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Un año económico de gobierno laborista

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Se termina de cumplir un año de la victoria del partido laborista de Keir Starmer en el Reino Unido. Pasaban a gobernar un país dividido y que seguía en el diván por las consecuencias del Brexit. Su mayor aislacionismo les ha mandado dos avisos en los últimos años. El primero y más grave financieramente, la crisis de la deuda soberana de octubre de 2022 con el gobierno de Liz Truss, que tuvo que dimitir, al proponer un paquete fiscal inviable en la nueva realidad británica. Y, por otro, su relevancia internacional permanece desdibujada, a pesar del acuerdo comercial con EEUU que tiene escasa relevancia real.

Keir Starmer se ha movido entre promesas de renovación y desafíos estructurales, buena parte derivados del Brexit. Y la realidad a la que se enfrentan ha sido bastante compleja: una economía estancada en un contexto global convulso y una falta de unidad en su partido y en su país. Es cierto que su gobierno heredó un déficit fiscal de 22.000 millones de libras esterlinas y una economía debilitada. Su primer presupuesto, presentado en octubre de 2024, incluyó aumentos de impuestos y tijeretazos al gasto público. Sin embargo, una rebelión de diputados laboristas obligó al gobierno a suavizar los recortes sociales, generando un agujero fiscal adicional. Algo parecido ha vuelto a ocurrir esta semana con otra rebelión en su partido, al final aplacada con menores recortes y, por tanto, menores ahorros fiscales, pero con una ministra de Hacienda, Rachel Reeves, caída en desgracia y con notables tensiones de nuevo en los mercados de deuda soberana británica (Gilts). Constantes rectificaciones e incertidumbre creciente no parecen ser un buen augurio.

Ha habido intentos de luces largas bienintencionados también. Como la ambiciosa estrategia industrial centrada en sectores estratégicos clave manufacturas, energía limpia y tecnologías digitales. Sin embargo, hace falta tiempo y aún no se aprecian resultados significativos. De hecho, la inversión empresarial –la extranjera también– ha caído notablemente. En el plano internacional, Starmer ha buscado restablecer parte de relaciones con la UE, participando en algunas cumbres. Aunque se ha logrado algún avance, persisten los grandes obstáculos como las barreras burocráticas y la negativa a reingresar en la unión aduanera. Su país está en “terreno de nadie” en su relación futura con la UE. Afecta también el temor a un partido como Reform UK, liderado por Nigel Farage, que ha capitalizado nuevamente el descontento popular ante el aumento de la inmigración irregular.  

En suma, hasta ahora buenas intenciones y mucho ruido, pero pocas nueces. La economía británica continua sin revitalizarse. A menos que la actividad económica repunte pronto, el Reino Unido corre el riesgo de caer en una espiral de desequilibrios fiscales combinado con un débil crecimiento y tensiones financieras, que sería un panorama retador para lo que queda de mandato laborista.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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La excepcionalidad del consumidor español

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Uno de los tópicos más arraigados que se atribuyen a nuestra economía es su querencia por el consumismo, cuando no el dispendio. Y sin embargo los datos desmienten esta percepción, al menos en el periodo reciente. El consumo de los hogares se sitúa apenas un 0,2% por encima del nivel alcanzado hace cinco años en términos reales per cápita, es decir descontando la inflación y el crecimiento poblacional. Por comparación, los europeos han incrementado su gasto real per cápita un 1,4% (siempre comparando el primer trimestre de 2025 con el último de 2019). 


Semejante contención no puede explicarse por la evolución de los ingresos a nivel agregado: en el último lustro, la renta disponible de los hogares aumentó un 5,2%, también en términos reales y per cápita, frente al 4,6% de la media europea. Por tanto, la mejora del poder adquisitivo no se ha trasladado al consumo, sino al ahorro, mientras que en el resto de Europa la conexión entre capacidad de compra y gasto en consumo ha sido más estrecha. 

El resultado es que, en proporción sobre su renta, los hogares españoles ahorran más del doble que antes de la pandemia, cuando en Europa la tasa de ahorro se está acercando a los valores previos a la crisis sanitaria, a tenor de los datos divulgados esta semana por Eurostat. ¿Cómo explicarlo?    

La sombra de la crisis financiera es alargada y sus efectos siguen estando presentes, pudiendo incitar a una actitud de prudencia por parte de las familias españolas. Es un hecho que los hogares han utilizado el plus de ahorro para aligerar sus pasivos: en los últimos cinco años, la ratio de deuda sobre renta disponible ha descendido en 22 puntos porcentuales, un ajuste apabullante que borra por completo los excesos de la burbuja de crédito. En comparación, los hogares europeos han recortado su endeudamiento solo en 6 puntos porcentuales. 

Otra causa posible se encuentra en los cambios experimentados en la distribución de los ingresos. La recién publicada encuesta de presupuestos familiares evidencia un débil incremento del consumo para los quintiles medios y superiores de gasto, que son los que más pesan a nivel agregado. Los sectores de rentas inferiores a la media habrían incrementado su consumo a tasas algo más elevadas, pero con un impacto limitado en términos macroeconómicos.  

En todo caso, el fuerte incremento del ahorro no prefigura un consumo diferido, ya que ha servido casi exclusivamente a desendeudarse y no a atesorar liquidez. El total de efectivo y depósitos acumulado por los hogares estos últimos años ha tendido a disminuir ligeramente en porcentaje de su renta disponible, situándose por otra parte en valores próximos a la media europea.  

En suma, de cara al futuro, el consumo dependerá fundamentalmente de la evolución de los ingresos y de las decisiones de gasto (o propensión a consumir de los hogares): el sobreahorro ha servido para desenladrillarse a medida que los préstamos contraídos durante la época de la burbuja han ido venciendo sin ser sustituidos por un monto equivalente de nuevos préstamos, de tal manera que no existe una bolsa de liquidez susceptible de sostener el gasto de manera relevante en los próximos años. 

Con todo, cabe anticipar que el consumo privado se mantendrá como un factor de crecimiento, impulsado por la creación de empleo. Otro propulsor podría proceder de un eventual descenso de la tasa de ahorro, a medida que la deuda se acerca a mínimos históricos y que las familias retoman el camino del crédito. Pero la intensidad de este último factor será limitada a corto plazo. Y sobre todo hará falta un cambio más sustancial tanto de expectativas como del modelo productivo, es decir de la capacidad de generar productividad y remuneraciones más altas, para borrar el desacople entre los buenos resultados macroeconómicos y la percepción social.   

INVERSIÓN | La inversión empresarial intensifica su recuperación, pero se sitúa todavía en niveles relativamente reducidos en comparación con épocas anteriores. En el primer trimestre, la formación bruta de capital fijo de las sociedades no financieras se incrementó un 9,5% en relación a un año antes, y alcanzó el 23,3% del valor añadido del sector, es decir 4,3 puntos menos que en 2019. La tendencia es ligeramente más pronunciada que en el conjunto de la eurozona donde el descenso de la ratio de formación bruta de capital fijo sobre valor añadido alcanza 3,5 puntos.     

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El dilema del BCE

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La debilidad de la inversión y su inadecuación a los desafíos económicos y sociales de nuestros tiempos es uno de los principales lastres de la economía europea. También en España los esfuerzos de equipamiento del tejido productivo o de construcción residencial siguen siendo insuficientes: la inversión repuntó en el primer trimestre, pero se sitúa todavía por debajo de lo cabría esperar habida cuenta del ciclo expansivo.   

La senda de relajación monetaria emprendida por el BCE, con ocho recortes consecutivos de tipos de interés desde el otoño pasado, era una condición necesaria para desatacar la inversión. Pero no bastará. Y en todo caso el apoyo de Frankfurt podría está tocando a su fin: lo más probable es que proceda a un último recorte de tipos de interés a la vuelta del verano. 


No faltan los argumentos en pro de una política monetaria más expansiva. La inflación ha vuelto al redil, con un núcleo duro en los servicios cada vez menos virulento. El mar de fondo sería consistente con una estabilización de la inflación en torno al objetivo del 2%, o incluso un poco por debajo: la economía europea apenas crece al tiempo que los salarios se moderan y que el euro se aprecia frente al dólar, moneda en que cotizan las principales materias primas, abaratando los costes importados. Se aleja la amenaza de un cierre del estrecho de Ormuz, de modo que los mercados de hidrocarburos vuelven a su posición de exceso de oferta. 

El contrapeso podría venir del incremento del gasto en defensa a tenor de lo que pide la OTAN. Habida cuenta de la atomización del sector, el estímulo para la economía será limitado al menos en el corto plazo. Por la misma razón, el aumento de la demanda pública tensionará los precios, al tiempo que obligará a importar armamento (probablemente desde EE UU) para suplir las limitaciones de la oferta nacional. 

El estrecho margen de maniobra de la política fiscal es otro factor que incita a la prudencia del banco central, y que diferencia el actual momento coyuntural de la época de los tipos de interés negativos. La mayoría de los Estados miembro están ya muy endeudados o presentan déficits abultados que solo pueden agravarse tras los compromisos contraídos en materia de defensa (pocos gobiernos se atreverán a subir impuestos o recortar gasto para compensar el esfuerzo armamentístico). Es decir: en muchos países la política fiscal apenas dispone de espacio para reaccionar ante cualquier adversidad, de modo que la acción monetaria será la que liderará el manejo de la coyuntura. 

El unilateralismo y la incertidumbre que definen la acción de la administración Trump, junto con la reglobalización, obligan a considerar escenarios muy diversos, ante los cuales el banco central debe mantener un arsenal de medidas para actuar como dique de contención. Su política ha encontrado un aliado insospechado: el mercado laboral, cuya resiliencia durante las diferentes crisis que se han sucedido estos últimos años ha sido crucial. También en España el empleo y los salarios están jugando un papel de estabilizador automático inédito. 

En suma, la relativa estabilidad financiera que conoce Europa en comparación con EE. UU. ha permitido recortar la facilidad de depósito sin temor a afectar la moneda única. Un ajuste adicional es posible, pero será limitado: la facilidad de depósito podría descender hasta el 1,75% y mantener esa referencia por si se producen nuevos shocks. El recorte, unido a los ya acontecidos, podría ayudar a reactivar la inversión. Pero no será suficiente: las decisiones de inversión dependen de mejoras cualitativas de los presupuestos públicos, de la puesta en común de recursos para invertir en bienes públicos europeos, y de otras reformas como la unión financiera. Es por no haber hecho los deberes que la inversión no despegó durante el periodo de tipos de interés negativos. El cambio de era monetaria ofrece una nueva oportunidad.  

DEMANDA | Según los datos revisados, el consumo público se redujo un 0,4% en términos deflactados en el primer trimestre, quebrando la senda de fuerte crecimiento registrado en el presente ciclo expansivo. La prórroga presupuestaria podría estar incidiendo en la ejecución, algo que no ocurrió en los últimos ejercicios. La desinflación limita las compensaciones relativas a las entregas a cuenta de las comunidades autónomas, pudiendo también restringir el gasto. Con todo el consumo público se sitúa un 18,6% por encima del nivel prepandemia, frente a un avance del PIB del 8% durante el mismo periodo. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La trama se complica para la economía global

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Por si fuera poco, un conflicto bélico potencialmente de amplio alcance se ha unido a las erráticas políticas –de consecuencias imprevisibles– de la Administración Trump en materia arancelaria, fiscal, migratoria y social. Estados Unidos y el mundo entero están en el diván viendo qué puede pasar en la actual legislatura americana. La incertidumbre y la angustia están a la orden del día y los inversores, sumidos en la perplejidad. Las disputas de Israel y Estados Unidos con Irán han dado siempre quebraderos de cabeza. El alto el fuego anunciado por Trump es una buena noticia y los mercados y el precio del petróleo así lo han reconocido. Pero no parece firme y sería muy prematuro asumir que pueda ser definitiva y no vaya a haber más tensiones con Irán, que encarecerían el petróleo, el gas y otras materias primas.

Tras los primeros ataques israelíes del 12 de junio, los mercados energéticos reaccionaron con cierta brusquedad: el barril de Brent llegó a subir más del 10%, alcanzando su punto más alto en meses. El temor a que Irán bloquee el estrecho de Ormuz –vía estratégica para casi el 20% del petróleo mundial– generó un nuevo repunte. Algunos analistas alertaron de que un cierre prolongado enviaría el Brent por encima de los 100 dólares por barril, con consecuencias negativas para la inflación y el crecimiento económico global. Aunque hoy se asumen mejor los shocks de oferta del petróleo, sigue habiendo repercusiones importantes. Suelen transmitirse rápidamente: cada 10% de aumento en precios del petróleo se traslada en un 0,4% de inflación. En un escenario de escalada, el precio podría superar significativamente los 120 dólares por barril, lo que dispararía los costes energéticos, del transporte y materias primas. Otros activos también han respondido, como cabría esperar con movimientos típicos de aversión al riesgo: bonos soberanos, oro y otras divisas refugio subieron, mientras que las Bolsas globales mostraron signos de corrección. EE UU y Europa experimentaron caídas moderadas, reflejo de la incertidumbre. En paralelo, se dispararon los spreads de crédito en economías emergentes, especialmente aquellas más dependientes de fuentes energéticas.

Hay varios escenarios. Comenzando por el más benigno, o sea, que haya desescalada y contención, como parecía apuntar el alto el fuego. Si el conflicto finalmente no se agrava, facilitaría una estabilización de precios en 80‑85 dólares del barril de Brent y aunque habría algunos efectos de la incertidumbre sobre la macroeconomía se evitaría una crisis sistémica. 

El segundo escenario es de una escalada limitada. Un conflicto que se prolongue mediante ataques asimétricos iraníes puede causar variaciones temporales del 10%‑20% en el petróleo, subidas manejables en fletes marítimos, y perturbaciones regionales en inversión y turismo. Este escenario suele reflejarse en un Brent fluctuante entre 90‑110 dólares, con periodos de estrés bursátil y cierto endurecimiento monetario global. 

Por último, el escenario más dramático, el bloqueo total y fuerte escalada, que conllevaría el cierre del estrecho de Ormuz, ataques a instalaciones en otros países o implicación de las guerrillas cercanas a Irán. Las consecuencias, aunque más improbables a día de hoy, serían severas: petróleo por encima de 120 dólares, la inflación global vuelve a repuntar sustancialmente y hay riesgos de recesión y de crisis financiera, especialmente en economías emergentes. EE UU y sus aliados podrían responder militarmente, escalando el conflicto a una guerra regional.

Dentro de las repercusiones macroeconómicas globales, los mayores impactos los tendrían los países importadores de petróleo. También afectaría a EE UU que, aunque puede autoabastecerse de petróleo, el coste del mismo producido domésticamente es comparativamente más caro (el obtenido vía fracking). Un alza sostenida del crudo rebajaría el crecimiento global además de repuntar la inflación por la subida por energía, los costes de transporte y alimentos. No serían buenas noticias ya que podría presionar a los bancos centrales como el BCE y sobre todo la Reserva Federal a cambiar su hoja de ruta e incluso, en este último, a subir tipos, lo que encarecería deuda pública y privada. 

Los efectos netos sobre el dólar y los activos denominados en esa divisa no están claros. En estas circunstancias esta moneda siempre ha sido refugio, pero la creciente incertidumbre y el posible efecto negativo de una guerra en el déficit se añadiría a la incertidumbre política que lleva generando la Administración Trump desde enero, lo que podría seguir desestabilizando el dólar. Tampoco es seguro si se mantendrían los flujos de capitales hacia la UE como lo que llevamos de año. 

El Viejo Continente se ha estado beneficiando del volantazo de los inversores hasta ahora en 2025. Sin embargo, tanta incertidumbre en las políticas económicas estadounidenses y los efectos negativos del encarecimiento de la energía sobre la UE, con grandes países importadores, puede hacer mella en la confianza de los inversores, ya que el crecimiento europeo (y probablemente la inflación) se resentirían. Los sectores más expuestos son el energético, pero también el turismo y aviación (rutas interrumpidas como las de esta semana vía Doha generarán muchas disrupciones), defensa y ciberseguridad (aumentarán inversiones) y agroindustria y transporte de mercancías también por la fragilidad de las cadenas globales. 

En todo caso, Europa parece encontrarse en una posición intermedia de vulnerabilidad. Sin participación directa en el conflicto aparentemente, parece más preparada que en la guerra de Ucrania de 2022, pero todavía muy dependiente de las importaciones energéticas. El nuevo conflicto en Irán podría suponer un stress test a su arquitectura energética, económica, fiscal e incluso de gobernanza.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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Los vaivenes del precio de la energía

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Un nuevo conflicto bélico, una nueva tensión en los precios de las materias primas y energía. En este caso, el cruento enfrentamiento entre Israel e Irán, no por esperado desde hace tiempo, ha devuelto, al menos temporalmente, la tensión al mercado del petróleo. La república persa es uno de los principales productores y como ya ha ocurrido en anteriores conflictos bélicos –como fue la guerra con Irak de la década de 1980–, los mercados se ven inmediatamente afectados ante cualquier contienda. Tras los primeros ataques israelís el precio del Brent subió más de 10 dólares, superando los 77 dólares el barril. Posteriormente se han vuelto a moderar los precios, aunque aún reflejan lógicamente cierta tensión mientras la escalada bélica continue.

Una de las características de los últimos años en los precios de la energía es la mayor resistencia de las economías importadoras cuando hay una crisis o tensión que en otras épocas del pasado. Si bien es cierto que los inicios de la guerra de Ucrania fueron un punto y aparte ya que los precios del gas, petróleo y materias primas causaron una inflación persistente que hacía décadas que no se veían y otros efectos económicos negativos –que se lo digan a Alemania–, otros conflictos en el Oriente Próximo más recientes no han causado las distorsiones que se esperaban. Muchas razones pueden explicar esa menor sensibilidad de la economía mundial a posibles impactos de la geopolítica en los mercados energéticos. Desde la crisis financiera global de 2008, los países parecen haber sabido gestionar mejor las crisis y recesiones. La pandemia fue un momento crítico en el que los países introdujeron una batería de medidas de política económica (como los ERTEs, avales públicos para el crédito y liquidez, política monetaria acomodaticia) que crearon una especie de red de seguridad, luego empleada también en la guerra de Ucrania, que ayuda a aminorar los perjuicios económicos. Asimismo, la mayor diversificación de los países importadores de petróleo –como España– en materia de fuentes de energía, sobre todo con la instalación de numerosas plantas de renovables (solar, eólica) han reducido significativamente la dependencia del petróleo y del gas. 

Un último factor es la debilidad del funcionamiento del cártel de la OPEP (Organización de los Países Exportadores de Petróleo). Muy alejado de los “éxitos” de la década de 1970, cuando las restricciones de la oferta sí que eran efectivas, ahora los acuerdos no producen los efectos deseados del cártel sobre los precios, ya que, por diferentes razones (alianzas geopolíticas, financieras), hay miembros que aumentan la oferta, como ha sido Arabia Saudí en esta ocasión, por una aparente petición de Estados Unidos. La energía seguirá dando quebraderos de cabeza –por ejemplo, por los elevados consumos que tiene en los desarrollos de la inteligencia artificial– pero sus crisis parecen gestionarse mejor.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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El turismo ralentiza su crecimiento en los primeros meses de 2025

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En los cinco primeros meses del año las pernoctaciones en hoteles se redujeron un 0,1% con respecto al mismo periodo del año anterior. Este descenso procede de los residentes nacionales, que registraron una caída del 0,5%, mientras que las pernoctaciones de extranjeros están prácticamente estables con un ligero avance del 0,2%. Este resultado supone una pérdida de impulso en ambos grupos, desde un crecimiento del 1,4% y del 12%, respectivamente, en el mismo periodo de 2024. 

Las cifras de entrada de turistas (Frontur) también apuntan a una desaceleración, aunque menos acusada, con un avance interanual aún significativo, del 7,1% en los cuatro primeros meses del año, frente al 14,3% registrado en el mismo periodo de 2024 (gráfico 1). También el gasto medio por turista se ha ralentizado desde un crecimiento del 7,1% en los primeros cuatro meses del año pasado hasta un 2% este año.


Las pernoctaciones de residentes nacionales alcanzaron el nivel prepandemia antes que las de extranjeros, pero a partir de ese momento se estancaron y se mantienen apenas un 3% por encima del nivel de 2019. Por su parte, las de extranjeros tardaron más tiempo en recuperar dicho nivel, y continuaron creciendo hasta mediados de 2024, situándose un 8% por encima del nivel promedio de 2019, para frenar su avance a partir de dicho momento. La entrada de turistas, sin embargo, ha mantenido un mayor dinamismo, y en los primeros meses de 2025 era un 17% superior a las cifras de 2019 (gráfico 2). 

En suma, a pesar de la ralentización, el crecimiento, al menos en la llegada de turistas, ha seguido siendo relativamente intenso en los primeros meses de 2025. De mantener el mismo ritmo de crecimiento en lo que queda de año, se alcanzaría la cota de 100 millones de turistas extranjeros anuales. No obstante, la tendencia de desaceleración probablemente se intensificará a lo largo de los próximos meses ante la incertidumbre global, de modo que es poco probable que se alcance dicha cifra.

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Alemania, año 2025. El primer mes de la era Merz (II). Vuelta de tuerca a la inmigración no autorizada

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La tijera demoscópico-electoral comienza a abrirse a favor de los cristianodemócratas alemanes. En efecto, el descenso en intención de voto a la CDU/CSU que venían registrando las encuestas realizadas tras las elecciones de 23 febrero de 2025 se ha detenido desde finales de mayo y la formación de centro-derecha se distancia, muy poco a poco, de su más cercana competidora electoral, Alternativa para Alemania (AfD) (gráfico 1). Bien es cierto que el último porcentaje publicado de quienes afirman que votarían a la CDU/CSU “si el próximo domingo se celebraran elecciones generales” (27,3%) se sitúa por debajo del que obtuvo en las elecciones de febrero (28,6%); y también lo es que la intención de voto a AfD (23,2%) a mediados de junio supera el porcentaje que consiguió aquel día (20,8%), y ello a pesar de que, entre esas dos fechas, la Oficina Federal para la Protección Constitucional ha clasificado a este partido-movimiento como “confirmadamente de extrema derecha”.


En la sutil remontada de la CDU/CSU ven los analistas al canciller Friedrich Merz, que durante su primer mes de mandato ha hecho gala de un nuevo estilo de liderazgo político nacional e internacional marcado por la asertividad y el realismo. Si en política exterior sus esfuerzos se han concentrado en la reivindicación de la seguridad y capacidad defensiva de Europa, el apoyo a Ucrania y  el compromiso con la OTAN, en política interior ha priorizado el combate contra la inmigración no autorizada o “irregular”, la gestión restrictiva de las solicitudes de asilo, la reducción de las entradas de inmigrantes por reagrupación familiar y el endurecimiento de los requisitos para adquirir la ciudadanía alemana, acompañando todos estos objetivos de demandas de mayor vigilancia de las fronteras exteriores de la Unión Europea. 

Las medidas políticas para desplegar esta ofensiva contra la inmigración irregular han sido inmediatas. Por una parte, se han reforzado los efectivos y las jornadas de la policía federal encargada de los controles fronterizos. Aunque los datos son todavía provisionales y algo confusos, apuntan a un aumento de entradas denegadas y una reducción de solicitudes de asilo presentadas. Por otra parte, el gobierno ha iniciado la tramitación parlamentaria de la ley que suspende durante dos años las entradas de hasta 1.000 inmigrantes al mes en concepto de reagrupación familiar que podían solicitar los inmigrantes residentes en Alemania a los que se les hubiera reconocido protección internacional (aunque carecieran del estatus de asilados). Asimismo, el gobierno ha remitido al parlamento la reforma de la legislación de ciudadanía para suprimir las denominadas turbonacionalizaciones, que franqueaban el acceso a la nacionalidad alemana tras tres años de residencia en el país. 

La cabeza visible de estas políticas es el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, un político curtido en la dirección de su partido (CSU), en la actividad parlamentaria y ejecutiva. Sociólogo de formación, Dobrindt declara que “Alemania está desbordada”, como consecuencia del “efecto imán” que ha generado la “política de invitación” (Einladungspolitik) de los últimos diez años, y defiende que el control de la inmigración “ilegal” (deliberadamente utiliza siempre este adjetivo, en lugar de “irregular”) reducirá la polarización social que padece el país. Responde sin paños calientes a las críticas que recibe desde el ámbito político y mediático tildando su política de “anticristiana” e “inhumana” y, ante el revés judicial recibido recientemente de un tribunal administrativo de Berlín que ha declarado ilegal la denegación de la entrada en Alemania a tres solicitantes de asilo somalíes, insiste en la legalidad de los procedimientos de control y expulsión y persevera en su mantenimiento comprometiéndose a mejorar la justificación de las decisiones denegatorias y a elevar consultas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Con más de 30 aeropuertos internacionales y aproximadamente 4.500 vías terrestres de acceso desde los nueve países colindantes (con los que comparte 3.800 kilómetros de frontera), Alemania afronta lógicamente dificultades operativas para controlar la inmigración irregular. Pero el nuevo gobierno lo deja claro: “el espacio residencial, las aulas escolares, las plazas de guardería… todo esto no es ilimitado, todo es finito. Si queremos conseguir unas condiciones ordenadas en las ciudades y municipios, tenemos que limitar la afluencia a Alemania”[2].

Para abrir la tijera demoscópico-electoral respecto a la AfD, la CDU/CSU ha de cerrar la tijera de la inmigración no autorizada: de ello están convencidos Merz y Dobrindt, y a juzgar por alguna encuesta ya disponible, pueden contar con un amplio respaldo de ciudadanos alemanes.


[1] Discurso de Friedrich Merz en el Congreso Municipal Alemán (3 de junio de 2025).

[2] De acuerdo con una encuesta del Instituto INSA realizada en los primeros días de junio, el 64% de los entrevistados (mayores de 18 años) mostraban su apoyo a las denegaciones de asilo en frontera.

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El espacio de soberanía económica

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Vivimos tiempos convulsos que alteran el centro de gravedad de la economía, exigiendo una enorme capacidad de adaptación por parte de la política económica. Lo inesperado acaba por ocurrir –el estallido del conflicto entre Israel e Irán siendo el episodio más reciente en el plano internacional– de modo que los Estados deben conservar un margen de maniobra para afrontar la sucesión de shocks. En este sentido, nos preocupa que dicho margen de acción se esté reduciendo drásticamente.    

Existe un barómetro que detecta en tiempo real si un país tiene capacidad de actuación: el coste de financiación de la deuda, es decir la rentabilidad que exigen los mercados para adquirir sus bonos públicos. Cuando ésta se dispara, como nos pasó en la crisis financiera, el Estado pierde su autonomía funcional y se ve abocado a realizar ajustes traumáticos. A la inversa, durante la pandemia o tras el estallido de la guerra de Ucrania, los tesoros públicos pudieron apelar cómodamente a los mercados para financiar un gasto económico y social que facilitó la posterior recuperación.

En los últimos tres años, la rentabilidad del bono norteamericano a 10 años, referencia mundial, se ha más que duplicado hasta rozar el 4,5% en la actualidad. La tendencia es similar en Europa, si bien el punto de llegada es más favorable: el bono cotiza en el entorno del 3,1% en España y 2,5% en Alemania. 


La mayor remuneración exigida por los ahorradores para comprar deuda pública puede reflejar una expectativa de subidas futuras de tipos de interés por parte de los bancos centrales, motivadas por la necesidad de controlar la inflación. Sin embargo, este no parece ser el caso al menos en Europa, ya que la inflación está más o menos controlada como lo avalan tanto las cifras como los propios mercados (el diferencial de rentabilidad entre el bono de referencia y su equivalente “indexado” se mantiene en el entorno del objetivo de inflación del BCE del 2%). En EE. UU. la imposición de aranceles tensiona los precios, pero tampoco esta parece ser la principal causa del incremento del coste de la deuda.      

La verdadera explicación se encuentra en la pérdida de confianza por parte de los mercados en la sostenibilidad de la hacienda pública. Ante un contexto plagado de incertidumbres, los ahorradores se muestran más inclinados a acumular liquidez o títulos de deuda con vencimientos cortos, como las letras del Tesoro. 

Además, los Estados son cada vez más dependientes de los mercados para financiar sus desequilibrios presupuestarios, ya que los bancos centrales se están deshaciendo de los bonos públicos que tienen en cartera, exacerbando la apelación a los mercados. En todo caso, el FMI prevé un incremento del 30% de los pasivos de las administraciones del conjunto de las economías avanzadas de aquí a 2030, de modo que la ratio de deuda sobre PIB escalará hasta el 113%, cinco puntos por encima de los valores ya de por sí elevados alcanzados el año pasado. Y estas previsiones no tienen plenamente en cuenta los recortes de impuestos prometidos por Trump, todavía en fase de tramitación, ni los planes de gasto en defensa europea: ambos programas amenazan con agravar los déficits más de lo anticipado, sin que se vislumbre un estímulo equivalente para la actividad económica.      

El fuerte crecimiento de la economía española registrado estos últimos años, junto con la inflación, han facilitado una contención de los desvíos, incluso con presupuestos prorrogados. Los mercados lo reconocen, tal y como se refleja en la reducción de la prima de riesgo. Pero la guerra comercial amenaza con debilitar el ciclo expansivo, erosionando las bases recaudatorias, al tiempo que los Estados compiten entre sí para colocar cantidades crecientes de deuda. Una nueva estrategia fiscal es necesaria para mantener el espacio de soberanía económica de nuestro país.      

PETRÓLEO | El ataque perpetrado por Israel sobre Irán ha tensionado los mercados de hidrocarburos, encareciendo el barril de Brent desde el entorno de los 65 dólares durante los días anteriores al estallido del conflicto, hasta los 75. La inflación es la variable más directamente impactada desde el punto de vista económico. Si la cotización del crudo se mantuviera en torno a sus niveles actuales, consistente con un conflicto persistente en Oriente Medio, el IPC se incrementaría un 2,8% en términos medios este año. Esto es cuatro décimas por encima de la inflación esperada si el repunte fuera transitorio.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La caída en el número de empresas de menor tamaño lastra el crecimiento del total

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El número de empresas inscritas en la Seguridad Social en los cinco primeros meses de 2025 ascendió de media a 1.344.730, lo que supone un leve incremento del 0,1% con respecto al mismo periodo del año anterior. Este incremento ha sido inferior al registrado en el mismo periodo de 2024.

Por tamaño de la empresa, se registró una caída del 0,8% en las de 1 a 2 trabajadores, caída que fue compensada por el incremento en el número de empresas del resto de tamaños (gráfico 1). En todos los tamaños, excepto en el de 6 a 9 trabajadores, se observa una desaceleración del crecimiento con respecto al año anterior, además de una mayor caída en el tramo de 1 a 2 trabajadores.


El descenso de las empresas de menor tamaño procedió fundamentalmente de los sectores de manufacturas (-3,6%), comercio (-2,8%), hostelería (-0,6%) y agricultura (-2,6). En el tramo de 3 a 5 trabajadores, si bien el agregado registró un incremento del 0,2%, en algunos sectores, como manufacturas y comercio, también se produjo una caída en el número de empresas.

Este patrón de comportamiento según el tamaño de la empresa –caída en el número de las microempresas compensada por el crecimiento del resto, especialmente de las más grandes– se viene registrando desde comienzos de 2019. Hasta finales de 2018 la tendencia era creciente para todos los tamaños de empresas. 

Así, el número de empresas de 1 a 2 trabajadores en mayo de 2025 (media móvil de 12 meses) era inferior en un 3,7% al de comienzos de 2019, las de 3 a 5 aumentaron apenas un 0,6%, y a partir de dicho tramo, el crecimiento en el número de empresas ha sido mayor cuanto mayor es el tamaño –con avances de más del 25% en las de más de 250 trabajadores– (gráfico 2). 

Pese al fuerte avance de las más grandes, el número total de empresas inscritas en la Seguridad Social apenas aumentó en el periodo un 0,6%, ya que estas solo representan el 0,4% del conjunto, mientras que las microempresas –de 1 a 5 trabajadores– suponen el 74%. Estas últimas son las únicas que han visto reducida su cuota sobre el total, desde el 76,3% a comienzos de 2019.

Por sectores, desde 2019 se ha reducido el número de empresas en agricultura, industria, comercio y en la categoría de otros servicios (dentro de la cual se incluyen, por ejemplo, servicios personales). El resto de ramas sectoriales registraron un crecimiento, destacando actividades financieras y de seguros, e información y comunicaciones.

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No mejora el problema de la vivienda

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El acceso a la vivienda en España, tanto en alquiler como en propiedad, es un tema recurrente en el debate público y una fuente de frustración ciudadana. El constante encarecimiento de la vivienda no ha sido acompañado por un aumento proporcional en los ingresos familiares, afectando no solo a los sectores más vulnerables, como los jóvenes, sino también a trabajadores con ingresos medios o incluso superiores. Este fenómeno contribuye significativamente a una percepción pesimista de la economía, a pesar de que los indicadores macroeconómicos del país sean positivos.

En la última década, el precio medio del alquiler en España ha aumentado más de un 50%, especialmente en grandes ciudades que han atraído más capital humano. Paralelamente, los precios de compra han experimentado una fuerte recuperación. Sin embargo, los ingresos no han seguido el mismo ritmo. El salario medio bruto anual ronda los 28.000 euros, lo que se traduce en unos 1.800 euros netos mensuales. Con un alquiler medio (60 metros cuadrados) que puede superar fácilmente los 1.000 euros mensuales en muchas capitales, el esfuerzo resultante es del 50%, que es desproporcionado y frecuentemente inasumible.

La compra de vivienda mediante hipoteca tampoco es una solución fácil. Aunque las cuotas hipotecarias pueden ser algo más bajas que un alquiler equivalente, los requisitos de entrada, como el pago del 20% del valor de la vivienda más los gastos (notaría, impuestos, tasación), hacen que esta opción esté fuera del alcance de muchas personas sin ahorros significativos. Ahora existen avales del Instituto de Crédito Oficial y otras agencias financieras regionales para esa parte no cubierta, y también ayudan unos tipos de interés (euribor) más bajos, pero de nuevo no son suficientes. Los más perjudicados son los jóvenes menores de 35 años, generando un retraso generalizado en la edad de independencia de sus padres. Este fenómeno tiene repercusiones demográficas preocupantes, como una baja tasa de natalidad y un envejecimiento de la población que compromete el futuro económico del país.

Las soluciones propuestas, hasta ahora, han sido claramente insuficientes. Se debería ampliar enormemente la oferta de vivienda tanto de compra como de alquiler. Sin embargo, lo que ha ocurrido fundamentalmente, incluida en la última Ley de Vivienda, son controles en los precios del alquiler que han llevado a la retirada de muchas viviendas de la oferta de alquiler. Aunque se empieza a reactivar el parque de vivienda pública, el gran desafío es una estrategia a largo plazo de planificación urbanística que incremente notablemente la oferta accesible sin recurrir a la especulación. Para ello, sería necesario algo comentado con frecuencia, como es un gran acuerdo nacional, como la aprobación de una nueva Ley del Suelo, que elimine algunos de los principales obstáculos para aumentar el stock de vivienda.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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