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Síntomas de burbuja inmobiliaria

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Que el mercado inmobiliario sufra una escasez crónica de oferta es una realidad cada vez más palpable. Y pese a ello es probable que los precios empiecen a moderarse en un horizonte no muy lejano, o a registrar caídas, incluso si el déficit habitacional persistiera como parece probable. Estamos por tanto en plena burbuja, no de crédito sino de expectativas, y por tanto distinta a la que desató la crisis del ladrillo. 

Esta previsión de moderación de los precios puede parecer sorprendente habida cuenta de la situación de déficit habitacional, algo que en principio genera inflación, tal y como ha ocurrido hasta ahora. Pero la contradicción no es tal, si se tiene en cuenta las especificidades del mercado residencial.  

Los bienes inmobiliarios son activos que, contrariamente a los bienes “normales” que se consumen prácticamente en el momento de su adquisición, se pueden revalorizar en el tiempo. El resultado es que la decisión de comprar una vivienda no depende solo de los “fundamentales” del mercado (relación entre el precio y los ingresos de los hogares, tipos de interés y otros factores subyacentes): también influye la expectativa de realizar una plusvalía como consecuencia de la subida continuada de los precios. 


En este sentido, da la sensación de que los precios se sitúan ya claramente por encima de lo que justifican los fundamentales. Esta, que es una percepción bastante extendida, se apoya en las tendencias más recientes. En primer lugar, la compraventa al contado, es decir sin hipoteca, es un fenómeno cada vez más extendido, que se concentra en las personas que reciben una herencia o los compradores no residentes, cuyo número se ha disparado en los últimos años. Dos de cada tres transacciones proceden de hogares que se hipotecan, frente a más del 70% antes de la pandemia. Y dentro de este grupo, el que más mengua es el colectivo de los nuevos compradores, como los jóvenes, que no disponen de un capital inicial por el esfuerzo que suponen los precios en vigor. 

En segundo lugar, la rentabilidad de una operación de adquisición de vivienda depende de manera creciente de la evolución de los precios, y menos del beneficio que puede suponer la puesta del bien en el mercado del alquiler. En los últimos trimestres, el efecto de las expectativas de precios alcanzó el 75% del valor de la tasa de rentabilidad esperada de la inversión en vivienda, 20 puntos más que hace un lustro. Esto es porque el coste de las nuevas compras se ha encarecido a mayor rapidez de lo que han podido subir los alquileres en términos promedios: éstos se ven constreñidos por el poder adquisitivo de las familias (además de la inercia que confiere el periodo de renovación de los contratos). 

En suma, los precios se han alejado de los valores de equilibrio, de modo que una corrección es inevitable (si bien la pregunta del millón es cuándo se producirá). En esta ocasión el ajuste procederá de una vuelta a la realidad de las expectativas de mercado, y no de un hipotético pinchazo financiero: la concesión de préstamos hipotecarios está embridada por las normas impuestas tras el descalabro de la crisis financiera. 

Conviene, sin embargo, anticipar la inflexión. Pensemos en las pérdidas potenciales de ingresos para los municipios. La situación de sobrevaloración también avala también la recomendación de Bruselas de acelerar la construcción de vivienda asequible, menos vulnerable a los vaivenes del mercado libre. Por otra parte, la financiación de las nuevas promociones de vivienda libre debe basarse en parámetros realistas y no en los precios observados. Y naturalmente los incentivos a la demanda como los avales o la reducción de tasas no harán más que agravar el desequilibrio. Es posible que los precios sigan repuntando en el corto plazo, pero la burbuja se hará cada vez más evidente. 

EXTRANJEROS | La elevación de los precios explica que la dinámica del mercado inmobiliario se sostenga cada vez más en los colectivos que apenas necesitan recurrir al crédito hipotecario. Entre éstos, además de las personas que pueden comprar una vivienda gracias a haber recibido una herencia, destacan los extranjeros no residentes: el número de operaciones de compra inmobiliaria realizadas por este grupo se incrementaron un 35% entre 2019 y 2024. Durante el mismo periodo, las compras realizadas por los extranjeros que residen en España subieron un 29%, y las de los hogares españoles un 21%. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El capital financiero y la inversión productiva

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La errática política económica del ejecutivo norteamericano se está acompañando de salidas de capital financiero a favor de entornos estables como el que prevalece en la Unión Europea. En la economía real, sin embargo, no se percibe el cambio de expectativas, al menos de momento.  

En el primer trimestre, la inversión en activos financieros (o inversión en cartera) de la eurozona ascendió a 125.000 millones de euros, y las entradas de capital parecen haberse acelerado tras el llamado día de la liberación, a tenor del apetito creciente de los ahorradores internacionales por las bolsas europeas. En España, el volumen de acciones, bonos y otros valores adquiridos por los no residentes en el primer trimestre rozó los 40.000 millones. Destaca el interés suscitado por la deuda pública: en su última apelación al mercado, el Tesoro colocó obligaciones a diez años en condiciones favorables, con una demanda casi diez veces superior a la oferta de títulos, y un tipo de interés del 3,2%, frente al 4,5% del referente de EE. UU. Las primas de riesgo que soportan los Estados “periféricos” frente a la deuda alemana han tendido a reducirse. Y las condiciones de financiación del sector privado se han relajado, tanto para las empresas como para los particulares, según la última encuesta de préstamos bancarios. 


Ahora bien, una cosa es el IBEX y otra la inversión productiva. Los inversores extranjeros adquieren productos financieros, pero no parecen estar dispuestos a incrementar su presencia en el tejido productivo (es decir en términos de inversión extranjera directa, que es la que más permea en la economía real). A nivel europeo, se ha producido incluso un ligero movimiento de desinversión, por un valor cercano a 17.000 millones, en el primer tramo del año. En España, a diferencia de otros socios comunitarios, sigue entrando inversión extranjera directa, pero se observa una pérdida de vigor: la entrada de capital productivo ascendió a 4.000 millones en el primer trimestre, menos de la cuarta parte que hace un año. De manera similar, los datos de inversión en concepto de contabilidad nacional, o formación bruta de capital fijo (incluyendo tanto la inversión financiada por no residentes como la interna) siguen apuntando a una cierta debilidad, particularmente en el segmento de bienes de equipo. 

En suma, los recursos fluyen, pero no se traducen en un incremento proporcional de la inversión. Este déficit obedece en parte al entorno de incertidumbres, particularmente en el plano del comercio internacional. Pero tampoco ayuda la sensación de inercia de la política económica. Los Presupuestos Generales del Estado, principal vector de la acción pública, siguen congelados. A nivel europeo, las recomendaciones de Letta y Draghi, fundamentadas en un diagnóstico ampliamente compartido, parecen estar encalladas. El anuncio del canciller Merz de un fondo de inversión es una oportunidad, por la cuantía de la dotación presupuestaria prevista (medio billón de euros) y por la voluntad política manifestada de dinamizar las expectativas en la principal potencia industrial europea, tras tres años de cuasi recesión. 

El giro, no obstante, se está viendo ensombrecido por la intención del mismo gobierno alemán de incrementar las subvenciones a los sectores industriales más afectados por la crisis energética, perpetuando una estructura económica poco competitiva y con escasa capacidad de creación de empleos de calidad. Al tratarse de una ayuda de Estado, el plan necesita la luz verde de la Comisión Europea. De aprobarse, no solo se detraerían recursos para la inversión. También estaríamos ante un caso flagrante de fragmentación del mercado único, siendo ésta una de las principales causas de la anemia europea. 

Conviene recordar que, anteriormente al anuncio del nuevo subsidio, Alemania ya había concedido el 37% del total de ayudas de Estado aprobadas por la Unión Europea. Mucho se ha escrito, y con razón, acerca de la oportunidad de cohesionar el proyecto europeo ante el proteccionismo de la administración Trump. Falta pasar de las palabras a los actos. 

EXPORTACIONES | Las exportaciones de bienes se incrementaron en marzo a un ritmo vigoroso del 8,3% con respecto a un año antes, según datos de aduanas. Este resultado puede deberse en parte al adelanto de las compras de empresas de EE. UU., ante la inminencia de la imposición de aranceles. Una moderación de las exportaciones sería por tanto previsible a partir del segundo trimestre, tal y como se desprende del fuerte descenso de las importaciones norteamericanas en el mes de abril. Pese a ello, el dinamismo del turismo y de los servicios no turísticos debería prevalecer, sosteniendo el superávit exterior de la economía española. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La insuficiente inflexión al alza de la productividad en España

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Un problema estructural

En lo que llevamos de siglo, la economía española no solo no ha logrado converger con la media de la UE en renta per cápita, sino que incluso la brecha se ha ampliado ligeramente. Esta falta de convergencia pone de manifiesto un pobre desempeño en materia de productividad. Como dijo el premio Nobel de Economía Paul Krugman “la productividad no lo es todo, pero en el largo plazo es casi todo”.

El crecimiento de la productividad por trabajador en España ha sido inferior al de Europa, que a su vez se ha situado muy por debajo del registrado en EE UU. No obstante, es en la productividad del capital donde la evolución ha sido especialmente negativa, debido, entre otros motivos, a la elevada inversión en el boom inmobiliario de los primeros años del siglo, que no genera crecimiento a largo plazo, y a la insuficiente inversión en activos intangibles, claves para alcanzar a las economías más productivas.


Se puede considerar que nuestro modelo productivo es intensivo en fuerza laboral y pobre en productividad: el incremento del PIB procede sobre todo de la incorporación de factores productivos, trabajo y capital, y no de la mejora de la eficiencia productiva (la llamada productividad total de los factores [PTF]). 

Cambios desde la pandemia

Estos últimos años una leve mejora de la productividad es perceptible. Desde la pandemia, la economía española ha crecido más intensamente que la de la eurozona, sustentada especialmente en el consumo público y en las exportaciones de servicios turísticos y no turísticos. Por el contrario, la inversión y las exportaciones de bienes han mostrado debilidad. Así, la brecha de inversión con la UE se ha ampliado, especialmente en el sector privado. No obstante, hay que destacar como punto positivo que el destino de la inversión es más adecuado ahora que en el pasado, ya que están adquiriendo más protagonismo los productos de la propiedad intelectual.

La mejora macroeconómica se ha trasladado a la productividad. El repunte no es homogéneo en todos los sectores, siendo más intenso en los de mayor valor añadido, como son el manufacturero o servicios como información, comunicaciones y actividades profesionales, científicas, técnicas y administrativas. Estos sectores, más enfocados a la exportación, se caracterizan por una utilización más eficiente de los recursos y un mayor tamaño empresarial. 

No obstante, es pronto para determinar si la recuperación de la productividad es un cambio de tendencia estructural, o, por el contrario, se trata de un fenómeno puntual ligado en gran parte al vigor del crecimiento económico y al menor número de horas trabajadas. 

Algunas medidas de mejora

En todo caso, los avances recientes de la productividad no parecen suficientes para vislumbrar una convergencia con las economías más avanzadas en un horizonte previsible. Las perspectivas de productividad dependen de las reformas que se acometan en los próximos años. 

El multiplicador de los fondos europeos sobre la inversión está siendo reducido. Se requiere un entorno regulatorio más favorable a la inversión, ya que en el momento actual es de vital importancia no quedarse atrás en la adopción de las nuevas tecnologías, como la IA. Con ello se genere un círculo virtuoso de más inversión y de empresas de mayor tamaño, que generalmente son más productivas. También, el gasto público debe orientarse en mayor medida a la mejora de la eficiencia, y reducir el déficit crónico que financia gasto no productivo. 

Seguimos arrastrando un problema crónico en la formación y educación. España es uno de los países que, por un lado, presenta un mayor grado de sobrecualificación y, por otro, un mayor porcentaje de población con escasa cualificación. Es necesario un mejor encaje entre la formación de los empleados y las necesidades de las empresas para usar de manera más provechosa el avance tecnológico.

Una versión de este artículo fue publicada previamente en la revista Profesiones.

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Pensiones: la adversativa silenciada

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Demasiado a menudo el debate sobre las pensiones se plantea como un enfrentamiento entre derechas e izquierdas, entre detractores y defensores del Estado del Bienestar, entre economistas neoliberales y keynesianos; los primeros (según los segundos), empeñados en cuestionar la sostenibilidad financiera de las pensiones públicas para generar desconfianza en ellas y alentar las privadas; los segundos (según los primeros), aferrados a la idea del sistema público de pensiones como un pacto social intergeneracional cuyo mantenimiento no depende más que de la voluntad política de los gobernantes. 

Semejante pugna se compadece mal con la historia. El sistema de pensiones de la Seguridad Social se trazó y comenzó a desplegarse durante el último tercio de la dictadura franquista ante la insolvencia del sistema de mutualidades laborales basado en la capitalización de aportaciones obligatorias de empresarios y trabajadores agrupados por ramas de producción. Nació, en realidad, de un fracaso institucional, no de un pacto social. Los gobiernos de la transición heredaron un sistema de pensiones joven, homologable al de otras democracias europeas, y decidieron desarrollarlo por convicción en la superioridad de este modelo para proveer rentas adecuadas a los trabajadores (y sus familias) que, por diversas contingencias, salieran del mercado de trabajo. Cuando en los años ochenta, con aproximadamente la mitad de afiliados a la Seguridad Social de hoy, los ingresos contributivos corrientes comenzaron a escasear para cubrir la totalidad de gastos contributivos (los remanentes de las cotizaciones se habían destinado habitualmente a otros gastos), se consideró necesario reformar las reglas de cálculo originales de las prestaciones, diseñadas de un modo desproporcionadamente “generoso”. Ese fue el gran objetivo de la reforma de 1985, que, junto con la de 2011 –ambas aprobadas bajo gobiernos del PSOE–, son consideradas por todos los expertos como las más eficaces en la racionalización del sistema de pensiones y la contención de su gasto. 

Ciertamente, en el plano del discurso político, los partidos de izquierda han sido más enfáticos en la defensa del Estado del bienestar y sus diferentes pilares, toda vez que ella representa su médula programática. Sin embargo, no cabe olvidar que, antes de que se aprobara el Pacto de Toledo en abril de 1995 como dispositivo institucional para consensuar las reformas  del sistema de pensiones y encapsular el debate partidista sobre ellas, probablemente nadie había expresado con tanta claridad y contundencia su preocupación por la evolución financiera de las pensiones como el ministro socialista Pedro Solbes, quien, como otros altos cargos del Ministerio de Economía y Hacienda, anticipó la fuerte expansión del gasto en pensiones por razones fundamentalmente demográficas[1]. Desde la aprobación del Pacto de Toledo los ministros del ramo económico se han prodigado más bien poco en declaraciones sobre las pensiones, asumiendo esta función comunicativa quienes han ostentado las carteras del ramo social (Trabajo y Seguridad Social). Y así, aunque en las últimas décadas todos los gobiernos españoles han recibido numerosas “advertencias” de organismos internacionales, instituciones europeas y expertos nacionales y extranjeros acerca de la creciente presión financiera sobre el sistema de pensiones, las respuestas han sido generalmente del mismo tenor: “las pensiones están aseguradas hoy y en el futuro”, dando siempre a entender que mantendrán los actuales niveles de cobertura y sustitución de rentas. No se ha escuchado, sin embargo, la correspondiente oración adversativa: “… pero esto va a exigir más cotizaciones y/o más impuestos; es decir, más esfuerzo contributivo (de empresarios y trabajadores) y/o más esfuerzo tributario (de todos los ciudadanos).”

Las reformas del sistema de pensiones aprobadas desde 2021 responden, al fin y al cabo, a esa adversativa silenciada. Disponen el aumento de los ingresos a la Seguridad Social a través de cotizaciones y transferencias del Estado e incentivan el retraso voluntario de la jubilación. En 2024, recién iniciada la entrada en el sistema de pensiones de los baby boomers[2], el gasto en pensiones (estimado en 206.000 millones de euros, 13% del PIB)[3] supone cerca de un tercio del gasto de las Administraciones Públicas. Aunque el crecimiento de los ingresos por cotizaciones ha doblado holgadamente al del PIB (debido a la evolución de la afiliación y a las nuevas normas de cotización) y aunque la Seguridad Social ha recibido 56.000 millones de euros en transferencias (el equivalente a algo más de cuatro nóminas mensuales de pensiones), ha precisado un préstamo de unos 10.000 millones de euros para cubrir la totalidad del gasto comprometido.

De acuerdo con las estimaciones recientemente publicadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en 2050 el gasto en pensiones podría haber crecido al 16,1% del PIB. Otras fuentes sitúan esta cifra entre el 14,7% y el 17,3% del PIB[4]. Por tanto, ninguno de estos análisis pronostica que el crecimiento de la economía española vaya a ser capaz de estabilizar el gasto en pensiones en porcentaje del PIB. Pero tampoco ninguno amenaza con la “quiebra” del sistema, si bien algunos sí llaman la atención sobre el coste de oportunidad derivado de la asignación de más recursos públicos a las pensiones. 

Por su complejidad técnica, el debate de las pensiones se presta a la asunción de marcos de interpretación excesivamente simplificados. Alejémonos de ellos y exijamos que los análisis sobre las perspectivas financieras del sistema de pensiones sean juzgados por la calidad y transparencia de sus datos y cálculos (lo que posibilita su contraste y réplica) y por la consistencia de sus conclusiones, sin prejuzgar sus intenciones antes incluso de leerlos.


[1] En palabras de Pedro Solbes: “No hay ningún problema en cuanto al cobro de pensiones en el momento actual ni lo va a haber en los próximos diez o quince años. El problema es para después” (véase, por ejemplo, la portada de ABC, de 22 de febrero de 1994). En cuanto a las declaraciones de otros funcionarios de ese ministerio, véase Herce, J. A. y Pérez-Díaz, V. (1995). La reforma del sistema público de pensiones, Barcelona: laCaixa, págs.68-70.

[2] Hombres y mujeres nacidos entre 1958 y 1977, periodo durante el cual se superó la cifra de 650.000 nacimientos anuales (en 2024, el número de nacimientos en España se situó en 322.000). 

[3] Instituto Santalucía, Pensiómetro 1/2025, pág. 14 (Datos provisionales). 

[4] Muy próxima a la cifra más elevada se halla la estimación de Miguel Ángel García presentada en las jornadas Repensando el sistema de pensiones, organizadas por Fedea y el Consejo General de Economistas.

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¿Cuál puede ser la hoja de ruta económica europea en el actual desorden mundial?

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Novedades en el panorama arancelario y comercial. Destaca la suavización –y, en buena parte, retirada– de las tarifas que se anunciaron el ya famoso 2 de abril. También los acuerdos comerciales de EE. UU. con Reino Unido, y en particular, tras un fin de semana intenso de negociaciones en Ginebra, la tregua arancelaria de 90 días entre el gigante norteamericano y China, que bajan drásticamente sus respectivos aranceles al 30% y al 10%. Quedan muchos otros convenios comerciales por acordar entre Estados Unidos y el resto del mundo, destacando el de la Unión Europea, que tendrá que actuar y avanzar. Por lo pronto, esta cierta situación de impasse de la UE no le ha dejado inmune a los logros de otros países, como ha demostrado la depreciación del euro de esta semana. No tener un acuerdo comercial con EE. UU. puede penalizar y mete más presión a la UE. 

No está desocupada la UE en absoluto. Con una agenda política y económica cargadísima y gran parte de esta con muchos asuntos pendientes con Estados Unidos, que hacen más complejo el diálogo. Junto a las negociaciones comerciales, están encima de la mesa el futuro de la defensa y seguridad en Europa –con una posible retirada parcial eventual de Estados Unidos y el rearme de los países de la UE– y los intereses geopolíticos, en particular, todo lo relacionado con la guerra en Ucrania. Mucha tela que cortar. Así como en la pugna entre Estados Unidos y China parecía que los primeros tenían mucho más que perder que los segundos, con sociedades muy distintas en su capacidad de aguante, en el caso de la UE probablemente la cosa no está tan clara, y un mal acuerdo (o falta de uno que sea bueno para las dos partes) puede generar más perjuicio en este lado del Atlántico. 

No solamente porque la UE mantiene un superávit comercial que podría menguar significativamente, sino por la mayor debilidad macroeconómica actual, con varios países en importantes encrucijadas políticas y de sus economías productivas. Francia, Italia y sobre todo Alemania se encuentran en un diván terapéutico en lo económico y político. La accidentada elección como canciller germano de Friedrich Merz la semana pasada nos recuerda las tribulaciones a las que frecuentemente se enfrentan los países europeos. También las divergencias de los principales países en los grandes asuntos de Bruselas restan eficacia a la estrategia negociadora, en la que ir con una voz única, creíble y sin ruidos internos ayuda a tener éxito en el proceso. 

Las relaciones con China son otro elemento de gran trascendencia. La Unión Europea en su conjunto y también algunos de sus países por separado, están reforzando –y esperan seguir haciéndolo– sus lazos comerciales con el gigante asiático, sobre todo tras el anuncio de los aranceles por parte de Estados Unidos el 2 abril. Fue una piedra de toque para recordar que hay que tener vínculos comerciales y económicos más intensos y una estrategia más definida con el principal país en las cadenas de suministro globales. Abrirse más a China no tiene por qué ser necesariamente motivo de tensión con Estados Unidos, o por lo menos se debe intentar evitar, ya que este último país está hablando con el gigante asiático, tras su reciente acuerdo de tregua arancelaria. China debe formar parte de todas las ecuaciones comerciales que se diseñen a escala global. Asimismo, Estados Unidos y el país asiático han abierto negociaciones en un sentido más amplio que los aranceles. Los desequilibrios macroeconómicos –gran déficit comercial del país americano–, y cómo corregirlos, van a ser parte de ese diálogo que ahora se ha abierto. Incluirá seguramente además el papel del dólar y del yuan a escala global en el futuro, entre otros asuntos. 

En este sentido, Europa se encuentra en una situación comparable, porque otros temas, como el desequilibrio exterior de Estados Unidos con la Unión Europea, la relación entre el euro y la divisa americana, así como los comentados temas de defensa y geopolíticos, pueden suponer una manera de abrir –en un símil deportivo– el campo de juego para la negociación de las próximas semanas. Es como si todo el ruido de los aranceles se hubiera producido para sentar a todos los países a negociar no solamente las tarifas, sino también para corregir, al menos en parte, el conjunto de desequilibrios exteriores que tiene Estados Unidos. En este entorno, la Unión Europea debe tener el temple, nivel de exigencia y diplomacia suficientes para cerrar acuerdos con ambas potencias comerciales, para no quedarse fuera de lo que puede ser una era menos oscura y con mayor dinamismo de la que se pronosticaba el 2 de abril. 

Esta abultada agenda del Viejo Continente con el exterior (no solamente Estados Unidos) no puede hacer caer en el olvido que hay un reto pendiente de vital importancia, como marcaban los conocidos informes de Mario Draghi y Enrico Letta, como es el aumento de la productividad. Dicho de otro modo, el diseño de estrategias económicas que permitan la definitiva integración de los principales mercados europeos (energía, telecomunicaciones y financieros entre otros), el aumento de la dimensión y competitividad con la creación de empresas que sean verdaderos campeones europeos y el desarrollo de políticas en el ámbito de la innovación y del mercado de trabajo que permita un aumento notable de la productividad, algo absolutamente necesario –hoy mejor que mañana– para garantizar los actuales niveles de renta y bienestar de la Unión Europea.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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Aranceles vs reindustrialización

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Los flujos internacionales de
comercio e inversión constituyen una red de una enorme complejidad, formada por
infinidad de nodos interrelacionados entre sí, de tal modo que un cambio
estructural en este “ecosistema” desencadenará una
sucesión impredecible de efectos
, con implicaciones en otras variables como
los tipos de cambio, tipos de interés, etc. El resultado final de todo ello es incierto,
pero sí se pueden anticipar algunas implicaciones generales.

Hay que partir de una idea
fundamental, y es que, gracias al contexto de libre comercio que –más o menos–
ha predominado en las últimas décadas –con todos los matices que se quiera–, el
diseño actual de las cadenas globales de producción es la más eficiente de
entre todas las posibles. Es decir, cada etapa de la cadena productiva se ha
localizado en aquellos lugares que, o bien están muy especializados en esa
tarea concreta –por ejemplo, procesos de gran contenido tecnológico o
intensivos en conocimiento–, o bien en aquellos lugares que son capaces de
realizarla de forma más barata –es el caso de actividades más rutinarias e
intensivas en mano de obra–. El perfeccionamiento continuo de este modelo a lo
largo de las décadas ha dado lugar a un sistema hipereficiente, capaz de
producir bienes y servicios al menor coste posible y con las mejores
prestaciones posibles. Cualquier otro diseño de la cadena productiva será, por
definición, más ineficiente y caro que el actual, porque si fuera más eficiente,
sería el que se habría implantado.

La entrada en efecto de los aranceles supondrá un empobrecimiento general: compraremos bienes más caros y peores que los actuales.

María Jesús Fernández

Los aranceles anunciados por
Trump, incluso si no entran en efecto los denominados “aranceles recíprocos”, supondrán
un cambio de paradigma, que obligará a reorganizar estas cadenas globales, y,
por tanto, a adoptar un sistema necesariamente más ineficiente que el actual.
Es decir, todos nos habremos empobrecido, porque los bienes que compraremos
serán más caros, y en muchos casos, con peores prestaciones, que los actuales. El
daño sobre cada área económica dependerá del modelo de relaciones comerciales
que finalmente se establezca. Existen
varios escenarios posibles
, que irían desde el aislamiento, en mayor o
menor grado, de la economía norteamericana y el mantenimiento de unas
relaciones comerciales más o menos libres entre el resto de países, a un mundo organizado
en bloques con relaciones limitadas entre sí.

Si empresas europeas o chinas trasladasen parte de su producción a suelo estadounidense, la pérdida de eficiencia, los aranceles y las pérdidas de economías de escala harían que sus bienes fueran más caros en el mercado interno y menos competitivos internacionalmente

María Jesús Fernández

En cuanto a las consecuencias
sobre lo que más le importa a Trump, que es la “reindustrialización” de su
país, es cierto que algunas empresas europeas o chinas, para las que el mercado
estadounidense sea muy relevante, pueden trasladar a suelo norteamericano la
producción destinada a ese mercado. Pero esto supondrá un encarecimiento de sus
productos, en primer lugar, por el motivo señalado al principio –será una
organización productiva menos eficiente que la actual–; en segundo lugar, porque
los inputs que utilicen estarán gravados por aranceles elevados; y en tercer
lugar por la pérdida de economías de escala que supone la división de la
producción para atender diferentes mercados. Además, a las empresas instaladas
en suelo norteamericano les será más difícil acceder a ciertos componentes –por
ejemplo, de alta tecnología– fabricados en lugares muy especializados, y
prácticamente imposibles de replicar, lo que afectará a la calidad y
prestaciones de sus productos. Los bienes norteamericanos serán más caros en el
mercado interno y menos competitivos internacionalmente.

Esto acarreará dos consecuencias,
contrarias al objetivo del presidente. Una, que muchas mercancías europeas serán
ahora más competitivas en comparación con las norteamericanas, lo que
favorecería a la industria europea, y reduciría la actividad al otro lado del
Atlántico. La otra, que algunas empresas estadounidenses, para las que el
mercado exterior suponga una parte importante de su volumen de negocio, decidan
trasladar la producción fuera de su país para poder seguir compitiendo y
vendiendo en el exterior. Cabe esperar que el efecto “desindustrializador” sea
de mayor magnitud que el efecto “reindustrializador”, ya que, al fin y al cabo,
para la mayoría de empresas exportadoras del mundo, EE. UU. es solo un mercado
más, mientras que, para las estadounidenses, se dificulta el acceso a todo el
resto del mundo.

En definitiva, habrá sectores
beneficiados y perjudicados, tanto a un lado como a otro del Atlántico, pero el
resultado neto global será un empobrecimiento para todos, y especialmente para
EE. UU.

Este artículo fue publicado originalmente en la revista Metros2.

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El núcleo duro del crecimiento español

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Por lo general una economía crece cuando coinciden dos circunstancias. La primera, un incremento de la demanda, ya sea interna o exterior. Y la segunda, que las empresas sean capaces de responder a dicho impulso de la demanda, porque son competitivas y disponen de capacidad productiva. Por diferentes razones, los datos de PIB de EE. UU. y España divulgados esta semana aportan informaciones relevantes acerca de las fuerzas y debilidades de ambos factores del actual ciclo expansivo.

El comportamiento de la economía norteamericana, con un descenso de una décima, evidencia un deterioro súbito de la confianza y una inquietante pérdida de competitividad como consecuencia de la guerra comercial. El consumo privado se ha desacelerado netamente y si todavía crece es en cierta medida por las compras anticipadas de los hogares norteamericanos ante la perspectiva de un aumento de los precios; cabe esperar, por tanto, que el consumo se frene en los próximos meses. Por su parte, las empresas, anticipando fuertes aranceles, han hecho acopio de productos importados, algunos destinados a la venta (elevando las existencias) y otros a la inversión en bienes de equipo. Todo ello traduce los primeros efectos des doble shock, de demanda y de competitividad.

En España el escenario es más favorable, pero también emergen nuevos riesgos. El avance del PIB (0,6% en el primer trimestre, el doble que la Unión Europea) se sustenta en un bucle de demanda de consumo privado, inversión en construcción y aumento del empleo, conformando el núcleo duro del crecimiento de la economía española. El consumo público, sin embargo, se desacelera. Y la inversión empresarial evidencia una cierta volatilidad, al tiempo que sus perspectivas se ven afectadas por la incertidumbre global.


También surge una nueva amenaza en el frente de la competitividad. Nuestras empresas mantienen una posición competitiva positiva en términos de costes laborales y energéticos. Destaca el tirón de las exportaciones de servicios no turísticos (4,6% en el primer trimestre). Pero la guerra comercial también provoca un efecto de desvío de las ventas de productos asiáticos hacia los mercados europeos, por las restricciones impuestas por Trump. Es un hecho que las importaciones han empezado a repuntar: las compras en el exterior crecen ya a un ritmo tendencialmente superior a la demanda (con una elasticidad de 1,2), cuando hasta hace poco lo hacían muy por debajo de dicha demanda (elasticidad inferior a 1). Los envíos de productos españoles a los mercados europeos también podrían verse perjudicados por la mayor competencia de productos asiáticos a precios artificialmente bajos. En suma, la demanda interna resiste, pero aparecen nubarrones en el panorama externo y en la competitividad.

De cara al futuro, es probable que perdure el ciclo expansivo de la demanda de consumo, inversión residencial y creación de empleo. Desaparecen los fenómenos de recuperación de poder adquisitivo, pero un mayor recurso al ahorro por parte de los hogares podría actuar como contrapeso. No obstante, el golpe arancelario se propagará a través del comercio mundial, entorpeciendo las exportaciones y exacerbando la competencia internacional. Las dos principales potencias mundiales han entrado en zona de turbulencias, y salvo un improbable acuerdo comercial la situación no parece que vaya a cambiar en el corto plazo.

España goza de un núcleo duro de crecimiento autosostenido que nos diferencia de los socios comunitarios. Todo apunta a que el PIB todavía avanzará netamente por encima del 2% este año. Sin embargo, sería temerario pensar que nos podemos desacoplar de los desvaríos del resto del mundo, de modo que una desaceleración es previsible a partir de la segunda mitad del año. Ante la guerra comercial y las tensiones geopolíticas, lo deseable sería sustentar la confianza para nutrir las fortalezas internas y profundizar en el descenso del paro. De lo contrario el ciclo expansivo perderá rápidamente vigor.

PRODUCTIVIDAD | El número de ocupados aumentó un 0,8%, pero el número de horas trabajadas se redujo, de modo que se mantiene la tendencia a la reducción de las horas trabajadas por persona que se observa desde 2023, con un descenso de la productividad por ocupado y un incremento de la productividad por hora. El perfil que se desprende de la EPA es similar: el número de ocupados se incrementó un 0,7% en el primer trimestre, entrañando un ligero descenso de la productividad por persona ocupada, y a la inversa cae el número de horas trabajadas, impulsando la productividad horaria.  

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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el-pib-en-el-primer-trimestre-de-2025:-continua-el-ciclo-expansivo,-aunque-con-una-moderacion-del-consumo

El PIB en el primer trimestre de 2025: continúa el ciclo expansivo, aunque con una moderación del consumo

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CNTR IT 2025

El PIB registró un crecimiento intertrimestral del 0,6% en el primer trimestre de 2025, una décima menos de lo anticipado por Funcas. Además, se ha revisado ligeramente a la baja el PIB del trimestre anterior, lo que reduce el efecto de arrastre sobre el crecimiento en 2025.

La demanda nacional en su conjunto aportó cuatro décimas al crecimiento, la cifra más baja en nueve trimestres. El consumo privado experimentó una notable desaceleración, hasta el 0,4%, sensiblemente por debajo de los crecimientos observados a lo largo de 2024, quizás influido por las malas condiciones climatológicas. El consumo público creció un 0,2% por segundo trimestre consecutivo, apuntando a una desaceleración tras un periodo fuertemente expansivo.  La inversión en construcción presentó un ritmo de crecimiento semejante al del trimestre anterior, mientras que la inversión en bienes de equipo ha logrado mantener el nivel alcanzado tras el intenso repunte registrado en el cuarto trimestre de 2024 (gráfico 1). Esto constituye una buena noticia, ya que la debilidad de esta variable sigue siendo uno de los elementos preocupantes de la evolución reciente de la economía española. No obstante, la inversión en bienes de equipo sigue sin superar claramente los niveles alcanzados en 2019, y la incertidumbre derivada de la guerra comercial podría frenar esta incipiente –y tardía– recuperación. 


El sector exterior aportó 0,2 décimas al crecimiento del PIB, como resultado de un crecimiento de las exportaciones superior al de las importaciones, siendo fundamentalmente las exportaciones de servicios no turísticos las que explican el positivo comportamiento de la variable total. El gasto de los turistas también avanzó a un buen ritmo, aunque más moderado que las tasas medias observadas en 2024. Ambos componentes siguen siendo los elementos más brillantes de la evolución económica pospandemia, mientras que las exportaciones de bienes mantienen la tónica de estancamiento que ha predominado durante todo este periodo (gráfico 2).


El número de ocupados aumentó un 0,8%, pero el número de horas trabajadas se redujo, de modo que se mantiene la tendencia a la reducción de las horas trabajadas por persona que se observa desde 2023, con un descenso de la productividad por ocupado y un incremento de la productividad por hora. El crecimiento del salario medio se moderó, aunque sigue siendo relativamente intenso: un 4,4% interanual. Como resultado, el coste laboral unitario continúa creciendo por encima del deflactor, y por encima del excedente bruto unitario.

En suma, el crecimiento del PIB en el primer trimestre de 2025 mantiene, básicamente, el mismo patrón de los últimos años, aunque con una cierta moderación del consumo privado y público.

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Alemania, año 2025. Hacia una GroKo vigilada (II)

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El acuerdo de coalición, un logro contestado 

Ya se tutean Friedrich Merz y Lars Klingbeil, los hombres que, en pocas semanas, ocuparán los dos principales puestos –canciller y vicecanciller– del nuevo ejecutivo alemán[1]. Ambos personifican el acuerdo de coalición entre cristianodemócratas (CDU/CSU) y socialdemócratas (SPD) publicado el pasado 9 de abril, un documento de 146 páginas, fruto de un proceso de negociación en varias fases iniciado pocos días después de las elecciones al Parlamento Federal el pasado 23 de febrero.

En una primera aproximación a este acuerdo cabe comparar algunas de sus características formales con las del acuerdo de coalición sobre el que se basa el actual gobierno de España (Cuadro 1). Tomando el documento español como referencia comparativa, queda claro que el alemán es más extenso y detallado (casi lo cuadruplica en palabras), aun cuando se ha gestado en la mitad de tiempo. Su título, “Responsabilidad hacia Alemania”, no coincide con el de ninguno de los programas de los partidos que lo han negociado, algo que también lo distingue del acuerdo español[2].


Un mero recuento de conceptos clave muestra asimismo que en el acuerdo alemán adquieren singular importancia los de “Europa” (200 veces presente frente a 25 en el acuerdo español), “digitalización” (187 vs. 26), “investigación” (120 vs. 3), “defensa/armamento/militar” (70 vs. 0) y “responsabilidad” (42 vs. 4). También llama la atención la frecuencia de indicaciones a cantidades en “euros” (44 vs.1), lo que implica la concreción de objetivos de gasto e inversión de una manera que facilitará la comprobación de su cumplimiento. 

Si bien el acuerdo entre la CDU/CSU y el SPD ha sido elaborado y negociado con prontitud, partiendo de un diagnóstico realista (buena parte de su preámbulo se dedica a trazar la difícil situación que atraviesa el país) y detallando decenas de medidas en los principales campos de acción gubernamental, su recepción en los medios de comunicación nacionales y entre la comunidad de expertos ha sido, más bien, tibia y escéptica. Economistas destacados que han venido respaldando la necesidad de un “giro económico” (Wirtschaftswende) valoran positivamente compromisos concretos incluidos en el acuerdo, como la supresión de normativas que imponen pesadas cargas burocráticas a empresas y familias, el recorte en un 10% de gastos de la Administración Federal, la amortización de inversiones en bienes de equipo (30% desde 2025 hasta 2027) y la reducción progresiva del impuesto de sociedades a partir de 2028. Sin embargo, se muestran críticos respecto a bonificaciones fiscales y prestaciones que supondrán elevados costes para el Estado, sin claros beneficios económicos (por ejemplo, la ampliación del complemento de pensión por maternidad, la reducción de impuestos a establecimientos gastronómicos o las subvenciones de diésel para la agricultura). Asimismo, reprochan la ausencia de planes de reforma que afronten seriamente el aumento de gasto social (sobre todo, en pensiones, sanidad y cuidados) derivado del sostenimiento de una creciente población laboralmente improductiva.

Merz ya tutea a Klingbeil, pero Friedrich y Lars parecen cuidarse de mostrar excesiva efusión en la celebración del acuerdo. Para el canciller in pectore, el documento recoge the only game in town, dado su reiterado compromiso de no pactar un gobierno con AfD –Alternativa para Alemania–, el segundo partido más votado (20,8%). Merz se ha declarado “muy satisfecho” con el resultado de la negociación[3], pero el mayor tanto se lo apunta, de momento, el SPD, que, habiendo cosechado el peor resultado electoral de su centenaria historia (16,4%) y aportando el 36,5% de los votos a la coalición, consigue –conforme a lo establecido en el mismo acuerdo– 7 de 17 ministerios (41%). Entre ellos se cuentan los de Defensa y Hacienda, cruciales en circunstancias de masivo aumento del gasto militar y de asignación de milmillonarios fondos públicos especiales para financiar infraestructuras (si bien el acuerdo recoge que todas las medidas quedan sujetas a “reserva presupuestaria”). Por añadidura, los socialdemócratas ocuparán puestos tan decisivos como el de Comisionado del Gobierno Federal para Migración, Refugiados e Integración. No parece, pues, en riesgo el todavía pendiente visto bueno de los afiliados del SPD al acuerdo[4].

Estas victorias negociadoras del partido minoritario de la coalición, añadidas a las contradicciones con los mensajes emitidos por los líderes de la CDU/CSU durante la campaña electoral –como el de mantener la disciplina presupuestaria y no relajar el “freno de la deuda”–, plantean a Merz un problema de legitimidad de origen en su próximo mandato. Tanto mayor se adivina, por ello, la presión de conseguir legitimidad de ejercicio con éxitos ejecutivos.


[1] Este cambio en el trato entre ambos dirigentes se hizo público el 31 de marzo, un mes después del comienzo de las negociaciones conducentes al acuerdo de coalición. Véase, por ejemplo, “Friedrich, Lars und das Du. Das grosse Geschmuse”.

[2] El programa electoral de la CDU/CSU lleva por título: “Cambio político para Alemania”; y el del SPD: “Más para ti, mejor para Alemania”. El acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar se titula “España avanza”, lema que coincide parcialmente con el que encabeza el programa electoral del PSOE.

[3] Así lo declaró en el programa Brennpunkt de la cadena pública ARD el mismo día de la publicación del acuerdo.

[4] La votación de los afiliados del SPD sobre el acuerdo de coalición se mantiene abierta hasta el 29 de abril de 2025, un día antes de la anunciada publicación del resultado. El acuerdo ya cuenta con el respaldo de la CDU y la CSU, obtenido en ambos casos a través de convocatorias restringidas a dirigentes y/o representantes de estas formaciones. 

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La economía española tras el shock comercial

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El comercio internacional, uno de los principales baluartes de la economía española, empieza a flaquear como consecuencia de la guerra arancelaria. Según las estimaciones de la OMC, los intercambios internacionales se paralizarán en los próximos meses bajo la premisa, relativamente optimista, de una escalada tarifaria contenida, y se contraerán hasta un 1,5% en el supuesto de una activación de los aranceles recíprocos por parte de EE UU, y de represalias de otros países. 

Los primeros efectos del proteccionismo son ya palpables en el bloque comercial de América del Norte. Por ejemplo, desde el inicio de la ofensiva tarifaria, la frontera norte de México habría registrado una fuerte caída de los envíos al país vecino, mientras que los viajes entre Canadá y EE. UU. se habrían reducido drásticamente. Esto son solo las primeras réplicas de una onda recesiva provocada por el aislacionismo comercial que irá extendiéndose a través del planeta. 

España no puede desacoplarse de un eventual parón del comercio internacional. El shock tarifario va más allá de nuestra exposición directa al mercado americano, ya que la amenaza es global, cerniéndose sobre una economía europea en un momento de gran debilidad y de dificultad para consensuar una acción común. No es sorprendente que nuestros intercambios con los socios comunitarios se hayan debilitado, siendo ésta una tendencia que, hasta fechas recientes, se había compensado con los buenos resultados cosechados fuera del Viejo Continente. El año pasado las exportaciones de mercancías españolas a la UE se redujeron en 0,5%, mientras que los envíos a los destinos no comunitarios se incrementaron un 1,4% (conforme a la balanza de pagos). 

Tras la imposición de los aranceles, va a ser difícil contrarrestar la anemia europea recurriendo a los mercados extracomunitarios. Los datos de ventas de grandes empresas –los únicos que aportan una información en tiempo casi real– evidencian ya una caída de las exportaciones totales del 1,7% durante el mes de marzo (en términos de crecimiento medio interanual, que no es posible desglosar entre diferentes destinos). Paralelamente las importaciones siguen avanzando, en consonancia con el tirón de la demanda interna. En suma, el sector exterior, que aportó directamente el 30% del crecimiento total del PIB en el último trienio, tiende ahora a restar actividad.


La inversión es la variable más vulnerable ante un panorama internacional tan adverso como incierto. Por su internacionalización, son las grandes empresas las más perjudicadas. Cabe anticipar que estas corporaciones congelen algunos proyectos hasta que el panorama comercial se dilucide. Por otra parte, el volumen de inversión directa española en EE. UU. roza los 120.000 millones de euros, o el 7,4% de nuestro PIB. El bajo nivel de endeudamiento empresarial, junto con la senda de bajada de tipos de interés, configuraba un escenario favorable a la inversión. La incertidumbre global lo empaña. 

Si bien el consumo público tiene ya poco recorrido, el de las familias puede actuar como contrapeso, gracias al crecimiento del empleo y la disponibilidad de un importante remanente de ahorro. De manera similar, un ciclo de inversión residencial está en marcha (si bien a un ritmo insuficiente para aplacar la crisis de vivienda). Con todo, sin embargo, el frenazo externo será el protagonista de la coyuntura. 

La magnitud de la desaceleración va a depender sobre todo de las decisiones que se tomen en Washington. El arancel actual del 10% es un golpe duro pero asumible para la economía. Otra cosa es si el clima de incertidumbre se perpetúa, con una sucesión de nuevas amenazas y de desmentidos, lastrando la economía mundial, pero elevando también el riesgo de recesión e inestabilidad financiera en EE. UU. No es el escenario más probable: la suspensión de los aranceles recíprocos evidencia que el republicano tiende a recular ante un conato de crisis de deuda. Trump tiene la llave, pero la comparte con los mercados. 

DEUDA | El mercado español de deuda pública, importante barómetro de la salud financiera de nuestra economía, ha reaccionado con calma a las turbulencias desatadas del otro lado del Atlántico tras el día de la “liberación”. La rentabilidad exigida por los mercados para comprar bonos españoles a diez años ha oscilado entre el 3,2% y 3,3%. Y la prima de riesgo, o diferencial con el referente alemán, considerado como valor refugio para los inversores en momentos de gran incertidumbre como el actual, apenas se ha incrementado en torno a 10 puntos básicos. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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