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La recuperación de la religiosidad católica en los jóvenes: sí, pero solo en los varones

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En mayo publicamos en Funcas una Nota de Coyuntura Social sobre la evolución de la religiosidad en la población española. Ese trabajo constituyó la base para un artículo, revisado y actualizado, en el último número de Panorama Social, publicado en septiembre. En paralelo y a lo largo de los últimos meses, en la discusión pública ha empezado a cundir la idea de una especie de reverdecimiento de la religiosidad, también en España, y especialmente entre los más jóvenes, que quebraría las tendencias secularizadoras de las últimas décadas. Los medios se han hecho eco de ese posible fenómeno, sobre todo, a partir del éxito en taquilla de películas de contenido religioso como Los domingos y de los notables componentes espirituales o religiosos del último disco, Lux, de una cantante de gran éxito, Rosalía. En ambos casos, la religiosidad está ligada a figuras femeninas jóvenes.

Para comprobar la medida en que esas proclamas de
recuperación reciente de la religiosidad en España tienen visos de realidad, se
han vuelto a analizar todos los barómetros del CIS que contienen las dos
preguntas básicas al respecto, las de autoidentificación y práctica religiosa,
diferenciando el sexo y la edad de los entrevistados. El análisis confirma las
tendencias secularizadoras generales reflejadas en el artículo de Panorama
Social
, pero apunta, en los últimos años, a una evolución interesante en
los jóvenes.  

La tendencia a la caída en la identificación como católicos (y en el porcentaje de católicos de práctica más frecuente) se mantiene en los últimos años en todos los grupos de edad, con dos excepciones: una algo más dudosa, en el tramo de 25 a 34 años; otra, más clara, en el de 18 a 24. En el segmento de 25 a 34, si acaso, se insinúa una estabilización ligeramente al alza del porcentaje de católicos. La diferenciación por sexos aclara que esta estabilización al alza en la religiosidad del segmento de 25 a 34 años, oculta, en realidad, una tendencia ascendente relativamente clara en los varones en contraposición con una descendente en las mujeres.

El incremento de los últimos años en la identificación católica es bastante más nítido entre los más jóvenes, si bien, de nuevo, está protagonizado por los varones, mientras que en las jóvenes prosigue la caída, aunque con menos fuerza que en el pasado. Así se puede comprobar en el gráfico 1. Entre las mujeres de 18 a 24, las que se ven como católicas han pasado, grosso modo, del 36% en 2020 al 34% en 2025. Por el contrario, entre sus coetáneos varones, las cifras correspondientes se sitúan en el 33% en 2020 y en el 41% en 2025. Este aumento tendencial de 8 puntos porcentuales es muy llamativo, no solo por quebrar la caída del último medio siglo o por situar la identificación católica de ellos por encima de la de ellas por primera vez, sino por el intenso ritmo del cambio hasta hoy[1].


La recuperación de la religiosidad de los jóvenes no se limita solo a su identificación como católicos. También está creciendo el porcentaje de católicos de práctica frecuente, esto es, quienes asisten a oficios religiosos, al menos, alguna vez cada mes. En 2020 eran, aproximadamente, el 4% de los varones de 18 a 24 años; en 2025 vienen a ser casi el 12%, lo cual implica, de nuevo, un ritmo de cambio bastante rápido (gráfico 2).


Es decir, por ahora, la evidencia sí apunta a una cierta recuperación de la religiosidad católica entre los jóvenes españoles, tanto en su dimensión identitaria (de pertenencia a una confesión religiosa), como en la práctica (asistencia a oficios), a través de la cual contribuyen a la conformación de una comunidad tal. Pero todo esto, por ahora, solo se aplica a los varones, no a las mujeres, en contra del imaginario cultural transmitido los últimos meses. Este es el hallazgo más llamativo de esta primera exploración. Quede para otra ocasión indagar en las posibles causas del cambio de tendencia en los varones y de la consiguiente divergencia entre ambos sexos.


[1] Una estimación lineal sencilla de los datos basados en CATI (abril de 2020 en adelante) sugiere una ganancia de casi 1,8 puntos porcentuales por año, lo que contrasta con la pérdida de 1,4 puntos anuales desde marzo de 2000 a marzo de 2020.

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El crecimiento de la población en España en las últimas décadas: una nota con las tendencias básicas

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El crecimiento de la población y el peso relativo de sus distintos componentes es, hoy día, un elemento central e imprescindible en cualquier debate sobre el bienestar económico y social de España. Más allá de sus consecuencias sobre el envejecimiento, las dinámicas derivadas del crecimiento de la población intervienen directamente en cuestiones tan relevantes como el mercado de la vivienda, el crecimiento económico y la productividad. En las últimas décadas, el crecimiento de la población en España refleja una combinación de persistente baja natalidad, envejecimiento sostenido y auge de la inmigración, que continúa siendo el principal motor del aumento de residentes. Analizar estas tendencias con una perspectiva temporal amplia permite comprender mejor su alcance real y su impacto en la sociedad y la economía españolas.

Ya en diciembre, es posible adelantar una previsión del crecimiento poblacional en España para 2025. Si la pauta de nacimientos, fallecimientos y migraciones de los nueve primeros meses del año se cumple para el conjunto de 2025, la población residente habrá crecido en casi 420.000 habitantes, resultado de un crecimiento vegetativo (nacimientos – fallecimientos) de -124.000 y de un saldo migratorio estimado de 543.000 (gráfico 1A).

La cifra de crecimiento
vegetativo, en descenso casi interrumpido desde 2008, sería la tercera más baja
desde 1975. El saldo migratorio, aunque se situaría por debajo del máximo
reciente alcanzado en 2022 ( 733.800), seguiría siendo superior al registrado
en 2019 ( 457.185). En cuanto al crecimiento total de la población, también
sería el más reducido desde 2022 ( 598.634), pero en este caso la persistencia
del crecimiento vegetativo negativo lo situaría apenas por encima del nivel
observado en 2019 ( 399.099).

En términos relativos, como tanto por mil de la población a 1 de enero de 2025, la proyección para 2025 implica un crecimiento total del 8,5 por mil, un crecimiento vegetativo del -2,5 por mil, y un crecimiento debido a las migraciones del 11,1 por mil (gráfico 1B).


Vistas las cosas con la perspectiva de los años transcurridos desde el año 2000, el crecimiento total de la población residente en España superaría los 9 millones de habitantes (9,08 millones), con una aportación marginal del crecimiento vegetativo ( 216.000 habitantes) y fundamental de las migraciones ( 8,86 millones) (gráfico 2A). La aportación del crecimiento vegetativo rondó el millón anual de habitantes en la década de 2010, pero desde 2015, cuando se convirtió en negativo, su contribución se ha revertido. La aportación de las migraciones se redujo en 2012, justo cuando empezábamos a salir de la crisis económica, pero se recuperó con intensidad a partir de 2016.

En términos relativos, la población residente en España habrá crecido al acabar 2025 un 18,5% desde el año 2000, lo que se reparte entre un 18% debido a las migraciones y un 0,4% debido al crecimiento vegetativo (gráfico 2B).

En conjunto, las cifras recientes confirman la continuidad de un patrón demográfico en el que la inmigración sostiene el crecimiento poblacional, en contraposición a un crecimiento vegetativo negativo desde 2015 y que se ha consolidado a lo largo de las dos últimas décadas. Aunque el saldo migratorio parece estar creciendo menos en los últimos años –a la vista de un crecimiento vegetativo que no levanta cabeza, ni parece ir a hacerlo a corto plazo, tal como indican los bajísimos índices de fecundidad recientes– todo apunta a que esa dinámica demográfica se intensificará.

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FP Básica como dique frente al abandono: avances consolidados y un freno inesperado en 2020-21

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La
FP Básica se confirma como un itinerario esencial de prolongación educativa,
según los datos actualizados a finales de noviembre por el Ministerio de Educación
en su Estadística de Seguimiento Educativo Posterior de las Personas
Graduadas en Formación Profesional
.

FP Básica

El gráfico 1 recoge el porcentaje de titulados en FP Básica que acceden a un ciclo de Grado Medio en alguno de los tres años siguientes, para todas las comunidades autónomas y para el conjunto de España. Las seis promociones consecutivas permiten observar tanto el nivel como la evolución de la continuidad educativa entre 2015-2016 y 2020-2021. Al pasar el ratón por la fila correspondiente a cada comunidad en el cuadro, se resalta la serie en el gráfico, y viceversa.


A escala nacional, la continuidad desde FP Básica hacia Grado Medio se mantiene en una franja relativamente estrecha: se parte de un 68,3% en la cohorte de 2015-2016, se alcanza un máximo de 69,2% en 2019-2020 y se cierra el periodo con un 65,2% en 2020-2021, con un descenso acumulado respecto al primer curso de algo más de tres puntos porcentuales. La media de España funciona como línea de referencia. Por encima de ese umbral se sitúa un grupo de comunidades con niveles de continuidad sistemáticamente altos: Valencia, Galicia, País Vasco, Navarra, Madrid y, en buena parte del periodo, Castilla y León y La Rioja. La estabilidad en valores elevados sugiere redes de centros de FP bien implantadas y cadenas formativas que facilitan la transición entre FP Básica y Grado Medio. Por debajo de la media de España y por debajo del 60% se sitúan de forma recurrente Extremadura, Canarias e Illes Balears, lo que apunta a barreras estructurales más persistentes en la transición desde FP Básica.

La
comparación temporal permite además identificar dónde se ha producido un
deterioro más acusado que el descenso de España en su conjunto. Aragón reduce
su continuidad con una caída acumulada de más de catorce puntos, tras varios
años de descenso gradual. Pero, en general, el total de España refleja un
sistema de FP Básica que mantiene una continuidad relativamente estable hacia
Grado Medio, con una ligera pérdida de intensidad en la última cohorte.

FP
Media

En la cohorte más reciente, correspondiente al curso 2020-2021, el dato de España se sitúa en 51,9 %. Por encima de este valor se encuentran varias comunidades, entre las que destacan Cataluña, La Rioja y Valencia, que registran los porcentajes más elevados en ese año. También se sitúan por encima del promedio estatal el País Vasco, Navarra y Madrid. En cambio, los valores más reducidos se observan en Canarias, Asturias y Ceuta, que se sitúan claramente por debajo de la media de España en 2020-2021.


En cuanto a la evolución a lo largo del periodo, el dato estatal pasa de 39,8% en 2015-2016 a 51,9% en 2020-2021, lo que supone un incremento de 12,1 puntos porcentuales en seis promociones consecutivas. Varias comunidades muestran avances superiores a este aumento. Entre ellas destaca La Rioja, que pasa de 40,8% a 61,5%, y País Vasco, que asciende desde 45,0% hasta 57,8%. También presentan incrementos destacados Navarra y Madrid. En el extremo opuesto, las comunidades con menor crecimiento dentro del periodo son Asturias, cuyo valor aumenta seis puntos porcentuales, y Ceuta, que permanece prácticamente en el mismo nivel.

Conclusiones

La
información presentada confirma que la Formación Profesional de Grado Básico
desempeña un papel central en la arquitectura del sistema educativo español. En
un contexto en el que la reducción del abandono escolar temprano sigue siendo
un objetivo prioritario, el hecho de que una mayoría de titulados de FP Básica
continúe estudiando convierte a esta etapa en un primer eslabón, una
herramienta clave para retener al alumnado en el sistema y ofrecerle
itinerarios estructurados de progresión académica, lejos de funcionar como
etapa terminal.

Los
datos muestran, además, que esta continuidad no es uniforme. Por un lado, se
observan diferencias importantes entre CC AA, con territorios que de forma
sistemática presentan porcentajes de transición claramente por encima de la
media estatal y otros que se sitúan de manera recurrente por debajo.

Al
mismo tiempo, la evolución de la última cohorte disponible (2020-2021) apunta a
un cambio de signo menos favorable. En todos los tramos analizados —FP básica
hacia grado medio, FP media hacia grado superior y FP superior hacia la universidad
(en el informe del Ministerio, pero no analizado en esta entrada)– el
porcentaje de graduados que continúa estudiando se sitúa por debajo del máximo
alcanzado en años anteriores y, en varios casos, por debajo de los niveles
iniciales de la serie, en un retroceso que interrumpe la tendencia expansiva y
que matiza la lectura de mejora global.

Una
posible explicación, compatible con estos resultados, es que en el curso
correspondiente a la graduación de 2020-21 la mejora del mercado de trabajo
haya reducido parcialmente la proporción de titulados que optan por seguir
estudiando en las distintas transiciones. Sin embargo, incluso teniendo en
cuenta este posible efecto, los datos de la última cohorte no pueden
considerarse buenos: la cadena de continuidad se debilita justo en un momento
en el que la FP está llamada a desempeñar un papel estratégico en la reducción
del abandono y en la mejora de las oportunidades formativas de los jóvenes. El
seguimiento de las próximas promociones será, por tanto, determinante para
saber si estos resultados responden a un episodio puntual o si marcan el inicio
de una inflexión más persistente en los itinerarios de Formación Profesional.

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casi-700.000-personas-con-discapacidad-participan-en-el-mercado-laboral-espanol

Casi 700.000 personas con discapacidad participan en el mercado laboral español

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Casi dos millones de personas en edad laboral (1.946.800) en España tenían en 2023 reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%[1], lo que equivale al 6,2% de la población de 16 a 64 años, según datos del INE[2] (gráfico 1). A la luz de esta cifra, la actividad y el empleo de las personas con discapacidad no puede considerarse un asunto marginal ni cuando se piensa en su inclusión social ni cuando se habla del mercado laboral en su conjunto.


Se trata, de todas formas, de un colectivo muy heterogéneo, no solo en cuanto a su composición por sexo y edad, sino también respecto al tipo y el grado de discapacidad y las consecuencias que estos tienen en su integración social y laboral.  La prevalencia de la discapacidad en las edades laborales (16 a 64 años) es algo mayor entre los hombres (6,9%) que entre las mujeres (5,5%), aunque la diferencia relativa se reduce con la edad (gráfico 1). El aumento de la tasa de discapacidad con la edad es claro, probablemente asociado a procesos de deterioro de la salud, condiciones laborales, accidentes o enfermedades crónicas que se agravan. La prevalencia es del 2,7% en el grupo de 16 a 24 años, aumenta hasta el 3,3% entre los 25 y los 44 años, y alcanza casi el 10% en el tramo de 45 a 64 años.

Una parte muy sustancial de la población de 16 a 64 años con discapacidad está fuera del mercado laboral. Mientras que la tasa de actividad de las personas sin discapacidad se situaba en el 78% en 2023, en el grupo con discapacidad descendía al 35%. Las casi 700.000 personas con discapacidad laboralmente activas suponen el 2,9% del total de la población activa en España. Las diferencias en la tasa de actividad entre los colectivos con y sin discapacidad son especialmente agudas en el tramo de 45 a 64 años, en el que el descenso en la actividad afecta mucho más al primer grupo (gráfico 2).


En todo caso, es notable la heterogeneidad con respecto a la actividad entre las personas con discapacidad. La tasa de actividad de quienes tienen una discapacidad relacionada con el sistema auditivo es bastante cercana a la de la población sin discapacidad (61%), pero las discapacidades mentales e intelectuales se asocian a tasas mucho más bajas (27% y 34%) y las físicas ocupan una posición intermedia. Como cabría esperar, el grado de discapacidad también se asocia sustantiva y negativamente con la actividad, de forma tal que en el segmento con un grado del 75% o superior la tasa se sitúa en el 11% (gráfico 3).


La asociación entre los tipos o los grados de discapacidad y la actividad no es de extrañar, vista la relación entre la discapacidad y la dependencia, indicativa de limitaciones sustanciales para realizar actividades básicas o instrumentales de la vida diaria, que reducirían la disponibilidad para el empleo. La proporción de personas en situación de dependencia oficialmente reconocida alcanza al 47% de quienes tienen discapacidad intelectual, mientras que solo llega al 10% entre quienes presentan discapacidad sensorial (auditiva o visual). Entre quienes tienen un grado de incapacidad del 75% o más, el 70% está en situación de dependencia reconocida, frente al 4% de quienes se sitúan entre el 33% y el 44% (gráfico 4).


La particularidad de la integración laboral de las personas con discapacidad también queda patente en la diferencia de sus ingresos salariales con los de la población sin discapacidad. Según la operación estadística Los salarios de las personas con discapacidad del INE[3], las personas asalariadas con discapacidad perciben, en promedio, el 81% del salario anual de quienes no la tienen, con una menor distancia entre los más jóvenes (gráfico 5). La brecha es solo algo menor si se observan los salarios por hora trabajada (la cifra correspondiente es del 84%), lo que sugiere que parte de la diferencia en el salario anual se debe a un menor tiempo de trabajo. Un aspecto llamativo es que la brecha salarial de género, medida en términos del salario por hora trabajada, es menor en el colectivo con discapacidad que en la población sin discapacidad, y prácticamente desaparece en 2022 (gráfico 6).


La participación laboral y los ingresos de las personas con discapacidad continúan condicionados por una multiplicidad de obstáculos que, más allá de las limitaciones funcionales y de la situación de dependencia, tienen que ver también con factores organizativos, culturales y de accesibilidad que no siempre son insalvables. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el próximo 3 de diciembre, es una buena ocasión para recordar que apostar por su inclusión laboral es una responsabilidad de todos. Promoverla no solo favorece la inserción social de ese colectivo, sino que permite aprovechar plenamente sus capacidades, para beneficio propio y del conjunto de la sociedad.


[1] Personas
con un grado de discapacidad superior o igual al 33% y asimilados según el RD
Legislativo 1/2013.

[2] Véase la metodología de esta operación estadística aquí.

[3] Véase la metodología de esta operación estadística aquí.

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noticias-(breves)-desde-la-demografia-(ii):-en-2024-se-mantienen-las-tendencias

Noticias (breves) desde la demografía (II): en 2024 se mantienen las tendencias

Como hicimos el año pasado por estas fechas, volvemos a ofrecer a los lectores un comentario sobre la actualización de las cifras del Movimiento Natural de la Población y los Indicadores demográficos básicos del INE, que se publicaron hace unos días, buscando comprender la evolución de las dinámicas poblacionales en curso, confirmar tendencias previas o identificar interrupciones significativas en ellas. 

El año 2024 representa demográficamente, en este sentido, el abandono casi definitivo del hiato de la pandemia y apunta a la consolidación de la recuperación de las tendencias o cifras demográficas previas y las medidas asociadas a aquella, observada ya en 2023.

Fecundidad

El Indicador Coyuntural de Fecundidad (ICF) continuó su senda descendente en 2024, alcanzando el mínimo histórico de 1,10 hijos por mujer (1,12 en 2023), un dato que probablemente refuerce la penúltima posición de España en la Unión Europea en número de hijos por mujer, solo por detrás de Malta. La caída afecta tanto a las mujeres españolas como a las extranjeras. Entre las primeras, el ICF descendió de 1,09 a 1,07 hijos por mujer. A su vez, la fecundidad de las extranjeras en España volvió a establecer un mínimo histórico en 1,27 hijos por mujer, muy inferior al máximo de 1,83 alcanzado en 2008.


En contra de lo ocurrido en 2023, momento en el que, por primera vez en muchos años, cayó la edad media de las madres al tener su primer hijo, en 2024 ha vuelto a subir en dos centésimas, hasta los 31,52 años, retornando la tendencia al alza desde 1980, solo interrumpida entre 2006 y 2008, años de recuperación de la fecundidad. También se recupera la tendencia ascendente en el porcentaje de nacidos de madre no casada, interrumpida en 2023: en 2024 es el 49,99%, tres centésimas más que el año anterior. Este indicador sí había registrado un cambio mayor en 2020, el primer año de la pandemia y de las medidas de distanciamiento social, que afectaron en ese mismo año y los siguientes a no pocos indicadores demográficos de fecundidad y nupcialidad, pero procede de las madres extranjeras (de 41,52% a 42,8%), y no de las españolas (de 52,66% a 52,43%).  

Matrimonios y divorcios

La nupcialidad no acaba de consolidar su senda descendente de décadas, que se había revertido en 2021 y 2022, años en que se celebraron los matrimonios que dejaron de celebrarse en 2020. El Indicador Coyuntural de Nupcialidad, una estimación del número de veces que se casarían los residentes en España teniendo en cuenta las tasas de nupcialidad por edades de ese año (de forma análoga a como se construye el Indicador Coyuntural de Fecundidad) se ha mantenido en los 0,55 matrimonios entre 2023 y 2024 (1,01 en 1976). Al contrario de lo que sucede con la fecundidad, este indicador sigue siendo mayor en los españoles que entre los extranjeros, con cifras respectivas de 0,61 y 0,36 matrimonios por habitante en 2024. 

Sí se reafirma la senda ascendente en la edad media al primer matrimonio, que también había sufrido una suerte de “efecto 2020”, creciendo de golpe en más de un año, para reducirse temporalmente, con la ulterior recuperación de la nupcialidad de los dos años siguientes. En cualquier caso, la recuperación del alza iniciada en 2023 se mantiene en 2024: este año la edad media de los varones que se casaban por primera vez aumentó hasta los 37,25 años (36,94 en 2023) y hasta los 35,19 la de las mujeres (34,88 en 2023). 

Sigue aumentando el peso de los matrimonios de personas del mismo sexo sobre el total. Si en 2014 los matrimonios entre varones fueron el 1,03% del total, en 2024 son el 2,02% (1,84% en 2023). Las nupcias entre mujeres en 2024 siguen representando un porcentaje mayor: son el 2,16% del total (2,09% en 2023), pese a que la cifra en 2014 era del 0,98%.

Por el contrario, la divorcialidad ha interrumpido su senda descendente. El Indicador Coyuntural de Divorcialidad, (una estimación del número de divorcios por habitante análoga al ICF) se situó en 0,24 en 2023, cifra superior a la de 2023 (0,22). Poniendo en relación los indicadores de divorcialidad y nupcialidad (dividiendo el primero por el segundo) se podría suponer que, con cifras de 2024, acabaría en divorcio el 44% de los matrimonios, más que en 2023 (40%), pero todavía por debajo de las cifras de comienzos de la década de 2010, cuando se infería ese final para más del 60% de los matrimonios. 

La esperanza de vida

La esperanza de vida al nacer se estima para 2024 en los 84,01 años (83,77 en 2023), la más alta registrada: 81,38 (81,11) para los varones y 86,53 (86,34) para las mujeres. Quedan de nuevo atrás las cifras prepandémicas y es posible que se esté muy cerca de alcanzar las previsibles según la curva de evolución de la década anterior a la pandemia. Algo parecido cabe decir de la esperanza de vida de los mayores, medida a los 65 años, que también sube, desde los 21,68 a los 21,87 años (19,87 para los varones y 23,64 para las mujeres) y vuelve a situarse por encima de la de 2019 (21,52 años). 


Las cifras de esperanza de vida de 2024 consolidan la paulatina tendencia, al alza, interrumpida en 2020, así como a la reducción de la distancia entre varones y mujeres. En tiempos recientes, la diferencia máxima en la esperanza de vida al nacimiento fueron los 7,25 años favorables a las mujeres en 1992 (un 9,8% mayor). En 2024, la diferencia se ha reducido a 5,15 años, (una esperanza de vida un 6,3% superior). Lo mismo  sucede con la diferencia en la esperanza de vida a los 65 años entre las mujeres y los varones, que representa en 2024 (3,77 años) el mínimo desde 1999.

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El acceso a las carreras STEM en España: más concentrado en las familias con mayor nivel educativo y ocupacional

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El nuevo enlace de microdatos entre el Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) y los registros del INE permite mirar la universidad española con unas gafas diferentes: ya no solo sabemos cuántos estudiantes se matriculan en cada rama, sino también quiénes son sus padres, qué estudios tienen y a qué se dedican. Cuando miramos estas dos dimensiones –nivel educativo y ocupación de los progenitores– el retrato es claro: el acceso a la universidad, y especialmente a las carreras STEM y de salud, está cada vez más concentrado en los hogares más aventajados.

Más padres universitarios en
todas las ramas, especialmente en STEM

Una primera forma de aproximar el origen socioeconómico del alumnado es fijarse en si ambos progenitores tienen estudios superiores. El gráfico 1a muestra la evolución de este indicador entre los cursos 2016-2017 y 2021-2022, para el conjunto del sistema y por grandes ramas de enseñanza.


Dos rasgos destacan de inmediato. Primero, la tendencia ascendente es sistemática. En el conjunto del sistema, la proporción de estudiantes con ambos progenitores con estudios superiores pasa del 31,7% al 38,9% en solo seis cursos. El incremento supera los siete puntos porcentuales, y se observa en todas las ramas. Dado que el nivel educativo de la población adulta cambia de forma lenta, esta subida difícilmente puede atribuirse solo a “maduración generacional”: lo que está cambiando es quién llega a la universidad, no solo el perfil medio de los padres en la sociedad española.

Segundo, el aumento es
especialmente intenso en Ingeniería y Arquitectura, Ciencias y Ciencias de la
Salud. En estas ramas, el porcentaje de estudiantes con padres universitarios
supera el 40%, alcanzando el 45,6% en Ingeniería y Arquitectura y el 43,2% en
Ciencias de la Salud en 2021-2022. Son precisamente las áreas con mayores
exigencias académicas y mejores perspectivas laborales. La combinación de notas
de corte altas, expectativas salariales elevadas y una fuerte presencia de
estudiantes de entornos con alto capital educativo refuerza la idea de que el
acceso a estos estudios está socialmente filtrado.

Más familias con ocupaciones
altas en STEM y Salud

El nivel educativo no es la única
dimensión relevante. La Estadística de Estudiantes Universitarios incorpora
también un indicador sobre la ocupación de los progenitores, que permite
aproximar su posición en la estructura laboral y, de manera indirecta, su nivel
de renta y de capital social. El gráfico 1b [haga clic en “padres con ocupaciones
de alto nivel”, bajo la leyenda, para visualizarlo]recoge la evolución del
porcentaje de estudiantes cuyos dos progenitores tienen ocupaciones altas
(directivos, profesionales científicos y técnicos, médicos, profesiones
liberales, etc.).

Aunque la serie comienza algo más
alta en 2016-2017, el patrón reciente es claro: tras una ligera corrección
inicial, la proporción de estudiantes procedentes de hogares donde ambos
progenitores tienen ocupaciones altas crece y supera ya el 21% en el conjunto
de la universidad. El desplazamiento es especialmente visible en Ingeniería y
Arquitectura, Ciencias y, sobre todo, Ciencias de la Salud, que se sitúa
sistemáticamente por encima del 25% en los últimos cursos.

De nuevo, Artes y Humanidades
aparece como la rama con menor concentración de este tipo de hogares, con
valores entre el 15% y el 18%. Es, por tanto, la más socialmente diversa. Las
Ciencias Sociales y Jurídicas ocupan una posición intermedia, aunque su
heterogeneidad interna implica que ámbitos como Derecho o ADE arrastren el
promedio hacia arriba, mientras que Educación o Trabajo Social lo reducen.

Un patrón de estratificación
creciente

Leídos conjuntamente, ambos gráficos describen un mismo proceso: el acceso a la universidad española, y especialmente a las carreras STEM y de salud, se está desplazando hacia los estratos socioeconómicos más altos. Cada vez hay más estudiantes con padres universitarios y con ocupaciones de alta cualificación, y esta concentración es más intensa en las ramas con mayor retorno salarial y social.

La universidad sigue ofreciendo
oportunidades de movilidad ascendente para parte del alumnado de origen
modesto, pero los datos sugieren que, al mismo tiempo, refuerza la reproducción
intergeneracional de las ventajas. Para que las carreras científicas y
tecnológicas sean verdaderamente accesibles en igualdad de condiciones, no
bastará con ampliar plazas: será necesario actuar sobre los mecanismos de
orientación, acceso y apoyo económico, de manera que el talento académico no
dependa tanto del código postal ni del currículum de los padres.

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Los hogares intergeneracionales en España: una radiografía de la convivencia entre abuelos y nietos

En los últimos años, las ciencias sociales han prestado mucha atención a los cambios en la estructura familiar española, sobre todo en relación con el retraso en la formación de parejas y la caída de la fecundidad. Quizás uno de los cambios menos conocidos es el aumento de los hogares multigeneracionales, es decir, aquellos en los que conviven abuelos y nietos. 

Los abuelos siempre han sido una fuente de apoyo material y logístico, pero a medida que la esperanza de vida se ha prolongado, los vínculos entre generaciones dentro de las familias se han transformado. Los niños de hoy tienen más probabilidades que nunca de tener abuelos vivos. En 2025, una mujer que se convierta en abuela con 65 años tendrá menos nietos que en generaciones anteriores. Pero podrá verlos crecer una media de 23 años (19 si se trata de un abuelo). Estos abuelos no solo serán más longevos, sino que estarán más disponibles que en otras generaciones, serán más activos, y jugarán un papel cada vez más visible en la vida cotidiana de sus nietos, ya sea como cuidadores, como apoyo económico o, en algunos casos, como principales responsables del hogar. 

Este fenómeno no es exclusivo de España. En la mayoría de los países desarrollados, los abuelos constituyen el tercer grupo de cuidadores más importante, después de los padres y los servicios de educación infantil. Sin embargo, las formas de implicación difieren entre regiones: en el norte de Europa predominan los contactos frecuentes sin convivencia, mientras que en el sur y este de Europa la corresidencia intergeneracional es más habitual. Existe un debate no resuelto sobre las causas de estas diferencias. Por una parte, puede deberse a normas culturales que, a menudo, llamamos familiarismo. En otras, parecen asociadas a la menor cobertura de servicios públicos de cuidado infantil y mayores. 

En España, un país con políticas familiares más bien raquíticas, un mercado laboral fuertemente segmentado y problemas de acceso a la vivienda, la corresidencia entre generaciones es alta, aunque medir la presencia de abuelos en los hogares no es tan sencillo como podría parecer. Utilizando la Encuesta de Población Activa (EPA; años 2020 y 2024) se puede observar en cuántos hogares convive algún menor de 16 años con, al menos, un abuelo (padre de la persona de referencia en el hogar o persona con ese rol directamente). Esta definición “extendida” de un hogar multigeneracional permite capturar tanto los hogares de tres generaciones como los mucho menos frecuentes hogares skip generation, donde los nietos conviven con los abuelos sin la presencia de sus padres.

En 2024, el 6% del total de los hogares en España era intergeneracional según la definición de arriba. Contando solo los hogares que tienen algún menor de 16 años, uno de cada siete (16%) incluye al menos un abuelo conviviente, una proporción que ha aumentado progresivamente desde el 12% de 2020. La pandemia de COVID-19 parece haber actuado como catalizador de este aumento ya que muchos hogares reconfiguraron temporalmente su convivencia para atender cuidados o enfrentar dificultades económicas. Con posterioridad, lejos de desaparecer, esa forma de convivencia se ha mantenido estable, probablemente impulsada por la presión del mercado de vivienda, la inestabilidad laboral y la escasez de servicios de conciliación.

El papel de los abuelos es especialmente decisivo en los hogares más vulnerables, donde la corresidencia intergeneracional podría actuar como una red de apoyo informal que compensa carencias estructurales del sistema de bienestar. De hecho, los datos indican que la presencia de abuelos en el hogar se concentra precisamente allí donde las familias enfrentan más dificultades para sostener la crianza por sí solas. En primer lugar, se observa que la convivencia es muy superior en los hogares monoparentales (gráfico 1A). Mientras que solo el 12% de los hogares biparentales con menores conviven con abuelos, la cifra se triplica entre los monoparentales (38%).


Esta diferencia ilustra hasta qué punto la solidaridad intergeneracional actúa como un sistema de protección alternativo, especialmente para madres solas con hijos pequeños, que dependen de los abuelos tanto para el cuidado diario como para el apoyo económico o emocional. Allí donde los ingresos son suficientes o faltan servicios públicos de conciliación, la convivencia entre generaciones se convierte en una estrategia funcional y necesaria.

También se observa una mayor tendencia a convivir en hogares multigeneracionales entre los inmigrantes. En las familias autóctonas, solo 12% de los hogares con menores de 16 años son intergeneracionales, pero el porcentaje asciende al 18% en los hogares mixtos (españoles e inmigrantes) y alcanza el 20% entre los padres de segunda generación (gráfico 1B).

Finalmente, el nivel educativo, una medida un tanto amplia pero trascendental del estatus socioeconómico de los hogares, también marca una línea divisoria. La convivencia intergeneracional es mucho más frecuente entre los hogares sin estudios universitarios (16%) que entre los universitarios (10%) (gráfico 1C).

En otras palabras, cuanto más vulnerable el perfil socioeconómico del hogar, mayor la probabilidad de corresidencia con abuelos. Lejos de ser una opción puramente cultural asociada al familismo tan propio de España y del Sur de Europa, la convivencia entre generaciones aparece como una respuesta estructural a la desigualdad: donde el mercado laboral, el acceso a la vivienda o la oferta de cuidados públicos fallan, las familias recurren a la generación mayor como soporte esencial.

Por último, cabe llamar la atención sobre cómo la convivencia intergeneracional no se distribuye de forma homogénea en nuestro país. Las comunidades con mayor presencia de hogares de este tipo son Canarias (31%), Galicia (26%), y, en menor medida, Baleares (17%) (gráfico 2). En el extremo opuesto, regiones como La Rioja (8 %), País Vasco (9%) o Extremadura (9 %) presentan tasas mucho más bajas.


Estas llamativas diferencias en la incidencia de la convivencia intergeneracional no parecen deberse a la densidad poblacional de las provincias ni a las tasas de envejecimiento. La relación más consistente parece confirmar el papel proveedor de recursos por parte de los abuelos para los hogares con menores, puesto que la tasa de pobreza infantil en las provincias más urbanizadas se relaciona muy intensamente con la convivencia intergeneracional (gráfico 3).


Esta realidad no solo revela la capacidad adaptativa de los hogares, sino también los límites de un sistema de bienestar que delega buena parte de su función en la solidaridad familiar. En el Día Mundial de la Infancia, que se celebra el próximo 20 de noviembre, recordar que muchos niños crecen entre generaciones nos invita a valorar la red silenciosa de abuelos que sostienen y hacen posible la vida cotidiana de cada vez más familias.

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Europa, entre la simplificación regulatoria pendiente y la oportunidad estratégica

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Enrico Letta y Mario Draghi lo dijeron claro en sus informes sobre el futuro económico de Europa: el mercado único se había quedado a medio camino y la burocracia era un lastre para la competitividad. Letta defendía que el mercado interior debía completarse con reformas jurídicas y sectoriales que eliminasen las fronteras normativas entre los Estados. Draghi fue aún más explícito. Europa necesitaba “pensar a escala continental” para competir con Estados Unidos y China. Ambos coincidían en la necesidad de simplificar, integrar y escalar. Sus propuestas abarcaban desde la creación de un código mercantil europeo hasta la aceleración de la unión de los mercados de capitales, pasando por la reducción de las cargas regulatorias que frenan la innovación. Los dos informes advertían de un riesgo estructural, la fragmentación. Mientras EE. UU. y China concentran inversión, capacidad tecnológica y poder financiero en marcos regulatorios más ligeros y unificados, la UE se enfrenta a un mosaico de reglas nacionales –además de las panaeuropeas– que multiplican los costes y debilitan la competitividad.

Este año, la UE ha comenzado a transformar en política algunos de esos diagnósticos. En el recientemente publicado 2025 annual progress report on simplification, implementation and enforcement (Informe anual de situación de 2025: simplificación, aplicación y ejecución) se enumeran seis paquetes legislativos de simplificación (omnibus) y una estimación de 8.600 millones de euros en ahorro de costes administrativos recurrentes.



No te pierdas la jornada virtual titulada Unidad de mercado y competitividad: superando la fragmentación regulatoria en Europa y España, que celebra Funcas el próximo 20 de noviembre.

Por primera vez la simplificación se aborda como un objetivo estructural, no como una tarea secundaria. “Una Unión más audaz, más simple y rápida” es el nuevo lema. En paralelo, la nueva iniciativa sobre la “Unión de ahorros e inversiones” busca integrar los mercados de capital europeos, eliminar obstáculos legales en los servicios financieros y facilitar la inversión transfronteriza. También el BCE reconoce que aún existen fuertes barreras en el post-trade (liquidación y compensación de valores) y en la armonización de los derechos de los inversores, pero admite avances en la coordinación entre supervisores y en la aceptación política de una mayor cesión de competencias a nivel europeo. El Single market scoreboard 2025 (Cuadro de mando del mercado único 2025) muestra mejoras en varios indicadores de cumplimiento, aunque persisten diferencias notables entre Estados miembros. Dos tercios de las empresas encuestadas siguen señalando la carga regulatoria como un obstáculo clave, pero la tendencia general parece positiva. Por primera vez desde 2018, el porcentaje de legislación del mercado único correctamente transpuesta supera el 95%.

Pese a estos progresos, la implementación continúa siendo más lenta de lo deseado. La mayoría de los obstáculos son estructurales. Por ejemplo, la gobernanza europea exige consenso o mayorías cualificadas, lo que ralentiza las reformas más ambiciosas. Los Estados miembros temen perder autonomía regulatoria o capacidad fiscal y, en consecuencia, prefieren soluciones intergubernamentales que diluyen la eficacia. El resultado es que, hasta ahora, proyectos como la unión bancaria están ina­cabados, por el estancamiento de unos de sus pilares, el seguro común de depósitos. La fragmentación normativa en materia de insolvencias o fiscalidad mantiene a las empresas operando en 27 minimercados. Se ha avanzado bastante en diagnóstico y algo en voluntad política, pero aún carece de instrumentos ágiles de ejecución.

A esto se suma un problema de escala empresarial y tecnológica: las compañías europeas, en promedio, son más pequeñas que sus equivalentes estadounidenses o chinas, lo que reduce su capacidad de inversión en I D, digitalización y sostenibilidad. Sin una unión real de los mercados de capitales que facilite la financiación para crecer, las empresas europeas seguirán enfrentando un techo de cristal estructural.

Por otro lado, la precaución regulatoria europea –que prioriza la estabilidad, la protección del consumidor y el equilibrio social– hace que los procesos legislativos sean más largos y revisados. Esta actitud, a menudo vista como debilidad frente a la agilidad estadounidense, es también una expresión del modelo social europeo. Por último, la multiplicidad de idiomas, sistemas jurídicos y marcos fiscales genera inercias difíciles de desmontar. La simplificación exige centralización, pero la UE aún opera con una lógica de competencias compartidas, no plenas.

La necesidad de esa simplificación administrativa e integración de mercados en la UE es evidente y una apuesta decidida por ello puede traer más beneficios de los inicialmente pensados, precisamente por esa idiosincrasia prudente del Viejo Continente. En un contexto de repolarización global, de proteccionismo y guerras comerciales y de una desregulación tecnológica y financiera llena de riesgos en Estados Unidos y otros países, la cautela europea puede convertirse en fortaleza si a la vez se logra un entorno menos intervencionista y más business-friendly en Europa. Este entorno más exigente limita ciertos excesos –por ejemplo, la especulación financiera sin respaldo o la explotación descontrolada de datos– que podrían desestabilizar economías en momentos de volatilidad. Mientras en EE. UU. la innovación tecnológica y financiera avanza bajo un principio de “libertad hasta que haya un problema”, Europa ha optado por un modelo de prevención y equilibrio.

En suma, en un mundo tan convulso, esa estrategia puede dar frutos: un sistema financiero más sólido, una transición digital más ética y un entorno de inversión más predecible. El valor de la confianza y la estabilidad institucional no es menor. La Unión Europea no solo debe aspirar a ser más eficiente, sino también a convertir su cautela en una ventaja estratégica. En la era de la inteligencia artificial, la digitalización financiera y los conflictos geopolíticos, esa combinación de prudencia regulatoria y ambición reformista –si logra sus objetivos de competitividad– podría ser el activo más valioso de Europa.

Una versión de este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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El poder transformador de la pregunta

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La irrupción de la inteligencia artificial generativa (IAG) ha alterado profundamente la relación entre el esfuerzo cognitivo del estudiante y el resultado evaluable en la educación superior. Francesc Pujol (Universidad de Navarra), autor del artículo ‘El poder transformador de la pregunta‘, que forma parte del número 184 de Papeles de Economía Española, propone pasar de un modelo centrado en la respuesta —producto final, entregable, nota— a uno centrado en la pregunta como motor del aprendizaje significativo.

Durante décadas, la enseñanza universitaria ha descansado en una premisa: el producto final refleja el esfuerzo invertido. Pero la IA ha roto esa ecuación. Hoy, un estudiante puede entregar un ensayo impecable sin haber desarrollado un proceso formativo genuino. La figura 1 ilustra esta quiebra: la línea tradicional que conectaba tiempo, esfuerzo y conocimiento se ve interrumpida por la intervención de ChatGPT, que permite obtener resultados similares —o incluso superiores— con mucho menos desarrollo cognitivo.

Figura 1.

Fuente: Francesc Pujol. Papeles de Economía Española 184.

Esta disociación entre proceso y resultado no solo plantea un reto técnico para la evaluación académica; obliga a repensar el sentido del aprendizaje. Frente a esta disrupción, muchas instituciones han optado por prohibir el uso de IA, como hicieron inicialmente Sciences Po o el sistema educativo de Nueva York. Sin embargo, Pujol argumenta que tales medidas, más reactivas que reflexivas, generan efectos colaterales: injusticias entre estudiantes, pérdida de confianza y, sobre todo, la perpetuación de un modelo centrado en la respuesta, ahora cada vez menos relevante.

El texto subraya que ni el prompting técnico —la habilidad de redactar instrucciones óptimas para la IA— ni la verificación crítica de los resultados son suficientes para transformar la pedagogía. Ambas prácticas siguen midiendo el valor del aprendizaje a partir de la calidad del producto generado. Además, presentan una paradoja epistemológica: quien menos domina el tema es quien más necesita verificarlo, pero quien menos puede hacerlo con rigor. El verdadero desafío pedagógico no consiste en controlar la herramienta, sino en redefinir qué significa aprender con ella.

Ahí emerge la propuesta central del autor: recuperar la pregunta como núcleo del aprendizaje. La IA generativa solo opera a partir de preguntas humanas, por lo que el foco educativo debe desplazarse hacia la capacidad de formular preguntas pertinentes, complejas y bien estructuradas. Esa competencia, además de mejorar el uso de la IA, refleja una comprensión profunda y un pensamiento crítico: dos pilares de la autonomía intelectual.

Pujol introduce la llamada “regla de oro” del uso pedagógico de la IA: preguntar por lo que ya se sabe. Lejos de buscar respuestas rápidas a temas desconocidos, el objetivo es ampliar y profundizar los conocimientos previos. Cuando los estudiantes formulan preguntas claras sobre contenidos que comprenden, interactúan con la IA de manera más crítica y madura, lo que genera aprendizaje genuino. En cambio, las preguntas confusas —fruto de una comprensión débil— producen respuestas pobres que los propios estudiantes tienden a sobrevalorar. La claridad de la pregunta se convierte así en un espejo del conocimiento real del alumno.

Esta lógica transforma la función de la evaluación. Las preguntas ya no son un paso previo, sino una evidencia tangible del proceso formativo. Deben ser objeto de valoración, al igual que los ensayos o las presentaciones. En lugar de medir solo el resultado, el sistema debe capturar la evolución de las preguntas del estudiante: su claridad, su capacidad para generar nuevas líneas de indagación y su conexión con el conocimiento previo.

La figura 2 sintetiza esta visión renovada: la integración de la IA en el proceso formativo. En él, el foco se traslada del producto final al proceso de indagación, visibilizando etapas antes invisibles —reflexión, formulación de preguntas, diálogo con la IA, repregunta, síntesis— y convirtiendo cada una de ellas en una oportunidad evaluable. En este modelo, el docente deja de ser un mero transmisor y evaluador para convertirse en diseñador de experiencias de aprendizaje y mentor del proceso, guiando la formulación de preguntas y ayudando a los estudiantes a interpretar las respuestas con sentido crítico.

Figura 2.

Fuente: Francesc Pujol. Papeles de Economía Española 184.

Como señala Pujol, mientras las respuestas pueden ser generadas artificialmente, la capacidad de preguntar sigue siendo la frontera más nítida entre la inteligencia humana y la artificial. La IA no debe ser vista como una amenaza, sino como un catalizador que obliga a redescubrir los fundamentos del pensamiento crítico. Si el siglo XX fue el de la respuesta, el XXI será el de la pregunta.

La tecnología cambia el escenario, pero la pedagogía define el rumbo. El reto no es adaptarse a la IA, sino aprovechar su potencial para poner la pregunta —esa forma de inteligencia que sigue siendo exclusivamente humana— en el centro del aprendizaje.

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Maestros de Primaria: alta satisfacción, no ajena a las cargas

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Con frecuencia, y con acierto, se le atribuyen a la educación formal los cimientos de cualquier proyecto de desarrollo personal y colectivo. Gran parte de la atención del análisis sociológico y de la discusión pública se centra en la educación secundaria, al tratar el abandono escolar temprano o de la evaluación de rendimiento académico mediante pruebas como PISA. Con menor frecuencia se repara en lo decisivo de una etapa anterior, la enseñanza primaria: entonces se forjan y consolidan las competencias fundamentales y las actitudes hacia el aprendizaje. Sus efectos acompañan toda la vida y condicionan notablemente la igualdad de oportunidades en una sociedad. De ahí la relevancia de entender los contenidos que se enseñan en Primaria, los modos de enseñanza, los recursos disponibles y, no en último lugar, la figura de los profesores en sí misma, incluyendo la percepción que tienen de ellos mismos y de su profesión. 

A tenor de los últimos datos disponibles sobre las opiniones de los maestros de Educación Primaria en España, de 2023, el juicio medio sobre su vida profesional es muy positivo. Estos datos proceden de una encuesta internacional a los profesores de Matemáticas de los alumnos de 4º de enseñanza primaria, en el marco del TIMSS (Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias). Casi todos (96%) sienten con frecuencia (i.e., muy a menudo o a menudo) que su trabajo tiene sentido y propósito, y disfrutan con frecuencia de los retos que plantea la enseñanza (91%) (gráfico 1), lo que sitúa a los maestros españoles en una posición intermedia en el conjunto de veintitrés países europeos elegidos para la comparación.[1] Otra inmensa mayoría siente con frecuencia  que su trabajo le resulta inspirador (97%) (gráfico 1), algo en lo que los maestros españoles destacan entre los europeos, ocupando el segundo lugar según este criterio, solo por detrás de Rumanía. No sorprende, entonces, que la mayoría se sienta con frecuencia satisfecha con su profesión (96%) y sienta con frecuencia orgullo por ella (97%) (gráfico 1), proporciones que sitúan los niveles de satisfacción y orgullo de los maestros españoles entre los más altos de Europa. El optimismo con que evalúan su vida profesional se transfiere, incluso, a cómo creen que juzgan los demás su trabajo: una amplia mayoría se siente con frecuencia apreciada en su labor docente (79%), claramente por encima del promedio europeo (61%) (gráfico 1).


Esta visión tan positiva de su vida profesional encaja relativamente bien con cómo perciben a su alumnado. Predomina entre los maestros españoles la opinión de que los estudiantes de su centro se comportan de manera ordenada (90% está muy de acuerdo o algo de acuerdo con la afirmación) y que respetan a los profesores (94%) (gráfico 2). En ambos juicios, además, destacan a escala europea. También sobresalen por su optimismo respecto al esfuerzo y capacidad del alumnado: hasta un 69% piensa que el deseo de los estudiantes de obtener buenos resultados escolares es muy alto o alto, y también una mayoría (56%) cree que es muy alta o alta la capacidad de los alumnos para alcanzar las metas académicas de su centro (gráfico 2). 


Solo se ensombrecen mínimamente sus juicios cuando los expresan acerca de las opiniones o las capacidades de los profesores del centro. Un 67% cree que las expectativas de los profesores acerca del rendimiento académico del alumnado son muy altas o altas (gráfico 3). Parecen muchos, pero, en realidad, están por debajo del promedio (76%) y en la posición 19ª de los 23 países. En una línea similar, son muchos (79%) quienes ven como muy alto o alto el éxito de los profesores en la implementación de los planes de estudio, aunque esta cifra se sitúa justo en la media europea (gráfico 3) y se corresponde con la posición 13ª de mayor a menor optimismo. 


Pese a la valoración positiva, en TIMSS también afloran quejas habituales sobre la carga laboral: un 83% señala un exceso de alumnos por clase (a pesar de la gran reducción de las ratios en los últimos lustros); un 68%, demasiadas horas lectivas; y un 87%, falta de tiempo para preparar las clases (gráfico 4). Quizá tengan que ver esas demandas de más tiempo con una sensación extendida con respecto a una excesiva carga administrativa, que comparte el 84% de los entrevistados, un porcentaje relativamente alto y claramente superior al promedio (71%) (gráfico 4). 

Resulta revelador que apenas un 47% afirme sentir demasiada presión de los padres de los alumnos, un nivel similar al promedio europeo (gráfico 4). Esta percepción contrasta con lo que suele destacarse en los medios de comunicación, y parece más frecuente en la ESO y Bachillerato, etapas en que es más evidente la relevancia de las decisiones y el rendimiento académicos para el futuro del alumnado. En Educación Primaria, en cambio, la presión es menor: los suspensos y la repetición casi han desaparecido en los últimos lustros —por ejemplo, en 6º de Primaria la tasa de repetidores ha pasado del 2,8% en el curso 2007-2008 al 1,1% en el 2022-2023— lo que reduce la frustración tanto en estudiantes como en familias. 


Todo ello ayuda a explicar el alto grado de satisfacción de los maestros de Educación Primaria. En el Día Mundial de los Docentes, que se celebra el próximo 5 de octubre, no está de más escuchar su voz de manera representativa, puesto que ayuda a comprender mejor las condiciones que hacen posible —o que dificultan— su labor cotidiana. Encuestas internacionales como PIRLS o TIMSS, aún infrautilizadas en el debate público, ofrecen un caudal de información muy valioso para enriquecer la discusión y dar visibilidad a quienes sostienen una etapa tan decisiva del aprendizaje. Situar a los maestros de Primaria como piezas clave de la conversación pública sobre el sistema educativo es, al fin y al cabo, una manera de reconocer su contribución al desarrollo personal y colectivo de las próximas generaciones.


[1] Alemania. Bélgica (Flandes), Bulgaria, Chequia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Hungría, Inglaterra, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Noruega, P. Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia.

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