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Si el gobierno aprueba la mochila austríaca en España ¿qué cambiaría para el trabajador en despidos?

Los problemas estructurales del mercado laboral español parecen no resolverse nunca, caracterizado por un elevado desempleo estructural y una alta temporalidad. Hoy el desempleo se encuentra con una tasa el doble de la europea con el 15,98% de paro. Y los mismo sucede con los niveles de temporalidad, en España uno de cada cinco ocupados en España tenía un contrato temporal y en Europa supone uno de cada diez.

Somos el país europeo con el peor mercado laboral con diferencia. A pesar de la última reforma laboral que consiguió traducir el crecimiento económico en creación de empleo, medidas como la subida al SMI han supuesto un severo impacto para la reducción del desempleo y el problema de la dualidad del mercado laboral persiste mientras no se ponga el foco en el coste del despido.

Temporary Contracts By Eu Member States In 2019 And In 2020 In Of Total Employment

Pero la reforma del Partido Popular no hizo nada para reducir el abismo entre los trabajadores temporales y los trabajadores con contratos indefinidos. Los primeros son baratos de contratar y despedir, y gozan de relativamente pocos beneficios frente al blindaje de los indefinidos, lo que significa que los empleadores tienen un fuerte incentivo para depender en gran medida de la mano de obra temporal para cubrir cualquier brecha en la dotación de personal.

Esto puede ayudar a mantener bajos los costes salariales en el corto y medio plazo, pero tiene desventajas a largo plazo. Las empresas tienden a invertir menos en la formación de su personal temporal, lo que reduce la productividad. Para los trabajadores, mientras tanto, un contrato temporal significa menos salario y más inseguridad, lo que los hace menos propensos a gastar e invertir ellos mismos.

Para eliminar las diferencias hay que entrar se en la base del problema: el elevado coste del despido. Entre los países desarrollados, España abarca el mayor coste de despido para trabajadores con más de 10 años de antigüedad en la empresa, con una indemnización que llega a las 28,6 semanas concretamente.

Si una empresa consiguiera eliminar el coste del despido, en momentos de altas dificultades económicas, deja de despedir al trabajador que sale más barato sino aquéllos menos productivos. Pero, en la situación actual, si la empresa quiere despedir, busca los que suponen un menor coste, independientemente de sus niveles de competencia dentro de la empresa. De ahí que en las crisis la temporalidad baje, se despide la estructura productiva más fácil de liquidar.

Y es que dada la antigüedad de muchos trabajadores en una empresa, su despido podría no solo comportar altas tensiones de liquidez en momentos de dificultades sino precipitar su quiebra. De ahí, que se prefiera realizar contratos temporales para atender a las eventuales necesidades de flexibilidad propias de cualquier negocio y que no haya una predisposición a contratar.

Debido a esta situación enquistada, el Banco de España está pidiendo corregir la desigualdad de los trabajadores temporales frente a los indefinidos con un sistema que una la rebaja a la mitad del coste por despido con la implantación de un fondo de capitalización individual nutrido por las empresas, pero implantado con ayuda del Estado y los fondos europeos, la conocida como mochila austriaca.

Llevar a la mitad el coste despidos significaría que si actualmente se paga por un despido procedente 20 días de salario por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades, se pagaría 10 días por año trabajado. En el caso de despido improcedente, hoy se pagan 45 días por año trabajado limitado a 42 meses, y de aplicarse la voluntad del BdE iríamos a 22/23 días por año trabajado.

La idea de la mochila austríaca ¿qué cambiaría?

La mochila austriaca se introdujo en 2003 como parte de una reforma laboral más amplia. En concreto, fue el intercambio acordado socialmente para la eliminación del sistema existente de indemnizaciones por despido. La reforma sustituyó un sistema convencional de indemnizaciones por despido por un sistema de cuentas de ahorro individuales. El sistema es financiado por los empleadores mediante un pago mensual no gravado del 1,53% del salario bruto. Comprar reseñas google.

En caso de despido, los trabajadores tienen la opción de recibir una indemnización con cargo a sus cuentas de ahorro o llevar su saldo acumulado al siguiente empleo. En el momento de la jubilación, los trabajadores pueden reclamar un pago en efectivo o convertir sus derechos en una renta vitalicia. Esta reforma de la ley de indemnización por despido ha recibido la atención internacional como ejemplo de medida de derecho laboral que apoya las transiciones laborales.

Aprovechando la actual situación de España que recibirá unos recursos europeos a cambio de reformas, el BdE cree que sería adecuado aprovechar ese contexto para que nos financen la transición de la mochila austríaca.

El dinero europeo serviría para mitigar parcialmente del sobrecoste que deberían sufragar las empresas durante esta transición hacia el nuevo esquema debido a que se mantendrían los derechos del natación de los contratos vigentes.

Pensemos que si la mochila en austríaca se implantará, ese nuevo modelo sería financiado partir de las cotizaciones de las empresas, eso supondría un sobrecostes en los primeros años de vigencia del sistema debido a que se deberían de abonar simultáneamente las nuevas cotizaciones y las indemnizaciones por despido acumuladas bajo el esquema previo para introducción de este mecanismo.

La idea contemplada es que durante los primeros años tras la introducción de la mochila austriaca, las administraciones públicas vayan pagando los costes de transacción a través de la subvención de una fracción de creciente. Lo mejor de todo es que este fin estaría dentro de las líneas contempladas dentro del programa europeo que indica que las reformas financiables con fondos deben ayudar la potencia de crecimiento o mejorar la sostenibilidad económica o medioambiental. La implantación de la mochila austríaca uno de los ejemplos posibles.

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¿Por qué el Gobierno considera que ya no es tan importante tener un plan de pensiones privado?

El Gobierno de España ha tomado la decisión de disminuir los incentivos fiscales de 8 mil a 2 mil euros en los planes de pensiones privados, lo que afecta a más de 8 millones de ahorradores españoles.

La decisión de disminuir de 8.000 a 2.000 euros el importe máximo que se puede deducir en la renta por aportaciones de planes de pensiones privados ha sido una noticia que ha tenido una mala acogida.

En los planes de pensiones se tiene que mirar más allá de los beneficios fiscales

Los ahorradores les que la duda que va a pasar con el dinero que tienen en sus planes de pensiones y si tras el cambio de normativa se podrá rescatar el dinero o no se podrá rescatar.

Claramente no debe pasar nada, ya que el dinero de los planes de pensiones se va a quedar invertido y se seguirán realizando capitalizaciones hasta el momento de jubilación o hasta que decida rescatarlo.

Aunque se tenga menos beneficios fiscales a la hora de ahorrar por parte de los planes de pensiones, se podrá seguir aportando al plan de pensiones si el futuro pensionista lo considera.

Si hay incentivos fiscales es positivo para el ahorrador de los planes de pensiones, ya que seguir aportando al plan de va a resultar beneficioso en su renta.

Pero también se debe tener en cuenta la rentabilidad del plan de pensiones, ya que no sólo lo que importa son los beneficios fiscales, pues una reducción de rentabilidad puede afectar al ahorrador.

Por tanto, la decisión de continuar aportando al plan de pensiones se debe analizar en base a la situación de cada uno, a la renta que se tenga y al tiempo que le falte para jubilarse.

¿Cuál es el cambio propuesto por el Gobierno para los planes de pensiones?

La propuesta realizada por el Gobierno de España ha sido recogida en el Anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene. Esta medida afecta a más de 8 millones de ahorradores (7,5 millones de planes de pensiones individuales y casi el millón de planes de previsión asegurados).

Muchos de estos ahorradores decidieron invertir en los planes de pensiones por los beneficios fiscales que les ofrecía en el momento de iniciar las aportaciones. Aunque la medida no les afectará a todos los ahorradores en planes de pensiones de la misma manera.

Los ahorradores más perjudicados serán aquellos que aportaban al fondo de pensiones el importe máximo para deducir los 8 mil euros, mientras que para los que realizaban aportaciones de hasta 2 mil euros no les cambiará la situación.

Al mismo tiempo, se quiere aumentar de 8.000 a 10.000 euros los límites de los planes de pensiones de empleo.

Los planes de pensiones se pueden recuperar con nuevas excepciones

El dinero que ha aportado los ahorradores en sus planes de pensiones puede sacar su dinero según las condiciones establecidas cuando lo contraron.

Las circunstancias que se daban, hasta ahora, para rescatar en un plan de pensiones eran la jubilación, incapacidad laboral, tener una gran dependencia, tener una dependencia severa y el fallecimiento de ahorrador, que generaba el derecho al rescate a favor de los herederos.

Ahora se han establecido supuestos de excepción que se aplicarán a partir del 1 enero del 2025 para planes de pensiones con aportaciones al menos durante 10 años cuando se de la liquidez por antigüedad de las aportaciones.

Además, existen las excepciones de tener una enfermedad considerada grave o estar en desempleo de larga duración. Por otra parte, se ha permitido, de manera temporal, la excepción de liquidez por causas derivadas de la crisis del coronavirus.

Los ahorradores que tengan un plan de pensiones que sean trabajadores por cuenta ajena en situación de ERTE, los autónomos que han cesado su actividad o han visto reducidos sus ingresos al menos en un 75 por ciento, y empresarios titulares de establecimientos no pueden abrir, también se les permite rescatar su plan de pensiones.

¿Seguirán siendo atractivos los planes de pensiones para los ahorradores?

Aunque una disminución de los beneficios fiscales de las aportaciones puede disminuir interés a los planes de pensiones, el hecho de que se produzca una disminución de los límites de aportación no implica que el plan de pensiones deje de ser el producto necesario para complementar la pensión pública de jubilación.

No es la primera vez que se reducen los límites de los planes de pensiones. Lo mejore es ahorrar cara a la jubilación lo antes posible, ya que es mejor que cuando antes se tengan ingresos se debería iniciar las aportaciones a los planes de pensiones para ahorrar.

Así nos aseguramos de que cuando nos jubilemos podamos complementar nuestra jubilación pública con nuestra jubilación privada, y así nos afecte tanto que va a pasar con las pensiones.

Además, no solo es importante empezar pronto en aportar al plan de pensiones, sino escoger adecuadamente el plan de pensiones, comprobar en qué activos invierte y adaptar la estrategia a la edad.

En El Blog Salmón | Así va a afectar a la Seguridad Social y las pensiones la crisis del Coronavirus

Imagen | Flickr

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¿Se atreverá el gobierno a bajar las pensiones con un IPC negativo?

En el mes de mayo vimos como la variación anual del IPC del -0,9%, lo que se sitúa dos décimas por debajo del dato registrado en el mes de abril.

El gran catalizador de esta bajada es una variación del -8% en el transporte, debido a que los precios de los carburantes y lubricantes para el transporte personal y, en menor medida, de los automóviles han descendido durante el mes, mientras que en mayo de 2019 se incrementaron.

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Al hundimiento de los precios de la energía, se suma que la pandemia ejerce una presión a la baja sobre los precios porque el efecto de la menor demanda superará los aumentos de precios provocados por las interrupciones de la cadena de suministro.

Esto combinado con el debilitamiento de la actividad económica, con una caída del PIB proyectada en el 9,4%, que dificulta, aún más, a las empresas el paso de los salarios a los precios, y el deterioro de las perspectivas del mercado de trabajo que limita los futuros aumentos salariales, se traduce en una menor presión de los precios internos que se prevé que pesará sobre la inflación básica en el futuro.

En resumen, si la coyuntura se extiende durante el año nos veremos abocados a una caída de precios en la cesta compra y la entrada de deflación.

A partir de aquí viene la gran pregunta ¿recortará el gobierno las pensiones si se produce una caída del IPC?

Y es que tanto en la etapa del Gobierno del PSOE liderado por Sánchez como la actual formada por el gobierno de coalición con Unidas Podemos se ha caracterizado por la revalorización de las pensiones vía incremento del IPC, a pesar de carecer de Presupuestos aprobados por el Parlamento (aun seguimos con la prórroga de los Presupuestos del Gobierno de Rajoy).

Recordemos que en el Gobierno del Partido Popular se reformó el sistema mediante el índice de revalorización anual en sustitución del IPC. Junto al factor de sostenibilidad (aplicable en 2023), se pretendía hacer que el sistema de la Seguridad Social fuera sostenible en el largo plazo y que no acarreará un déficit continuado del que ahora depende de la financiación de los Presupuestos Generales del Estado, tras consumir la hucha de las pensiones.

El índice de revalorización consideraba las variables que influyen en los ingresos los gastos del sistema de la Seguridad Social entre los diferentes parámetros para establecer el incremento de las pensiones contributivas. En conclusión, la revalorización nunca podía ser inferior al 0,25% ni tampoco superior a la variación interanual del IPC a cierre del año, más un 0,50%.

En la práctica esta reforma ha quedado muerta. La máxima de este Gobierno era preservar el poder adquisitivo de las pensiones, vía decreto, más allá de la nefasta estabilidad presupuestaria que presentan las cuentas de la Seguridad Social con una pérdida de algo más de 16.000 millones de euros, el 1,29% del PIB.

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No es de extrañar que el año pasado no viéramos una reducción del déficit público, la Seguridad Social es, junto a la Administración Central, la principal responsable del déficit público. Se rompió así, la senda de reducción de déficit que habíamos visto durante los años anteriores. La prioridad no atendía a cuadrar las cuentas dentro de la Seguridad Social sino a preservar la capacidad de compra de las pensiones.

Si suponemos una coherencia de criterio, en el supuesto que al finalizar el año viéramos un IPC negativo, consecuentemente las pensiones deberían sufrir un recorte nominal para mantener la capacidad adquisitiva.

Además, hay un factor que sobrevuela silenciosamente y que a día de hoy aún no se tiene en cuenta, y es que España será beneficiada del dinero europeo si finalmente se lleva a terminó la propuesta europea del fondo de los 750.000 millones de euros, de los cuales, España acapararía alrededor de 140.000 millones.

Ese importe que percibiría España no es ajeno a condiciones. Tendríamos unos 60.000 en forma de deuda (se prevé una subida de la ratio deuda pública sobre PIB de 20 puntos porcentuales) y 80.000 millones en forma de transferencias que estarían condicionadas a la presentación de un programa de reformas económicas para especificar cómo se invertirán los fondos comunitarios y también, presumiblemente, cómo se reducirá el déficit.

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Recordemos que en el acuerdo inicial franco-alemán que es la base de la propuesta europea se indicó específicamente que esas transferenciaa estaban "basadas en un compromiso claro de los Estados Miembros de seguir políticas económicas sólidas y una agenda de reformas ambiciosa". Este punto es clave porque podría ser difícil de aceptar "tranferencias gratis" para algunos de los países frugales del norte del bloque de 27 países, como los Países Bajos, Finlandia y Austria.

Por ello, entre todas las reformas planteadas que debería ejecutar España, el asunto de las pensiones se examinará con lupa, sin descartar que se condicione ese monto de transferencias a la desvinculación del IPC y la vuelta al índice de revalorización para que las cuentas de la Seguridad Social puedan ver una reducción del déficit.

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Y por fin el gobierno reacciona con artillería económica ante la debacle del Coronavirus: pero hay que hacer más y cerrar el país por partes

En el fragor de la batalla contra el Coronavirus, fuimos uno de los primeros medios en pronunciarnos alto y claro sobre la deprimente respuesta inicial del gobierno español en lo que a la lucha contra pandemia implicaba en el también ineludible plano económico.

Igualmente, tras recapacitar y escuchar por fin a los analistas que les dijimos desde el primer momento que era vital (y existencial) un auténtico plan de choque económico sin precedentes, ese plan ha llegado. Y ahora debemos congratularnos rojos y azules porque por fin España está ya más en la senda de minimizar en la medida de lo posible el shock económico que está produciendo el COVID-19, y sobre cuyos riesgos les venimos alertando y analizando desde principios de Febrero, cuando todavía era un tema mayormente chino. Posteriormente también les analizamos y alertamos, unos días más tarde, de que ya estaba afectando a las cadenas de producción y distribución occidentales.

Pero el tema es que, habremos avanzado mucho (ahora sí), aunque lamentablemente no es suficiente. Se requieren urgentemente nuevas medidas radicales e innovadoras para la economía y las empresas, producto de cómo el escenario económico va degenerando. Esperemos que ahora el gobierno no tarde tanto en escucharnos, y tome las medidas necesarias mucho más ágilmente. Nos va el país (y nuestra vida tal y como la conocemos) en ello.

El plan de choque contra el shock económico (ahora sí) es el camino correcto… Cafeína para mantener despierta la socioeconomía

Y Por Fin El Gobierno Reacciona Con Artilleria Economica Ante La Debacle Del Coronavirus Pero Hay Que Hacer Mas Y Cerrar El Pais 2

Desde estas líneas, en ejercicio de nuestro deber más vocacional, hemos sido muy críticos con la penosa reacción inicial del gobierno, lo cual estaba plenamente justificado. Está claro que lo suyo era una (casi) inacción de lo más inconcebible, especialmente ante la situación de shock cardíaco a la que se enfrentaban la empresas, los autónomos y los trabajadores. Con todo ese panorama, las medidas iniciales del gobierno eran descorazonadoras (pero de verdad: eran de quedarse sin pulso económico), y lo peor era que demostraban cómo nuestros dirigentes se habían ido a por uvas, mientras el país y la economía se caían a trozos a golpe virásico. Además, por si eso no fuera poco, mientras la economía se desangraba por momentos, en vez de empezar a aplicar torniquetes como si no hubiera un mañana, el gobierno se había enfrascado en bochornosas luchas de poder internas e intestinas, que llegaron incluso a retrasar un consejo de ministros que era esencial y urgente al extremo, y que debía celebrarse cuanto antes para poder mantener la respiración asistida a una España que, también económicamente, ya estaba en la UCI en tan sólo unos pocos días.

Aquí me voy a limitar a resumirles brevemente las medidas adoptadas por el gobierno, asumiendo la mayor parte de ellas como mayormente adecuadas, y sin entrar a hacer un análisis detallado: en la situación de emergencia nacional en la que nos encontramos, no se puede perder el tiempo tratando de analizar al detalle medidas que en términos generales son evidentemente oportunas, y vamos a concentrar nuestro tiempo y esfuerzo en proponer más medidas esenciales que también consideramos vital adoptar urgentemente. La síntesis de las medidas es básicamente que el importe asignado al plan esta vez ya no es mera calderilla, como calificábamos el viernes pasado las famélicas medidas iniciales. Ahora sí que el orden de magnitud se corresponde con la dimensión del problema y con la dimensión de la economía: el gobierno moviliza ahora un contundente 20% del PIB, todo un “bazooka” económico. Y permítanme la licencia de que el plan del gobierno actual ahora coincide con las líneas de actuación que exponíamos como esenciales desde estas líneas el viernes pasado: regular ERTEs temporales y más medidas que, en una situación de emergencia nacional, concluíamos que debían atenerse a la máxima de que “El déficit está precisamente para este tipo de situaciones no sistémicas, excepcionales y transitorias. Sin más”. Dicho y hecho. Genial. Ahora sí. Ya sólo queda que la implementación sea buena, y el comienzo promete, puesto que lo último que necesitamos ahora es otro despropósito como el funesto Plan E.

Empezaremos por apuntar que el gobierno ha disparado su salva de rescate sin perder el enfoque social en sus medidas. Con ello, aparte de proveer de un (a veces) necesario salvavidas a escala masiva a los ciudadanos que han caído abruptamente en situación de vulnerabilidad extrema, tenemos una medida que, además de dar al plan una dosis de justicia social, también va a prevenir el dejar más margen a la propaganda para que alimente el descontento social, y que así no pueda acabar alentando a las siempre impredecibles (y generalmente sangrientas) revoluciones. Mención especial merece la especial cobertura y protección que se da a las PYMES y autónomos, siempre mucho más vulnerables por su naturaleza. Vitales resultan también las medidas de, con el respaldo del estado, dar liquidez masiva a las empresas, cuyo giro brusco e inesperado en su situación financiera les ha podido coger en un mal momento, y pueden tener que echar la persiana para siempre por una falta momentánea y transitoria de liquidez. Muy acertada es también que la moratoria de hipotecas y reducciones de ciertos pagos de servicios básicos se aplique selectivamente a los ciudadanos que hayan caído en situación de desempleo a raíz de la pandemia.

Imprescindible era también regular y potenciar legislativamente el que empresas y trabajadores puedan recurrir a una generalización del teletrabajo. Y no lo es sólo en términos económicos: además esta medida refuerza el efecto mitigador de las medidas de contención, para aplanar la curva de infección de la pandemia. No olviden que ya les dijimos desde aquí a principios de febrero que ya pensábamos que la mortalidad del COVID-19 venía más bien por la situación que producía de colapso sanitario por infección masiva en un breve plazo de tiempo, y no tanto por la mortalidad de la propia enfermedad. Y así ha sido: hay pues que frenar también con teletrabajo el incesante caudal de enfermos graves por Coronavirus que están colapsando nuestros hospitales, y hacerlo más asumible en términos hospitalarios. Y ya por último apuntaremos la medida más evidente de que el gobierno dedica una línea de 30 millones de Euros destinada a potenciar al máximo la investigación de una posible vacuna contra el funesto virus.

Y en medio de toda esta refriega con muertos, asoma la despiadada propaganda para tratar de sembrar más muerte y destrucción

La Solucion Para Minimizar El Impacto Economico De La Crisis De Coronavirus La Tiene El Gobierno En Su Mano 3

Vaya por delante que la propaganda internacional más cruda ya tenía preparados los Whatsapp, esperando caninos el momento en el que el gobierno dedicase un necesario e ineludiblemente cuantioso paquete de medidas económicas para salvar la situación. Los mensajes por la red social han empezado a circular en cuestión de minutos. Les reproduzco a continuación un mero ejemplo de la ramplona campaña de desinformación que están inoculando en las redes sociales: “Vamos a ver, si van a sacar 200.000 millones de Euros para solucionar la crisis, yo tengo una solución mejor. ¿Que somos 47 millones de españoles? Pues que nos den un millón a cada uno y se ahorran 150.000 millones. Y a nosotros se nos acaban los problemas. Pásalo”. ¡Qué decir después de semejante cosa! ¡Menudo lumbreras este individuo, debería ser por lo menos Ministro de Economía! Como Venezuela íbamos a acabar…

Para empezar, este elemento ni siquiera parece tener unos mínimos conocimientos de las matemáticas más elementales, pues resta 1 millón de Euros por español (en total 50 billones) al paquete económico de 200.000 millones , ¡Y va y al elemento le quedan 150.000 millones!: un crack, ni el milagro de los panes y los peces, a ver si va a ser verdad que debería ser ministro por encontrar dinero donde no lo hay. ¡Cómo puede ser que al restarle 50 billones de Euros (billón=millón de millones) le queden de los 200.000 millones de Euros todavía 150.000 millones! Inconcebible. Un auténtico crack. Pero esta falsedad y esta evidente mentira la ha elaborado alguien a propósito, y es que hace tiempo que ya les advertimos que la propaganda económica nos iba a inundar, pues la economía es uno de los grandes éxitos y uno de los pilares que pretenden destruir de nuestro sistema de bienestar.

Imaginen lo que puede haber realmente detrás del “susodicho” y del resto de hilos de Whatsapp surgidos rápida y simultáneamente desde la oscuridad: más intención agitadora de masas que una economía de la que no tienen ni la idea más elemental. Lo que más apunta a que muy probablemente sea una campaña de desinformación planificada es ese “Pásalo” final, que evidencia cómo su verdadero objetivo es viralizar y azuzar el descontento popular y la incultura económica más empobrecedora. Y éste es un extremo especialmente peligroso en un estado de alarma en el que la población estamos aislados en casa, y somos especialmente susceptibles de caer abducidos por estas campañas, que nos llegan por unas redes que ahora son nuestra principal conexión al mundo. Están azuzando el avispero con un palo, a ver si sacan algo para sus fines siempre destructivos.

Y la verdad es que hoy tengo algo de tiempo (y líneas por delante), así que me voy a molestar un poco más en rebatir semejante ocurrencia feliz a pesar de la falsedad de los cálculos. Aquí no se trata simplemente de dar un millón de Euros a cada ciudadano, y con eso ya vaya a tener la crisis y la vida resuelta. Nada más lejos de la realidad. Eso es literalmente pan para la hora siguiente (ni para hoy llega) y hambre eterna para mañana y para el resto de la existencia. Porque no hay que rescatar sólo a los ciudadanos (a los cuales se dedica ya en el plan del gobierno una parte importante del dinero, por cierto), sino que lo que también hay que rescatar es una economía con un PIB anual que sobrepasa holgadamente el billón de Euros anuales, y además también a más de tres millones de empresas con un capital social de millones y millones, a más de tres millones de autónomos, seguir pagando las pensiones, las nuevas prestaciones de desempleo que van a necesitarse ahora (esperemos que sean por ERTEs temporales y no por EREs), etc. etc. etc. ¿A que es literalmente vergonzoso cómo nos insulta la propaganda intentando manipularnos con argumentos más simplistas que un cubo y que no engañan ni a un niño de primaria?

Pero es que aún hay mucho más. Y es que, si por arte de magia el gobierno se dedicase a repartir millones “por la patilla” sólo a los ciudadanos, en vez de invertir parte de ellos también en que estos ciudadanos puedan conservar su empleo y su actividad económica, el resultado final, además de provocar una defunción masiva de empresas que nos dejaría a todos sin trabajo, sería que ese millón tampoco nos serviría absolutamente de nada. Porque con semejante despropósito de reparto masivo de dinero, la moneda sufriría ipso-facto una hiperinflación rampante, que en unas pocas semanas (o escasos meses) se comería literalmente todo el valor de ese dinero. Al final, tendríamos un millón de euros cada uno que no nos serviría para comprar nada, y encima nos habrán dejado sin trabajo por el camino.

Es la misma secuencia de acontecimientos que, con otra escala de tiempos, el populismo más irracional y su propaganda acabaron imprimiendo al bolívar venezolano al despeñar literalmente su economía, con toda la miseria que este tipo de políticas de total incultura económica han llevado al devastado país latinoamericano. Y miren como están allí ahora mismo… Que aquí nuestro sistema sanitario está asistiendo (como puede) a todos los enfermos de Coronavirus graves, pero en Venezuela el sistema sanitario se ha quedado en un sistema tercermundista que no puede dispensar a su población apenas asistencia ante la pandemia. Igualito que lo que hemos conseguido tener este país con décadas de esfuerzo, y con una población formada que es capaz de encontrar trabajo y ganarse su propio pan, y no repartiendo millones de euros anárquicamente por doquier de “pan para hoy y hambre para mañana”, y que además de algún sitio tienen que salir de forma económicamente sostenible aparte de una impresora.

Pero siendo el plan de choque mayormente adecuado, se necesitan urgentemente aún más medidas vitales para una economía que sigue en la UCI

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Lamentablemente, si bien las medidas del “bazooka” del gobierno contra el shock económico de la pandemia van en la senda correcta, distan mucho de ser suficientes. Apuntábamos desde El Blog Salmón hace unas horas algunas medidas adicionales que no vamos a volver a abordar ahora. Y como eximente, que no para evitar que el gobierno siga trabajando a toda máquina, hemos de reconocer que realmente es materialmente imposible, con el poco tiempo del que disponen en esta vorágine, que nuestros dirigentes y su corte de asesores sean capaces de pensar en todo y en unos plazos exiguos cuyo alargamiento debe medirse en muertos. En la situación actual, todo el tejido socioeconómico nacional tenemos el deber profesional y personal de apoyar nuestro sistema de bienestar, y entre todos contribuir con ideas y propuestas que puedan acabar traduciéndose en nuevas medidas para paliar la situación conforme ésta evolucione y lo vaya requiriendo. Y es que además, ante una situación tan imprevista y tan masiva, cada día surgen literalmente nuevas medidas que se hacen esenciales en cuestión de horas, y que desde aquí debemos contribuir en divulgar y que lleguen donde tienen que llegar.

Esta crisis sólo la superaremos todos juntos y esforzándonos cada uno en la medida de nuestras posibilidades, justo lo que trata de evitar la propaganda desuniéndonos y sembrando la confusión y la discordia. Posiciónense en el bando correcto y ayúdennos a combatir esa venenosa propaganda, así como a proteger nuestro sistema de bienestar: por muy mejorable que puedan ser ciertos aspectos de éste, les puedo asegurar que sin él vamos a la “ruina caracolera” (y si no, hablen ustedes con millones de venezolanos y verán lo que les cuentan). Además, no se puede perder de vista que llevamos ya varios años instalados en un guerra socioeconómica global, de la cual tampoco se puede descartar que estemos viviendo una nueva y convulsa fase que sea aprovechada por otras superpotencias al calor de la pandemia. Así, resulta esencial adoptar medidas de protección de las capacidades e innovación europeas para combatir el COVID-19, y bloquear a nivel europeo iniciativas como la de Trump, que va detrás de arrebatar a Europa una vacuna contra el Coronavirus que unos laboratorios alemanes casi tienen ya, con el significativo agravante de que, además de hacerse con la vacuna, impuso a los responsables del laboratorio la condición de que esta vacuna fuese exclusiva de EEUU. ¿Qué interés puede tener Trump en que los europeos no tengamos acceso a una vacuna contra el Coronavirus que además hemos desarrollado nosotros mismos (y por cierto: con participación de dinero público)?.

En este sentido, son especialmente geoestratégicas y acertadas las medidas del plan del gobierno referentes a la seguridad económica nacional. Sánchez ya ha afirmado que van a blindar a las empresas españolas para impedir que, al calor de la debacle bursátil, venga capital foráneo hostil a comprar nuestras cotizadas más estratégicas. Un 10 para esta medida. Sin paliativos. Estamos en una auténtica guerra socioeconómica, y hay que desarmar a las potencias hostiles que pudieran estar al acecho para pescar en un rio que están tratando de mantener lo más revuelto posible. Pero en general al gobierno aún le queda mucho trabajo por delante, y ahora hay que ver, más allá de los anuncios, cuánto tardan en poner las medidas en marcha y cómo lo hacen, y además si van a encontrar en los mercados internacionales suficiente capacidad de financiación para afrontar el déficit y el endeudamiento extra que va a suponer toda esta batería de medidas. Éste es sin duda el punto más clave de todo este plan para el shock económico, y de ello sin duda depende si se va a poder llevar a cabo. ¡Qué bien nos habría venido ahora para tener más margen haber ido reduciendo nuestra deuda estos años atrás cuándo podíamos hacerlo, tal y como desde aquí reclamamos insistentemente en su momento.

Y además de la implementación, hay otras medidas que en las últimas horas ya se han tornado esenciales para el tejido socioeconómico. Se requiere un cierre selectivo y ordenado de la economía, al menos de los sectores que lo requieran. No, no se preocupen, no nos hemos vuelto locos proponiendo hacer un cierre económico en un momento en el que todos los planes de choque internacionales están luchando desesperadamente por mantener la economía viva. Ahora les explico el porqué, y viene con conocimiento de causa. Es esencial que el gobierno dote, a las empresas y sectores en que se hace imprescindible, de la cobertura legal necesaria para poder acometer un cese de la producción impuesto por la situación y por el estado de alarma, evitando con esto que (paradójicamente) seguir vivas ahora mismo como entidad empresarial (que no produciendo) acabe llevando a las empresas a la quiebra.

Esto no es en absoluto que estemos diciendo que el gobierno deba gripar los motores de la economía, sino que este shock transitorio nos fuerza a que los motores de la economía sean de “Start/Stop”. Indudablemente, ello conllevará alguna penalización económica severa para el país y para las empresas, pero aquí de lo que se trata es de que la penalización no sea permanente en forma de defunción empresarial y… casi hasta nacional como la cosa se cronifique y se generalice, tal y como no es descartable que pueda acabar ocurriendo si no se toman más medidas adecuadas vitalmente necesarias. Hay que parar ciertos motores de la economía durante un breve plazo de tiempo, pero hay que hacerlo de forma ordenada, y salvaguardando la actividad esencial, sanitaria y de productos de primera necesidad, y toda la actividad que pueda ser suplida con teletrabajo y que no requiera de salvaguarda legal para dejar de producir.

El motivo concreto por el que habría que cerrar una parte del país es para evitar las quiebras empresariales, que seguirían al pago masivo de indemnizaciones millonarias por parte de muchas empresas principalmente exportadoras. Estas empresas van a tener que afrontar esta insoportable carga financiera por dejar de proveer a sus clientes de productos y parar sus cadenas de producción, un perjuicio por el que en muchos sectores deben responder con el pago de indemnizaciones por obligación contractual. Ahora mismo hay muchas empresas que, aunque podrían seguir produciendo, están teniendo que dejar de hacerlo por ejemplo por no poder garantizar la desinfección del COVID-19 en sus instalaciones, y por no poder limitar el riesgo de contagio de sus plantillas. Esto ocurre por un tema tan sencillo como que actualmente no hay disponible en el mercado suficiente suministro de geles de alcohol y similares para poner a disposición de los trabajadores, y sin estas medidas higiénicas, lógicamente los sindicatos acaban impidiendo el funcionamiento de líneas de producción enteras para proteger la salud de sus trabajadores.

Y es que no hay en el mercado ni geles desinfectantes, ni mascarillas, ni apenas guantes para que las empresas los puedan adquirir y que sus trabajadores puedan trabajar con unas mínimas condiciones de seguridad, porque además de que la demanda se ha multiplicado exponencialmente en unos pocos días, el gobierno con el estado de alarma está confiscando todas las existencias y toda la producción para desviarla al sistema sanitario, que es lo más urgente ahora mismo para salvar vidas en la UCI que se nos están yendo por momentos. Si el personal sanitario cae enfermo masivamente, ya sería “el acabose”. Como ven, nuestros dirigentes deben plantearse seriamente la opción de cerrar estratégicamente ciertos sectores, y dar así una causa de fuerza mayor que sirva a las empresas para poder dejar de suministrar sin tener que afrontar las indemnizaciones. Obviamente, como efecto colateral, con el cierre selectivo tendrán que resignarse a perder algo de PIB e ingresos fiscales y empresariales, pero esto será compensado con creces por evitar llevar a multitud de empresas a la quiebra segura.

Así, por contraproducente que pueda parecer, lo mejor que el gobierno puede hacer ahora mismo económicamente es cerrar una parte del país. Además de ayudar a reforzar las medidas sanitarias contra el contagio, es humana y financieramente imposible e injusto tener que indemnizar de sopetón a todos sus clientes internacionales por un factor ajeno a las empresas, cuando tus clientes siguen produciendo y requieren tus suministros porque la pandemia allí es menos explosiva. Hay que echar la persiana de parte de "España S. A." para protegerla hasta que se restablezcan los suministros a las empresas de los productos básicos para que sus empleados puedan seguir trabajando. Y con un cierre decretado gubernamentalmente las empresas podrán acogerse contractualmente a una causa de fuerza mayor que les evite los pagos de indemnizaciones y la quiebra. Y por cierto, por mucho que fuesen muy decepcionantes las medidas iniciales del gobierno español y que tal vez les queden todavía más medidas por adoptar, no se puede tampoco negar que, al menos, hicieron infinitamente más que un Johnson que ya les analizamos que mayormente, asumiendo impasiblemente la muerte de muchos de sus mayores, optó consciente y suicidamente por la inacción más irresponsable. Ahora, a la vista de su garrafal error y con incontables ciudadanos ya cayendo sin control víctimas de la pandemia, el categórico Johnson ha tenido que recular a marchas forzadas cuando ya es demasiado tarde. Es lo que tiene poner incontrolados al poder: lo son para todo.

Y Por Fin El Gobierno Reacciona Con Artilleria Economica Ante La Debacle Del Coronavirus Pero Hay Que Hacer Mas Y Cerrar El Pais 5

Y para finalizar por hoy, si el otro día les contaba cómo en nuestra casa nos destrozamos las manos todas las tardes aplaudiendo a las 20h a nuestro personal sanitario, ahora un servidor, cuando los aplausos ya aflojan y habiendo guardado el debido respeto, como otros tantos miles de Españoles hacen cada tarde, pongo a todo volumen la épica canción del Dúo Dinámico "Resistiré", porque ni el virus ni nada podrá acabar con este gran país, grande (muy grande) cuando se mide por sus gentes y por el esfuerzo heróico que están haciendo. Aunque en el aislamiento de su familia con este encierro hogareño les parezca que están viviendo solos esta catástrofe socioeconómica, en realidad pocas veces en la historia tantos millones de españoles han estado tan unidos frente a la calamidad. No están solos en absoluto.

Estamos todos a una. Salgan a aplaudir cada tarde en comunidad y siéntanse unidos a sus vecinos y a todo el país. Y sobre todo sean eternamente agradecidos especialmente con nuestros héroes sanitarios, pero también con esos empleados de telecomunicaciones que nos mantienen a todos conectados y entretenidos, a esos repartidores que nos traen a casa todo lo que necesitamos, a los empleados de supermercados y de farmacias, etc. Y déjenme tomarme la licencia de decirles también que, desde estas líneas, nos tomamos en estos días como un deber ineludible (e insomnemente nocturno) el aportar contenido que leer durante la cuarentena, así como aportar ideas a nuestros dirigentes y a nuestros agentes socioeconómicos, que en algún caso me consta que han llegado sorprendentemente alto. Sean agradecidos. Sean valientes. Resistan. Esto pasará en algún momento. Suerte.

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alarma-social-y-decisiones-politicas:-coronavirus-en-google-trends

Alarma social y decisiones políticas: coronavirus en Google Trends

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La gravedad de las consecuencias y el
carácter inédito y global de la crisis del coronavirus supone un reto sin
precedentes para las sociedades contemporáneas. Nadie duda de que la pandemia
obligará a la readaptación de muchas esferas de nuestras sociedades, al mismo
tiempo que contribuirá a la comprensión de algunos procesos sociales. Una de
las dinámicas notoriamente expuestas por esta crisis es la de la dificultad de
toma de decisiones políticas que entrañan grandes costes sociales y económicos
cuando en la opinión pública aún no se da un estado de alarma generalizado. De
hecho, los datos sugieren que en ocasiones como esta, la alarma social no precede
a las decisiones políticas, sino que las sigue.

Gracias a los datos proporcionados en
abierto por Google Trends se pueden conocer las tendencias en las búsquedas
online. Google ha desarrollado un indicador llamado “interés de búsqueda” que
va de 0 a 100 y toma el valor 100 cuando un término de búsqueda alcanza su
popularidad máxima en una región y momento determinado, y el 50 cuando el
término es la mitad de popular que el máximo. Por su carácter completo y su
precisión temporal y territorial, estos datos constituyen una información muy reveladora
de la evolución del interés por un tema dentro de un territorio[1].

«La atención pública ha reaccionado fuertemente a las medidas tomadas por los gobiernos, y no al revés, incluso cuando los países del entorno más cercano estaban ya sufriendo fuertemente la epidemia».

María Miyar

En esta entrada se compara la evolución de este indicador del 15 de enero al 15 de marzo de 2020 en China y Corea del Sur (gráfico 1), Italia y España (gráfico 2) y Estados Unidos y Reino Unido (gráfico 3). Aunque a partir de estos datos no puede establecerse una relación causal entre la evolución del interés sobre un tema y los eventos ocurridos en una fecha concreta, su análisis permite reflexionar sobre la dinámica de algunos procesos sociales. En concreto, de la evolución se desprende que la atención pública ha reaccionado intensamente a las medidas tomadas por los gobiernos, y no al revés, incluso cuando los países del entorno más cercano estaban ya sufriendo acusadamente la epidemia.

Gráfico 1

Pase el cursor por las series para ver la fecha exacta.

En el caso de China, los primeros casos aparecieron en diciembre de 2019, pero el virus no se identificó como nuevo hasta el 7 de enero de 2020. El interés del término coronavirus en las búsquedas online crece a medida que lo hace el número de infectados, pero no alcanza su máximo hasta que el día 22 de enero se imponen restricciones de viaje en Wuhan y el 24 se decreta el cierre de la provincia de Hubei (gráfico 1). En lo que respecta a Corea del Sur, la atención siguió los pasos de la alarma en China, pero de nuevo es solo cuando el 23 de febrero se declara el nivel máximo de alerta en el país cuando el coronavirus alcanza su punto de interés máximo en el país.

Gráfico 2

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En cuanto a Europa, el grado de interés en Italia no se despertó hasta que, también el 23 de febrero, las autoridades italianas decidieron adelantar el cierre del carnaval de Venecia (gráfico 2). De hecho, y a pesar de la sucesión de medidas de lucha contra el coronavirus, este término no ha vuelto a ser tan popular en Italia como en esa fecha. La atención crece de nuevo cuando se impone el aislamiento en Lombardía y las provincias del norte (7 de marzo) y se extiende la medida a todo el país (9 de marzo). El indicador de Google sugiere que en todo ese tiempo la atención de los ciudadanos españoles al coronavirus no se había disparado, a pesar de la situación crítica que vivía el país vecino y de la creciente proliferación de casos de allí importados. La atención pública española sí había reaccionado a la repatriación de los españoles residentes en Wuhan (31 de enero) y la cancelación del carnaval en Venecia. Sin embargo, no es hasta el 9 de marzo, fecha en que se anuncia el cierre de los centros escolares en Madrid, cuando el interés de búsqueda aumenta notablemente en España, alcanzando su máximo el día 12, en coincidencia con la extensión de la medida a todo el territorio nacional. Los datos de la encuesta sobre el coronavirus patrocinada por Funcas y realizada por IMOP Insights confirman el cambio trascendental que supusieron en la opinión pública los acontecimientos de la segunda semana de marzo. Mientras que en las entrevistas realizadas el lunes, antes del anuncio de cierre de los centros educativos madrileños, algo menos de la mitad de los encuestados se declaraban “muy” o “bastante” preocupados (47%), esta cifra ascendía a casi tres de cada cuatro (74%) entre los entrevistados el viernes y sábado pasados.

Gráfico 3

Pase el cursor por las series para ver la fecha exacta.

Dos países han sorprendido a la opinión pública por las declaraciones de sus líderes en cuanto a la gravedad de la pandemia y las decisiones necesarias para luchar contra ella, Reino Unido y Estados Unidos. Al igual que en el resto de países, los datos apuntan a que el interés en estas dos sociedades anglosajonas está muy relacionado con los anuncios de medidas, como la del 12 de marzo de suspender los viajes a Estados Unidos desde Europa (gráfico 3). Reino Unido representa quizás, en este contexto, un caso excepcional, puesto que a lo que parece que reaccionó la opinión pública fue al anuncio de Boris Johnson el 12 de marzo de no implantar el cierre de escuelas o aislamiento de la población.

Del análisis de los datos de interés de búsqueda sobre el coronavirus pueden extraerse dos conclusiones. Por una parte, se constata una cierta resistencia de las sociedades contemporáneas a preocuparse por los problemas de salud pública hasta que su impacto se hace muy evidente, lo que puede traducirse en dificultades para la implantación de medidas en fases tempranas de expansión de la infección. Por otra parte, se pone de relieve la necesidad de reforzar los mecanismos de información masiva y concienciación de la sociedad antes de iniciar la fase de introducción de medidas restrictivas para cuyo cumplimiento es tan necesaria la colaboración de la sociedad.


Fuente de los gráficos: Elaboración propia a partir de datos de Google Trends.

[1] La magnitud del interés de búsqueda no es comparable entre países, puesto que el valor máximo del indicador se refiere al punto de mayor interés alcanzado por ese tema en cada territorio, pero sí el patrón temporal.

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El Gobierno recula en sus previsiones: ¡menor crecimiento, más déficit y el desempleo congelado!

A medida que pasan los meses, estamos viendo un deterioro continuado de los grandes datos macroeconómicos de la economía española. Lo peor de todo es que para este año las perspectivas se revisan a la baja por la política fiscal que del Gobierno y la confianza los agentes económicos que genera.

El crecimiento económico español de este año en curso se revisa a la baja en un contexto global de ligera mejora, nos hemos desviado de los objetivos de déficit público asumidos en el último plan presupuestario y el mercado laboral se encuentra excesivamente ralentizado. Repasamos las últimas revisiones del Gobierno.

Crecimiento económico al 1,6% para 2020

Dentro del contexto internacional, las previsiones existentes para este año indican que el mundo reflejará un mayor crecimiento que el del año anterior. En concreto, según las estimaciones, fue de 2,9% en 2019, y aumentará hasta el 3,3% en 2020 (previsión FMI tras la revisión de enero).

A falta de datos oficiales, previsiblemente en España, habremos cerrado 2019 con un crecimiento económico del 2% en el PIB. Para este año, la previsión inicial era un crecimiento del 1,8%, lo cual llama la atención esa pérdida de dos décimas en un entorno global que se presupone un mayor crecimiento. Pero en la última revisión del FMI, España perdió dos décimas más ¡el crecimiento sería del 1,6%!

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Pensemos que en la etapa de expansión económica española, los datos de crecimiento económico habían sido siempre superiores a los de las economías avanzadas, reflejando así un mayor dinamismo. Y por primera vez, tanto el crecimiento económico esperado de las economías avanzadas como en España se equiparan en ese 1,6%, un dato que el Ministerio de Economía ya ha reconocido en su última revisión.

El problema existente es que España, de todas las economías avanzadas existentes, es la que más ha revisado a la baja sus perspectivas de crecimiento económico (dos décimas) en los últimos meses. Este es el dato importante, lo que refleja un deterioro de la economía por causas internas no externas.

El déficit será mayor del esperado

Si acudimos al Programa de Estabilidad Presupuestaria 2019 y 2022, el último presupuesto de Montoro se comprometió a una paulatina reducción del déficit publico. Para 2019 debíamos alcanzar un deficit del -1,3%, en 2020 el -0,5% y, para 2021, conseguir un superávit presupuestario del 0,1%.

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Manteniendo la senda de los Presupuestos de 2018 que fueron prorrogados se hubiera tendido a estos objetivos, pero con el Gobierno de Sánchez de por medio y sus reales decretos, como la subida de pensiones y el salario de los funcionarios, nos hemos desviado de esa senda marcada. Y la combinación de gasto vía deuda es siempre un problema.

De hecho, Bruselas nos lleva avisando. Con las medidas del Gobierno, la Comisión Europea señaló en octubre que el déficit público cerraría en 2019 en el 2,7% y para el actual en el 2,1% (el gobierno es más optimista y lo valora el déficit en el 1,8%). Es decir, en 2019 habríamos sumado 1,4 puntos de déficit frente al objetivo de estabilidad y para este año, nos iremos a 1,6 puntos.

El gobierno de la coalición PSOE-UP, trata de ignorar medidas de carácter estructural para la consolidación de las finanzas públicas. Muchos pueden pensar que gracias a las medidas adoptadas, se mejoran las rentas de pensionistas o funcionarios pero el problemas es que vamos inflando el tamaño del problema... la deuda.

Pudiera parecer una exageración que España se desvíe un punto y medio en el déficit público. Pero el problema existente es que el Gobierno de Sánchez está lanzando un mensaje muy peligroso a los acreedores o los titulares de deuda española. Si las Administraciones Públicas asumen un elevado volumen de deuda y tienen un débil compromiso para ajustar las cuentas ¿para qué poseer títulos de deuda españoles que son más arriesgados?

Es más, en un supuesto de shock económico ya sea interno o externo, estos títulos de deuda serían desdichados por los inversores por la falta de garantía en el correspondiente pago, buscando activos seguros. Eso se traduce en más intereses para atender al servicio de la deuda (menor importe relativo spara el resto de partidas) y, en los casos más extremos y tal y como le ocurrió a Grecia, a tener que solicitar un rescate porque ningún emisor está dispuesto a arriesgar su dinero en la compra de deuda para que nosotros podemos refinanciar los vencimientos.

No obstante, la realidad de los títulos de deuda está enmascarada por una política monetaria ultra intervencionista que ha llevado a los títulos de deuda a cotizar con rentabilidades nominales negativas, algo no visto en el histórico y que no refleja la realidad del riesgo subyacente de este producto financiero por las características del emisor.

Desempleo en stand by en 2020

Hemos comentado en numerosas ocasiones como el mercado laboral se ha relentizado en los últimos meses. Los últimos datos que tenemos del mes de enero reflejan que el número de desempleados únicamente ha bajado un 0,97% en los últimos 12 meses, un dato dinámico irrisorio.

Ya quedan lejos aquellos momentos de la etapa expansiva de la economía que el desempleo caía en tasas entre el 6% y el 9%, y parece que ha llegado una nueva realidad en el mercado laboral. El mercado agrícola ya está sufriendo una subida en el desempleo, al igual que otros segmentos de baja productividad como son la inmigración y los jóvenes varones menores de 25 años.

El Gobierno no se le escapa la evidencia se los datos, y se dispone a reflejar a la baja las cifras esperadas en el mercado laboral al finalizar el 2020 y para los siguientes años.

Para este año, según el Gobierno, nos dirigiremos hacia una tasa de desempleo del 13,6%, lo que representa un recorte de tan solo medio punto desde la tasa vista al finalizar el ejercicio anterior.

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El Gobierno buscará huir del déficit marcado para 2020

Consolidar la estabilidad presupuestaria de la administración pública debería ser uno de los objetivos más importantes de todo un Gobierno, pero la recién coalición PSOE-UP busca flexibilidad para su senda de reducción de déficit público.

Si nos situamos en antecedentes, al finalizar el año 2019 se debería haber cerrado con déficit público del 2% del PIB que es el compromiso acordado con Bruselas. Sobre esta cifra y a falta de las cifras del Ministerio de Hacienda, los diferentes organismos creen que se quedará corta: La AIReF ve un déficit del 2,1% y la Comisión Europea lo eleva al 2,3%.

Para este año deberíamos seguir con los ajustes. El compromiso que marcó el Ejecutivo del Partido Popular con Bruselas es que para 2020 llegaríamos al 0,5%, y es el vigente ya que forma parte de los últimos Presupuestos.

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La difícil tarea de cuadrar los números con las promesas del Gobiernomde coalición

A pesar de que en los ministerios de Hacienda y Economía se ha optado por unos perfiles más técnicos en su dirección, al final lo relevante es qué políticas se llevan a término y su traducción contable marcado por los ingresos y los gastos.

Y si hablamos de políticas, lo cierto es que el Ejecutivo presente ha aprobado ya la subida de las pensiones con una revalorización del 0,9%, mientras que la Seguridad Social se posiciona con un déficit de próximo a 17.000 millones de euros para este año. Y, como no hay hucha de las pensiones, para hacerse cargo este déficit se pasa a los Presupuestos Generales del Estado mediante deuda.

Recordemos que el Ejecutivo del Partido Popular reformó las pensiones para que en situaciones de desequilibrio presupuestario en la Seguridad Social, las pensiones se subieran un 0,25% en 2013. Aunque, para la aprobación de los Presupuestos de 2018, el PNV pidió la subida generalizada para todos los pensionistas, que verán sus pensiones aumentadas hasta el 1,6% tanto en 2018 como en 2019.

Por lo tanto, la fórmula de eliminar los excesos de la Seguridad Social, principal contribuidor al déficit, parece que está en stand-by y que volvemos al IPC, presionando el gasto público, aunque sin tener Presupuestos.

Esta medida viene no viene con Presupuestos sino con la aprobación del Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero, una fórmula recurrida en numerosas ocasiones por el Gobierno del PSOE para avanzar medidas de gasto sin tener capacidad de consensuar unos Presupuestos en 2019 y fuero prorrogados los de Montoro.

Aunque el principal contribuidor al gasto público sean las pensiones no es el único factor a tener en cuenta, sino que recordemos que hay todo un pacto entre PSOE y Unidas Podemos, en el que prometieron diferentes medidas de gasto sin una contrapartida de ingresos cuantificada en una Memoria Económica.

Además de el mayor gasto en pensiones, tanto para Educación como para Sanidad se propone subir un punto de PIB (dos en total). Esta medida equivale a 24.000 millones de euros y eso sin tener en cuenta la promesa del Ingreso Mínimo Vital que está por definir específicamente el objetivo de gasto. Por el lado contrario, las medidas de ingreso, que ya se metieron en el Presupuesto que no fue aprobado, equivalen al 0,5% del PIB. Los números no cuadran.

El 0,5% de déficit para 2020 es una utopía

Como hemos comentado, la senda marcada en los últimos Presupuestos aprobados es que deberíamos llegar a un déficit del 0,5% del PIB para este año que es el compromiso que se adoptó con la Comisión Europea y plantearnos con un superávit del 0,1% en 2021.

Pero luego tenemos que trasladarnos a junio de 2018. Tras la moción de censura, Sánchez anunció que su objetivo sería alcanzar un déficit del 1,8% en 2019, del 1,1% en 2020 y del 0,4 en 2021.

Cuando el pasado otoño se actualizó el plan presupuestario de 2020, el Ejecutivo comunicó a Bruselas que ese 1,1% quedaría descartado para 2020 y se iría más al 1,7%. Y es aquí el punto en el que entra en juego la ministra de Economía Calviño para lograr ese margen adicional.

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Si finalmente nuevos presupuestos y la ministra Calviño consigue ese margen adicional, el gobierno de Sánchez habrá conseguido 1,2 puntos de PIB, alrededor de 15.000 de margen de gasto para este año.

El riesgo de abusar del déficit

Tanto los Ejecutivos anteriores como el presente deberían de haberse grabado a fuego que las cuentas públicas deben estabilizarse estructuralmente a largo plazo. Pero el objetivo de deficit con la administración Rajoy también se fue desplazando conjuntamente con la aprobación de Bruselas, siendo el país con mayor déficit de la UE.

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Si en una situación de recesión es normal un déficit para acometer los mayores gastos de subsidio de desempleo y el deterioro de los ingresos fruto de la recesión económica, cuando nos encontramos en una situación de expansión económica es necesario corregir esos desajustes del pasado que incrementaron el volumen de deuda relativa al tamaño de la economía, y ejercer un proceso de desapalancamiento financiero.

A pesar de la desaceleración económica, la realidad es que España se encuentra en ciclo expansivo y por lo tanto, debería afrontar unas cuentas públicas saneadas y reducir intensamente la relación deuda pública sobre PIB que se encuentra en el 96% del PIB.

Pero parece que al Gobierno no le importe la sostenibilidad de las cuentas públicas a largo plazo. Un mayor déficit es interpretado negativamente en el momento que se produce un shock económico tanto interno o externo que desestabiliza las cuentas públicas y tiene como consecuencia final que, en el momento de emitir deuda, o se pague un precio mayor con mayores intereses o bien no exista capacidad de colocar la deuda.

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¿y-ahora-que?

¿Y ahora qué?

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El inédito Gobierno de coalición que acaba de formarse en España ha despertado sensibilidades de todo tipo que solo parecen coincidir en preguntarse: “¿Y ahora qué?”. La ciencia política y económica ha mostrado que la estabilidad y eficiencia de los ejecutivos con miembros coaligados depende de la capacidad de cohesión del liderazgo, pero casi siempre cuentan con una ventaja: el control que ejercen unos a otros impiden orientaciones hacia los extremos y obligan a encontrar soluciones más centradas. En España esto no va a ser, en principio, sencillo porque el Consejo de Ministros tendrá muchas sillas y porque el Parlamento va a ser aparentemente hostil. Aun así, los mecanismos de control y mayorías parlamentarias serán esenciales y, por encima de ellos, un anillo adicional de vigilancia desde Bruselas, por los compromisos adquiridos como miembros de la UE.

«En materia de pensiones —donde se cuenta con un especialista— convendría que todos los partidos (y no solo los que ahora forman el Ejecutivo) abandonaran el discurso de la actualización de pensiones sin más y retomaran el debate de la sostenibilidad».

Santiago Carbó

La premisa económica de un Gobierno como el actual debería alinearse con el objetivo general que más se propone recientemente para la estabilidad social y el desarrollo a largo plazo: crecer, pero hacerlo de forma inclusiva, reduciendo desigualdades y promoviendo las oportunidades sin socavar el esfuerzo y mérito individual. Con el Congreso de los Diputados algo enardecido, los agentes sociales deberían desempeñar un papel esencial para fomentar el crecimiento y a la vez desarrollar medidas inclusivas y, a ser posible, acuerdos en política de rentas y distribución. En todo caso, sería conveniente primero cerrar primero unos Presupuestos actualizados que permitan actualizar las políticas. No necesariamente para más gasto sino para una reorientación del mismo. En ausencia de apoyos para otras reformas sería mejor no tocar las que han funcionado y orientar nuevas en materia social. Hay áreas como educación, vivienda o dependencia donde son muy necesarias.

El autocontrol parece posible porque existe un equipo económico fuerte en algunas carteras, perfectamente alienado con Bruselas. Así, por ejemplo, en materia de pensiones —donde se cuenta con un especialista— convendría que todos los partidos (y no solo los que ahora forman el Ejecutivo) abandonaran el discurso de la actualización de pensiones sin más y retomaran el debate de la sostenibilidad. Siempre son un cierto alivio las declaraciones de los responsables de carteras económicas que están acompañadas de añadidos como “respetando siempre las reglas comunitarias”. Así, en el Consejo de Ministros, algunos probablemente tendrán que olvidar pretensiones expresadas en el pasado precisamente por ser contrarias a esas restricciones impuestas por la UE. Pero en ese Consejo va a ser esencial que se marquen líneas generales de actuación que eviten la sensación de que puedan intentar proliferar 22 proyectos individuales en lugar de una estrategia común. La vía de descentralización de carteras por la que se ha optado debería servir para que algunas de ellas sirvan de control de otras en materia de gasto y responsabilidad (política territorial, medioambiente…).

Finalmente, no puede olvidarse que vivimos una época en la que los mensajes valen tanto como las acciones, al menos a corto plazo y, por lo tanto, la política de comunicación debe ser firme para evitar disonancias que los mercados, inversores o socios internacionales puedan recibir mal.

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¿podra-el-nuevo-gobierno-de-coalicion-destrozar-mas-aun-el-mercado-laboral?

¿Podrá el nuevo Gobierno de coalición destrozar más aún el mercado laboral?

Pedro Sánchez ya ha sido elegido presidente del Gobierno de España, y cuando forme su Ejecutivo, tocará tratar de poner en práctica aquello comprometido con sus socios de investidura.

Entre los diferentes pactos acordados, hay que destacar la firme predisposición para derogar la reforma laboral que emprendió el Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy y que fue uno de sus mayores emblemas económicos en la tapa de expansión económica que hemos vivido en los últimos años con una sólida creación de empleo.

El año pasado ya vimos cómo el Gobierno de Pedro Sánchez fue capaz de poner freno la dinámica positiva del mercado laboral en la que los niveles de desempleo se iban reduciendo a un ritmo sólido y constante.

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Y es que tras la aprobación del salario mínimo interprofesional a los 900 euros, una subida del 23%, los más perjudicados fueron aquellos trabajadores con los menores niveles de productividad.

Hoy no solo hemos visto la ralentización de la caída del desempleo hasta tasas ridículas del 1,21% (dato interanual del mes de diciembre), sino que ya han experimentado un incremento del desempleo frente a los 12 últimos meses anteriores en determinados grupos que repasamos a continuación.

En primer lugar, debemos de citar al sector agrícola que hoy ya ha visto como el número de desempleados se ha incrementado en los últimos 12 meses en 2.189 desempleados, una subida del 1,58%. Unas cifras muy diferentes a las vistas en diciembre de 2018 que se veían una caída del desempleo en 16.340 parados, un descenso del 10,53%.

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Los jóvenes menores de 25 años han sido otro de esos colectivos dañados. Han experimentado una muy ligera reducción de los niveles de desempleo de solo 506 desempleados. En el caso específico de los jóvenes menores de 25 años varones ya se ha visto un incremento de 942 parados más en diciembre de 2019 frente al mismo mes de año anterior.

También tenemos que enfocar el colectivo de trabajadores de países extracomunitarios cómo damnificados. En diciembre de 2018 este grupo presentaba un total de 250.010 parados y en diciembre de 2019 se incrementó hasta los 255.144 parados, 5.134 nuevos parados y un incremento del 2,05%.

No cabe duda el salario mínimo ha perjudicado a los grupos más desfavorecidos, pero el gobierno de Pedro Sánchez puede hacerlo "mejor" aún y hundir, aún más, todo aquello que se ha conseguido en los últimos años en relación a la creación de puestos de trabajo.

Subir el SMI a 1.200 euros, otro error

Si la subida del SMI a 900 euros fue un error, la subida propuesta en esta legislatura hacia los 1.200 euros (objetivo 2023), no sería más que otro error que reforzaría los resultados vividos en 2019.

Smi Historico 2019

Recordemos que a día de hoy el paro sigue siendo la principal fuente de preocupación de los españoles y también, para aquellos que les importa los niveles de desigualdad, es la mayor causa existente desigualdad ya que se impide la obtención de renta vía el trabajo para satisfacer las necesidades de consumo.

Los principales perjudicados no son aquellos trabajadores que disfrutan de rentas altas o se encuentran cerca de la renta modal sino aquellos que se encuentran con la necesidad de incorporarse en el mercado laboral legal y que la barrera de entrada vía SMI les impide, a toda costa, su acceso, permaneciendo en el paro o el mercado negro.

Es muy fácil de entender. Para que se produzcan contrataciones un empleo debe generar más para la empresa que el coste asumido. Si se establece un coste mínimo legal, el empresario debe seguir rentabilizando ese coste si no quiere imputarse pérdidas contra el capital de su empresa el proceso de contratación.

Cuánto mayor sea el nivel del coste mínimo legal que establece el SMI, más difícil es rentabilizar ese puesto de trabajo y por lo tanto, más difícil es contratar. De ahí que durante 2019, hayamos presenciado pésimos resultados del sector agrícola, jóvenes o inmigrantes específicamente. No es casualidad.

Recordemos que no son esos 900 euros el coste del trabajador sino que hay que añadir las cotizaciones sociales que se suman al global del coste laboral. Anteriormente a la subida del SMI, el empresario debía rentabilizar algo más de 1.200 euros por trabajador. Tras la subida, los niveles mínimos escalaron a 1.540 euros. Si no se rentabiliza, no tiene sentido mantener esos trabajadores en plantilla y se reparte esa carga laboral con el resto de los trabajadores, haciéndolos más productivos por unidad de tiempo y permitiendo la rentabilidad.

Si se pretende seguir incrementando los costes laborales las consecuencias serán las mismas: Menos oportunidades para los trabajadores menos productivos, aquellos que tiene mayores necesidades para incorporarse al mercado laboral legal.

Derogar la flexibilidad laboral para volver a mecanismos de rigidez

La subida del SMI se consiguió realizar gracias a un Real Decreto Ley del Gobierno de Sánchez, pero recordemos que los objetivos del nuevo Ejecutivo son más ambiciosos y quieren acabar con la reforma laboral existente. Esto quedó especificado en el punto 1.3 del acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.

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Probablemente uno de los aspectos más interesantes de analizar es que la actual legislación laboral prevalece al convenio de empresa frente al convenio sectorial, lo que concede una mayor capacidad de ajuste según la empresa a la que nos refiramos para pactar las condiciones laborales, es decir flexibilidad laboral.

Si volvemos a convenios laborales marcados por el sector, tal y cómo se apunta en el pacto, muchas empresas, dentro de las pymes españolas, no serían capaces de alcanzar esos estándares regidos por el sector. Y si no puede adaptarse, o bien se extingue la empresa (y los trabajadores que integran la fuerza laboral) o bien opta por esquivar, de forma irregular y asumiendo el riesgo legal del convenio sectorial, manteniendo la empresa activa.

Volver a una legislación laboral responsable de un paro estructural del 18% mantenido en la etapa democrática de España, es un error. Y hoy, con nubarrones económicos en el horizonte no es el mejor momento para revertir aquello que ha funcionado y volver a poner trabas al buen funcionamiento del mercado laboral.

Tasa Paro Esp Ine Epa

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