Gobierno – Negocios e Inversiones

El peculiar europeísmo de los españoles

mayo 9, 2023

Un 9 de mayo, hace 73 años, se firmó la Declaración Schuman, origen institucional de la Unión Europea, a la que España se incorporó en 1986 (cuando su denominación oficial era la de “Comunidades Europeas”). En estos casi 40 años tan llenos de todo tipo de vicisitudes que la han transformado profundamente, la sociedad española ha dado repetidas muestras de un considerable apego a Europa, ganándose el calificativo de “europeísta”. Así se volvió a resaltar el pasado 23 de marzo, en la presentación del informe del último Eurobarómetro, encuesta de opinión realizada en los 27 Estados miembros de la UE en el arranque del año 2023¹. De entre los resultados de esta encuesta, la Representación en España de la Comisión Europea destacó particularmente dos: nueve de cada diez españoles se sienten (“absolutamente” o “hasta cierto punto”) ciudadanos de la Unión Europea, y tres de cada cuatro suscriben (más o menos rotundamente) la afirmación según la cual la UE debería aumentar su margen para adoptar decisiones.

Efectivamente, España presenta porcentajes de respuesta comparativamente muy altos en esas dos preguntas del Eurobarómetro. Por una parte, el 45 % de los encuestados españoles afirman sentirse “absolutamente” ciudadanos de la UE, porcentaje igual o muy próximo a los que arrojan los países nórdicos (Suecia: 45 %, Dinamarca: 44 % y Finlandia: 42 %), solo rebasado por Luxemburgo (51 %) y Malta (46 %) (Gráfico 1). Por otra parte, más de un tercio de los entrevistados españoles (35 %) se declara “totalmente” de acuerdo con la afirmación: “Se deberían tomar más decisiones a nivel de la Unión Europea”; una proporción superada por un único país, Chipre, cuya población (inferior a un millón de personas) respalda esta afirmación en un 48 % (Gráfico 2). Atendiendo, por tanto, a estas dos preguntas, España sería, de entre los Estados miembros “grandes” (por población), el más europeísta.

Ahora bien, el porcentaje de quienes en España manifiestan confianza en la UE (45 %) —si bien más alto que el observado en Francia (33 %), Grecia (37 %) y Eslovaquia (37 %)— resulta moderado cuando se compara con los que arrojan Dinamarca (71 %), Lituania (65 %), Portugal (64 %), Malta (63 %), Suecia (63 %) o Irlanda (61 %), asemejándose a los observables en Alemania (45 %), Italia (44 %) o Austria (44 %) (Gráfico 3). También la confianza de los españoles en las principales instituciones de la UE (como el Parlamento Europeo y la Comisión) se sitúa, más bien, en un rango entre moderado y bajo (Gráfico 3). Por lo demás, un dato que llama poderosamente la atención es el que da cuenta de la frecuencia con la que los españoles conversan con amigos o familiares sobre cuestiones relacionadas con la política europea: el porcentaje de quienes “nunca” hablan sobre estos temas alcanza el 53 %, el más alto de toda la UE (Gráfico 4)².

Así pues, desde una perspectiva comparativa, la presencia de Europa en el “espacio de pensamiento y comunicación” de los españoles es modesta, como también lo es la valoración que hacen de las instituciones europeas. ¿No resulta entonces un tanto paradójico el masivo apoyo que manifiestan a favor de que la UE asuma más poder de decisión? El mismo Eurobarómetro abre una vía explicativa de esta paradoja al ofrecer datos sobre la confianza que las instituciones políticas nacionales generan en los ciudadanos.

Esos datos muestran con claridad la acusada desconfianza de los españoles en sus instituciones políticas. Así, el 90 % de los encuestados tiende a desconfiar de “los partidos políticos nacionales”, el porcentaje más alto de toda la UE. Ciertamente, en todos y cada uno de los 27 países que forman la UE, la proporción de personas que desconfían de los partidos políticos supera a la de quienes confían en ellos, pero en algunos (como los nórdicos o los Países Bajos) la diferencia entre ambos grupos (el de quienes tienden a confiar y el de quienes tienden a desconfiar) es pequeña o moderada, mientras que, en otros (como los meridionales), es muy abultada. A la cabeza de estos últimos se encuentra España, país que registra la mayor diferencia entre ambos grupos (83 puntos); dicho de otro modo, por cada persona que confía en los partidos políticos españoles, nueve desconfían de ellos (Gráfico 5).

En cuestión de confianza en el Parlamento nacional, España (con Bulgaria y Eslovaquia) forma parte del trío de países con porcentajes más altos de ciudadanos que tienden a desconfiar del Legislativo. Casi cuatro quintas partes de los encuestados españoles así lo reconocen (78 %). Aunque el Parlamento (nacional) es una institución que, en gran parte de los Estados miembros, cosecha porcentajes de desconfianza más altos que de confianza, se desvían de esta pauta los países nórdicos, donde la confianza en el poder legislativo de la nación es especialmente destacable (Suecia: 68 %; Dinamarca: 63 %; Finlandia: 63 %), seguidos de Luxemburgo (56 %), Irlanda (49 %) y los Países Bajos (48 %). En España, solo una sexta parte de los entrevistados (16 %) expresa confianza en el Parlamento nacional; es decir, no llegan a dos los ciudadanos que confían del Parlamento, por cada ocho que desconfían de él (Gráfico 5).

El cuadro de desconfianza institucional se completa con los resultados de la pregunta sobre el Gobierno nacional. España vuelve a quedar incluida en el grupo de países con porcentajes más elevados de ciudadanos que desconfían de su Gobierno: así lo manifiesta el 73 % de los encuestados, porcentaje en el que coincide con Grecia, solo superado por Eslovaquia (82 %), Croacia (75 %) y Rumania (74 %). Son pocos los países en los que los ciudadanos que confían en el Gobierno prevalecen sobre los que desconfían de él (Luxemburgo, Dinamarca, Irlanda, Malta y Finlandia), pero también son pocos los que presentan porcentajes de estos últimos (desconfiados) que exceden en más de 40 puntos a los porcentajes de los primeros (confiados): Eslovaquia, Croacia, Rumanía, Francia, Grecia, Bulgaria y España (Gráfico 5).

Los datos expuestos hasta aquí sugieren que ese amplio respaldo a una UE con más poder decisorio expresado por los encuestados españoles se nutre, en buena medida, de la desconfianza hacia las instituciones políticas nacionales. Se entiende así mejor la reivindicación de una mayor capacidad de decisión de la UE, aun cuando el nivel de confianza de los españoles en ella y en sus principales instituciones, así como la atención que prestan a las cuestiones europeas, disten significativamente de las observadas en otras sociedades; en particular, en las nórdicas, pero también en Portugal e Irlanda, países que ostentan niveles de confianza hacia sus instituciones nacionales notablemente más altos que España.

En definitiva, una variante del “efecto Mateo” cobra forma en cuestión de confianza en las instituciones nacionales y europeas: las sociedades que muestran más confianza en las instituciones europeas también presentan porcentajes altos de confianza en las instituciones nacionales; y las que manifiestan escasa confianza en las instituciones europeas, por lo general, tampoco exhiben altos niveles de confianza en las instituciones nacionales. Ambas confianzas parecen funcionar de manera más complementaria que sustitutoria. La mayor confianza en las instituciones europeas no se consigue a costa de una menor confianza en las instituciones nacionales; antes bien, parece que una y otra se retroalimentan.

^[1]El Eurobarómetro 98 recoge las opiniones de 26.468 ciudadanos europeos. La muestra representativa de la población española (de 15 o más años) encuestada incluye a 1.011 personas. El trabajo de campo de las diferentes encuestas nacionales se llevó a cabo entre el 12 de enero y el 6 de febrero de 2023.

^[2]Bien es cierto que también son los que afirman en mayor proporción no conversar “nunca” con familiares y amigos sobre cuestiones políticas nacionales: 41 %.

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Las líneas de defensa necesarias para evitar una nueva crisis financiera

abril 21, 2023

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Han sido oportunas las palabras del Gobernador del Banco de España –y Presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea–, Pablo Hernández de Cos, hace unos días con motivos de las reuniones del FMI en Washington. Apuntaba que para evitar nuevas sacudidas financieras era necesaria una mayor implicación de gobiernos, banqueros y accionistas. Cierto es que, cada uno con su gorro (sus mandatos), son líneas de defensa. Palabras pertinentes porque siempre que hay procesos de inestabilidad económica o financiera llega el momento de repartir culpas.

En Estados Unidos, ese día de ajuste de cuentas (day of reckoning) está generando no pocas controversias. Qué menos, teniendo en cuenta que, desde la crisis financiera, se había asumido que la supervisión bancaria en tierra estadounidense había mejorado de forma notable. Algunos señalan que la culpa exclusivamente es de bancos como SVB, porque su gestión era deficiente. Parece algo simplista. Un mal gestor siempre debe ser detectado por el supervisor. Tampoco es aceptable (aunque históricamente irrebatible) la idea de que los bancos gestionan riesgo y, como tales, la incertidumbre los acompaña y, a veces, zarandea. Para evitarlo se diseña y rediseña la regulación y la supervisión bancaria. Por supuesto, hay quienes miran directamente a la Reserva Federal de Estados Unidos para preguntar cómo es posible que estos episodios de inestabilidad financiera ocurran cuando proceden de fallos de gestión y de reporte básicos. No se trata de operaciones financieras complejas de dudosa innovación, sino de errores de primer curso de banca que no deberían haberse permitido. Tampoco faltan los que miran al supervisor estadounidense que, tras grandes alharacas al comprobar las consecuencias de la crisis financiera, emprendió una reforma que se consideraba ambiciosa, la Dodd-Frank Act, con nombre Wall Street Reform and Consumer Protection Act de 2010.

Sin embargo, la Administración Trump aligeró enormemente en 2018 la carga regulatoria y de cumplimiento normativo a los bancos regionales y de dimensión mediana y pequeña, con la Economic Growth, Regulatory Relief, and Consumer Protection Act. Esto pudo haber creado una laguna en el perímetro supervisor que facilitó la crisis del SVB. Asimismo, Estados Unidos cuenta con un número demasiado amplio de agencias supervisoras a distintos niveles territoriales, que pueden haber facilitado los problemas que han tenido algunos bancos medianos. Eso sí, cuando arrecian tempestades, todos miran a la Reserva Federal pidiendo grandes ayudas. En esta ocasión, como en otras anteriores, con un gran cañón de liquidez.

Europa, afortunadamente, parece alejada de este galimatías regulatorio del otro lado del Atlántico. Ha permitido afrontar las últimas turbulencias financieras con mayores fortalezas relativas. En todo caso, hay que aprender de las lecciones de lo acontecido en otras latitudes.

Luego están los que, desde un prisma más amplio, identifican otras causas. La principal es que la acumulación de deuda y su renegociación han sido muy sencillas en épocas en las que los tipos de interés han sido nulos o negativos. Era terreno inexplorado de consecuencias imprevisibles. A nadie pilla desprevenido buena parte de lo que pasa cuando los tipos han subido. Todas aquellas empresas que no eran demasiado solventes y sobrevivían con deuda casi gratuita se las ven y se las desean ahora. Aquí también hay muchas categorías de predicción dentro del mismo problema. Para algunos, esto es sólo el principio de una gran crisis de deuda en la que cada cual (familias, empresas y Gobiernos) va a tener que demostrar su viabilidad y credibilidad, pero ya sin dinero barato ni protección indefinida de los bancos centrales. Para otros, es solo una transición necesaria en la que algunos van a sufrir, pero el sistema funcionará y la normalización financiera se acabará imponiendo.

Para completar la lista de diagnósticos, no podemos olvidar que la economía de todo el mundo está viviendo una transición hacia un modelo más verde y digital, pero también más automatizado. El debate actual sobre el papel de la inteligencia artificial es tan apasionante como inquietante, a la vista de las enormes capacidades existentes ya, cuando esta tecnología apenas está en sus primeras fases de desarrollo.

Con este panorama, uno se imagina a un banquero central, la estrella del rock-and-roll económico de las dos últimas décadas, que comienza a sentirse cansado de ser cabeza de cartel en los conciertos. Tienen el gorro de autoridad monetaria y, a menudo, el de supervisor bancario. Algunos tienen competencias cuasi-fiscales y otros, incluso sin tenerlas, son los que suplen las cosas que no hacen los Tesoros de los países. Muchos gorros.

No sorprende, en este contexto, la comentada llamada de algunos de los responsables de estas instituciones monetarias proponiendo repartir un poco las cargas. En el fondo, se trata de líneas de defensa para evitar nuevos episodios de inestabilidad financiera. Que cada cual asuma su gorro. Las empresas y bancos en su responsabilidad corporativa y adecuado reporting, las familias aprovechado las oportunidades que existen para mejorar su cultura financiera y tomar decisiones adecuadas de gasto y ahorro. Pero también los Gobiernos, asumiendo que esto va con ellos. No solo la inflación, que parece siempre algo externo sobre lo que intentan protegernos, cuando en realidad muchas de sus políticas alimentan el fuego de los precios. También en la adecuada sintonía y pedagogía para hacer entender la solidez económica y financiera allí donde la hay y la necesidad de ser prevenidos y cautos ante un mundo que cambia muy rápido. Luces largas para todos y no solo para los banqueros centrales.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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El Gobierno ha renunciado a intentar solucionar el problema de la vivienda en España y ha decidido que solo haya perdedores

abril 16, 2023

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Los socios del gobierno ERC y Bildu han presentado el proyecto de ley de vivienda que han acordado con el gobierno. Este proyecto de ley regula muchos temas del alquiler, que detallaremos a continuación, pero lo que acaba de hacer no es sino destrozar el mercado de la vivienda en alquiler y no solucionar el problema.

La propuesta de la vivienda va a regular un montón de aspectos. Desde el porcentaje de vivienda que deben ser públicas a lo que se va a poder aumentar el alquiler de la vivienda. Pero esta sobrerregulación se ha probado ya y los resultados no han sido buenos. No ha abaratado la vivienda, especialmente la de los más vulnerables y ha reducido la oferta de vivienda disponible.

El nuevo proyecto de ley de vivienda

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El nuevo proyecto de ley contempla medidas de limitación de precios, medidas de regulación de los desahucios, medidas de regulación de vivienda pública y medidas fiscales. También de regulación de las agencias inmobiliarias. Aquí se regula que los honorarios de las agencias inmobiliarias debe pagarlos el vendedor de la vivienda o el arrendatario.

En limitación de precios se define zona tensionada como una en la que se cumpla una de las dos condiciones: que los alquileres se encareciesen tres puntos por encima de la inflación en los últimos cinco años o que supongan más del 30% de media de los ingresos de los inquilinos. Estas se declararán por el gobierno o las comunidades autónomas y tendrán una duración mínima de tres años. En las zonas tensionadas se aplicarán medidas para evitar el encarecimiento del alquiler y se establecerán topes para la actualización de los precios.

Si ya en 2023 se limitó el crecimiento de los alquileres en un 2%, para 2024 se limitará en un 3% en las zonas tensionadas y a partir de ahí en lo que determine el gobierno o la Comunidad Autónoma según un índice por determinar. Que estará basado en los intereses electorales del gobierno, claro está. De momento se avisa que irá por debajo del IPC.

Poseidon Gran Tenedor

Poseidon, Gran Tenedor de Vivienda

Se modifica la definición de Gran Tenedor de vivienda. Bajándose de diez a cinco viviendas para modificar como operan los “fondos buitre” en España si las Comunidades Autónomas lo desean. Esto denota una ignorancia de que para que un fondo sea rentable no tiene ni cinco ni diez, sino cientos de viviendas. No tiene sentido hacer cálculos de rentabilidad para unas pocas. Esto es una restricción que va dirigida a medianos propietarios.

Además se prorrogarán los procesos de lanzamiento (desahucios) que prolongarán estos periodos por más de dos años. Los grandes tenedores estarán sometidos a procesos de mediación extrajudicial que determinen las Comunidades Autónomas.

Se espera que haya medidas fiscales, que aunque no han trascendido en un borrador de 2022 como destaca fotocasa eran las siguientes:

Deducción del 50% para quienes alquilen la vivienda
Deducción del 70% para quienes alquilen la vivienda a jóvenes entre 18 y 35 años
Deducción del 90% para circunstancias especiales (como áreas tensionadas o que bajen el alquiler un 5%).

Por otro lado los ayuntamientos podrán poner un recargo en el IBI de hasta el 150% a viviendas vacías durante dos o más años para aquellos propietarios que tengan más de cuatro viviendas en un mismo municipio.

También se quiere impulsar la vivienda de alquiler haciendo que las nuevos desarrollos tengan un 30% de vivienda social, la mitad de ellas destinadas a alquiler social, e impedir que las viviendas de alquiler público y en general la vivienda protegida pierda esta afectación. Es decir, los nuevos desarrollos de vivienda libre acabarán subvencionando la vivienda pública.

La regulación de las inmobiliarias puede tener sentido si es quien les ha contratado, pero aparte de eso, el resto de puntos por los que pasan son un disparate.

El control de precios no ha funcionado, ni en España ni en el extranjero

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En cierto modo esta ley nos puede recordar a la ley catalana de la vivienda y las medidas que impuso la administración de Ada Colau en Barcelona. ¿Han funcionado? Lo cierto es que no, según un reciente estudio en Cataluña aunque si disminuyó de media el alquiler (un 5%), subieron los alquileres más bajos y bajaron los más altos.

Además disminuyó el número de alquileres en todas las zonas, salvo los alquileres de precio alto y muy alto en las zonas en las que no se aplicó la regulación. Es decir, disminuyó la oferta y sólo benefició a los inquilinos más pudientes que se encontraron precios más bajos y más oferta.

Otros estudios como los realizados en Berlín, Massachussets o San Francisco han visto como los propietarios acaban intentando sortear las medidas (por ejemplo reformando la cocina como se hizo en Berlín que permitía entonces subir el alquiler). Al final la regulación berlinesa acabó siendo retirada. Si es cierto que acaban frenando la gentrificación, aunque muchas viviendas salen del mercado de alquiler para ir al de compraventa. Eso hace que los ganadores sean aquellos que han tenido suerte, aunque muchas veces acaban no yéndose de la vivienda aunque les gustaría por “no perder el chollo”. Es decir, acaban siendo víctimas también de la regulación.

Si se quiere resolver el tema de la vivienda, la solución ha sido construir donde la gente quiere vivir

Singapur (de cuyo modelo de vivienda hemos hablado) y Viena han resuelto el problema de la vivienda en sus respectivas zonas. En ambas ciudades se ha conseguido a base de construir vivienda y poner la disposición del público. En Singapur mediante venta durante periodos de 99 años, en Viena mediante alquiler por parte de la propia administración pública que es el casero de la mayor parte de los vieneses. Pero en estas ciudades no se limita que pueda haber una oferta más cara.

Es decir, sin una fuerte partida presupuestaria por parte del gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos, dudo mucho de que vaya a haber un efecto real y que los impactos negativos serán peor a largo plazo para los inquilinos.

A lo que nos vamos a enfrentar es que el mercado del alquiler queda destruido por décadas. Los inversores se van a plantear mucho alquilar viviendas. Incluso aunque se retire la regulación en años, acabará siendo un riesgo ¿y si se vuelve a poner una regulación de este tipo al igual que la hubo con los alquileres de renta antigua durante muchos años en los que familias pagaban pocos euros por una vivienda ya que no se había actualizado en muchos años.

Pregunta a los lectores ¿cómo solucionarían el problema de la vivienda?

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El Gobierno sólo prevé aprobar tres normas tributarias en 2023

febrero 17, 2023

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Los movimientos en el Gobierno no cesan, desde donde se continúa trabajando de cara al nuevo año. El pasado ejercicio del 2022 nos dejó sobre la mesa una extensa e importante carga e de reformas de tipo fiscal, y lejos de seguir con la tónica, todo parece indicar que en el 2023 la sintonía será otra.

De este modo, según recoge el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2023 hecho público y que ha coordinado el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y que se ha elaborado con iniciativas de los departamentos del mismo Ministerio, está previsto para este nuevo año aprobar únicamente tres normas de tipo tributario entre las que conforman el total.

En el Plan Anual Normativo se presentan las iniciativas de tipo legal y reglamentarias que los órganos ministeriales tienen la previsión de llevar en 2023 al Consejo de Ministros para su aprobación, tal y como se dispone en el artículo 2 del Real Decreto 286/2017 de 24 de marzo.

El Plan Anual Normativo introduce en 35 de todas las iniciativas presentadas, cambios por las disposiciones europeas, para así de esta manera ajustar el derecho interno al comunitario.

De dicho documento se extrae la previsión de aprobar en 2023 un total de 117 iniciativas normativas concretadas a través de tres leyes orgánicas, 33 leyes ordinariasy 81 reales decretos. Las tres leyes orgánicas corresponden al Ministerio de Justicia, una gran parte de los Real Decretos son para el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y al Ministerio de Transición Ecológica y reto Demográfico, y el común de las 33 leyes de carácter ordinario y Reales Decretos se reparten entre diferentes ministerios.

En lo referente a reformas tributarias te contamos cuáles son esas tres normas que recoge el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado:

Ley para la superposición del artículo 4 de la Directiva ATAD

El fin último de este proyecto es la culminación de la transposición del artículo 4 de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo del 12 de julio de 2016. Con este proyecto el Gobierno pretende instaurar normas contra las prácticas de elusión fiscal que aluden sobre el funcionamiento del mercado interior y que hace referencia a la limitación de intereses del Impuesto sobre Sociedades.

Se contempla en este sentido, que los Estados miembros que tengan normas nacionales específicas para impedir los riesgos en materia de erosión de la base imponible a fecha de 8 de agosto de 2016, se les permitirá concluir sus propias normativas hasta que finalice el primer ejercicio presupuestario siguiente a la fecha de publicación del acuerdo entre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Ley del mercado de tabacos

Se ejecutará una reforma de la Ley 13/1998 del 4 de mayo de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria con el fin de modernizarla. La intención es reforzar el cumplimiento total de los tratados y los convenios internacionales impuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que guardan relación con el tabaco y las normas europeas, tales como la Directiva de Productos de Tabaco 2014/408/UE y el Reglamento de Vigilancia del Mercado 2019/1012/UE.

Con ello se pretende legislar el mercado de tabaco y sobre todo, luchar contra cualquier tipo de comercio ilícito. Para tal fin se incorporarán medidas para ayudar a controlar la cadena de distribución, vigilar los incumplimientos de la normativa y asegurar la legalidad de los productos que llegan a las manos de los consumidores.

Ley de presupuestos generales del Estado para 2024

El Plan Anual Normativo contempla también la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del año 2024, para de esta manera asentar lo referente a política económica y presupuestaria, entre los que se incluyen las modificaciones de la normativa tributaria para habilitar dichos presupuestos.

Otras normas del Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado

El Plan del Estado recoge así mismo otro conjunto de normativas, que aunque de otro calibre, sí que guardan relación con los aspectos tributarios. Hablamos de normativas referentes al reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, la facturación electrónica para el crecimiento de las empresas y a la regularización de los instrumentos operativos para la administración digital de la Administración General del Estado.

Además la lista se completa con la reforma del código de comercio, el desarrollo del Estatuto de la Startup de estudiantes para las prácticas empresariales, la aprobación del Estatuto de la Agencia Estatal de Administración Digital, y la referente a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.

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El Gobierno va a retirar el descuento de 20 céntimos en combustibles y es una buena idea

diciembre 20, 2022

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El Gobierno está preparando una batería de medidas anticrisis que se aprobará previsiblemente en un Consejo de Ministros extraordinario el 29 de diciembre. Entre dichas medidas, que todavía no están muy claras, habrá una que afectará negativamente a mucha gente: la retirada de los 20 céntimos de descuento en combustible.

La idea es que a partir de enero dicho descuento sea específico para unos sectores concretos, como agricultores, ganaderos, transportistas o pescadores. Es decir, aquellos sectores en los los combustibles caros tienen mayor impacto en la inflación. Y esta retirada, por mucho que perjudique a mucha gente, es una buena noticia.

La excepción no puede quedarse para siempre

El descuento en carburantes ha sido una de las medidas que ha usado el Gobierno para reducir la inflación y para ayudar al público general a superar la crisis de la subida de precios, especialmente los energéticos.

Sin embargo era una medida excepcional y por tanto debe ser retirada en algún momento. Después de la bajada de los precios de los carburantes hasta niveles más normales (aunque sigan altos), es un buen momento para retirar la medida.

Hay que recordar que las medidas excepcionales deben ser eso, excepcionales, y retirarse en algún momento. Y así como en su día criticamos que prorroguen la limitación de las subidas de los precios de alquileres, ahora aplaudimos que retiren esta medida.

El principal problema de esta medida es que, aunque alivia a las familias, en el fondo no estamos dejando que la principal señal que tiene el mercado para avisar de escasez, los precios, llegue de forma completa. Y por tanto se subvenciona una demanda que además no es positiva para la economía, pues todo el petróleo que consumimos es importado.

Como medida temporal estuvo bien pues la demanda de combustibles es bastante inelástica y ya ha habido tiempo para que los consumidores cambien sus hábitos, y además la medida amainó la subida de los combustibles en los momentos más complicados.

El coste de la medida

Por otro lado esta subvención a los combustibles ha sido bastante cara. Ha superado los 5.000 millones de euros y esto es un coste de oportunidad importante: estos 5.000 millones se podrían usar para otros menesteres (o directamente para reducir déficit lo cual sería una buena noticia ahora que suben los costes de financiación).

Por tanto estamos ante una medida cara, que ya no tiene tanto sentido y que además impide que las señales que manda el mercado a los consumidores lleguen correctamente. Es hora, una vez pasado lo peor, de retirar la medida.

Así invierte el gobierno de Singapur

noviembre 27, 2022

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Singapur es uno de los países más ricos del mundo, al menos términos per cápita. El bienestar y crecimiento económico están imbricados en la política desde su nacimiento. La autobiografía de Lee Kuan-Yew, el inventor del Singapur moderno, se llama de tercer a primer mundo. Además de esto, el gobierno de Singapur tiene importantes inversiones en todo el mundo.

De hecho voy a apostar, estoy seguro de que has usado algún producto producido por una empresa en la que Singapur tiene intereses económicos. ¿No me crees? Sigue leyendo.

Así empezó invirtiendo Singapur

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Singapur se independizó en 1965 de la Federación Malaya tras bastantes conflictos y ser expulsado (entre otros había miedo de que Lee Kuan-Yew acabara siendo primer ministro de Malaysia). En ese momento había mucho escepticismo sobre la capacidad del joven estado de sobrevivir, siendo un pequeñísimo país sin apenas recursos.

Poco a poco el fuerte crecimiento económico impulsado por las políticas de atracción a empresas multinacionales, fue haciendo que bajo la autoridad monetaria de Singapur (que funciona como su banco central) se fueran creando muchas reservas de divisas. Se consideró entonces que era necesario invertir las mismas para asegurar el futuro del país. De aquí surgieron dos de los tres mecanismos de inversión de Singapur : la autoridad monetaria (MAS) y el Fondo Soberano GIC Private Limited (Government of Singapore Investment Corporation). Este último fue establecido con asesoría del banco británico Rothschild.

Por otro lado, originariamente el gobierno de Singapur tenía la propiedad de empresas antes de su independencia. Por ejemplo las Malaysia-Sinagapore Airlines (germen de la actual Singapore Airlines), la Singapore Telecommunications Board (actual Singtel). Estas participaciones se consolidaron en 1974 en Temasek Holdings, una empresa privada cuyo único accionista es el Ministerio de Finanzas. Pero Temasek no se ha constituido como una empresa pequeña, sino que cada vez más controla empresas estratégicas del mundo.

GIC Private Limited – El fondo soberano de Singapur

Gic Returns

En junio de 2022 GIC gestionaba un portfolio de 690.000 millones de dólares. Su portfolio está dividido en diferentes categorías. Se intenta tener activos de alto crecimiento y también otros más defensivos como deuda soberana que protejan el portfolio cuando los mercados caen. En cierto modo no es diferente de lo que hacen muchos inversores institucionales o personas individuales y que se recomienda: diversificar.

El portfolio de GIC está constituido (según su último informe anual) por un 25-30% de efectivo y bonos, un 20-30% por equities (acciones) de empresas de países desarrollados, un 15-20% de acciones de empresas enpaíses emergentes, un 11-15% de acciones de empresas no cotizadas, un 9-13% de bienes raíces y un 4-6% de bonos indexados a la inflación.

Por geografías GIC invierte principalmente en Asia (24% y un 8% en Japón) y Norteamérica (34%). Por otro lado tiene un 9% en la eurozona, un 5% en Reino Unido, un 5% en oriente medio y África, un 3% en Latinoamérica y un 10% que deja como “global”. No obstante, no buscan invertir por geografía, sino que monitorizan su diversificación geográfica.

¿Y cuánto gana Singapur? En el periodo 2001-2021 obtuvo un retorno anualizado del 4,3% anual, lo que no está mal si consideramos que es por encima de la inflación global.

Temasek Holdings – construyendo el imperio inversor de Singapur

Temasek Returns

Temasek era el nombre que se registra en la literatura china, javanesa y malaya del asentamiento que había en la isla de Singapur. Hoy en día ese nombre se usa por algunas instituciones. Temasek Holdings ha sido descrito como un fondo soberano, pero ese lugar oficialmente es el de GIC. Es posible que oigas hablar de Temasek por primera vez en tu vida, pero estoy seguro de que eres cliente (directo o indirecto) de alguna de las empresas en las que invierte Temasek.

¿Tienes ETFs del S&P500 Blackrock? Temasek es dueña de más del 3% de Blackrock y de algo menos del 1% de S&P Global, la empresa que hace el índice. ¿Has viajado con Singapore Airlines? Temasek la controla. ¿Tienes un ordenador Dell, compras en Aliexpress o te has alojado en un AirBnB? Temasek inverte en ambas empresas. ¿Has usado un medicamento de Bayer o te pusieron la Vacuna de Pfizer-Biontech? Singapur tiene el 3% de Bayer y el 2% de BionTech ¿Has pagado con tarjeta VISA o Mastercard? Temasek tiene inversiones en ambas empresas. Eso no significa que Temasek siempre gane, por ejemplo tenían algo menos del 1% del quebrado Exchange de criptomonedas FTX.

¿Y cuánto gana Temasek? Digamos que los retornos de Temasek aunque siguen siendo buenos, han ido disminuyendo con el tiempo. Entre 2003 y 2022 tuvo un retorno medio del 8%, con picos de 46% en 2004 y -30% en 2009. En el último año (marzo de 2022) tuvieron un retorno del 5,81%, por debajo del 14% anual si se piensa desde su fundación en 1974. Es decir, ha ido disminuyendo a medida que se han ido haciendo más grandes y han ido creciendo. Lo que es normal, las oportunidades se hacen más difíciles.

Pregunta a los lectores, ¿creen que un instrumento de inversión como GIC o Temasek funcionaría en su país? ¿Por qué?

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El Gobierno deja sus medidas estrella en manos de la negociación social… Y esto tiene un problema

enero 4, 2022

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La reforma laboral ya se ha aprobado. Una de las medidas estrella del Gobierno de coalición ya ha salido después de meses de negociación con los agentes sociales. Un acuerdo que el Ejecutivo celebra como un logro, pero que no es ni de lejos lo que quería.

Se trata de una reforma muy tibia que deja la posición del mercado laboral español prácticamente igual que estaba, siendo las medidas bastante conservadoras para tratarse de un gobierno de coalición de izquierdas.

Y la reforma es solo el primer ejemplo de lo que se viene. Porque nos deja una enseñanza más allá de su contenido: el Gobierno ha fiado sus medidas estrella en materia económica a la negociación colectiva. Algo que, en principio, está muy bien, pero que puede generar un problema social.

Veamos por qué.

¿Qué pasa con los más vulnerables?

En concreto, el Gobierno acaba de anunciar que no va a subir el salario mínimo antes de que acabe el año, algo que también estaba entre sus planes y anunciaba Yolanda Díaz hace unos meses a bombo y platillo.

Sigue estando en sus planes hacerlo, pasando de los 965 actuales a 1.000 euros en 2022 y 1.045 en 2023. Pero no quiere abordarlo por Real Decreto, sino negociando de nuevo con los agentes sociales. Tan contentos están con el resultado de la reforma que no quieren jugársela y prefieren acordarlo con empresarios, por un lado, y sindicatos, por otro.

Y todo eso sería fantástico si estuviesen en ambos bandos bien representados los intereses de uno y otro colectivo. El problema es que esto no es así.

Porque los intereses de los más vulnerables no están representados en estas negociaciones. Si lo estuvieran, la reforma laboral recién firmada no tendría este resultado.

La cuestión es que los afiliados a sindicatos y con acción en este ámbito suelen ser empleados con antigüedad y en puestos que no corren peligro. Bien sabemos con lo que ocurre con los empleados sindicalistas en determinados sectores o empresas, por lo tanto, quienes están afiliados a un sindicato suelen ser trabajadores que no van a perder su trabajo por este motivo.

Por otra parte, la de las empresas, hablamos de compañías grandes, con músculo, las cuales no tienen tantos problemas en cambiar contratos, subir sueldos o mejorar su burocracia interna. Pero claro, no es lo mismo una multinacional que una PYME, donde quizá solo hay un jefe para ocuparse de todo.

Por lo tanto, negociar no representa a los extremos más vulnerables de la cadena. Esos que el Gobierno siempre ha prometido proteger, pero que con estas negociaciones pueden quedar más desamparados. Al final, la acción sindical en este país es muy tibia si la comparamos con otros de nuestro entorno y muchos trabajadores no se sienten representados por los sindicatos mayoritarios, que son los que negocian.

De esta forma, aunque la voluntad del Gobierno es buena, quizá en algunas cuestiones debería abordar los cambios de motu proprio si quiere que sus medidas lleguen a los colectivos que más lo necesitan.

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El Gobierno presenta una reforma laboral que podría haber firmado el PP

diciembre 25, 2021

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Habemos reforma. Un día antes de Nochebuena, Gobierno, patronal y sindicatos alcanzaron el primer acuerdo laboral de la democracia, un logro que hay que reconocer a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la cual lleva con este tema entre manos muchos meses.

Era una de las grandes promesas del Gobierno de coalición: derogar la reforma laboral del PP y presentar un nuevo marco regulatorio para las relaciones entre empresa y trabajadores. Si bien, a tenor de los resultados, más parece que el Ejecutivo ha derogado la reforma del PP...para aprobar otra que bien podría también haber sacado adelante el PP.

¿Hay cambios sustanciales? ¿Realmente se va a poder poner coto a la temporalidad -uno de los grandes objetivos, por no decir el principal-, con estas medidas?

Que todo cambie...para que nada cambie

La temporalidad, el aspecto estrella de la nueva reforma. Lo que pretende el Gobierno, y es lo deseable, es que haya una temporalidad tan alta en España (del 26%, según la última EPA, de las más altas de Europa), algo que hace que nuestro país siempre tenga ese lastre de unos 3 millones de parados aunque el ciclo económico sea favorable.

Para ello, este acuerdo ha establecido dos tipos de contratos temporales: los estructurales y los formativos. Como su nombre indica, el primer tipo se usaría para cuando se den las circunstancias empresariales o de producción que así lo avalen, como campañas de Navidad, vacaciones, agrícolas... El tiempo máximo de estos será de 6 meses ampliables a 12 si el convenio lo permite.

Los de formación serán solo válidos para menores de 30 años que hayan finalizado sus estudios en un periodo máximo de 3 años. El objetivo es que se apueste por el contrato fijo-discontinuo, para que la vinculación pueda ser indefinida pero con fluctuaciones.

Pero claro, si tenemos en cuenta que la mayoría de sectores productivos en España están sujetos a la temporalidad y a campañas muy cortas algunos -agrícolas, comercio, turismo...- ¿cómo va a conseguir el Gobierno que se firmen contratos fijos?

Una de las cosas que desde aquí ya comentamos es que sería muy interesante hacer más barato el despido indefinido y que el temporal fuera el más caro, al revés que ahora, lo que incentivaría más la contratación fija. Pero eso finalmente no se ha tacado. Es decir, más de lo mismo.

Otro aspecto que sorprende de esta reforma es el de los convenios que rigen en las empresas. Hasta ahora primaban los de empresa frente a los sectoriales. A partir de ahora...será igual, solo será predominante en del sector para fijar el salario base y los complementos. El resto seguirá siendo cosa de la empresa en lo que respecta a horarios, horas extra, vacaciones, etc.

Una novedad frente a la reforma del PP es que se va a primar la figura del ERTE -a partir de ahora llamado mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo - para que no se recurra a despidos masivos en ciclos desfavorables para las empresas o para un sector. Esto ha funcionado bien durante la pandemia y es algo que conviene mantener.

Pero ¿qué opinan los expertos del acuerdo conseguido? ¿Va a ser realmente efectivo para mejorar nuestro mercado laboral?

Para Manuel Hidalgo, profesor de Economía en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, la valoración sería "mixta: hay elementos positivos y otros que son peores que los que tenemos actualmente". Hidalgo señala que se han disipado posibles amenazas de una reforma laboral "totalmente reaccionaria en comparación con la de 2012, y se han mejorado algunas cuestiones".

Lo positivo estaría, para este experto, en la lucha contra la temporalidad "con la simplificación de las razones para contratar temporal". También ve positivo el sistema RED, pero "me preocupa mucho la cuestión burocrática de su definición, ¿quién lo decide? Además, habría que ver lo rápido que es...pero en general es una buena noticia".

En la parte negativa sería la vuelta a la ultraactividad, "que ya demostró en 2008 ser el mayor problema a la hora de realizar ajustes ante la crisis de las empresas y se tradujo en un aumento del desempleo".

Por lo tanto, tendremos que ver cómo acaba todo, cómo se detalla y, sobre todo, cómo se pone en marcha, para poder valorar si la reforma laboral es eficaz o solo un lavado de cara.

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Por qué las medidas del gobierno para bajar el recibo de la luz son el camino incorrecto

septiembre 15, 2021

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Tras meses contemplando como el mercado mayorista de la electricidad nos ofrecía récord sobre récord en el precio sobre el megavatio hora y ver cómo sus medidas previas habían sido estériles, el Gobierno se ha decidido a actuar contundentemente a través de un paquete de medidas que queda abarcado en el último decreto ley.

Este decreto nace en un determinado contexto. Ayer conocimos que el precio de la electricidad en el mercado mayorista para hoy había pulverizado todos los récords anteriores, quedándose en 172,78 euros el mW hora. Y la factura para los consumidores ha aumentado un 35% en los 12 meses hasta agosto.

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Hasta la fecha, el movimiento por parte del Ejecutivo para paliar la subida lo vimos el pasado mes de junio que ese trato de amortiguar el impacto de la cotización del gas en electricidad y el conjunto de la economía a través de una rebaja impositiva del IVA pasando del 21% al 10% hasta final del año para los suministros de 10 kW. Y, además, se decidió suspender Impuesto sobre la Venta de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) del 7% a la generación durante el tercer trimestre del año.

Las medias que se pone en marcha para combatir el alza de la factura eléctrica no van a funcionar

En estas nuevas medidas que plantea el Gobierno se rebajaría el Impuesto Especial de la Electricidad hasta llegar al 0,5% (mínimo legal) desde el 5,11% y suspender hasta final de año el impuesto sobre el valor de la producción energética eléctrica que tiene un impacto con el 7% grabado en la generación.

Por lo tanto, la novedad en materia fiscal es la rebaja del este impuesto especial que lo recauda el Estado pero es para las autonomías que les repotaba alrededor de 1.500 millones de euros al año. Dado que las autonomías son las perjudicadas, se desconoce si recibirían compensación por otra vía.

Debido a que el Gobierno está ganando vía derechos de emisión del CO2, se busca aumentar en 900 millones de euros la aportación de la recaudación de las subastas de CO2 destinada a cubrir costes del sistema eléctrico hasta los 2.000 millones durante el ejercicio.

El Gobierno está jugando con los derechos de C02, pues van a recibir este año una recaudación récord de 2.300 millones de euros, el doble que la recaudación de este impuesto encubierto que condiciona los costes. Este punto recaudatorio no se va a tocar por lo que el impacto real es muy limitado.

Estas medidas podrían ir en la línea correcta dentro del ámbito de actuación del propio Gobierno. Tarde, poco profundas por la cadena de impuestos del sector que reporta unos 11.000 millones, pero correctas porque implica bajar (insuficientemente) la fiscalidad.

El Gobierno tiene margen dentro de los costes regulados como los vinculados a las redes de transporte y distribución o los costes asociados al fomento de las energías renovables que suponen conjuntamente el 68% de los costes regulados. Son costes políticos que, al igual que sucede las pensiones, se puede imputar parcialmente en los PGE en detrimento de otras partidas presupuestarias.

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Más allá de la fiscalidad: beneficios extraordinarios y topar el gas

Ahora entramos en las medidas más controvertidas. Este Decreto quiere minorar temporalmente los ingresos extraordinarios que está provocando la elevada cotización del gas en algunas centrales eléctricas. En principio, esta medida estaría en vigor hasta el 31 de marzo del 2022, en el momento el que se preverá que los precios del gas retornarán a la normalidad. Una medida puramente recaudatoria que vendría a reportar cerca de 2.600 millones.

El problema es cómo valoras ese "ingreso extraordinario" ¿sobre un diferencial de una media histórica? ¿Una estimación política de lo que deberían ingresar y han ingresado de más? La subjetividad solo genera incertidumbre en el sector, con el riesgo jurídico de que sea tumbado por los Tribunales y no tenga válidez en el ámbito europeo.

Este riesgo puede tener efectos no desados en términos de atracción de capital. Se necesita generar un marco de confianza para inversores, en un momento de salida de la crisis en el que España necesita miles de millones de euros de inversión privada para emprender los proyectos detrás de los ambiciosos objetivos de cambio climático.

La valoración que hacen desde el Ejecutivo es que dado que el precio del megavatio hora se está disparando, se benefician las tecnologías que soportan menores costes dentro de un sistema marginalista, principalmente las nucleares o centrales hidroeléctricas ya amortizadas o con bajos costes y las tecnologías limpias como la eólica y fotovoltaica.

Nuclear

Se nos ha tratado de vender que esos dineros irían a "topar el gas" pero realmente no será así. Tenemos que la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural para familias y pymes actualiza aplicando una fórmula matemática trimestre a trimestre. El Real Decreto-Ley aprobado evitaría un crecimiento del 28% en la próxima revisión fechada el mes de octubre, dejándola en un 4,4% pero no se topa el gas... se difiere el pago "la diferencia se recuperará de un modo asumible en próximas revisiones, a partir de marzo". Lo que no paguemos hoy lo pagaremos mañana.

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El gobierno tenía otras opciones distintas a bajar el IVA de la luz, más redistributivas, con más ingresos para el estado, pero menos populares

junio 23, 2021

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El próximo jueves, en Consejo de Ministros extraordinario, el Gobierno aprobará una bajada del IVA para la factura eléctrica. La rebaja será del 21% actual al 10% para aquellas potencias contratadas inferiores a 10 KW. Por tanto es una rebaja enfocada a las familias y no a las empresas.

La rebaja durará (como mínimo) hasta el 31 de diciembre de 2023 y se aplicará siempre que el precio del mercado mayorista se sitúe por encima de 45 euros /MWh. Actualmente los precios rondan los 90 euros / MWh pero es cierto que a lo largo del año hemos visto precios por debajo del límite fijados por el Gobierno.

Otra medida que entrará en vigor es la suspensión, al menos durante el tercer trimestre del año, del impuesto a la generación eléctrica que es del 7%.

Así nos afectará en la factura

La medida aliviará la factura de dos formas. Por un lado de forma directa, ya que el actual IVA del 21% pasará a ser del 10% y esto es una rebaja de un 9% en la factura.

Por otro lado el impuesto a la generación eléctrica aparece indirectamente en los precios de la energía, aunque no desglosados como tal en la factura debido a que se cobra a las empresas generadoras que a su vez lo repercuten a los usuarios vía precios energéticos más altos.

Entre estas dos medidas podemos estar hablando de una rebaja de aproximadamente un 12% en la factura. Esto implica un alivio de unos 80 euros al año para el usuario medio, que prácticamente compensaría los precios más altos que tenemos debido a diversos factores.

Esta vez no pasará como con el cine

Uno de los miedos que hay entre los consumidores es que esta bajada de IVA no sea repercutida en el consumidor. Existe un ejemplo muy cercano, cuando se bajó el IVA de los espectáculos culturales y los cines no bajaron los precios.

Sin embargo el mercado eléctrico es algo distinto. Por un lado la mayoría de los consumidores están el mercado regulado y las comercializadoras simplemente cobran lo que les indica el Gobierno. Y por otro, los precios que se negocian en el mercado libre son antes de impuestos, por los que un cambio del IVA tendría un impacto directo.

En el caso del impuesto a la generación estamos ante un mercado competido, donde los precios se fijan en base a una subasta en la que intervienen múltiples factores como la demanda, el clima (para la cantidad de renovables que pueden entrar) y el estado de las centrales. Por lo tanto la rebaja de este impuesto repercutirá a la baja en la factura en los clientes con precio regulado, no así en los que estén en el mercado libre.

Por tanto estamos ante una rebaja de IVA y de impuestos que sí que tendrá una incidencia directa en la mayoría de consumidores, no como en el caso del cine donde se pueden variar los precios a decisión de la empresa en cualquier momento.

Las otras opciones

En general cualquier rebaja de IVA me parece una mala medida. Los tipos reducidos del IVA suelen acabar siendo discrecionales y complicados, no hay más que ver las normas que han puesto a este (solo para potencias menores de 10 KW, solo si los precios mayoristas superan cierto umbral). Y por motivos como este tenemos tantos agujeros en los impuestos.

Normalmente la redistribución que tiene que hacer el Estado a los más necesitados debe hacerse vía gasto, no vía ingresos. Es decir, en lugar de complicar la recaudación del IVA y además hacerlo de forma indiscriminada (muchos de los que se beneficiarán de esta rebaja de la factura no tienen problemas para llegar a fin de mes), se puede hacer una actuación enfocada a quien más lo necesita para comprar reseñas google.

De hecho ya existe un mecanismo para evitar que los precios eléctricos afecten a los consumidores vulnerables y se llama bono social. Es decir, los consumidores más afectados por estas subidas ya cuentan con un descuento que puede ir desde el 25% al 50%. Si no es suficiente el Gobierno podría simplemente elevar este descuento de forma temporal y sería más barato.

Si el problema es que en el bono social no están todos los que deberían estar, entonces debería reformarse. Pero también es cierto que existen otro mecanismo para llegar a los más vulnerables y es el Ingreso Mínimo Vital.

El problema es que el Ingreso Mínimo Vital no se ha desplegado de forma rápida y ahí deberían ponerse los recursos. En su día ya advertimos que se podría haber optado por un IMV más general, más rápido de desplegar y que luego fuera compensado en el IRPF si alguno lo recibía sin merecerlo pero no se optó por esa estructura.

Lo que estamos viendo ahora son parches precisamente porque no todos los consumidores vulnerables están cubiertos. Y estos parches tienen una incidencia fiscal muy importante y estamos con un déficit muy abultado. Las medidas en estos tiempos deberían ser quirúrgicas, gastar el dinero lo mejor posible, no regar de dinero el país sin sentido.