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Presupuestos sin margen de error

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El país está a punto de tomar una decisión transcendental para su futuro con el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE). La capacidad de control de los impactos económicos y sociales de la pandemia, y el impulso a la recuperación, dependen sobremanera de los presupuestos públicos. Porque el sector privado, inmerso en la segunda ola de contagios que amenaza con provocar una recaída de la economía, no está en condiciones de tirar del crecimiento. Las empresas, algunas ya al borde de la insolvencia, se enfrentan a un entorno sembrado de incertidumbres, mientras que las familias prefieren ahorrar de más ante el miedo a perder buena parte de sus ingresos. Por otro lado, la pandemia, por su naturaleza global, exige soluciones cooperativas que solo se pueden conseguir mediante la política pública. Y esa solo puede ser la fiscal, como lo afirman tanto el BCE como el FMI, conscientes de que la política monetaria no puede dar mucho más de sí.

A primera vista, el proyecto de ley presupuestaria para 2021 cumple con ese objetivo, por su carácter expansivo. El gasto público se incrementaría en nada menos que 62.000 millones, de los cuales 26.600 corresponden a fondos europeos. Por otra parte, el aumento anunciado de impuestos es esencialmente cíclico y en cualquier caso descansa sobre hipótesis optimistas (un crecimiento la economía superior al 10% en términos nominales, poco verosímil, y nuevos impuestos que tardarán en ponerse en marcha). Por tanto, muy probablemente el déficit público se desviará del objetivo del 7,7% incorporado en los PGE.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: Eurostat, BEA y proyecto de PGE 2021.

Sin embargo, la letra pequeña es tan importante, si no más, que las cifras agregadas. Porque tanto dinero público no acertará en impulsar la actividad si no se dan tres condiciones. En primer lugar, la prevención de los contagios pandémicos, algo poco oneroso para el erario público, obviamente beneficioso para la salud, y condición sine qua non para la economía. Los PGE aportan datos sobre la inversión sanitaria, pero no aclaran cómo se coordinará la acción preventiva entre diferentes Administraciones, hoy por hoy disfuncional. Esta cuestión, si bien de índole normativa y no presupuestaria, es determinante para la eficacia de la política económica.

En segundo lugar, conviene amortiguar el impacto de los rebrotes sobre las empresas y el empleo, que persistirán hasta que no exista una vacuna. El anuncio de una moratoria en la devolución de los créditos ICO es un paso en esa dirección, pero se necesita más ambición. Alemania compensa el 75% de las pérdidas de empresas afectadas por los cierres, y Francia ha puesto en marcha un plan contra la insolvencia y otro de reciclaje de trabajadores en paro parcial. Unas medidas que no aparecen en los PGE que, sin embargo, incorporan otras como el incremento a tasas superiores al IPC de los gastos corrientes y de personal, de dudosa efectividad en la actual coyuntura.

Finalmente, estos presupuestos destacan por el incremento sin precedentes de las inversiones en digitalización, transición ecológica y educación, condiciones necesarias para una transformación del modelo productivo, lastrado por bajos niveles de productividad y un déficit de empleos de calidad. Conviene, sin embargo, priorizar los proyectos que encuentren en el tejido empresarial una capacidad inmediata de respuesta a los estímulos. Algunos de los planes presupuestarios, por ejemplo los que atañen al sector industrial o al energético, no aclaran si se trata de ayudas genéricas a la demanda (cuyo multiplicador puede ser muy reducido) o un impulso a la producción de sectores competitivos.

Todo ello aboga por un esfuerzo de realismo del proyecto presupuestario, para una economía expuesta a una volatilidad excepcional. El BCE seguirá actuando como paraguas para la financiación del agujero, mientras que los fondos europeos (aunque aprobados con retraso) entrañan la oportunidad de contener la crisis y evitar un descuelgue frente a los principales socios comunitarios. Pero para que esas promesas se hagan realidad no hay opción que acertar con estos PGE.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Nuevos antídotos ante una recaída inminente

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El fuerte enfriamiento de la coyuntura, en paralelo a la curva de contagios de la covid, plantea un desafío inaudito para la política económica al que conviene responder sin esperar a la adopción de nuevos presupuestos ni a la llegada de fondos europeos. El consumo pierde fuelle, por el deterioro de la confianza de las familias ante unas perspectivas ensombrecidas, mientras que la inversión empresarial sufre un parón y los mercados de exportación se resienten de las restricciones a la movilidad y a la actividad que imponen nuestros socios comerciales ante la segunda ola. En Europa la recuperación parece haber tocado fin (el índice PMI de octubre pasa ligeramente por debajo del umbral de 50, por primera vez desde la primavera). Y en España, a la espera de conocer el dato, todo apunta a una contracción aún más severa.

Gráfico 1

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Fuentes: ICO y Ministerio de Inclusión, Seg. Social y Migraciones

Ante el espectro de una recaída de la economía española en el tramo final del año, la respuesta no puede limitarse a las recetas que funcionaron en la primavera. Los avales de crédito para las empresas en dificultad han tocado techo, incluso en el devastado sector del turismo y la hostelería —el total de créditos a este sector se ha estancado en el entorno de 11.000 millones de euros—, prueba de que las empresas que están al borde de la insolvencia son reticentes a acrecentar su endeudamiento en un contexto tan incierto.

Una política de recapitalización de empresas viables parece más adecuada que la concesión de nuevos préstamos, como subraya el Banco de Pagos Internacionales, que alerta del riesgo de quiebras en cascada. Esta es una eventualidad que conllevaría una crisis financiera (conviene escuchar las recomendaciones de este organismo internacional, el único en anticipar el estallido de la burbuja financiera hace más de una década). También se trata de agilizar la reestructuración de los negocios inviables, un proceso que se antoja largo y costoso en nuestro país como lo reconoce el Gobierno.

Por otra parte, las cifras agregadas ocultan una disparidad acusada, de gran relevancia para la política económica. El sector de servicios es el que peor lo está pasando, como lo muestra el descenso del índice de actividad en el sector de servicios, un insólito -1,7% en pleno agosto, es decir un -15,3% interanual, cuando lo normal es que se incremente vigorosamente en plena temporada turística. La industria, que depende menos del contacto humano, logra mantener su expansión. Alemania e Italia, gracias al fuerte peso de la industria y su presencia en el mercado chino, el único con una recuperación en “v”, aguantan mejor que España y Francia.

«Este es un entorno convulso que intensifica las transformaciones tecnológicas iniciadas en la era pre-covid y a la vez agudiza las desigualdades sociales. La cronificación de la crisis y el cambio estructural abocan la política económica a explorar nuevos territorios».

Raymond Torres

Además, existe una gran heterogeneidad dentro del sector de servicios. Repuntan los que se benefician del comercio electrónico o que pueden funcionar recurriendo al teletrabajo. Los servicios profesionales, o las actividades administrativas digitalizadas y de investigación, por ejemplo, presentan índices significativamente mejores que la hostelería o el transporte. Conviene, por tanto, facilitar la expansión del crédito y la movilidad laboral hacia estos sectores de servicios y de industria manufacturera que podrían convertirse en el principal pulmón de la economía.

Asimismo, si bien un repunte de los expedientes de regulación temporal de empleo es probable, el carácter por definición transitorio del dispositivo no es el adecuado para una crisis que amenaza con prolongarse. Esta es la gran oportunidad para la formación y el reciclaje de personas en paro de larga duración, o en riesgo de perder el puesto de trabajo como consecuencia de las transformaciones de la economía. Aquí también conviene innovar, aprovechando el potencial de acceso al conocimiento que ofrecen las nuevas tecnologías.

La nueva normalidad se está caracterizando por la sucesión de olas de contagios y una incertidumbre exacerbada. Este es un entorno convulso que intensifica las transformaciones tecnológicas iniciadas en la era pre-covid y a la vez agudiza las desigualdades sociales. La cronificación de la crisis y el cambio estructural abocan la política económica a explorar nuevos territorios.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Tratamiento a base de deuda

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Uno de los resultados más espectaculares de esta crisis es el incremento exponencial de la deuda tanto pública como privada. Según el FMI, el endeudamiento global batirá este año un nuevo récord como consecuencia de la caída abrupta de la actividad y de las políticas de sostén de la economía, basadas en el crédito a las empresas y el gasto público.

Afortunadamente, y a diferencia de lo que sucedió durante la crisis financiera, tanto los expertos de Washington como los de Bruselas asumen la expansión fiscal y las ayudas a negocios en dificultad como una necesidad. Un giro hacia la austeridad sería letal para una economía convaleciente —si no en estado de shock como la nuestra—, una de las más señaladas por el organismo internacional. Las cuentas financieras divulgadas esta semana por el Banco de España evidencian la debilidad de las fuerzas de mercado, incapaces de generar una recuperación sostenida. Así pues, en el segundo trimestre las familias incrementaron su ahorro (capacidad de financiación) en cerca de 60.000 millones de euros, casi lo mismo del total ahorrado durante los cuatro años pre-covid. Los datos de depósitos bancarios muestran que la situación de sobre-ahorro prevalece, restando fuelle al consumo y socavando la recuperación.

Gráfico 1

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Fuentes: FMI y Banco de España (para el segundo trimestre de 2020).

Otra cosa es la sostenibilidad de la deuda. Una cuestión en apariencia inocua, gracias a la compra masiva de bonos por los bancos centrales, que han conseguido crear escasez de títulos en los mercados y así reducir los costes de financiación para los Estados. Los tipos de interés son negativos para las emisiones de deuda de hasta cinco años de vencimiento (es decir, el Tesoro español gana dinero cada vez que emite deuda en esos ramos) y la referencia a 10 años roza los mínimos históricos pre-covid.

«El FMI acierta en hacer hincapié en la necesidad de ayudas específicas para empresas en dificultad pese a ser viables. Esas intervenciones, aunque complejas técnicamente, mantienen la capacidad productiva y a la vez reducen el riesgo de impagos»

Sin embargo, la levedad de la deuda es engañosa. Algunas voces ya se han manifestado en el seno del BCE para preparar una vuelta a la normalidad monetaria a partir de junio de 2021, que marca el fin del actual programa de estímulos. Para entonces, la deuda pública española seguirá escalando.

Por tanto, la clave está en prepararse para esa eventualidad, en primer lugar, asegurándose que el endeudamiento sirve para generar crecimiento. En ese sentido, el FMI acierta en hacer hincapié en la necesidad de ayudas específicas para empresas en dificultad pese a ser viables. Esas intervenciones, aunque complejas técnicamente, mantienen la capacidad productiva y a la vez reducen el riesgo de impagos. Esta es una amenaza que se cierne sobre el sistema financiero, y que sin embargo no encuentra todavía respuesta en el Plan Presupuestario 2021 del Gobierno (salvo en lo que atañe al fondo de solvencia para empresas estratégicas, reservado a grandes corporaciones). Además, sorprendentemente el Plan no deja claro si procederá a nuevas medidas de liquidez y crédito ICO en 2021.

«Para que este desencadene más actividad, tiene que responder a la realidad del tejido productivo español. Sin duda, existe una capacidad de producción disponible para la rehabilitación de viviendas, la modernización de infraestructuras, la sanidad y las energías renovables. Pero el plan apunta también a otras inversiones “disruptivas”, sin conexión con la realidad de la economía española»

La inversión es otro ingrediente que distingue los endeudamientos sostenibles de los que están abocados a futuras medidas de ajuste o recortes traumáticos. El plan europeo de recuperación ofrece una oportunidad histórica para financiar parte del esfuerzo inversor. Pero para que este desencadene más actividad, tiene que responder a la realidad del tejido productivo español. Sin duda, existe una capacidad de producción disponible para la rehabilitación de viviendas, la modernización de infraestructuras, la sanidad y las energías renovables. Pero el plan apunta también a otras inversiones “disruptivas”, sin conexión con la realidad de la economía española.

La creación de puestos de trabajo es otra condición sine qua non para la sostenibilidad de la deuda, y la reducción de las desigualdades sociales. Sin embargo, el Plan Presupuestario está sembrado de incertidumbres acerca de la orientación de las medidas. Los ERTE han sido prorrogados hasta enero, y se desconoce si otro instrumento tomará el relevo.

Finalmente, la sostenibilidad de la estrategia depende de la definición de una senda de vuelta al equilibrio de las cuentas públicas a medio plazo. La prioridad es impulsar la economía. Y ganar credibilidad.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La segunda ola se abre paso en la economía

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Una de las principales premisas de las previsiones presentadas por el Gobierno esta semana, coincidiendo con muchas otras, es que la economía española habría emprendido una senda sostenida de recuperación, y que esta no se truncará hasta finales de año. La hipótesis es crucial, porque determina la pauta de crecimiento en los próximos ejercicios y que, de no realizarse, la política económica tendría que desplegar nuevas herramientas en un tiempo muy limitado para evitar un agravamiento de la crisis de consecuencias impredecibles.

Los vaticinios se basan en un rebote de la economía durante el verano, de ahí la previsión de un incremento vigoroso del PIB en el tercer trimestre, seguido de un repunte adicional en el cuarto. Esta pauta esperanzadora de recuperación en “v” asimétrica solo es posible si se reinicia el círculo virtuoso de la expansión, que consiste en un encadenamiento de mejoras de las expectativas de las familias y de las empresas, y de un incremento de gasto del sector privado, motor de la actividad y de la creación de empleo, un factor que a su vez tiende a afianzar el clima de confianza.

«El impacto latente de la crisis es potencialmente de mayor magnitud de lo que ya se ha manifestado […] Además, el giro coyuntural plantea la necesidad de nuevas herramientas que contengan la crisis».

Raymond Torres

Ese círculo virtuoso, sin embargo, se ha visto amenazado por los rebrotes de la covid, como lo muestra la inesperada recaída en septiembre del principal indicador de coyuntura (el índice PMI de gestores de compras de las empresas desciende notablemente, arrastrado por el desplome de los servicios). En principio, por tanto, la actividad habría entrado en fase contractiva, algo que contrasta con los registros al alza de los países de nuestro entorno y que nos acerca a una recuperación en “w”. Si bien el descenso es leve, el cambio de tendencia evidencia un deterioro de la confianza que conviene atajar sin demora.

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Fuente: Markit Economics.

Porque, por una parte, el impacto latente de la crisis es potencialmente de mayor magnitud de lo que ya se ha manifestado. Prueba de ello, la Comisión Europea estima que más de 400.000 personas estaban en riesgo de paro en el segundo trimestre como consecuencia de la pandemia –estimaciones correspondientes a finales de junio, y que casi duplican el incremento del paro “abierto” –. El paro latente, si bien un fenómeno compartido con la mayoría de países europeos, es el resultado de las prácticas de retención de plantilla que han prevalecido en muchas empresas, más allá de los ERTE. Se ha optado por ajustes de jornada para así evitar despidos, porque se esperaba un shock transitorio.

Esto explica que el número de afiliados se incrementa pese al empeoramiento de la actividad, un resultado paradójico y que se produce por el número reducido de bajas. A medida que las expectativas se desvanecen, las empresas estarán abocadas a reconsiderar las prácticas de flexibilidad interna que han contribuido a amortiguar el impacto sobre el desempleo.

Además, el giro coyuntural plantea la necesidad de nuevas herramientas que contengan la crisis. De alejarse la perspectiva de una recuperación sostenida, un incremento abrupto de quiebras de empresas y de pérdidas en los balances de las entidades no es descartable, algo que abriría un nuevo frente, esta vez financiero, en la crisis.

El plan europeo de recuperación está concebido para transformar la economía –digitalizándola, haciéndola más verde y más intensiva en empleo de calidad— y no para facilitar el manejo a corto plazo de la crisis. Es decir, el objetivo, encomiable, del plan europeo es la mejora del tejido productivo, asentando las bases de una economía más eficiente y socialmente equilibrada. Pero su impacto será proporcional a cuánto tejido productivo se haya salvado y esté en condiciones de responder a las ayudas europeas, cuando lleguen.

Por tanto, el futuro de nuestra economía depende esencialmente de que encontremos nuevos consensos para restaurar el clima de confianza, empezando por unos presupuestos generales del estado que despejen incertidumbres, y de la adaptación de la estrategia económica ante un contexto cada vez más incierto. Solo así se conseguirá revertir el debilitamiento en marcha, y se abrirá un escenario de recuperación sostenida.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Viaje al epicentro de la crisis

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El elevado endeudamiento de las empresas como consecuencia de la crisis y la persistencia de un importante número de personas en expedientes de regulación temporal de empleo son —junto con el control sanitario de la pandemia— los principales desafíos a los que se enfrenta la economía española en los próximos meses. Para intentar suavizar el impacto de la primera ola pandémica sobre el aparato productivo y el empleo, la política económica desplegó un ambicioso plan de urgencia, con ingentes inyecciones de crédito (mediante el ICO) y una movilización sin precedentes de ERTE. Este cortafuego, que logró contener el cierre de empresas y los recortes de plantilla, era lo adecuado para un shock transitorio.

Sin embargo, la incapacidad de controlar los rebrotes de coronavirus y su corolario, la perspectiva de una recuperación truncada, plantean un escenario inédito. Porque muchas empresas se han endeudado sobremanera hasta el punto de alcanzar la insolvencia técnica, que se produce cuando los pasivos superan los activos y los ingresos no crecen. Los datos de la central de balances muestran que más de siete de cada diez empresas se enfrentaron a problemas de liquidez en el primer semestre. Además, una de cada seis compañías soporta unos pasivos que más que duplican el patrimonio neto. Su supervivencia depende de una hipotética recuperación de las ventas y de las condiciones de refinanciación de la deuda a medida que va venciendo.

Gráfico 1

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Fuentes: Banco de España y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Asimismo, por definición los ERTE están concebidos para reducciones temporales de actividad —el dispositivo nació en el norte de Europa como apoyo a sectores, como la construcción, que se enfrentaban a las inclemencias del invierno—. Pero, en un contexto tan incierto e impredecible como el actual, la probabilidad de regresar al puesto de trabajo disminuye, ya sea porque la empresa de origen no es viable o que las personas trabajadoras se desmotivan o disminuye su empleabilidad. Los datos de septiembre, que apuntan a una reducción minúscula del número de perceptores de la prestación, muestran que esos riesgos se están materializando.

«Lo que está en juego ahora mismo es la supervivencia del tejido productivo […], la clave está en mejorar el diseño de las medidas existentes, una tarea mucho más compleja que la gestión de nuevos fondos».

Raymond Torres

Esta situación plantea una disyuntiva. Si los dispositivos se prolongan sin grandes cambios, para así proteger a los colectivos más vulnerables, se incrementa el riesgo de cronificación de la insolvencia y de paro de larga duración. Pero un recorte provocaría cierres en cascada de negocios, incrementos de morosidad bancaria y una escalada abrupta del desempleo, ensombreciendo las perspectivas de recuperación y agravando las desigualdades sociales.

El camino pasa por la adaptación de los dispositivos temporales existentes y, bajo esa premisa, su extensión durante todo el tiempo que sea necesario, de modo que las inyecciones generalizadas de liquidez vayan dando paso a ayudas a la capitalización selectiva de empresas con pérdidas pese a ser viables y a la reestructuración de las que no tienen un futuro garantizado. En cuanto a los ERTE, la puesta en marcha de un dispositivo de recolocación, formación y reciclaje en contrapartida a las transferencias monetarias parece ineludible.

Los fondos europeos no responden a esta urgencia. Porque lo que está en juego ahora mismo es la supervivencia del tejido productivo, y las inversiones financiadas —según se espera— por Bruselas en digitalización y transición ecológica no tienen ese objetivo. Además, la clave está en mejorar el diseño de las medidas existentes, una tarea mucho más compleja que la gestión de nuevos fondos.

Así lo ha entendido el Gobierno italiano, que acaba de anunciar su plan de recuperación con un interesante conjunto de medidas de recapitalización de empresas y “activación” de personas en riesgo de exclusión social. Nuestro punto de partida es menos desfavorable en términos de finanzas públicas y capacidad de crecimiento. Todo empieza por reconocer la magnitud del riesgo incrementado de insolvencia que se cierne sobre la economía española. Junto con el control de los rebrotes, esa sería una fórmula más potente que las ayudas europeas para darle luz al otoño y reanudar la recuperación.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La recuperación se enmaraña

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La sombra de una recaída se cierne sobre la economía española, como consecuencia de un entorno externo más desfavorable y de nuestras dificultades para tomar medidas efectivas contra la expansión del virus. La actividad se ha frenado en Europa, según el indicador de gestores de compra (el PMI cae hasta el umbral de 50, lo que apunta a una interrupción de la recuperación en la eurozona durante el presente mes). Si bien la industria sigue recuperándose vigorosamente, los servicios se resienten de las nuevas restricciones que poco a poco van resurgiendo en respuesta a la escalada de la curva de contagios.

España ocupa un lugar aparte en ese panorama, por ser uno de los pocos de nuestro entorno donde el factor confianza empieza a flaquear. El índice de expectativas del consumidor, tras repuntar levemente después del desplome registrado en la primavera, vuelve a palidecer a la inversa de lo que ocurre en Alemania o Italia, más eficaces en el control de los rebrotes (ver gráfico). El resultado es un menor gasto de las familias, que prefieren incrementar su ahorro. En agosto, los depósitos bancarios se elevaron hasta 892.000 millones de euros, 40.000 más que antes de la pandemia.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: Comisión Europea y Banco de España. Estimación de Funcas para el dato de Italia de abril.

Las empresas españolas, incluso aquellas que operan en sectores boyantes, se enfrentan a una incertidumbre exacerbada que disuade la inversión productiva, algo que contribuye a explicar el incremento de los excedentes depositados en las entidades. Esta situación las expone a tomas de control por inversores en busca de rendimiento elevado. El fondo de rescate creado en julio y dotado con 10.000 millones está concebido para grandes grupos de importancia estratégica, y no para el grueso de la pequeña y mediana empresa que vertebra nuestro tejido productivo.

“La relajación de la política sanitaria durante el verano ha sido perjudicial para el conjunto de la economía, no solo el turismo. La imposición de nuevas medidas preventivas tendrá un coste para los sectores más dependientes de la movilidad. Pero […] el resto de la economía apenas se resentirá. Y el resultado global será claramente favorable para la sanidad, como para la confianza y la sostenibilidad de la recuperación”.

Raymond Torres

El giro coyuntural evidencia la importancia de la lucha contra la crisis sanitaria, sine qua non para sostener la recuperación. Según una encuesta realizada en fechas recientes, cerca de la mitad de los europeos temen contraer el virus —España se sitúa en torno a esa media—. Además, la experiencia de otros países más avanzados en la política de prevención y de respuesta precoz a los contagios muestra que el impacto sobre la economía de la imposición de nuevas restricciones puede ser limitado, a condición de cuidar su diseño.

Cuando la respuesta se adapta quirúrgicamente a las causas de los rebrotes, el impacto sobre la economía se concentra en los sectores más expuestos como la hostelería, la restauración o el ocio nocturno. El resto de sectores, sin embargo, prosiguen su crecimiento.

La industria italiana, por ejemplo, se expande a un ritmo similar a la española. Y, mientras que el consenso de Funcas recorta su previsión para España, la OCDE acaba de mejorar la suya para la economía transalpina, que se contraería -10,5%, frente al -11,3% anticipado en junio. Los mercados también acogen favorablemente la gestión de la pandemia del Gobierno de Conte, con una prima de riesgo en fuerte contracción desde las cotas superiores a 300 puntos de la primavera hasta rondar los 130 puntos en la actualidad —todavía, sin embargo, muy superior a nuestra marca—.

Otra prueba de la complementariedad entre control de rebrotes y recuperación económica se encuentra en Japón, donde las restricciones puntuales a la movilidad han tenido un coste limitado sectorialmente. A la vez que las medidas apenas inciden sobre el resto de la economía y mejoran las expectativas.

En definitiva, la relajación de la política sanitaria durante el verano ha sido perjudicial para el conjunto de la economía, no solo el turismo. La imposición de nuevas medidas preventivas, focalizadas y centradas en las causas de los rebrotes, tendrá un coste para los sectores más dependientes de la movilidad. Pero, como lo evidencia la experiencia internacional, el resto de la economía apenas se resentirá. Y el resultado global será claramente favorable para la sanidad, como para la confianza y la sostenibilidad de la recuperación.

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El impacto de las ayudas europeas

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Los 140.000 millones de euros anunciados en transferencias directas y préstamos representan una gran oportunidad para salir de la crisis y transformar el modelo productivo de la economía española, cuyas debilidades han quedado patentes tras el shock. Pero la partida no está ganada. Las directrices que acaba de divulgar la Comisión Europea con respecto al funcionamiento del fondo y su utilización muestran el camino que queda por recorrer en muy poco tiempo.

Los Gobiernos disponen de menos de un mes para enviar a Bruselas sus planes nacionales de recuperación, y así optar a un desembolso de ayudas a partir de principios de 2021. Algunos países, como Francia, ya han aprobado su programa de inversión, explicitando la parte que se financiará con ayudas europeas —un extenso documento de más de 300 páginas, con todo tipo de detalles sobre cómo se articulará el programa con los presupuestos generales—. Cualquier demora retrasará el acceso a esos fondos, habida cuenta del periodo que necesita la Comisión para examinar las peticiones (dos meses) y el Consejo para aprobarlas.

Además, el plan nacional deberá identificar las inversiones en economía digital y transición ecológica, evidenciar la voluntad reformista de cada Gobierno y mostrar que los cambios normativos responden a las recomendaciones enviadas por Bruselas, en especial las más recientes. Si bien este puede ser un acicate para diseñar una estrategia con luces largas para la economía española, conviene no minusvalorar la dificultad de esa tarea, a la luz de la imposibilidad en épocas anteriores para encontrar los consensos necesarios. Las últimas recomendaciones de Bruselas, por ejemplo, encomiendan a España mejorar los resultados en materia de empleo, y adoptar medidas que pongan las cuentas públicas en una senda de equilibrio, “cuando las condiciones económicas lo permitan”. Una reforma del sistema de pensiones parece por tanto ineludible.

Una reforma crucial, y que no aparece en los recetarios clásicos, atañe a la prevención del riesgo de insolvencia de buena parte del aparato productivo. Tras meses de parálisis o de actividad reducida, muchas empresas están al borde de la quiebra pese a ser viables. Los sectores de la hostelería, de la restauración, del transporte, las actividades culturales y otros servicios que se basan en el contacto humano son los más afectados. Pero no todas las empresas de esos sectores se exponen al riesgo de insolvencia, mientras que otras ramas de actividad también padecen las secuelas de la crisis.

Se necesita, por tanto, un diagnóstico granular para identificar los negocios que tienen probabilidad razonable de ser viables a medio plazo, pero necesitan inyecciones de capital. Para conseguirlo, Alemania ha ampliado las competencias de su agencia de garantías de crédito (la KfW) y Francia se dispone a adoptar medidas dentro del plan nacional de recuperación. Veremos si se trata de cambios organizativos o si corren el riesgo de favorecer campeones nacionales en detrimento del proyecto europeo. En todo caso, en nuestro país la creación de un fondo de capitalización de empresas ha sido un paso en la buena dirección que, sin embargo, no servirá para las pymes.

La gestión de los fondos europeos será otra de las mejoras necesarias para reforzar la credibilidad del plan. Los socios son conscientes del bajo grado de utilización por España de los fondos disponibles —nuestro país apenas ha gastado un poco más de uno de cada tres euros asignados para el periodo presupuestario europeo 2014-2020—, el porcentaje más bajo en la UE después de Grecia y Eslovaquia.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: Comisión Europea y Previsiones de Funcas.

En definitiva, por sí solas, las ayudas europeas solo aportarán un plus momentáneo de actividad. Lo importante es no perder de vista la tarea que nos incumbe, acometiendo nuevas reformas que respondan a la gravedad de la crisis, y elaborando unos Presupuestos Generales del Estado que evidencien la coherencia de la estrategia.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Precisión quirúrgica para los presupuestos

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Las negociaciones en torno a unos nuevos Presupuestos Generales (PGE) se están desarrollando en un contexto económico inusualmente incierto por las características de la pandemia, pero con algunas pautas que aparecen con cada vez más nitidez. En primer lugar, España se enfrenta a una crisis específica, es decir un shock asimétrico que nos afecta con más virulencia que al resto de Europa.

Esto solo se debe en parte al peso desproporcionado en nuestra economía del turismo y de otras actividades que dependen del contacto humano (cultura, actividades artísticas y de ocio), o sectores covid. El verdadero drama radica en que estas actividades han sido golpeadas con más dureza que en los países vecinos. En el segundo trimestre, la actividad en los sectores covid descendió nada menos que un dantesco 39%, casi el doble de la media europea. Solo con que el resultado se hubiera contenido en esa media, el ranking internacional hubiera mejorado notablemente, aproximándose a países como Francia. Sin duda, la distribución geográfica del turismo extranjero y su elevada estacionalidad explican este resultado, que apunta a la necesidad de una respuesta diferenciada, incluso dentro del propio sector. En cualquier caso, el encadenamiento de ERTE e inyecciones de liquidez para actividades que pueden ser insolventes no parece suficiente para enfrentar una crisis sectorial.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes de los gráficos: Eurostat y Funcas.

Otro factor específico, sin duda asociado a lo anterior y a la multiplicación de contagios, es el deterioro de la confianza que se cierne sobre el consumo de las familias. Las expectativas de los consumidores, que se habían recuperado desde el inicio del verano, vuelven a palidecer, mientras que se mantienen al alza en economías comparables. Los indicadores disponibles como las ventas minoristas y la facturación de grandes empresas en bienes de consumo empiezan a resentirse. Asimismo, el ahorro se acumula en depósitos bancarios, por la creciente cautela de los hogares que se resisten a gastar ante un panorama tan incierto. Según el indicador avanzado de la OCDE —uno de los principales predictores de actividad en los próximos meses— la economía española es la única entre las más grandes que pierde ritmo.

De ahí se pueden deducir algunas consideraciones relevantes de cara a la elaboración de los próximos presupuestos. Uno, el detalle del impulso fiscal importa más que su tamaño. Un incremento generalizado del gasto público, o una reducción de impuestos, no solventarán la crisis sectorial ni necesariamente resultará en un comportamiento distinto del ahorro privado, que seguirá atesorándose, restando fuelle a la economía.

Esto es ya una realidad patente. Los datos divulgados por Hacienda esta semana evidencian un desplome sin precedentes de la recaudación, sobre todo en IVA (-11% hasta julio) y Sociedades (-29%), así como un intenso incremento del gasto (casi un 30%). Se estima que el agravamiento del déficit que se ha generado (hasta 60.000 millones acumulados solo por el Estado durante los siete primeros meses) representa un monto apenas superior al creciente superávit del sector privado.

El diagnóstico también aboga por un mayor protagonismo de la inversión (en educación, nuevas tecnologías, energías renovables y políticas activas eficaces, temas para los cuales parece haber un cierto consenso). Y por acciones específicas para afrontar el riesgo de quiebra de muchas empresas viables. Un presupuesto de inversión expansivo tiene toda su lógica en una economía que requiere de un cambio estructural. Sin embargo, las circunstancias también aconsejan un esfuerzo de contención del resto de presupuestos, de forma que su evolución sea compatible con el crecimiento de la economía. Las favorables condiciones de financiación del déficit —una circunstancia que se mantendrá por un tiempo prolongado gracias a la acción del BCE—no nos eximen de una mayor selectividad en la política fiscal.

Todo depende, por tanto, de nuestra capacidad para acometer unos presupuestos que respondan con precisión cuasi quirúrgica al actual contexto de crisis sectorial, de solvencia y de confianza.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Economía de excepción para la nueva normalidad

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La política económica se ha esforzado desde marzo en evitar el cierre masivo de empresas y moderar el incremento del paro, algo que sería devastador para la sociedad y la propia economía. Esta estrategia de corte defensivo tenía su plena justificación en la etapa inicial de la pandemia y conserva en buena medida su vigencia. Sin embargo, las señales de debilitamiento de las últimas semanas —y la sombra que planea como consecuencia de los rebrotes— ponen en evidencia la necesidad de un nuevo impulso.

En primer lugar, porque los instrumentos disponibles, como los créditos ICO y los ERTE, no son los adecuados para hacer frente a la situación de algunas empresas que, tras meses de parón, no son viables. En tales circunstancias, estas ayudas solo sirven para mantener a flote artificialmente actividades y puestos de trabajo que no tienen futuro (retrasando las transiciones que tendrán que ocurrir tarde o temprano), al igual que no hubieran salvado a numerosas empresas de construcción tras el estallido de la burbuja inmobiliaria de hace más de una década.

«Ninguna de las iniciativas servirá de acicate para la reactivación de la economía sin un control más eficaz de los contagios. La contratación de rastreadores, la conexión de la aplicación Radar a los sistemas sanitarios de cada autonomía y el fortalecimiento de la atención primaria allí donde sea necesario tienen un coste insignificante con respecto a los beneficios».

Raymond Torres

No es fácil determinar si un negocio es inviable o solo padece problemas transitorios de tesorería, especialmente en tiempos de pandemia. Pero se pueden establecer criterios que facilitan una mayor selectividad de las ayudas. Se puede considerar que el grado de incertidumbre es mayor en algunos sectores, por ejemplo, en el caso de ciertas actividades ligadas al turismo y la hostelería, algo que justificaría la prolongación de las ayudas actuales en esos casos. Para otros, en cambio, se podría aplicar una degresividad (porcentaje de garantía de crédito o incentivos a la vuelta al empleo que se reducen con el tiempo). También conviene considerar medidas de reestructuración para actividades insolventes, de modo que los trabajadores tengan oportunidad de recolocarse y las pérdidas no pesen sobre el crédito a los sectores que ofrecen perspectivas de crecimiento.

Los recursos disponibles se podrían poner a disposición de medidas centradas en el crecimiento, apoyando la recalificación de personas en exclusión social y la recuperación en marcha en algunos sectores, como la industria o los servicios que están reactivándose. Entre abril y julio, las altas a la Seguridad Social se duplicaron y facilitaron la salida del ERTE de cerca de 2,3 millones de trabajadores. Una tendencia que se frenó en agosto, por causa de la relajación del control de contagios.

Este giro en la estrategia hacia un mayor activismo sería compatible con el plan europeo de recuperación y permitiría un mejor aprovechamiento de las tan ansiadas ayudas. Francia, por ejemplo, acaba de anunciar un programa de estímulos por 100.000 millones con una apuesta por la promoción del sector del hidrógeno, la rehabilitación de viviendas y la recalificación de personas en riesgo de paro. Este programa parece a priori más acertado que el alemán, centrado en ayudas de carácter pasivo a las empresas y recortes de impuestos (algo que, sin embargo, el erario público de ese país se puede permitir).

La lógica de activismo en nuestro país abogaría por un mayor énfasis en la financiación del crecimiento de las pymes, basándose en la experiencia de las garantías de crédito del ICO, el lanzamiento de partenariados con el sector privado para la digitalización y el cambio de modelo energético, y la puesta en marcha de un instrumento de capacitación y colocación de desempleados de larga duración. Unas políticas que son compatibles con el plan europeo, además de ejercer un importante efecto multiplicador.

Finalmente, ninguna de las iniciativas servirá de acicate para la reactivación de la economía sin un control más eficaz de los contagios. La contratación de rastreadores, la conexión de la aplicación Radar a los sistemas sanitarios de cada autonomía y el fortalecimiento de la atención primaria allí donde sea necesario tienen un coste insignificante con respecto a los beneficios generados en términos de seguridad sanitaria, movilidad de las personas y confianza del consumidor.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La recuperación, amenazada por los rebrotes

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La economía española está atravesando uno de sus momentos más difíciles. Tras la contracción del 18,5% en el segundo trimestre, el valor de los bienes y servicios que se producen en el país retrocede hasta niveles registrados en 2002, anteriores al inicio de la burbuja inmobiliaria. Este es, sin paliativos, el peor resultado entre todos los países de nuestro entorno para los cuales hay datos.

El desplome, conforme a las previsiones de Funcas, evidencia el coste económico y social de las restricciones a la actividad y al movimiento de las personas. A este factor, inevitable por el colapso del sistema sanitario ante la pandemia, se añade el importante peso que tienen en nuestra economía las actividades dependientes de la movilidad, como el turismo; o del contacto humano, como la economía del ocio y de la cultura. Ambos sectores se han, literalmente, hundido. Finalmente, la política fiscal no ha jugado un papel estabilizador tan destacado como en otros países, sin duda por el escaso margen disponible tras varios años de expansión desaprovechada para equilibrar las cuentas. No es lo mismo apoyar a las empresas prestándoles dinero, que inyectar ayudas directas para el pago de alquileres y otros gastos no sufragados por los ERTE.

Gráfico 1

Una cierta recuperación está en marcha, liderada por el rebote del consumo de las familias. En junio, las ventas minoristas se incrementaron un 17,8%, rozando niveles previos a la covid-19. El índice de confianza empresarial elaborado por la Comisión Europea también apunta a una mejora notable de las expectativas, superando los niveles alcanzados por los países vecinos (ver gráfico).

«El inquietante avance de los contagios, junto con las falsas promesas acerca de la creación de corredores sanitarios seguros, auguran una sequía turística prolongada. El turismo interior también se resentirá, como lo avalan distintas encuestas, por el miedo a viajar y las inciertas perspectivas económicas».

Raymond Torres

Gráfico 2

Pero la multiplicación de nuevos rebrotes de coronavirus amenaza con truncar los atisbos de recuperación. El inquietante avance de los contagios, junto con las falsas promesas acerca de la creación de corredores sanitarios seguros (con la excepción del que Baleares ha acertado en crear con Alemania), auguran una sequía turística prolongada. El turismo interior también se resentirá, como lo avalan distintas encuestas, por el miedo a viajar y las inciertas perspectivas económicas. No olvidemos que el turismo aporta en un solo año el doble de lo que se espera en ayudas europeas dentro del plan plurianual de recuperación.

El panorama, por tanto, se complica más de lo previsto y requiere de un manejo atinado de la política económica. Porque el verano dejará un legado de negocios al borde de la insolvencia que se notará en las cuentas de las entidades financieras (si bien el sector se encuentra en una posición saneada en comparación con épocas anteriores). A vigilar, si bien el actual sistema de avales de crédito está funcionando adecuadamente, y cabe esperar que se adapte de forma que posibles situaciones de insolvencia no se conviertan en factores de inestabilidad.

En paralelo, muchas personas estarán a punto de agotar su relación laboral temporal, a medida que los ERTE tocan fin y, por tanto, podrían pasar directamente al paro. Al igual que con las empresas en insolvencia, convendría extender los ERTE en aquellas empresas que, pese a su actual situación, ofrecen perspectiva de recuperación. De este modo se evitará un fuerte agravamiento del paro que, sin duda, pesaría sobre el consumo privado y la recuperación. La puesta en marcha de una verdadera política activa de empleo también sería de una gran ayuda, especialmente teniendo en cuenta las enormes necesidades en términos de capacitación y recalificación.

Ni esta estrategia preventiva, ni medidas más ambiciosas de reactivación coherentes con las ayudas europeas, como un plan de inversión en energías renovables y eficiencia energética, serán eficaces sin una acción contundente y coordinada para sofocar los rebrotes víricos. Solo asumiendo la dura realidad de los hechos, y evitando el catastrofismo, se abrirá una perspectiva de recuperación económica. Este será un viaje largo, pero que no admite más relajación de los esfuerzos.

Fuentes de los gráficos: Eurostat, Comisión Europea y Funcas.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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