En la excepcionalidad económica actual es difícil encontrar un resquicio intelectual donde no se le conceda un papel considerable al Estado, pero existen riesgos conceptuales y programáticos. Entre las incertidumbres relacionadas con la concepción del papel público están las que pretenden aprovechar la coyuntura para hacerla estructura. La asistencia de urgencia con la permanencia de la intervención. En el ámbito programático, no se puede confundir taponar huecos de financiación o de ingresos con un subsidio ad infinitum. Si se piensa en la acción pública contra el virus en tres fases (contención, recuperación y sistema económico futuro), lo que se esté haciendo ahora resulta crucial para el sistema de incentivos de los próximos años. Desde los keynesianos hasta las posiciones más promercado se ha convenido que las grandes crisis dejan una impronta de superación o hundimiento durante décadas.
«España sigue en eso que se denomina “economía social de mercado”, en la que la intervención del Estado está para apoyar y no para sustituir la iniciativa privada».
Santiago Carbó
En España, en el abanico de medidas para combatir los efectos económicos de la covid-19 hay algunas que van orientadas a paliar los efectos del desempleo o de la paralización de la actividad. Subsidios de urgencia. Es necesario ayudar a los compatriotas que ahora sufren un revés importante por un shock totalmente ajeno a ellos. Por eso, un ingreso mínimo vital temporal puede ser una buena idea. Reitero, temporal mientras dure esta crisis. Sin embargo, un ingreso permanente de estas características sin incentivos a buscar trabajo es un error en un país con un mercado de trabajo tan disfuncional. Claro que es difícil jugar con la evidencia histórica del consabido enfrentamiento dialéctico entre sociedad y Gobierno en tiempos de recesión. Los ciudadanos esperan que la solución venga del Gobierno y, posteriormente, critican ferozmente la realidad de la insostenibilidad y desigualdad generada.
Es preocupante que, en un contexto de recursos escasos y tensiones en las finanzas del Estado, se puedan estar dando mensajes equivocados sobre los apoyos públicos. Por ejemplo, el eje principal de las medidas orientadas a la financiación de empresas, como son los avales del ICO, no son subvenciones a fondo perdido ni deben ser tomadas como tales. Esos préstamos son para devolverlos. Por ello, los avales deben ir a empresas con graves problemas puntuales por el coronavirus y sin otra alternativa financiera que el apoyo público. Y cualquier esfuerzo será poco si se cumplen esos criterios mientras haya bula fiscal desde Bruselas, que no será por mucho tiempo. Lo que no debe hacerse es canalizar fondos en forma de subvención para su reparto discrecional, sin atender a la máxima eficacia de los recursos escasos y las características de cada empresa. La idea es crear un sistema de garantías y pagos que funcione en todo el país —sin agravios regionales—, que no cortocircuite el sistema de incentivos empresariales. Los mensajes lo son todo. Si no apuntan a incentivos, pueden atenazar la inversión y el crecimiento futuro y generar desconfianza. Movilizar fondos no es esterilizar la capacidad de crecer e innovar del sistema. España sigue en eso que se denomina “economía social de mercado”, en la que la intervención del Estado está para apoyar y no para sustituir la iniciativa privada.
Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.
