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Anticipando el corte del gas ruso

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La clave de nuestro futuro económico radica en el gas ruso: en esencia, ese es el vaticinio de la Comisión Europea en sus últimas perspectivas económicas. Todos los países se enfrentan a una fuerte desaceleración tras el verano, cuando no a caídas del PIB que podrían durar uno o dos trimestres. Los más dependientes del gigante euroasiático serán los más afectados, pero en una economía interconectada como la europea ninguno está a salvo. Alemania e Italia, por ejemplo, apenas crecerían en torno al 1%, mientras que España, menos expuesta al riesgo de un corte total del suministro de gas ruso, crecería ligeramente por encima del 2,1%, frente al 3,4% de la anterior previsión. Actividad por tanto a la baja, y precios al alza por la misma causa: unos precios energéticos disparados cuya onda expansiva atraviesa el conjunto del aparato productivo, provocando más inflación.   

El pronóstico, si bien lúgubre a corto plazo, mantiene casi intactas las perspectivas económicas a medio plazo esbozadas antes de la guerra. Y es que Bruselas augura que todo mejorará cuando el precio de la materia prima se estabilice, gracias a la aparición de nuevas alternativas a los hidrocarburos rusos, o a una tregua en las hostilidades en Ucrania. En ese preciso instante, bajará la inflación (la Comisión anticipa un IPC interanual cercano al objetivo del BCE 2% a finales de 2023 para la media de la eurozona) y la economía reanudará una senda de sólida recuperación.

El horizonte voluntarista de la Comisión, sin embargo, elude el papel vital de la política económica para afrontar el shock energético. De su gestión depende la supervivencia de muchas empresas que, pese a ser viables, necesitan un apoyo fiscal para ajustarse y transitar hacia un modelo menos intensivo en carburantes fósiles. Las sociedades europeas también amenazan con desgarrarse por el carácter desigual de la crisis: el informe confirma que los deciles de rentas más bajos son los más expuestos a la crisis, y los hogares manifiestan un malestar creciente ante la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. 

Bruselas no dice cómo afrontar estos retos y a la vez cumplir los objetivos de corrección de los desequilibrios de unas cuentas públicas lastradas por el coste de la pandemia. Sin duda la respuesta pasa por la gradualidad de los ajustes, pero también por una combinación de repriorización del gasto, flexibilidad en la utilización de los fondos europeos y medidas de reequilibrio fiscal. 

Otro frente de vital importancia es la política monetaria. Las previsiones de Bruselas incorporan la hipótesis de un ajuste paulatino de tipos de interés. Algo deseable ya que una sobrerreacción agudizaría las tendencias recesivas. Sin embargo, la gradualidad, aparte de no estar garantizada, parece poco compatible con la previsión de una bajada abrupta de la inflación. Mejor prepararse a la eventualidad de un episodio inflacionista más duradero, y a la vez fortalecer los cortafuegos sociales con pactos de rentas. Y los financieros, gracias un instrumento eficaz antifragmentación: el próximo día 21 deberíamos conocer la propuesta del BCE. Esperemos que esté a la altura de las circunstancias porque de lo contrario los mercados no tardarán en presionar las primas de riesgo; la de una Italia debilitada tras la dimisión de Draghi, pero también la nuestra.


Las familias y las empresas españolas, tras un arduo periodo de desendeudamiento, están mejor posicionadas que en la crisis financiera para soportar el giro de política monetaria. Su posición financiera es también comparable a la media europea, incluso mejora la de algunos de los países llamados frugales como Holanda. Pero para el Estado una elevación progresiva de los tipos de interés tendrá un impacto mucho más pronunciado.

El Comisario Gentiloni resume el desafío apelando a una estrategia de “solidaridad, sostenibilidad y seguridad”. Ha llegado la hora de conciliar estos principios en los próximos PGE.  

Primas de riesgo | El diferencial de tipos de interés entre el bono público español a 10 años y la referencia alemana, o prima de riesgo, se ha duplicado desde el inicio del año en paralelo al cese del programa de compra de deuda del BCE. Sin embargo, su nivel actual, en el entorno de 117 puntos básicos, es casi idéntico a la media del periodo expansivo pre-pandemia 2015-2019 de 120 puntos. En comparación, la prima de riesgo italiana alcanza 224 puntos, frente a una media de durante la expansión de 177 puntos.

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IPC: de la negación al riesgo de sobrerreacción

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Más inflación y, una vez pasado el verano, menos actividad: este es el panorama al que nos enfrentamos, como lo avalan tanto los hechos como los anuncios de política internacional dados a conocer esta semana.

Al traspasar la barrera psicológica del doble dígito, es ya inevitable que el IPC se arraigue en la economía y que los vaticinios de los responsables de política monetaria se vean desbordados por la fuerza de la realidad. Incluso suponiendo una moderación de los costes importados en los próximos meses, la inflación rozaría el 9% en media anual en 2022, casi dos puntos por encima del pronóstico de mayo del Banco de España, y más que duplicaría el objetivo del banco central en 2023. Sin sorpresa, la pérdida de capacidad de compra se ha convertido en un tema central, como lo reflejan las encuestas de confianza del consumidor y de sentimiento empresarial.

Además, la versión “económica” de la recién celebrada cumbre de la OTAN es que la perturbación geopolítica, principal desencadenante del brote de inflación energética, será más persistente de lo anticipado. Lejos de amedrentarse, Rusia profiere nuevas amenazas. Y en China no han gustado las valoraciones del comunicado de la alianza acerca de su papel desestabilizador del orden internacional. También surgen tensiones en el seno de la alianza, como las generadas por el anuncio de restricciones a las exportaciones de gas británico hacia la Unión Europea.

Para afrontar un shock de este calibre, el BCE, tras salir de la negación, no debería irse a otro extremo y ceder a la presión de los halcones. Estos recomiendan un ajuste agresivo de los tipos de interés, para así generar un parón de la demanda y atajar el traslado de la inflación energética al resto de precios. De modo que al empobrecimiento generado por la guerra y la crisis energética, de origen externo, se añadiría la recesión auto infligida por una sobrerreacción de la política monetaria.

Una estrategia gradual, que pasa por aceptar que la inflación superará el objetivo durante un cierto tiempo, es por tanto preferible. Sin duda la gradualidad contiene riesgos de persistencia de la inflación, y de pugna permanente por la recuperación del poder adquisitivo. Pero ese sería el precio a pagar por la preservación del crecimiento.

La persistencia del shock también sugiere un cambio de paradigma de la política contra la inflación de los gobiernos. Hasta ahora, las principales medidas se justificaban por el carácter pasajero del encarecimiento de la energía. Las subvenciones generalizadas a los hidrocarburos que se han extendido a través del continente, o el recorte de IVA energético, se traducen en bajadas puntuales de IPC —como hemos visto en junio en Alemania—. Pero no podrán doblegar la tendencia ni ayudarán a reducir la dependencia energética. Se requieren por tanto medidas estructurales, como el estímulo al ahorro energético, el apoyo al transporte público, o la reforma del mercado eléctrico.

Las compensaciones a los grupos vulnerables también deberían adaptarse, para evitar efectos de umbral (cuando los receptores pierden la ayuda solo con ganar un euro más) y estimular el ahorro energético. Para ello algunos países como Italia utilizan el sistema fiscal, mucho más ágil que la actual multiplicación de bonos y exenciones. El despliegue de transferencias fiscales, que se podría extender a las empresas más intensivas en energía, también actúa como acicate para reducir el consumo.

El grueso del ajuste a un entorno de inflación elevada tendrá que ser soportado por las empresas y los trabajadores. Habrá que aprovechar las innovaciones que van apareciendo en algunos acuerdos. Se trata de conciliar intereses aparentemente contradictorios, pero en realidad unidos por la necesidad de mantener dos de nuestros principales activos: la competitividad, de momento intacta como lo muestra el mantenimiento del superávit externo, y la cohesión social.

IPC | Tras haberse acercado a la media de la eurozona en mayo, el IPC repuntó de nuevo en junio, abriendo una importante brecha con respecto a los principales países vecinos. El diferencial es de 1,5 puntos en relación a Alemania e Italia, y de 3,5 puntos en el caso de Francia. Preocupa el impacto en la competitividad del alza del IPC subyacente, también por encima de la media europea según el dato adelantado. Entre tanto, los salarios mantienen su moderación, con un incremento del 2,5% de los nuevos convenios colectivos firmados hasta mayo.   

IPC | Tras haberse acercado a la media de la eurozona en mayo, el IPC repuntó de nuevo en junio, abriendo una importante brecha con respecto a los principales países vecinos. El diferencial es de 1,5 puntos en relación a Alemania e Italia, y de 3,5 puntos en el caso de Francia. Preocupa el impacto en la competitividad del alza del IPC subyacente, también por encima de la media europea según el dato adelantado. Entre tanto, los salarios mantienen su moderación, con un incremento del 2,5% de los nuevos convenios colectivos firmados hasta mayo.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La prueba de estrés del BCE

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El reconocimiento tardío por parte del BCE del carácter persistente de las presiones inflacionistas anuncia el fin de los estímulos monetarios de la era Draghi, en un momento excepcionalmente complejo para la economía europea. Habitualmente los bancos centrales se inspiran en el lenguaje alambicado del oráculo de Atenas para explicar sus decisiones, para así no descartar ninguna opción.

Pero en este caso el mensaje del gurú monetario ha sido nítido: el principal tipo de interés (el que se aplica a la liquidez de los bancos) subirá un cuarto de punto en julio y “un incremento mayor” podría ser apropiado en septiembre –un mensaje que se ha interpretado como un guiño a los halcones. También se confirma el cese de las compras de deuda, por lo que la financiación de los Estados dependerá enteramente del vaivén de los mercados. Sin sorpresa, salvo que ese anuncio se acompaña ahora de más precisión acerca de las medidas previstas para evitar un parón de esa financiación (la tan temida fragmentación financiera).


Para la economía española, el impacto inmediato del giro de tuerca monetario es un encarecimiento de los costes financieros tanto para el Estado como para el sector privado. El euríbor se aproxima ya al 0,6% y el bono a 10 años supera el 2,5%, con un diferencial al alza frente a la referencia alemana. Todo ello es de momento soportable, con una triple condición. Uno, que el BCE actúe con prontitud y contundencia cuando los mercados pongan a prueba su compromiso de evitar la fragmentación financiera, una eventualidad bastante probable. No está claro que el dispositivo previsto (la reinversión estratégica de la deuda adquirida durante la pandemia) sea suficiente. El propio banco central lo admite, también tarde, anunciando que una iniciativa antiespeculación está en estudio.

En segundo lugar, la reducción del déficit público dentro de un plan coherente plurianual aportaría una dosis saludable de credibilidad. La tarea se asemeja a la cuadratura del círculo, ya que el Estado tiene que atender las consecuencias de la crisis energética y de suministros, so pena de precipitar un desplome de los sectores más intensivos en energía y de generar malestar social. La solución pasa por la adopción de medidas focalizadas, como nos recuerda la OCDE, y el despliegue de inversiones financiadas por fondos europeos que acompañen la transición energética. El margen, aún estrecho, puede ser utilizado con inteligencia.

Finalmente, mucho depende de la capacidad de resistencia del crecimiento ante el alza de tipos de interés. Afortunadamente tanto los hogares como las empresas parten de niveles de deuda moderados. Por otra parte, el rebote de la actividad parece afianzarse después del traspié de marzo. Las grandes empresas, por ejemplo, incrementaron sus ventas un 5,9% en abril y un 10,8% en relación a un año antes (con datos deflactados). El tirón del empleo, de las exportaciones y del turismo no se desmiente.

A corto plazo, por tanto, el endurecimiento monetario parece asumible. Además, el Tesoro ha tenido la buena idea de anticiparlo, adelantando el recurso a los mercados durante la primera parte del año. La verdadera prueba de estrés podría producirse en el otoño, cuando se conjuguen el final de la temporada turística y la nueva vuelta de tuerca monetaria, en un contexto caracterizado por una larga lista de incertidumbres, a la que se añade ahora el conflicto comercial en ciernes con Argelia.

Entre tanto la inflación no da tregua. El alza de tipos de interés puede ayudar a atajar la depreciación del euro, que es una de las vías de contagio de los costes importados. Otra cosa es su impacto en las “expectativas” en las que se basan las decisiones de precios y de salarios, en una pugna por el mantenimiento del poder adquisitivo. La clave está en evitar esa espiral y en el papel del BCE de prevención de desgarro financiero.

IPC | El repunte del IPC registrado en mayo refleja el encarecimiento de los combustibles –algo que se esperaba habida cuenta de la escalada de la cotización del petróleo. También destaca el tirón de los alimentos elaborados como el pan y los lácteos. Por otra parte, la inflación se generaliza. Así, en mayo, 80 productos de los 196 que componen el IPC tuvieron una inflación superior al 6%, frente a solo 12 un año antes. Solo 43 productos registran una inflación inferior al objetivo del 2%, en comparación con 158 hace un año.

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La industria se recupera en abril de la caída sufrida en marzo

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Índice de producción industrial | ABRIL 2022

El índice de producción industrial creció un 2,1% en abril, recuperándose así del retroceso del 2% sufrido el mes anterior, influido por la huelga de transportes. El índice de manufacturas, que excluye las industrias extractivas y energéticas, avanzó un 1,9% tras caer un 1,5% en marzo. No obstante, la tendencia ascendente registrada en la segunda mitad del pasado año continúa interrumpida, aunque por el momento tampoco se observan señales de deterioro.

El nivel de actividad registrado en los primeros cuatro meses de este año es un 1,8% superior al registrado el mismo periodo del pasado año. En dicha comparación interanual los sectores que más han crecido son: confección de prendas de vestir, madera y corcho excluyendo muebles, e industria del cuero y del calzado —aunque esta última aún se encuentra por debajo de los niveles previos a la pandemia—. Los peores resultados se observan en la industria del automóvil. El PMI de manufacturas de mayo registró un leve ascenso, aunque manteniéndose por debajo de los niveles de principios del año. Asimismo, el número de afiliados a la Seguridad Social en el sector, tras sufrir un cierto debilitamiento en abril, volvió a crecer en mayo. Todo ello apunta al mantenimiento de la mencionada tendencia de estabilidad.

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Nueva ola de inflación energética

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En los últimos tiempos el gas ha sido el protagonista inesperado de la economía española, por su papel de propulsor de la inflación que se ha extendido a través del aparato productivo, frenando la recuperación. Ahora todo apunta a que el petróleo podría estar tomando el relevo como aguafiestas. 

Dos factores confluyen en la dirección de un fuerte encarecimiento del oro negro en los próximos meses. Por el lado de la demanda, China ha iniciado el desconfinamiento de las zonas afectadas por los brotes de virus, preludio de un rebote de la actividad de la segunda economía del mundo, con enorme peso en las importaciones mundiales de materias primas. 

A la inversa, las restricciones a las importaciones de petróleo ruso anunciadas en fechas recientes por Bruselas generarán un recorte drástico de la oferta disponible, al menos a corto plazo: según los expertos de la Agencia Internacional de la Energía, una buena parte del suministro del gigante euroasiático no podrá ser redirigido hacia otros destinos, agravando la escasez global. Por otra parte, Arabia Saudí y otros países productores se muestran poco entusiastas en incrementar su extracción para cubrir el déficit de crudo euroasiático (han anunciado un bombeo adicional que representa menos del 10% de la oferta rusa). Se preguntan por qué lo harían, cuando los mismos países que les piden un esfuerzo se han comprometido a acabar con el uso de los hidrocarburos. Es un hecho que las inversiones se han desviado masivamente hacia las energías renovables.   

Entre tanto, descontando los altibajos que caracterizan un mercado tan volátil, el barril de brent se aproxima a los 120 dólares, un 53% más que a inicios de año. Y los mercados a plazo se orientan al alza. Si la cotización llegara hasta los 140 dólares, en consonancia con algunas de las previsiones (otras son aún más alarmistas), el IPC subiría un punto más. De modo que la escalada del petróleo anularía los esfuerzos desplegados para contener la inflación, tal la subvención a los hidrocarburos o el mecanismo de limitación del precio del gas que entra en el mercado eléctrico (una medida que por otra parte, e incompresiblemente, tarda en entrar en vigor). 


Sin duda nuestra economía puede aguantar el envite del petróleo en los próximos meses. Así lo evidencian los buenos datos de afiliación a la seguridad social para el mes de mayo, así como los indicadores de coyuntura, que apuntan a una mejora tanto en la industria gracias al auge exportador como en los servicios (los PMI muestran una mejora tras las turbulencias generadas por la invasión de Ucrania). La temporada turística se presenta bajo auspicios favorables y algunos hogares todavía disponen de un colchón de ahorro para mantener el consumo pese a la pérdida de poder adquisitivo. 

Pero un repunte de precios energéticos añadirá presión a un IPC subyacente que roza ya el 5%, y apenas un poco menos en la eurozona. Sin sorpresas el BCE se dispone a cesar sus compras de deuda, antes de incrementar sus tipos de interés —con una primera subida el mes que viene seguida de otras, hasta doblegar la inflación—. El giro se refleja ya en el coste del dinero, encareciendo las hipotecas y otros préstamos. 

Además, una recesión técnica en Alemania y otras economías más castigadas que la nuestra por la escasez de hidrocarburos no es descartable a partir del otoño, cuando el endurecimiento de las sanciones a Rusia entre plenamente en vigor. 

Finalmente, el mantenimiento de una fuerte inflación energética reduce el espacio de negociación para compartir el coste de manera equilibrada. De momento los salarios evolucionan con moderación, tanto en España (con incrementos pactados hasta abril cercanos al 2,5%) como en Alemania (4%), Francia (3%) e Italia (cerca del 1%). Pero ojo con la vuelta de las vacaciones. Las sanciones aumentan el riesgo de una cronificación de la inflación, pero esperemos que ayuden a resolver el conflicto bélico. 

CONTRATACIÓN | Según los datos divulgados esta semana, el número de contratos de trabajo registrados en mayo ha sido superior en 95.300 al registrado un año antes, con un incremento en los indefinidos de 574.300 y un descenso en los temporales de 479.000. Entre las modalidades de contratación indefinida, la que más creció fue la de fijos discontinuos ( 10,8%), de modo que el número de contratos acogidos a esta modalidad se ha multiplicado por 13 en el último año. Las otras fórmulas de contratación indefinida también ganan terreno, pero menos: 1,3% en mayo, y 243% en un año.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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España ante la desglobalización

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Una de las sorpresas de la recuperación pospandémica, que no parece desmentirse desde la invasión de Ucrania, es el dinamismo de las exportaciones. Se temía que la desorganización de las cadenas productivas junto con la crisis energética, mermarían el potencial industrial, tanto por la multiplicación de retrasos en la llegada de suministros como por el riesgo de pérdida de competitividad. Es un hecho que los precios de producción se están encareciendo a un ritmo endiablado que nos retrotrae varias décadas (el indicador de precios industriales no energéticos para el mes de abril se incrementó casi un 16%, la tasa más alta desde 1980), y la disponibilidad de suministros es un quebradero de cabeza para las empresas (el indicador PMI de retrasos de abastecimiento se situó en abril en niveles preocupantes). 

Sin embargo, las ventas en el exterior muestran un auge que resiste los embates de la guerra. Durante el primer trimestre crecieron casi un 24% en relación con el mismo periodo de 2021, y ya se sitúan un 14% por encima de los valores de la era precovid. Estos resultados mejoran netamente la media europea (con tasas del 20% y 11%, respectivamente). De las cuatro grandes economías, la española es la que más avanza en términos de cuota de mercado en el exterior. Y las informaciones disponibles para el mes de marzo no alteran a tendencia pese al contexto bélico y sus derivadas. 


Las exportaciones de servicios no turísticos también evolucionan favorablemente, a la vez que el turismo extranjero está de vuelta. Con todo, el tirón del sector exterior está compensando la debilidad de la demanda interna, lastrada por el recorte de poder adquisitivo de los hogares provocado por la inflación y las incertidumbres geopolíticas que empañan el horizonte de la inversión. Fruto de ello, la economía todavía creció en el primer trimestre mientras que otras, como la alemana, están atenazadas por la recesión. 

Este providencial viento de cola podría estar reflejando un cambio en el proceso de globalización: las empresas europeas buscan una mayor seguridad en las cadenas de valor, y por tanto están repensando el entramado de relaciones con sus proveedores. Otro factor crucial es el encarecimiento del transporte internacional, tanto por la disrupción de los sistemas de logística (agravada en tiempos recientes por el cuasi cierre de algunos de los principales puertos del este de China) como por la escala de precios energéticos. El resultado natural es un acercamiento de la producción a los lugares de consumo. 

Prueba de ello, los intercambios entre países de la UE están en plena expansión mientras que el comercio con el resto del mundo se estanca, evidenciando una cierta “desglobalización”. De momento España se está beneficiando del cambio de pauta de los procesos productivos, incrementando su presencia en el mercado europeo. Las ventas hacia los otros países miembros progresan a un ritmo elevado, llevando el saldo con la eurozona hasta un superávit de 9.100 millones de euros, frente a 5.400 millones de hace un año (datos para el primer trimestre).     

Está por ver si este giro, con beneficios evidentes en términos de crecimiento, se mantendrá en el tiempo y si sirve para mejorar nuestro modelo productivo. Ya hace lustros que la productividad apenas avanza mientras que, descontando la inflación, la remuneración media por asalariado se sitúa en niveles similares a los de principios de siglo. El sector automotriz, la principal excepción a la actual bonanza exportadora, será un barómetro del cambio de modelo: esta industria es una de las más expuestas a la doble transición tecnológica y energética. 

Sin duda el Plan de recuperación toca las teclas acertadas para dar el salto cualitativo, con inversiones previstas en el desarrollo del vehículo eléctrico, cadena agroalimentaria, energías renovables o semiconductores. Pero hoy por hoy no parece que los proyectos se estén ejecutando a un ritmo suficiente ni con la coherencia necesaria para aprovechar la oportunidad.      

REMUNERACIÓN | Según se desprende de las últimas previsiones de la Comisión Europea, la remuneración media por asalariado se reducirá este año en un 2,8% en términos reales (descontando la evolución del deflactor del consumo privado). Este sería el mayor recorte de poder adquisitivo desde 2012 (-3,4%). La Comisión también anticipa que la inflación generará una disminución de la remuneración media en términos reales en todos los países miembros sin excepción. Este movimiento al unísono en toda la Unión Europea no tiene precedentes desde que existen datos comparables, a mediados de los años 90.

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Condiciones para un pacto de rentas

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Los Estados disponen de poco margen para luchar contra el actual brote de inflación y sus consecuencias en la capacidad de compra de los hogares, el malestar social y el crecimiento de la economía. A diferencia de lo que ocurrió con la pandemia, ya no pueden contar con el respaldo de los bancos centrales, vía los generosos programas de compra de deuda que ahora están deshaciendo. Algunos países, como el nuestro, están muy endeudados y tendrán que afrontar la subida de tipos de interés en ciernes.

De ahí la idea de resucitar el pacto de rentas, un instrumento amable para las cuentas públicas que tuvo su época de gloria con los pactos de la Moncloa o el “dique de contención” holandés (el llamado modelo polder). El objetivo más evidente: evitar una espiral de precios y salarios nefasta para la competitividad y la cohesión social. Un pacto de rentas también aportaría algo de previsibilidad para nuestra economía, algo importante en un contexto internacional tan incierto.

Para posibilitar un tal acuerdo, sin embargo, es preciso tener en cuenta tres circunstancias. La primera atañe a la duración de la crisis energética. La decisión de topar el precio del gas que entra en el mercado eléctrico es un paso acertado en la dirección de la desescalada, como lo reconoce el Banco de España en su informe anual. Además, los mercados a plazo apuntan a unos precios tensionados del petróleo y del gas hasta la primavera del 2023 y a una posterior suavización fruto de las inversiones en renovables y de los esfuerzos de ahorro energético que se están realizando (aunque todavía queda mucho por hacer). Sin embargo, existen escenarios menos halagüeños, como el que se plantearía en caso de un corte total del suministro ruso. Todo ello aboga por acuerdos plurianuales, como está empezando a producirse en algunos sectores.

La heterogeneidad de situaciones entre sectores, exacerbada por la aceleración de los cambios estructurales como consecuencia de la pandemia, es otra complicación de cara a un acuerdo de conjunto. Algunas actividades como las tecnológicas y la logística se enfrentan a una escasez de mano de obra o, en el caso de la agricultura en determinados territorios, a una demanda boyante que dificulta la contención. Por tanto, un acuerdo de cobertura nacional solo puede ser indicativo, si bien también debe incorporar incentivos fiscales o en términos de cotizaciones sociales para las empresas que lo respeten.

Finalmente, el debate actual es dicotómico: unos abogan por incrementos salariales en función de la inflación prevista, con un riesgo de desvío asumido por los trabajadores, y otros por pactos con indiciación total en función de la inflación real, algo que amenaza la competitividad de las empresas. Existen sin embargo fórmulas intermedias de reparto de los costes importados, como compensaciones ante la pérdida de poder adquisitivo que no se perpetúen en futuros convenios, o aportaciones a planes de pensiones de empleo.


De momento, el mercado laboral está respondiendo con moderación. Los salarios pactados se incrementan por debajo del 2,5%, dos puntos menos que el IPC subyacente. Pese al crecimiento del empleo, los hogares soportan una pérdida de capacidad de compra: este año, descontando la inflación, su renta disponible se habrá reducido un 5,7% en relación a 2019, según las previsiones de la Comisión Europea. Los márgenes también se comprimen, aunque proporcionalmente menos (la Comisión prevé una reducción del excedente bruto de explotación en términos reales del 1,6% durante el mismo periodo). Pero algunos sectores se muestran más exuberantes, con el riesgo de contagio al resto, incluido el sector público.

En suma, este parece ser el momento oportuno de un acuerdo amplio, que abarque el conjunto de cuestiones —márgenes empresariales, salarios y pensiones—. Y que tenga en cuenta las características del shock energético y geopolítico que se adentra inexorablemente en nuestra economía.

COYUNTURA | El malestar social generado por la escalada de costes energéticos, evidenciado por las recientes huelgas de transportistas, ha dejado huella en los indicadores de coyuntura. La cifra de negocios en la industria registró un descenso en marzo del 6,1% (según el índice del INE corregido de estacionalidad y calendario). En cuanto a los servicios, el descenso alcanzó el 3,3% en el mismo mes (según el IASS corregido del INE). Destaca la caída de las ventas y reparación de automóviles, así como de servicios más afectados por la huelga, como el comercio. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Inflación: una noticia positiva, otra preocupante

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El IPC muestra señales esperanzadoras de desescalada, pero es pronto para determinar si la inflación —entendida como un bucle que se retroalimenta de incrementos de precios y salarios— seguirá el mismo camino. La limitación del precio del gas que entra en el mercado eléctrico, el principal factor del encarecimiento de la cesta de la compra, es un potente freno a la escalada de costes. Especialmente en nuestro país: el IPC de nuestra electricidad se incrementó un 87% entre enero de 2021 y marzo de 2022, frente a la media europea del 40%.    


Otros factores importados están tomando el relevo de la factura eléctrica, en especial los alimentos y el petróleo. La guerra ha hundido las exportaciones de cereales desde las zonas de conflicto, además de generar un encarecimiento de los fertilizantes intensivos en gas ruso. La cotización del barril de Brent, por su parte, se resiente ya del inminente endurecimiento de las sanciones a Rusia, hasta neutralizar por completo la subvención pública a los hidrocarburos. La decisión de los países de la OPEP de no incrementar la extracción de crudo (o de hacerlo en proporciones insuficientes para paliar la escasez global) apunta en la dirección de tensiones adicionales al menos a corto plazo. Y los cortes de suministro de gas ruso, ya decididos o presentidos, auguran más perturbaciones —si bien el impacto será menor en la península ibérica gracias a la capacidad instalada de regasificación, aportando una ventaja comparativa crucial frente al resto de Europa—.       

Pero lo que preocupa ahora es el despertar de los precios en el sector de servicios —hasta fechas recientes inmune a la embestida de la energía— y su corolario de inflación subyacente. En el pasado ejercicio el IPC de los servicios se había mantenido casi ajeno al resto de componentes del consumo, con avances muy leves en contraposición con el repunte de los bienes industriales, en primea línea de la crisis energética y de suministros. Pero la tendencia ha cambiado: en abril el IPC de servicios se incrementó un 1%, lo que lleva la inflación acumulada en lo que va de año al 3,3%, lo mismo que los bienes industriales no energéticos. Destacan los incrementos del transporte, hostelería, restauración y seguros. Con todo, los precios de más de la mitad de los productos que componen la cesta de la compra crecen a un ritmo superior al 4%, cuando esa proporción era insignificante hace un año. Es decir, la inflación de costes energéticos y de suministros se ha repercutido al resto de precios, explicando el repunte de la inflación subyacente. 

No obstante, el proceso inflacionista no se ha adentrado todavía en el conjunto del aparato productivo. Falta el último eslabón: los salarios. De momento éstos actúan como dique de contención, al menos a nivel agregado, con una evolución de las remuneraciones pactadas en convenios colectivos notoriamente inferior a la inflación subyacente —algo que corroboran los datos de retribuciones medias de grandes empresas—. 

Sin embargo, ese muro de contención empieza a fisurarse. El sector de la construcción acaba de sellar un acuerdo con subidas salariales del 10% escalonadas hasta 2024 y con garantías de poder adquisitivo. Las negociaciones en otros sectores con margen de maniobra, como la consultoría, apuntan en una dirección similar. 

A falta de un acuerdo de conjunto, existe un riesgo de acuerdos parciales que abrirían la compuerta de una espiral precios-salarios perjudicial para la competitividad del conjunto de la economía y el empleo. Pero otro escenario es posible, caracterizado por un esfuerzo coordinado de contención de los márgenes empresariales y de los salarios. Esta es una vía que, junto con medidas de contención de los precios eléctricos, un plan de ayudas bien diseñadas a los sectores en dificultad y el aprovechamiento del enorme potencial en energías renovables, nos colocaría en mejor posición para luchar contra la inflación. Y para afrontar una crisis energética que no tiene pinta de amainar.                

CARBURANTES | Aunque de manera menos espectacular que el gas, el precio del petróleo ha seguido una senda fuertemente alcista desde inicios de año. La cotización del barril de Brent roza los 110$, un 41% por encima de los niveles de finales de 2021. Habida cuenta de la depreciación del euro, el aumento alcanza el 54%. Todo ello se ha trasladado a los precios finales de los carburantes, pese al descuento asumido por la hacienda pública: repostar con gasóleo cuesta un 42% más. Una subida del barril hasta 120$ añadiría cerca de un punto de IPC.          

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La economía ante el alza de los tipos de interés

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Desde el inicio del año los tipos de interés han emprendido una senda alcista que pone a prueba la capacidad de resistencia de la economía española. Además, todo apunta a que la escalada del coste del dinero no ha tocado a su fin. Descontando la inflación subyacente —el principal barómetro de la evolución tendencial del coste de la vida y de los precios percibidos por las empresas— los tipos de interés “reales” se sitúan en terreno netamente negativo, prolongando de facto la era ultraexpansiva propulsada por Draghi.


El contexto monetario cambiaría si la inflación se acercara al objetivo del 2% de aquí a finales de año, pero este escenario optimista está siendo cuestionado por el propio BCE: en un meritorio estudio publicado en el boletín económico de abril, Frankfurt reconoce su error de apreciación de las tensiones inflacionistas que se han abatido sobre la economía europea, y pronostica más persistencia de lo inicialmente previsto. Por tanto, el BCE podría reaccionar con más contundencia de lo anticipado, lo que abre la puerta a más alzas del Euríbor y de otras importantes referencias.

En principio, la economía española está mejor posicionada que en otras épocas para aguantar lo que se presenta como un nuevo shock, en este caso monetario, tras el que provocaron la pandemia y la crisis energética. La economía dispone todavía de recursos entre los que destaca el rebote providencial del turismo, que se refleja tanto en el mercado laboral como en las perspectivas de actividad para los próximos meses: el principal indicador de coyuntura del sector de servicios, en el que el turismo tiene un peso importante, registró en abril un fuerte avance (con un PMI al alza hasta el nivel 57, lo que anticipa incrementos continuados de actividad). El tirón de los servicios podría contrarrestar el debilitamiento de la industria, lastrada por los precios energéticos y la aparición de nuevos cuellos de botella, al menos a corto plazo. 

Pero la intensidad del crecimiento de los servicios, y por tanto la sostenibilidad de la recuperación, dependen de la situación financiera de las familias y de las empresas. A nivel agregado, la posición del sector privado no debería suscitar mucha preocupación, fruto del desendeudamiento realizado durante la etapa de expansión. Los pasivos de las familias se sitúan en niveles inferiores a la media europea, y sobre todo al balance desequilibrado de la época de la burbuja. La deuda ha seguido reduciéndose gracias al sobreahorro acumulado durante la pandemia. Algo similar ocurre en el caso de las empresas: incluso si la carga de intereses se duplicara (lo que supone un incremento inverosímil de tipos de interés), todavía se situaría en el 6% del excedente de explotación, un nivel próximo al inicio de la etapa expansiva en 2015 y mucho menos que en el cénit de la crisis financiera (16,5%).

Sin embargo, el panorama global eclipsa fuertes diferencias entre sectores. Las hipotecas a tipos variable van a encarecerse, poniendo en dificultad a algunos hogares. Y las industrias más vulnerables ante la crisis energética tendrán que apretarse el cinturón. Esto evidencia la importancia crucial de una acción por parte del Estado focalizada en los sectores en dificultad, sin la cual nos asomaremos a una pérdida de tejido productivo y un recrudecimiento del malestar social. 

Y ahí es donde se sitúa nuestro principal punto débil, porque el Estado dispone de un margen de maniobra limitado como consecuencia del escaso esfuerzo de contención de los desequilibrios durante la etapa expansiva, y ahora por el impacto del alza de los tipos de interés en las cargas financieras que soportan las administraciones. Todo ello plantea un desafío de sostenibilidad de las cuentas públicas, sin perder de vista la tarea de apoyar la recuperación. Una tarea que, ante el repliegue de los bancos centrales, solo podrá descansar en los Estados.

INDUSTRIA vs SERVICIOS | Mientras que la epidemia golpeó con severidad los servicios, la crisis energética y de suministros incide sobre todo en la industria. El índice de producción industrial sufrió un retroceso del 1,8% en marzo, lastrado por la disrupción de las cadenas de suministros, el alza de los costes y la huelga de transportistas. Los datos para abril apuntan en la misma dirección, con un retroceso del indicador PMI de gestores de compra y de la afiliación industrial. En contraste con el importante incremento del PMI y de la afiliación en los servicios.  

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La actividad industrial interrumpe la senda de recuperación

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Índice de producción industrial | MARZO 2022


El índice de producción industrial sufrió un retroceso del 1,8% en marzo con respecto al mes anterior, lastrado por los problemas de suministros, los encarecimientos de costes y la huelga de transportistas. El índice de manufacturas, que excluye las industrias extractivas y energéticas, descendió un 1,4%. 

La caída afectó a la mayoría de las divisiones sectoriales que componen el índice, destacando la fabricación de otros productos minerales no metálicos y confección de prendas de vestir, además de automóviles, sector que acumula una intensa caída desde los niveles de hace un año.

Tras el resultado de marzo, la actividad manufacturera en el conjunto del primer trimestre de 2022 sufrió un retroceso del 0,2% con respecto al trimestre anterior, interrumpiendo la recuperación que había iniciado en la última parte del pasado año. Este resultado se encuentra en línea con el descenso sufrido por el índice PMI de manufacturas, si bien este último se ha mantenido por encima del nivel de 50, indicativo de crecimiento en el nivel de producción.

El nuevo deterioro sufrido por el PMI de manufacturas en abril, unido a la débil evolución del empleo en el sector, anuncian un nuevo empeoramiento de la actividad industrial en dicho mes.

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