantes en la
mayoría de los países europeos. La brecha es particularmente pronunciada en
Alemania, con una diferencia de tasa de ocupación entre población nacional y
foránea superior a 11 puntos, y en Francia con casi 7 puntos. La importancia de
América Latina como origen de la mayoría de inmigrantes contribuye a explicar
la relativa facilidad de su integración en el mercado laboral.

Todo ello sirve también a
frenar el envejecimiento poblacional, con efectos relevantes para el sistema de
pensiones. La población extranjera cuenta con 5,6 ocupados por cada persona de
más de 65 años (en Francia, país con una inmigración más arraigada, la ratio es
solo de 3). En comparación, la población española registra 2 ocupados por cada
persona mayor de 65 años. La relativa facilidad con que la población inmigrante
encuentra un puesto de trabajo es coherente con un estudio reciente de la OCDE
que evidencia un impacto favorable en la hacienda pública para el caso de
España: según estas estimaciones, los ingresos que aporta la incorporación de extranjeros
en concepto de impuestos y cotizaciones sociales excederían el gasto que
ocasionan, particularmente en la sanidad pública.

Frente al impacto
inmediato, a todas luces positivo desde el punto de vista económico, la
inmigración también exacerba algunos de los principales retos estructurales. El
más visible es el desequilibrio en el mercado de vivienda que se cierne como un
cuello de botella sobre la economía española. La inmigración, por sí sola,
también podría reforzar el sesgo “aditivo” de nuestro modelo productivo, basado
en la incorporación de fuerza laboral barata relativamente al coste del capital,
pudiendo por tanto actuar como un desincentivo a la inversión en equipamiento. Si
bien la contratación de personal extranjero sirve para aliviar los problemas de
escasez de mano de obra que han aparecido en algunos sectores, también hace
menos urgente la mejora de las políticas de formación o la intermediación
laboral. Tampoco soluciona la debilidad de la productividad, ya que la sobre
cualificación de los trabajadores extranjeros es aún más acusada que para los
autóctonos, redundando en una pérdida de capital productivo.

La paradoja es que la
entrada de mano de obra extranjera está aportando dinamismo a la economía
española, al tiempo que modera la sensación de urgencia para afrontar los
grandes desafíos de inversión, paro estructural y productividad.          

EMPLEO | La ocupación se ha incrementado en 1 millón de personas en los últimos dos años, de las cuales 350.000 son españolas, 536.000 extranjeras y el resto personas con doble nacionalidad (comparando la EPA del primer trimestre de 2022 y 2024). Los perfiles educativos han mejorado durante este periodo para los tres grupos poblacionales, si bien las diferencias son todavía notables: algo más de la mitad de los ocupados españoles han alcanzado un nivel de educación superior, frente al 28% de los extranjeros y el 36% en el caso de los doble nacionales.   

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Se mantiene un buen ritmo de crecimiento al inicio del año

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CNTR IT 2024


El PIB creció un 0,7% intertrimestral en el primer trimestre del año, según cifras provisionales, al tiempo que la tasa correspondiente al cuarto trimestre de 2023 se revisó al alza desde un 0,6% a un 0,7% (gráfico 1). La aportación de la demanda nacional al crecimiento intertrimestral fue de 0,2 puntos porcentuales, mientras que la demanda exterior aportó 0,5 puntos.

El consumo privado creció un
moderado 0,3%, mientras que el consumo público sufrió un retroceso del 1%. La
FBCF, que es el componente de la demanda que ha registrado una peor evolución a
lo largo de todo el periodo postpandemia, repuntó un 2,6%. Los componentes en
los que se apoyó dicho crecimiento fueron la construcción no residencial y los bienes
de equipo. La FBCF en vivienda y en productos de la propiedad intelectual
descendió en el trimestre.

Pese a la recuperación del primer trimestre, la FBCF total continúa un 2,2% por debajo del cuarto trimestre de 2019. La inversión en vivienda se encuentra un 8,2% por debajo, mientras que la destinada a bienes de equipo, cae un 6,4% con respecto a antes de la pandemia. Solo la inversión en otras construcciones y en productos de la propiedad intelectual superan dichos niveles (gráfico 2).


Las exportaciones crecieron impulsadas por los servicios, especialmente los turísticos, mientras que las exportaciones de bienes sufrieron una caída. El crecimiento de las importaciones fue inferior al de las exportaciones, de modo que la aportación del sector exterior fue positiva.

Por el lado de la oferta, destaca
el crecimiento de la industria manufacturera, un 2,2% intertrimestral, así como
el de la construcción, un 2%. Los servicios de AA.PP. registraron una caída de
su VAB, mientras que el resto de servicios avanzó un 0,9% en su conjunto. Más
concretamente el sector de comercio, transporte y hostelería creció un 1,4%,
impulsado por el fuerte crecimiento del turismo.

En cuanto al empleo, el número de personas ocupadas se incrementó un 1% intertrimestral, pero las horas trabajadas se redujeron un 0,3%, de modo que se mantiene la tendencia de caída en el número de horas trabajadas por ocupado —han descendido en seis de los últimos siete trimestres—. También creció el salario por persona ocupada, un 2%, así como el salario por hora trabajada, un 2,7%. El coste laboral unitario aumentó en el primer trimestre en el conjunto de la economía, aunque en la industria manufacturera registró un descenso. El Excedente Bruto de Explotación descendió en el primer trimestre, corrigiendo parte del fuerte ascenso del trimestre anterior. El excedente por unidad producida, que aproxima la evolución de los márgenes, también se redujo en el primer trimestre del año.

En suma, la economía volvió a
crecer a un ritmo muy dinámico al inicio de 2024, y con una composición más
robusta que en el trimestre anterior, aunque la FBCF, pese a su repunte,
continúa siendo un elemento de preocupación.

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Previsiones al alza

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En las últimas semanas hemos observado que las previsiones de crecimiento del PIB para la economía española han sido mejoradas por distintos organismos. El Fondo Monetario Internacional ha sido el último. Considera que España crecerá el 1,9% este año (antes estimaba el 1,5%) y un 2,1 en 2025 (se mantiene el pronóstico anterior). Nuevamente los datos pueden terminar mejor de lo que se esperaba a comienzo de ejercicio. La coyuntura arroja buenas noticias en una economía que parece gestionar, en épocas de crecimiento, mucho mejor el corto plazo que el largo plazo, que sigue presentando desafíos y dificultades que vienen de lejos.

Este año se ha escrito mucho sobre la falta de exactitud de muchas de las previsiones macroeconómicas de los dos últimos años, que al final siempre fueron mejores que las previstas al inicio de sus respectivos ejercicios. En nuestro país y también para la zona euro, Estados Unidos y Reino Unido. Por ejemplo, al final los temores de recesión en EE. UU. no se han cumplido y el desempeño de su economía en PIB y empleo ha sido muy favorable. En la zona euro —con Alemania a la cabeza— sí que ha llegado a la recesión técnica, pero con casi nulo impacto en empleo. La economía española ha mostrado mejor comportamiento en términos de tasas de crecimiento que nuestros vecinos. Y aunque el empleo resiste, queda mucho por hacer.

Un contexto monetario tan
endurecido para atajar la inflación como el de los dos últimos años generaba en
épocas pasadas recesión y notables pérdidas de empleo. Solamente con recesión
se lograba calmar la inflación. A pesar de que las generaciones actuales no
conocíamos ni habíamos gestionado un episodio de inflación, la fuerte subida de
tipos de interés no ha causado un impacto significativo y negativo sobre la
actividad económica y muchos menos sobre el empleo. La política fiscal, que ha
continuado siendo expansiva, puede ser uno de los factores de la fortaleza de
la economía, y que da lugar a previsiones que se suelen quedar cortas. No es el
único factor.  El ahorro pospandémico
puede estar favoreciendo el vigor del consumo también en muchas economías
occidentales.

La inversión no sigue los mismos derroteros. No se reactiva en numerosos países por las tensiones geopolíticas y la incertidumbre sobre la velocidad de la transición energética, que impiden la necesaria confianza. Quizás España es de algún modo una excepción, aunque no puedan lanzarse las campanas al vuelo. Una especialización productiva con menor peso de las actividades industriales más afectadas por la incertidumbre, un mix energético más diversificado y de menor coste, una captación neta —y consiguiente aumento de oferta— de trabajadores y capital humano —sobre todo de otros países hispanohablantes—, y unos costes salariales inferiores a los de otros países del entorno, puede estar ayudando a recibir inversión. Conviene aprovechar esta coyuntura inesperadamente favorable para sentar las bases, de una vez por todas, sobre cómo hacer frente a los numerosos retos de competitividad y sostenibilidad de las cuentas públicas.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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Introducción al debate sobre la economía europea ante los desafíos globales

La economía europea ha capeado mejor de los previsto las consecuencias de la pandemia, la guerra en Ucrania, la crisis energética y el giro copernicano de la política monetaria. Una recesión de gran magnitud ha podido evitarse, y las previsiones apuntan a una ligera recuperación en el transcurso del año, evidenciando una resiliencia notable.  

Retos globales

A medio plazo, sin embargo, las perspectivas generan dudas, especialmente en comparación con la trayectoria de otras grandes potencias. En primer lugar, por la magnitud de los desafíos globales a que se enfrenta la Unión Europea. Su modelo productivo se asienta en premisas que se han debilitado como consecuencia de las tensiones geopolíticas. La proliferación de medidas proteccionistas y la lógica de bloques regionales que toma el relevo del multilateralismo entorpecen el comercio internacional, potente motor del crecimiento europeo. Según estimaciones del Global Trade Alert, las restricciones se han multiplicado casi por 3 en los últimos cuatro años, acentuando la tendencia iniciada antes de la pandemia[1].

Por otra parte, la industria europea se asoma a una verdadera reconversión
como consecuencia de las disrupciones del suministro de energía rusa y la
reorganización de las cadenas globales de valor (el llamado fenómeno de “reglobalización”).
Las economías centroeuropeas están más expuestas a esta reconversión que las
del sur del continente, que disponen de abundantes fuentes de energía renovable
y son menos vulnerables a las vicisitudes de los intercambios con China. La
necesidad de contribuir a la lucha contra el cambio climático ante una opinión
pública concienciada es otro reto. Prueba de ello los dilemas que se plantean a
la hora de poner en marcha la agenda verde mediante un programa ambicioso de
reformas e inversiones para descarbonizar la economía.

Finalmente, los gobiernos se han comprometido a incrementar el gasto militar en un contexto de cronificación del conflicto bélico en Ucrania y de preocupación ante la solidez del sistema de defensa europeo.

La debilidad de la inversión frente a la abundancia del ahorro

En segundo lugar, no está claro que la UE disponga de los instrumentos para hacer frente a estos desafíos globales: todos ellos tienen en común la necesidad de intensificar el esfuerzo de inversión. Las estimaciones del gasto de inversión que sería necesario para alcanzar los objetivos de “autonomía estratégica”, sosteniendo simultáneamente la competitividad y la transición verde, superan los 700 mil millones de euros anuales[2]. Esto supone un 18% del total invertido actualmente.   

No obstante, la inversión es precisamente una de las asignaturas pendientes de la economía europea (gráfico 1). En los últimos cuatro años, la inversión productiva apenas se ha incrementado un 2,4%, frente al 7,9% de EE UU.


La debilidad de la inversión es paradójica, ya que Europa dispone de una abundante bolsa de ahorro que podría movilizarse. Así pues, una parte de ese ahorro se exporta, sirviendo para reforzar el capital productivo fuera de Europa[3]. Según los datos de inversión extranjera directa, la exportación neta de capital se elevó a 119 mil millones de euros en los tres primeros trimestres de 2023. Una tercera parte de esa fuga de ahorro se dirigió a EE UU , tal vez atraída por las jugosas subvenciones del Inflation Reduction Act o del Chips and Science Act. La capitalización de empresas norteamericanas con ahorro europeo sigue una trayectoria creciente (gráfico 2).


La segunda palanca atañe a la inversión nacional pública, especialmente si ésta ejerce un impulso multiplicador sobre la inversión privada. En este caso el escollo se encuentra en el escaso margen fiscal de la mayoría de los Estados, atenazados por el efecto conjugado de los elevados niveles de endeudamiento y la reactivación de las reglas fiscales, exigiendo un importante ajuste. Las cláusulas de salvaguarda previstas en estas reglas abocan a una reducción sin tregua de los desequilibrios hasta cumplir con los umbrales de deuda y de déficit. El elemento de flexibilidad que se incorpora para no perjudicar la inversión solo sirve para extender el periodo del ajuste, pudiendo pasar de cuatro a siete años.

El tercer instrumento consiste en potenciar la inversión europea financiada
de manera mancomunada. Esta política podría redundar en una nueva ronda de
fondos Next Generation pilotados por cada país, mejorando el marco de
ejecución para paliar las deficiencias que han podido aminorar el efecto
tractor sobre la economía. Otra opción consistiría en un programa gestionado
directamente desde Bruselas para financiar bienes públicos de interés general. Ambas
fórmulas, sin embargo, se fundamentan en un endeudamiento común, algo que choca
con la reticencia de los países frugales, que solo aceptarían compartir un programa
de inversión a condición de financiarlo sin deuda. Es decir, procediendo a una reasignación
del presupuesto europeo sin aumentar el volumen total de recursos: una
eventualidad que obligaría a recortar el gasto en agricultura (la sacrosanta
PAC) o en cohesión social.

Statu quo versus mayor integración

Habida cuenta de las discrepancias y a falta de iniciativas para facilitar
la inversión, un descuelgue de competitividad no sería descartable, amenazando
la sostenibilidad del modelo social europeo. Además, en el actual contexto de fragmentación
y de endeudamiento público, se ha desatado una inflación de “ayudas de Estado”
en los países que disponen de más capacidad fiscal. Este es un instrumento que tiene el inconveniente de ser disperso, no
estando a la altura de los potentes incentivos del Inflation Reduction Act,
además de entrañar un riesgo evidente de distorsión de la competencia en el seno
del Mercado Único.

Según la
Comisión Europea, el total de ayudas aprobadas en 2022 supera los 671 mil
millones de euros, es decir el 4,3% del PIB de la UE, frente a menos del 1%
antes de la pandemia. Alemania concentra más de la mitad de las ayudas, siendo
España uno de los países que menos han apelado al Marco Temporal de ayudas de
Estado en relación con su tamaño. La dilución del apoyo, y su asimetría entre
países, tiene un doble inconveniente de distorsionar la competencia y de reducir
los beneficios de conjunto para la UE. Esto ocurre cuando los países compiten
con subvenciones para atraer una misma inversión, como se ha visto por ejemplo
en el sector de semiconductores.  

En suma, solo
un escenario de mayor integración, con una profundización de la unión financiera y con mayores estímulos públicos,
ya sea nacionales o europeos, permitiría preservar la competitividad de la UE
ante los desafíos globales.                  

[Esta entrada es un resumen de la introducción que el autor ofreció en el acto ‘La economía europea ante los desafíos globales’, organizada por Funcas en el Parlamento Europeo, que contó con la participación de Miguel Gil Tertre, economista jefe de la DG de Energía de la Comisión Europea, Jonás Fernández, coordinador del grupo socialista en la comisión de Economía y Asuntos Financieros del Parlamento Europeo y Eva Poptcheva, vicepresidenta de la misma comisión y portavoz de Ciudadanos. Puede ver el video íntegro del acto aquí].


[1] Véase https://www.globaltradealert.org/.

[2] Este volumen de recursos es solo para cumplir con los objetivos de descarbonización, según el informe de la Comisión Europea, Strategic Foresight Report 2023 https://commission.europa.eu/document/download/ca1c61b7-e413-4877-970b-8ef619fc6b6c_en?filename=SFR-23-beautified-version_en_0.pdf

“>[3] La balanza por cuenta corriente de la UE arroja un importante superávit, evidenciando el exceso de ahorro frente a la inversión. Además, una parte de ese excedente de ahorro sirve para capitalizar empresas de terceros países (el volumen de los flujos de salida de inversión directa extranjera supera el de las entradas).     

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La economía española de la periferia al centro

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El cambio de paradigma de
la globalización, cuyo exponente más visible es el estancamiento de la locomotora
exportadora alemana, entraña algunas oportunidades para las economías que
ostentan una ventaja comparativa en los sectores de servicios. Este es el caso
de España, a tenor del buen comportamiento de las exportaciones de servicios no
turísticos como la consultoría, la construcción y algunas actividades
relacionadas con las nuevas tecnologías.

Se trata de actividades
menos afectadas por las trabas al comercio internacional que han ido proliferando
al calor de las tensiones geopolíticas, afectando sobre todo a las mercancías:
en los últimos cuatro años, el número de restricciones a los intercambios de
bienes se ha multiplicado casi por tres (según el FMI en base a informaciones
recogidas por Global Trade Alert).      

Los datos evidencian el gran salto adelante de este sector en España. Las ventas en el exterior alcanzaron el año pasado el 7,6% del PIB, es decir más de la mitad de los ingresos en concepto de turismo, pulmón tradicional de la economía. Por su parte, las importaciones de servicios no turísticos se han estancado, de modo que el saldo de nuestros intercambios arroja un superávit histórico cercano al 3% del PIB, cuando era casi nulo antes de la crisis financiera.  


La asombrosa subida en escala del sector tiene un impacto relevante a nivel agregado. Los servicios no turísticos, no solo apuntalan el sólido excedente externo que ejerce de colchón ante los vaivenes globales, también aportan oxígeno al crecimiento: más de la quinta parte del avance del PIB registrado en 2023 se debe directamente a la pujanza de estos sectores. En suma, el modelo exportador español se ha diversificado.  

Esta trayectoria, a todas luces favorable, obedece sin embargo a factores más o menos sostenibles. Por una parte, los costes laborales figuran entre los más competitivos en Europa, contribuyendo al buen posicionamiento internacional del sector. La Unión Europea presenta superávit a escala global en servicios no turísticos, pero nuestro excedente es proporcionalmente mayor. Además, España es junto con Portugal, Eslovenia y Eslovaquia —economías con costes laborales relativamente bajos— el que más ha incrementado su excedente.

Por otra parte, la
presencia internacional en algunos de estos sectores (caso de los servicios
profesionales, o de las actividades de software) se basa sobre todo en
la conectividad a la red, algo que se puede conseguir con empresas
relativamente pequeñas que son las más frecuentes en nuestro tejido productivo.    

En otras ramas, no obstante, el tamaño de las unidades de producción sí que importa, caso por ejemplo de las plataformas logísticas. Y, en general, conviene afrontar las barreras al crecimiento empresarial para consolidar el plus de competitividad. A este respecto el acceso a fuentes diversificadas de financiación, más allá de la que aporta la banca tradicional, es uno de los escollos más persistentes. Asimismo, la debilidad de la inversión en equipamiento y bienes de la propiedad intelectual es preocupante: este es un componente rezagado en comparación con los niveles prepandemia, cuando el esfuerzo inversor se sitúa ya netamente por encima de dicho nivel en el resto de la eurozona.

Salvo salto cuantitativo de la inversión, tanto física como en capital humano, el dinamismo de los servicios perderá fuelle o dependerá sobremanera de la perpetuación, socialmente cuestionable, de costes laborales bajos. La adenda a los fondos europeos puede servir de palanca, si bien por definición su despliegue prioriza la industria, la energía, dejando potencialmente de lado buena parte del pujante sector de servicios no turísticos. La clave está por tanto en la movilización a fines de inversión productiva de la bolsa de ahorro acumulado por el sector privado. De ahí la importancia de desatascar el proyecto previsto por Bruselas de unión del mercado de capitales, condición para conectar los excedentes financieros con las necesidades de desarrollo.   

EUROPA vs EE UU Y CHINA | La Unión Europea volvió a arrojar un superávit por cuenta corriente en 2023, de magnitud similar al excedente prepandemia, cercano a 340.000 millones de euros. Sin embargo, se observan importantes cambios en las relaciones con las otras grandes potencias: el superávit con EE. UU. se ha reducido un 55%, al tiempo que el déficit de los intercambios con China se ha multiplicado por dos. Durante el mismo periodo, la economía española ha incrementado su superávit en términos de cuenta corriente, como consecuencia de la mejora de la balanza con otros países europeos.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Lo que los incentivos a invertir dicen de la senda de inversión empresarial en España

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Uno de los hechos destacables de la recuperación de la economía española tras la pandemia es el retraso en la recuperación de la inversión en capital de las empresas en relación a la evolución de su output (gráfico 1). En el tercer trimestre de 2023, el valor añadido bruto de las sociedades no financieras españolas se situó un 3,4% por encima del registrado en 2019, en contraste con la formación bruta de capital fijo, que está un 15% por debajo. El desacoplamiento entre la evolución de la actividad y la inversión empresarial es mucho más marcado si se considera la formación neta de capital fijo (bruta menos consumo de capital)[1].


En todo este período la inversión neta se ha mantenido positiva, lo cual ha servido para mantener el stock de capital productivo, incluso durante el periodo más profundo de la crisis. La pregunta debe ser, por tanto, por qué las empresas en su conjunto no han ampliado capacidad durante el último año, cuando la actividad ha superado los niveles prepandemia. Diversos factores pueden explicar este hecho; en esta entrada se analiza si los incentivos económicos a invertir explican la evolución de la inversión empresarial en capital fijo.

El incentivo a invertir en un
trimestre se mide por el cociente entre la rentabilidad del activo de
explotación y el coste de oportunidad financiera del capital, con valores del
numerador y denominador del trimestre anterior. La variable de inversión a
explicar es la tasa de formación bruta de capital fijo (inversión bruta por
euro de activo de explotación). La correlación entre las dos variables se
muestra en el gráfico 2. Como se espera, la correlación es positiva y estadísticamente
significativa, aunque en el gráfico aparecen tres puntos atípicos que se apartan
de la tendencia general. El punto marcado en azul corresponde al primer
trimestre de 2021, cuando la pandemia impacta de forma más negativa en la
economía y arrastra la rentabilidad a los niveles más bajos; la tasa de
inversión se mantiene por encima de lo esperado por razones de inercia. Los dos
puntos marcados en amarillo corresponden a las tasas de inversión de los
trimestres segundo y tercero de 2023. Durante este año la actividad de las empresas
se recupera a los niveles prepandemia y la rentabilidad del capital vuelve a
superar el coste financiero. Se esperaría, por tanto, una recuperación de la
inversión en capital que, según los datos, no se produce.


A la vista de estos datos, la evolución de los incentivos a invertir explicaría la senda de la inversión en buena parte de 2021 y 2022, aunque no el retraso en su recuperación durante 2023. En este sentido, conviene tener en cuenta que las incertidumbres sobre la duración del episodio inflacionario y el endurecimiento de la política monetaria en 2023, junto con conflictos geopolíticos adicionales, podrían haber significado una prima de riesgo adicional para inversores y empresas y haber reducido, por tanto, el incentivo a invertir por debajo de las estimaciones representadas en el gráfico. Otro factor con una eventual influencia en el retraso en la recuperación de la inversión en 2023 podría tener que ver con los plazos en la ejecución de los programas de inversión financiados con fondos NGEU. En todo caso, si los datos del cuarto trimestre de 2023 consolidan la recuperación de los incentivos a invertir, el ejercicio de 2024 debería ser el de recuperación de la inversión en capital por parte de las empresas en España.


[1] Los valores de VAB, FBCF y FNCF aquí mencionados están calculados a euros constantes, anualizados y normalizados.

Más información en la nota Fixed capital formation in the non-financial corporate sector of the Spanish economy: crisis, recovery and prospects publicada por Funcas.

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El crecimiento del PIB supera las expectativas, pero su composición arroja dudas

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CNTR | IVT 2023


El PIB del cuarto trimestre sorprendió con un ascenso del 0,6%, según cifras preliminares, lo que, unido a las revisiones de los resultados de los trimestres anteriores (algunos al alza y otros a la baja), deja el crecimiento del conjunto de 2023 en un 2,5%.

Dicho crecimiento trimestral procedió fundamentalmente de la acumulación de inventarios, que aportaron cuatro décimas de crecimiento, y del consumo de las AA.PP. El crecimiento del consumo privado fue moderado, un 0,3% y la formación bruta de capital fijo —la variable más débil de la etapa post pandemia— registró una nueva caída. La aportación del sector exterior fue también modesta, 0,2 puntos porcentuales.

Por el lado de la oferta destacó
positivamente el crecimiento de la actividad industrial, pero la mayor
aportación al crecimiento procedió del sector de Administración Pública,
sanidad y educación. El resto de servicios tomados en su conjunto sufrieron una
caída de su VAB en el cuarto trimestre.

 En cuanto a los resultados del conjunto de 2023, el componente de la demanda que más creció fue el consumo de las AA. PP., un 3,8%, una tasa superior, incluso, a la registrada en 2020. El consumo privado avanzó un 1,8%, la inversión en construcción un 2,2%, y la inversión en bienes de equipo sufrió una caída del 1,6%. El sector exterior aportó 0,8 pp a la tasa de crecimiento, procedente de las exportaciones netas de servicios, tanto turísticos como no turísticos.

Por el lado de la oferta, las cifras anuales reflejan también el elevado peso de las AA. PP. en el crecimiento —su VAB creció un 3,1%—. El resto de servicios, sin embargo, fueron los que más aportaron, con un ascenso del 3,2%. Es muy destacable la positiva evolución de la actividad manufacturera, que creció un 3,3%, mientras que la construcción avanzó un 1,9%.

En cuanto al empleo, en 2023 se
incrementó más el número de ocupados que el de horas trabajadas, de modo que la
productividad por ocupado se redujo un 0,7%, mientras que la productividad por
hora trabajada aumentó un 0,6%. Con respecto a los niveles de 2019, la
productividad por ocupado fue un 1,3% inferior, y la productividad por hora
trabajada fue un 1,4% superior.

El crecimiento del PIB español contrasta con los resultados de la eurozona, donde el PIB registró un crecimiento nulo en el cuarto trimestre, y un 0,5% en el conjunto del ejercicio. Si comparamos el PIB de 2023 con el de 2019, la eurozona se halla un 3,2% por encima —aunque, si excluimos Irlanda, el incremento es del 2,4%—, frente a un 2,5% en el caso del PIB español. No obstante, la composición de dicho crecimiento es muy diferente: en España, en comparación con la eurozona, ha tenido un elevado protagonismo en dicho crecimiento el consumo de las AA. PP., que se encuentra un 11% por encima del nivel prepandemia, junto al sector exterior, mientras que el consumo privado está aproximadamente al mismo nivel que en 2019, y, la inversión, por debajo, al contrario de la zona euro, donde ambas variables superan los valores previos.

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El tirón del consumo

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La economía empieza el año en mejor posición de lo anticipado, a tenor de los indicadores más recientes que apuntan al mantenimiento de un diferencial favorable de crecimiento en relación a las otras grandes economías europeas. Una explicación reside en la recuperación del consumo, consecuencia del aumento de la renta disponible de los hogares, con un crecimiento estimado superior al 6% en 2023 en términos reales (es decir, descontando la inflación), sin parangón desde que existen datos comparables. La cara oscura sigue siendo la inversión productiva, que no parece querer despegar pese al maná de los fondos europeos. Esta es una tendencia que, de no corregirse, acabará por constreñir la expansión a medio plazo.   

En lo inmediato, sin embargo, el plus de consumo sigue alentando la actividad gracias a un factor clave y poco comentado: las empresas españolas aprovechan el tirón de la demanda en mayor medida que las extranjeras. Así pues, solo el 24% de la demanda total se satisface con importaciones, y el resto con producción que procede de empresas establecidas en nuestro país (con datos de los dos últimos años, hasta el tercer trimestre del 2023). La filtración hacia las importaciones es muy superior en todas las otras grandes economías europeas, de modo que la media para la Unión Europea alcanza el 55%. 


La débil elasticidad de las importaciones con respecto a la demanda es algo nuevo en perspectiva histórica española. La oferta extranjera ha tenido un comportamiento mucho menos dinámico que en todas las anteriores fases expansivas (y viceversa, la reactividad de la oferta interna está siendo proporcionalmente mayor, por fortuna). Por ejemplo, durante el periodo de crecimiento anterior a la pandemia, las importaciones se incrementaron a un ritmo 50% superior al de la demanda final, cuando en los dos últimos años la brecha ha desaparecido o casi. Antes de la crisis financiera, la penetración de las importaciones era aún más pronunciada, contribuyendo a generar un déficit externo colosal, siendo éste uno de los detonantes de la crisis.

Es pronto para determinar si estamos asistiendo a un cambio estructural, reflejando una mejora tendencial de la competitividad de nuestro tejido productivo en un entorno de precios energéticos altos que han afectado sobremanera a las empresas ubicadas en el resto de Europa. Una explicación alternativa y menos amable podría radicar en la atonía de la inversión en bienes de equipo y en tecnología, tradicionalmente intensiva en insumos provenientes del exterior. En la medida en que esta inversión se irá recuperando —algo por otra parte altamente deseable— las importaciones deberían repuntar.

En todo caso, nos
asomamos a una moderación de la demanda interna en los próximos meses, al menos
por el lado del consumo. La recuperación de la renta disponible de los hogares
registrada en el pasado ejercicio es un fenómeno irrepetible: los salarios se
van frenando, dejando poco margen para una mejora adicional de la capacidad de
compra, al tiempo que la creación de empleo también se normaliza. Por otra
parte, el retorno de las normas fiscales europeas, junto con el propio objetivo
presupuestario del Gobierno, no es compatible con incrementos del consumo
público superiores al 2%, como se estima para el pasado ejercicio. La política presupuestaria
se acerca a la neutralidad, y la monetaria se mantendrá en terreno contractivo.

En contraposición, la
buena noticia es que las empresas españolas parecen gozar de buenas condiciones
tanto en el mercado interno, ganando peso frente a las importaciones, como en
el internacional, particularmente en los sectores exportadores de servicios.
Todo ello permite vislumbrar otro año de crecimiento positivo, y con un sólido
excedente externo. Pero queda mucho por hacer, tanto desde el punto de vista
del manejo de la política fiscal como del aprovechamiento de los fondos
europeos, para convertir el actual impulso en un ciclo sostenible de prosperidad.               

IPC | El IPC armonizado se mantuvo en diciembre en el 3,3% en términos interanuales, y repuntó hasta el 2,9% en la eurozona, sembrando dudas acerca de la intensidad del proceso de desinflación. Sin embargo, la resiliencia de los precios se explica sobre todo por factores técnicos (efecto base) o transitorios, como la reversión de las medidas antiinflación. A medida que estos factores se diluyen, la desescalada debería proseguir. El principal foco de atención está en los servicios, cuyos precios suelen resistirse a bajar, y en la persistencia de la moderación salarial.     

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El déficit de inversión con Europa

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La inversión, una de las claves del bienestar de nuestro país, arrastra un déficit desde la época de la crisis financiera. El gasto en equipamiento y adaptación del aparato productivo es a todas luces insuficiente para afrontar las transiciones energéticas y digitales, e impulsar la productividad, sustento del crecimiento futuro. Suecia, uno de los países más productivos del mundo, invierte en bienes de equipo un 30% más que España (en proporción del PIB de cada país). Su productividad ha crecido un 1,3% anual en lo que va de siglo, casi el triple que la nuestra.


La comparación con otros socios comunitarios es también relevante. En los dos últimos años, hemos dedicado un 5,5% del PIB a la inversión productiva, es decir menos que todas las otras grandes economías europeas (y un valor inferior también al nivel anterior a la pandemia). El diferencial parece estar arraigado: ya se registró durante el periodo expansivo anterior a la crisis sanitaria, y por supuesto durante la crisis financiera, particularmente perjudicial para nuestra economía. La brecha podría incluso haberse ahondado, ya que el volumen de recursos dedicados al equipamiento de las corporaciones ha ido mermando, al mismo tiempo que la trayectoria ha sido ascendente en la mayoría de economías de nuestro entorno.

Es paradójico constatar la cautela relativa de la inversión productiva, teniendo en cuenta la disponibilidad de un volumen ingente de fondos europeos cuya razón de ser era precisamente facilitar la transformación del tejido productivo. Desde 2021, las administraciones centrales han ejecutado nada menos que 50.000 millones a cuenta de estos fondos (en concepto de obligaciones reconocidas, tal y como recogen los informes de la IGAE hasta septiembre del presente ejercicio). Casi todo este gasto consiste en “transferencias de capital”, es decir subvenciones y ayudas a la inversión. Bien es cierto que el gasto efectivo equivale a poco más de la mitad de las cifras de ejecución, pero incluso en esa dimensión reducida, el plus de recursos debería haber bastado para propulsar la inversión hacia una nueva dinámica.

También hay buenas noticias: algunas de las empresas más beneficiadas por el plan podrían estar retrasando sus proyectos, a la espera de las autorizaciones oficiales y del desbloqueo total de los fondos. El despliegue de la nueva ronda de recursos europeos, en este caso en forma de préstamos y con requisitos de tramitación aligerados, es otro factor propicio a la inversión. En todo caso, la rentabilidad de las empresas españolas es más que aceptable. Las sociedades no financieras encadenan los excedentes y se han desendeudado (la capacidad de financiación asciende a más de 30.000 millones de euros anuales, de media, desde 2015). La entrada de capital extranjero es también una prueba tangible de las oportunidades de inversión que existen en España. Prueba de esa querencia, en el último año y medio, la inversión directa extranjera en la economía española totaliza 66.000 millones de euros, mejor marca europea después de Francia e Italia. Estos factores conforman un terreno favorable a la inversión, incluso en un entorno de tipos de interés elevados (un factor, este último, que no es específico de España, y que por tanto no puede explicar el retraso).


No obstante, el riesgo de un esfuerzo insuficiente de equipamiento del tejido empresarial persiste, en un momento clave de transformación tecnológica. Todo ello pone de manifiesto la importancia de mejorar la ejecución de los fondos europeos. Y también la aparente ineficacia de los beneficios fiscales incorporados en sucesivos Presupuestos Generales del Estado con el objetivo de estimular la inversión: un sistema complejo, que no parece estar a la altura de los grandes desafíos de nuestros tiempos. Unas reformas pendientes que, junto con el buen manejo de las expectativas, contribuirían a reactivar la inversión productiva, y así apuntalar la convergencia productiva con respecto a las sociedades más avanzadas de nuestro entorno.

EQUIPAMIENTO | Pese al repunte registrado en el tercer trimestre, la formación bruta de capital fijo en concepto de maquinaria y equipamiento (o inversión productiva) todavía se sitúa un 4,9% por debajo del nivel anterior a la pandemia, descontando la inflación. Las otras grandes economías europeas ya han superado dicho nivel y la media de la Unión Europea se ha incrementado un 6,2% en relación a 2019. Destaca el impulso inversor de algunas de las economías que ya contaban con un diferencial favorable de productividad, como Suecia, con un rebote del 16% durante el mismo periodo.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El Estado y su capacidad de acción

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La gobernanza económica, entendido ésta como la capacidad de las políticas públicas para acompañar las transformaciones del sistema productivo, es probablemente el principal reto de nuestros tiempos. En el caso de España, la trayectoria de la economía es positiva en relación a otras, a tenor de distintos indicadores de coyuntura, consistentes con un ligero crecimiento, cuando algunos de los socios comunitarios más expuestos a los shocks bordean la recesión. Pero sería erróneo concluir que el viento de cola puede perdurar sin nuevos consensos en torno al papel del Estado en el actual contexto disruptivo.     

Hoy por hoy el impulso proviene de dos factores transitorios. En primer lugar, la competitividad —factor clave del auge de nuestras exportaciones y del sólido superávit externo que prevalece pese a la sucesión de perturbaciones globales— depende sobremanera de los costes laborales. La moderación salarial ha sido la tónica de esta última década, y la disponibilidad de fuentes de energía renovables ha aportado un plus. Desde 2010, los costes laborales unitarios se han incremento un 15% en euros corrientes, es decir, 9 puntos porcentuales por debajo de la media europea. No obstante, esto es poco relevante para acometer las adaptaciones productivas y la reasignación de recursos necesarias para realizar la transición digital y energética. Porque la clave está en potenciar la capacidad productiva, y ahí es precisamente donde tenemos un problema, con una inversión no responde a las expectativas. Desde 2010, el gasto en equipamiento se ha elevado un 11% (en términos constantes, descontado la inflación), justo la mitad de la media europea. 


El sector automotriz es un caso paradigmático de la inviabilidad de competir con salarios atractivos, sin adaptar las cadenas productivas hacia el vehículo eléctrico. Según los datos del sector, la producción de este segmento del mercado crece mucho menos que la demanda, evidenciando el camino que queda por recorrer.

El segundo factor de resistencia, a saber, la política fiscal, se encuentra en situación aún más precaria. Esta política ha ejercido un papel de estabilizador automático, protegiendo el tejido productivo ante las crisis de estos últimos años, y asegurando una cierta cohesión social, como en el caso de la reforma laboral o de la indiciación de las pensiones con la inflación. Todo ello, sin embargo, solo ha sido posible en la era, ya extinta, de abundancia monetaria. Ahora que las condiciones de financiación del Estado se han endurecido, al compás de la subida de tipos de interés y la desinversión progresiva del BCE del mercado de deuda, no queda margen de maniobra para asumir nuevas compensaciones que no encuentren una contraparte del lado de los ingresos públicos.

Además de contar con un espacio de acción coyuntural, el Estado debe asumir un papel proactivo o estratégico, con capacidad para afrontar los cambios estructurales. Para eso están los fondos europeos, siempre y cuando sirvan para transformar el tejido productivo. Cuantitativamente, la ejecución de estos fondos parece avanzar. Las administraciones centrales, por ejemplo, han comprometido prácticamente la totalidad de los recursos desembolsados por Bruselas. Pero de momento los resultados no se reflejan ni en la productividad, languideciente, ni en la inversión productiva, en retroceso en relación al nivel prepandemia (en términos del conjunto de la economía).

Aquí, como en otros
ámbitos de la política fiscal, convendría inspirarse de las experiencias de países
de estructura federal que condicionan las transferencias entre entes
administrativos a los resultados. Instrumentos como la evaluación sistemática
de los grandes programas de gasto y de beneficios fiscales que merman la
recaudación, las transferencias en bloque y el despliegue de recursos o quitas
parciales de deuda en función de su impacto, pueden ser útiles a este respecto.        

En suma, la economía
dispone de mimbres para seguir creciendo a corto plazo. Pero el impulso solo
puede sostenerse con un enfoque renovado del Estado, incluyendo el
replanteamiento de la eficiencia de los instrumentos de acción, al tiempo que
se reducen los desequilibrios presupuestarios.  

SALARIOS | Tras un inicio de año marcado por las compensaciones puntuales de poder adquisitivo, los incrementos salariales se moderan. Según los datos de grandes empresas divulgados por la Agencia Tributaria, la remuneración media por asalariado se incrementó un 5,1% en el tercer trimestre (en términos interanuales), frente al 5,8% en el primer trimestre y 5,7% en el segundo. Asimismo, la información disponible de salarios pactados en convenios colectivos apunta a una leve desaceleración: el incremento de los nuevos convenios hasta octubre fue del 4,2%, casi medio punto menos que en el primer semestre.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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