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La carrera entre IA, las ‘cripto’ y geopolítica: el nuevo tablero global tras la desregulación en EE. UU.

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En el último lustro, el desarrollo tecnológico ha avanzado a una velocidad vertiginosa, impulsado por la inteligencia artificial y el ecosistema cripto. Estas tecnologías están redefiniendo el panorama económico y geopolítico global. Sin embargo, mientras Estados Unidos acelera su apuesta por la desregulación, sobre todo bajo el ala de las políticas de Donald Trump, Europa se encuentra ante una encrucijada: adaptarse o quedar relegada. Para una gran parte de analistas, la IA es el nuevo petróleo del siglo XXI. El tiempo confirmará o no una aseveración de este alcance, pero ya nada será igual en el contexto tecnológico y económico. 

Desde hace casi tres años, con la aparición de ChatGPT de OpenAI y todo el tsunami tecnológico que ha venido después, la IA ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una infraestructura estratégica. Modelos de lenguaje como GPT-4 (y el próximo GPT-5) y su evolución hacia sistemas multimodales han empezado a integrarse en sectores tan variados como la salud, la educación, la defensa y las finanzas. La automatización de tareas cognitivas, la generación de contenido y la toma de decisiones basada en datos han transformado radicalmente la productividad y las capacidades de individuos, empresas e instituciones.

En este contexto, Estados Unidos ha logrado mantener su hegemonía, en parte gracias a su ecosistema de capital riesgo, sus universidades punteras y el papel de tecnológicas como OpenAI, Google o Perplexity. China, por su parte, avanza con fuerza con sus propias plataformas de IA, como la conocida DeepSeek, con costes mucho menores, aunque bajo un modelo mucho más intervencionista. La UE, en cambio, continúa mostrándose cautelosa y con mensajes confusos sobre su estrategia. Su enfoque regulador, ejemplificado por la Ley de IA de la Unión Europea, intenta equilibrar la innovación con la protección de los derechos fundamentales. Aunque sus intenciones sean loables, este marco puede ralentizar –y, de hecho, lo está haciendo– la adopción de IA frente a sus rivales que ya experimentan a gran escala sin tantas restricciones. 

Otro elemento tecnológico con gran potencia disruptiva, el mundo cripto, ha vivido varios ciclos de entusiasmo y cierto colapso, pero su potencial transformador sigue estando ahí. La tecnología blockchain permite la creación de sistemas descentralizados, transparentes e incorruptibles, con aplicaciones que van desde las finanzas hasta la gestión de la cadena de suministro. Lo que ha cambiado en el tablero global, son los recientes avances desregulatorios en Estados Unidos. A pesar de las numerosas advertencias en el pasado de la SEC (Securities and Exchange Commission), el Ejecutivo republicano ha promovido una visión más liberal en cuanto al desarrollo de productos financieros cripto, especialmente las stablecoins y plataformas DeFi (finanzas descentralizadas). 

La reciente norma, conocida como Genius Act, reordena prioridades legales y conlleva comprometidos riesgos entre regulación, mercado y potencialmente dinero público. Esta posición parece responder tanto a intereses económicos –atraer inversión, fomentar la innovación– como a una voluntad política de contrarrestar el poder de China en el terreno monetario digital. Se aspira a que Estados Unidos siga liderando la “nueva revolución industrial”. Sin embargo, es una visión muy optimista de los efectos de la desregulación del ecosistema cripto. Los críticos señalan que se puede generar una burbuja tecnológica aún más peligrosa que la del año 2000. Asimismo, sin reguladores activos, los consumidores quedan más expuestos, y los sistemas descentralizados pueden convertirse en herramientas para actores maliciosos. Y aumenta la inestabilidad financiera. Y lo que es más, la combinación entre IA y tecnologías cripto puede permitir que aplicaciones financieras de IA actúen de modo opaco, sin rendir cuentas, y con capacidad para alterar mercados o financiar actividades ilícitas. El desafío es de gran calado técnico, ético y político. ¿Quién controla a los operadores cuando estos son inteligencias artificiales sin rostro? 

Y en este contexto, ¿dónde queda Europa? El riesgo de quedar descolgado el Viejo Continente es evidente a pesar de contar con universidades prestigiosas, centros de excelencia en investigación como el CERN, y empresas innovadoras. Su excesivo enfoque regulador puede actuar como freno a la competitividad. Además, la falta de un mercado único digital verdaderamente cohesionado limita las posibilidades de escalar soluciones rápidamente, como sí ocurre en Estados Unidos o China. Las startups europeas se ven obligadas frecuentemente a migrar para poder crecer, llevándose con ellas talento e innovación. En todo caso, los excesos de EE. UU. pueden dar una oportunidad a Europa si se gestiona adecuadamente: ser el garante global de una tecnología ética, segura y sostenible, lo que podría atraer a empresas y usuarios que desconfían del desbarajuste regulatorio estadounidense o del control autoritario chino. Este modelo híbrido, sin ser ingenuo ni excesivamente burocrático, permitiría a Europa liderar desde el equilibrio. 

La combinación de IA y cripto promete reinventar la economía y la sociedad, pero también plantea enormes desafíos. Estados Unidos, con Trump a la cabeza, ha optado por la vía del riesgo y la innovación sin cortapisas. La UE, por el contrario, quiere marcar límites antes de avanzar. La pregunta clave es si esos límites son freno o guía. La respuesta determinará el lugar que ocupará cada bloque en la próxima década. Aún tiene una oportunidad de liderazgo en las reglas del juego global, pero para ello necesita algo más que regulaciones: audacia, inversión estratégica y una visión tecnológica alineada con sus valores, pero también con la velocidad del presente. Porque en el mundo de la IA y el cripto, quien se detiene, se hace irrelevante. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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Cripto sin riendas

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Desde su primera aparición en 2010 los criptoactivos han evolucionado de ser casi una rareza, de importancia marginal en el ámbito de las inversiones, a un fenómeno global en la actualidad con implicaciones profundas para la economía, las finanzas y la soberanía monetaria. Continúa siendo un activo de elevado riesgo, con un mercado insuficientemente transparente a la vez que volátil, sin que gran parte de los inversores minoristas comprendan lo que se están jugando. Es en este escenario, en el que han proliferado estos activos digitales y las stablecoins (diseñadas para mantener un valor constante) la Administración Trump termina de impulsar una nueva ola de desregulación financiera que muy probablemente transformará el panorama cripto en EE. UU. y más allá. Y que podría afectar al futuro de la demanda y uso de divisas como el dólar, o sea, a la soberanía monetaria de los países, ya que la nueva norma otorga a aquéllas mayores posibilidades ser empleadas en transacciones comerciales, sobre todo, internacionales.

La reciente (des)regulación aprobada, denominada Genius Act, es un giro radical. Con promesas de transparencia y confianza, reordena prioridades legales y crea una peligrosa dependencia entre regulación, mercado y potencialmente dinero público. Con una capitalización por encima de los 200.000 millones de millones, las stablecoins se han convertido en el combustible de todo el ecosistema cripto. Ofrecen liquidez casi instantánea y paridad con el dólar. Sin embargo, detrás de su aparente estabilidad existe una compleja red de riesgos operativos y regulatorios. El elemento más controvertido, que no único, reside en que los tenedores de stablecoins pasarían a tener prioridad legal en caso de quiebra, por encima del resto de acreedores, alterando el orden tradicional de prelación. Algunos agentes de gran importancia en posibles procesos problemáticos como abogados o administradores concursales podrían no desear involucrarse en liquidaciones si no tienen garantías de cobro. Y, lo que es peor, si los activos del emisor no alcanzan para cubrir las obligaciones, la presión recaería en el Estado para indemnizar a los tenedores. O sea, se allana el camino a un posible rescate cripto con fondos públicos. El nuevo marco legal podría, entre otras disfuncionalidades, incentivar la confianza excesiva, desincentivar la debida diligencia de los usuarios y alimentar la idea de que las stablecoins son “seguras por ley”. 

Mientras, en Europa, la normativa MiCA (Reglamento sobre Mercados de Criptoactivos) contrasta enormemente con la Genius Act, ya que aquella es una regulación garantista y que busca proteger a los usuarios. Esas grandes divergencias pueden generar arbitraje regulatorio, donde las empresas migran hacia jurisdicciones más permisivas, debilitando los esfuerzos multilaterales por armonizar las reglas del juego. Y con un potencial aumento considerable de riesgos financieros globales.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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Una parada del BCE para tomar aire y seguir en septiembre

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Ya han transcurrido 13 meses desde que el BCE iniciara un ciclo agresivo de recortes de tipos de interés. La última de las rebajas, en la reunión del pasado 5 de junio. Sin embargo, en el encuentro de ayer la autoridad monetaria europea hizo una pausa antes de continuar con las bajadas, probablemente, en septiembre. Con ello, se produce una cierta confirmación del statu quo actual dejando sin tocar los tipos de depósito, refinanciación y marginal, como haciendo inventario de lo hasta ahora acontecido, tomando un poco de aire.

Entre otras cosas porque las condiciones financieras ya se han suavizado tras los recortes previos. Y se espera que esta relajación acompañe a la capacidad de inversión de empresas y hogares. En las declaraciones de la rueda de prensa se habló de que el BCE está bien posicionado para abordar la incertidumbre futura, marcada, aunque no únicamente, por las negociaciones y tensiones arancelarias con EE.UU., cuyo resultado final es imprevisible. En suma, el mensaje parece ser que se está saliendo del ciclo expansivo sin cerrar por completo la puerta a futuras reducciones, en un difícil equilibrio entre estabilidad y flexibilidad.

Esta tregua en las bajadas del precio oficial del dinero, además, permitirán emplear el enfoque dato a dato, que evitan compromisos excesivos de la hoja de ruta futura. Habrá que estar atento a las proyecciones económicas actualizadas que saldrán de la reunión con ciertas novedades como el repunte leve del PIB (alrededor de 1% en 2025), tan deseado durante tanto tiempo, por la atonía de la economía europea desde hace años, y que supone un alivio para enfrentar los importantes desafíos en ciernes.

También es un punto positivo el que la inflación se encuentre estabilizada cerca del objetivo (2%). Más cautela y preocupación despierta la fortaleza del euro, que ha subido más del 10% con respecto al dólar, que puede dañar las exportaciones europeas y abaratar las importaciones, más aún en un contexto de incertidumbre arancelaria. Sin embargo, una moneda fuerte también puede contener las presiones inflacionistas.

O dicho de otro modo, un euro fuerte frena la inflación importada, apoyando la estrategia de una pausa. Las próximas semanas económicas tienen una fecha importante: el 1 de agosto. Bueno, o no. Podría quedar en irrelevante como otras anteriores. Aún no está claro si será la fecha importante o no. Hasta ahora, desde el 2 de abril, la administración Trump ha ido cambiando la fecha de la implantación definitiva de los aranceles. Sin embargo, esta vez podría ser diferente y el 1 de agosto sí que podría ser la referencia para los futuros aranceles.

Aún con tiempo para negociar, el anuncio de Trump de aranceles del 30% a productos de la UE ha elevado la tensión y algunos de los miembros del Consejo del BCE han expresado cautela y comparan escenarios con diferentes niveles de tarifas arancelarias. Sin duda, si los aranceles se acercan a ese nivel del 30% y la UE responde, aunque sea con medidas proporcionadas, las tensiones comerciales entre los dos bloques se pueden disparar, generando una incertidumbre hasta ahora desconocida, con graves efectos potenciales sobre la economía de ambos lados del Atlántico y en el comercio global. Es prematuro decir que ese escenario worst case sea el que vaya a ocurrir, pero el BCE hará bien en tomar cautelas adicionales ante un posible debilitamiento de la economía europea, justo cuando se observaba algún indicio de recuperación. Lo que sí que está claro es que para la reunión de septiembre se contará con la información de si el 1 de agosto ha supuesto el punto de inflexión que ha desatado las fuerzas negativas de mayores aranceles sobre la economía europea y global. Y cualquier decisión del BCE tendrá una base más sólida de hechos y datos.

Por si todo esto no fuera suficiente, el posicionamiento actual de la Reserva Federal junto a la decisión que probablemente tomará la semana próxima de bajar los tipos un 0,25%, seguirá tensionando el mercado en un entorno de elevada incertidumbre. Dejando de lado las amenazas de cese del presidente de la Fed, Jerome Powell, hay mucho que observar en su quehacer monetario de las próximas semanas. Para enfado de Donald Trump, la Fed hasta ahora, ha optado por mantener los tipos estables, a la espera de señales más persistentes de una inflación más cercana a la objetivo.

Ha hecho bien la Fed en pausar este tiempo más sus bajadas de tipos ante una economía fuerte todavía a pesar de la incertidumbre generada por los aranceles y otras decisiones económicas y fiscales. Y quizás hace ahora bien en acometer una bajada de tipos y otra más adelante antes de fin de año, por si la economía americana se debilitara ante una mala resolución de las tensiones arancelarias. Algo similar al BCE pero en el sentido contrario, ante una economía europea más débil. El banco emisor de Fráncfort se toma un respiro ante las novedades que pueda deparar el otoño, sobre todo con los aranceles. Nuevamente la reunión de banqueros centrales de Jackson Hole (Wyoming) de finales de agosto puede aclarar muchas de las actuales dudas.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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Aranceles en la relación transatlántica

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Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Europa han tendido innumerables puentes económicos, militares y tecnológicos. Las potentes cadenas de valor actuales en una buena parte de los procesos productivos no se entenderían sin esas numerosas conexiones económicas. Construir esos vínculos tan ventajosos, y el correspondiente bienestar, ha costado ocho décadas. Con sus problemas, tensiones, pasos adelante y hacia atrás. Pero que puede costar bien poco dañar seriamente ese vínculo atlántico. La amenaza del presidente Trump de unos aranceles del 30% a la UE es uno de esos game changer (cambiador de juego), pero para mal. Supone un nuevo punto de inflexión en la ya compleja relación transatlántica. El conflicto arancelario, si se materializara, podría alterar profundamente las dinámicas diplomáticas, comerciales, tecnológicas y de seguridad entre Estados Unidos y la Unión Europea.

El aumento de los aranceles implica una fuerte presión directa sobre sectores estratégicos de exportación europeos —automóviles, productos agrícolas y tecnológicos— y se percibe como una acción unilateral que rompe con el espíritu de colaboración que tradicionalmente ha guiado las relaciones comerciales entre ambos bloques. La respuesta europea podría venir en forma de contramedidas similares, lo que podría enturbiar aún más las relaciones transatlánticas y podría abrir la puerta a una guerra comercial con consecuencias globales. En un contexto de inflación que no remite totalmente y de crecimiento moderado y desigual, en ambos bloques, este tipo de medidas puede generar grandes distorsiones económicas en las cadenas de suministro.

Las tensiones no se limitan al terreno económico y estarán encima de la mesa de negociación. En los últimos años, la UE ha avanzado hacia una regulación más estricta del entorno digital —con normas como el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) o la Ley de Mercados Digitales (DMA), recibidas con escepticismo por las BigTech estadounidenses— y con enfado y amenazas de represalias de la Administración Trump por los impuestos a la actividad digital en el Viejo Continente. Una escalada en los desencuentros podría llevar a una cierta fragmentación digital entre ambos bloques, dificultando acuerdos de transferencia de datos, normas de ciberseguridad comunes o la cooperación en inteligencia artificial, que con la actual Administración Trump, en todo caso, va a resultar muy complicada. La UE no puede olvidar en el proceso negociador que no tiene alternativas fáciles en el ámbito tecnológico, por la escasez de compañías autóctonas de este tipo y la gran dependencia de Estados Unidos, difícil de reducir significativamente y que debilita la posición comunitaria. Algo parecido pasa con la cooperación militar, la dependencia de Estados Unidos es muy elevada. Guste o no, a la UE le toca ser equilibrista y realista cuando se siente a hablar con los Estados Unidos.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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La incertidumbre sobre la Fed y la economía americana enturbia la hoja de ruta del BCE

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Desde la llegada de la Administración Trump en Estados Unidos en enero, no parece haber quedado casi nada “piedra sobre piedra”. La enorme incertidumbre generada en todos los ámbitos (económicos, comerciales y sociales), con numerosas medidas contradictorias y erráticas, abrieron un nuevo tiempo –mucho más volátil y difícil de gestionar– en el orden global. No solamente ha afectado el anuncio de la imposición de aranceles del 2 de abril, y sus posteriores idas y venidas con la tregua y negociaciones. También la aprobación de una reforma fiscal como la Big Beautiful Bill, que muchos pronostican que generará más déficit público y más desigualdad social. Y una desregulación financiera casi salvaje, especialmente para las inversiones y desarrollos de activos de elevado riesgo, como las criptomonedas, en las que estamos viendo comportamientos y conflictos de interés alarmantes sobre los que ninguna autoridad actúa. Si a esto se le une las presiones sobre la Reserva Federal, sobre su presidente y sobre las decisiones de tipos de interés que debe tomar, pues el marco económico institucional de EE. UU. parece estar patas arriba. Con implicaciones para la economía estadounidense y también la global. Y que los mercados financieros están notando.

La Fed ha mostrado hasta ahora cautela ante la incertidumbre. Ha mantenido los tipos de interés en el rango del 4,25-4,50%, y la previsión actual es de hasta dos recortes de 25 puntos básicos en lo que queda de año, que podría comenzar con la reunión de este mismo julio. Sin embargo, la inflación, impulsada por los nuevos aranceles y las tensiones geopolíticas, ha llevado a una revisión al alza de las proyecciones de inflación para 2025, situándola en el 3,1%, y una reducción en las expectativas de crecimiento del PIB al 1,4%.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, cree que cualquier ajuste en los tipos dependerá de la evolución del mercado laboral y de la inflación, manteniendo una posición de cautela ante la actual incertidumbre. Estas cautelas y el mantenimiento de la independencia de la autoridad monetaria han traído las tensiones con la Casa Blanca, que está demandando reducciones del precio oficial del dinero, que sin duda podrían coadyuvar a un mayor crecimiento y a un menor coste de la deuda pública, pero que probablemente reforzarían las presiones inflacionistas, algo que la Fed debe evitar. De este modo, la relación entre el presidente Donald Trump y Jerome Powell se ha deteriorado, incluso con el primero exigiendo públicamente la renuncia del segundo y cuestionando su gestión.

Aunque Trump posteriormente confirmó que no destituirá a Powell antes de que finalice su mandato en mayo de 2026, siguen vivas las especulaciones sobre la posibilidad de que su Administración esté considerando candidatos para reemplazarlo, con el objetivo de alinear la política monetaria con su agenda económica. Algo que llevaría claramente al traste con la independencia de la Fed y una larga historia de decisiones tomadas solamente pensando en los números y no en factores políticos. La Fed debe mantener su independencia y credibilidad en un entorno de presiones políticas y económicas. Las decisiones futuras sobre los tipos de interés y el liderazgo de la institución serán cruciales para la estabilidad económica de Estados Unidos y podrían tener notables implicaciones en los mercados financieros globales. De hecho, ya parece que están trayendo efectos –combinados con los de la errática política económica de Trump– sobre los mercados financieros, en particular en el dólar y los bonos soberanos (treasuries).

Y también más allá. Todo lo que está aconteciendo en EE. UU. afecta a todo el mundo. E incluso hace incumplir predicciones bien establecidas de los modelos de teoría económica. Lo previsible es que, con tipos más altos en EE UU que en la zona euro, el dólar se hubiera apreciado significativamente. Sin embargo, ha ocurrido lo contrario: el euro se ha revalorizado fuertemente frente al dólar, alcanzando niveles que no se veían desde 2021, por encima de los 1,18 dólares por euro, un aumento del 14% desde enero. La debilidad del dólar y fortaleza del euro se deben a varios factores. Primero, la política económica incierta de EE. UU., incluyendo recortes fiscales significativos y un aumento del déficit, ha generado una pérdida de confianza en el dólar. Además, las expectativas de próximas reducciones en los tipos de interés por parte de la Fed contribuyen a la depreciación del dólar. Por otro lado, está el creciente atractivo de los activos europeos. Los inversores han buscado refugio en activos europeos debido a la volatilidad en EE. UU., lo que ha aumentado la demanda de euros y ha impulsado su valor.

Hace unos días, el BCE expresó su inquietud ante la apreciación del euro. Aunque un euro fuerte puede ayudar a controlar la inflación al abaratar las importaciones, también puede perjudicar las exportaciones al encarecer los productos europeos en el extranjero. El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, afirmó la semana pasada que niveles por encima de 1,20 dólares por euro podrían ser problemáticos para la economía de la eurozona. Si la tendencia actual continuara, muchos analistas creen que el BCE podría considerar más reducciones de tipos para mitigar los efectos negativos sobre la economía. En todo caso, cualquier acción futura del BCE debe ponderarse muy bien para evitar desencadenar tensiones en los mercados de divisas. La hoja de ruta del BCE, por tanto, se ha complicado con lo que acontece al otro lado del Atlántico.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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Un año económico de gobierno laborista

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Se termina de cumplir un año de la victoria del partido laborista de Keir Starmer en el Reino Unido. Pasaban a gobernar un país dividido y que seguía en el diván por las consecuencias del Brexit. Su mayor aislacionismo les ha mandado dos avisos en los últimos años. El primero y más grave financieramente, la crisis de la deuda soberana de octubre de 2022 con el gobierno de Liz Truss, que tuvo que dimitir, al proponer un paquete fiscal inviable en la nueva realidad británica. Y, por otro, su relevancia internacional permanece desdibujada, a pesar del acuerdo comercial con EEUU que tiene escasa relevancia real.

Keir Starmer se ha movido entre promesas de renovación y desafíos estructurales, buena parte derivados del Brexit. Y la realidad a la que se enfrentan ha sido bastante compleja: una economía estancada en un contexto global convulso y una falta de unidad en su partido y en su país. Es cierto que su gobierno heredó un déficit fiscal de 22.000 millones de libras esterlinas y una economía debilitada. Su primer presupuesto, presentado en octubre de 2024, incluyó aumentos de impuestos y tijeretazos al gasto público. Sin embargo, una rebelión de diputados laboristas obligó al gobierno a suavizar los recortes sociales, generando un agujero fiscal adicional. Algo parecido ha vuelto a ocurrir esta semana con otra rebelión en su partido, al final aplacada con menores recortes y, por tanto, menores ahorros fiscales, pero con una ministra de Hacienda, Rachel Reeves, caída en desgracia y con notables tensiones de nuevo en los mercados de deuda soberana británica (Gilts). Constantes rectificaciones e incertidumbre creciente no parecen ser un buen augurio.

Ha habido intentos de luces largas bienintencionados también. Como la ambiciosa estrategia industrial centrada en sectores estratégicos clave manufacturas, energía limpia y tecnologías digitales. Sin embargo, hace falta tiempo y aún no se aprecian resultados significativos. De hecho, la inversión empresarial –la extranjera también– ha caído notablemente. En el plano internacional, Starmer ha buscado restablecer parte de relaciones con la UE, participando en algunas cumbres. Aunque se ha logrado algún avance, persisten los grandes obstáculos como las barreras burocráticas y la negativa a reingresar en la unión aduanera. Su país está en “terreno de nadie” en su relación futura con la UE. Afecta también el temor a un partido como Reform UK, liderado por Nigel Farage, que ha capitalizado nuevamente el descontento popular ante el aumento de la inmigración irregular.  

En suma, hasta ahora buenas intenciones y mucho ruido, pero pocas nueces. La economía británica continua sin revitalizarse. A menos que la actividad económica repunte pronto, el Reino Unido corre el riesgo de caer en una espiral de desequilibrios fiscales combinado con un débil crecimiento y tensiones financieras, que sería un panorama retador para lo que queda de mandato laborista.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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La trama se complica para la economía global

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Por si fuera poco, un conflicto bélico potencialmente de amplio alcance se ha unido a las erráticas políticas –de consecuencias imprevisibles– de la Administración Trump en materia arancelaria, fiscal, migratoria y social. Estados Unidos y el mundo entero están en el diván viendo qué puede pasar en la actual legislatura americana. La incertidumbre y la angustia están a la orden del día y los inversores, sumidos en la perplejidad. Las disputas de Israel y Estados Unidos con Irán han dado siempre quebraderos de cabeza. El alto el fuego anunciado por Trump es una buena noticia y los mercados y el precio del petróleo así lo han reconocido. Pero no parece firme y sería muy prematuro asumir que pueda ser definitiva y no vaya a haber más tensiones con Irán, que encarecerían el petróleo, el gas y otras materias primas.

Tras los primeros ataques israelíes del 12 de junio, los mercados energéticos reaccionaron con cierta brusquedad: el barril de Brent llegó a subir más del 10%, alcanzando su punto más alto en meses. El temor a que Irán bloquee el estrecho de Ormuz –vía estratégica para casi el 20% del petróleo mundial– generó un nuevo repunte. Algunos analistas alertaron de que un cierre prolongado enviaría el Brent por encima de los 100 dólares por barril, con consecuencias negativas para la inflación y el crecimiento económico global. Aunque hoy se asumen mejor los shocks de oferta del petróleo, sigue habiendo repercusiones importantes. Suelen transmitirse rápidamente: cada 10% de aumento en precios del petróleo se traslada en un 0,4% de inflación. En un escenario de escalada, el precio podría superar significativamente los 120 dólares por barril, lo que dispararía los costes energéticos, del transporte y materias primas. Otros activos también han respondido, como cabría esperar con movimientos típicos de aversión al riesgo: bonos soberanos, oro y otras divisas refugio subieron, mientras que las Bolsas globales mostraron signos de corrección. EE UU y Europa experimentaron caídas moderadas, reflejo de la incertidumbre. En paralelo, se dispararon los spreads de crédito en economías emergentes, especialmente aquellas más dependientes de fuentes energéticas.

Hay varios escenarios. Comenzando por el más benigno, o sea, que haya desescalada y contención, como parecía apuntar el alto el fuego. Si el conflicto finalmente no se agrava, facilitaría una estabilización de precios en 80‑85 dólares del barril de Brent y aunque habría algunos efectos de la incertidumbre sobre la macroeconomía se evitaría una crisis sistémica. 

El segundo escenario es de una escalada limitada. Un conflicto que se prolongue mediante ataques asimétricos iraníes puede causar variaciones temporales del 10%‑20% en el petróleo, subidas manejables en fletes marítimos, y perturbaciones regionales en inversión y turismo. Este escenario suele reflejarse en un Brent fluctuante entre 90‑110 dólares, con periodos de estrés bursátil y cierto endurecimiento monetario global. 

Por último, el escenario más dramático, el bloqueo total y fuerte escalada, que conllevaría el cierre del estrecho de Ormuz, ataques a instalaciones en otros países o implicación de las guerrillas cercanas a Irán. Las consecuencias, aunque más improbables a día de hoy, serían severas: petróleo por encima de 120 dólares, la inflación global vuelve a repuntar sustancialmente y hay riesgos de recesión y de crisis financiera, especialmente en economías emergentes. EE UU y sus aliados podrían responder militarmente, escalando el conflicto a una guerra regional.

Dentro de las repercusiones macroeconómicas globales, los mayores impactos los tendrían los países importadores de petróleo. También afectaría a EE UU que, aunque puede autoabastecerse de petróleo, el coste del mismo producido domésticamente es comparativamente más caro (el obtenido vía fracking). Un alza sostenida del crudo rebajaría el crecimiento global además de repuntar la inflación por la subida por energía, los costes de transporte y alimentos. No serían buenas noticias ya que podría presionar a los bancos centrales como el BCE y sobre todo la Reserva Federal a cambiar su hoja de ruta e incluso, en este último, a subir tipos, lo que encarecería deuda pública y privada. 

Los efectos netos sobre el dólar y los activos denominados en esa divisa no están claros. En estas circunstancias esta moneda siempre ha sido refugio, pero la creciente incertidumbre y el posible efecto negativo de una guerra en el déficit se añadiría a la incertidumbre política que lleva generando la Administración Trump desde enero, lo que podría seguir desestabilizando el dólar. Tampoco es seguro si se mantendrían los flujos de capitales hacia la UE como lo que llevamos de año. 

El Viejo Continente se ha estado beneficiando del volantazo de los inversores hasta ahora en 2025. Sin embargo, tanta incertidumbre en las políticas económicas estadounidenses y los efectos negativos del encarecimiento de la energía sobre la UE, con grandes países importadores, puede hacer mella en la confianza de los inversores, ya que el crecimiento europeo (y probablemente la inflación) se resentirían. Los sectores más expuestos son el energético, pero también el turismo y aviación (rutas interrumpidas como las de esta semana vía Doha generarán muchas disrupciones), defensa y ciberseguridad (aumentarán inversiones) y agroindustria y transporte de mercancías también por la fragilidad de las cadenas globales. 

En todo caso, Europa parece encontrarse en una posición intermedia de vulnerabilidad. Sin participación directa en el conflicto aparentemente, parece más preparada que en la guerra de Ucrania de 2022, pero todavía muy dependiente de las importaciones energéticas. El nuevo conflicto en Irán podría suponer un stress test a su arquitectura energética, económica, fiscal e incluso de gobernanza.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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Una crónica financiera de urgencia de Estados Unidos

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La economía y la sociedad estadounidenses parecen estar al borde del ataque de nervios, como en la gran película de Pedro Almodóvar. Termino de volver de un viaje a ese país, en el que he podido hablar con economistas y analistas, a la vez que percibir lo que ocurre a pie de calle. Caos (también económico) es la palabra más utilizada. El momento más llamativo fue la disputa pública entre el presidente Trump y Elon Musk, con más que probables consecuencias para las empresas de este último. Todo parece imprevisible y empieza a causar agotamiento en la población, que no ve las cifras económicas mejorar –tampoco empeorar significativamente– y ve que la incertidumbre inicial se alarga. Afecta negativamente a las expectativas de familias, empresas e inversores que no saben si, al final de este tumulto económico, el PIB y el empleo se debilitarán o si aumentará la inflación, o si los mercados continuarán sufriendo, con pérdidas para los ahorradores norteamericanos, o si un mayor déficit público puede llevar a una gran presión sobre el mercado de bonos y a algún episodio de inestabilidad financiera. Todo complejo de dilucidar.

Las últimas noticias de los aranceles de la Administración Trump son, por un lado, la continuación de la tensa espera ante los posibles acuerdos con todos los países y bloques como la UE. Los significativos avances de las últimas horas en la negociación con China parecen llevar a una cierta tregua comercial entre ambos gigantes.

Por otro lado, la más que inquietante medida que duplica los aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio, elevándolos del 25% al 50%, y que entró en vigor el 4 de junio, casi tiene los efectos de un embargo, como han comentado algunas empresas y analistas internacionales. Las cadenas de valor se van a resentir mucho. Y nuevamente las empresas estadounidenses, como las de las industrias automovilística o aeroespacial, pueden ser las más perjudicadas, y ya han expresado su preocupación por el impacto nocivo de estos aranceles en la viabilidad económica y la seguridad del transporte.

Todas estas medidas y la incertidumbre que las acompaña afectan a la inversión y al comercio, incluso si al final algunas de las tarifas se suavizaran notablemente. En todo caso, no cabe esperar con optimismo lo que quedará después de toda esta agonía arancelaria. La economía tarde o temprano lo notará negativamente.

En este entorno con dudas económicas es donde se va a aplicar la denominada “Big Beautiful Bill”, que es una ambiciosa propuesta legislativa fiscal ya aprobada por la Cámara de Representantes hace dos semanas. Combina temas fiscales, sociales y de seguridad nacional. O, dicho de otro modo, rebajas de impuestos, medidas de seguridad fronteriza, reformas del sistema de salud y modificaciones del gasto social. No está claro, a día de hoy, si el Senado lo aprobará tal y como está, vistas sobre todo las fuertes reacciones en el Congreso. Sin embargo, todos creen que una gran parte del Bill saldrá adelante tras su paso por esa Cámara.

Asimismo, los inversores –en particular los llamados bond vigilantes– van a estar muy pendientes de si esta propuesta lo que genera es un mayor déficit público e inflación. El primero de los efectos es difícil que lo compren unos inversores que están tomando muchas más cautelas desde los anuncios arancelarios de abril a la hora de adquirir bonos del Tesoro americano u otros activos denominados en dólares. El apetito inversor por esta divisa ha disminuido desde entonces. No es fácil sustituirla por otras divisas que son sólidas, pero que tienen unos mercados cuantitativamente mucho menos importantes (libra esterlina, franco suizo) o que nunca se diseñaron tan claramente para atraer capitales (como es el euro).

Y eso que la divergencia de las estrategias de política monetaria de la Reserva Federal con, por ejemplo, el Banco Central Europeo, debería conducir a una apreciación del dólar, algo que no se está produciendo. La semana pasada el BCE volvió a bajar los tipos hasta el 2%, mientras la Fed los mantuvo nuevamente en el 4,5%, con lo que el diferencial continúa aumentando.

Es cierto que la inflación parece más controlada en la zona euro, que además necesita, más que Estados Unidos, de estímulos financieros que saquen al Viejo Continente de la atonía en el crecimiento económico. En todo caso, está por ver que acontecerá en las próximas reuniones de los bancos centrales, pero seguramente las dudas sobre el dólar persistirán y meterán presión a los mercados.

Todo ello redunda en un menor apetito de los inversores globales por la deuda soberana estadounidense, lo que está convirtiendo las subastas del Tesoro americanos en grandes momentos de la verdad. Por ejemplo, hoy se emite deuda a 30 años, y lo que normalmente sería una subasta rutinaria de bonos, con una previsión de 22.000 millones de dólares, se ha convertido en unos de los momentos más esperados de Wall Street esta semana.

Lo que finalmente ocurra recibirá una atención especial porque ofrecerá una señal instantánea sobre el nivel de demanda del mercado en un momento en que la apetencia de los inversores por la deuda estadounidense a 30 años se ha debilitado. Y este no será última subasta al borde de un ataque de nervios, mientras la incertidumbre siga. Todas las subastas serán vistas como una prueba del sentimiento del mercado mientras el caos permanezca.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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No mejora el problema de la vivienda

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El acceso a la vivienda en España, tanto en alquiler como en propiedad, es un tema recurrente en el debate público y una fuente de frustración ciudadana. El constante encarecimiento de la vivienda no ha sido acompañado por un aumento proporcional en los ingresos familiares, afectando no solo a los sectores más vulnerables, como los jóvenes, sino también a trabajadores con ingresos medios o incluso superiores. Este fenómeno contribuye significativamente a una percepción pesimista de la economía, a pesar de que los indicadores macroeconómicos del país sean positivos.

En la última década, el precio medio del alquiler en España ha aumentado más de un 50%, especialmente en grandes ciudades que han atraído más capital humano. Paralelamente, los precios de compra han experimentado una fuerte recuperación. Sin embargo, los ingresos no han seguido el mismo ritmo. El salario medio bruto anual ronda los 28.000 euros, lo que se traduce en unos 1.800 euros netos mensuales. Con un alquiler medio (60 metros cuadrados) que puede superar fácilmente los 1.000 euros mensuales en muchas capitales, el esfuerzo resultante es del 50%, que es desproporcionado y frecuentemente inasumible.

La compra de vivienda mediante hipoteca tampoco es una solución fácil. Aunque las cuotas hipotecarias pueden ser algo más bajas que un alquiler equivalente, los requisitos de entrada, como el pago del 20% del valor de la vivienda más los gastos (notaría, impuestos, tasación), hacen que esta opción esté fuera del alcance de muchas personas sin ahorros significativos. Ahora existen avales del Instituto de Crédito Oficial y otras agencias financieras regionales para esa parte no cubierta, y también ayudan unos tipos de interés (euribor) más bajos, pero de nuevo no son suficientes. Los más perjudicados son los jóvenes menores de 35 años, generando un retraso generalizado en la edad de independencia de sus padres. Este fenómeno tiene repercusiones demográficas preocupantes, como una baja tasa de natalidad y un envejecimiento de la población que compromete el futuro económico del país.

Las soluciones propuestas, hasta ahora, han sido claramente insuficientes. Se debería ampliar enormemente la oferta de vivienda tanto de compra como de alquiler. Sin embargo, lo que ha ocurrido fundamentalmente, incluida en la última Ley de Vivienda, son controles en los precios del alquiler que han llevado a la retirada de muchas viviendas de la oferta de alquiler. Aunque se empieza a reactivar el parque de vivienda pública, el gran desafío es una estrategia a largo plazo de planificación urbanística que incremente notablemente la oferta accesible sin recurrir a la especulación. Para ello, sería necesario algo comentado con frecuencia, como es un gran acuerdo nacional, como la aprobación de una nueva Ley del Suelo, que elimine algunos de los principales obstáculos para aumentar el stock de vivienda.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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El BCE busca disipar los recelos hacia un euro digital que cobra protagonismo

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El estallido de los recientes shocks geopolíticos y el consiguiente alejamiento de Estados Unidos han dejado al descubierto la fuerte dependencia europea en el mercado de medios de pago: los grandes proveedores que dominan tanto los pagos con tarjeta —Visa, Mastercard— como los realizados mediante apps móviles —Apple Pay o Google Pay— son estadounidenses. Un estrecho vínculo que implica vulnerabilidad ante potenciales presiones, cambios de condiciones o incluso la supresión de los servicios prestados por las empresas. 

Esa perspectiva hace que el proyecto de euro digital, impulsado por el Banco Central Europeo (BCE), cobre una nueva relevancia. Como señaló en abril el miembro del consejo ejecutivo del banco, Piero Cipollone, ante el comité de Asuntos Económicos y Financieros del Parlamento Europeo (PE), es importante para Europa contar con una moneda digital que refuerce la autonomía estratégica y que reduzca la subordinación en los sistemas de pago. Pero coincidiendo con este renovado protagonismo, han surgido asimismo voces –también en el PE, donde se tiene que debatir y aprobar su regulación– que plantean dudas en torno al uso y al impacto de la divisa digital desde, principalmente, tres ópticas: por un lado, muestran su preocupación por la posibilidad de que el euro digital pueda dar lugar a un seguimiento excesivo de la actividad financiera de los ciudadanos. Por otro, temen que la nueva divisa electrónica afecte a la estabilidad financiera a través, por ejemplo, de eventuales trasvases de dinero desde las cuentas bancarias a los monederos de euros digitales, lo que interrumpiría el canal de crédito. Finalmente, los críticos parecen abogar por soluciones alternativas desde el sector privado; bien las ya existentes u otras nuevas a escala paneuropea. 

Frente a los recelos, el BCE ha elaborado un proyecto de euro digital garantista y gradual, diseñado deliberadamente como un experimento de bajo riesgo, con un alcance inicial modesto pero capaz de escalar si las condiciones lo requieren. Sobre la primera de las cuestiones, la de la privacidad, se insiste en que el uso de la moneda estará sometido a un nivel máximo de confidencialidad, de forma que tanto en los pagos online como en los offline ni los intermediarios ni el Eurosistema –las entidades financieras y el propio BCE– podrán identificar a los intervinientes en las transacciones, más que para cumplir normas, vigentes ya en la actualidad para otras operaciones, sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 

En cuanto al asunto de intermediación bancaria, se da por descontado que habrá límites para la tenencia de euros digitales —se habla de unos 3.000 por persona– y que, además, no generarán intereses, lo que desincentivaría la retirada de depósitos de las entidades financieras. En todo caso, el euro digital –dice la autoridad bancaria– se concibe como un medio de pago complementario a los ya existentes, tanto los privados como el propio efectivo, que posibilitaría desde su misma puesta en marcha transacciones entre consumidores y empresas en toda la zona euro.

Además de estas garantías, el euro digital presenta otros aspectos –su potencial para simplificar los pagos transfronterizos, o el respaldo de su valor por el BCE (lo que le diferencia de otras monedas digitales como las stablecoins)– que fueron más destacados en los momentos iniciales del proyecto, frente al rol, subrayado ahora, como referente de la soberanía monetaria europea. Este rasgo, junto al planteamiento de bajo riesgo que ofrece el BCE, debería llevar a que, de acuerdo con la actual planificación, culmine la actual fase de preparación y se pase a la de desarrollo en la segunda mitad de este año, estableciendo entonces su alcance y duración. En todo caso, el euro digital precisará de la adopción de una regulación aprobada por parte del PE y el Consejo antes de su emisión.


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