Coyuntura – Página 2 – Negocios e Inversiones

Precio de la vivienda y crecimiento poblacional

enero 23, 2026

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La vivienda registró un crecimiento interanual del 12,1% en el tercer trimestre de 2025 (último dato disponible), según las cifras publicadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Como consecuencia, en el tercer trimestre de 2025, el precio medio en España del metro cuadrado de la vivienda libre se situó en 2.153 euros, lo que supone un 2,5% más que el valor máximo alcanzado en el primer trimestre de 2008. Esta revalorización, que es heterogénea por provincias, se muestra en el mapa 1.

La recuperación del precio de la vivienda ha sido prácticamente ininterrumpida desde el mínimo registrado en 2014, con el paréntesis de 2020, consecuencia del cierre de la economía por la pandemia. Esta recuperación fue relativamente suave hasta 2021, con un avance medio anual del 1,8%, pero, a partir de dicho año, el crecimiento del precio de la vivienda se intensificó, alcanzando tasas medias anuales del 6%. La aceleración ha ido de la mano de un incremento en el ritmo de crecimiento de la población, que, si bien había comenzado a registrar tasas de avance positivo en 2016 (tras varios años de descenso), se vio interrumpido en 2020 y 2021 (en los que registró crecimientos moderados) y, seguidamente, se reactivó, con incrementos medios anuales de en torno al medio millón de habitantes en los años 2022 y posteriores.

Desde que comenzó dicha aceleración, a finales de 2021, hasta el último dato disponible (tercer trimestre de 2025) la población ha registrado un crecimiento acumulado del 4,1%, mientras que el el precio de la vivienda aumentó un 27,1% en el conjunto del país. Las cifras por provincias muestran cierta correlación entre el comportamiento de ambas variables (gráfico 1) y ponen de manifiesto las grandes diferencias existentes entre territorios, pudiendose agrupar estos en cuatro grupos en relación a la evolución media del país.

Así, tenemos un primer grupo con seis provincias, en las que el crecimiento de la población y del precio de la vivienda fueron superiores a la media nacional (círculos en el gráfico 1). Estas regiones se caracterizan por ser dinámicas económicamente o, como el caso de Guadalajara, por beneficiarse de “efectos frontera”.

Por el contrario, hay un segundo
grupo –el más numeroso–, conformado por 30 territorios en los que tanto el
crecimiento de la población como el del precio de la vivienda fue más débil que
la media del conjunto del país (triángulos en el gráfico). En esta agrupación hay
seis provincias, fundamentalmente de la España “vaciada”, en las que la
población descendió (zona sombreada del gráfico) y, a pesar de ello, sus
precios registraron avances positivos, aunque modestos.

El tercer grupo lo componen ocho
provincias en las que el precio subió más que la media nacional, pero su
población registró una evolución más débil que la del conjunto del país. Algunas
tienen atractivo turístico como Cádiz, Santa Cruz de Tenerife o Cantabria (cuadrados
en el gráfico).

Por último, la cuarta agrupación
la conforman ocho provincias en las que la población creció más que la media
nacional y, en cambio, el precio avanzó menos (rombos en el gráfico). Dentro de
este grupo se encuentran las cuatro provincias catalanas.

En suma, pese a que en la
actualidad el precio de la vivienda registra intensos crecimientos a nivel
nacional y en todas las provincias, es visible una gran disparidad regional que
va de la mano, con una cierta correlación, del comportamiento de la población en
las provincias en los últimos años.

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La inversión productiva, presa de la incertidumbre

enero 19, 2026

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La economía española sigue viviendo un momento dulce, y es
muy probable que los datos de actividad y de mercado laboral que se darán a
conocer esta semana avalen la sensación de resistencia ante los desvaríos globales.
La transición de un sistema multilateral basado en reglas a otro gobernado por
las asimetrías de poder y las demostraciones de fuerza bruta han traído consigo
un parón del motor exterior de la expansión, pero los hogares siguen consumiendo
y las administraciones ejecutando con holgura el remanente de fondos europeos
todavía disponibles.

La anomalía viene de la inversión privada, caracterizada por
una atonía que no encuentra explicación fácil (por su parte, la tardía
recuperación de la inversión residencial, elemento nuclear de la crisis de
vivienda, tiene causas conocidas). La economía ha crecido un 10% desde el
trastorno de la pandemia, mientras que la inversión empresarial ha caído un
3,4%, descontando la inflación (comparando la media de los tres primeros
trimestres de 2025 con el mismo periodo de 2019).

Un repunte es perceptible, pero la sensación de debilidad no
se disipa: la inversión empresarial se ha incrementado en los últimos dos años a
un ritmo inferior al PIB, cuando una relación inversa, es decir, de
amplificación del ciclo, era lo lógico habida cuenta del vigor de la expansión.
En la expansión anterior a la crisis sanitaria, la inversión privada creció un
20% más que la economía, y una elasticidad de magnitud similar se observa también
en los momentos expansivos en el conjunto de la UE.

Además del tirón de la economía, la política económica ha sido propicia a la inversión. El programa Next Generation prometía un potente efecto tractor de los fondos europeos, al tiempo que el BCE ha abaratado el precio del dinero, facilitando el acceso al crédito de empresas y hogares. Pero el doble impulso fiscal y monetario ha redundado en un incremento del ahorro, mermando los recursos disponibles para potenciar la capacidad productiva del país. Las empresas han optado por desendeudarse, y por acumular nada menos que 379.000 millones de euros en efectivo y depósitos. Es decir, la liquidez acumulada asciende a cerca del 23% del PIB, un punto y medio por encima de la media de lo que va de siglo, algo que puede sorprender: el efectivo y los depósitos entrañan una rentabilidad cuasi nula, inferior en muchos casos al rendimiento observado de la inversión productiva.

Semejante volumen de liquidez no solo obedece a las
necesidades de tesorería, también traduce la cautela del tejido productivo, en
un entorno marcado por la incertidumbre. Invertir es apostar por el futuro,
pero el horizonte está plagado de incógnitas. Las alianzas que habían asegurado
una cierta previsibilidad parecen volatizarse, al tiempo que aflora la
dependencia tecnológica, energética y militar de Europa. La prudencia es, por
tanto, comprensible, pero las empresas españolas parecen más proclives a ese
comportamiento que sus homólogas europeas: éstas realizan un esfuerzo de
inversión mayor, y su deuda se aligera con más lentitud que en España.

Todo ello apunta a la
existencia de factores internos de incertidumbre. La sucesión de prórrogas
presupuestarias tiene el inconveniente de generar dudas acerca del marco
tributario y legal que prevalecerá en los próximos años, pudiendo ser visto
como un riesgo. Otro freno nace de la complejidad de los trámites de solicitud
de los fondos europeos, así como de la lentitud percibida en relación a su
desembolso. Por otra parte, el clima de incertidumbre puede pesar más en las
iniciativas de las pequeñas empresas, que son las que componen el grueso del
tejido productivo español, y que se enfrentan a dificultades específicas para acceder
a fuentes de financiación estable. El fondo de inversiones recientemente
anunciado por el Gobierno debería abordar estos frenos para animar la inversión
empresarial, eslabón débil del ciclo expansivo. La previsibilidad es tan
importante, sino más, que el dinero prometido.

DEUDA | El proceso de desendeudamiento de las
empresas no da tregua. En el tercer trimestre, la deuda de las sociedades no
financieras descendió hasta el 79,7% del PIB, mínimo del último cuarto de
siglo. El peso de los pasivos es también muy inferior a la media europea, donde
alcanza el 103,4% del PIB. La reducción de la deuda se explica por el menor
recurso a los préstamos por parte de las empresas, mientras que la emisión de
bonos y otros valores representativos de deuda ha aumentado ligeramente en el
último año.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La economía ante el estrés geopolítico

enero 12, 2026

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El año ha comenzado con una proliferación de focos de
tensión internacional, que se superponen a un panorama geopolítico ya muy
deteriorado como consecuencia de la renuncia de la primera potencia mundial a
las reglas del multilateralismo y a algunos principios básicos de buena gestión
macroeconómica. La economía española ha logrado capear las adversidades, pero
los riesgos se acrecientan.

Si bien la inercia de la economía ha sido un factor clave que ha permitido suavizar el impacto del shock comercial, su persistencia no está garantizada. En EE. UU., los aranceles no han generado una recesión ni el brote de inflación que se vaticinaba, pero el mercado laboral da señales de enfriamiento. En cuanto a la inflación, los efectos de segunda ronda, soliviantados por el descontento social a propósito del poder adquisitivo, podrían todavía dar quebraderos de cabeza. Los mercados, de momento, lo descartan, y consideran que el camino se allana para que la Reserva Federal proceda a varios recortes de tipos de interés en los próximos meses. Todo ello alimenta el auge de los valores bursátiles, entre los que destacan las grandes corporaciones tecnológicas: una bonanza cuya continuidad depende, sin embargo, del comportamiento de la inflación y de la política monetaria.

Por otra parte, el efecto disuasorio que ejercieron los mercados ante la ofensiva arancelaria de EE. UU. no puede producirse en el caso de una acción militar o de conflictos territoriales, tratándose de cuestiones que transcienden el marco de la economía. No olvidemos que muchos sectores productivos reaccionaron con premura a las tarifas anunciadas por el presidente Trump en el día de la liberación, por el miedo a la desorganización de las cadenas de suministro y al encarecimiento de los costes de producción, obligando a una cierta contención. El propio entramado institucional ha jugado un papel positivo: la Corte Suprema, en una decisión muy esperada, podría revertir parte de la política comercial.

Por otra parte, la economía europea es más vulnerable a un debilitamiento del actual sistema de defensa –algo inevitable en caso de una anexión de Groenlandia– que a la disrupción del comercio transatlántico que se produjo el año pasado como consecuencia de los aranceles. El comercio con EE. UU. no supera el 1% de nuestro PIB, mientras que los flujos de inversión internacional, que es la variable más expuesta a los vaivenes geopolíticos, tienen una relevancia macroeconómica.

Afortunadamente, ante estos riesgos, la economía europea y
la española disponen de margen de maniobra. La potencia comercial que aporta un
mercado de 450 millones de consumidores puede ejercer de contrapeso, sobre todo
frente a economías que se encuentran en una fase menos boyante que en el
momento de la llegada al poder del mandatario republicano.

Además, el mercado único europeo dispone de un potencial de crecimiento, y por tanto de fortalecimiento de la posición de negociación con otros bloques comerciales, lo que trae consigo múltiples beneficios para una economía competitiva como la española. Nuestros intercambios con la UE arrojan un superávit superior al 5% del PIB, frente al 3,2% antes de la pandemia (fundamentalmente por el tirón de los servicios no turísticos). No obstante, en el periodo más reciente un ligero retroceso es perceptible, tal vez como consecuencia de la escalada de ayudas de Estado y otras trabas a los intercambios comunitarios, apuntando a la necesidad de profundizar en la integración.

Con todo, el contexto internacional seguirá siendo muy incierto y cabe anticipar una aportación ligeramente negativa del sector exterior al crecimiento de la economía española en 2026. Nada que amenace el crecimiento, ya que el motor interno seguirá funcionando, pero la sostenibilidad del impulso expansivo depende de reformas y de inversiones en vivienda y capital productivo que están por llegar, a falta de consenso. Contrariamente a otros momentos de nuestra historia, el factor limitativo está en la política, ya sea nacional o internacional, y no en la propia economía.

REGLOBALIZACIÓN | Tras la crisis financiera, se produjo un recrudecimiento de los intercambios en el seno de los bloques comerciales, en detrimento de la lógica multilateral. En consonancia con este movimiento de reglobalización, la cuota de la UE en el total de exportaciones españolas pasó del 58,3% en 2015 hasta un máximo del 64,2% en 2022. Desde entonces, el debilitamiento del mercado único ha traído consigo que la cuota de la UE descendiera hasta el 63,6% en 2024, una tendencia que no parece haber sido alterada por la escalada arancelaria de EE. UU.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La inteligencia artificial, salto adelante o cisne negro

diciembre 22, 2025

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La inteligencia artificial se adentra en la economía, dando lugar a un proceso de aprendizaje a escala mundial rodeado de tanta fascinación como desconfianza. Los tecnooptimistas imaginan una infinidad de aplicaciones, lo que redundaría en más productividad y mayores cotas de bienestar social, particularmente en las economías intensivas en servicios como la española. Y lo cierto es que, en algunos casos, los algoritmos basados en el análisis del lenguaje a partir de grandes bases de datos están logrando resultados asombrosos que se asemejan, cuando no superan, los que proceden del cerebro humano.

Las expectativas, sin embargo, están excediendo la realidad hasta el punto de generar una burbuja de proporciones inquietantes que, según el FMI, amenaza la estabilidad financiera: precisamente el estallido de esta burbuja podría ser uno de los cisnes negros a los que se enfrenta la economía mundial en 2026, con múltiples derivadas en España.

Es un hecho que la inversión en inteligencia artificial crece exponencialmente, mientras que los beneficios de dichas inversiones se hacen esperar. Según estimaciones realizadas por un think tank asociado a la Universidad de Stanford, el gasto de las empresas destinado a la IA se elevó a cerca de 250 mil millones de dólares en 2024 a nivel global, dos veces y medio más que antes de la pandemia.

Como consecuencia de la acumulación de recursos inyectados
en el sector, la capitalización de las siete principales corporaciones
tecnológicas de EE UU (las llamadas siete magníficas) se ha disparado hasta
alcanzar un apabullante 35,5% del valor bursátil del conjunto de la economía
norteamericana, a tenor del índice S&P. O, dicho de otra manera, las siete
magníficas pesan, por sí solas, 21 veces más que la capitalización total de la
bolsa española.

Sin embargo, los beneficios de este puñado de
corporaciones crecen la mitad de los que reporta el resto de las empresas
cotizadas en el S&P (con datos hasta el tercer trimestre). La confrontación
con la realidad, por tanto, podría ser dolorosa, habida cuenta de la magnitud
de la inversión acumulada por una multitud de entidades, particularmente las
que conforman las finanzas en la sombra y que se han endeudado copiosamente para
realizar sus operaciones al calor de las siete magníficas.

En este contexto de exuberancia y de pugna con
China, no es sorprendente que la tecnología se utilice a fines geopolíticos, y
más concretamente con el objetivo de entorpecer los esfuerzos de la Unión
Europea para prevenir la constitución de oligopolios “rentistas”. En virtud de
su normativa digital, Europa intenta limitar el poder de mercado de las grandes
tecnológicas, cuando éste dificulta la libre competencia o la innovación. De ahí que esté contemplando imponer sanciones
a algunas de las grandes plataformas, provocando reacciones airadas de la
Administración Trump que amenaza con retorsiones a las empresas europeas de
servicios, incluidas algunas españolas, que operan en su país.

Los riesgos financieros y las prácticas anticompetitivas apuntan a la necesidad de estrechar la vigilancia de las finanzas en la sombra o de adaptar las herramientas de política económica a las transformaciones tecnológicas. La buena noticia es que, bien encauzada, la nueva tecnología supone una oportunidad para la economía española, por su competitividad en los sectores de servicios y porque la IA podría solventar algunos de los obstáculos al crecimiento del tamaño de las empresas (uno de nuestros desafíos), particularmente en lo que atañe a su financiación. La dificultad radica en la concentración de poder en torno a las grandes tecnológicas, cuyos intereses no parecen estar alineados con la visión europea de libre mercado atemperado y de cooperación internacional basada en la reciprocidad. El nuevo año será decisivo para conocer el devenir de la IA como palanca del progreso o foco de inestabilidad. Apostemos por el gran salto adelante, y preparémonos para el cisne negro.

I D | El informe Draghi sobre competitividad pone de manifiesto la relevancia de la inversión en Investigación y Desarrollo como de productividad y de creación de empleo de calidad. En Alemania y Suecia, entre las grandes economías europeas que más invierten en I D, el porcentaje de empleos intensivos en tecnología y conocimiento supera la media europea, del 5,1%. Ese porcentaje es inferior a la media en España e Italia, países que invierten relativamente poco en I D. Desde 2019, España ha incrementado su inversión, y en paralelo el porcentaje de empleos de calidad se ha elevado.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El poder adquisitivo a dos velocidades

diciembre 15, 2025

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La carestía de la vida es, junto con la vivienda, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y un quebradero de cabeza para los Gobiernos. El último Eurobarómetro, que toma el pulso de las opiniones públicas europeas, coloca el poder adquisitivo a la cabeza de los problemas a que se enfrentan los españoles, justo después de la crisis habitacional y muy por delante de otras lacras como el desempleo. Lo que no detectan las encuestas, sin embargo, es la heterogeneidad de las situaciones, cuestión de gran relevancia de cara al buen diseño de las políticas que serían necesarias para aplacar el descontento.

El origen de esta preocupación social es el brote de inflación surgido tras la invasión de Ucrania, y su persistencia en el periodo más reciente, en el que asistimos incluso a un repunte. En el último trienio, el IPC se ha incrementado un 17,6%, ligeramente por encima de la renta disponible media de los hogares (con ingresos calculados a partir de los datos de contabilidad nacional, y el número de ocupados de la EPA). Otras fuentes estadísticas, como los recién publicados datos de costes laborales, o la remuneración media por asalariado, conducen a una conclusión similar de ligera reducción de poder adquisitivo, cercana a un punto porcentual. O, lo que es lo mismo, cada asalariado habría perdido unos 450 euros en capacidad de compra desde el comienzo de la conflagración, siempre en términos promedios.

Pero las tendencias agregadas encumbren realidades dispares. Para una parte de la clase media, el retroceso es más pronunciado, esencialmente por la mayor presión fiscal, consecuencia de la no deflactación de las tarifas de IRPF: los impuestos pagados por los hogares se han incrementado nada menos que un 23% en términos acumulados desde 2022, descontando la inflación.

A la inversa, los perceptores de dividendos, intereses, alquileres y otras rentas de la propiedad han sido los más beneficiados por la revalorización de los activos bursátiles y por el fin de la era de tipos de interés negativos. Y es un hecho que las rentas financieras son las que más se han incrementado en este periodo.

Otros colectivos como los parados que han vuelto al empleo y los perceptores del salario mínimo o de una prestación social se sitúan en una posición intermedia, ya que en principio han podido mejorar su situación, fruto de las sucesivas revalorizaciones de los mínimos sociales y demás medidas de indexación. Una cosa son los jubilados relativamente acomodados y con una vivienda en propiedad. Otra, los colectivos con bajos ingresos que viven en alquiler. La alimentación, uno de los componentes que más se ha encarecido, tiene un peso elevado en la cesta de consumo de estos hogares, mientras que la renovación de los contratos de alquiler puede suponer un deterioro abrupto de su nivel de vida.

Ante tanta heterogeneidad, los Gobiernos europeos han acertado en dejar atrás los recortes generalizados de IVA o de impuestos especiales. La focalización de las transferencias de renta a los colectivos con bajos ingresos y en situación de vulnerabilidad habitacional es sin duda preferible. Pero a largo plazo, el poder adquisitivo solo puede sustentarse en la resolución de los desequilibrios subyacentes que son la falta de vivienda, las carencias de la competencia, particularmente en los servicios y las cadenas de distribución, las ineficiencias del sistema tributario y la debilidad de los salarios y de la productividad. Todo ello lleva tiempo y requiere de consensos políticos actualmente difíciles de alcanzar.

En lo inmediato, se vislumbra un escaso avance del poder
adquisitivo en términos generales, al tiempo que el estímulo procedente del
mercado laboral podría moderarse. Por tanto, habrá que seguir hablando de una
pluralidad de situaciones y de un desacoplamiento entre el buen momento
macroeconómico y la percepción social mayoritaria.

IPC | Los precios siguen creciendo a un ritmo superior a la media europea, entrañando un riesgo de pérdida de competitividad. El IPC subió un 3,2% en noviembre, un punto más que en la eurozona, en parte por la escalada de los alimentos frescos, con un incremento del 6,6% en términos interanuales. Destaca el encarecimiento de los huevos, las frutas frescas, el pescado y la carne de ave, entre otros factores. Entre los alimentos elaborados, el café, cacao y chocolate suben a doble dígito por la fuerte demanda asiática y las malas cosechas.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El puzle territorial de la economía española

diciembre 9, 2025

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Las turbulencias que se han sucedido en el último lustro, así como el posterior ciclo expansivo, han redibujado el mapa económico del país, prefigurando una bifurcación en las dinámicas de crecimiento. Algunas comunidades como Asturias o Galicia, atenazadas por el envejecimiento poblacional, han logrado revertir el declive. Otras, y sin sorpresa, como Madrid, Cataluña y País Vasco, se han consolidado gracias a la presencia de un potente tejido productivo y su creciente apertura hacia el exterior.

En todos los territorios, el bienestar material, o PIB per capita, ha mejorado con relación a la situación anterior a la crisis sanitaria —y eso es una buena noticia que nos diferencia de otras grandes economías de nuestro entorno—, en función principalmente de dos parámetros. Uno, la existencia de un tejido productivo competitivo basado en la industria y los servicios más demandados, ya sea en el mercado interior, aupado por los fondos europeos, o en el internacional.

Y dos, de manera complementaria a lo anterior, el crecimiento de la población activa: la incorporación de nueva fuerza laboral, particularmente la que procede de la inmigración, ha permitido a las empresas responder a la pujante demanda de bienes y servicios, facilitando también la movilidad de trabajadores cualificados hacia sectores de mayor valor añadido. Es un hecho que las comunidades que combinan un tejido productivo competitivo y una fuerte entrada de activos han crecido por encima de la media. El sur peninsular no ha sido el más favorecido por esta pauta de crecimiento, si bien su PIB per capita también ha crecido gracias a la creación de empleo. En suma, pese a las disparidades, el ciclo expansivo se ha propagado a través de todo el país, fundamentalmente por la existencia de una capacidad productiva disponible y rápidamente movilizable.

Ahora bien, este margen de maniobra está desapareciendo en los territorios más pujantes del centro y norte peninsular, donde la tasa de paro se acerca tanto a los mínimos de la serie histórica como a la media comunitaria. La carencia de mano de obra local podría paliarse con movilidad interna o gracias a la inmigración, pero en la práctica estos mecanismos de compensación se enfrentan a la grave situación de escasez de vivienda. La elevación de la productividad es otro recurso posible para ensanchar la capacidad productiva, si bien para ello habría que desatascar la inversión empresarial y reforzar el capital humano, algo que lleva tiempo. En lo inmediato, por tanto, una desaceleración es previsible, pero el repunte incipiente de la productividad en estas comunidades abre nuevas perspectivas.

Las comunidades del sur, por su parte, disponen de más margen, es decir, de oferta ociosa, ya que su tasa de paro se mantiene en el doble dígito, duplicando en algunos casos la media europea. En teoría, por tanto, su crecimiento futuro dependerá de la evolución de la demanda en los sectores que tienen más peso en estos territorios como el turismo, la industria agroalimentaria, química o de defensa. En la práctica la movilización del potencial productivo depende de la activación de los parados, vieja asignatura pendiente.

Estas disparidades ponen de manifiesto la necesidad de un cambio de enfoque. La inversión en infraestructuras sigue siendo importante, pero no basta para acelerar la convergencia de las zonas desfavorecidas: la estrategia debe arraigarse en el tejido productivo existente, alejándose de la querencia por los grandes proyectos desvinculados de la realidad local.

En definitiva, se produce una bifurcación de las prioridades entre el norte y el sur. Pero el objetivo de un mayor equilibrio territorial debe ser común, ya que el esfuerzo de cohesión no solo obedece a una lógica de igualdad de oportunidades, también aporta beneficios económicos: una concentración geográfica excesiva del crecimiento redundaría en costes crecientes de congestión y en un deterioro general de la calidad de vida. Las piezas territoriales del puzle económico tienen que encajar.

INMIGRACIÓN | En los últimos tres años, la inmigración ha más que compensado la pérdida de población española, excepto en Extremadura, única comunidad autónoma donde el número total de habitantes ha descendido. Asturias es la comunidad donde más ha crecido la inmigración, con un 46% en el trienio. Por otra parte, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid recibieron en su conjunto el 56% de toda la población extranjera. A nivel nacional, el 45% de los empleos creados durante este periodo están ocupados por personas extranjeras (cifras EPA), evidenciando la contribución de la inmigración al mercado laboral.

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La pieza angular del ciclo expansivo

diciembre 1, 2025

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La subida en escala de los servicios no turísticos es una de las principales sorpresas que ha vivido la economía española en estos últimos años, tanto por la intensidad del fenómeno como por su carácter no intencionado. Estos servicios engloban una amalgama de actividades profesionales, de consultoría, tecnología, investigación, logística, finanzas y diversas tareas administrativas. Se trata, por tanto, de un conjunto bastante heterogéneo de ramas, pero que tienen en común dirigirse principalmente a empresas. A diferencia de la construcción, la agricultura, el turismo y parte de la industria, destinados principalmente a los hogares, mientras que los servicios públicos tienen como misión aportar valor a la sociedad en general.

La política económica ha priorizado el desarrollo industrial, joya de la corona de los fondos europeos, y, más recientemente, la construcción. Sin embargo, son los servicios no turísticos los que más han contribuido al buen momento que vive la economía. La riqueza, o valor añadido, generada por estos servicios se ha incrementado un apabullante 21%, en total en el último lustro, más del doble que el conjunto de sectores productivos (con datos de los tres primeros trimestres de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2019). Estos servicios explican más de la mitad del avance del PIB registrado en este periodo.

Su expansión es reveladora de un cambio estructural iniciado tras el estallido de la crisis inmobiliaria y que se acelerado tras la pandemia. En 2007, la construcción representaba el 12% del PIB, y hoy está en la mitad. El terreno perdido lo han ocupado (casi por completo) los servicios no turísticos, cuya contribución a la balanza de pagos es también notable: hoy por hoy el saldo entre las exportaciones y las importaciones, irrisorio dos décadas atrás, ronda el 2,5% del PIB, acercándose al sacrosanto superávit del turismo.

Los excedentes cosechados por los servicios no turísticos
han resistido a todas las crisis que se han sucedido en los últimos tiempos, en
contraposición con el turismo, penalizado por la pandemia, y la industria, el
sector más vulnerable ante la subida de los aranceles y las tensiones
geopolíticas que atraviesan el planeta.

Todo ello afianza el actual ciclo expansivo, y también entraña
enseñanzas para la política económica. En primer lugar, el auge de los
servicios no turísticos no se ha trasladado al modelo productivo. Es decir,
estos sectores siguen el mismo patrón de crecimiento que la economía española
en su conjunto, muy dependiente de la incorporación de fuerza laboral como
soporte de la actividad, mientras que la productividad se caracteriza por su
debilidad.

En el caso de los servicios, esta pauta de crecimiento se
enfrenta a un problema de sostenibilidad más severo que sectores como la
construcción o el turismo, que pueden seguir expandiéndose recurriendo a la
inmigración. Las actividades profesionales o tecnológicas, por su parte, tienen
que competir por un talento que escasea a nivel global y retener los jóvenes
que se sienten atraídos por otros destinos que ofrecen mejores condiciones
laborales.

Por otra parte, los servicios no turísticos son
relativamente intensivos en inversión en “intangibles”, o activos inmateriales tales
como la conectividad a la plataforma digital, el capital tecnológico y las
aplicaciones informáticas. La dificultad de reconocer este tipo de activos como
colateral para obtener nueva financiación constituye un freno, que afecta
también el crecimiento de las empresas y, por tanto, la productividad. Estas
enseñanzas deberían inspirar el despliegue del remanente de fondos Next
Generation a efectos de medidas horizontales que afronten las barreras a
inversión y desinhiben la expansión de proyectos prometedores.

En suma, la economía se ha diversificado gracias a la
consolidación de un sector potente de servicios no turísticos, aportando robustez
al ciclo expansivo. Pero su transformación en un modelo capaz de sostener cotas
altas de productividad y de remuneraciones, sigue siendo una tarea
pendiente.

SALDO EXTERIOR | La balanza de pagos apenas se resiente de las incertidumbres en torno al devenir del comercio internacional. La balanza por cuenta corriente arrojó hasta septiembre un superávit de 37,9 miles de millones de euros, un 8,5% menos que el mismo periodo del año pasado. El fuerte deterioro del desequilibrio de los intercambios de bienes –consecuencia del estancamiento del mercado europeo y, en menor medida, de la elevación de los aranceles– ha sido compensado por el excedente de la balanza de servicios, tanto turísticos como no turísticos. De manera similar, la inversión extranjera directa ha descendido menos de la anticipado.

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La reaparición de la inflación

noviembre 17, 2025

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Todo tiene su precio o su lado oscuro, y el momento expansivo
que atraviesa la economía española no escapa a esta lógica. El repunte de la
inflación que se observa desde la primavera, junto con su efecto de
amplificación de la brecha con los países que comparten la moneda única,
reflejan tanto las fuerzas como las debilidades de nuestro modelo de
crecimiento.

El IPC está avanzando a tasas superiores al 3%, aproximadamente un punto por encima de la media de la eurozona. Los componentes que más contribuyen a este diferencial desfavorable para España son los servicios, la energía y los alimentos frescos, es decir, una amplia gama de productos. El carácter generalizado de las tensiones traduce la intensidad del tirón de la demanda, que se deriva en parte del potente shock demográfico que insufla dinamismo en nuestra economía, y que no tiene parangón entre las grandes economías europeas.

El aumento poblacional sustenta la bonanza macroeconómica, pero también impulsa el consumo de los hogares, componente que crece a tasas que duplican las del conjunto de la eurozona. Las empresas reaccionan al auge del gasto de los consumidores aumentando la producción, pero también ajustan sus tarifas de venta, al menos en los sectores que pueden hacerlo porque operan al abrigo de la competencia y con poca capacidad productiva disponible, teniendo en cuenta el déficit de inversión arrastrado en el último lustro.

Por ejemplo, la electricidad y la sanidad privada, con un
IPC que escala a un ritmo de doble dígito, tienen en común la pujanza de la
demanda en un contexto de oferta cuasi rígida. Una circunstancia agravante, en
el caso de los servicios, es que disponen de más holgura para ajustar sus
precios que la industria, cuyos márgenes están constreñidos por una competencia
internacional feroz. Esto explica otra brecha, la doméstica, que nace de la
persistencia de las presiones inflacionarias en los servicios, con un IPC que se
incrementó un 3,6% en octubre en términos interanuales, contrastando con el
cuasi inexistente avance de los precios industriales, un escaso 0,8%.

Los alimentos frescos son otro componente inflacionario, con
gran transcendencia en la percepción ciudadana. En este caso, los factores
internos, es decir, la fortaleza del consumo y el menor grado de competencia
que prevalece en la cadena de distribución, conviven con fenómenos globales,
como la demanda asiática, aupada por una clase media cada más numerosa y que
tiende a aproximar sus pautas de consumo a las de estas latitudes (caso del
café o de la carne, por ejemplo).

El repunte de la inflación entraña dos consecuencias: por
una parte, la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, que se produce
cuando las remuneraciones no se ajustan a la misma velocidad que los precios; y,
por otra parte, el deterioro de la competitividad de las empresas que encarecen
sus productos en relación a sus competidores, o comprimen sus márgenes para así
mantener la cuota de mercado –caso, este último, de las ramas industriales más
expuestas a las inclemencias de la competencia internacional–. Estos impactos,
además, se convierten en fuerzas antagónicas cuando los salarios y los márgenes
compiten por recuperar terreno.

El riesgo es todavía limitado, pero se visibilizará si persiste el diferencial de inflación con respecto a los competidores más directos. En cierto modo, la reactivación de la inflación es inherente a un modelo de crecimiento como el español que se sustenta principalmente en la incorporación de nueva fuerza laboral, y subsidiariamente en el despliegue de la productividad. Un modelo que se caracteriza también por la debilidad de la inversión, limitando la capacidad de respuesta del tejido productivo al aumento de la demanda. El camino pasa precisamente por desatascar la inversión privada, y abordar las posiciones de oligopolio que restringen la competencia. En lo inmediato, nos asomamos a nuevos desvíos del IPC.

IPC | La reaparición de las tensiones inflacionistas desde la primavera se debe en parte a factores transitorios, como el fin de los subsidios al transporte público o la instauración de una tasa para financiar la recogida de basuras. También ha contribuido la normalización del IVA y de otros impuestos que se habían reducido para aplacar el impacto de la crisis energética surgida tras el estallido de la guerra en Ucrania. El efecto combinado de estas medidas, sin embargo, es limitado, además de puntual. Incluso descontándolo, la tendencia alcista del IPC se mantiene.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La inmigración y el crecimiento futuro

noviembre 10, 2025

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El papel de la inmigración en el actual ciclo expansivo ha sido más significativo, pero también menos automático, de lo que es comúnmente admitido. No es solo que, año tras año, los extranjeros estén aportando cerca de dos de cada tres nuevas incorporaciones al mercado laboral: la clave está en que esta fuerza laboral sustenta la actividad de sectores que se enfrentan a una demanda desbocada, aliviando la situación de escasez o de desmovilización de la mano de obra española, habida cuenta del nivel de los salarios en vigor.

La especificidad del shock demográfico español, y su corolario de elevación de la oferta laboral, es que ha coincido con una fuerte demanda latente. El 75% de los empleos generados durante en el último año por la hostelería y otras actividades asociadas al turismo están ocupados por inmigrantes. En otras palabras, la inmigración ha servido de palanca para batir un nuevo récord de ingresos por turismo internacional. Pero si el aumento de la población activa ha ejercido un impacto tan potente e inmediato –la pronta integración de los inmigrantes es igualmente sorprendente– es porque se ha simultaneado con una demanda potente, alentada por un deseo de viajar que había sido reprimido durante la pandemia.

De manera más contundente, la recuperación en marcha de la edificación de viviendas sería inconcebible sin el recurso a la mano de obra extranjera. Prueba de esta dependencia: el 68% de las nuevas contrataciones del sector de la construcción en el último año han sido para inmigrantes. Ahora bien, es probable que esas mismas personas no hubieran encontrado empleo en un contexto recesivo, como el que prevalecía tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, provocando una oleada de retornos de inmigrantes a sus países de origen. Esta circunstancia explica también las dificultades de integración de los extranjeros en economías en fase de ajuste estructural como Alemania, o que adolecen un déficit de competitividad como Francia.

Es más, la inmigración ha complementado, cuando no impulsado, la nacional. Sectores intensivos en mano de obra extranjera como la logística y los servicios a empresas con salarios inferiores a la media, forman parte de la cadena de suministros, siendo, por tanto, cruciales para el buen funcionamiento del conjunto de la economía. Todo ello ha facilitado el crecimiento en los sectores que originan la mayoría de las contrataciones de trabajadores españoles. Por ejemplo, las actividades profesionales, la educación y la sanidad aportan cerca del 60% de los nuevos puestos de trabajo ocupados por los españoles en el periodo reciente.

Sería temerario, sin embargo, anticipar la perpetuación de semejante círculo virtuoso. Los beneficios del crecimiento poblacional no se producen automáticamente, ya que el plus de oferta laboral podría no coincidir en el futuro cercano con la demanda (o al menos no de manera inmediata). La moderación del turismo augura una inflexión en el mercado laboral, independientemente de la entrada de inmigrantes que busquen empleos en el sector.

Además de la existencia de una demanda solvente, otro condicionante de la integración de la fuerza laboral, ya sea nacional o extranjera, es la disponibilidad de una capacidad productiva suficiente para sostener la actividad. A este respecto, es preocupante la debilidad de la inversión empresarial, sobre todo en los sectores que funcionan ya a plena capacidad, y que, por tanto, carecen de equipamiento ocioso para ampliar la plantilla.

En definitiva, la inmigración ensancha el margen de acción de la política económica, pero no la sustituye. Sigue siendo necesario incentivar el retorno al empleo de los parados, nacionales o extranjeros –no se entiende que, en plena bonanza, 173.000 desempleados que proceden de la construcción no encuentren un puesto de trabajo–. Y el fenómeno migratorio hace más prioritario abordar los obstáculos a la inversión y a la productividad, como sustento del bienestar general.

AFILIACIÓN | El mercado laboral mantiene su dinamismo, a tenor del aumento de la afiliación en 46.000 personas en octubre, coincidiendo con un descenso del paro registrado en 11.000 personas en el mismo mes (en ambos casos, en términos desestacionalizados por Funcas). Destaca la afiliación de trabajadores extranjeros, con un crecimiento interanual superior al 8% en lo que va de año, detectándose incluso una aceleración en los dos últimos meses. En el acumulado de 2025, la inmigración ha aportado la mayoría de los nuevos empleos creados en sectores pujantes como la construcción o la hostelería.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Milagro español o recalentamiento

noviembre 3, 2025

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La economía española sigue capeando el vendaval internacional, así como la parálisis reformista que se deriva del sudoku político español, y la sensación de inercia que se ha apoderado de la Unión Europea ante los lamentos de Mario Draghi. Pese a la entrada en vigor de los aranceles impuestos por la Administración de Trump, el PIB español avanzó un 2,8% en el tercer trimestre, frente al 1,3% en el conjunto de la eurozona, según las informaciones dadas a conocer esta semana.

El crecimiento, eso sí, es menos equilibrado, prefigurando un cambio de patrón con implicaciones relevantes para la política económica. De los dos motores de la economía, el interno y el externo, solo tira el primero, mientras que el segundo acumula señales preocupantes de agotamiento.

Durante el anterior trienio, las exportaciones se incrementaron más rápido que las importaciones, tanto en precios corrientes como en volumen, de modo que el sector exterior tuvo un papel destacado en el ciclo expansivo, redundando también en importantes superávits de los intercambios con el exterior. La tendencia se ha invertido claramente en los últimos trimestres ya que, si bien las exportaciones resisten, las importaciones se han acelerado de manera sorprendente. En lo que va de año, las ventas en el exterior suben un 3,6%, un valor próximo al mismo periodo del pasado ejercicio, mientras que las importaciones escalan un 5,8%, el doble que el año pasado (con cifras en precios constantes).

En suma, el sector exterior ya no aporta actividad, sino que la detrae. Y los datos más recientes apuntan a que esta situación debería perdurar. Por una parte, se detecta una caída de las exportaciones, particularmente hacia EE UU, consecuencia lógica de la guerra arancelaria; y una moderación de la entrada de turistas extranjeros, en un contexto de saturación de algunos destinos y de estancamiento del poder adquisitivo de los visitantes. Las importaciones, por otra parte, siguen creciendo a un ritmo elevado, particularmente las que provienen de EE.UU. y China.

El impulso, por tanto, ya solo procederá de nuestras propias fuerzas, entre las que destaca el consumo de las familias, variable que más ha contribuido al avance del PIB registrado en lo que va de año, seguido de la inversión. Lo que está detrás de este resultado es, en primer lugar, la creación de empleo, alentada por la incorporación de inmigrantes, y por otra parte la ejecución acelerada de los fondos europeos, cuando el programa entra en su recta final. Los indicadores de coyuntura también consolidan la recuperación de la inversión residencial, factor con más potencial de persistencia que los recursos del Next Generation.

El repunte de la inflación, un desafío para la competitividad

Nos asomamos, en todo caso, a un patrón de crecimiento basado en la bonanza del gasto interno, cuyo reflejo se lee ya en el IPC. La inflación se sitúa en el entorno del 3%, frente al 2% de la eurozona, por la presión del gasto en consumo sobre los precios de los sectores de servicios que operan al abrigo de la competencia internacional. La brecha con Europa en términos de inflación subyacente, es decir descontando la energía y los alimentos frescos, es también constatable. De prolongarse, el diferencial se filtrará a los costes de producción, mermando el plus de competitividad que, todavía hoy, aporta solidez a la economía española.

En otros tiempos, el actual repunte inflacionario en un contexto de auge del gasto interno hubiera propiciado una ligera subida de tipos de interés. El BCE, sin embargo, no dará ese paso ya que debe tener en cuenta la situación de conjunto, mucho menos boyante que la nuestra. El manejo macroeconómico, por tanto, debe fundamentarse en la política fiscal, y más concretamente en la contención del gasto corriente de las administraciones. El dilema está en cómo conseguirlo, y al tiempo atender las demandas sociales derivadas del fuerte crecimiento poblacional.

EMPLEO | El número de personas ocupadas creció en el tercer trimestre un 0,7%, según Las cifras de contabilidad nacional, mientras que el total de horas trabajadas lo hizo en un 1%, de modo que se produjo una ligera recuperación en el número de horas trabajadas por ocupado. La productividad por hora registró un descenso del 0,4% en el trimestre, pese a lo cual, en el acumulado del año muestra un avance del 0,9%. En comparación con el periodo prepandemia, la productividad por hora trabajada ha crecido a un ritmo medio anual del 0,6%.

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