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La banca frente a la disrupción digital

La disrupción
digital en la banca promete un incremento generalizado en la eficiencia y los
servicios, ya que contribuye a superar las asimetrías de información
(mediante el big data y las técnicas de IA), ofrece una atractiva
interfaz al consumidor y un mayor estándar de servicio, y conduce a la
sustitución de tecnología obsoleta. La banca avanza hacia un modelo centrado
en el cliente. Todo esto plantea desafíos formidables para los operadores
tradicionales, ya que se ven obligados a actualizar sus plataformas
tecnológicas (pasando de mainframes relativamente rígidos a una nube
más flexible) y a reducir su exceso de capacidad en sucursales en el actual
entorno de baja rentabilidad (especialmente, en Europa y Japón), y además tendrán
que intentar ofrecer el nuevo estándar de servicio en competencia con nuevos
participantes que están invadiendo sus segmentos de negocio más rentables.
Deberán llevar a cabo una profunda reestructuración y se producirá la
consolidación. Los operadores tradicionales soportan intensos controles y
obligaciones de cumplimiento normativo, y deberán superar el tremendo daño
reputacional sufrido a causa de la crisis financiera de 2007-2009. Afrontan un
dilema de si competir cara a cara o cooperar con los nuevos participantes. En
el caso de las fintechs, este dilema se resuelve mediante su
adquisición o estableciendo asociaciones con ellas.

En el caso
de las bigtechs, los operadores tradicionales afrontan una situación
potencialmente más delicada. La principal amenaza para ellos es que las bigtechs
intenten controlar la interfaz con los clientes mediante su superioridad en
base de clientes (datos) gracias a su papel de guardabarreras en la
distribución de productos financieros. Si esto llegara a suceder, los bancos
tradicionales quedarían relegados a proveedores de productos en plataformas
que no controlan, esto es, se produciría una mercantilización de su negocio.
Algunos bancos, conscientes de esta amenaza, ofrecen plataformas abiertas que
pueden incorporar productos de otros proveedores financieros, o han establecido
asociaciones con bigtechs. En cualquier caso, los operadores
tradicionales cuentan con algunas fortalezas que pueden aprovechar, como la
confianza de los clientes para mantener a salvo sus datos, así como su
conocimiento acumulado sobre la gestión de la complejidad y los marcos
regulatorios restrictivos. Los operadores tradicionales que consigan prosperar
serán los que logren pasar del mainframe a la nube, tengan pocas
sucursales y mucho capital humano, y o bien se conviertan en plataformas
digitales para mantener la interfaz con el cliente, o bien cuenten con
productos exclusivos en las plataformas de distribución a los clientes.

Las firmas BigTech
entrarán en los servicios financieros debido a la complementariedad de
estos con los datos de clientes que poseen y los productos que ofrecen, como
muestra el ejemplo de China. El grado en el que lo hagan dependerá en gran
medida del tratamiento regulatorio que reciban. De hecho, cabe que los
reguladores prudenciales no les permitan adquirir una licencia bancaria
completa debido a la posible contaminación entre sus actividades bancarias y
no bancarias, que generaría riesgos sistémicos. En términos generales, la
mayoría de los nuevos participantes se muestran reacios a solicitar una
licencia bancaria por los costes de compliance que ello implica. Los bancos
tienen acceso a una financiación más asequible, ya que pueden aceptar
depósitos bajo la cobertura de programas de seguro público, si bien son
objeto de intensos controles.

No hay duda
de que el impacto inmediato de la disrupción digital será una erosión de los
márgenes de los operadores tradicionales y un aumento del acceso a los mercados
bancarios. El impacto a largo plazo dependerá de la estructura de mercado que
acabe imponiéndose. La banca podría pasar del oligopolio tradicional a una
nueva estructura con un número reducido de plataformas dominantes que
controlan el acceso a una base de clientes fragmentada si unas pocas BigTechs,
en colaboración con algunos operadores tradicionales transformados en
plataformas, consiguieran monopolizar la interfaz con los clientes y hacerse
con las rentabilidades en el sector. Un factor clave para mantener un mercado
suficientemente competitivo será que las personas dispongan de la propiedad y
de la portabilidad de los datos, y que exista interoperabilidad entre
plataformas, de modo que el cambio de proveedor para los clientes sea fácil.

En la medida en que las ventajas en términos de eficiencia —información mejorada, tecnologías de filtrado (screening), operativa simplificada y menor apalancamiento— sean los principales motores de la entrada de las BigTechs, se producirá un aumento de la eficiencia y de la inclusión financiera en el sector financiero. Este efecto será especialmente pronunciado si, en respuesta a su entrada, los operadores tradicionales mejoran su eficiencia mediante reestructuraciones y la adopción de tecnologías más avanzadas. No obstante, si las fuerzas que impulsan la entrada de las BigTechs giraran en torno al poder de mercado, el aprovechamiento de lagunas regulatorias y los efectos de arrastre de externalidades de red con fines de exclusión, entonces la eficiencia del sistema bancario podría resultar mermada en el largo plazo.

«La escasa regulación de los nuevos participantes en la industria podría fomentar la competencia, pero esto también podría desestabilizar a los operadores tradicionales, al reducir su rentabilidad e incrementar sus incentivos para asumir riesgos»

La
disrupción digital también supone un desafío formidable para los organismos
reguladores. Deberán adaptarse al mundo digital facilitando la competencia y
permitiendo que los beneficios de la innovación calen en el sistema, al tiempo
que protegen la estabilidad financiera. Para ello, estos organismos deberán
coordinar la regulación prudencial y la política de competencia, para que el
cumplimiento normativo no se convierta en una barrera de entrada y la propia
entrada no devenga un factor desestabilizador. La escasa regulación de los
nuevos participantes en la industria podría fomentar la competencia, pero esto
también podría desestabilizar a los operadores tradicionales, al reducir su
rentabilidad e incrementar sus incentivos para asumir riesgos, transfiriendo la
generación de riesgo sistémico a las entidades no bancarias.

Los
reguladores deberán mantener unas condiciones equitativas entre participantes
en el mercado, potenciando la innovación y manteniendo la estabilidad. Sin
embargo, mantener unas condiciones equitativas es algo más fácil de decir que
de hacer, atendiendo a la asimetría existente en los requisitos de intercambio
de información de clientes en la banca abierta estipulados en la Directiva
PSD2 (en relación con los operadores tradicionales) y el RGDP (que se aplica a
los participantes no bancarios). La clave para mantener unas condiciones
equitativas es permitir la interoperabilidad de datos entre los distintos
proveedores de productos y servicios.

«Las preocupaciones en materia de protección del consumidor pasan a un primer plano. Los reguladores deberán, por ejemplo, determinar quién controla los datos (en este sentido, la UE parece ir por delante) y garantizar la seguridad cuando se realizan transacciones en las plataformas».

Los
reguladores también deberán estar alerta ante las nuevas formas de riesgo
sistémico. Por ejemplo, si la banca evolucionara hacia un sistema basado en
plataformas, el riesgo de que se planteen problemas sistémicos derivados de
ciberataques y filtraciones masivas de datos pasará a un primer plano.
Además, las posibilidades de generar riesgos sistémicos por la contaminación
entre las actividades bancarias y no bancarias aumentarían, así como el
riesgo de quiebra de terceros proveedores. La decisión sobre qué actividades
mantener dentro del perímetro normativo de los bancos tendrá consecuencias,
ya que, si bien la regulación en función del ámbito de actividad puede
fomentar la innovación y la igualdad de condiciones, son las entidades, y no
las actividades, las que quiebran y pueden generar riesgos sistémicos.

Las
preocupaciones en materia de protección del consumidor pasan a un primer
plano. Los reguladores deberán, por ejemplo, determinar quién controla los
datos (en este sentido, la UE parece ir por delante) y garantizar la seguridad
cuando se realizan transacciones en las plataformas. Asimismo, tendrán que
tomar en consideración que la tecnología digital permite una mayor capacidad
de discriminación por precios, lo que también exige que se refuerce la
protección del consumidor. Debe fomentarse especialmente el uso de la
tecnología digital de una forma transparente que atenúe los posibles sesgos
de comportamiento de consumidores e inversores. La transparencia en las
condiciones a la hora de tratar con clientes es y seguirá siendo una ventaja
competitiva de los bancos digitales que debería impregnar a todo el sector.

En conclusión, la regulación tiene que estar a la altura del reto de garantizar que la capacidad disruptiva de las nuevas tecnologías y plataformas para mejorar el bienestar se materialice en beneficios para los consumidores y las empresas, sin poner en peligro la estabilidad financiera.


Esta entrada es un resumen del artículo ‘La banca frente a la disrupción digital’, disponible en el número 162 de Papeles de Economía Española: La gestión de la información en banca: de las finanzas del comportamiento a la inteligencia artificial

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Año duro para la banca

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La banca parece seguir abocada a realizar una serie de trabajos hercúleos
que lleva acometiendo desde hace una década y, como el héroe griego, trata de
encontrar un entorno más tranquilo en el que recuperar el aliento. El beneficio
neto conjunto de las seis mayores entidades financieras españolas en 2019 fue
de 13.592 millones, un 18,4% menos que en el ejercicio anterior. El sector
puede asumir los condicionantes que afectan negativamente a su rentabilidad,
pero también aspira a un campo de juego en el que haya un nivel de oxígeno
financiero y competitivo razonable.

Entre las cargas que se asumen y de las que cuesta desprenderse destacan las que son herencia de la Gran Recesión. Por un lado, el deterioro de activos, del que buena parte del trabajo parece hecho u ordenado. Por otro lado, la no siempre adecuadamente ponderada distribución de responsabilidades de la crisis y los efectos sobre su imagen. Es éste un problema que, además, convierte al sector, en ocasiones, en blanco de una vindicación política. Asimismo, hay una clara consciencia de que, como la mayor parte de empresas de servicios, los de intermediación financiera tienen que avanzar por la vía de la digitalización, con estructuras más ligeras.

«No se pone en cuestión —ni desde el propio sector— que la reordenación normativa poscrisis tuvo muchos elementos necesarios para restaurar la estabilidad financiera y la confianza a largo plazo. Pero el cumplimiento normativo comienza a alcanzar un peso burocrático con solapamientos y no siempre razonado».

Santiago Carbó

Sin embargo, otro tipo de limitaciones aparecen con una concurrencia e intensidad más controvertida. El cuarto trimestre del pasado año fue un fiel reflejo. Antes de enfilar la recta final del pasado ejercicio la expectativa de gran parte del sector financiero era que los bancos centrales propiciarían un cambio monetario que contribuyera a una mayor normalización. En particular, ir dejando atrás los tipos negativos y las medidas expansivas. No sólo no se produjo, sino que se ha seguido avanzando por la vía de la laxitud monetaria. Según datos del Banco de España, el Euribor siguió en negativo en enero (-0,25%) y hubo un aumento interanual pírrico del crédito a hogares (0,2%) y empresas (0,5%), que venía cayendo desde septiembre (tras haber crecido los 16 meses anteriores) por la caída de expectativas económicas que refrendó el nuevo bandazo monetario.

Otro elemento que aporta peso al vuelo bancario es la regulación. No se pone en cuestión —ni desde el propio sector— que la reordenación normativa poscrisis tuvo muchos elementos necesarios para restaurar la estabilidad financiera y la confianza a largo plazo. Pero el cumplimiento normativo comienza a alcanzar un peso burocrático con solapamientos y no siempre razonado y, sobre todo, parece tener poco sentido hablar de nuevos impuestos especiales para la banca. Además de contribuir tributariamente como el resto de empresas, las aportaciones al seguro común (el fondo de garantía de depósitos) de los bancos son cuantiosas (1.100 millones de euros en 2019).

Justo estaba la banca esperando un año de cierta remontada y la mayor parte de analistas apostaban a una importante recuperación de valor bursátil, cuando la macroeconomía y la inercia monetaria sigue presionando a la baja a corto plazo. La expectativa sigue siendo de mejora a largo plazo pero, en el corto, hay notables obstáculos.

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Efectos económicos de una pandemia

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Un cisne negro se pasea por Asia y su impacto global debe aún determinarse. El coronavirus de Wuhan es un ejemplo de manual de acontecimiento inesperado que afecta a la salud y la economía. El consumo de proteínas en los países emergentes se ha disparado a medida que su economía y nivel de vida han crecido. La interacción entre virus animales y enfermedades humanas también. Un riesgo conocido, pero desgraciadamente cada vez más frecuente. Puede que se frene, pero también hay un riesgo de que se convierta en una pandemia mundial. La experiencia anterior más similar fue la del virus Sars en 2002-2003. Desde entonces han mejorado los mecanismos de prevención y la reacción ante alertas sanitarias en todo Asia. En países como Corea del Sur, he podido apreciar personalmente hace unos días que, a pesar de que la incidencia es casi nula, los mensajes públicos en redes y medidas sanitarias son considerables.

Lo que ahora se maneja es una importante incertidumbre que ya tiene un impacto económico negativo significativo. Hasta la fecha, las consecuencias de este tipo de eventos no se han extendido más allá de unos meses. No es un gran alivio, en todo caso, porque si el coronavirus se convierte en una pandemia, los efectos pueden ser graves en un momento de cierto decaimiento. La resistencia de una economía global débil en 2020 pasa por la evolución de la economía china y el coronavirus no ayuda. Los primeros reflejos ya se aprecian. Han llegado por el precio del crudo. La caída de la demanda —entre otras cuestiones por menor actividad industrial y tráfico terrestre y aéreo en China— redujo el precio del barril Brent en un 6% sólo en la semana pasada.

«La experiencia dicta que podrían verse afectados los valores de las empresas emergentes, con caídas de hasta el 20%. El SARS se llevó la vida de 800 personas y tuvo un coste estimado de 50.000 millones de dólares».

Santiago Carbó

Los índices de valor y volatilidad bursátiles aún no han reaccionado a estos temores de forma apreciable. Pero en los foros de análisis de mercado el riesgo de contagio está en todas las bocas. Si éste y otros peligros geopolíticos —como las tensiones con Irán— no se reflejan más en los mercados es porque estos están más pendientes de los bancos centrales. La laxitud de la política monetaria parece haber mermado la capacidad de emitir señales de alerta.

Si se llega a una pandemia, la experiencia dicta que podrían verse afectados los valores de las empresas emergentes, con caídas de hasta el 20%. El SARS se llevó la vida de 800 personas y tuvo un coste estimado de 50.000 millones de dólares. Ya hay más de 40 millones de ciudadanos chinos aislados pero algunos analistas temen que este círculo de protección haya llegado tarde. Se ha reavivado del debate en la comunidad médica sobre si el uso masivo de antibióticos en granjas animales está teniendo un efecto negativo en los niveles de inmunidad de los humanos. A favor de evitar la extensión pandémica juega la mejora en los mecanismos de prevención. En contra, que este virus tarda cinco días en manifestar sus síntomas y que sobre su origen hay hipótesis, pero no aún una confirmación oficial.

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Arranca Davos

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La reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos parece un imán social con un polo que causa atracción por las ideas y otro que emana desafección al boato. En este mundo de la velocidad que no invita a la adecuada reflexión, en Davos se va a insistir en varios conceptos de la partitura política internacional y que se resumen en el leitmotiv “capitalismo inclusivo”. Se trata de cómo hacer que el modelo económico imperante extienda sus beneficios a diferentes capas sociales y sea respetuoso con el medioambiente. En la ciudad suiza se tratan de explicar vías por las que la tecnología y una nueva gobernanza política y empresarial podrían lograrlo. Hay algunos como Boris Johnson que aseguran que discutir estos temas entre copas de champán no parece lo más adecuado.

Tal vez lo importante de la cita es que genera debate más allá de ella. Se extiende la cobertura de dos conceptos que no son nuevos pero que ahora se quieren convertir en la referencia intelectual. Uno es el de economía circular, que es aquella que resulta autosostenible, sin generar más deuda ni dañar el entorno. El otro es el de stakeholder capitalism, que podría traducirse como un capitalismo para todos (o al menos para más participantes), en lugar de uno exclusivo de los accionistas (shareholder capitalism). Que la mayor parte de los ciudadanos vea con buenos ojos estas transformaciones lleva a que muchas empresas quieran hacerlos suyos. Ya sea por imagen o porque se asume que no hay futuro sin esos cambios.

«Lo importante de la cita es que genera debate más allá de ella. Se extiende la cobertura de dos conceptos que no son nuevos pero que ahora se quieren convertir en la referencia intelectual. Uno es el de economía circular; el otro es el de stakeholder capitalism, que podría traducirse como un capitalismo para todos».

Santiago Carbó

Varios riesgos financieros pueden complicar los avances de esa economía inclusiva en 2020 y más allá. El primero es que gran parte de la financiación mundial se está canalizando por vías no bancarias, con menor control regulatorio y potencial desestabilizador. Asimismo, gran parte del supuesto aumento del valor bursátil se debe, por un lado, a la probablemente excesiva valoración del capital inmaterial de empresas tecnológicas. Y, también desde Estados Unidos, a los más de 5 billones de dólares de beneficios que las compañías han gastado en comprar sus propias acciones para elevar su valor de mercado en lugar de reinvertir o generar nuevos empleos.

Otro hecho que supone un desafío es la ausencia de estándares exigentes de protección del medio ambiente. En Davos, las grandes empresas de auditoría mundiales van a tratar de consensuar principios comunes para una “auditoría verde” de modo que se pueda identificar a las empresas que contribuyen al cambio y a las que no. Será difícil, en cualquier caso, que el cambio llegue si no viene de las propias empresas. Es necesario un activismo empresarial verde.

Finalmente, un tercer hecho que va contra las buenas intenciones es el estado de la revolución tecnológica. Su orientación para una mejora de las condiciones medioambientales y sociales (incluida la salud) es necesaria pero también está en cuestión cuando ni siquiera está clara cuál debe ser la fiscalidad de las grandes empresas como Google, Amazon o Facebook.

Resolver estas contradicciones es el gran reto. Davos puede arrojar luz o esconder la verdad entre las sombras.

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¿Y ahora qué?

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El inédito Gobierno de coalición que acaba de formarse en España ha despertado sensibilidades de todo tipo que solo parecen coincidir en preguntarse: “¿Y ahora qué?”. La ciencia política y económica ha mostrado que la estabilidad y eficiencia de los ejecutivos con miembros coaligados depende de la capacidad de cohesión del liderazgo, pero casi siempre cuentan con una ventaja: el control que ejercen unos a otros impiden orientaciones hacia los extremos y obligan a encontrar soluciones más centradas. En España esto no va a ser, en principio, sencillo porque el Consejo de Ministros tendrá muchas sillas y porque el Parlamento va a ser aparentemente hostil. Aun así, los mecanismos de control y mayorías parlamentarias serán esenciales y, por encima de ellos, un anillo adicional de vigilancia desde Bruselas, por los compromisos adquiridos como miembros de la UE.

«En materia de pensiones —donde se cuenta con un especialista— convendría que todos los partidos (y no solo los que ahora forman el Ejecutivo) abandonaran el discurso de la actualización de pensiones sin más y retomaran el debate de la sostenibilidad».

Santiago Carbó

La premisa económica de un Gobierno como el actual debería alinearse con el objetivo general que más se propone recientemente para la estabilidad social y el desarrollo a largo plazo: crecer, pero hacerlo de forma inclusiva, reduciendo desigualdades y promoviendo las oportunidades sin socavar el esfuerzo y mérito individual. Con el Congreso de los Diputados algo enardecido, los agentes sociales deberían desempeñar un papel esencial para fomentar el crecimiento y a la vez desarrollar medidas inclusivas y, a ser posible, acuerdos en política de rentas y distribución. En todo caso, sería conveniente primero cerrar primero unos Presupuestos actualizados que permitan actualizar las políticas. No necesariamente para más gasto sino para una reorientación del mismo. En ausencia de apoyos para otras reformas sería mejor no tocar las que han funcionado y orientar nuevas en materia social. Hay áreas como educación, vivienda o dependencia donde son muy necesarias.

El autocontrol parece posible porque existe un equipo económico fuerte en algunas carteras, perfectamente alienado con Bruselas. Así, por ejemplo, en materia de pensiones —donde se cuenta con un especialista— convendría que todos los partidos (y no solo los que ahora forman el Ejecutivo) abandonaran el discurso de la actualización de pensiones sin más y retomaran el debate de la sostenibilidad. Siempre son un cierto alivio las declaraciones de los responsables de carteras económicas que están acompañadas de añadidos como “respetando siempre las reglas comunitarias”. Así, en el Consejo de Ministros, algunos probablemente tendrán que olvidar pretensiones expresadas en el pasado precisamente por ser contrarias a esas restricciones impuestas por la UE. Pero en ese Consejo va a ser esencial que se marquen líneas generales de actuación que eviten la sensación de que puedan intentar proliferar 22 proyectos individuales en lugar de una estrategia común. La vía de descentralización de carteras por la que se ha optado debería servir para que algunas de ellas sirvan de control de otras en materia de gasto y responsabilidad (política territorial, medioambiente…).

Finalmente, no puede olvidarse que vivimos una época en la que los mensajes valen tanto como las acciones, al menos a corto plazo y, por lo tanto, la política de comunicación debe ser firme para evitar disonancias que los mercados, inversores o socios internacionales puedan recibir mal.

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Reflexión anual de los economistas

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La reunión más importante para los economistas académicos agrupa a numerosas asociaciones en torno a la American Economic Association. Se celebra en la semana de Año Nuevo y ha tenido lugar en San Diego (EE UU). La distancia desde California no me ha impedido sentir el enconado debate en España en torno a la investidura y sus posibles implicaciones. En todo caso, muchos de los grandes temas de la economía no se debaten con la frecuencia deseable en nuestro país.

Una preocupación transversal en la profesión económica son los problemas de índole social del capitalismo del siglo XXI. Diferentes planeamientos ideológicos parecen converger a que el sistema debería reducir la desigualdad o, de lo contrario, la inestabilidad del sistema aumentará. La inequidad derivada de una excesiva polarización de los ingresos puede agravarse si se produce también una brecha entre avanzados y rezagados tecnológicamente. Esto no requiere solamente, como remedio, políticas redistributivas, sino también anticipativas que presten la atención a la innovación en la educación y el gasto en inversión. No invertir en investigación y tecnología hoy es abonarse a una segunda o tercera división económica en el futuro.

«En España, frecuentemente se habla de desigualdad, bienestar, gasto público, tipos de interés o cambio climático, pero desafortunadamente en una dimensión muy politizada y cortoplacista».

Santiago Carbó

Una señal de que la desigualdad se toma en serio es que surgen alternativas al PIB que más que actividad, resumen el bienestar social. En ello trabajan varias agencias estadísticas, como el Bureau of Economic Analysis estadounidense, pero estamos aún lejos de una aplicación generalizada de las mismas que orienten y evalúen las políticas. En la dimensión social, resulta lamentable también el contraste entre los efectos considerablemente positivos de la inmigración en el crecimiento económico a largo plazo y su tratamiento político. Tampoco hay pedagogía para que no se manipule la percepción de este asunto.

Los efectos de la prolongación de regímenes de tipos de interés reducidos han sido otro tema relevante en San Diego. Sin consenso. Algunos consideran que, si se tolerara algo más el déficit fiscal y el gasto, el crecimiento y la inflación se reequilibrarían y los tipos podrían volver a subir. En todo caso, crecen las voces que señalan efectos colaterales dañinos de los tipos reducidos. A los ya muy comentados relacionados con disfunciones en mercados financieros se unen ahora los que reflejan la preocupación por las distorsiones sobre el ahorro y la estabilidad financiera en países que no están en grandes áreas monetarias integradas. Más madera al fuego de la desigualdad.

Es imposible resumir todos los debates y trabajos, pero no faltaron los relativos al cambio climático. Interesante comprobar cómo los impuestos carbón tienen efectos positivos de largo plazo que reducen, más de lo esperado, los costes fiscales de los países, al reducirse el impacto en los presupuestos de los problemas climáticos.

En España, frecuentemente se habla de desigualdad, bienestar, gasto público, tipos de interés o cambio climático, pero desafortunadamente en una dimensión muy politizada y cortoplacista. Para trascender e incorporar políticas de reforma es necesaria estabilidad interna y participación externa. Veremos si se logra en esta legislatura.

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El testigo de la macroeconomía

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En las carreras de relevos no importa solo la velocidad, también las condiciones en que se pasa el testigo. Con la macroeconomía sucede lo mismo. Como los relevistas, son cuatro los trimestres para los que se ofrecen datos de crecimiento. Esta semana hemos sabido que el tercero de 2019 mostró síntomas de fatiga que van a condicionar, probablemente, la carrera de los tres meses finales del año. En apariencia, la velocidad es la esperada —el PIB creció un 0,4% entre junio y septiembre—, pero el testigo se entrega algo más bajo porque el crecimiento interanual ya no es el 2% previsto, sino que cae al 1,9%.

El desfonde es generalizado, pero particularmente acusado para la demanda externa (que contribuye solo con una décima al avance, frente al 1,8% de la demanda interna). Tampoco hubo especial animación en el gasto privado y, sin embargo, sí que la hubo en el público, a pesar de que las restricciones presupuestarias eran importantes y lo serán más el próximo ejercicio.

El equipo llegará, en todo caso, a la meta, y estará por ver si finalmente el año se cierra por debajo de ese 2% que se antoja barrera psicológica. Lo que sí parece es que los velocistas de 2020 serán algo más lentos y el próximo año el PIB será alrededor de medio punto porcentual menor (1,5%). Se convergerá con la mayor parte de combinados europeos en una actividad económica algo más anémica y será mucho más complicado generar empleo, aunque se espera que se siga creando.

«Será un año, por lo tanto, para actuar políticamente con atención y agilidad en el que una economía como la española no puede permitirse quedar en fuera de juego».

Santiago Carbó

Todo esto sucede con unos niveles de precios reducidos. El IPC se elevó al 0,8% (tras el 0,4% de noviembre) pero la subida se asocia al alza de los carburantes porque los componentes subyacentes del consumo siguen adormilados. La inflación sigue perdida y una de las grandes incógnitas de 2020 es si se volverá a encontrar. A ello sigue abonada la política monetaria de muchos bancos centrales.

Respecto a las condiciones externas, ya no se temen zancadillas extraordinarias del exterior por el camino porque se ha disipado, en gran medida, el temor a una recesión global. No obstante, en 2020 seguirá habiendo riesgos a la baja. Estados Unidos celebrará elecciones en noviembre, pero todo el año parece abonado a un embrollo político considerable que, como viene siendo habitual en estos años, tendrá consecuencias en el exterior. En el terreno financiero, se aprecia cierto estrés en los mercados de deuda, una olla en cuya válvula de presión hay muchas manos tocando. Y, sobre todo, el próximo año será de mucho movimiento estratégico.

Entre otras cuestiones, va a haber mucho movimiento en negociación comercial en el año que entra. Se decidirá el nuevo acuerdo entre UE y el Reino Unido y habrá numerosas derivaciones y externalidades de lo que finalmente concreten (o deshagan) Estados Unidos y China. Será un año, por lo tanto, para actuar políticamente con atención y agilidad en el que una economía como la española no puede permitirse quedar en fuera de juego, abotargada por problemas internos que comienzan a eternizarse.

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