Tras haber ocupado la portada de los medios de comunicación, el encarecimiento de la factura de la luz proseguirá su marcha —sin duda menos ruidosa— en la propia economía. De momento el impacto en la actividad ha sido limitado, porque los agentes tardan en percibir la amplitud del shock. Pero todo apunta a que, con el tiempo, constatarán una fuerte mordida en su capacidad de compra. Esta podría elevarse a 8.000 millones de euros de pérdida para las familias (en términos anuales), y 12.000 en el caso de las empresas. Además, esta es una estimación en base a supuestos relativamente optimistas que incorporan una reducción del precio de la electricidad del 15% hasta finales de año, fruto de las medidas aprobadas esta semana, y de una hipotética pero poco verosímil contención de los precios en el mercado mayorista.
En realidad, el gas podría seguir escalando en línea con las cotizaciones en los mercados de futuros, y así anular el efecto positivo de las medidas gubernamentales. El crecimiento del consumo y de la inversión no tardaría en frenarse. Entre tanto la inflación alcanzaría el 4,5% a finales de año, frente al 3,9% en la hipótesis de moderación de los precios eléctricos.
El impacto de una presión incrementada será sustancial en el sector electrointensivo de producción química, fabricación de maquinaria y metales, muebles e industria del papel, y del transporte, entre otros. Estas son actividades hoy por hoy pujantes. Pero su factura eléctrica representa entre el 15% y el 30% del valor añadido, frente a una media del 5%, lo que implica un riesgo importante de cara a la competitividad de sectores cruciales para nuestras exportaciones. En algunos casos, como el corcho, y el acero, el encarecimiento de la electricidad podría absorber la mitad del excedente empresarial (con cálculos realizados a partir de las tablas input-output de la economía española).
Fuentes: Eurostat, INE y estimaciones de Funcas.
Por otra parte, en algunas empresas de la restauración y la hostelería, si bien los costes energéticos son proporcionalmente menores que en la industria, la situación financiera lastrada por la crisis pandémica es todavía muy frágil.
Sin duda la recuperación como tal no está peligro, gracias al empuje de la reapertura de la economía y a la recuperación del turismo. Pero la onda expansiva podría agotarse antes de lo previsto: parte del gasto embalsado por la crisis se está volatilizando por la merma de poder adquisitivo provocado por el alza de precios energéticos.
La principal consecuencia para la política económica es que las medidas aprobadas por el Gobierno, ciertamente necesarias, no serán suficientes para contener la inflación eléctrica si, como es previsible, los mercados mayoristas siguen desbocados. De momento, los recortes de impuestos y los gravámenes a hidroeléctricas y nucleares atajan la escalada. Pero los mercados están mimetizados por el alza implacable del precio del gas y, en menor medida, del carbono. Una reforma del mecanismo de formación de precios ayudaría a doblegar esta tendencia, privilegiando una traslación más gradual de los vaivenes de los mercados al precio pagado por los consumidores y las empresas.
Esta estrategia también convertiría el propio mercado en un estímulo a las energías renovables. Si los precios estuvieran en parte indexados en los mercados de futuros, en vez de depender del día a día como en el sistema actual, las inversiones gozarían de un horizonte más previsible. Es crucial que las fuerzas del mercado estén alineadas con los objetivos del Plan de recuperación, para que el volumen ingente de recursos orientados a la transición energética tenga el efecto anticipado.
Al menos se ha evitado una espiral de precios en el resto de mercados donde cada agente pugna por recuperar el poder adquisitivo perdido. Esta sería una lucha espuria: la escalada de costes se asimila a un impuesto que tiene que asumir la economía, y por tanto un bucle inflacionario solo sería un factor agravante. La Gran Moderación ante el desafío de la exuberancia de la luz.
PRECIOS | El índice de precios al consumo (IPC) de la eurozona se incrementó en agosto a un ritmo anual del 3% (una aceleración de nueve décimas frente a julio). Casi la mitad de ese incremento se debe a los precios de la energía, que subieron un 15,4%. En el caso de España, el IPC creció un 3,3%, es decir por encima de la media europea (y cuatro décimas más que en julio). El diferencial se debe a los precios energéticos, que registraron un incremento del 23,5%, explicando más de la mitad de la inflación total.
Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.
