El gobierno tenía otras opciones distintas a bajar el IVA de la luz, más redistributivas, con más ingresos para el estado, pero menos populares

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El próximo jueves, en Consejo de Ministros extraordinario, el Gobierno aprobará una bajada del IVA para la factura eléctrica. La rebaja será del 21% actual al 10% para aquellas potencias contratadas inferiores a 10 KW. Por tanto es una rebaja enfocada a las familias y no a las empresas.

La rebaja durará (como mínimo) hasta el 31 de diciembre de 2023 y se aplicará siempre que el precio del mercado mayorista se sitúe por encima de 45 euros /MWh. Actualmente los precios rondan los 90 euros / MWh pero es cierto que a lo largo del año hemos visto precios por debajo del límite fijados por el Gobierno.

Otra medida que entrará en vigor es la suspensión, al menos durante el tercer trimestre del año, del impuesto a la generación eléctrica que es del 7%.

Así nos afectará en la factura

La medida aliviará la factura de dos formas. Por un lado de forma directa, ya que el actual IVA del 21% pasará a ser del 10% y esto es una rebaja de un 9% en la factura.

Por otro lado el impuesto a la generación eléctrica aparece indirectamente en los precios de la energía, aunque no desglosados como tal en la factura debido a que se cobra a las empresas generadoras que a su vez lo repercuten a los usuarios vía precios energéticos más altos.

Entre estas dos medidas podemos estar hablando de una rebaja de aproximadamente un 12% en la factura. Esto implica un alivio de unos 80 euros al año para el usuario medio, que prácticamente compensaría los precios más altos que tenemos debido a diversos factores.

Esta vez no pasará como con el cine

Uno de los miedos que hay entre los consumidores es que esta bajada de IVA no sea repercutida en el consumidor. Existe un ejemplo muy cercano, cuando se bajó el IVA de los espectáculos culturales y los cines no bajaron los precios.

Sin embargo el mercado eléctrico es algo distinto. Por un lado la mayoría de los consumidores están el mercado regulado y las comercializadoras simplemente cobran lo que les indica el Gobierno. Y por otro, los precios que se negocian en el mercado libre son antes de impuestos, por los que un cambio del IVA tendría un impacto directo.

En el caso del impuesto a la generación estamos ante un mercado competido, donde los precios se fijan en base a una subasta en la que intervienen múltiples factores como la demanda, el clima (para la cantidad de renovables que pueden entrar) y el estado de las centrales. Por lo tanto la rebaja de este impuesto repercutirá a la baja en la factura en los clientes con precio regulado, no así en los que estén en el mercado libre.

Por tanto estamos ante una rebaja de IVA y de impuestos que sí que tendrá una incidencia directa en la mayoría de consumidores, no como en el caso del cine donde se pueden variar los precios a decisión de la empresa en cualquier momento.

Las otras opciones

En general cualquier rebaja de IVA me parece una mala medida. Los tipos reducidos del IVA suelen acabar siendo discrecionales y complicados, no hay más que ver las normas que han puesto a este (solo para potencias menores de 10 KW, solo si los precios mayoristas superan cierto umbral). Y por motivos como este tenemos tantos agujeros en los impuestos.

Normalmente la redistribución que tiene que hacer el Estado a los más necesitados debe hacerse vía gasto, no vía ingresos. Es decir, en lugar de complicar la recaudación del IVA y además hacerlo de forma indiscriminada (muchos de los que se beneficiarán de esta rebaja de la factura no tienen problemas para llegar a fin de mes), se puede hacer una actuación enfocada a quien más lo necesita para comprar reseñas google.

De hecho ya existe un mecanismo para evitar que los precios eléctricos afecten a los consumidores vulnerables y se llama bono social. Es decir, los consumidores más afectados por estas subidas ya cuentan con un descuento que puede ir desde el 25% al 50%. Si no es suficiente el Gobierno podría simplemente elevar este descuento de forma temporal y sería más barato.

Si el problema es que en el bono social no están todos los que deberían estar, entonces debería reformarse. Pero también es cierto que existen otro mecanismo para llegar a los más vulnerables y es el Ingreso Mínimo Vital.

El problema es que el Ingreso Mínimo Vital no se ha desplegado de forma rápida y ahí deberían ponerse los recursos. En su día ya advertimos que se podría haber optado por un IMV más general, más rápido de desplegar y que luego fuera compensado en el IRPF si alguno lo recibía sin merecerlo pero no se optó por esa estructura.

Lo que estamos viendo ahora son parches precisamente porque no todos los consumidores vulnerables están cubiertos. Y estos parches tienen una incidencia fiscal muy importante y estamos con un déficit muy abultado. Las medidas en estos tiempos deberían ser quirúrgicas, gastar el dinero lo mejor posible, no regar de dinero el país sin sentido.