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El contagio de inflación energética

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La inflación sigue siendo la gran protagonista de la marcha de la economía. La espiral de costes energéticos y del precio de los suministros importados —principal origen del brote inflacionario— actúa como un impuesto sobre el aparato productivo y nos empobrece como país. Prueba de ello el desplome del consumo de las familias: un severo -3,6% en el primer trimestre según el adelanto del INE, que explica la fuerte desaceleración de la economía. Los hogares más desfavorecidos o que disponen de poco colchón de liquidez no tienen más remedio que apretarse el cinturón. Otros, aunque sus ingresos pierdan poder adquisitivo por causa de la inflación, pueden tirar del sobreahorro, algo que no parecen estar dispuestos a hacer de momento (en marzo los hogares incrementaron sus depósitos bancarios en 9.300 millones).       

De ahí la importancia del dato adelantado de IPC para el mes de abril, un 8,4%, en retroceso frente al inquietante 9,8% de marzo. La leve mejora avala la previsión de una menor presión de los precios energéticos durante los próximos meses. El acuerdo con Bruselas para limitar el precio del gas que entra en el mercado eléctrico, probablemente el instrumento más potente del arsenal desplegado hasta ahora, es un paso en esa desescalada. Sin embargo, la inflación seguirá sin dar tregua a corto plazo.  

En primer lugar, porque el precio de la electricidad seguirá fluctuando en función de la diferencia entre lo que cuesta el gas comprado en el mercado y el tope que se ha fijado (entre 40 y 50 euros por MWh). Esta brecha, que se exacerbará ineludiblemente en un escenario de interrupción del suministro ruso, la pagaremos integrándola en la factura de la luz en proporción de la energía consumida. Bien es cierto que gracias al nuevo sistema las fluctuaciones serán menos pronunciadas y nos ahorraremos en torno al 30% en comparación con el coste actual de la electricidad. Habida cuenta del peso de la materia prima en la cesta de la compra, la reforma podría restar 1,2 puntos al IPC, y algo más contando con los efectos indirectos. 

La minoración es apreciable, pero ojo con la nueva ronda cuellos de botella que surgirá como consecuencia de la férrea política de covid-cero de China. Las disrupciones de la primera potencia exportadora del mundo hacen ya mella en los fletes marítimos: desde principios de mes, cuesta casi un 16% más traer un contenedor del este asiático, según la plataforma Freightos

Con todo, la principal preocupación viene de la aceleración de la inflación subyacente: excluyendo la energía y los alimentos frescos, el IPC sube un 4,4%, un registro sin precedentes desde mediados de los años 90 que evidencia el traslado del encarecimiento de la electricidad al resto de precios. Un proceso inevitable para las empresas electrointensivas con márgenes muy reducidos y que podría continuar en los próximos meses, incluso tras la entrada en funcionamiento del mecanismo de tope. 


Tampoco ayuda que la inflación subyacente supere la media de los países con los que compartimos el euro, socavando nuestra competitividad. Una tendencia que, de mantenerse, nos aboca a dolorosos ajustes al no poder compensarse con devaluaciones monetarias. 

No estamos en esa tesitura, y de momento nuestras exportaciones e ingresos del turismo registran buenos resultados, contrarrestando el encarecimiento de las compras de energía. La balanza externa sigue arrojando un sano superávit. Pero este es un activo que debemos preservar, y que empieza a materializarse en algunas empresas, con acuerdos innovadores: los incrementos pactados se revisan periódicamente para compartir la pérdida de poder adquisitivo entre todas las partes, pero no se consolidan para así evitar una indiciación de la economía nefasta para todos. Algo que, junto con acciones contundentes focalizadas en sectores y colectivos en dificultad, debería inspirar un acuerdo amplio y a mayor escala. Todo ello para alejar el riesgo de cronificación de la inflación.  

IPC | El IPC armonizado de abril se incrementó un 8,3% en relación con un año antes, ocho décimas más que la media de la eurozona.  Los diferenciales internacionales de inflación son muy pronunciados: los países bálticos, Países Bajos y Eslovaquia registran incrementos de dos dígitos, el doble que en Francia. También aparecen fuertes disparidades sectoriales entre, por una parte, los precios desbocados de la energía y en menor medida de los alimentos frescos, y por otra parte la relativa moderación de los bienes no energéticos y sobre todo de los servicios.        

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La caída del consumo frena la recuperación del PIB en el primer trimestre

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Contabilidad nacional trimestral | IT 2022

Según el avance provisional de la contabilidad nacional, el PIB creció en el primer trimestre un 0,3%, muy por debajo de los registros alcanzados en los dos trimestres anteriores. Este débil resultado ha sido consecuencia de la fuerte caída del consumo privado, que retrocedió un 3,6%, la peor cifra desde el final del confinamiento. En términos corrientes el descenso fue del 0,8%. Si estos resultados se confirman, significaría que el impacto sobre el consumo derivado del aumento de la inflación y de la incertidumbre ha sido mayor de lo esperado. 

Por el contrario, la inversión en capital fijo experimentó un avance del 3,4%. Aunque no es posible saber en qué medida este crecimiento procede de las inversiones financiadas con los fondos europeos, parece indicar que, a diferencia de lo sucedido con el consumo, la incertidumbre derivada de los fuertes aumentos de costes, de las dificultades de suministro y de la guerra de Ucrania, no ha tenido un impacto relevante sobre esta variable macroeconómica, al menos por el momento.

Las exportaciones de bienes y servicios crecieron más que las importaciones, y el gasto de los turistas exteriores exhibió un nuevo repunte, alcanzando ya prácticamente el nivel prepandemia, a pesar de que la llegada de turistas en el primer trimestre aún se encontraba un 35% por debajo de las cifras de 2019.

Por el lado de la oferta, los sectores de comercio, transporte y hostelería, así como de actividades artísticas y recreativas, experimentaron una vigorosa recuperación, que, dada la fuerte caída del consumo nacional, solo podría atribuirse a la demanda procedente del turismo exterior. La actividad industrial sufre un descenso del 1,4%, y la construcción crece un 0,3%.

Pese a la débil recuperación de la actividad económica, el empleo se incrementó un 0,5%, y el número de horas trabajadas lo hizo con mayor intensidad aún, un 3,2%, quedando tan solo a un 0,3% de recuperar el volumen prepandemia, pese a que el PIB aún se encuentra un 3,4% por debajo de dicho nivel. Así, la productividad por hora trabajada, que en el cuarto trimestre de 2021 prácticamente había recuperado los niveles de 2019, ha vuelto a descender en el primer trimestre de este año.

Se trata, en suma, de un crecimiento inferior a lo esperado, y con una composición también muy diferente a lo previsto. En cualquier caso, las cifras del primer avance de la contabilidad nacional trimestral deben ser tomadas con mucha cautela, ya que pueden sufrir importantes revisiones.

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Redoble de tambores

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Hemos conocido en plena Semana Santa los preocupantes datos de inflación de marzo de Estados Unidos y España. Han sonado como un redoble de tambores, o, peor, como una tamborrada. En ambos casos, se ha vuelto a niveles no vistos desde los ochenta. El dato estadounidense muestra una inflación más allá del encarecimiento de la energía. Allí, la inflación subyacente —excluida energía y alimentos— ha alcanzado el 6,5%, y refleja las presiones en precios de una economía con cierto “sobrecalentamiento”, con un mercado de trabajo en pleno empleo y subidas salariales significativas, las mayores en las dos últimas décadas. Ante este panorama, el mercado descuenta dos subidas consecutivas de tipos del 0,5% en mayo y junio. El gran interrogante es si intentar enfriar un poco la economía norteamericana para controlar la inflación no supondrá un frenazo para la recuperación.

El dato español (9,8% en marzo), siendo muy preocupante, aún refleja en lo fundamental el impacto del encarecimiento de energía, transporte y tensiones de suministro. La subyacente se situó en el 3,4% que, aunque vuelve a subir, aún no muestra intensamente “efectos de segunda ronda” que podrían suponer las subidas salariales y de otros costes de producción, si al final comenzaran a dispararse como respuesta a la actual inflación. Con peores efectos porque, además, la economía española está lejos del pleno empleo. Cada vez parece más acuciante la necesidad de reducir la incertidumbre sobre la evolución de las rentas (salarios, beneficios, alquileres) en este contexto inflacionario. Llámese pacto de rentas o no, pero el acuerdo debe cerrarse con el mayor consenso social y político posible e idealmente con un horizonte temporal que vaya más allá de 2022. Parece que un crecimiento de precios por encima del 5% —por lo tanto, bien lejos del objetivo de bancos centrales, que es en torno al 2%— está aquí para quedarse un tiempo.

Ese acuerdo sobre remuneraciones debe repartir la carga lo más ampliamente posible, sin apenas posibilidad de blindar ciertas rentas ante la pérdida de poder adquisitivo, ese empobrecimiento real que hemos tenido con la actual factura energética, basada en gran parte en importaciones. Está por ver el impacto del subsidio a la gasolina y el nuevo cálculo del precio de la luz y si logran al menos parte de sus objetivos y contribuyen a bajar la inflación. Es necesario enfatizar la necesidad de ahorro energético con la mayor empatía posible, que permitiera reducir algo la demanda y aliviar la presión alcista de los precios energéticos. Pura ley de oferta y demanda. También es imprescindible redoblar la apuesta por un mix energético con mucho mayor peso de las renovables.

Se está tiempo de evitar los principales “efectos de segunda ronda” que prolongarían —y agravarían— la inflación que tanto daño haría a la recuperación económica española tras la pandemia. No olvidemos que, en breve, notaremos más la presión de la retirada de estímulos monetarios del BCE, lo que tampoco ayudará a mantener cierto vigor en la recuperación.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Condiciones para una desescalada de la inflación

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Según las previsiones de algunos de los más prestigiosos think tanks, la economía española tiene la capacidad de absorber la crisis energética y de suministros: su crecimiento sufrirá un recorte severo, especialmente en los próximos meses, pero sin caer en la tan temida estanflación y retomando impulso en el próximo ejercicio. El rebote del turismo, el colchón de ahorro generado por la pandemia, y el plus de inversión aportado por los fondos europeos figuran entre los principales focos de resistencia.

Todas estas previsiones, sin embargo, están sujetas a una conjetura: que la inflación emprenda una rápida desescalada, de modo que la virulencia de los precios energéticos tenga efectos transitorios y no perjudique el grueso del tejido productivo. Según el Banco de España, el IPC pasaría del 7,5% este año al 2% el que viene, mimetizando el objetivo del BCE. 

Ojalá se cumpla este vaticinio, porque sin duda es el mejor de los escenarios ante un shock energético de gran magnitud, que entraña múltiples riesgos. El más conocido, como lo señalan los expertos monetarios, es la amenaza de una espiral de precios y de salarios que se cierne sobre nuestra economía. Cada uno de los sectores intenta recuperar la erosión de capacidad de compra generada por la inflación. La remuneración media por asalariado, que ya se redujo un 3,6% en términos reales en 2021, podría sufrir un recorte adicional superior al 4% este año. Y los sectores industriales no energéticos han tenido que comprimir sus márgenes, lo que les aboca a incrementar sus precios. Es un hecho que el IPC descontando la energía y los alimentos frescos se incrementa ya a tasas próximas al 3,5%.   


La mecánica de las expectativas de inflación es un riesgo aún más potente: según el Banco de Pagos Internacionales (que agrupa a la mayoría de bancos centrales del mundo), el alza de los precios está superando el umbral a partir del cual los consumidores y las empresas perciben un riesgo elevado de pérdida de poder adquisitivo. Estaríamos por tanto dejando atrás la era de la gran moderación, caracterizada por una relativa despreocupación social en relación a la inflación. Ahora cualquier incremento parcial de precios se percibe como una señal de espiral generalizada, y por tanto nutre las expectativas alcistas. El organismo internacional detecta esta mecánica en EE UU. 

Sin duda es prematuro concluir que las expectativas se han desanclado también en Europa. Pero el riesgo es que andemos ese mismo camino, algo que tendría consecuencias para las personas en situación de vulnerabilidad como para las empresas más afectadas por la crisis energética y que se exponen a riesgos financieros y de morosidad.  

En este contexto, es comprensible que la política monetaria intente anclar las expectativas, abriéndose a incrementos de tipos de interés. Es crucial sin embargo que ese ajuste sea gradual y que tenga en cuenta el riesgo de deterioro coyuntural que provocaría una intensificación del conflicto bélico, o un parón en los flujos de financiación de economías endeudadas como la nuestra. El rendimiento del bono público a 10 años ya supera el 1,7%. 

Pero el arma monetaria no basta. También es importante una política fiscal que actúe de manera quirúrgica, aunque potente, para contener la amenaza de desgarro del aparato productivo y compensar los hogares con bajos niveles de renta (a la inversa, la subvención al consumo de hidrocarburos, además de entrañar un alto coste presupuestario, no es susceptible de calmar las expectativas de inflación, ni de contener las desigualdades económicas y sociales). El anuncio de un tope al precio al gas que entra en el mercado eléctrico es otra medida que, a falta de más detalles, permitiría iniciar una desescalada de la inflación. Todo ello condiciona la eventualidad de un acuerdo de rentas, haciendo más verosímil el pronóstico de una recuperación sin inflación. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La industria mantenía la tendencia ascendente antes del inicio de la guerra de Ucrania

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Indice de producción industrial | FEBRERO 2022


El Índice de Producción Industrial se recuperó en febrero del moderado descenso sufrido el mes anterior, con un crecimiento del 0,9%. El índice relativo a solo manufacturas registró un ascenso del 1,4%. Por tanto, hasta el estallido de la guerra en Ucrania el sector industrial mantenía la suave tendencia ascendente iniciada el verano pasado. Si se excluye el sector del automóvil, que es el que arrastra una peor evolución, con una caída del 11% con respecto a hace un año –y que en febrero volvió a retroceder– la tendencia ascendente es más clara. Así, el índice de manufacturas excluyendo automóviles se encontraba en febrero un 6,7% por encima del nivel de hace un año, y un 3% por encima del nivel previo a la pandemia, frente a un 3,2% y un -0,2% respectivamente en el caso de las manufacturas totales.

Los sectores que han presentado un mayor dinamismo en el último año son los de confección, madera, refino de petróleo, productos informáticos e industria textil. Solo los sectores de metalurgia y automóviles presentaban tasas negativas (de las 23 divisiones sectoriales de que consta el índice de manufacturas).

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La preocupante brecha de inflación con Europa

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Una de las principales preocupaciones que surgen a raíz del episodio de inflación en nuestra economía es su virulencia en relación con los principales países vecinos. El crecimiento del IPC, un alarmante 9,8%, supera en más de dos décimas la media europea, y se compara desfavorablemente con Alemania (7,6%), Francia (5,1%), Italia (7%) o Portugal (5,5%). Solo los países bálticos y Holanda tienen peores cifras. 


La escalada de los precios puede echar al traste el rebote esperado del consumo, porque erosiona el poder adquisitivo de las familias y desinfla la bolsa de sobreahorro generado por la pandemia —algo que garantizaba la expansión—. Otro riesgo: nos jugamos la viabilidad de parte del tejido empresarial, que no puede seguir indefinidamente comprimiendo márgenes para amortiguar el encarecimiento de los costes de producción. Y si los traslada a los precios finales, se arriesga a una pérdida de competitividad internacional. En 2021, los beneficios se situaban todavía un 8,6% por debajo del nivel prepandemia, y en el caso de las empresas no energéticas la brecha es mucho mayor. Finalmente, la pugna que se está desatando por la recuperación del poder adquisitivo provoca malestar social —evidenciado por la fuerte contracción del índice de confianza del consumidor de marzo— y exacerba la vulnerabilidad de los colectivos desfavorecidos.   

Urge, por tanto, atajar los factores que explican el diferencial de inflación, entre los que destaca como ya es sabido nuestra factura de la luz. El IPC de la electricidad está desbocado, incluso con respecto a Portugal que sin embargo comparte el mismo mercado mayorista —sin duda, la predominancia de contratos a largo plazo en el país vecino garantiza una relativa estabilidad ante los altibajos del mercado—.  

El elevado peso de la energía en nuestro aparato productivo es otro factor importante (y menos comentado), ya que amplifica el incremento de los precios. Los hogares españoles gastan proporcionalmente más en productos energéticos que la mayoría de sus homólogos europeos (solo Alemania nos supera, pero en ese país los precios crecen la mitad que en España). Y las empresas españolas son también relativamente intensivas en suministros energéticos. Todo ello explica por ejemplo que en Italia el alza de precios energéticos, pese a superar los registros de nuestro país, tenga una menor repercusión en el IPC total. 

El tercer determinante del diferencial de precios atañe a la inflación subyacente. Las presiones de costes en las cadenas productivas se van trasladando poco a poco a los precios finales. Excluyendo la energía y los alimentos frescos, el IPC subió en marzo hasta el 3,4%, superando la media de la eurozona por segundo mes. La brecha se amplía, y de perdurar esa tendencia, es una amenaza seria para la posición competitiva de las empresas y el empleo.  

El plan de choque aprobado en fechas recientes incorpora medidas fiscales susceptibles de rebajar la presión, y ayudas tanto a colectivos vulnerables como a sectores electrointensivos. La más efectiva, entre las que se han anunciado, podría ser sin embargo otra: la imposición de un tope al precio del gas que entra en la generación de electricidad, todavía en proceso de negociación con Bruselas. 

Conviene además tener en cuenta los daños colaterales de algunas de las medidas, como la rebaja de los carburantes: una iniciativa que, si bien sigue la senda de otros países, no atiende las necesidades de la adaptación a la crisis energética. Ésta exige a la vez focalización y un esfuerzo inversor para reducir la elevada intensidad energética de nuestra economía. El plan reconoce la necesidad de tales medidas de eficiencia, pero no aporta cuantificación ni calendario. 

Sin embargo, es crucial emprender rápidamente una desescalada del IPC, por muy gradual que sea, para evitar un desanclaje de las expectativas y abrir el paso a un pacto del conjunto de rentas. Esa es sin duda la mejor manera de contener la pugna inflacionista y afrontar una geopolítica cargada de incertidumbres. 

PRECIOS | Las tensiones en los mercados internacionales de materias primas se han agudizado desde la invasión de Ucrania, con un encarecimiento del 5% del barril de Brent, del 48% del precio del gas (mercado Mibgas) y del 29% de la cotización del trigo. Las subidas se han trasladado a los precios finales al consumo de los productos energéticos y ciertos productos alimenticios, en el conjunto de la eurozona y en especial en España. Los mercados anticipan una subida de tipos de interés del BCE, como lo evidencia el alza del Euribor a un año.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Economía de resistencia

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La espiral de costes de producción y de precios al consumo, junto con las disrupciones en las cadenas de suministros generadas por la multiplicación de paros en el transporte y otros sectores clave, han acrecentado los riesgos de manera alarmante. Sin embargo, diversos indicadores evidencian una importante capacidad de resistencia da la economía española, de modo que la estanflación no es el escenario más probable —a condición de que se maneje la situación con audacia—. 

La capacidad de compra está muy mermada por la inflación, algo que en tiempos normales hubiera conducido inexorablemente a un desplome del consumo, de los mercados de exportación y del turismo (los consumidores de otros países también se enfrentan a una reducción de sus ingresos en términos reales). Sin embargo, la economía dispone de un importante amortiguador: el sobreahorro acumulado durante la pandemia. Esta bolsa de gasto latente se desinfla por causa del alza de los precios (se estima que el valor real de los depósitos bancarios de los españoles se ha reducido en cerca de 20.000 millones de euros como consecuencia de la inflación). Pero su volumen sigue siendo elevado permitiendo a los hogares sufragar una parte de sus compras de bienes y servicios. Prueba de ello, el ascenso del gasto con tarjetas, inalterable incluso después de la invasión de Ucrania –si bien los retrasos en el aprovisionamiento son ahora un escollo. El turismo extranjero da buenas sensaciones, con un incremento de las pernoctaciones desde el inicio de año, mientras que las reservas hoteleras para la temporada de verano alcanzan cotas que se aproximan a la era pre-covid.    

La contención de los salarios y de los precios no energéticos es otro amortiguador de la crisis en ciernes, ya que distribuye el shock energético y evita una espiral inflacionista que abocaría a un fuerte deterioro de la competitividad. Gracias a ello, el dinamismo de las exportaciones se mantiene como uno de los principales activos de nuestro tejido empresarial. Los resultados registrados en el pasado ejercicio parecen prolongarse en el presente, con un alza de los salarios pactados hasta febrero del 2,3%, y un núcleo central de precios en el 3%. En paralelo, las ventas en el exterior siguen cosechando nuevos records, aunque bajo la amenaza de los cuellos de botella. 

Por otra parte, parece que la ejecución de los fondos europeos está mejorando. Las convocatorias en el cierre del año totalizan cerca de 9.000 millones —el doble que en el otoño—. Y los PERTE empiezan a configurarse: los del vehículo eléctrico, energías renovales e industria agroalimentaria son relevantes de cara a la necesidad de transformar el modelo productivo. 

Todo ello debería garantizar un crecimiento positivo para el resto de 2022, aunque menor que el 5,6% anticipado antes del conflicto en Ucrania. Pero esto solo ocurrirá bajo dos supuestos. En primer lugar, que se mantengan los precios energéticos en sus niveles actuales, algo que supone que las exportaciones de gas ruso no se interrumpan por completo. Si este fuera el caso, la economía centroeuropea podría entrar en recesión, y nuestra inflación se desbocaría aún más, debilitando los puntos de resistencia. 

En segundo lugar, la política económica se enfrenta a la difícil tarea de evitar el cierre de negocios a raíz del encarecimiento de la electricidad y de los hidrocarburos, y a la vez preparar el cambio de modelo energético. Urge aligerar el impacto inmediato del shock, como en Francia, Italia y, con retraso, en España: se trata de evitar un desgarro del tejido productivo y no echar a perder el potencial de recuperación. Pero también son imperiosas reformas con miradas largas, para corregir ineficiencias en los mercados energéticos y no quedarse atrás en un ajuste del modelo energético que es ineludible. Unas reformas que además tendrían la virtud de limitar el coste presupuestario del plan de urgencia.  

PIB | La economía creció un 5,1% en 2021, una décima más de lo avanzado en enero por el INE. Destaca el tirón del consumo privado y de la inversión en el cuarto trimestre, compensando la caída del consumo público (un retroceso que no se había registrado en los últimos seis años). La demanda externa también tuvo un buen comportamiento, impulsada por las exportaciones tanto de bienes como de servicios turísticos y no turísticos. Todos los sectores avanzaron en el cierre del año, sin alcanzar todavía los niveles anteriores a la pandemia, especialmente en la construcción.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Revisión al alza del PIB del cuarto trimestre

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Contabilidad Nacional Trimestral | 4T 2021


La economía española creció un 5,1% en 2021, lo que supone una décima más que lo avanzado en enero por el Instituto Nacional de Estadística. Este mayor crecimiento anual es debido a una revisión de los datos del primer y cuarto trimestre al alza que más que compensan la revisión a la baja del segundo.

La recuperación de la economía continuó en el último cuarto del año. No obstante, a pesar de la revisión al alza del crecimiento del PIB en este trimestre hasta el 2,2%, la economía creció con menor intensidad que en el trimestre previo. El crecimiento procedió del consumo —revisado al alza con respecto a la caída indicada en la primera estimación—, de la inversión —con una aportación revisada intensamente a la baja— y del sector exterior.

En la demanda privada, la inversión, a pesar de la revisión a la baja de su crecimiento, registró en todos sus componentes avances intertrimestrales positivos, con la única excepción de la de construcción de viviendas con un recorte del 1,5% —frente a un crecimiento del 0,4% que había adelantado el avance de enero—. El consumo privado ha sufrido una fuerte revisión al alza, desde un crecimiento negativo hasta un avance intertrimestral del 1,4%. En sentido contrario, se revisa a la baja el de las AA.PP. hasta un retroceso del 1,6%, siendo el primer trimestre con crecimiento negativo tras crecer ininterrumpidamente desde 2014 (con la excepción del cuarto trimestre de 2016). Respecto al sector exterior, se eleva el crecimiento de exportaciones e importaciones, manteniéndose la aportación conjunta al crecimiento del PIB. Las exportaciones se ven impulsadas por las de servicios, tanto las de no turismo como las de turismo. Destaca especialmente la revisión a la baja en el crecimiento de estas últimas, que pasan de situarse en el 98% respecto al nivel del último trimestre de 2019, según el avance de enero, al 86% en los datos publicados hoy.

En el cuarto trimestre de 2021, el consumo de las administraciones públicas, la inversión en bienes de equipo, las importaciones de bienes y las exportaciones de bienes y de servicios de no turismo eran los únicos componentes de la demanda que superaban el nivel prepandemia. En la oferta creció la actividad en todos los sectores, pero sin alcanzar los niveles prepandemia, salvo en el sector de AA.PP. sanidad y educación. Sorprende en este caso la construcción, que se sitúa un 13% por debajo del nivel del último cuarto de 2019.

En cuanto a la evolución en 2022 estará fuertemente condicionada por las tensiones geopolíticas derivadas de la guerra en Ucrania, la intensa elevación de precios y problemas en el suministro de materias primas.

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Crisis energética

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Las tensiones inflacionistas generadas por el encarecimiento de la energía representan actualmente la mayor amenaza para la economía española y la cohesión social. Ya no es solo que los hogares pierden poder adquisitivo, o que los sectores electrointensivos y del transporte entran en números rojos, abocando a reducir actividad.

Ahora también se desata una pugna por la recuperación del terreno perdido por la inflación. Cada colectivo que ostenta algún poder de negociación intenta limitar la erosión de ingresos reales, en una lucha estéril habida cuenta del origen de las tensiones: un encarecimiento de los suministros importados que actúa como un impuesto a nuestra economía y del cual no existe escapatoria. De modo que una escalada desordenada de reivindicaciones solo exacerbaría la inflación, afectaría la competitividad (nuestro IPC supera en casi dos puntos la media europea) y agravaría las desigualdades.  


La cuestión es cómo se reparte la carga de ese impuesto externo, y cómo nos transformamos hasta su desaparición a largo plazo. El recetario convencional propiciado hasta fechas recientes por Bruselas apunta a la necesidad de trasladar la totalidad de los costes energéticos al precio final que sufragan los consumidores: estamos ante un shock energético duradero, y conviene que los precios lo reflejen para incentivar el ahorro energético y la inversión en renovables. El manual también contempla compensaciones a los sectores más vulnerables.

Esta combinación de ajuste de mercado y compensaciones quirúrgicas, si bien goza de soporte teórico, no basta ante un shock de proporciones no vistas desde la crisis del petróleo del siglo pasado, y que se superpone al legado de la pandemia. Uno, porque los precios energéticos, además de estar desbocados, son volátiles en un contexto de gran incertidumbre tras la invasión de Ucrania, lo que expone la economía a arritmias perjudiciales especialmente en España por las características de nuestro mercado eléctrico. Dos, la focalización de las compensaciones es factible en el caso de los hogares en riesgo de pobreza, porque se pueden identificar mediante el sistema tributario o los registros de la seguridad social, o de empresas electrointensivas. Pero en otros casos no es fácil detectar los focos de vulnerabilidad ni calcular la cuantía de la ayuda. 

Entre tanto, la pugna por trasladar a otros la carga del impuesto no cesa, lo que obliga a encontrar soluciones inmediatas, pero sin perder de vista la necesidad de adaptación a un shock duradero. A corto plazo existen las opciones planteadas por gobiernos europeos. Una consiste en revertir el incremento de recaudación pública generado por el encarecimiento de la energía, ya sea reduciendo directamente el impuesto devengado en el momento de repostar en la gasolinera, como en Francia o Portugal (una medida poco focalizada) o, preferiblemente, compensando solo a los sectores directamente afectados como el transporte (con el riesgo de dejar atrás a algunos colectivos). Asimismo, en el caso de la electricidad, el plus de ingresos públicos se revertiría a las personas en situación de pobreza, y empresas más expuestas. La imposición de topes de precios es otra opción, pero plantea la cuestión de su nivel y la necesidad de subvencionar con dinero público el gas que se queda fuera porque, si no, habría cortes de suministro. 

Más allá, conviene repensar el mecanismo de formación de precios eléctricos, basándolo en los mercados a plazo, menos volátiles y orientados a la baja (el mercado español del gas para 2023 apunta a un precio un 40% inferior al nivel actual). Las propuestas de algunos expertos de sacar el gas del mercado mayorista de la electricidad, o de imponer la sobrerremuneración del sector eléctrico, tal y como planteado por la OCDE, obedecería a los mismos principios. Todo ello, sin embargo, no sería inmediato y requeriría un acuerdo europeo.

Estas u otras medidas deben concebirse como transitorias, porque la crisis energética obliga a una transformación de nuestro modelo productivo. Pero son urgentes y condicionan un eventual pacto de rentas contra la inflación.   

PIB | El Panel de Funcas recorta en un punto su previsión de crecimiento para 2022, hasta el 4,6% (media de los analistas que han incorporado el impacto de la invasión de Ucrania). La ralentización es más intensa de lo que parece: habida cuenta de la dinámica heredada del final del pasado ejercicio, un estancamiento tras el estallido de la contienda todavía se traduciría en un crecimiento del PIB cercano al 3,5% en media anual. El IPC se ha revisado al alza hasta el 5,8%, frente al 3,5% anticipado hace dos meses. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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¿Se adelanta el final de las compras de deuda del BCE?

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El año pasado los tipos de interés llegaron a mínimos históricos. Así, el Euríbor a un año descendió hasta un nivel medio anual del -0,5% y la rentabilidad de la deuda pública a 10 años situó su media anual en el suelo histórico del 0,35%. Pero con el despegue de la inflación, y tras la reunión del BCE de principios de febrero, quedó claro que la política monetaria se dirigía hacia la normalización y que la etapa de tipos de interés ultrarreducidos llegaba a su fin. Los mercados de futuros descontaban agresivas subidas, apuntando incluso a un retorno a niveles positivos al final del año. El Euríbor comenzó a ascender y la rentabilidad de la deuda pública española a diez años llegó a alcanzar el 1,25%, con un ascenso también de la prima de riesgo, aunque todavía lejos de la zona de peligro.

Tras la invasión de Ucrania, el panorama con respecto a la senda de la política monetaria y los tipos de interés se volvió más incierto. El impacto de la guerra es de tipo estanflacionario, es decir, eleva la inflación al tiempo que reduce el crecimiento. Esto supone un dilema para el banco central, que tiene que decidir qué objetivo es prioritario: evitar el desencadenamiento de un proceso inflacionista persistente, y por tanto endurecer la senda prevista de su política monetaria, o sostener la actividad económica y el empleo, lo que le llevaría a una relajación de la misma.

La reacción inicial de los mercados tras el estallido de la guerra fue moderar las expectativas con respecto a las subidas de tipos por parte del BCE. El Euríbor a un año frenó su escalada, y la rentabilidad de la deuda pública descendió. Lo que se esperaba, en general, era el mantenimiento de la retirada de estímulos decidida en febrero, y que, de modificar la senda prevista de la política monetaria, sería para suavizarla. Se pensaba, por tanto, que sería la preocupación por el impacto sobre la actividad económica la que más pesaría.

La decisión anunciada el jueves por Lagarde, sin embargo, ha sido la opuesta. El BCE acelerará la reducción de las compras de deuda, y podría finalizar las mismas en el tercer trimestre en caso de que las perspectivas para la inflación no hayan mejorado. Lagarde no concretó nada con respecto al inicio de las subidas de tipos, pero tras el anuncio los mercados volvieron a descontar su retorno a terreno positivo. El impacto más relevante, sin embargo, es en el mercado de deuda. La perspectiva de una próxima finalización de las compras de títulos por parte de la institución disparó las rentabilidades hasta máximos anuales, con un incremento, de nuevo, de la prima de riesgo. 

“La finalización de las compras de deuda antes de lo previsto limita notablemente la capacidad de los Gobiernos de los países periféricos altamente endeudados, entre ellos España, para combatir los efectos de la crisis energética mediante la política fiscal”.

María Jesús Fernández

El BCE ha considerado, por tanto, que su prioridad es evitar que la inflación se desboque y las expectativas se desanclen, lo cual no debería sorprender, puesto que el control de la inflación es su único mandato, no el sostenimiento de la actividad económica. Pese a ello, la decisión será polémica, dado el fuerte impacto económico, de magnitud aún incierta, que va a derivarse de la guerra, y dada también la poca utilidad de la política monetaria para impedir una inflación originada por un aumento de los precios energéticos en los mercados internacionales. No hay que olvidar el precedente de las subidas de tipos practicadas por Trichet en 2011, cuando, en un momento de gran debilidad económica, la inflación aumentó a consecuencia del encarecimiento del petróleo, decisión de la cual se tuvo que retractar pocos meses después. Se puede alegar, no obstante, que lo anunciado por Lagarde, en realidad, no supone el inicio una política monetaria restrictiva, sino tan solo la eliminación de unos estímulos que podrían proporcionar a la economía combustible para el desencadenamiento de una espiral precios-salarios. Es decir, no se trata de rebajar los precios energéticos, sino de evitar que la inflación actual acabe perpetuándose.

Una consecuencia muy relevante del anuncio del BCE es que la finalización de las compras de deuda antes de lo previsto limita notablemente la capacidad de los Gobiernos de los países periféricos altamente endeudados, entre ellos España, para combatir los efectos de la crisis energética mediante la política fiscal —por ejemplo, a través de subvenciones o bajadas de impuestos a hogares y empresas más afectadas por el encarecimiento de la energía—. Si el margen de maniobra era ya reducido, ahora lo es aún más. Es más, sin el BCE actuando como demandante, existe el riesgo de que las condiciones en los mercados financieros se tensionen y comiencen a dispararse las primas de riesgo, lo que pondría a la institución en un nuevo dilema, que probablemente sería resuelto retornando al mercado a comprar títulos de deuda. 

Por otra parte, la incertidumbre es máxima; no sabemos cómo va a evolucionar el conflicto ni qué va a pasar en los mercados energéticos. No se puede descartar ningún escenario, ni por tanto un cambio en la valoración relativa del BCE con respecto a los riesgos para la inflación y el crecimiento. De hecho, en su comunicado dice expresamente que las compras netas podrían reanudarse si fuera necesario. No está claro, en suma, que el BCE vaya a poner fin a los estímulos de forma tan inmediata como ha anunciado.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El Periódico de España.

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