Consolidar la estabilidad presupuestaria de la administración pública debería ser uno de los objetivos más importantes de todo un Gobierno, pero la recién coalición PSOE-UP busca flexibilidad para su senda de reducción de déficit público.
Si nos situamos en antecedentes, al finalizar el año 2019 se debería haber cerrado con déficit público del 2% del PIB que es el compromiso acordado con Bruselas. Sobre esta cifra y a falta de las cifras del Ministerio de Hacienda, los diferentes organismos creen que se quedará corta: La AIReF ve un déficit del 2,1% y la Comisión Europea lo eleva al 2,3%.
Para este año deberíamos seguir con los ajustes. El compromiso que marcó el Ejecutivo del Partido Popular con Bruselas es que para 2020 llegaríamos al 0,5%, y es el vigente ya que forma parte de los últimos Presupuestos.
La difícil tarea de cuadrar los números con las promesas del Gobiernomde coalición
A pesar de que en los ministerios de Hacienda y Economía se ha optado por unos perfiles más técnicos en su dirección, al final lo relevante es qué políticas se llevan a término y su traducción contable marcado por los ingresos y los gastos.
Y si hablamos de políticas, lo cierto es que el Ejecutivo presente ha aprobado ya la subida de las pensiones con una revalorización del 0,9%, mientras que la Seguridad Social se posiciona con un déficit de próximo a 17.000 millones de euros para este año. Y, como no hay hucha de las pensiones, para hacerse cargo este déficit se pasa a los Presupuestos Generales del Estado mediante deuda.
Recordemos que el Ejecutivo del Partido Popular reformó las pensiones para que en situaciones de desequilibrio presupuestario en la Seguridad Social, las pensiones se subieran un 0,25% en 2013. Aunque, para la aprobación de los Presupuestos de 2018, el PNV pidió la subida generalizada para todos los pensionistas, que verán sus pensiones aumentadas hasta el 1,6% tanto en 2018 como en 2019.
Por lo tanto, la fórmula de eliminar los excesos de la Seguridad Social, principal contribuidor al déficit, parece que está en stand-by y que volvemos al IPC, presionando el gasto público, aunque sin tener Presupuestos.
Esta medida viene no viene con Presupuestos sino con la aprobación del Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero, una fórmula recurrida en numerosas ocasiones por el Gobierno del PSOE para avanzar medidas de gasto sin tener capacidad de consensuar unos Presupuestos en 2019 y fuero prorrogados los de Montoro.
Aunque el principal contribuidor al gasto público sean las pensiones no es el único factor a tener en cuenta, sino que recordemos que hay todo un pacto entre PSOE y Unidas Podemos, en el que prometieron diferentes medidas de gasto sin una contrapartida de ingresos cuantificada en una Memoria Económica.
Además de el mayor gasto en pensiones, tanto para Educación como para Sanidad se propone subir un punto de PIB (dos en total). Esta medida equivale a 24.000 millones de euros y eso sin tener en cuenta la promesa del Ingreso Mínimo Vital que está por definir específicamente el objetivo de gasto. Por el lado contrario, las medidas de ingreso, que ya se metieron en el Presupuesto que no fue aprobado, equivalen al 0,5% del PIB. Los números no cuadran.
El 0,5% de déficit para 2020 es una utopía
Como hemos comentado, la senda marcada en los últimos Presupuestos aprobados es que deberíamos llegar a un déficit del 0,5% del PIB para este año que es el compromiso que se adoptó con la Comisión Europea y plantearnos con un superávit del 0,1% en 2021.
Pero luego tenemos que trasladarnos a junio de 2018. Tras la moción de censura, Sánchez anunció que su objetivo sería alcanzar un déficit del 1,8% en 2019, del 1,1% en 2020 y del 0,4 en 2021.
Cuando el pasado otoño se actualizó el plan presupuestario de 2020, el Ejecutivo comunicó a Bruselas que ese 1,1% quedaría descartado para 2020 y se iría más al 1,7%. Y es aquí el punto en el que entra en juego la ministra de Economía Calviño para lograr ese margen adicional.
Si finalmente nuevos presupuestos y la ministra Calviño consigue ese margen adicional, el gobierno de Sánchez habrá conseguido 1,2 puntos de PIB, alrededor de 15.000 de margen de gasto para este año.
El riesgo de abusar del déficit
Tanto los Ejecutivos anteriores como el presente deberían de haberse grabado a fuego que las cuentas públicas deben estabilizarse estructuralmente a largo plazo. Pero el objetivo de deficit con la administración Rajoy también se fue desplazando conjuntamente con la aprobación de Bruselas, siendo el país con mayor déficit de la UE.
Si en una situación de recesión es normal un déficit para acometer los mayores gastos de subsidio de desempleo y el deterioro de los ingresos fruto de la recesión económica, cuando nos encontramos en una situación de expansión económica es necesario corregir esos desajustes del pasado que incrementaron el volumen de deuda relativa al tamaño de la economía, y ejercer un proceso de desapalancamiento financiero.
A pesar de la desaceleración económica, la realidad es que España se encuentra en ciclo expansivo y por lo tanto, debería afrontar unas cuentas públicas saneadas y reducir intensamente la relación deuda pública sobre PIB que se encuentra en el 96% del PIB.
Pero parece que al Gobierno no le importe la sostenibilidad de las cuentas públicas a largo plazo. Un mayor déficit es interpretado negativamente en el momento que se produce un shock económico tanto interno o externo que desestabiliza las cuentas públicas y tiene como consecuencia final que, en el momento de emitir deuda, o se pague un precio mayor con mayores intereses o bien no exista capacidad de colocar la deuda.