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Economía de resistencia

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La espiral de costes de producción y de precios al consumo, junto con las disrupciones en las cadenas de suministros generadas por la multiplicación de paros en el transporte y otros sectores clave, han acrecentado los riesgos de manera alarmante. Sin embargo, diversos indicadores evidencian una importante capacidad de resistencia da la economía española, de modo que la estanflación no es el escenario más probable —a condición de que se maneje la situación con audacia—. 

La capacidad de compra está muy mermada por la inflación, algo que en tiempos normales hubiera conducido inexorablemente a un desplome del consumo, de los mercados de exportación y del turismo (los consumidores de otros países también se enfrentan a una reducción de sus ingresos en términos reales). Sin embargo, la economía dispone de un importante amortiguador: el sobreahorro acumulado durante la pandemia. Esta bolsa de gasto latente se desinfla por causa del alza de los precios (se estima que el valor real de los depósitos bancarios de los españoles se ha reducido en cerca de 20.000 millones de euros como consecuencia de la inflación). Pero su volumen sigue siendo elevado permitiendo a los hogares sufragar una parte de sus compras de bienes y servicios. Prueba de ello, el ascenso del gasto con tarjetas, inalterable incluso después de la invasión de Ucrania –si bien los retrasos en el aprovisionamiento son ahora un escollo. El turismo extranjero da buenas sensaciones, con un incremento de las pernoctaciones desde el inicio de año, mientras que las reservas hoteleras para la temporada de verano alcanzan cotas que se aproximan a la era pre-covid.    

La contención de los salarios y de los precios no energéticos es otro amortiguador de la crisis en ciernes, ya que distribuye el shock energético y evita una espiral inflacionista que abocaría a un fuerte deterioro de la competitividad. Gracias a ello, el dinamismo de las exportaciones se mantiene como uno de los principales activos de nuestro tejido empresarial. Los resultados registrados en el pasado ejercicio parecen prolongarse en el presente, con un alza de los salarios pactados hasta febrero del 2,3%, y un núcleo central de precios en el 3%. En paralelo, las ventas en el exterior siguen cosechando nuevos records, aunque bajo la amenaza de los cuellos de botella. 

Por otra parte, parece que la ejecución de los fondos europeos está mejorando. Las convocatorias en el cierre del año totalizan cerca de 9.000 millones —el doble que en el otoño—. Y los PERTE empiezan a configurarse: los del vehículo eléctrico, energías renovales e industria agroalimentaria son relevantes de cara a la necesidad de transformar el modelo productivo. 

Todo ello debería garantizar un crecimiento positivo para el resto de 2022, aunque menor que el 5,6% anticipado antes del conflicto en Ucrania. Pero esto solo ocurrirá bajo dos supuestos. En primer lugar, que se mantengan los precios energéticos en sus niveles actuales, algo que supone que las exportaciones de gas ruso no se interrumpan por completo. Si este fuera el caso, la economía centroeuropea podría entrar en recesión, y nuestra inflación se desbocaría aún más, debilitando los puntos de resistencia. 

En segundo lugar, la política económica se enfrenta a la difícil tarea de evitar el cierre de negocios a raíz del encarecimiento de la electricidad y de los hidrocarburos, y a la vez preparar el cambio de modelo energético. Urge aligerar el impacto inmediato del shock, como en Francia, Italia y, con retraso, en España: se trata de evitar un desgarro del tejido productivo y no echar a perder el potencial de recuperación. Pero también son imperiosas reformas con miradas largas, para corregir ineficiencias en los mercados energéticos y no quedarse atrás en un ajuste del modelo energético que es ineludible. Unas reformas que además tendrían la virtud de limitar el coste presupuestario del plan de urgencia.  

PIB | La economía creció un 5,1% en 2021, una décima más de lo avanzado en enero por el INE. Destaca el tirón del consumo privado y de la inversión en el cuarto trimestre, compensando la caída del consumo público (un retroceso que no se había registrado en los últimos seis años). La demanda externa también tuvo un buen comportamiento, impulsada por las exportaciones tanto de bienes como de servicios turísticos y no turísticos. Todos los sectores avanzaron en el cierre del año, sin alcanzar todavía los niveles anteriores a la pandemia, especialmente en la construcción.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Revisión al alza del PIB del cuarto trimestre

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Contabilidad Nacional Trimestral | 4T 2021


La economía española creció un 5,1% en 2021, lo que supone una décima más que lo avanzado en enero por el Instituto Nacional de Estadística. Este mayor crecimiento anual es debido a una revisión de los datos del primer y cuarto trimestre al alza que más que compensan la revisión a la baja del segundo.

La recuperación de la economía continuó en el último cuarto del año. No obstante, a pesar de la revisión al alza del crecimiento del PIB en este trimestre hasta el 2,2%, la economía creció con menor intensidad que en el trimestre previo. El crecimiento procedió del consumo —revisado al alza con respecto a la caída indicada en la primera estimación—, de la inversión —con una aportación revisada intensamente a la baja— y del sector exterior.

En la demanda privada, la inversión, a pesar de la revisión a la baja de su crecimiento, registró en todos sus componentes avances intertrimestrales positivos, con la única excepción de la de construcción de viviendas con un recorte del 1,5% —frente a un crecimiento del 0,4% que había adelantado el avance de enero—. El consumo privado ha sufrido una fuerte revisión al alza, desde un crecimiento negativo hasta un avance intertrimestral del 1,4%. En sentido contrario, se revisa a la baja el de las AA.PP. hasta un retroceso del 1,6%, siendo el primer trimestre con crecimiento negativo tras crecer ininterrumpidamente desde 2014 (con la excepción del cuarto trimestre de 2016). Respecto al sector exterior, se eleva el crecimiento de exportaciones e importaciones, manteniéndose la aportación conjunta al crecimiento del PIB. Las exportaciones se ven impulsadas por las de servicios, tanto las de no turismo como las de turismo. Destaca especialmente la revisión a la baja en el crecimiento de estas últimas, que pasan de situarse en el 98% respecto al nivel del último trimestre de 2019, según el avance de enero, al 86% en los datos publicados hoy.

En el cuarto trimestre de 2021, el consumo de las administraciones públicas, la inversión en bienes de equipo, las importaciones de bienes y las exportaciones de bienes y de servicios de no turismo eran los únicos componentes de la demanda que superaban el nivel prepandemia. En la oferta creció la actividad en todos los sectores, pero sin alcanzar los niveles prepandemia, salvo en el sector de AA.PP. sanidad y educación. Sorprende en este caso la construcción, que se sitúa un 13% por debajo del nivel del último cuarto de 2019.

En cuanto a la evolución en 2022 estará fuertemente condicionada por las tensiones geopolíticas derivadas de la guerra en Ucrania, la intensa elevación de precios y problemas en el suministro de materias primas.

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Crisis energética

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Las tensiones inflacionistas generadas por el encarecimiento de la energía representan actualmente la mayor amenaza para la economía española y la cohesión social. Ya no es solo que los hogares pierden poder adquisitivo, o que los sectores electrointensivos y del transporte entran en números rojos, abocando a reducir actividad.

Ahora también se desata una pugna por la recuperación del terreno perdido por la inflación. Cada colectivo que ostenta algún poder de negociación intenta limitar la erosión de ingresos reales, en una lucha estéril habida cuenta del origen de las tensiones: un encarecimiento de los suministros importados que actúa como un impuesto a nuestra economía y del cual no existe escapatoria. De modo que una escalada desordenada de reivindicaciones solo exacerbaría la inflación, afectaría la competitividad (nuestro IPC supera en casi dos puntos la media europea) y agravaría las desigualdades.  


La cuestión es cómo se reparte la carga de ese impuesto externo, y cómo nos transformamos hasta su desaparición a largo plazo. El recetario convencional propiciado hasta fechas recientes por Bruselas apunta a la necesidad de trasladar la totalidad de los costes energéticos al precio final que sufragan los consumidores: estamos ante un shock energético duradero, y conviene que los precios lo reflejen para incentivar el ahorro energético y la inversión en renovables. El manual también contempla compensaciones a los sectores más vulnerables.

Esta combinación de ajuste de mercado y compensaciones quirúrgicas, si bien goza de soporte teórico, no basta ante un shock de proporciones no vistas desde la crisis del petróleo del siglo pasado, y que se superpone al legado de la pandemia. Uno, porque los precios energéticos, además de estar desbocados, son volátiles en un contexto de gran incertidumbre tras la invasión de Ucrania, lo que expone la economía a arritmias perjudiciales especialmente en España por las características de nuestro mercado eléctrico. Dos, la focalización de las compensaciones es factible en el caso de los hogares en riesgo de pobreza, porque se pueden identificar mediante el sistema tributario o los registros de la seguridad social, o de empresas electrointensivas. Pero en otros casos no es fácil detectar los focos de vulnerabilidad ni calcular la cuantía de la ayuda. 

Entre tanto, la pugna por trasladar a otros la carga del impuesto no cesa, lo que obliga a encontrar soluciones inmediatas, pero sin perder de vista la necesidad de adaptación a un shock duradero. A corto plazo existen las opciones planteadas por gobiernos europeos. Una consiste en revertir el incremento de recaudación pública generado por el encarecimiento de la energía, ya sea reduciendo directamente el impuesto devengado en el momento de repostar en la gasolinera, como en Francia o Portugal (una medida poco focalizada) o, preferiblemente, compensando solo a los sectores directamente afectados como el transporte (con el riesgo de dejar atrás a algunos colectivos). Asimismo, en el caso de la electricidad, el plus de ingresos públicos se revertiría a las personas en situación de pobreza, y empresas más expuestas. La imposición de topes de precios es otra opción, pero plantea la cuestión de su nivel y la necesidad de subvencionar con dinero público el gas que se queda fuera porque, si no, habría cortes de suministro. 

Más allá, conviene repensar el mecanismo de formación de precios eléctricos, basándolo en los mercados a plazo, menos volátiles y orientados a la baja (el mercado español del gas para 2023 apunta a un precio un 40% inferior al nivel actual). Las propuestas de algunos expertos de sacar el gas del mercado mayorista de la electricidad, o de imponer la sobrerremuneración del sector eléctrico, tal y como planteado por la OCDE, obedecería a los mismos principios. Todo ello, sin embargo, no sería inmediato y requeriría un acuerdo europeo.

Estas u otras medidas deben concebirse como transitorias, porque la crisis energética obliga a una transformación de nuestro modelo productivo. Pero son urgentes y condicionan un eventual pacto de rentas contra la inflación.   

PIB | El Panel de Funcas recorta en un punto su previsión de crecimiento para 2022, hasta el 4,6% (media de los analistas que han incorporado el impacto de la invasión de Ucrania). La ralentización es más intensa de lo que parece: habida cuenta de la dinámica heredada del final del pasado ejercicio, un estancamiento tras el estallido de la contienda todavía se traduciría en un crecimiento del PIB cercano al 3,5% en media anual. El IPC se ha revisado al alza hasta el 5,8%, frente al 3,5% anticipado hace dos meses. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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¿Se adelanta el final de las compras de deuda del BCE?

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El año pasado los tipos de interés llegaron a mínimos históricos. Así, el Euríbor a un año descendió hasta un nivel medio anual del -0,5% y la rentabilidad de la deuda pública a 10 años situó su media anual en el suelo histórico del 0,35%. Pero con el despegue de la inflación, y tras la reunión del BCE de principios de febrero, quedó claro que la política monetaria se dirigía hacia la normalización y que la etapa de tipos de interés ultrarreducidos llegaba a su fin. Los mercados de futuros descontaban agresivas subidas, apuntando incluso a un retorno a niveles positivos al final del año. El Euríbor comenzó a ascender y la rentabilidad de la deuda pública española a diez años llegó a alcanzar el 1,25%, con un ascenso también de la prima de riesgo, aunque todavía lejos de la zona de peligro.

Tras la invasión de Ucrania, el panorama con respecto a la senda de la política monetaria y los tipos de interés se volvió más incierto. El impacto de la guerra es de tipo estanflacionario, es decir, eleva la inflación al tiempo que reduce el crecimiento. Esto supone un dilema para el banco central, que tiene que decidir qué objetivo es prioritario: evitar el desencadenamiento de un proceso inflacionista persistente, y por tanto endurecer la senda prevista de su política monetaria, o sostener la actividad económica y el empleo, lo que le llevaría a una relajación de la misma.

La reacción inicial de los mercados tras el estallido de la guerra fue moderar las expectativas con respecto a las subidas de tipos por parte del BCE. El Euríbor a un año frenó su escalada, y la rentabilidad de la deuda pública descendió. Lo que se esperaba, en general, era el mantenimiento de la retirada de estímulos decidida en febrero, y que, de modificar la senda prevista de la política monetaria, sería para suavizarla. Se pensaba, por tanto, que sería la preocupación por el impacto sobre la actividad económica la que más pesaría.

La decisión anunciada el jueves por Lagarde, sin embargo, ha sido la opuesta. El BCE acelerará la reducción de las compras de deuda, y podría finalizar las mismas en el tercer trimestre en caso de que las perspectivas para la inflación no hayan mejorado. Lagarde no concretó nada con respecto al inicio de las subidas de tipos, pero tras el anuncio los mercados volvieron a descontar su retorno a terreno positivo. El impacto más relevante, sin embargo, es en el mercado de deuda. La perspectiva de una próxima finalización de las compras de títulos por parte de la institución disparó las rentabilidades hasta máximos anuales, con un incremento, de nuevo, de la prima de riesgo. 

“La finalización de las compras de deuda antes de lo previsto limita notablemente la capacidad de los Gobiernos de los países periféricos altamente endeudados, entre ellos España, para combatir los efectos de la crisis energética mediante la política fiscal”.

María Jesús Fernández

El BCE ha considerado, por tanto, que su prioridad es evitar que la inflación se desboque y las expectativas se desanclen, lo cual no debería sorprender, puesto que el control de la inflación es su único mandato, no el sostenimiento de la actividad económica. Pese a ello, la decisión será polémica, dado el fuerte impacto económico, de magnitud aún incierta, que va a derivarse de la guerra, y dada también la poca utilidad de la política monetaria para impedir una inflación originada por un aumento de los precios energéticos en los mercados internacionales. No hay que olvidar el precedente de las subidas de tipos practicadas por Trichet en 2011, cuando, en un momento de gran debilidad económica, la inflación aumentó a consecuencia del encarecimiento del petróleo, decisión de la cual se tuvo que retractar pocos meses después. Se puede alegar, no obstante, que lo anunciado por Lagarde, en realidad, no supone el inicio una política monetaria restrictiva, sino tan solo la eliminación de unos estímulos que podrían proporcionar a la economía combustible para el desencadenamiento de una espiral precios-salarios. Es decir, no se trata de rebajar los precios energéticos, sino de evitar que la inflación actual acabe perpetuándose.

Una consecuencia muy relevante del anuncio del BCE es que la finalización de las compras de deuda antes de lo previsto limita notablemente la capacidad de los Gobiernos de los países periféricos altamente endeudados, entre ellos España, para combatir los efectos de la crisis energética mediante la política fiscal —por ejemplo, a través de subvenciones o bajadas de impuestos a hogares y empresas más afectadas por el encarecimiento de la energía—. Si el margen de maniobra era ya reducido, ahora lo es aún más. Es más, sin el BCE actuando como demandante, existe el riesgo de que las condiciones en los mercados financieros se tensionen y comiencen a dispararse las primas de riesgo, lo que pondría a la institución en un nuevo dilema, que probablemente sería resuelto retornando al mercado a comprar títulos de deuda. 

Por otra parte, la incertidumbre es máxima; no sabemos cómo va a evolucionar el conflicto ni qué va a pasar en los mercados energéticos. No se puede descartar ningún escenario, ni por tanto un cambio en la valoración relativa del BCE con respecto a los riesgos para la inflación y el crecimiento. De hecho, en su comunicado dice expresamente que las compras netas podrían reanudarse si fuera necesario. No está claro, en suma, que el BCE vaya a poner fin a los estímulos de forma tan inmediata como ha anunciado.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El Periódico de España.

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El arma del pacto social y energético

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Desde la invasión de Ucrania, la geopolítica se ha convertido en el factor determinante de la economía mundial. También pone a prueba nuestra capacidad de consensuar una respuesta de política económica a la altura de las circunstancias. 

El daño a corto plazo es ineludible, porque las tensiones bélicas inciden directamente en los mercados energéticos y en otros componentes imprescindibles, al menos para el tejido productivo español que ya se enfrentaba a situaciones de escasez. El gas no da tregua, y su cotización se sitúa en cotas próximas al máximo registrado el pasado otoño. Asimismo, el barril de Brent continúa su escalada por el temor al cierre de las exportaciones rusas o al endurecimiento de las sanciones. En ambos casos, no se vislumbra una solución alternativa a corto plazo. La producción mundial de gas licuado y su transporte por metanero funcionan ya a pleno rendimiento. Por otra parte, los países productores que componen la OPEP decidieron esta semana mantener su bombeo, dando a entender que no compensarán la caída de la oferta rusa, de momento. 

Malas noticias también para el suministro de semiconductores. Rusia es uno de los principales proveedores de neón, y Ucrania de krypton, dos gases que entran en la cadena de producción tecnológica sin sustituto inmediato. La alimentación también se encarece como consecuencia del hundimiento de las exportaciones ucranianas. La cotización internacional del trigo se ha duplicado en el último mes hasta niveles nunca vistos. 

Fuentes de los gráficos: Investing, Mibgas, Ministerio de Economía y Funcas (escenarios).

Todo ello redundará en más inflación: la energía representa el 12% de la cesta de la compra que compone el IPC, y los cereales otro 3,4%. Así pues, el incremento del IPC pasaría del 7,4% adelantado en febrero hasta el 8% en los tres próximos meses por el impacto de los precios energéticos y de los cereales registrados en los últimos días —una estimación prudente, que cuenta con que los precios actuales se relajarán tras una sobrerreacción de los mercados—. 

Fuentes de los gráficos: Investing, Mibgas, Ministerio de Economía y Funcas (escenarios).

A partir de ahí, se abren dos escenarios. El peor consistiría en una crisis exacerbada, que la prolongaría en el tiempo. En esta hipótesis de total incertidumbre, la economía estaría atenazada por la estanflación, es decir, significativamente más inflación y menos crecimiento, o incluso una recesión europea. 

Sin embargo, existe un escenario más favorable, que resultaría de un acuerdo relativamente rápido entre las partes, tal vez impulsado por el hundimiento de la economía de Rusia. Es un hecho que las sanciones están desorganizando su sistema financiero, y provocando una fuga de empresas. Este escenario se sustenta además en las dudas acerca de la voluntad de China de compensar el colapso del país vecino, incrementando sus compras a Rusia de recursos naturales y atenuando el golpe financiero de las sanciones occidentales.  

En este caso las perspectivas económicas dependerían de la gestión del repunte de inflación: si bien éste sería de corta duración, existiría el riesgo de que aparecieran efectos de segunda ronda. Bajo el supuesto de moderación de los precios no energéticos y de los salarios, la inflación subyacente (descontando energía y alimentos frescos) se situaría en niveles inferiores al 3% a finales de año. Esta sería una trayectoria consistente con el mantenimiento del rebote del consumo, y de la competitividad de nuestras exportaciones (teniendo en cuenta que, en otros países de la UE más expuestos a los efectos de la agresión rusa, las presiones inflacionarias serán más intensas). 

Todo ello evidencia la importancia, en un momento de tanta tensión, de un consenso entre empresas y sindicatos para prevenir una escala de precios no energéticos y de salarios que tendría efectos nefastos para la economía española. Y de otro consenso, que condiciona el anterior, para limitar la transmisión de los precios energéticos a la factura de la luz. Bruselas abre por fin esa puerta, reconociendo que la reforma energética es estratégica para la economía y para la seguridad de Europa.  

ACTIVIDAD | La economía española ha ido evolucionando favorablemente hasta el inicio de las hostilidades en Ucrania. La facturación de las empresas registró un fuerte incremento en febrero (con un indicador PMI de gestores de compra en fuerte ascenso hasta un valor superior a 56, netamente expansivo). La afiliación a la Seguridad Social también mantiene la senda alcista, si bien con una cierta moderación, por la desaparición del efecto de la vuelta a la normalidad de la actividad y de la reincorporación de los empleados en ERTE que se observó el año pasado.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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IPRI de enero: las presiones inflacionistas por el lado de la oferta siguen al alza

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Índice de precios industriales | ENERO 2022

El índice de precios industriales (IPRI) refleja los precios a salida de fábrica de los bienes industriales de todas las categorías y a lo largo de toda la cadena de producción (es decir, tanto de bienes de consumo como de bienes intermedios, productos semielaborados o bienes de capital). Este índice, que desde hace varios meses ya se encontraba en máximos históricos, elevó su tasa de crecimiento en enero hasta el 35,7%. Los productos energéticos situaron el crecimiento de sus precios en el 91,4%. Si excluimos estos, los precios del resto de bienes industriales no energéticos situaron su tasa de crecimiento en el 12%, el nivel más elevado desde 1984.

Este índice puede considerarse un indicador de la evolución de los costes de producción en el sector industrial, y la trayectoria fuertemente ascendente que mantiene desde el pasado mes de marzo refleja el incremento que han sufrido estos como consecuencia del encarecimiento de las materias primas, de los productos energéticos, del transporte marítimo, así como de determinados componentes de la cadena de producción que han subido de precio como consecuencia de los cuellos de botella. 

Entre los productos industriales que más se han encarecido se encuentran la energía eólica (266,8%) y térmica (198,3%), fertilizantes (128%), comercio de gas (113%), refino de petróleo (56,5%), seguidos de productos en las fases iniciales de la cadena de producción, como productos básicos de hierro y acero, laminación en frío, otros productos básicos de química orgánica, etc. También cabe destacar el aluminio, que presenta un aumento interanual de sus precios del 45%, y productos relacionados con la alimentación, como fabricación de aceite de oliva, pastas alimenticias, margarinas o productos de molinería, todos ellos con tasas de crecimiento de los precios superiores al 20%.

Estos resultados ponen, por tanto, de manifiesto la persistencia, e incluso intensificación, en enero, de grandes tensiones inflacionistas por el lado de los costes de producción, de una magnitud insólita desde hace décadas, cuya transmisión hacia los precios finales al consumo aún ha sido limitada —ha alcanzado mayor intensidad en los productos alimenticios, pero hasta el momento el traslado hacia otros bienes y servicios ha sido más contenido—. 

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La inflación y su cara amable

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Tras tardar en reconocer el brote de inflación que se extiende por toda Europa, el BCE cambia de discurso y se dispone a ajustar su política monetaria a un ritmo acelerado. Si bien el ejercicio de realismo es meritorio, el inesperado giro plantea importantes desafíos para nuestro país. También algunas oportunidades. 

Lo más preocupante es la ambigüedad en torno a los instrumentos a disposición del BCE para contener las primas de riesgo. La decisión más clara que se ha tomado al respecto es acabar con las compras de deuda por razones de pandemia, algo lógico en un contexto de recuperación económica y de incremento sostenido de precios (no olvidemos que la amenaza de deflación fue la principal motivación detrás de las políticas expansivas iniciadas en la era Draghi). Sin embargo, el banco central también se dispone a reducir la envergadura de su dispositivo de apoyo a la financiación de los Estados (programa APP). Un programa que, además, presenta limitaciones a la tenencia de bonos de cada país, y que por tanto no es necesariamente el más adecuado ante posibles parones en la financiación por parte de los mercados.  

El súbito incremento del diferencial de tipos de interés entre España y Alemania, más de un cuarto de punto en lo que va de año, muestra que el riesgo no es puramente teórico —si bien de momento se trata más bien de una vuelta a la situación precrisis (la prima de riesgo prácticamente iguala la media de los dos años anteriores a la pandemia)—. 

La senda de tipos de interés es otra cuestión clave, por su impacto en los costes de financiación que se superpone a la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. Con una inflación tan alta durante buena parte del año, según la previsión de una mayoría de analistas, el BCE carece de argumentos para mantener los tipos de interés en terreno negativo. El ajuste es por tanto inevitable, pero deja en el aire la visión de medio plazo. Un horizonte macroeconómico estable y creíble es, sin embargo, necesario para anclar las expectativas y evitar una espiral de precios y salarios. 

También se trata de una oportunidad para lograr algo que hasta hace poco parecía inalcanzable: cumplir por fin con el objetivo de inflación del 2% a medio plazo, frente a casi cero en la época previa a la pandemia. Esto tendría múltiples ventajas, ya que no solo alejaría el espectro de la deflación, sino que también, como es evidente, aligeraría el peso de la deuda pública, casi toda no indexada. 

Fuente: INE y Banco de España.

Otro beneficio, éste menos obvio, de un incremento proporcional y sostenido de precios y salarios es que facilitaría el cambio estructural que se está produciendo a gran velocidad como consecuencia de la pandemia. La demanda mundial de bienes se ha incrementado en detrimento de los servicios, lo que genera cambios en los precios relativos. Por ejemplo, dentro de los componentes del IPC subyacente (descontando la energía y los alimentos no elaborados) se registran alzas de los bienes industriales con alto contenido en recursos naturales, y descensos en los servicios presenciales. 

Este entorno de inflación más elevada, y de cambios en los precios relativos que acompañan la transformación de la economía, también requiere de una acción de nuestra política económica. Por una parte, para evitar que la inflación provoque un deterioro de la competitividad, razón por la cual un equilibrio entre evolución de los salarios, de los márgenes de las empresas no energéticas y de los ingresos del sector energético sería deseable. No se trata solo de impulsar un pacto de rentas, sino también de acometer reformas de los mercados energéticos y de promover la movilidad laboral entre sectores y la recolocación de parados. A este respecto la economía española es una de las que disponen de más margen de mejora. Otra oportunidad para prolongar un periodo expansivo sin demasiadas tensiones inflacionarias. 

IPC | Los precios energéticos siguen marcando la pauta de la inflación. El IPC registró en enero un incremento interanual del 6,1%, cerca de un punto por encima de la media de la eurozona, como consecuencia principalmente del encarecimiento de la energía ( 33%). Bajo la hipótesis relativamente favorable de un descenso del petróleo, del gas y de la electricidad a partir de la primavera, la inflación todavía se situará en el 4,6% en media anual. Si el precio de la electricidad siguiera ascendiendo durante la primavera, la tasa media anual se elevaría hasta el 5,2%.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Impacto económico de las subidas de tipos de interés

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La inflación en la eurozona continúa ascendiendo por encima de lo esperado, y si a esto se le suma una tasa de desempleo en mínimos históricos, cada vez es más factible un escenario de una tasa de inflación por encima del 2% de forma duradera durante todo el periodo de proyecciones del BCE, condición establecida por este organismo para el endurecimiento de su política monetaria.

El primer paso ya lo ha dado con el cambio de discurso operado tras la reunión del pasado día 3, cuando Lagarde se resistió a descartar la posibilidad de subir los tipos este año, a diferencia de lo sucedido en reuniones anteriores. El impacto sobre las expectativas del mercado fue inmediato, y ya se da por hecho una aceleración del final de las compras de deuda, al tiempo que han comenzado a descontarse ascensos de tipos en este mismo año. La rentabilidad de la deuda pública ha comenzado a subir, y también las primas de riesgo, aunque todavía de forma moderada.

Es muy difícil predecir hasta donde podrían llegar los tipos de interés de la deuda española. Existe un riesgo nada despreciable de que ante el final de las compras de deuda y el inicio de las subidas de tipos se produzcan correcciones en los precios de los activos financieros, con fuertes turbulencias en los mercados y un aumento significativo de las primas de riesgo. Nuestro país es uno de los más vulnerables ante esta posibilidad, debido a la conjunción de un elevado nivel de deuda pública con un elevado déficit estructural. 

En cualquier caso, incluso aunque no se materialice el peor de los escenarios, lo que está claro es que los pagos por intereses de la deuda pública van a empezar a crecer. En los últimos siete años han descendido de forma prácticamente ininterrumpida, desde el máximo de 35.442 millones alcanzado en 2014 hasta unos 25.000 millones en 2021, y ello a pesar de que el volumen de deuda en el mismo periodo ha aumentado en cerca de 400.000 millones de euros. Ello se ha debido a la caída drástica de los tipos de interés de la deuda pública, desde niveles superiores al 4% en los años anteriores a 2014 a menos del 1% en 2019 y 2020. La deuda que vencía era renovada a tipos muy inferiores a los que había sido emitida, lo que contrarrestó el efecto del incremento del volumen de deuda.

No obstante, eso no va a seguir siendo así. Los tipos de interés ya han tocado fondo y a partir de ahora se van a mover al alza. Es cierto que, a pesar de ello, siempre que no nos situemos en un escenario de crisis de deuda, la que venza en los próximos años se seguirá refinanciando a tipos inferiores a los que fue emitida, pero esa diferencia ya no será suficiente para contrarrestar el efecto del enorme volumen de deuda acumulada en los últimos dos años.

En suma, el efecto sobre los pagos por intereses de la deuda pública no es inmediato, sino que se va transmitiendo a lo largo de varios años, a medida que venza la deuda existente. Pero en cualquier caso ahora mismo no se puede hacer una previsión de cuánto pueden crecer dichos pagos en los próximos años, porque no sabemos cómo va a reaccionar el mercado ante las retiradas de las compras de deuda y las subidas de tipos por parte del BCE. La única forma de minimizar el riesgo de caer en el peor de los escenarios sería anunciando un plan de consolidación fiscal sólido, con medidas concretas y creíbles.

Tan relevante como el impacto sobre las cuentas públicas, es el que puede resultar sobre las de las familias y las empresas. En cuanto a las primeras, parten —todas ellas consideradas en su conjunto— de una situación financiera muy sólida. Su endeudamiento ha descendido de forma prácticamente ininterrumpida desde 2009, tanto en cifras nominales como la ratio sobre la renta disponible. En 2020 esta ratio aumentó debido a la caída de la renta, y en 2021 parece observarse un cambio de tendencia en la evolución del endeudamiento y el inicio de una nueva fase de crecimiento del mismo, impulsado por la compra de vivienda, aunque desde niveles muy reducidos. De hecho, la carga de la deuda en 2020, es decir, los pagos por amortización de deuda y por intereses, estaban en mínimos históricos. Probablemente la subida de tipos moderará la bonanza del sector inmobiliario, pero, siempre bajo el supuesto de que no se materializa el peor de los escenarios, las subidas de tipos no llegarán al punto de inducir un parón en el sector, y serán fácilmente absorbibles por las familias, más aun teniendo en cuenta la importante bolsa de ahorro acumulada durante los dos últimos años.

Finalmente, en cuanto a las empresas, la situación de partida antes de la pandemia también era favorable, con un aceptable nivel de endeudamiento y unos pagos por intereses en mínimos históricos. Pero la situación actual es delicada en numerosos sectores, por el aumento de los costes energéticos o los efectos del Covid, de modo que una subida de tipos de interés sí podría tener un efecto más perceptible que en el caso de los hogares.

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La vivienda ante el brote de inflación

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La vivienda se ha mostrado sorprendentemente inmune a un shock tan virulento como el de la pandemia. Pero, ¿resistirá ante un brote aparentemente más benigno de tipos de interés y de inflación? La cuestión reviste una gran importancia para la sostenibilidad de la recuperación, habida cuenta del peso de la vivienda en las decisiones de consumo y de inversión, y en la estabilidad financiera.  

El punto de partida es muy distinto a la época de la burbuja. Entonces los precios solo se sostenían gracias a un endeudamiento desmesurado, alimentando la sobreoferta de nuevas viviendas. Ahora, sin embargo, el dinamismo del mercado —evidenciado por un ascenso de las transacciones del 38% en 2021 y una subida de precios superior al 4%, anulando el leve descenso del año anterior— se apoya en el sobreahorro de las familias y sus excedentes de tesorería. Desde el inicio de la pandemia, los hogares han incrementado sus depósitos bancarios en casi 100.000 millones de euros, y el peso de su deuda es un 15% inferior a la media de los últimos dos lustros. Otro factor alcista es el buen comportamiento del mercado laboral, determinante crucial de la confianza de los compradores. El recurso a los ERTE ha permitido a muchas familias conservar su empleo pese a la abrupta contracción de la actividad, y la tasa de paro se sitúa ya en niveles inferiores al periodo pre-covid. 

De manera similar, los indicadores del esfuerzo realizado por los particulares para adquirir inmuebles no evidencian ninguna “exuberancia irracional”. La carga financiera que entraña un crédito hipotecario supera ligeramente el 30% de la renta disponible de los hogares, una cifra consistente con los valores recomendados por los reguladores. Y prácticamente todos los préstamos están condicionados por una aportación de al menos el 20% del valor de tasación, algo que dista de las prácticas en vigor antes de la crisis inmobiliaria.   

Fuentes: Funcas, Banco de España y Tinsa.

En cuanto a la oferta, el caso es que reacciona con lentitud en relación a la pujanza del mercado: el número de nuevas viviendas es notoriamente insuficiente para hacer frente a la escasez de vivienda. 

Esta dinámica, sin embargo, puede verse fuertemente alterada por el giro de la política monetaria que ya se vislumbra en los mercados. En primer lugar, porque la expansión se ha sustentado en el contexto de abundante liquidez y bajos tipos de interés que prevalece desde antes de la pandemia –y que contrasta con la escasez de financiación durante la anterior crisis. El impacto en la demanda ha sido doble: los particulares han tenido acceso a créditos hipotecarios en condiciones excepcionalmente favorables. Y los inversores interesados en el segmento del alquiler han conseguido una remuneración del orden del 3,7%, según el Banco de España, sin contar las ganancias asociadas a la revalorización de los activos, algo que bate casi cualquier inversión alternativa. 

Pero las circunstancias van a cambiar rápidamente. Se estima que cada punto adicional de tipo hipotecario incrementa la ratio coste financiero sobre renta disponible, o indicador de esfuerzo, en cuatro puntos porcentuales. Es decir, la normalización de tipos hipotecarios enfriará la demanda —si bien este efecto será gradual, al compás de las decisiones del banco central que se vaticinan—. En segundo lugar, el euríbor parece haber emprendido una senda alcista, y esto es una mala noticia para el 80% de prestatarios, endeudados a tipo variable.  Con todo, la principal amenaza no viene de la posición financiera de las familias, relativamente saneada tras un largo periodo de desendeudamiento, ni de una burbuja de oferta como en la burbuja —la vivienda a precios abordables es notoriamente escasa—. En realidad, el riesgo de un previsible incremento de los tipos de interés, en un contexto incierto de inflación, es sobre todo macroeconómico. Nos asomamos por tanto a una moderación del ciclo expansivo de la vivienda, y no a un aterrizaje de emergencia. 

OFERTA DE VIVIENDA | La actividad se ha resentido como consecuencia de la parálisis del sector de la construcción durante el confinamiento y posteriormente la aparición de cuellos de botella de suministros. Según el INE, en el último trimestre de 2021 la inversión en vivienda se situaba todavía un 8,5% por debajo del nivel precrisis, y el PIB del sector un 14%. La escalada de los costes de producción también ha contribuido a reducir la reactividad de la oferta ante una demanda boyante. Los materiales de construcción son un 19% más caros que antes de la pandemia.  

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El BCE, o cómo soplar y sorber a la vez

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La economía comienza el año con expectativas favorables de crecimiento y un mercado laboral pujante como exponente más visible, pero frenada por los efectos de la inflación. El BCE intenta encontrar un camino entre esas fuerzas opuestas. No lo tiene fácil, porque si bien su principal objetivo es la estabilidad de los precios, un endurecimiento demasiado agresivo tendría consecuencias nefastas tanto en la recuperación como en la estabilidad de la zona euro. Y nuestra economía sería una de las más vulnerables ante esta perspectiva. 

De momento la incertidumbre sigue marcando la coyuntura. La actividad pierde vigor desde el inicio del año (el indicador PMI de gestores de compra de las empresas se redujo en enero por debajo del nivel 50 que indica una contracción), una tendencia compartida con los principales socios europeos, merced a la variante ómicron. Por otra parte, más allá de los problemas metodológicos de medición del IPC que mantienen en vilo a los expertos, en la mayoría de hogares se percibe un descuelgue de los ingresos con respecto a los precios. El consumo, principal motor de la economía, se resiente. 

Fuente: Markit Economics.

Las empresas, sin embargo, conservan la esperanza. Las expectativas de ventas futuras siguen mejorando pese al frenazo de la actividad en enero (el indicador PMI de ventas incluso se incrementa desde finales de 2021, rozando máximos de la serie histórica). El sector clave del turismo se prepara para tiempos mejores a medida que los países europeos relajan las restricciones sanitarias y el miedo a viajar se disipa. En 2021 solo entraron el 45% de turistas extranjeros con respecto a dos años antes, y por tanto el margen de recuperación es considerable. Solo con que desapareciera ese déficit, y sin considerar los efectos de arrastre en la inversión y el consumo, el PIB se incrementaría en dos puntos porcentuales. Esto es un impulso superior al que se espera de los fondos europeos. 

Para la política monetaria el desafío es ayudar a realizar esas expectativas de crecimiento, sin dejar que se desanclen las de inflación. Hasta fechas recientes, el BCE minimizó la tensión entre los dos objetivos, manteniendo una visión de pura transitoriedad del brote de inflación. Los hechos han obligado a un esfuerzo de realismo. Y en sus declaraciones de esta semana, Christine Lagarde se remitió a los mismos hechos para abrir diferentes opciones, sin descartar un incremento de tipos de interés este año. Implícitamente, lanza un órdago a la moderación de los agentes sociales, para minimizar los efectos de segunda ronda.   

Pero no bastará ceñirse a los hechos y llamar a la moderación, porque todo apunta a que las tensiones persistirán en los mercados energéticos: la demanda de hidrocarburos sigue siendo intensa mientras que la oferta reacciona con lentitud, por factores geopolíticos y porque los objetivos de lucha contra el cambio climático acortan la perspectiva de retorno de las inversiones en energías fósiles. Es cierto que la situación es distinta en EE. UU., donde existe un exceso de demanda que exige una reacción inmediata de la Reserva Federal. Además, los principales países que comparten el euro se recuperan con retraso, y el estímulo fiscal es significativamente menor que del otro lado del Atlántico. Pero el shock de costes es global.   

Una clarificación de la estrategia monetaria parece por tanto imprescindible. Los mercados ya empiezan a anticipar cambios, exigiendo una mayor remuneración en sus compras de deuda. El euríbor, referencia para las hipotecas, sale de su largo letargo, el rendimiento de los bonos públicos a 10 años supera el 1% y nuestra prima de riesgo se tensa. Es el momento para el BCE de interponerse a los mercados para prevenir cualquier amago de fragmentación financiera. Y para incorporar una inflación más elevada durante un tiempo prolongado, algo que, bien gestionado, también tiene sus ventajas.    

IPC | La persistencia del brote de inflación ha sorprendido al BCE, abriendo la perspectiva de una subida de tipos de interés que había descartado hasta fechas recientes. El IPC de la eurozona se incrementó en enero, un mes caracterizado por las rebajas, y alcanzó el 5,1% en tasa interanual. En el caso de España, el incremento fue del 6,1%, según el adelanto del INE. La inflación bate records en Alemania, Bélgica y Holanda, tres países particularmente sensibles al alza de precios. Solo Finlandia, Francia y Portugal mantienen tasas moderadas, ligeramente superiores al 3%.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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