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Sigue bajando la ratio de alumnos por docente en España

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El Ministerio de Educación ha actualizado el 30 de abril de 2025 los datos sobre el profesorado en enseñanzas no universitarias. España alcanza un nuevo máximo histórico con 782.970 docentes en el curso 2023-24, lo que supone un incremento del 8% respecto al curso 2019-20 (cuando se produjo el cierre de los centros educativos por la pandemia) y un 1,8% más que en 2022-23. Este aumento se ha producido tanto en la red pública ( 9,7%) como en la privada y concertada ( 3,6%).


La combinación de este crecimiento del profesorado con el descenso continuado de la natalidad ha permitido que siga reduciéndose la ratio de alumnos por docente equivalente a tiempo completo: baja a 11,1 en el conjunto de los centros, 10,0 en los públicos y 14,2 en los concertados y privados. Se consolida así la tendencia descendente iniciada en el curso 2014-15 y acentuada tras la pandemia. España mantiene ratios más bajas que la media de la OCDE y la UE en todos los niveles educativos: 12 estudiantes por docente en Primaria frente a 14 en la OCDE, 11 frente a 13 en la ESO, y diferencias aún mayores en la FP.


La evidencia empírica en economía de la educación indica que una menor ratio alumno-profesor, especialmente en etapas tempranas o centros con más dificultades, puede traducirse en mejoras del aprendizaje, aunque su impacto es moderado y costoso. Por eso, diversas investigaciones –de las que ya hablamos en una entrada anterior– recomiendan que esta reducción se aplique de forma focalizada, allí donde genera mayor beneficio educativo.

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No tener hijos por decisión propia: un fenómeno minoritario en España

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Desde hace ya algunas décadas, las dinámicas familiares experimentan transformaciones profundas. Los jóvenes encuentran crecientes dificultades para transitar a la vida adulta, la formación de parejas es cada vez más compleja y, en consecuencia, la creación de nuevos hogares se retrasa. En todos estos procesos, la situación de España parece más desfavorable que la de los países del entorno. Prueba ello es que, mientras que para la media de la UE el 6% de los nacimientos en 2023 corresponden a madres 40 años o más, en España la cifra alcanza el 11%, lo que sitúa al país a la cabeza de la UE en esta dimensión, junto con Grecia e Irlanda. Esta tendencia al retraso en la maternidad no solo tiene implicaciones demográficas, sino que se refleja también en las trayectorias vitales de quienes llegan a la madurez sin haber formado una familia. 

Para comprender mejor estas dinámicas, resulta útil observar qué proporción de la población ha tenido hijos una vez superada la barrera de los 40 años, así como la correspondencia entre su comportamiento reproductivo y sus preferencias al respecto[1]. En España, según datos del CIS de septiembre de 2024, el 77% de los hombres con 40 años o más y el 86% de las mujeres de la misma edad tiene hijos (gráfico 1a). Más de la mitad de los hombres que a esa edad no había tenido hijos (el 56%) confiesa haberlos querido tener, proporción algo superior a la correspondiente a las mujeres (45%). Gracias a estos datos podemos también saber que la infecundidad voluntaria parece bastante minoritaria: solo el 8% de los hombres y el 7% de las mujeres de 40 años o más no tiene hijos y afirma no haberlos querido tener.

Uno de los rasgos específicos de la fecundidad en España es que las mujeres con mayor nivel educativo tienden a tener menos hijos que el resto de la población. Entre las mujeres de 40 años o más, es menos frecuente haber sido madre en el caso de las universitarias (79%) que entre las que tienen menor nivel educativo (88%) (gráfico 1b). La infecundidad involuntaria, es decir, no haber tenido hijos a pesar de haberlo querido, es ligeramente más común entre los hombres que no alcanzaron una titulación universitaria (13% del total de hombres con ese nivel educativo) y las mujeres con educación superior (8%). Contra lo que se suele creer, la infecundidad voluntaria, que agruparía a quienes no han tenido hijos y no los deseaban, es infrecuente. Eso sí, alcanza al 12% de las universitarias, al 5% de las que no lo son y a algo más del 8% de los hombres.


Más allá de si se han tenido hijos o no, cabe preguntarse por el número de hijos. El 27% de los hombres con hijos de 40 años o más (con o sin estudios universitarios) han tenido solo uno (gráfico 2a). Entre las mujeres, tener solo un hijo es más frecuente entre las universitarias (31%) que entre las no universitarias (21%). En todo caso, tener dos hijos constituye el comportamiento reproductivo más común: casi la mitad de las personas de 40 años o más con hijos declara tener dos. Sin embargo, las familias numerosas son mucho menos frecuentes. Entre los hombres, apenas hay diferencias por nivel educativo en la proporción que declara tener al menos tres hijos (20% entre los universitarios y 23% entre los que tiene secundaria o menos). En cambio, de nuevo entre las mujeres hay una brecha muy visible entre quienes alcanzaron una titulación universitaria (17%) y quienes no lo han hecho (32%). Es decir, el colectivo de universitarias no solo es el más infecundo de los analizados, sino que, además, es el que menos hijos tiene cuando llega a tener alguno.

También en cuanto al número de hijos se encuentran dificultades específicas entre las universitarias para materializar sus preferencias reproductivas. El 28% de los encuestados declararon que su número ideal de hijos es (o habría sido) tres o más. Entre las personas con estas preferencias, son las mujeres con educación universitaria las que más frecuentemente declaran haber tenido un solo hijo a pesar de haber deseado al menos tres (21%) mientras que la cifra se reduce al 11% entre las que tienen menos estudios (gráfico 2b). También es más frecuente entre las universitarias que deseaban tener tres hijos no haber tenido ninguno (8%) que entre las que tienen menor nivel educativo (4%). Son, de hecho, las mujeres con educación secundaria o menos las que más se acercan a sus preferencias ideales cuando consisten en tener tres hijos (un 52% lo consiguen), frente a solo el 27% de las universitarias.


A la luz de la evolución de la fecundidad, la reproducción se perfila como un objetivo cada vez más difícil de conseguir en España, especialmente para las mujeres con perfiles educativos altos. Esta realidad cobra aún más relevancia si se considera que, entre las generaciones más jóvenes, las universitarias son ya mayoría. El Día Internacional de las Familias, que se celebra el próximo 15 de mayo, ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de una política familiar dirigida a facilitar que las personas puedan tener los hijos que desean. Para ello, sería imprescindible, aunque resulte contraintuitivo, prestar una atención preferente a las mujeres universitarias, incluso si no constituyen un colectivo particularmente vulnerable en otras dimensiones.


[1] Las pautas reproductivas aquí mostradas no varían si se restringe el colectivo analizado al grupo etario 40-49.

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La tasa de repetición en secundaria continúa reduciéndose, pero muy lentamente

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La tasa de repetición puede ser un signo temprano de que un estudiante está en riesgo de abandonar los estudios en los años siguientes. La repetición de grado disminuye la motivación de los estudiantes y sus expectativas de resultados, pudiendo conducir al abandono, y tiene implicaciones en el mantenimiento de desigualdades en el sistema educativo y más tarde en el mercado laboral, puesto que los estudiantes de nivel socioeconómico más bajo tienen más probabilidades de no promocionar de curso, lo que a su vez les desmotiva para seguir en los estudios en los años siguientes.  

Tasas heterogéneas en España y altas a escala internacional 

Con los datos recientemente actualizados por el Ministerio de Educación, podemos  observar la evolución del índice de repetición en Educación Secundario Obligatoria (ESO) en España desde el curso 2007-08 hasta el más reciente (2023-24). La tasa se define como el porcentaje de estudiantes de un nivel educativo que repitió el año anterior con respecto al total de matriculados. En el gráfico 1 se comprueba que la tasa sigue una trayectoria descendente, desde el 14,7% en 2007-08 hasta el 6,8% en 2023-24. La serie ha retomado la senda que se hubiera registrado si no hubiera habido la disrupción de la pandemia, de modo que el 6,8% habría que compararlo con el 8,5% del 2019-20. En cualquier caso, y aunque la senda descendente en la repetición se consolida, la reducción entre el curso 2022-23 y el 2023-24 ha sido muy leve, de dos décimas. Sobre los 2.102.756 estudiantes en la ESO supondrían un descenso de cerca de 4.200 estudiantes repetidores.


Las diferencias en las tasas de repetición entre comunidades autónomas, también reflejadas en el gráfico 1, son amplias y persistentes. Mientras que en regiones como Cataluña, Asturias, País Vasco o Cantabria las tasas de repetición en la ESO se sitúan muy por debajo de la media nacional (6,8%), en otras como Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunitat Valenciana, esta supera el 8,5%. Especialmente preocupantes son los casos de Ceuta y Melilla, donde más de uno de cada diez estudiantes repite curso, lo que plantea serios desafíos en términos de equidad educativa. Estas diferencias reflejan la coexistencia de 17 sistemas educativos con criterios y prácticas distintas en torno a la promoción del alumnado. 

Es sorprendente la baja tasa de repetición en Cataluña, con sólo un 2,6% de repetidores entre sus estudiantes de la ESO, aun cuando los resultados de esta Comunidad en las últimas evaluaciones internacionales de PISA (o TIMSS y PIRLS) han estado por debajo de lo que cabría esperar por su nivel socio-económico. Es posible que en algunos casos pueda haber un trade-off entre tasa de repetición y exigencia académica, de modo que una menor tasa de repetición lleve aparejada (en algunos casos) un menor resultado académico promedio. Aunque también es cierto que otras comunidades como Asturias, sí logran compatibilidad unos excelentes resultados en PISA 2022 con una baja tasa de repetición.

En términos de comparación internacional, España tenía en 2022, el último año con datos comparables internacionalmente, un 7,8% de estudiantes repetidores en ESO, en comparación con el 2,2% en promedio en la OCDE y el 2,1% de la UE (gráfico 2).


El género y el entorno socioeconómico en la repetición

Los datos disponibles permiten examinar las dimensiones de género y socioeconómica de la repetición de grado. Los chicos siguen representando la mayoría de los repetidores: en 2022, el 57% de quienes repitieron curso en la OCDE eran varones, una proporción similar a la observada en España (57%) y Francia (55%). Esta brecha está vinculada a factores como el menor compromiso escolar, expectativas de comportamiento y diferencias socioemocionales. Por su parte, la cuestión de la equidad sigue siendo clave. Los alumnos de entornos socioeconómicamente desfavorecidos, especialmente aquellos con origen inmigrante, tienen mayor probabilidad de repetir curso incluso cuando obtienen resultados académicos similares a los de sus compañeros más favorecidos. Esta desigualdad estructural perpetúa brechas de aprendizaje y reduce las tasas de titulación en los grupos más vulnerables.

El enfoque de política educativa está evolucionando: cada vez más países están reformando sus marcos normativos para restringir la repetición a situaciones excepcionales o introducir mayor flexibilidad. Francia, por ejemplo, limitó la repetición entre 2013 y 2024 a casos muy puntuales, aunque las reformas más recientes han devuelto cierto margen de decisión a los consejos escolares. Bélgica, por su parte, ha endurecido el criterio en el primer curso de secundaria: los estudiantes que no aprueban los exámenes finales deben repetir o cambiar de itinerario.

En definitiva, la tendencia descendente de la repetición en España se enmarca en un movimiento más amplio dentro de los países de la OCDE, que están replanteando el papel de esta medida y explorando vías más inclusivas para atender las dificultades de aprendizaje. La evidencia acumulada, como se recogió en esta jornada virtual organizada por Funcas sobre las medidas para reducir el abandono, apunta a que la combinación de apoyos personalizados y prevención temprana puede ofrecer soluciones para mejorar los resultados educativos.

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Factores esenciales para un entorno educativo positivo en PISA 2022

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El bienestar integral de la comunidad educativa ha pasado a ocupar un lugar central en el debate sobre la calidad del sistema educativo. Un reciente artículo –publicado en la revista Participación Educativa que publica el Consejo Escolar del Estado–, de Luis Miguel Doncel (URJC) y quien firma esta entrada, analiza el bienestar del alumnado en los centros educativos desde una perspectiva empírica, empleando datos del Programa PISA 2022 de la OCDE, con el objeto de entender mejor cómo influyen las relaciones interpersonales en la escuela y el hogar en el éxito educativo. 

Cuatro aspectos clave

PISA no solo mide competencias en lectura, matemáticas y ciencias de estudiantes de 15 años, sino que también analiza cómo aplican sus conocimientos a problemas de la vida real, un reflejo de la preparación para enfrentarse a los desafíos del mundo moderno. Este estudio ha demostrado que más allá de los recursos y tecnología disponible en los centros educativos, factores como el apoyo docente y la involucración de las familias influyen en el éxito educativo y bienestar general de los alumnos. En este contexto, el informe PISA 2022 señala varios factores (figura 1) que contribuyen a crear un ambiente educativo favorable, clave para el éxito académico y el bienestar general de los estudiantes. El entorno educativo efectivo no se limita a la calidad de la enseñanza y los recursos materiales disponibles, sino que también implica dimensiones interpersonales y socioemocionales significativas. Estos son los cuatro aspectos que resalta PISA 2022:

  • Apoyo y disciplina en clase: un clima disciplinario adecuado permite a los estudiantes concentrarse mejor y participar activamente en el proceso de aprendizaje. La interacción positiva con los docentes, que incluye reconocimiento y apoyo continuo, mejora significativamente la motivación de los alumnos y su rendimiento académico. La disciplina no solo se refiere al control del aula, sino también a cómo los docentes gestionan la interacción y fomentan un ambiente de respeto y colaboración.
  • Creación de un ambiente de aprendizaje seguro: la seguridad en el entorno escolar, tanto física como emocional, es otro pilar importante. Las escuelas que aseguran un espacio libre de violencia, acoso e intimidación permiten que los estudiantes se sientan protegidos y valorados. Este aspecto es determinante para que los alumnos puedan enfocarse en sus estudios sin miedos ni distracciones, y es un componente para fomentar un ambiente inclusivo y estimulante.
  • Asistencia y puntualidad escolar: La regularidad en la asistencia y la puntualidad reflejan el compromiso y la responsabilidad del estudiante hacia su educación. Los sistemas educativos que logran altos índices de asistencia regular y puntualidad a menudo muestran mejores resultados académicos. Esto también indica un apoyo eficaz por parte de los docentes y las familias, creando una estructura que respalda el aprendizaje continuo y sistemático.
  • Trabajo conjunto con los padres: la participación activa de los padres en la educación de sus hijos no solo mejora los resultados académicos, sino que también apoya el desarrollo emocional y social del estudiante. Desde ayudar con las tareas hasta asistir a reuniones escolares y participar en actividades educativas, el apoyo familiar fortalece la conexión entre el hogar y la escuela, y es fundamental para construir una comunidad educativa robusta.
Factores clave para un entorno educativo positivo. Gráfico extraído del Informe PISA 2022.
Fuente: PISA 2022 Results (Volume II): Learning During – and From – Disruption. Figure II 3.1. School life as covered in PISA 2022.

La comprensión de todos estos aspectos se convierte en una prioridad para los sistemas educativos que buscan no solo mantener, sino mejorar su resiliencia y eficacia, puesto que su análisis proporciona una visión clara de cómo las interacciones dentro del entorno educativo pueden ser optimizadas para apoyar mejor a los estudiantes, permitiéndoles alcanzar su máximo potencial en un mundo cada vez más complejo y exigente.

España, en buena posición 

Los datos del PISA 2022 muestran que la percepción del apoyo docente por parte de los estudiantes en las clases de matemáticas en España, área principal en esta edición del informe, es superior al promedio de la OCDE. En concreto, el gráfico 1 muestra que España tiene un índice de apoyo del profesor (0,06) que supera el promedio (-0,03) y también a países como Alemania (-0,15), Italia (-0,16) y Francia (-0,26), mientras que es similar al de Finlandia (0,00) e inferior al de Portugal (0,33). España destaca sobre todo en el porcentaje de estudiantes que perciben que el docente muestra interés en el aprendizaje de cada estudiante en todas las clases (39,5%), frente a un promedio de la OCDE del 30,9%, mientras que la proporción de alumnado en nuestro país que indica que recibe ayuda adicional cuando la necesitan (37,6%) es similar a la de la media de la organización (38,2%). 


En general, los estudiantes españoles perciben un mayor apoyo por parte de sus docentes que el alumnado promedio de la OCDE y de las grandes economías de la UE como Francia, Italia y Alemania. De hecho, la buena relación entre estudiantes y docentes en España puede ser unos de los factores que expliquen la identificación positiva del alumnado de nuestro país con sus institutos y colegios, donde hacen amigos fácilmente, se sienten integrados y son bien recibidos por otros alumnos. El apoyo docente continuo y el nivel de atención individualizada que reciben los estudiantes de España, según revelan ellos mismos, es un buen punto de partida para las políticas educativas y la mejora de la calidad de la enseñanza.

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Alemania, año 2025. Hacia una GroKo vigilada (II)

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El acuerdo de coalición, un logro contestado 

Ya se tutean Friedrich Merz y Lars Klingbeil, los hombres que, en pocas semanas, ocuparán los dos principales puestos –canciller y vicecanciller– del nuevo ejecutivo alemán[1]. Ambos personifican el acuerdo de coalición entre cristianodemócratas (CDU/CSU) y socialdemócratas (SPD) publicado el pasado 9 de abril, un documento de 146 páginas, fruto de un proceso de negociación en varias fases iniciado pocos días después de las elecciones al Parlamento Federal el pasado 23 de febrero.

En una primera aproximación a este acuerdo cabe comparar algunas de sus características formales con las del acuerdo de coalición sobre el que se basa el actual gobierno de España (Cuadro 1). Tomando el documento español como referencia comparativa, queda claro que el alemán es más extenso y detallado (casi lo cuadruplica en palabras), aun cuando se ha gestado en la mitad de tiempo. Su título, “Responsabilidad hacia Alemania”, no coincide con el de ninguno de los programas de los partidos que lo han negociado, algo que también lo distingue del acuerdo español[2].


Un mero recuento de conceptos clave muestra asimismo que en el acuerdo alemán adquieren singular importancia los de “Europa” (200 veces presente frente a 25 en el acuerdo español), “digitalización” (187 vs. 26), “investigación” (120 vs. 3), “defensa/armamento/militar” (70 vs. 0) y “responsabilidad” (42 vs. 4). También llama la atención la frecuencia de indicaciones a cantidades en “euros” (44 vs.1), lo que implica la concreción de objetivos de gasto e inversión de una manera que facilitará la comprobación de su cumplimiento. 

Si bien el acuerdo entre la CDU/CSU y el SPD ha sido elaborado y negociado con prontitud, partiendo de un diagnóstico realista (buena parte de su preámbulo se dedica a trazar la difícil situación que atraviesa el país) y detallando decenas de medidas en los principales campos de acción gubernamental, su recepción en los medios de comunicación nacionales y entre la comunidad de expertos ha sido, más bien, tibia y escéptica. Economistas destacados que han venido respaldando la necesidad de un “giro económico” (Wirtschaftswende) valoran positivamente compromisos concretos incluidos en el acuerdo, como la supresión de normativas que imponen pesadas cargas burocráticas a empresas y familias, el recorte en un 10% de gastos de la Administración Federal, la amortización de inversiones en bienes de equipo (30% desde 2025 hasta 2027) y la reducción progresiva del impuesto de sociedades a partir de 2028. Sin embargo, se muestran críticos respecto a bonificaciones fiscales y prestaciones que supondrán elevados costes para el Estado, sin claros beneficios económicos (por ejemplo, la ampliación del complemento de pensión por maternidad, la reducción de impuestos a establecimientos gastronómicos o las subvenciones de diésel para la agricultura). Asimismo, reprochan la ausencia de planes de reforma que afronten seriamente el aumento de gasto social (sobre todo, en pensiones, sanidad y cuidados) derivado del sostenimiento de una creciente población laboralmente improductiva.

Merz ya tutea a Klingbeil, pero Friedrich y Lars parecen cuidarse de mostrar excesiva efusión en la celebración del acuerdo. Para el canciller in pectore, el documento recoge the only game in town, dado su reiterado compromiso de no pactar un gobierno con AfD –Alternativa para Alemania–, el segundo partido más votado (20,8%). Merz se ha declarado “muy satisfecho” con el resultado de la negociación[3], pero el mayor tanto se lo apunta, de momento, el SPD, que, habiendo cosechado el peor resultado electoral de su centenaria historia (16,4%) y aportando el 36,5% de los votos a la coalición, consigue –conforme a lo establecido en el mismo acuerdo– 7 de 17 ministerios (41%). Entre ellos se cuentan los de Defensa y Hacienda, cruciales en circunstancias de masivo aumento del gasto militar y de asignación de milmillonarios fondos públicos especiales para financiar infraestructuras (si bien el acuerdo recoge que todas las medidas quedan sujetas a “reserva presupuestaria”). Por añadidura, los socialdemócratas ocuparán puestos tan decisivos como el de Comisionado del Gobierno Federal para Migración, Refugiados e Integración. No parece, pues, en riesgo el todavía pendiente visto bueno de los afiliados del SPD al acuerdo[4].

Estas victorias negociadoras del partido minoritario de la coalición, añadidas a las contradicciones con los mensajes emitidos por los líderes de la CDU/CSU durante la campaña electoral –como el de mantener la disciplina presupuestaria y no relajar el “freno de la deuda”–, plantean a Merz un problema de legitimidad de origen en su próximo mandato. Tanto mayor se adivina, por ello, la presión de conseguir legitimidad de ejercicio con éxitos ejecutivos.


[1] Este cambio en el trato entre ambos dirigentes se hizo público el 31 de marzo, un mes después del comienzo de las negociaciones conducentes al acuerdo de coalición. Véase, por ejemplo, “Friedrich, Lars und das Du. Das grosse Geschmuse”.

[2] El programa electoral de la CDU/CSU lleva por título: “Cambio político para Alemania”; y el del SPD: “Más para ti, mejor para Alemania”. El acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar se titula “España avanza”, lema que coincide parcialmente con el que encabeza el programa electoral del PSOE.

[3] Así lo declaró en el programa Brennpunkt de la cadena pública ARD el mismo día de la publicación del acuerdo.

[4] La votación de los afiliados del SPD sobre el acuerdo de coalición se mantiene abierta hasta el 29 de abril de 2025, un día antes de la anunciada publicación del resultado. El acuerdo ya cuenta con el respaldo de la CDU y la CSU, obtenido en ambos casos a través de convocatorias restringidas a dirigentes y/o representantes de estas formaciones. 

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El pesimismo y el futuro de la natalidad

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La caída de los nacimientos es un fenómeno global y, por ello, resulta más difícil explicar sus causas. Si bien el contexto local importa para entender diferencias marginales entre países con niveles comparables de renta, el hecho de que, en todos los países desarrollados, y en muchos de renta media, se observen ya descensos sostenidos en el número de nacimientos sugiere que las explicaciones tienen un carácter más amplio. Según parece, las causas a las que se ha aludido habitualmente no explican la magnitud de esta transformación demográfica: ya no es verdad que las mujeres tengan menos hijos en los países más ricos o en los que hay una mayor participación laboral femenina. La entrevista del Financial Times a la demógrafa finlandesa Anne Rotkirch el año pasado reflejó bien el sentir de muchos analistas: “The strange thing with fertility is nobody really knows what’s going on.” Muchos demógrafos se están rindiendo a la idea de que un cambio “cultural” ha impregnado de pesimismo a quienes hoy podrían tener hijos y no los tienen, así como a quienes tienen menos de los que desearían.

Recientemente, el CIS ha publicado los resultados de una encuesta (Estudio 3475 sobre Fecundidad, Familia e Infancia) que permite observar cómo quienes aún están en edad de tener (más) hijos son más pesimistas que los mayores a la hora de valorar cómo algunos problemas sociales inciden en su comportamiento reproductivo. Pongamos un par de ejemplos. 

El precio de la vivienda es, en la actualidad, uno de los grandes obstáculos en la transición a la vida adulta. En la encuesta, esta preocupación es muy mayoritaria en todos los grupos de edad: entre el 85 y el 90% de los encuestados afirma estar muy o bastante preocupado por el precio de la vivienda en España. Pero jóvenes y mayores valoran de forma distinta el impacto de este problema en su fecundidad: el 69% de los menores de 45 años sin hijos cree que el precio de la vivienda explica en alguna medida su infecundidad. Entre los mayores de esa edad, solo lo ven así el 36%. Asimismo, entre los que han tenido menos hijos de los deseados, el 47% de los menores de 45 años lo atribuyen, en parte, al precio de la vivienda, frente al 26% de mayores de esa edad. Dada la evolución del precio de la vivienda en los últimos años, no se puede decir que estos resultados sean sorprendentes, pero no por ello deja de ser interesante que el acceso a la vivienda se valore como más limitante de la fecundidad propia cuanto más joven sea el encuestado (gráfico 1). 


Fijémonos ahora en un aspecto menos concreto de la realidad: las perspectivas de las generaciones futuras. De nuevo, este asunto genera una preocupación similar entre jóvenes y mayores: en ambos grupos son muy pocos los que no reconocen este problema. Pero, también aquí, son los menores de 45 años quienes estiman que el temor hacia el futuro limita o ha limitado más su fecundidad. Entre quienes no tienen hijos, el 49% de los más jóvenes y el 31% de los mayores identifican las malas perspectivas de las generaciones futuras como una explicación para no tener hijos (gráfico 2). Entre los que sí los tienen, pero habrían deseado tener más, el 43% creen que las malas perspectivas de futuro lo explican, algo que solo declara el 25% de los mayores. Se observa, además, que el 60% de las mujeres de 30 años sin descendientes, frente al 45% de las que han alcanzado la edad de 50 años, reconocen que la idea de que las perspectivas de las generaciones futuras estén comprometidas  como una causa de su infecundidad.


Es cierto que estos datos no permiten comparar las respuestas de los jóvenes de ahora con lo que habrían dicho a su edad quienes hoy son mayores, pero todo apunta a que este pesimismo no se debe al momento del ciclo vital en el que se responde a la encuesta, sino al contexto temporal en el que se contesta. Aunque las explicaciones netamente culturales suelen reflejar una baja exigencia intelectual, todo parece indicar que los más jóvenes perciben hoy el futuro con más pesimismo, y que esto explica, al menos en parte, las caídas en los nacimientos que registran casi todos los países del mundo. Un último dato que avala la hipótesis del cambio cultural: existen indicios en países como España, Suecia o Estados Unidos, de que número ideal de hijos que desearían las mujeres más jóvenes ya se sitúa por debajo de los 2,1, la tasa de reemplazo que mantendría constante la población.  

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De lo colectivo a lo personal: la preocupación por la sanidad tras la pandemia

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Durante los peores meses de la pandemia de COVID-19, el sistema sanitario ocupó un lugar central en las conversaciones cotidianas, las noticias y las decisiones políticas. En aquellos difíciles meses, la sociedad pudo valorar con especial claridad la necesidad de contar con una sanidad eficiente, accesible y capaz de responder a emergencias colectivas. También la población española demostró entonces una notable confianza en el sistema sanitario: según datos de la Encuesta Funcas sobre el Coronavirus, en la semana previa a la declaración del estado de alarma alrededor de ocho de cada diez entrevistados aseguraban que la sanidad española estaba mejor o igual preparada que la de otros países del entorno para hacer frente a la crisis. Tras cinco años, cabe preguntarse si las circunstancias excepcionales que se vivieron entonces han dejado alguna huella en la preocupación por la sanidad y la valoración que la sociedad española hace ella.

Los datos de opinión pública apuntan a que, para una parte importante de la población, la sanidad sigue siendo un asunto prioritario. Que los ciudadanos perciben el sistema sanitario como una cuestión que les afecta directamente se hace evidente al comparar sus respuestas sobre los principales problemas del país con las referidas a los que les afectan personalmente. En marzo de 2025, un 12% de los españoles entrevistados por el CIS señalan espontáneamente la sanidad como uno de los tres principales problemas de España (gráfico 1). Sin embargo, preguntados por los problemas sociales que les afectan de forma personal, la cifra correspondiente asciende al 21%. Se trata, de hecho, del tercer problema personal más citado, solo por detrás de los problemas de índole económica (31%) y la vivienda (22%).

La evolución de este indicador ofrece algunas pistas sobre los potenciales efectos a largo plazo de la pandemia en la percepción social del sistema sanitario. En 2019, el 15% de los entrevistados mencionaban la sanidad como uno de los tres principales problemas de España, una cifra muy cercana al 16% de entrevistados que la citaban entre los problemas que les afectaban personalmente (gráfico 1). La cercanía entre las dos cifras se mantuvo hasta el primer trimestre de 2022, incluso cuando a mediados de 2021 los dos indicadores aumentaron notablemente, reflejando una creciente centralidad de la sanidad entre las preocupaciones colectivas e individuales. Conviene tener en cuenta que entre abril de 2020 y los primeros meses de mayo de 2022 la elevada presencia de menciones al coronavirus como principal problema desplazó parcialmente las citas al resto de cuestiones, incluida la sanidad.


A partir de mediados de 2022, las menciones a la sanidad como uno de los tres principales problemas del país comenzaron a descender, mientras que las que lo identifican como un problema personal se mantuvieron más estables y en niveles relativamente altos durante ese año, lo que condujo a una separación de las series. De hecho, aunque también experimentaron cierto descenso a partir de 2023, en marzo de 2025 aún más del 20% de los entrevistados señala la sanidad como uno de los problemas sociales que les afecta personalmente, una cifra muy superior a la media del 16% de 2019. Esta divergencia entre la evolución de las dos series —problemas del país y problemas personales— sugiere que la experiencia cotidiana con el sistema sanitario sigue siendo una fuente importante de preocupación individual.

En todo caso, se observan diferencias significativas según algunas variables sociodemográficas (gráfico 2). En marzo de 2025 las mujeres mencionan la sanidad con mayor frecuencia que los hombres: un 26% frente a un 16%, lo que apunta a una percepción más intensa de los problemas vinculados al cuidado y la atención médica. También se identifica un patrón claro según la edad: las personas entre 45 y 64 años, que suelen estar implicadas simultáneamente en el cuidado de generaciones mayores y en el seguimiento de su propia salud, son quienes con mayor frecuencia mencionan la sanidad como un problema que les afecta, incluso más que quienes ya han superado la edad de jubilación. En cuanto a la autoubicación ideológica, la preocupación por la sanidad es mayor entre quienes se sitúan en la izquierda y el centro del espectro político.


Ahora bien, si la preocupación personal por la sanidad se ha mantenido alta, el cambio más acusado se observa en la valoración del sistema sanitario público. Según los datos de las encuestas de Opinión Pública y Política Fiscal, entre 2020 y 2024 el porcentaje de personas que se declaraban muy o bastante satisfechas con la asistencia sanitaria pública disminuyó del 67% al 46%, siendo la caída más pronunciada de los distintos servicios públicos evaluados (gráfico 3). Al mismo tiempo, los datos de la encuesta del CIS sobre Actitudes hacia el Estado de Bienestar de noviembre de 2024 revelan que una mayoría abrumadora de la población cree que la sanidad debería recibir más recuros. Es, de hecho, el servicio público para el que más ciudadanos opinan así, un 93%, frente al 83% que lo declara sobre la educación, o el 73% en el caso de las pensiones (gráfico 4). 


En definitiva, aunque la pandemia haya quedado atrás, no lo ha hecho la preocupación por la sanidad. Lo que antes podía percibirse como un problema general del país, ahora se experimenta más frecuentemente como una cuestión que afecta de forma directa a las personas. Las consecuencias de la crisis sanitaria pueden haberse plasmado en la manera en que la ciudadanía valora —y también cuestiona— el sistema sanitario, así como en sus expectativas de que se le dedique un mayor esfuerzo. En el marco del Día Mundial de la Salud, que se celebra cada 7 de abril, conviene recordar que el funcionamiento del sistema sanitario tiene implicaciones directas en el bienestar social y que hoy, más que antes, muchas personas son plenamente conscientes de cómo sus vidas están directamente condicionadas por el estado y la capacidad del sistema. 

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Mujeres en la judicatura: de excluidas a mayoría

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No fue hasta la década de 1960 que las mujeres pudieron acceder plenamente a la judicatura en España. Aunque durante la Guerra Civil el gobierno republicano permitió brevemente que algunas ejercieran como juezas, la dictadura franquista reestableció la prohibición de acceso de las mujeres al cargo de juez. Sin embargo, en 1961 se autorizó una incorporación limitada, restringida a los juzgados de menores y los laborales, manteniéndose la prohibición para el resto del sistema judicial. El momento decisivo llegó en 1966, año en que se garantizó el acceso pleno, permitiéndolas competir por cualquier puesto judicial en igualdad de condiciones con los hombres. 

Casi seis décadas después, las mujeres representan el 57% de los jueces y magistrados en España (gráfico 1a). Son mayoría en todas las comunidades autónomas (excepto Murcia), con porcentajes superiores al 60% en Madrid, Galicia y País Vasco (gráfico 1b). Este protagonismo femenino en la carrera judicial no es, en todo caso, especialmente llamativo en el contexto europeo. Que la mayoría de los jueces sean mujeres sucede en todos los países europeos (excepto en Irlanda y Chipre) para los que se dispone de datos, con porcentajes especialmente altos en algunos países del este de Europa (gráfico 2)[1].


La transformación en la composición por sexos de la judicatura ha sido gradual a lo largo de las décadas transcurridas desde los años sesenta, pero no parece haberse detenido todavía. A mediados de los años noventa, el 30% de los jueces y magistrados en España eran mujeres, pero en 2013 superaron por primera vez el 50%, y desde entonces las mujeres son mayoría en la carrera judicial. A lo largo de la última década, la cifra aumentó en otros siete puntos porcentuales, alcanzando en 2024 el 57% (gráfico 1a). Este crecimiento continuo no es sorprendente si se considera que, entre los nuevos ingresos en la judicatura, la presencia femenina es aún más dominante. Entre 2006 y 2023, el 67% de quienes accedieron a la carrera judicial fueron mujeres y en 2023 se alcanzó el 74% (gráfico 3).


En todo caso, que las mujeres sean mayoría en la carrera judicial no implica que la presencia femenina tenga el mismo alcance en todos sus ámbitos o niveles. Los datos apuntan a que se da una doble segregación de género en la carrera judicial: vertical y horizontal. En primer lugar, las juezas son clara mayoría (63%) en los juzgados de primera instancia (gráfico 4a). Estos suelen ser el primer punto de contacto de los ciudadanos con el sistema judicial, pues en ellos se inician los procedimientos judiciales. Los jueces de primera instancia representan el 72% de los jueces y magistrados. Sin embargo, el porcentaje de mujeres cae hasta el 43% en los juzgados de segunda instancia, encargados de revisar las resoluciones de la primera instancia cuando se presentan recursos de apelación, y hasta el 21% en el Tribunal Supremo. En todo caso, en los tres niveles se ha registrado un aumento de la presencia femenina, al menos, desde 2017 (gráfico 4a). Al respecto, llama la atención el Tribunal Supremo, en el que las mujeres son clara minoría y el grueso del aumento es muy reciente.


Que la antigüedad en la carrera judicial influya en desempeñar cargos en los niveles superiores de la judicatura explica, en parte, la desigualdad de género en esos niveles, ya que, por término medio, los jueces y magistrados en activo varones tienen más antigüedad que las mujeres (23,4 años frente a 19,5). Por ejemplo, en el Tribunal Supremo la antigüedad media es de 33 años. Sin embargo, en ese mismo tribunal, la antigüedad media de las mujeres es mayor que la de sus colegas varones (36,9 años frente a 32), lo cual sugiere que la menor presencia femenina en los niveles superiores de la judicatura no se explica solo por la menor antigüedad media de las juezas. Aunque las promociones se basan en criterios de capacidad y mérito, es razonable considerar que en ellas influyen otros factores, entre ellos, el impacto de la maternidad y la conciliación laboral y familiar en el desarrollo profesional de las juezas.

A la desigualdad de índole vertical se suma una segregación horizontal que se plasma en la diferente especialización de un sexo y otro en distintos tipos de juzgados o salas. Por ejemplo, las mujeres son muy mayoritarias en los juzgados de violencia contra la mujer (77%), de menores (68%) y de lo penal (67%), pero los hombres son mayoría en los juzgados de lo mercantil (56%) (gráfico 4b). 

A lo largo de las últimas décadas, el avance de las mujeres en la judicatura ha sido incuestionable, transformando profundamente la demografía del sistema judicial. Si esta tendencia se mantiene, es previsible que su presencia siga aumentando y que alcance cifras más favorables a las mujeres en todas las instancias y especialidades.  En el Día Internacional de las Juezas, que se celebra el próximo 10 de marzo, la ONU llama la atención sobre cómo la diversidad de género en la judicatura es clave para su legitimidad y representatividad, ya que un poder judicial equilibrado refleja mejor la sociedad y enriquece la toma de decisiones al incorporar diversas perspectivas. En este contexto, resultaría interesante considerar las posibles consecuencias de una infrarrepresentación masculina duradera en el funcionamiento futuro de la carrera judicial.


[1] A diferencia de los datos de fuentes españolas, que cubren el conjunto de la carrera judicial, los obtenidos de Eurostat no se refieren a la totalidad, pues las cifras anuales son inferiores en la segunda fuente. En cualquier caso, tal como se indica en Eurostat, se refieren a los profesionales autorizados para conocer de causas civiles, penales y de otro tipo, también en tribunales de apelación, y para dictar resoluciones en un tribunal de justicia, que han sido contratados y reciben una remuneración por ejercer como juez. Quedan excluidos los jueces no profesionales.

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Mejora la percepción de la situación económica de los hogares

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Tras el deterioro que experimentó a principios de esta década, la percepción de los españoles sobre la situación económica de sus hogares ha ido mejorando en los últimos meses. Según los últimos datos del Índice de Confianza del Consumidor (ICC), encuesta que lleva a cabo mensualmente el Centro de Investigaciones Sociológicas, el porcentaje de entrevistados que afirman que la situación económica de su hogar había empeorado en los seis meses anteriores a la encuesta creció mucho entre enero y mayo de 2020. Aunque se redujo desde finales de ese año hasta mediados de 2021, la tendencia se invirtió en la segunda mitad del año, alcanzando niveles altísimos en el periodo inflacionista de 2022. Así, en octubre de 2022, casi seis de cada diez encuestados (59%) declararon que la situación económica de su hogar había empeorado en los últimos seis meses. Desde entonces hasta diciembre de 2024, esa cifra se ha reducido a casi a la mitad, el 32%. Al mismo tiempo, ha aumentado sustancialmente la proporción de encuestados que afirmaba que la situación económica de su hogar no había cambiado, e incluso había crecido, bastante menos, la de quienes reconocían que había mejorado, que alcanzó el 20% en diciembre de 2024, el segundo nivel más alto registrado desde 2013 (gráfico 1).


Según ese último ICC, el de diciembre de 2024, el juicio de las mujeres sobre la situación de su hogar era algo peor que el de los hombres (gráfico 2A), pero el factor más importante en esa percepción es la edad. A medida que cumplimos años, nuestra estabilidad económica aumenta, tal como lo hace en la encuesta la proporción de quienes afirman que su situación económica no ha cambiado en el último medio año. Sin embargo, esa sensación de estabilidad ni siquiera es predominante entre los encuestados de mediana edad (de 35 a 54 años), que, a su vez, creen algo más que el resto que su situación económica ha empeorado (gráfico 2B). Como era de esperar, los miembros de los hogares con ingresos más bajos reconocen en mayor medida un empeoramiento económico reciente, mientras que los que disponen de ingresos mensuales más elevados evalúan su situación más positivamente. Sin embargo, incluso entre estos, casi uno de cada cinco (19%) cree que su situación financiera ha empeorado (gráfico 3A).  La ideología política (y, por lo tanto, probablemente el grado de simpatía con el gobierno) desempeña un papel relevante en la percepción de la situación económica, no solo la nacional, sino la doméstica: quienes se sitúan más a la izquierda en la escala de ideología tienden a evaluar más positivamente la situación económica de su hogar que quienes se posicionan más a la derecha (gráfico 3B).


Entre quienes en el ICC de diciembre de 2024 declararon que la situación económica de su hogar había empeorado, el motivo más citado fue el alza de los precios (gráfico 4). El porcentaje que menciona este motivo había experimentado un fuerte aumento de abril de 2021 a julio de 2022, alcanzando entonces un máximo (80%). Desde mediados de 2022, la preocupación por la inflación ha disminuido gradualmente, pero sigue siendo la razón más citada, por un 58% de los encuestados. Este porcentaje supera con creces otras causas aducidas de deterioro económico de los hogares, como el estancamiento salarial o laboral (18%), el aumento del gasto familiar(17%), la amenaza del desempleo (9%) y la disminución del ingreso familiar (8%). 


Los datos del último ICC, por tanto, reflejan una mejora de la percepción de la economía doméstica, pero la preocupación por esta todavía es considerable. El peso de la inflación como principal factor de preocupación de quienes creen que la situación de su hogar ha ido a peor apunta a factores de pesimismo distintos de la evolución del paro o la ocupación, y, quizá, a que la marcha de la opinión pública española sobre la situación económica dependerá especialmente de la evolución de los precios en los próximos meses. 

Más información en el número de febrero de 2025 de Focus on Spanish Society.

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Entorno socioeconómico, formación y abandono educativo

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Poco después de la celebración en Funcas de una jornada virtual que analizaba los últimos datos de abandono escolar, el Ministerio de Educación publicaba un análisis adicional que profundiza en los distintos factores que inciden en la salida prematura de los estudiantes del sistema educativo. 

Uno de ellos es el nivel educativo de los progenitores; los datos muestran una clara relación entre el nivel de estudios de las madres y la probabilidad de que sus hijos abandonen los estudios. Como destaca el Ministerio, “la tasa de abandono educativo temprano  disminuye a medida que aumenta el nivel educativo alcanzado por las madres” En 2024, la tasa de abandono entre los jóvenes cuyas madres solo alcanzaron la educación primaria o inferior es del 34,0%, mientras que entre aquellos cuyas madres tienen educación superior, la tasa desciende hasta el 2,3%, lo que implica que la primera es 14,7 veces más alta que la segunda (gráfico 1). Estos datos refuerzan las conclusiones sobre la relación entre el entorno socioeconómico y la desigualdad educativa. La evidencia indica que reducir el abandono educativo pasa no solo por mejoras en la enseñanza, sino también por políticas de apoyo a las familias y al contexto social de los estudiantes más vulnerables.


Nivel de formación y abandono educativo

En la última década, el nivel de formación de los jóvenes en España ha experimentado un avance significativo, contribuyendo a la reducción del abandono educativo temprano. Esta evolución se refleja en el aumento del porcentaje de población de 20 a 24 años que ha completado al menos la segunda etapa de secundaria (gráfico 2). En 2024, este porcentaje ha alcanzado el 79,9%, lo que supone un incremento de 14,1 puntos porcentuales en comparación con 2014 (65,8%) y una ligera mejora respecto a 2023 ( 0,9 p.p., desde el 79,0%).


Desde una perspectiva europea, España ha logrado acercarse a la media de la UE. Aunque no se ha establecido un objetivo europeo para este indicador de cara a 2030, su evolución permite evaluar el progreso de España en la mejora del nivel educativo de su juventud y complementar el análisis del abandono escolar temprano. Las diferencias de género siguen siendo notables. En 2024, el 84,3% de las mujeres de entre 20 y 24 años han completado al menos la segunda etapa de secundaria, una cifra 8,5 puntos porcentuales superior a la de los hombres (75,8%). 

Este avance en los niveles educativos está estrechamente relacionado con la disminución del abandono escolar temprano. Las comunidades autónomas con mayor porcentaje de jóvenes que han completado la educación secundaria superior coinciden con aquellas donde el abandono es menor (gráfico 3). En 2024, las tasas más elevadas se registran en el País Vasco y Cantabria (ambas con un 89,6%), junto con otras seis regiones que superan el 80%.

En el otro extremo, las tasas más bajas corresponden a Ceuta y Melilla, Baleares y Murcia que también presentan cifras más altas de abandono escolar. A pesar de ello, todas las comunidades han experimentado una evolución positiva en la última década. Los mayores incrementos desde 2014 se han observado en Andalucía ( 19,4 puntos), Canarias ( 17,4), Illes Balears ( 15,9), Extremadura ( 15,0) y la Comunidad de Madrid ( 14,5). Estos avances reflejan el impacto de las políticas educativas y los esfuerzos de cada territorio por mejorar la continuidad educativa.


En definitiva, los datos muestran una mejora notable en la formación de la juventud española, lo que ha contribuido a la reducción del abandono educativo temprano. Sin embargo, siguen existiendo desafíos importantes, especialmente en la reducción de la brecha de género y en la convergencia con los niveles educativos europeos. Garantizar que más jóvenes completen su educación secundaria no solo es un imperativo educativo, sino también una inversión en el desarrollo económico y social del país.

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