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La economía de la salud pública en España (II)

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Este[1] es el segundo de una serie de artículos en la que estamos analizando de forma elemental la Economía de la salud pública en España. La importancia de las actividades y servicios de salud pública no se puede minusvalorar. Se ha estimado que de los 30 años de esperanza de vida ganados a lo largo del siglo xx, 25 se pueden atribuir a medidas de salud pública, tales como mejor nutrición, saneamiento y vivienda, etc., mientras que la asistencia sanitaria a los pacientes individuales habría contribuido con cinco años (Bunker et al. 1994). La vigilancia y control epidemiológico han conseguido contener ciertas epidemias. Las vacunas a lo largo de la historia han disminuido radicalmente morbilidad y mortalidad salvando millones de vidas (Andre et al. 2008) (Hidalgo et al 2013).

Además, estos servicios y herramientas —en particular los de prevención y vigilancia epidemiológica— se han revelado críticos para dar respuesta a la pandemia de la COVID-19, enfermedad infecciosa global nueva que, cuando debuta, nos golpea carentes de los conocimientos necesarios para atajarla, en especial sin vacunas disponibles, ni tratamientos específicos. La mejor respuesta y resultados de los países del Sudeste Asiático y de Alemania (desde luego en la primera ola) seguramente se pueden atribuir al despliegue de unos servicios de salud pública potentes, habiendo sido el tipo y características del sistema de asistencia sanitaria curativa individual relativamente indiferentes a la hora de evitar contagios, hospitalizaciones y fallecimientos (Lobo 2020).

Otra motivación para estudiar la
economía de la prevención y salud pública son las interrelaciones entre pandemias y crecimiento económico. En
esta ocasión no estamos ante una crisis económica que impacta y genera
consecuencias en la salud, sino ante una crisis sanitaria que tiene
consecuencias en la economía de todos los países. En particular, la
incertidumbre y la falta de confianza que genera la progresión de contagios,
hospitalizaciones y fallecimientos paraliza consumo e inversiones, sin que
quepa esperar que la economía se recupere si no se estabiliza la situación
sanitaria. No existe un balance compensatorio entre economía y salud. Los
países que más han contenido la pandemia son los que menos daños económicos han
sufrido y mejor se han recuperado, mientras que los que han respondido con
medidas laxas y han tenido menor éxito en su contención son también los que
peor evolucionan económicamente.

«Las inversiones en herramientas que permiten prevenir la enfermedad pandémica tienen altísimo retorno, lo que obliga a reorientar las prioridades económicas en el futuro hacia la vigilancia epidemiológica, rastreo, detección y seguimiento de contactos, vacunas, etc…».

Félix Lobo y Marta Trapero Bertrán

El FMI en las últimos Perspectivas de la Economía Mundial de abril de 2021 ha estimado una caída del PIB mundial en 2020 del 3,3%, sin precedentes históricos recientes, pero que podría haber sido tres veces mayor de no haber sido por las extraordinarias políticas de apoyo desplegadas. Cutler y Summers (2020) han estimado el coste total de la pandemia en los EE.UU teniendo en cuenta, además de las pérdidas de PIB, los costes sanitarios emergentes (muertes prematuras valoradas a partir del “valor estadístico” de la vida, morbilidad y discapacidad y problemas mentales resultantes) en 16 billones (doce ceros) de dólares, equivalentes al 90% de su PIB en un año. Para una familia media de cuatro miembros el quebranto alcanzaría los 200.000 dólares. Aproximadamente la mitad es pérdida de renta derivada de la recesión y la otra mitad pérdidas por vidas más cortas y menos saludables. En la Gran Recesión la reducción de producción sólo fue de un cuarto. Las distintas publicaciones de Funcas también están prestando gran atención a las consecuencias económicas de la COVID-19, tales como el nº 165 de 2020 de Papeles de Economía Española; SEFO, Spanish and International Economic & Financial Outlook últimos números y el libro de Ocaña et al. (2020), Impacto social de la pandemia en España. Una evaluación preliminar.

Una consecuencia es que las inversiones en herramientas que permiten prevenir la enfermedad pandémica tienen altísimo retorno, lo que obliga a reorientar las prioridades económicas en el futuro hacia la vigilancia epidemiológica, rastreo, detección y seguimiento de contactos, vacunas, etc… En España se ha estimado que la vigilancia epidemiológica de la pandemia tiene una ratio beneficio/coste de 7 a 1 (González López-Valcárcel, y Vallejo Torres 2021).

También hemos de tener presente que en las recesiones económicas los países tienden a reducir los gastos públicos sanitarios debido a las restricciones fiscales. Pero, entre ellos, los gastos en prevención y salud pública cuentan con elevadas probabilidades de ser recortados. Las razones —en circunstancias normales, bien distintas de las de una pandemia— son las siguientes:

  • Prioridad de las personas enfermas que
    requieren tratamiento,
  • Estos gastos tienen poca visibilidad y
    rentas electorales,
  • Producen beneficios difícilmente
    apreciables por cada individuo y sólo afloran a largo plazo, por lo que no
    concentran las demandas de los ciudadanos,
  • No tienen el apoyo de grupos de interés
    ni de organizaciones sindicales o profesionales poderosas.

Estas reducciones de gasto (popularmente recortes) pueden llegar a tener consecuencias negativas a corto y largo plazo en la salud de las personas. Algunas derivan de la propia crisis; otras pueden ser espoleadas por las políticas públicas, como la política de austeridad impuesta por la Unión Europea para responder a la crisis financiera de 2008-2014. Las repercusiones sobre la salud de la contención de los gastos sanitarios durante la Gran Recesión han sido un tema destacado de análisis en años pasados, aunque con conclusiones poco claras (Karanikolos et al. 2015). En España un estudio encontró que la crisis perjudicó a la salud mental de los españoles, pero debido a los trastornos psicológicos causados por el enorme paro, más que por las restricciones de gastos y servicios. Sin embargo, no encontró que la crisis se asociara, a corto plazo, a mayor incidencia de enfermedades crónicas como la EPOC, cardiovasculares, etc. (García-Gómez et al, 2016); (Oliva Moreno et al. 2018). Puede leerse una discusión breve de esta cuestión en Lobo (2017). Todo indica que, además de las trágicas mortalidad y morbilidad, las consecuencias indirectas para la salud de la pandemia van a ser muy superiores a las de la crisis financiera de 2008-2014.

En próximos artículos analizaremos el
nivel, la evolución, los componentes y las características del gasto público en
prevención y salud publica en España según las distintas fuentes disponibles.


[1] Este artículo se basa en el publicado por los mismos autores “El gasto público en servicios de prevención y salud pública en España antes de la COVID-19 (I). Los datos nacionales”, en Cuadernos de Información Económica, nº 280, enero-febrero 2021.

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Gestionando la salida de crisis

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La economía está cambiando de tendencia, tras un mal inicio de año evidenciado por el retroceso del PIB en el primer trimestre, un -0,5%. El lento despegue de la vacunación, junto con las inclemencias climatológicas y la contracción de algunos de los principales mercados como el alemán (un sorprendente -1,7%), han pesado sobre el consumo y la construcción.

Se ha echado de menos el plan europeo de recuperación como factor compensador. Las interminables negociaciones entre Bruselas y los estados miembros, así como las trabas surgidas en la aprobación de los fondos (las reticencias vienen ahora del Parlamento de Finlandia), han retrasado la puesta en marcha del plan en el momento que más se necesitaba. Los hechos, es decir, el impulso efectivo ejercido por la política económica, cuentan tanto o más que los anuncios. Así se explica que en la economía americana creciera un 1,6% en el primer tramo del año, al calor del rápido despliegue de los estímulos de la administración Biden, en contraste con el retroceso del 0,6% en la eurozona.

Afortunadamente la aceleración de la campaña de inmunización abre nuevas perspectivas. Las familias empiezan a animarse a gastar: las ventas de detalle crecieron un 3,5% en marzo, una tendencia que podría acelerarse según el repunte del índice de confianza de abril. Además, ante la eventualidad de poder viajar en un horizonte próximo, las reservas hoteleras están saliendo del coma inducido por las restricciones de movilidad (el portal Sojern registra un incremento mensual superior al 12% entre marzo y abril). Y el comercio internacional ya está en órbita de expansión, dopado por el auge de China y EEUU, hasta el punto de generar fenómenos de escasez de suministros industriales y semiconductores. El resultado es un rebote providencial de los indicadores de confianza tanto en la industria como en los servicios, que pasan a terreno positivo por primera vez desde el inicio de la crisis. Esta es una señal inequívoca de la inminencia de la remontada, en consonancia con las tendencias observadas en la afiliación a la seguridad social.

Gráfico 1

Gráfico 2

Así pues, cuando finalmente los fondos europeos estén disponibles, es muy probable que la economía ya haya entrado en fase de crecimiento. Si su vigor fuera insuficiente, sería conveniente priorizar los elementos del plan con efecto tractor inmediato, como la rehabilitación de vivienda o el plan de choque para el empleo juvenil. Pero si la demanda privada ya se hubiera disparado, sería más indicado hacer hincapié en los proyectos de transformación, con impacto sobre todo en el largo plazo, tal el coche eléctrico o la promoción del hidrógeno verde.

Por otra parte, el riesgo de pérdida de tejido productivo como consecuencia de la crisis ha empezado a materializarse. La última EPA registra una caída de la población activa de más de 100.000 personas, que refleja el fenómeno de desánimo y de desconexión del mercado laboral que se cierne sobre los colectivos más vulnerables. El paro juvenil alcanza niveles alarmantes, que prefiguran un impacto duradero de la crisis en términos de empleo y de pérdida de capital humano. Y el supervisor financiero europeo (Junta Europea de Riesgo Sistémico) advierte de un posible “tsunami” de insolvencias de empresas viables. Si bien esta es una amenaza en todos los países europeos, las consecuencias serían particularmente nefastas para las entidades financieras españolas peor posicionadas.

Todo ello apunta a la necesidad de no relajar la guardia ante el riesgo de erosión de capacidad productiva, porque la recuperación por sí sola apenas incidirá en la población activa, el paro de larga duración o los maltrechos balances de las empresas sobreendeudadas. De ahí la importancia de una política fiscal flexible, es decir que responda con celeridad a la incierta evolución de la coyuntura, y la vez preste la debida atención a la prevención de las cicatrices de la crisis.


ESCASEZ DE SUMINISTROS | El encarecimiento de los costes de producción se mantiene como uno de los principales retos de esta fase de salida de crisis. Los precios industriales se incrementaron un 6,3% en marzo, y un 4% sin la energía, como consecuencia de la escasez de suministros importados como los metales y los micro-procesadores. Las empresas apenas pueden trasladar el alza de los costes a sus precios de venta, como lo evidencia la reducción de la inflación subyacente (hasta el 0% en abril) y el débil crecimiento del deflactor del PIB (un 1% en el primer trimestre).

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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coronabonos-made-in-bce

Coronabonos made in BCE

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La
brecha que se ha abierto a propósito de la respuesta que debería dar Europa a
la crisis pandémica amenaza con llevar al traste los esfuerzos de cada país
para evitar un desplome prolongado de sus economías, con consecuencias
impredecibles para el proyecto europeo. Sin embargo, no basta con lamentar la
falta de consenso. Apelar vagamente a una mayor coordinación o a ideales
europeos de solidaridad, reiterarán a unos en su posición inicial sin convencer
a los más recalcitrantes. Es el momento de la concreción, porque sin un
análisis preciso del impacto de la inacción y un examen realista de las
opciones de cambio, solo conseguiremos el impasse.

Las medidas emprendidas por cada país, incluido España, van en la buena dirección, si bien habrá que calibrarlas y ampliarlas a medida que la magnitud del shock se va precisando. Se trata de mantener el aparato productivo en respiración asistida gracias a ayudas a la liquidez de las empresas, al mantenimiento del empleo y a los colectivos más desfavorecidos. De modo que, cuando se suavice la crisis sanitaria y el confinamiento de la población, las empresas estén en condiciones de reanudar la producción. Si esto se consigue, el desplome anticipado de la actividad que podría contraerse en cerca del 10% durante el primer semestre, dará paso a un rebote durante la segunda parte del año que dejaría la contracción del PIB en torno al 3% para el conjunto del 2020. El crecimiento pasaría a terreno positivo, hasta cerca de esa cifra, en 2021. 

Gráfico 1

El
punto débil de este escenario en forma de “U” reside en la financiación del
agujero presupuestario que necesariamente se agravará, porque el plan de choque,
unido a la parálisis transitoria de la economía, redundará en una severa reducción
de la recaudación y un incremento del gasto. También se anticipa una escalada
de la deuda, por la acumulación de déficits y porque el Estado no tendrá más
remedio que asumir pasivos de empresas al borde del colapso, para así prevenir
un contagio a todo el sistema financiero como ya ocurrió en 2011-2012. Todo ello
hace temer presiones sobre las primas de riesgo, que anularían efectividad a
los planes de choque nacionales.

Gráfico 2

El propio Mario Draghi aboga por una política acomodaticia de financiación de los desequilibrios presupuestarios generados por la crisis del coronavirus, de modo que el impacto sea transitorio en la medida de lo posible.

De
ahí la propuesta de varios países, entre otros España, de emitir “coronabonos”,
es decir títulos de deuda mutualizados para cubrir los costes de la pandemia. Esta
es una opción tajantemente rechazada por los nórdicos, que constatan que los
países del sur de Europa no han aprovechado la expansión para sanear sus
cuentas públicas. Si bien no les falta razón, el caso es que el virus se
extiende por todo el continente y que economías como la alemana no son tampoco
inmunes ante lo que acontece en el resto. Alemania exporta el 14,3% de su
producción a otros países europeos, y el 6,7% en total a España, Francia e
Italia (gráfico). En el caso de Holanda, las proporciones alcanzan el 43,7% y
12,1%, respectivamente. Una parálisis de los intercambios comerciales sería
letal para buena parte del tejido productivo de esos países, porque estamos en
un mundo interconectado.  

Ante este debate estéril que podría eternizarse, la salvación podría venir una vez más del BCE. Frankfurt ha dado a entender que podría flexibilizar por un tiempo limitado –todo lo que dure la crisis sanitaria– los límites nacionales a su programa de compra de deuda. De ser así, y de lograr comunicarlo a los mercados, esta iniciativa podría facilitar la financiación de las medidas de choque, algo especialmente relevante para España. Paradójicamente, se trataría de una mutualización implícita de las deudas nacionales. Unos eurobonos que no dicen su nombre.  


Fuentes de los gráficos: Funcas (estimaciones) y Eurostat.

Artículo publicado originalmente en el diario El País.

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