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¿Se ha recuperado el nivel de empleo previo a la pandemia?

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El número de afiliados a la Seguridad Social fue de 19.473.724 en agosto,
cifra que supera en 223.000 la de febrero de 2020, es decir, la anterior a la
pandemia. No obstante, esta comparación de cifras brutas entre meses diferentes
ofrece una imagen engañosa, debido al efecto de la estacionalidad. Así, febrero
es uno de los meses del año en los que, por motivos estacionales, el nivel de
empleo es más bajo, mientras que agosto es uno de los meses con el nivel más
elevado. Es decir, estamos comparando un mes estacionalmente muy bueno con un
mes estacionalmente muy malo. Para saber cuál era realmente la situación del
empleo en agosto de 2021 en comparación con febrero de 2020 tenemos que
eliminar el componente estacional de las cifras. Una vez realizado dicho proceso
de desestacionalización, tenemos que el número de afiliados el pasado mes de
agosto era inferior en unos pocos miles al anterior a la pandemia. Es decir, en
agosto prácticamente se había recuperado el nivel de empleo anterior al
Covid-19.

No obstante, esta afirmación debe ser matizada por dos circunstancias
importantes. En primer lugar, esa recuperación en el nivel total de afiliación
debe mucho al incremento del empleo público, que a lo largo de dicho periodo ha
aumentado en unos 180.000. Si atendemos únicamente al empleo privado, este se
mantiene por debajo del nivel previo a la crisis, siempre en términos
corregidos de estacionalidad, en unos 188.000 afiliados.

Por otra parte, del total de afiliados al final de agosto aún permanecían en ERTE 272.000, y había 222.000 autónomos con prestación, es decir, casi 500.000 afiliados tenían un nivel de actividad nulo o reducido. De modo que el nivel de empleo efectivo privado todavía se encuentra lejos de recuperar los niveles prepandemia (gráfico 1).

Gráfico 1

Fuente: Funcas a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Podemos hacer el mismo análisis para las comunidades autónomas. Como se
puede observar en el gráfico 2, en agosto todas las comunidades autónomas,
salvo Canarias, Madrid y País Vasco, habían recuperado, y superado, el número
de afiliados de febrero de 2020. Pero en términos de afiliados en el sector
privado, y con cifras desestacionalizadas, solo hay cuatro territorios que superan
el nivel prepandemia: Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y la ciudad
autónoma de Ceuta. Se trata de territorios que desde el principio de la crisis se
identificaron como menos vulnerables a la misma debido a su estructura
sectorial, menos orientada a los sectores más expuestos a la pandemia.
Asimismo, en la Comunidad Valenciana el número de afiliados privados de agosto
estaba en el nivel de febrero de 2020, mientras que Andalucía, Navarra y Madrid
eran las regiones que, encontrándose por debajo del nivel precrisis, más cerca
estaban de recuperarlo. En el sentido opuesto, las regiones que más lejos se
hallaban de recuperar el número de afiliados privados previo a la pandemia eran
Baleares y Canarias.

Gráfico 2

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Funcas.

Cabe destacar el caso de Baleares, que en términos de afiliados totales en
cifras originales es la comunidad que con mayor holgura superaba en agosto el
nivel de empleo precrisis, y, sin embargo, en términos de empleo privado
desestacionalizado, es junto con Canarias la que se encuentra en peor posición.
Esto no se debe a que tenga una elevada proporción de empleados públicos, sino
a que es la región donde mayor es la diferencia habitual entre el nivel de
empleo en agosto y el nivel de empleo en febrero, debido a una estacionalidad
mucho más acusada que en el resto de regiones. Este caso extremo pone de
manifiesto la importancia de desestacionalizar las series para realizar
comparaciones entre meses diferentes, si no queremos llegar a resultados
engañosos.

Gráfico 3

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Funcas.

Finalmente, el gráfico 3 representa el número de afiliados en ERTE y
autónomos con prestación extraordinaria, es decir, el número de afiliados con
un nivel de actividad nulo o reducido, en cada comunidad, en porcentaje del
empleo total. Si al número de afiliados privados le restamos esta última cifra,
tenemos que el empleo privado efectivo (desestacionalizado) está aún por debajo
del previo a la pandemia en todas las comunidades autónomas, siendo nuevamente
Baleares y Canarias las que se encuentran en peor posición, frente a Castilla-La
Mancha y Murcia, que son las mejor situadas, junto con Navarra. En este caso, Extremadura
está en peor lugar que Navarra debido a su mayor porcentaje de afiliados con
actividad nula o reducida (esta última comunidad es la que tiene un menor
porcentaje de trabajadores con actividad nula o reducida).

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Las vulnerabilidades de la recuperación

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El enfriamiento de las expectativas de recuperación como consecuencia del recién publicado dato de crecimiento del INE no debería distraernos de los verdaderos desafíos a que se enfrenta nuestra economía. La máxima autoridad estadística estima que durante la primera mitad del año la economía creció apenas medio punto —un resultado decepcionante frente al golpe asestado por la pandemia en 2020, y también muy inferior al dato avanzado en julio—. El déficit de actividad con respecto a los principales países vecinos también se habría ampliado: durante el mismo periodo, todas las economías de la zona euro han crecido más, salvo Alemania.

Otros datos, sin embargo, auguran una aceleración que acabará por reflejarse en los datos del INE del tercer trimestre (y que sin duda por razones técnicas no pudieron integrarse en la estimación divulgada esta semana). La afiliación, el termómetro más sensible a la coyuntura por las características de nuestro mercado laboral, se ha disparado desde la primavera, incluso en los sectores más rezagados como la hostelería y la restauración. La recaudación también crece a buen ritmo. El gasto final sujeto a IVA, por definición asentado en el consumo, se incrementó un 20,5% hasta junio, acercándose a valores pre-crisis —todo apunta a que el mes de julio fue especialmente boyante, algo que, aunque a destiempo, acabará por incorporarse en la estimación de los expertos estadísticos—.

La temporada turística de
verano también ha dado buenas sensaciones tras una primavera renqueante. Y el
tirón de las exportaciones de bienes no se desmiente: las ventas en el exterior
se incrementaron un vigoroso 21,7% hasta julio, el mejor registro entre los
grandes países europeos después de Italia.

Todo apunta, por tanto, a
que en la próxima ocasión el INE nos sorprenderá al alza. Aun así, la previsión
del Gobierno del 6,5% para el conjunto del año es prácticamente inalcanzable.
Para que se cumpliera, la economía tendría que crecer cerca del 9% en la
segunda mitad del año, es decir mantener la onda expansiva del verano hasta el
cierre del ejercicio.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: Ministerio de Seguridad Social, INE, Agencia Tributaria, Markit Economics y estimaciones Funcas.

Y ahí es donde las cosas se complican porque, más allá del vaivén estadístico, lo que se perfila es una amplificación del shock de suministros que mueve los cimientos de la recuperación. La inflación de costes se intensifica, según los datos de IPC (que, de momento, solo recogen el encarecimiento de las tarifas energéticas), y el alza incesante de precios industriales. Uno de los principales indicadores internacionales de precios pagados por las empresas se sitúa en los niveles más elevados de los últimos 20 años (PMI de agosto de 66 en España, y en cotas incluso superiores en el conjunto de la eurozona en septiembre, en una escala que va de 0 100).

Moderación de las expectativas

Se multiplican los
retrasos de suministro, el más llamativo en la industria automotriz, y de
cuellos de botella en sectores como la construcción y el transporte por
carretera. Todo ello modera las expectativas para los próximos meses. El PMI de
actividad apunta a una desaceleración, si bien a partir de niveles todavía
elevados. En Alemania, el principal índice avanzado de actividad desciende por
los cuellos de estrangulamiento en la industria y la escalada del gas y de la
electricidad.

En suma, la previsión de crecimiento del Gobierno del 7% para 2022 está condicionada por el grado de transitoriedad del shock de suministros. También depende de que el déficit de crecimiento que arrastraremos de 2021 se compense con el empuje de los fondos europeos. Para recibir esos recursos, tendremos que cumplir con los compromisos con Bruselas: 29 reformas a acometer en los próximos meses, incluidas cinco en material laboral, para obtener un tramo de 13,7 mil millones de euros; y 52 pendientes para el próximo ejercicio, incluida una reforma del factor de sostenibilidad de las pensiones, sine qua non para recibir 18,4 mil millones adicionales. Todo un reto.

COSTE LABORAL | Los costes laborales han evolucionado de manera volátil como consecuencia de efectos de composición (salida de personas con bajos niveles de cualificación al inicio de la crisis, con un impacto inflacionario, y reincorporación de los mismos al compás de la actual recuperación, con un impacto inverso). El resultado acumulado desde el inicio de la pandemia es de moderación. Según Eurostat, entre el último trimestre de 2019 y el segundo de 2021, el coste laboral medio se incrementó un 2,2%. Este resultado refleja evoluciones dispares, entre Alemania ( 5,8%), Francia (-0,6%) y España (-2%).  

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La luz pasa factura a la economía

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Tras haber ocupado la portada de los medios de comunicación, el encarecimiento de la factura de la luz proseguirá su marcha —sin duda menos ruidosa— en la propia economía. De momento el impacto en la actividad ha sido limitado, porque los agentes tardan en percibir la amplitud del shock. Pero todo apunta a que, con el tiempo, constatarán una fuerte mordida en su capacidad de compra. Esta podría elevarse a 8.000 millones de euros de pérdida para las familias (en términos anuales), y 12.000 en el caso de las empresas. Además, esta es una estimación en base a supuestos relativamente optimistas que incorporan una reducción del precio de la electricidad del 15% hasta finales de año, fruto de las medidas aprobadas esta semana, y de una hipotética pero poco verosímil contención de los precios en el mercado mayorista.

En realidad, el gas podría seguir escalando en línea con las cotizaciones en los mercados de futuros, y así anular el efecto positivo de las medidas gubernamentales. El crecimiento del consumo y de la inversión no tardaría en frenarse. Entre tanto la inflación alcanzaría el 4,5% a finales de año, frente al 3,9% en la hipótesis de moderación de los precios eléctricos.

El impacto de una presión incrementada será sustancial en el sector electrointensivo de producción química, fabricación de maquinaria y metales, muebles e industria del papel, y del transporte, entre otros. Estas son actividades hoy por hoy pujantes. Pero su factura eléctrica representa entre el 15% y el 30% del valor añadido, frente a una media del 5%, lo que implica un riesgo importante de cara a la competitividad de sectores cruciales para nuestras exportaciones. En algunos casos, como el corcho, y el acero, el encarecimiento de la electricidad podría absorber la mitad del excedente empresarial (con cálculos realizados a partir de las tablas input-output de la economía española).

Fuentes: Eurostat, INE y estimaciones de Funcas.

Por otra parte, en algunas empresas de la restauración y la hostelería, si bien los costes energéticos son proporcionalmente menores que en la industria, la situación financiera lastrada por la crisis pandémica es todavía muy frágil.

Sin duda la recuperación como tal no está peligro, gracias al empuje de la reapertura de la economía y a la recuperación del turismo. Pero la onda expansiva podría agotarse antes de lo previsto: parte del gasto embalsado por la crisis se está volatilizando por la merma de poder adquisitivo provocado por el alza de precios energéticos.

La principal consecuencia para la política económica es que las medidas aprobadas por el Gobierno, ciertamente necesarias, no serán suficientes para contener la inflación eléctrica si, como es previsible, los mercados mayoristas siguen desbocados. De momento, los recortes de impuestos y los gravámenes a hidroeléctricas y nucleares atajan la escalada. Pero los mercados están mimetizados por el alza implacable del precio del gas y, en menor medida, del carbono. Una reforma del mecanismo de formación de precios ayudaría a doblegar esta tendencia, privilegiando una traslación más gradual de los vaivenes de los mercados al precio pagado por los consumidores y las empresas.

Esta estrategia también convertiría el propio mercado en un estímulo a las energías renovables. Si los precios estuvieran en parte indexados en los mercados de futuros, en vez de depender del día a día como en el sistema actual, las inversiones gozarían de un horizonte más previsible. Es crucial que las fuerzas del mercado estén alineadas con los objetivos del Plan de recuperación, para que el volumen ingente de recursos orientados a la transición energética tenga el efecto anticipado.

Al menos se ha evitado una espiral de precios en el resto de mercados donde cada agente pugna por recuperar el poder adquisitivo perdido. Esta sería una lucha espuria: la escalada de costes se asimila a un impuesto que tiene que asumir la economía, y por tanto un bucle inflacionario solo sería un factor agravante. La Gran Moderación ante el desafío de la exuberancia de la luz.

PRECIOS | El índice de precios al consumo (IPC) de la eurozona se incrementó en agosto a un ritmo anual del 3% (una aceleración de nueve décimas frente a julio). Casi la mitad de ese incremento se debe a los precios de la energía, que subieron un 15,4%. En el caso de España, el IPC creció un 3,3%, es decir por encima de la media europea (y cuatro décimas más que en julio). El diferencial se debe a los precios energéticos, que registraron un incremento del 23,5%, explicando más de la mitad de la inflación total.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La inflación real y su percepción social

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La reciente decisión del banco central de prolongar la expansión monetaria (si bien con matices y precauciones retóricas), y así aligerar los costes de nuestra deuda pública, se fundamenta en una apuesta a un solo número: la inflación volverá a su cauce en los próximos meses. Según los expertos de Frankfurt el IPC bajará del 3% actual, al 1,7% en 2022 y 1,5% en 2023 para el conjunto de la eurozona. Esta hipótesis justifica el mantenimiento de tipos de interés nulos, y promete una financiación del déficit público en condiciones de gran comodidad.   

El vaticinio
del gurú monetario está avalado por analistas independientes que recalcan que el
actual episodio de alza de precios es transitorio, ya que refleja el brusco
ajuste de precios tras la disrupción de las cadenas productivas provocada por
la pandemia. Es un hecho que la inflación subyacente, que descuenta los
productos energéticos y los alimentos no elaborados, se sitúa en niveles
reducidos, inferiores al objetivo del 2%. El legado de la crisis también
respalda la visión de moderación. Cada empresa fija sus tarifas mirando de
reojo a sus competidores. Y el mundo del trabajo, tras dos recesiones en solo
15 años (tres en el caso de España), no está en condiciones de reivindicar fuertes
mejoras retributivas.  

Bien es cierto
que algunos sectores, caso de la construcción en España, la restauración en Francia
o el transporte en Alemania y Reino Unido, se enfrentan a una escasez de mano
de obra, augurando incrementos salariales. Pero se trata de fenómenos puntuales,
que podrían solventarse a medida que las personas en ERTE o en el paro cubren
las vacantes, y que los trabajadores desanimados por la crisis se reincorporan
al mercado laboral. La movilidad requiere de políticas activas y de formación,
pero los Gobiernos que quieran esforzarse disponen de un amplio abanico de
experiencias que funcionan.

El cálculo parece sólido, pero su validez depende de que la economía se lo crea, es decir de que cada agente anticipe una evolución globalmente moderada de los precios. Este es un factor psicológico, arraigado en parte en la observación del pasado. Pero la experiencia muestra que las expectativas pueden desanclarse, cuando empresas y trabajadores acumulan sorpresas negativas, es decir pierden capacidad de compra como consecuencia de una infravaloración recurrente de la evolución general de los precios.

(*) Diferencia entre el porcentaje de consumidores que opinan que los precios van a crecer o acelerarse, y porcentaje que opina lo contrario.

Fuentes: Eurostat y Comisión Europea, encuesta de confianza.

En el caso de España, el fuerte repunte del IPC registrado en los últimos meses coincide con mermas en las remuneraciones del trabajo. Los datos divulgados esta semana muestran una reducción de los costes salariales del 0,4% en el segundo trimestre, tras un estancamiento en el primero. Asimismo, los márgenes empresariales se estrechan por el encarecimiento de los suministros, un 14,9% en lo que va de año. De momento, el comportamiento de moderación prevalece, pero las expectativas empiezan a cambiar: el 49% de consumidores anticipan la persistencia de las actuales tasas de crecimiento de los precios, o incluso una aceleración durante el próximo año (11 puntos más que en enero), contra solo 4,8% que esperan una reducción de los precios (un punto menos). La tendencia es todavía más pronunciada para el conjunto de la eurozona, especialmente en países que se van acercando al pleno empleo.

En suma, la previsión de inflación está rodeada de gran incertidumbre: la brecha no para de crecer entre la observación objetiva del pasado, evidenciada por la moderación del núcleo central de precios y salarios, y las percepciones sociales cada vez más alcistas. La evolución del bucle precios-salarios en EEUU, donde las tensiones son más patentes, será un indicador adelantado a vigilar. Entre tanto, es imprescindible reducir nuestra propia vulnerabilidad ante un posible desanclaje, que abocaría a un endurecimiento inesperado de la política monetaria. De ahí la importancia de favorecer pactos con los interlocutores sociales y de quebrar la escalada de aquellos costes sobre los que índice directamente la política económica, como la electricidad.

INDUSTRIA | La industria se enfrenta a una situación paradójica. Por una parte, los pedidos siguen al alza (el índice PMI de gestores encadena seis meses en terreno netamente positivo, por encima del nivel 55). Por otra parte, la actividad se desacelera: el índice de producción industrial (IPI) se redujo un 1,1% en julio, tras una caída de igual magnitud en junio. La explicación radica en la falta de suministros, que provoca retrasos en la producción. El sector del automóvil es uno de los más afectados, como consecuencia de la escasez de chips.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La era del dinero mágico toca a su fin

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Los buenos resultados que se han dado a conocer la pasada semana no deberían eclipsar el papel vital de uno de los principales artífices de la recuperación: el BCE. La casi totalidad de los 129.000 millones de euros de deuda pública emitida desde el inicio de la pandemia para sostener la economía y preparar su rebote han sido comprados por el banco central (con datos del Tesoro Público hasta mayo). Esto significa que los mercados no han mostrado interés por incrementar su participación: los operadores extranjeros han vendido títulos por un total de 12.000 millones, compensados por la mayor presencia de las entidades residentes.  

Si el paro apenas subió durante la pandemia y sectores enteros no colapsaron es gracias al apoyo de los presupuestos públicos, financiados por emisión de una deuda que ha acabado en el balance del BCE. Esa generosidad se ha mantenido durante la etapa más reciente marcada por la salida de la crisis, evidenciada por los principales indicadores de coyuntura (los PMI encadenan cinco meses en cotas netamente expansivas, si no históricas). La afiliación a la seguridad social se ha incrementado en 1,2 millones de personas desde marzo (en términos efectivos, descontando el efecto de los ERTE y autónomos con prestación) lo que demuestra la importancia de los dispositivos de empleo financiados cómodamente gracias a los potentes estímulos monetarios.

Unos estímulos que han servido también para aligerar las cargas financieras de los Estados. Gracias al abaratamiento del dinero, los pagos por intereses han evolucionado en sentido inverso a la acumulación de deuda. Con los tipos de interés que prevalecían en la crisis financiera, es decir, sin la ayuda del BCE, las cargas por intereses alcanzarían 50.000 millones, el doble de lo que afortunadamente hemos soportado en el pasado ejercicio.

Pero las tornas podrían cambiar, no solo por el repunte ya registrado de los precios. El IPC se elevó un 3% en agosto en el conjunto de la eurozona, e incluso más en países hipersensibles a esta cuestión como Alemania (3,4%). El encarecimiento de todo tipo de suministros importados y de los productos energéticos son el principal factor, de modo que, de momento, el núcleo central de precios se mantiene en niveles inferiores al 2%. No se perciben tensiones inflacionistas de suficiente envergadura como para justificar un endurecimiento del BCE. Pero la preocupación crece entre los halcones.

Fuente: INE, Tesoro Público y Funcas.

La propia recuperación resta argumentos al mantenimiento de la excepcionalidad monetaria. Además, los efectos colaterales de la abundancia de liquidez son cada vez más visibles en los mercados de vivienda, con precios que se han disparado en la mayoría de países europeos —menos en España, donde la memoria de la época de la burbuja es dolorosa—.

La lógica aboga por un mayor protagonismo de otras políticas: la pandemia ha provocado una modificación estructural de la demanda, que presiona al alza en algunos precios (tecnología, electricidad) relativamente a otros. La política monetaria, global por naturaleza, es incapaz de hacer frente a estos cambios, que requieren de instrumentos quirúrgicos de corte fiscal y de reformas.

Todo confluye en una cierta inflexión de la ultra-expansión monetaria en los próximos meses. El banco central empezará reduciendo las compras de nueva deuda, de modo que en algún momento tendremos que recurrir al mercado para financiar el déficit, es decir atraer inversores que apuesten por nuestra economía. La calidad del gasto público, y la buena asignación de los fondos europeos, es crucial a este respecto. Japón soporta una deuda colosal sin duda porque los mercados anticipan efectos favorables de su política fiscal. La instrumentación de un presupuesto anti-cíclico europeo es otro ingrediente —las actuales acciones están marcadas por la transitoriedad—.

En cuanto a
las reformas, destaca la del mercado eléctrico, por su impacto desproporcionado
en la inflación, el poder adquisitivo y la competitividad. Nuestra política
económica no puede ser tan dependiente del BCE .

EMPLEO | El número de afiliados a la seguridad social se incrementó en agosto en 126.000, con cifras desestacionalizadas por Funcas. Descontando la reincorporación de los trabajadores en ERTE y otros dispositivos, el empleo “efectivo” se incrementó en 161.000 personas, encadenando seis meses de crecimiento. No obstante, hay que tener en cuenta que a final de agosto aún permanecían 272.000 asalariados en ERTE y había unos 222.000 autónomos recibiendo prestación. Con todo, en términos efectivos, aún faltan 725.000 empleos para recuperar el nivel de febrero de 2020 en el sector privado. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La transición energética y sus costes

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El verano ha sentado bien a la economía española, gracias al fuerte tirón del turismo y a la pujanza del mercado laboral. Tanto la ocupación hotelera como los desplazamientos apuntan a una temporada que se acerca al 70% del nivel record de 2019, desmintiendo algunas de las previsiones sombrías a raíz de la expansión de la variante delta. Por otra parte, la afiliación a la seguridad social crece a ritmo sostenido, alimentando el rebote del consumo de las familias. Algo similar sucede en los países vecinos, de ahí la mejora europea y en paralelo la de nuestras ventas en el exterior. Todo ello augura un tercer trimestre boyante, con un crecimiento del PIB sin duda superior al 3%. 

El reverso de la medalla es
el mantenimiento de la senda alcista de los costes industriales. La escalada, en
su vertiente no energética, es esencialmente transitoria: los productores de
metales, contenedores y suministros tecnológicos como los chips aprovechan los
cuellos de botella para ampliar capacidad productiva, por lo que se vislumbra
una moderación de sus tarifas a partir de la primavera.

Sin embargo, el
encarecimiento del gas y sobre todo de la electricidad parece más persistente, habida
cuenta de la inercia de la oferta. Podríamos estar, por tanto, ante el riesgo
de un inoportuno shock de oferta, que a falta de reformas sería
especialmente negativo para nuestra economía.

El principal factor es
global: la lucha contra el cambio climático es prioritaria, pero obliga a
incorporar el coste de las emisiones de carbono. El resultado es un
encarecimiento de la producción intensiva en energías fósiles y singularmente
de la electricidad, ya muy visible en el mercado. Este ciclo durará todavía
unos años, hasta que la oferta que proviene de fuentes no contaminantes ocupe
el terreno de las fósiles. A esta tendencia general, se superpone un mercado
eléctrico español que tiende a amplificar las fluctuaciones del coste de las
energías más contaminantes. Ésta es una consecuencia cuasi matemática del
sistema marginalista tal y como se ha diseñado.

El corolario es el
deterioro del poder adquisitivo de empresas y particulares, de momento
eclipsado por el rebote del gasto embalsado durante la crisis. Las empresas que
se enfrentan a una competencia feroz no pueden permitirse ajustar sus precios,
y por tanto los márgenes se reducen. Los trabajadores, por su parte, no están
en condiciones de reivindicar una recuperación de sus ingresos reales. Si
empresas y familias lograran compensar el aumento de costes externos, se
generaría un bucle inflacionista que sin duda presionaría sobre los tipos de
interés. 

Fuente: Markit Economics, INE, Agencia Tributaria y Funcas.

Otro riesgo, tal vez mayor, es el de pérdida de competitividad de los sectores más expuestos al shock energético. El aparato productivo español es relativamente dependiente de las energías fósiles y por tanto será uno de los más penalizados por el incremento del precio del CO2, amplificado por un diseño defectuoso de nuestro mercado eléctrico.

La apuesta del Plan de recuperación por la transición energética es, por tanto, acertada. Para convertirla en realidad, una premisa es que las empresas que hayan sobrevivido a la crisis pandémica aguanten el impacto del shock, razón por la cuál una reforma del sistema de formación de precios eléctricos es urgente. Además, es crucial que las inversiones que se financien con los fondos europeos sean rentables tanto desde el punto de vista medioambiental como económico. Esto no se consigue con meras subvenciones a proyectos de energía renovable, sino con una estrategia que incluye una senda gradual y previsible de ajustes fiscales, inversiones de infraestructura y una evaluación permanente de la relación coste-beneficio de las diferentes iniciativas.

El cambio del modelo energético es imprescindible para cumplir con los objetivos medioambientales. Pero conviene reconocer los costes de transición para el aparato productivo español, y afrontarlos con reformas, medidas que minimicen el impacto sobre los sectores más vulnerables e incentivos bien diseñados.

PRECIOS | El recién divulgado índice de precios industriales apunta a una creciente brecha entre el ciclo alcista de los suministros energéticos e intermedios, y la moderación de las tarifas practicadas por la mayoría de sectores. Entre enero y julio el precio del suministro de energía eléctrica y gas se encareció un 44,1%, y el de los productos intermedios como el hierro, el acero, el aluminio y otros metales lo hizo un 12,3%. Mientras tanto, los precios de producción de bienes de consumo y de bienes de equipo acumulan incrementos muy inferiores, del 3% y 2,1% respectivamente.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El ahorro acumulado impulsa la recuperación

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La recuperación de la economía se reanudó en el segundo trimestre de este año, tras la interrupción sufrida en el último trimestre de 2020 y el primero de 2021 a consecuencia de las sucesivas olas de la pandemia. Según las cifras avanzadas por el INE, el crecimiento del PIB con respecto al trimestre anterior ascendió al 2,8%, más de lo esperado. De confirmarse este resultado —se trata de cifras provisionales que pueden estar sujetas a posteriores revisiones—  la economía habría recuperado en torno al 70% del PIB perdido.

El crecimiento ha sido mayor que
en el conjunto de la eurozona, que registró en el mismo periodo un avance del 2%,
aunque debido a la mayor magnitud de nuestra caída inicial, nuestro PIB aun se
encuentra un 6,8% por debajo del previo a la crisis, frente a un 3% en el caso
de la eurozona. Aunque nuestro país será el que más crezca este año, también será
el que, al final del mismo, más lejos se encontrará de los niveles de PIB anteriores
a la pandemia. Esto se debe, principalmente, a la enorme brecha que ha dejado
la caída del turismo exterior, el elemento más afectado por la crisis y el que
más tiempo va a tardar en recuperar la normalidad.

Gráfico 1

Gráfico 2

El crecimiento del segundo trimestre se apoyó sobre la vigorosa expansión del consumo privado, propulsado por la bolsa de ahorro acumulada durante la pandemia. Ese consumo parece haberse dirigido fundamentalmente a los servicios, una vez eliminadas las restricciones a la movilidad y relajadas las limitaciones a la actividad de ciertos sectores tras el final del estado de alarma. Esto ya era avanzado por varios indicadores que experimentaron un fuerte despegue a partir de mayo, como las pernoctaciones en hoteles de residentes en España o el tráfico aéreo de pasajeros. Así, las ramas sectoriales que más crecieron fueron precisamente las de comercio, transporte y hostelería y las actividades artísticas y culturales.

Pese a haber sido estos últimos sectores
los más golpeados por la crisis según cualquier métrica que utilicemos, no son,
según las cifras de contabilidad nacional, los que más lejos se encuentran en estos
momentos de recuperar los niveles de actividad previos a la crisis, sino,
sorprendentemente, la construcción, que, según dichas cifras, ha caído de forma
ininterrumpida durante los tres últimos trimestres. Algo muy difícil de
entender, puesto que la construcción es, precisamente, el único sector que no
solo ha recuperado, sino incluso superado, el nivel de empleo anterior a la pandemia,
tanto si medimos este en número de horas trabajadas, como en número de
afiliados efectivos, o en ocupados según la EPA.

En cuanto a las perspectivas para la segunda mitad del año, la expansión de la variante Delta supondrá una recuperación algo más lenta de lo que podría haber sido sin ella, pero no la hará descarrilar. Todas las previsiones apuntan a un crecimiento en el tercer trimestre más intenso incluso que en el segundo, siempre que no se restauren las restricciones a la movilidad, lo cual no parece probable dada la menor gravedad de la nueva ola de la pandemia gracias al avance en la vacunación. Este mayor crecimiento esperado se explica fundamentalmente por dos motivos. En primer lugar, en el segundo trimestre hubo un mes, abril, de baja actividad debido a la persistencia de las restricciones, mientras que la libertad de movimientos será completa en todo el tercer trimestre. En segundo lugar, la liberación del sobreahorro acumulado seguirá ejerciendo un fuerte impulso que se reflejará especialmente este verano en la expansión del turismo nacional.

La variable ausente será, por tanto, el turismo internacional. Este también comenzó a despegar a partir de mayo, y las perspectivas de cara al verano eran muy alentadoras gracias a la vacunación. Hasta que llegó la variante Delta. Ahora mismo su evolución es muy incierta, pero está claro que es la variable que más tardará en recuperarse, lo que tendrá también implicaciones desde una perspectiva territorial: las comunidades autónomas más dependientes del turismo exterior serán las que más tiempo sufrirán las consecuencias de la crisis.


OCUPADOS | Los resultados de la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre también han sido mejores de lo esperado. El número de ocupados creció, en términos desestacionalizados, un 0,8%, y el número de horas trabajadas, en los mismos términos, en torno a un 5%. La tasa de actividad, que se desplomó al inicio de la crisis debido a la dificultad de buscar empleo como consecuencia de las restricciones –lo que hizo que muchas personas dejaran de contar como activas– ha vuelto prácticamente al nivel anterior a la misma. La tasa de paro ha descendido hasta el 15,3%, aunque si incluimos a los trabajadores en ERTE, sería del 16,4%.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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alegremente,-pero-no-demasiado

Alegremente, pero no demasiado

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El entorno externo ha jugado un papel crucial en todas las recuperaciones anteriores, y ésta no ha sido una excepción. El rebote de la economía mundial, junto con las mejores perspectivas internas ligadas a la aceleración de la campaña de vacunación, dio un giro saludable a las expectativas. A la espera de lo que sentencie el INE la semana que viene, todo apunta a un resultado alentador en el segundo trimestre, con un PIB al filo del 2%, es decir un histórico 19% en términos interanuales. La evolución favorable de la afiliación todavía se prolongaría en julio, en consonancia con el rebote reciente de los servicios. 

Sin embargo, el contexto internacional se está mostrando
menos amable, no solo por causa de la propagación de la variante delta del
virus y de las incertidumbres que genera para los desplazamientos y la
inversión. Las reservas de vuelos flojean (entre inicios de abril y mediados de
junio se habían multiplicado casi por tres, y han caído un 31% desde entonces,
según el indicador Sojern). Todo ello hace temer una temporada turística
menos boyante de lo esperado.

Otro escollo en el camino de la recuperación es la escalada de costes de producción y de la factura de la electricidad. Los indicadores de coyuntura de julio revelan una intensificación de los cuellos de botella en la industria y un encarecimiento de los suministros, especialmente los importados. El ascenso de los precios pagados por las empresas no tardará en trasladarse a los consumidores, frenando la recuperación. Las familias españolas ya pierden poder adquisitivo por el subidón de la factura de la luz, fruto de una regulación notoriamente defectuosa. Y las empresas anticipan una inflexión (la cartera de pedidos en la eurozona retrocede, aunque todavía se sitúa en terreno positivo). 

Gráfico 1

Gráfico 2

Pero la principal preocupación surge de las economías que se habían adelantado en la remontada. En China, el motor de la inversión, lastrado por las deudas, no responde a los estímulos, mientras que los consumidores no recuperan los niveles de confianza anteriores a la crisis. Y tanto en EE UU como en Reino Unido, que nos habían precedido en la administración de la vacuna, el rebote parece perder tracción (PMI en retroceso en julio en ambos países). Los países en desarrollo, por su parte, se enfrentan a la escasez de vacunas, algo que está provocando una ola inquietante de contagios, acuciando sus economías y haciendo temer la aparición de nuevas variantes que amenazan con prolongar el impacto global de la pandemia.

Los mercados financieros reflejan el enfriamiento de las
expectativas: huyen de la inversión en la economía real hacia la seguridad de
la deuda pública. La consecuencia es un abaratamiento de los costes financieros
para los Estados, en detrimento del equipamiento de las empresas. El rendimiento
del bono español a 10 años retrocede, en consonancia con los valores de referencia
en Alemania y EE UU.

Este es un entorno excepcionalmente volátil, y por tanto conviene no extraer conclusiones precipitadas —algunos analistas aventuran el retorno de la “estanflación” de los años 70—. La recuperación es una realidad y lo más probable es que se mantenga, como lo pronostica el Panel de Funcas, aunque con riesgos al alza. Los bancos centrales los perciben, pero ni los halcones parecen dispuestos a tolerar una dosis de estímulos adicional, ni ésta serviría para responder a las especificidades de cada país miembro. La reactivación del dispositivo de reaseguro europeo de desempleo (el llamado SURE) parece más apropiado, por su despliegue exitoso durante la pandemia y por tratarse del único instrumento de estabilización fiscal disponible en la Unión Europea —el Next Generation es un programa de inversión y de reformas, y por tanto carece de la flexibilidad que caracteriza el SURE—. Además, en nuestro país, la reforma del mercado eléctrico no puede retrasarse más, ya que además de resolver uno de los principales fallos estructurales, aportaría allegro ma non troppo.


ELECTRICIDAD | Según EnergyLive, el precio de la electricidad alcanza en España los 92,02 euros por MWh (con datos del 23 de julio), el triple que hace un año. La factura es la más cara de la UE, después de Italia (105,07 euros). En Alemania y Francia la electricidad es un 18% más barata que en nuestro país. El consumo de energía se ha incrementado desde el inicio de la recuperación, pero se sitúa todavía por debajo del nivel precrisis, y su encarecimiento refleja sobre todo factores de oferta y de regulación del mercado.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Los fondos europeos y la realidad de la economía

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La llegada inminente de los fondos europeos plantea una cuestión clave: ¿cómo reaccionará la inversión interna, es decir la que determina el futuro económico del país? El esfuerzo de equipamiento se desplomó cerca de un 9% en 2020, y si bien las tendencias han sido positivas en lo que va de año, todavía resta camino para recuperar los niveles precrisis, y más aún para cumplir los objetivos de transformación del modelo productivo asignados por el Next Generation EU.

La acumulación de deudas en los sectores más afectados por la crisis disuade el esfuerzo de renovación del capital productivo. Muchos negocios se han sobreendeudado y, aún siendo viables, no pueden permitirse un incremento adicional de pasivos. Este podría ser el caso de algunas empresas del sector del turismo o de la restauración, que empiezan a levantar cabeza y mejorarían sus perspectivas si accedieran al crédito para acelerar su digitalización. Sin embargo, los 7.000 millones de transferencias directas que se habían prometido en marzo no han llegado, sin duda por un diseño inadecuado del dispositivo. El plan de recapitalización (pilotado por Cofides), dotado de 1.000 millones, se acerca más a las necesidades del momento. No obstante, al centrarse en las empresas medianas no cubre el grueso del tejido empresarial.

Gráfico 1

Gráfico 2

 

Pero el resorte más poderoso de la inversión es el factor psicológico, especialmente en el entorno volátil generado por la imprevisibilidad de la pandemia y un hipotético regreso de las restricciones. Buena parte de la industria, del sector agroalimentario y de los servicios profesionales, relativamente poco afectados por la crisis, están ya en plena recuperación y disponen de suficiente liquidez para invertir. Los últimos datos de comercio exterior evidencian la trayectoria favorable de estos sectores. Las exportaciones se incrementaron en mayo un 5,3%, o más del 55% en tasa interanual, mejorando la locomotora alemana ( 36%). Todo ello ha servido a amortiguar la casi desaparición hasta fechas recientes del turismo, lo que explica el mantenimiento de un sólido superávit externo incluso en los momentos más oscuros del estado de alarma.

Por tanto, el potencial de equipamiento es colosal: las empresas que gozan de buena salud han acumulado nada menos que 35.000 millones de activos financieros líquidos. De momento esos excedentes han ido a engrosar las cuentas bancarias en vez de invertirse en la economía real —consecuencia del clima de incertidumbre—. Un cambio de expectativas redundaría en la transformación de ese sobreahorro en proyectos de inversión, generando un estímulo para la economía más potente del que se espera de los fondos europeos.

En teoría, los incentivos deberían empujar en esa dirección, ya que el interés aportado por los activos financieros es casi nulo, o incluso negativo habida cuenta de la inflación, mientras que el rendimiento medio que se puede racionalmente esperar de una inversión productiva es positivo. El BCE pone lo que puede de su parte, recompensando a las entidades bancarias que conceden préstamos a largo plazo, mayormente orientados a la inversión (los llamados TLTROs). Pero las empresas prefieren ahorrar. Todo porque en la práctica la incertidumbre sigue omnipresente, generando comportamientos de cautela.

La existencia de un potencial latente de inversión productiva tiene consecuencias para el manejo de los fondos europeos. Uno, la gestión de las expectativas es crucial para maximizar el impacto de los fondos. Para ello, la clave está en la previsibilidad de las políticas públicas. Y su coherencia: de poco sirve anunciar grandes proyectos de energías renovables, si el marco tributario y regulatorio no las acompaña, para así alinear los incentivos de mercado con los objetivos del Plan de recuperación. Dos, conviene priorizar los componentes más transformadores del Plan, por el mayor efecto tractor sobre la inversión latente y el conjunto de la economía. Sin duda esto conlleva una ejecución más dilatada en el tiempo, pero con una recuperación ya en marcha, el estímulo fiscal es menos relevante que los efectos de largo plazo.

FAMILIAS | A diferencia de las empresas, los hogares se han desendeudado desde el inicio de la crisis. Según las cuentas financieras divulgadas por el Banco de España esta semana, los pasivos se redujeron en 16.500 millones euros entre el cuarto trimestre de 2019 y el primero del presente ejercicio. Por otra parte, al igual que las empresas, las familias acumularon activos financieros en forma de efectivo y de depósitos, por una cuantía de 79.000 millones. Esta evolución refleja la compresión del gasto durante la pandemia, impulsando el ahorro familiar hasta máximos de la serie histórica.


Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Balón de oxígeno del BCE

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El cambio de estrategia de inflación por parte del BCE es una decisión inteligente, y beneficiosa para una economía endeudada como la española, pero no despeja las dudas acerca del riesgo de burbujas financieras inherente al mantenimiento de una política ultra-expansiva durante un tiempo prolongado.

Uno de los rasgos más destacables de la evolución reciente es el retorno de la inflación, desde tasas negativas al final del pasado año hasta un 2,6% en junio y apuntando inexorablemente al alza, al menos a corto plazo —una circunstancia que hubiera dado alas a los halcones que preconizan un endurecimiento de las condiciones monetarias—. Paradójicamente, al aceptar un objetivo simétrico en torno al 2% —ahora los precios pueden desviarse al alza, y no solo a la baja— el banco central aporta mayor credibilidad a la meta que persigue, la de una inflación positiva.

La decisión no se
podía retrasar más. En primer lugar, porque las tensiones están siendo más intensas,
por el encarecimiento de la electricidad así como la reversión de las
bajadas del precio del petróleo que tuvieron lugar el año pasado en los meses
iniciales de la pandemia. A partir de agosto habrá nuevos efectos de reversión
de bajadas de precios, en este caso en los servicios, de modo que la tasa de
inflación volverá a ascender hasta situarse por encima del 3%. O incluso más en
el caso de Alemania.

Además, la escalada de los costes internacionales de producción podría trasladarse a la inflación interna. Los indicadores de precios pagados por la industria rozan máximos de dos décadas, y una tendencia similar se vislumbra en los servicios. Tarde o temprano las empresas tendrán que repercutir los costes a los precios de venta. En los segmentos que se acercan al pleno empleo, también deberían provocar incrementos salariales, iniciando un proceso de inflación subyacente. No olvidemos que todos los países de la eurozona, salvo España, Grecia e Italia, mantienen tasas de paro inferiores al 10%, acariciando en algunos casos el pleno empleo de la población activa (Alemania, Austria y Holanda, por ejemplo). En España, sin embargo, el déficit de empleo es patente, especialmente entre jóvenes y trabajadores sénior.

Gráfico 1

Gráfico 2

 

Por otra parte, el apoyo monetario sigue siendo imprescindible para mantener la senda de recuperación económica. Si es cierto que la actividad mejora, fruto de la liberación de la demanda que se había quedado embalsada durante la crisis y del incremento de la movilidad, también surgen nuevas incertidumbres, tal la “variante delta” del virus y su impacto en la economía global y en especial en el turismo. El entorno sigue siendo extraordinariamente volátil, y por tanto era crucial que la política monetaria ampliara su capacidad de reacción, algo que ha conseguido flexibilizando el objetivo de inflación.       

Si bien el contexto
aboga por el mantenimiento de los estímulos monetarios, ojo con los efectos
colaterales. El más visible es el incremento acusado del precio de la vivienda
registrado en la mayoría de países europeos. En los grandes centros urbanos el
metro cuadrado prosigue su escalada, inmune a la pandemia. España va por ese
camino aunque con algo de retraso.

Consciente de los
riesgos para la estabilidad financiera, el BCE promete incorporar el precio de
la vivienda en su medición de la inflación. Esta es una buena idea, aunque
compleja metodológicamente y que llevará tiempo en realizarse: inundar los
mercados de liquidez y a la vez limitar la inflación de activos financieros y
de vivienda, esa es la cuadratura del círculo a que se enfrentan los banqueros
centrales.

El BCE da un
respiro, pero la clave no está en la inflación sino en si prorroga su programa
de compra de deuda iniciado con la pandemia. El reto para la política económica
española es aprovechar la ventana de oportunidad, preparándose a un entorno de
menor dependencia del banco central en su colocación de deuda, y limitando los
riesgos asociados a un contexto de abundante liquidez.

VARIANTE DELTA | Los indicadores coyunturales apuntaban hasta fechas recientes a una temporada turística alentadora. A mediados de junio, las reservas de viajes en avión hacia España se situaban un 5,2% por encima de los niveles registrados en el mismo periodo de 2019 (los valores eran de un 70% inferiores a inicios de año). Desde entonces, sin embargo, el sector se resiente del incremento de contagios provocado por la variante Delta y las medidas preventivas anunciadas por algunos gobiernos. Así pues, a finales de junio, las reservas caían un 23,4% con respecto a 2019.


Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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