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El PIB creció en el tercer trimestre un 0,6%, en línea con lo previsto por Funcas

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El crecimiento del PIB se desaceleró en el tercer trimestre del año hasta un 0,6% intertrimestral –tal como recogían las últimas previsiones de Funcas–, desde el 0,8% del trimestre anterior. La desaceleración procedió de una aportación al crecimiento más negativa del sector exterior, que detrajo 0,6 puntos porcentuales, más que compensando la contribución más elevada de la demanda nacional (gráfico 1).


Tanto el consumo privado como el público aceleraron su crecimiento intertrimestral hasta tasas superiores al 1% en ambos casos. La inversión (FBCF) también se aceleró en la mayoría de sus componentes, que siguen presentando tasas positivas de crecimiento salvo el correspondiente a material de transporte.

Con respecto al sector exterior, destaca el mantenimiento de tasas elevadas de crecimiento en todos los componentes de las importaciones. A la inversa, se registra una caída de las exportaciones, como consecuencia del desplome de las ventas de bienes en el exterior. El turismo, por su parte, mantuvo un ritmo de crecimiento similar al del trimestre previo, un 0,7%, muy por debajo de las tasas registradas en 2023 y 2024. Las ventas al exterior de servicios no turismo han seguido creciendo a buen ritmo.

En consecuencia, en líneas generales, se confirma el cambio de patrón de crecimiento en relación a años anteriores.  Así, el consumo público y las exportaciones de turismo, que fueron los grandes impulsores del PIB en 2023 y 2024, crecen a un ritmo más débil –pese a la aceleración del consumo público del tercer trimestre–, mientras que la inversión mantiene un tono más dinámico, tanto en vivienda como en bienes de equipo, al tiempo que las importaciones crecen con más fuerza. Por otra parte, el consumo privado y las exportaciones de servicios no turísticos conservan un gran vigor, en el caso del primero impulsado en gran medida por el crecimiento demográfico.

En cuanto al empleo, el número de personas ocupadas creció en el tercer trimestre un 0,7%, mientras que el total de horas trabajadas lo hizo en un 1%, de modo que se produjo una ligera recuperación en el número de horas trabajadas por ocupado, pese a lo cual en el acumulado del año siguen descendiendo en comparación con el año anterior. 

La productividad por hora registró un descenso del 0,4%, pese a lo cual, en el acumulado del año sigue mostrando un avance del 0,9% sobre el año anterior. Los Costes Laborales Unitarios han seguido aumentando, con un crecimiento acumulado del 3,6% sobre el año anterior. Por su parte, el Excedente Bruto de Explotación (EBE) por unidad de producto registró un leve descenso intertrimestral, creciendo en el acumulado del año un 0,8% (gráfico 2).

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Balance preliminar del impacto del arancel de Estados Unidos sobre las exportaciones españolas

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A principios de agosto se aprobó el pacto comercial entre EE. UU. y la UE, en virtud del cual los productos europeos son grabados con un arancel general del 15%. Ya se dispone de las cifras de comercio exterior correspondientes a dicho mes, lo que nos permite obtener una primera impresión del impacto del mismo.

En el conjunto de la UE se observa un efecto adelanto de las ventas hacia EE. UU. (es decir, una anticipación de los envíos transatlánticos, con anterioridad a la imposición de los aranceles) que, sin embargo, en el caso de España, no está claro. Así, en el primer trimestre de 2025 las exportaciones europeas hacia EE. UU. aumentaron un 35% con respecto al mismo periodo del año anterior, crecimiento que en los meses posteriores se ralentizó, convirtiéndose en una caída del 22% en el mes de agosto. En contraste, las exportaciones españolas han presentado un desempeño más débil, con caídas en prácticamente todos los meses del año, que se agudizan en agosto, mes en el que el descenso fue del 30% (gráfico 1). 


En el acumulado del año hasta agosto, se registra una caída interanual del 8,7% de las exportaciones españolas a los EE. UU., frente a un crecimiento del 9% en el caso de las europeas. El total de exportaciones españolas a todo el mundo se ha comportado mejor, aunque no han sido especialmente dinámicas, registrando en el acumulado del año un avance interanual de tan solo el 0,3% (en el caso de Europa el contraste es aún mayor, con un descenso de sus exportaciones mundiales del 3,6%).

En la caída de las exportaciones acumuladas de enero a agosto a EE. UU. han tenido mucho peso las ventas de combustibles, con fuertes descensos todos los meses del año, junto a los productos químicos. También ha mostrado protagonismo la caída de las ventas de aceite, pero en este caso el descenso ha estado muy influido por la bajada del precio del producto, ya que sus exportaciones medidas en toneladas registraron un crecimiento. De manera similar, las ventas de vino han sufrido caídas –tanto en euros como en toneladas– aunque tienen poco peso sobre el total de exportaciones al país americano. Por el contrario, las exportaciones de maquinaria y bienes de equipo se han comportado más favorablemente. Otro producto a destacar son los medicamentos, cuyas exportaciones han crecido en el conjunto de enero-agosto, tanto en euros como en volumen.

Tal y como se ha mencionado, en el conjunto de las exportaciones a EE. UU. no se observa un efecto adelanto claro, aunque en algunos componentes de las mismas sí que parece haber una caída importante en su valor económico, pero no tanto en volumen. En el gráfico 2 se muestra el comportamiento de tres de los productos más relevantes: medicamentos, vino y aceite de oliva. En los dos primeros no parece haber un efecto adelanto de las ventas a los meses anteriores si se analizan los datos en toneladas, mientras que, en el aceite, sí podría existir este efecto. Cabe mencionar que en el caso de los medicamentos los exportadores podrían haber reducido precios en el mes de agosto, absorbiendo el impacto del arancel total o parcialmente, para mantener el volumen de ventas, ya que sus exportaciones sufren una caída en valor monetario, pero se incrementan en volumen.


En suma, en términos generales, las exportaciones se han resentido del actual contexto de guerra comercial. En algunos sectores, la evolución parece haber sido menos negativa que en otros, tal vez porque los exportadores han ajustado sus márgenes para no perder competitividad, pudiendo así mantener el volumen de los envíos. Con todo, es pronto para detectar tendencias, ya que los datos están muy influidos por el calendario de las medidas arancelarias, de modo que habrá que esperar a meses posteriores para poder realizar un análisis más completo del impacto.

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La dualidad de la crisis de la vivienda

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Grúas y andamios se han convertido en el espectáculo cotidiano de los paisajes urbanos, y a pesar de ello la crisis habitacional no da tregua. Al ritmo de crecimiento actual, el número de viviendas iniciadas podría por fin igualar el incremento poblacional a partir del año que viene, según las previsiones de Funcas, que evidencian una cierta vitalidad del ciclo expansivo de la inversión residencial. 

De cumplirse este pronóstico, el déficit de vivienda no iría a más. Una buena noticia que debe sin embargo tener en cuenta la dualidad que caracteriza el mercado inmobiliario. Porque la carestía incide significativamente en el acceso a la vivienda de la población residente, mientras que los no residentes parecen inmunes a los precios altos, al menos de momento. Es un hecho que los extranjeros que no viven en España lideran el actual ciclo de inflación inmobiliaria: el precio medio de la vivienda adquirida por este colectivo se ha incrementado un 40% en comparación con el periodo prepandemia, frente al 27% en el caso de los compradores residentes, ya sean españoles o inmigrantes (con datos del portal del congreso general del notariado). 

Si bien los compradores foráneos siguen siendo minoritarios, con un peso del 7,5% en el total de las transacciones, su influencia en la formación de los precios es relevante, ya que se trata de particulares o de empresas que a menudo gozan de un poder adquisitivo alto en comparación con los lugareños. Prueba de ello, el precio medio de adquisición es un 73% más elevado que en el caso de los compradores residentes. Este fenómeno se ha producido en otros países, motivando en algunos casos la imposición de limitaciones a la compra de no residentes: en Dinamarca, por ejemplo, estas operaciones están sometidas a un criterio de residencia de cinco años. 

El tirón de la demanda internacional explica que el mercado se haya alejado de la capacidad de compra de las clases medias españolas. Hoy por hoy, el precio medio de compra de una vivienda equivale a 7,7 años de renta disponible anual de los hogares residentes, un año más que en el periodo anterior a la pandemia. Habida cuenta de las normas prudenciales para obtener una hipoteca, la demanda nacional sigue desplazándose hacia el segmento del alquiler, cuyo precio también se encarece, exacerbando la preocupación ciudadana. 

De ahí la importancia de priorizar la construcción de vivienda asequible, de gran relevancia para una economía española altamente dependiente de la incorporación de fuerza laboral. La población extranjera empieza a frenar su crecimiento: este año el número de inmigrantes se está incrementado a un ritmo trimestral cercano al 1%, frente al 1,3% en 2024 y 1,7% en 2023. Y la población activa, uno de los principales motores de la expansión, también se modera a tenor del débil comportamiento del tercer trimestre. En cuanto a movilidad laboral, los indicadores disponibles que remontan a 2023 apuntan a un retroceso en relación al periodo anterior a la pandemia. 

En teoría algunas actividades podrían reubicarse desde las zonas tensionadas hacia los territorios menos afectados por la carestía de la vivienda. Pero en la práctica es difícil que algo así ocurra por las ventajas del ecosistema que caracteriza las grandes urbes, y por los costes fijos de una nueva implantación, en un momento de incertidumbre para la inversión empresarial. En todo caso, la experiencia de otros países con un déficit crónico de vivienda como Reino Unido muestra que es poco probable que las empresas desplacen su actividad a gran escala. 

En suma, de cara al futuro habrá que prestar atención a la composición de la oferta y a la dualidad de la demanda de vivienda, más allá de las grandes cifras. Entre tanto, la crisis habitacional incide en la población residente, socavando el shock demográfico, uno de los fundamentos del buen momento de la economía española.    

INMIGRACIÓN | El número de activos extranjeros o con doble nacionalidad ascendió a 5,6 millones de personas en el tercer trimestre de este año, es decir 1,9 millones más que en el mismo periodo de 2019 (con datos EPA). Hoy por hoy, la inmigración aporta el 22% del total de activos, cinco puntos más que hace un lustro. A pesar de ello, la incorporación de inmigrantes registra una cierta desaceleración, ya que la población activa extranjera se ha incrementado un 6,9% en lo que va de año, frente al 8,2% en 2024 y 9% en 2023

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La inversión extranjera, desilusión o pausa

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El ciclo expansivo de la demanda interna impulsa la economía española hasta nuevos hitos en el ranking del Fondo Monetario Internacional, al tiempo que se multiplican las alertas del lado del motor externo. Aparte del frenazo de las exportaciones, también se constata un fuerte descenso de la entrada de capital extranjero en el tejido productivo español, factor que hasta hace poco había sido, junto con el superávit de nuestros intercambios con el resto del mundo, uno de los principales baluartes de la robustez del crecimiento. 

La creación de empresas en España o la ampliación de la capacidad existente –es decir, la inversión extranjera directa– son decisiones de agradecer, siempre y cuando estas operaciones respeten las reglas de la competencia y no generen oligopolios. Por eso es relevante que España recibiera más de 51.000 millones de euros cada año en el último trienio en inversión extranjera directa, una cifra que en proporción al PIB supera a las otras grandes economías de nuestro entorno. 

Pero los datos más recientes apuntan a una tendencia menos amable: en el primer semestre, la entrada de inversión directa extranjera descendió un 36% en relación a un año antes, una caída que se explica por la menor aportación de capital procedente de la Unión Europea. Los flujos de entrada de capital no europeo, por su parte, tienen un comportamiento volátil sin que se desprenda una tendencia clara. Incluso se detecta un mayor interés de los inversores norteamericanos, desafiando de momento el discurso proteccionista de la Administración Trump.


Frente al menor apetito inversor de los europeos, las empresas españolas siguen siendo relativamente proclives a invertir fuera de nuestro país. El volumen de las exportaciones de capital productivo que realizan las empresas españolas hacia otros destinos, o salidas de inversión extranjera directa, asciende a 55.000 millones, prácticamente lo mismo que el año pasado (comparando el primer semestre de cada ejercicio, con datos anualizados). El resultado procede de un incremento de las salidas hacia la UE, que se compensa con un descenso de las salidas hacia destinos no europeos. 

La tónica general es, por tanto, de pérdida de capital productivo, lo que significa que una parte del ahorro generado por la economía española acaba invirtiéndose en las empresas de otros países. Concretamente, el volumen de capital productivo exportado ascendió a 26.000 millones de euros en el primer semestre (diferencia entre las entradas y las salidas de inversión extranjera directa, siempre con datos anualizados). En sus últimas previsiones, el FMI anticipa que esta pauta se mantendrá en los próximos dos años, con salidas netas incluso ligeramente superiores a las registradas en este ejercicio. 

Conviene evitar interpretaciones precipitadas. No estamos asistiendo a una fuga de capitales sino a una menor entrada de inversión directa, algo que podría leerse como una consolidación de su presencia en España, y no una pérdida de competitividad (la balanza por cuenta corriente sigue arrojando excedentes ingentes). Por otra parte, la mayor presencia de empresas españolas en otro país puede ser de gran ayuda para reconfigurar las cadenas de suministro, algo imprescindible en un momento complejo de transformación de la globalización. En todo caso, la economía española sigue trasladando buenas sensaciones, a tenor del descenso de la prima de riesgo, prueba de la confianza. 

Pero el problema de fondo sigue siendo la debilidad de la inversión empresarial, variable que se sitúa todavía por debajo de los niveles anteriores a la pandemia, descontando la inflación. Y es que el fenómeno de exportación de capital productivo se debe principalmente a la falta de proyectos de inversión privada en territorio español. El avance notable del gasto en infraestructuras públicas o de las ayudas europeas no han bastado para desatascar la inversión de las empresas, esa asignatura pendiente y nudo gordiano de un crecimiento sostenido. 

INVERSIÓN | España comparte con Alemania e Italia la posición de salida neta de capital productivo, que se produce cuando las salidas de inversión directa extranjera son de un volumen superior al de las entradas. El monto de las salidas netas asciende a 33.000 millones en Alemania y 8.000 millones en Italia (con datos del primer semestre de este año, en términos anualizados). Francia conoce la posición inversa, con una entrada neta de 24.000 millones, apuntando a una cierta fortaleza del sector privado frente a los aprietos que se ciernen sobre la hacienda pública gala.  

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Evolución del número de empresas inscritas en la Seguridad Social: comparación interregional

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En una entrada anterior se analizó la evolución del número de empresas inscritas en la Seguridad Social según el tamaño de la empresa. Lo que se observó es que desde 2019 hasta 2025, el número total de empresas ha registrado un crecimiento modesto, ya que la fuerte caída en el número de empresas de 1 a 2 trabajadores, junto al estancamiento las de 3 a 5 trabajadores –entre ambas representaban en 2019 el 75% de número total de empresas– apenas ha sido compensado por el crecimiento –muy intenso en términos porcentuales, pero moderado en valores absolutos– en el número de empresas de mayor tamaño. 

En esta entrada se va a comparar la evolución del número de empresas en las comunidades autónomas. Con datos hasta septiembre de 2025, el crecimiento registrado en comparación con 2019[1] en el número total de empresas en España ha sido del 0,2%, o 2.137 en valores absolutos. Dicho crecimiento procede básicamente de cinco comunidades autónomas: Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña (por orden de crecimiento nominal, ver cuadro 1) [ordene el cuadro según variación en porcentaje o variación absoluta –o bien alfabéticamente– haciendo clic en el lado derecho de la cabecera de cada columna»] . El resto de las regiones registraron caídas o leves ascensos. Entre las que sufren mayores caídas nominales destacan Galicia, Castilla y León, País Vasco y Aragón. En términos porcentuales, el descenso más acusado fue en Ceuta y Melilla (las cifras de las dos ciudades autónomas se ofrecen en conjunto).


Otro rasgo importante son las diferencias en la tendencia reciente que describe cada región. Desde 2013 hasta 2022 prácticamente todas se comportaron conforme a un mismo patrón: crecimiento continuado hasta 2019, fuerte caída en 2020 a consecuencia de la pandemia, y recuperación (“rebote”) en 2021 y 2022 en casi todas, en mayor o menor grado, exceptuando País Vasco, La Rioja y Ceuta-Melilla, que prácticamente no se recuperaron de la caída anterior. A partir de ese momento, el comportamiento diverge, de modo que nos encontramos con tres grupos de regiones.


El primer grupo [escoja «a. CC. AA. más dinámicas» en el menú desplegable del gráfico 1] es el de las comunidades cuyo número de empresas continuó creciendo de forma intensa en los años posteriores al “rebote”, superando en 2025 significativamente el número de empresas de 2019. Este grupo estaría constituido por –de mayor a menor dinamismo– Baleares, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana. En todas ellas, el crecimiento para el conjunto del periodo se sitúa entre el 2,3% y el 5%

Dentro del segundo grupo [escoja «b. CC. AA. menos dinámicas» en el menú desplegable del gráfico 1] encuadraríamos a las regiones que han registrado el peor desempeño. Son las que, tras un leve o inexistente rebote, mantuvieron estable su número de empresas en un nivel muy inferior al de 2019, o incluso iniciaron una tendencia de continuo declive: Aragón, Asturias, País Vasco, La Rioja, Castilla y León, Galicia, y, especialmente, Ceuta-Melilla. Mención especial merece el País Vasco, que fue la región española que sufrió una menor caída en su número de empresas en 2020, pese a lo cual se sitúa entre las de peor desempeño, debido a que en 2021-2022 no registró prácticamente rebote alguno, y en los años siguientes se instaló en una continua trayectoria decreciente, finalizando un 2,8% por debajo del nivel de 2019. En todas ellas, la caída en el número de empresas con respecto a 2019 se sitúa entre el 2,7% y el 4,2%, salvo para el caso de Ceuta y Melilla, con un hundimiento del 9%

El resto de comunidades constituirían un tercer grupo [escoja «c. CC. AA. intermedias» en el menú desplegable del gráfico 1]. Son aquellas que, tras el rebote inmediatamente posterior a 2020, mantuvieron estable su número de empresas, con pequeños altibajos, en un nivel en algunos casos algo superior y en otros algo inferior al de 2019. Algunas de ellas, como Cataluña, han registrado un crecimiento casi continuado año tras año, al igual que las del primer grupo, pero este ha sido muy pequeño, de modo que su nivel supera por muy poco al de 2019.  La mejor situada, Murcia, apenas lo supera en un 0,7%.

Finalmente, hay que señalar que no existe una correspondencia completa entre el desempeño de las comunidades autónomas en cuanto a la evolución de su número de empresas y su desempeño en cuanto a PIB. Hay algunas regiones que se encuentran entre las mejores o peores clasificadas en ambas mediciones, pero en muchas otras la relación entre estas variables es divergente. Cabe la posibilidad de que en algunas regiones más dinámicas en cuanto a crecimiento del PIB, el tamaño empresarial esté aumentando, lo que podría explicar, al menos en algún caso, la mencionada divergencia, aunque los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social no permiten profundizar en la cuestión.


[1] Como cifra de 2025 se toma el promedio de los últimos doce meses (desde octubre de 2024 hasta septiembre de 2025) y como cifras anuales de los años anteriores, el promedio de los doce meses de cada año, al objeto de evitar las distorsiones en las comparaciones derivadas de la diferente estacionalidad de cada región.

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El enigma de la inversión

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La economía española sigue viviendo un momento dulce, a tenor del buen comportamiento de los indicadores de coyuntura o los ajustes de la calificación crediticia de la deuda. ¿Es sostenible esta tendencia? Desde el punto de vista social, persisten graves déficits que plantean riesgos para la cohesión, como es el caso, por ejemplo, de los jóvenes sin acceso a una vivienda asequible

La sostenibilidad reviste también una dimensión económica fundamentada en la inversión, variable determinante de nuestra prosperidad futura. A nivel agregado, el esfuerzo en equipamiento del tejido productivo apunta buenas maneras, con un incremento superior al 7% registrado en el último año. Pero el brillo de las grandes cifras macroeconómicas refleja realidades dispares que generan dudas acerca de la solidez del ciclo expansivo. 

Por una parte, tras el largo periodo de penurias de la crisis financiera, el sector público se ha convertido en el principal protagonista de la inversión productiva. En el último lustro, las administraciones en su conjunto han incrementado su gasto en inversión un apabullante 58% (comparando la formación bruta de capital fijo en el primer semestre del presente ejercicio con el año 2019), un resultado que bate todos los récords de la serie histórica que arranca en los años noventa, y que prácticamente duplica la media de la eurozona. Descontando la inflación, el crecimiento alcanza el 31% en el quinquenio, frente al 6% de la media europea. 


Frente al auge de la inversión pública, sorprende la cautela de las empresas. Su gasto en inversión ha subido un escaso 13% en precios corrientes en los últimos cinco años, lo que equivale a una contracción del 9% en términos reales. Si bien la atonía es compartida con el resto de Europa (las empresas han reducido su inversión un 4% en el conjunto de la eurozona, en términos deflactados), cuesta entenderla en el caso de España. 

Lo lógico era que las empresas se animaran a invertir en un contexto de bonanza de las ventas como el que estamos presenciando en los últimos tiempos, a diferencia de la languidez observada en las otras grandes economías de nuestro entorno. Asimismo, el maná del Next Generation hacía presagiar un vuelco en las expectativas del sector privado, que es el principal destinatario de estos recursos públicos. De hecho, en los últimos tres años, las administraciones han aportado más de 20.000 millones anuales en ayudas a la inversión o transferencias de capital, cifra que más que duplica los valores prepandemia. Y sin embargo la inversión empresarial sigue sin despegar.   

Una hipótesis es que los fondos europeos han podido estar financiando proyectos de inversión privada que ya estaban en marcha y que por tanto no necesitaban de apoyo público. Sin negar que este efecto sustitución haya podido producirse, no basta para explicar la debilidad de la inversión empresarial. En todo caso, diversos estudios apuntan a un cierto efecto tractor de los fondos europeos sobre los bienes públicos como son las infraestructuras.

El desendeudamiento ha sido un factor más potente: las empresas españolas han optado por ajustar drásticamente sus pasivos para aligerar los costes financieros, de modo que su deuda ha caído hasta mínimos del siglo. Todo apunta a que prefieren financiar sus inversiones con recursos propios o aportaciones de capital, sin incurrir en préstamos que, por definición, entrañan un gasto en intereses independientemente de la marcha del negocio. De ser así, las recomendaciones de los informes Letta y Draghi en materia de unión financiera y el despliegue de instrumentos innovadores de financiación de las empresas serían de enorme relevancia. 

Con todo, la inversión empresarial sigue siendo una de las principales asignaturas pendientes. La experiencia muestra que los fondos europeos, tal y como están diseñados, no han generado la ruptura que se esperaba. Un leve repunte es perceptible pese a las incertidumbres, pero hará falta afianzarlo para que la aspiración a un nuevo modelo productivo se convierta en realidad.  

DEUDA | La sombra de los ciclos financieros es alargada. Tras el frenesí de la burbuja inmobiliaria, la deuda de las sociedades no financieras alcanzó en 2010 el 139% del PIB, valor máximo de la serie histórica y 30 puntos por encima de la media de la eurozona. Posteriormente las empresas optaron por aligerar sus pasivos, una tendencia que se ha mantenido independientemente de la coyuntura. En el primer trimestre de este año, la deuda de las empresas se había reducido hasta el 82% del PIB, 24 puntos por debajo de la media europea.      

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Pobres avances al año del informe Draghi

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Hace poco más de un año, dos informes de gran calado sacudieron el debate económico europeo: el de Mario Draghi, ex presidente del BCE, y el de Enrico Letta, ex primer ministro italiano. Ambos textos coincidían en un diagnóstico claro: la Unión Europea necesita un salto cualitativo para afrontar la competencia global, reforzar su soberanía económica y modernizar sus estructuras productivas. Sin embargo, doce meses después, el balance es desalentador. El informe de Draghi advertía de la urgencia de acometer una verdadera estrategia industrial europea, capaz de reducir la dependencia tecnológica y energética. El de Letta ponía el foco en el mercado único, subrayando que sin completar su integración en ámbitos como la energía, las telecomunicaciones o los servicios financieros, la UE quedaría rezagada frente a Estados Unidos y China. Ambos documentos planteaban un mensaje común: Europa debe pensar en grande y actuar con rapidez.

Como cabía esperar, la reacción inicial fue positiva. Las instituciones comunitarias y numerosos gobiernos reconocieron la relevancia de lo que se proponía. Se multiplicaron los discursos a favor de una agenda industrial común, de la autonomía estratégica y de una mayor inversión en innovación. Sin embargo, el paso de las palabras a los hechos ha sido mínimo. Las razones de esta parálisis son varias. Por un lado, la fragmentación política ha frenado los consensos. El Parlamento Europeo saliente y la renovación de la Comisión Europea han hecho que las prioridades se diluyan en la transición institucional. Por otro, los Estados miembros siguen divididos entre los que defienden un mayor intervencionismo comunitario y los que se resisten a mutualizar riesgos o ceder soberanía económica.

El resultado es que la UE sigue igual de lejos de un verdadero presupuesto para financiar, entre otras cosas su transición tecnológica y energética, más allá de los fondos extraordinarios del Next Generation EU, cuyo impulso se agota. Tampoco se han dado pasos firmes en los proyectos estratégicos como semiconductores o IA. Draghi alertaba de que la ventana de oportunidad era reducida: o Europa se reindustrializa y fortalece su mercado interno, o verá erosionada su capacidad de influencia global. Y Letta subrayaba que sin completar el mercado único en sectores estratégicos, las empresas europeas no podrán competir con suficiente escala con sus rivales globales, EE. UU. y China, que durante este año han consolidado su liderazgo aún más. Ambas advertencias siguen plenamente vigentes, pero las respuestas políticas han sido tímidas.

La UE necesita más que nunca decisiones audaces: una política industrial común, un presupuesto a la altura de sus ambiciones y una gobernanza que permita actuar con mucha más rapidez. El tiempo continúa corriendo casi a velocidad de vértigo sobre todo en tecnología y la inacción se convierte en un lujo que Europa no puede permitirse.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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Claves del ciclo expansivo

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La revisión del INE confirma el tirón de la economía española, con un PIB que se sitúa ya un 9,3% por encima de los registros anteriores a la pandemia, ampliando la ventaja en relación a las otras grandes economías de nuestro entorno. El PIB de la eurozona ha crecido 3,3 puntos menos que el español, y los indicadores más recientes apuntan a una atonía persistente tanto en Alemania como en Francia.  

Frente a una cierta continuidad de las grandes magnitudes, también aparecen dos importantes puntos de inflexión, así como alguna sorpresa del lado de la inversión. En primer lugar, el sector exterior ya no juega el papel prominente que tuvo en el inicio del ciclo expansivo. Su aportación al crecimiento está siendo negativa en lo que va de año, y el contexto de guerra comercial, caracterizado por continuos vaivenes de la Administración Trump, no despeja el horizonte. Pese a todo, la situación de nuestro comercio exterior no difiere mucho de la del resto de Europa, lo cual no está mal habida cuenta del diferencial de crecimiento: habitualmente un ciclo expansivo como el que vive la economía española se acompaña de un deterioro de la balanza comercial en relación a las economías más estancadas, una circunstancia que no se está constatando en esta ocasión. 


En segundo lugar, la demanda interna ha tomado el relevo del sector exterior, si bien con cambios relevantes en su composición. El consumo de las administraciones pierde tracción, lastrado por las sucesivas prórrogas presupuestarias, y todo apunta a que esta situación persistirá en el corto plazo, con la posible salvedad del gasto en defensa. En contraposición, se afianza el ciclo de consumo privado y de inversión en construcción, en consonancia con la creación de empleo, la revitalización de la oferta de vivienda y, probablemente, el desembolso de fondos europeos, evidenciado por el auge de la inversión no residencial, es decir en infraestructuras y otras edificaciones.   

Destaca el repunte, a un ritmo sorprendente, de la inversión en bienes de equipo y en “intangibles”, que incorpora el capital inmaterial, software y demás productos de la propiedad intelectual. Ésta, que había sido la variable más rezagada en la fase de recuperación, emerge como una de las claves de la coyuntura. Conviene, sin embargo, tener en cuenta que los fondos europeos, particularmente el kit digital, han podido aportar un estímulo puntual a la inversión en intangibles, con efectos inciertos en el crecimiento futuro. La inversión en maquinaria y equipamiento físico, por su parte, ha crecido solo un 4,5% en los últimos cinco años, evidenciando una escasa filtración de fondos europeos en este segmento. 

Finalmente, tras la revisión del INE, sigue siendo el caso que la economía española ha crecido sobre todo sumando fuerza laboral. Las horas trabajadas habrían crecido incluso más de lo anticipado, lo que ha tenido como resultado un menor avance de la productividad por hora efectivamente trabajada: esta variable, que aproxima la velocidad de transformación de la economía, habría crecido un 2,9% desde 2019, en vez del 3,6% conforme a las estimaciones anteriores. Eso sí, se mantiene el diferencial favorable de crecimiento de la productividad respecto al resto de Europa, y la tendencia es positiva en el periodo más reciente.  

En definitiva, los ajustes estadísticos dejan entrever una economía española con más tracción de lo anticipado para afrontar los desafíos globales. Queda, no obstante, por esclarecer la sostenibilidad de las fuerzas que sustentan el ciclo. Algunos factores, como los fondos europeos, no han generado el efecto transformador que se esperaba, a tenor del moderado comportamiento de la productividad. Los recursos que quedan por ejecutar ascenderían a más de 25.000 millones de euros: a poco más de un año de la conclusión del programa, habrá que esforzarse por mejorar su vinculación con las necesidades del tejido productivo.      

CONSUMO | Las revisiones del INE no disipan la dicotomía entre la macroeconomía y su percepción social. Desde 2019, el consumo de las familias se ha incrementado un 6,2% a nivel agregado, descontando la inflación (un punto más que la anterior estimación). Ahora bien, ajustando por el crecimiento poblacional, la mejora es solo del 2,9% en términos medios por habitante. El menor impulso demográfico de la eurozona en su conjunto ha provocado que el consumo haya crecido más que en España en términos per capita (2,5%), pese al peor comportamiento a nivel agregado (3,9%).     

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El superávit en la balanza de pagos se mantiene en niveles históricos gracias al continuo aumento del saldo de servicios

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La balanza de pagos por cuenta corriente ha registrado un superávit de 24,6 miles de millones de euros en lo que llevamos de año (acumulado del primer semestre), lo que supone un 6,1% menos de lo registrado en el mismo periodo de hace un año. En porcentaje del PIB, dicho saldo ha supuesto el 3%, frente al 3,3% de la primera mitad de 2024[1]. Tanto en términos absolutos como en relación al PIB, es el segundo registro más elevado –tras el del año pasado– para un primer semestre de toda la serie histórica, resultado de un superávit en la balanza de servicios solo parcialmente compensado por los déficits de las balanzas de bienes y de rentas.

La balanza de capital registró un superávit de 5,9 miles de millones y supone el máximo histórico para los dos primeros trimestres del año de toda la serie, influido por los efectos derivados de los fondos Next Generation EU. Todo ello dio lugar a una capacidad de financiación de 30,6 miles de millones, el 3,7% del PIB (segundo mayor registro para una primera mitad del año de la serie).

Respecto a los componentes del saldo por cuenta corriente, la balanza comercial empeoró su resultado con respecto al primer semestre de 2024 en apenas 2,1 miles de millones, mientras que la de rentas mejoró muy levemente su saldo negativo (gráfico 1).

El deterioro del superávit comercial se debe a un incremento en el saldo negativo de la balanza de bienes de un 69%, que ha más que compensado la intensa mejoría, de un 34%, del saldo en los servicios de no turismo y la de los servicios turísticos ( 5%). El buen comportamiento de los servicios ha permitido que el superávit comercial, a pesar de su ligero retroceso, se mantenga en niveles elevados (gráfico 2).


En los servicios no turísticos, destaca especialmente el crecimiento en el capítulo de transporte, con una magnitud que supera los 3.000 millones, y que supone el 65% de la mejora en la balanza del total de los servicios no turísticos. En menor medida, el capítulo de telecomunicaciones, informática e información mejoró su superávit en algo más de 1.000 millones. Por zonas geográficas, cabe mencionar el incremento de más de 3.000 millones en el saldo de los servicios no turísticos destinados a Europa y, en menor medida, los más de 1.000 millones con América.

La ligera mejoría de la balanza de rentas refleja el menor déficit en concepto de rentas primarias (que incluyen las rentas del trabajo y de la inversión generadas en el extranjero). En estas, destaca la intensa reducción del saldo negativo en las rentas de inversión como resultado de una mejora en todos sus componentes a excepción del relativo a las administraciones públicas. Por su parte, el déficit de las rentas secundarias (que incluyen las transferencias y remesas de emigrantes), registró un ligero deterioro.

En suma, la balanza de pagos continúa registrando superávits históricos gracias a que el déficit de la balanza de bienes es compensado por el excedente de la balanza de servicios, turísticos y no turísticos.


1 Ambos calculados en base a los datos trimestrales del INE disponibles en la fecha de esta nota. Serie pendiente de actualizar y no consistente aún con la CNA recientemente actualizada.

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Revisión de la contabilidad nacional centrada en la inversión y el consumo público

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Conforme a la revisión de las cifras de contabilidad nacional anual, publicada por el INE el pasado día 19 de septiembre, el PIB en 2024 creció un 3,5%, tres décimas porcentuales más que la cifra anterior, mientras que en 2023 el crecimiento fue del 2,5%, dos décimas inferior a lo inicialmente estimado, y en 2022 dos décimas superior (hasta el 6,4%). En suma, el crecimiento acumulado del PIB en el conjunto del periodo 2021-2024 fue del 12,8%, en lugar del 12,5% anterior.

Las revisiones de mayor magnitud afectan al consumo público, que creció menos de lo indicado inicialmente –un 8,4% entre 2021 y 2024, frente al 10,2% publicado inicialmente–, así como a la inversión en capital fijo (FBCF), cuyo crecimiento se ha revisado intensamente al alza, hasta un 14,3%, desde un 8,6% inicial. El resto de componentes por el lado de la demanda han sufrido modificaciones de escasa cuantía (gráfico 1). Como consecuencia de estos cambios, la aportación de la demanda nacional al crecimiento en el conjunto del periodo fue algo mayor de lo inicialmente calculado, mientras que la del sector exterior se ha aminorado.


La fuerte revisión al alza de la FBCF procede enteramente de dos de sus componentes: la construcción de no vivienda, cuyo crecimiento en el conjunto del periodo mencionado se ha elevado desde un 4,6% hasta un 16,4%, y los productos de propiedad intelectual, con un avance del 28,6%, frente al 10,5% inicial. El resto de componentes –construcción de vivienda y bienes de equipo— apenas sufren una ligera revisión a la baja (gráfico 2).


En suma, prácticamente los únicos cambios relevantes son los que afectan al consumo público y a la inversión en otras construcciones y en productos de la propiedad intelectual. El patrón de comportamiento del resto de partidas se mantiene sin cambios con respecto al dibujado por las cifras anteriores: crecimiento moderado del consumo privado, debilidad de la inversión en equipo y de las exportaciones de bienes, que contrasta con el fuerte dinamismo de las exportaciones de servicios turísticos y no turísticos (cuyas cifras apenas sufren modificaciones).

Por el lado de la oferta, no hay revisiones significativas. Tan solo una cierta revisión a la baja en el crecimiento del VAB industrial, y al alza en la construcción.

En cuanto al empleo, se ha revisado al alza (para el conjunto del periodo), tanto en términos de número de personas ocupadas como de horas trabajadas, aunque en mayor medida en el caso de estas últimas, de modo que las horas trabajadas por persona registraron un leve avance del 0,6%, frente al crecimiento nulo previo. No obstante, el número de horas trabajadas por persona en 2024 sigue siendo inferior a 2019. Finalmente, como consecuencia de todo lo anterior, la productividad por hora trabajada creció menos de lo anteriormente calculado: un 2,2% frente a un 3,2%.

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