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Los fondos europeos y la realidad de la economía

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La llegada inminente de los fondos europeos plantea una cuestión clave: ¿cómo reaccionará la inversión interna, es decir la que determina el futuro económico del país? El esfuerzo de equipamiento se desplomó cerca de un 9% en 2020, y si bien las tendencias han sido positivas en lo que va de año, todavía resta camino para recuperar los niveles precrisis, y más aún para cumplir los objetivos de transformación del modelo productivo asignados por el Next Generation EU.

La acumulación de deudas en los sectores más afectados por la crisis disuade el esfuerzo de renovación del capital productivo. Muchos negocios se han sobreendeudado y, aún siendo viables, no pueden permitirse un incremento adicional de pasivos. Este podría ser el caso de algunas empresas del sector del turismo o de la restauración, que empiezan a levantar cabeza y mejorarían sus perspectivas si accedieran al crédito para acelerar su digitalización. Sin embargo, los 7.000 millones de transferencias directas que se habían prometido en marzo no han llegado, sin duda por un diseño inadecuado del dispositivo. El plan de recapitalización (pilotado por Cofides), dotado de 1.000 millones, se acerca más a las necesidades del momento. No obstante, al centrarse en las empresas medianas no cubre el grueso del tejido empresarial.

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Pero el resorte más poderoso de la inversión es el factor psicológico, especialmente en el entorno volátil generado por la imprevisibilidad de la pandemia y un hipotético regreso de las restricciones. Buena parte de la industria, del sector agroalimentario y de los servicios profesionales, relativamente poco afectados por la crisis, están ya en plena recuperación y disponen de suficiente liquidez para invertir. Los últimos datos de comercio exterior evidencian la trayectoria favorable de estos sectores. Las exportaciones se incrementaron en mayo un 5,3%, o más del 55% en tasa interanual, mejorando la locomotora alemana ( 36%). Todo ello ha servido a amortiguar la casi desaparición hasta fechas recientes del turismo, lo que explica el mantenimiento de un sólido superávit externo incluso en los momentos más oscuros del estado de alarma.

Por tanto, el potencial de equipamiento es colosal: las empresas que gozan de buena salud han acumulado nada menos que 35.000 millones de activos financieros líquidos. De momento esos excedentes han ido a engrosar las cuentas bancarias en vez de invertirse en la economía real —consecuencia del clima de incertidumbre—. Un cambio de expectativas redundaría en la transformación de ese sobreahorro en proyectos de inversión, generando un estímulo para la economía más potente del que se espera de los fondos europeos.

En teoría, los incentivos deberían empujar en esa dirección, ya que el interés aportado por los activos financieros es casi nulo, o incluso negativo habida cuenta de la inflación, mientras que el rendimiento medio que se puede racionalmente esperar de una inversión productiva es positivo. El BCE pone lo que puede de su parte, recompensando a las entidades bancarias que conceden préstamos a largo plazo, mayormente orientados a la inversión (los llamados TLTROs). Pero las empresas prefieren ahorrar. Todo porque en la práctica la incertidumbre sigue omnipresente, generando comportamientos de cautela.

La existencia de un potencial latente de inversión productiva tiene consecuencias para el manejo de los fondos europeos. Uno, la gestión de las expectativas es crucial para maximizar el impacto de los fondos. Para ello, la clave está en la previsibilidad de las políticas públicas. Y su coherencia: de poco sirve anunciar grandes proyectos de energías renovables, si el marco tributario y regulatorio no las acompaña, para así alinear los incentivos de mercado con los objetivos del Plan de recuperación. Dos, conviene priorizar los componentes más transformadores del Plan, por el mayor efecto tractor sobre la inversión latente y el conjunto de la economía. Sin duda esto conlleva una ejecución más dilatada en el tiempo, pero con una recuperación ya en marcha, el estímulo fiscal es menos relevante que los efectos de largo plazo.

FAMILIAS | A diferencia de las empresas, los hogares se han desendeudado desde el inicio de la crisis. Según las cuentas financieras divulgadas por el Banco de España esta semana, los pasivos se redujeron en 16.500 millones euros entre el cuarto trimestre de 2019 y el primero del presente ejercicio. Por otra parte, al igual que las empresas, las familias acumularon activos financieros en forma de efectivo y de depósitos, por una cuantía de 79.000 millones. Esta evolución refleja la compresión del gasto durante la pandemia, impulsando el ahorro familiar hasta máximos de la serie histórica.


Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La aparente levedad de la deuda

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El deterioro de las cuentas públicas como consecuencia de la pandemia se vislumbra como uno de los principales puntos de discordia para la política económica europea, y la española. Sin duda, la política fiscal ha jugado un papel crucial de amortiguador de la crisis, facilitando la supervivencia de muchas empresas y el mantenimiento del empleo. Prueba de ello la evolución del mercado laboral, con nada menos que 492.000 afiliados más en junio (en términos desestacionalizados, descontando los ERTE y los autónomos con prestación). Es la primera vez que una recesión no provoca una hemorragia masiva de empleos y un subidón del paro en nuestro país.  

Si bien los beneficios de esta política fiscal expansiva son patentes, la medalla tiene su reverso, con una espectacular escalada de la deuda pública, supera ya el 125% del PIB, casi 30 puntos más que antes de la crisis, y un agujero presupuestario cronificado, que prefigura un incremento inexorable de pasivos en los próximos años. De momento, estos costes son indoloros, gracias a la acción del BCE, que ha comprado el 87% de toda la deuda acumulada desde febrero de 2020, logrando crear una escasez de títulos públicos y aligerando las cargas financieras para el Estado. Solo así se explica el descenso del pago de intereses en 3.000 millones en 2020, pese al incremento descomunal de los déficits. 

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Fuentes: Banco de España, INE y Tesoro Público.

Pero la levedad de la deuda tiene fecha de caducidad. Uno, porque el BCE iniciará, a partir de marzo de 2022, en principio, la desescalada de su programa de compra de deuda por razones de pandemia. Se desconoce a qué ritmo: los halcones pretenden interrumpir la compra neta, por lo que el BCE solo procedería a reinversiones de títulos que vencen; mientras que para otros países como el nuestro abogan por una evolución más suave. Pero con casi toda seguridad la financiación del Estado tendrá que descansar en mayor medida en los mercados. Y éstos podrían mostrarse menos benévolos que el banco central, presionando las primas de riesgo de los países que presentan síntomas de insostenibilidad. 

El otro frente se abrirá cuando Bruselas reactive las reglas fiscales, algo que debería ocurrir a partir de 2023. Claramente, nuestra economía no soportaría recortes como en la época de la austeridad que tan malos recuerdos nos traen, ni incrementos abruptos de impuestos. Una mayor gradualidad en la aplicación de los límites de déficit y de deuda sería por tanto deseable desde el punto de vista de la sostenibilidad de la expansión. Ahora bien, el peso específico de España para modificar las reglas existentes depende de su credibilidad.   

Y esto se consigue anunciando, a la mayor brevedad, una senda realista de corrección de los desequilibrios. Este es un buen momento porque la recuperación está en marcha, e incluso podría mostrarse más vigorosa de lo previsto. Sin amenazas inmediatas de Europa ni desde los mercados, ahora es cuando disponemos todavía de múltiples opciones abiertas al diálogo social y político, así como de la posibilidad de establecer un calendario razonable. Porque como lo recuerda el Banco Internacional de Pagos en su último informe anual, no hay un único recetario para equilibrar objetivos económicos y sociales.  

Finalmente, la llegada de los fondos europeos aporta un balón de oxígeno para una economía necesitada de inversiones y de reformas como la nuestra. Un plan presupuestario a medio plazo apuntalaría los beneficios que se esperan de los fondos, y aportaría coherencia. El caso de pensiones es paradigmático: la reforma anunciada desplaza el déficit de una administración (la Seguridad Social) a otra (el Estado) sin esclarecer el equilibrio de conjunto del sistema, ni contar con suficientes incentivos para adaptarlo al cambio demográfico. Es el momento de encarar esos retos con una estrategia presupuestario a medio plazo, para mantener un espacio de soberanía económica y no verse abocado a soluciones traumáticas dictadas por presiones externas o de los mercados. 

AFIIACIÓN Y PARO | Gracias a los buenos datos de junio, la afiliación consolida la recuperación de todo el terreno perdido por la crisis –con cifras brutas, ya que en términos desestacionalizados todavía faltan 234.000 afiliados. La construcción y la agricultura se sitúan netamente por encima de los registros de febrero de 2020, mientras que la industria se acerca. El déficit se explica por los servicios, pese a la mejora del mes pasado. El paro registra el mayor descenso mensual de la serie histórica, si bien todavía hay 368.000 parados más que antes de la crisis.


Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Gestionando la salida de crisis

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La economía está cambiando de tendencia, tras un mal inicio de año evidenciado por el retroceso del PIB en el primer trimestre, un -0,5%. El lento despegue de la vacunación, junto con las inclemencias climatológicas y la contracción de algunos de los principales mercados como el alemán (un sorprendente -1,7%), han pesado sobre el consumo y la construcción.

Se ha echado de menos el plan europeo de recuperación como factor compensador. Las interminables negociaciones entre Bruselas y los estados miembros, así como las trabas surgidas en la aprobación de los fondos (las reticencias vienen ahora del Parlamento de Finlandia), han retrasado la puesta en marcha del plan en el momento que más se necesitaba. Los hechos, es decir, el impulso efectivo ejercido por la política económica, cuentan tanto o más que los anuncios. Así se explica que en la economía americana creciera un 1,6% en el primer tramo del año, al calor del rápido despliegue de los estímulos de la administración Biden, en contraste con el retroceso del 0,6% en la eurozona.

Afortunadamente la aceleración de la campaña de inmunización abre nuevas perspectivas. Las familias empiezan a animarse a gastar: las ventas de detalle crecieron un 3,5% en marzo, una tendencia que podría acelerarse según el repunte del índice de confianza de abril. Además, ante la eventualidad de poder viajar en un horizonte próximo, las reservas hoteleras están saliendo del coma inducido por las restricciones de movilidad (el portal Sojern registra un incremento mensual superior al 12% entre marzo y abril). Y el comercio internacional ya está en órbita de expansión, dopado por el auge de China y EEUU, hasta el punto de generar fenómenos de escasez de suministros industriales y semiconductores. El resultado es un rebote providencial de los indicadores de confianza tanto en la industria como en los servicios, que pasan a terreno positivo por primera vez desde el inicio de la crisis. Esta es una señal inequívoca de la inminencia de la remontada, en consonancia con las tendencias observadas en la afiliación a la seguridad social.

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Así pues, cuando finalmente los fondos europeos estén disponibles, es muy probable que la economía ya haya entrado en fase de crecimiento. Si su vigor fuera insuficiente, sería conveniente priorizar los elementos del plan con efecto tractor inmediato, como la rehabilitación de vivienda o el plan de choque para el empleo juvenil. Pero si la demanda privada ya se hubiera disparado, sería más indicado hacer hincapié en los proyectos de transformación, con impacto sobre todo en el largo plazo, tal el coche eléctrico o la promoción del hidrógeno verde.

Por otra parte, el riesgo de pérdida de tejido productivo como consecuencia de la crisis ha empezado a materializarse. La última EPA registra una caída de la población activa de más de 100.000 personas, que refleja el fenómeno de desánimo y de desconexión del mercado laboral que se cierne sobre los colectivos más vulnerables. El paro juvenil alcanza niveles alarmantes, que prefiguran un impacto duradero de la crisis en términos de empleo y de pérdida de capital humano. Y el supervisor financiero europeo (Junta Europea de Riesgo Sistémico) advierte de un posible “tsunami” de insolvencias de empresas viables. Si bien esta es una amenaza en todos los países europeos, las consecuencias serían particularmente nefastas para las entidades financieras españolas peor posicionadas.

Todo ello apunta a la necesidad de no relajar la guardia ante el riesgo de erosión de capacidad productiva, porque la recuperación por sí sola apenas incidirá en la población activa, el paro de larga duración o los maltrechos balances de las empresas sobreendeudadas. De ahí la importancia de una política fiscal flexible, es decir que responda con celeridad a la incierta evolución de la coyuntura, y la vez preste la debida atención a la prevención de las cicatrices de la crisis.


ESCASEZ DE SUMINISTROS | El encarecimiento de los costes de producción se mantiene como uno de los principales retos de esta fase de salida de crisis. Los precios industriales se incrementaron un 6,3% en marzo, y un 4% sin la energía, como consecuencia de la escasez de suministros importados como los metales y los micro-procesadores. Las empresas apenas pueden trasladar el alza de los costes a sus precios de venta, como lo evidencia la reducción de la inflación subyacente (hasta el 0% en abril) y el débil crecimiento del deflactor del PIB (un 1% en el primer trimestre).

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El impacto de las ayudas europeas

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Los 140.000 millones de euros anunciados en transferencias directas y préstamos representan una gran oportunidad para salir de la crisis y transformar el modelo productivo de la economía española, cuyas debilidades han quedado patentes tras el shock. Pero la partida no está ganada. Las directrices que acaba de divulgar la Comisión Europea con respecto al funcionamiento del fondo y su utilización muestran el camino que queda por recorrer en muy poco tiempo.

Los Gobiernos disponen de menos de un mes para enviar a Bruselas sus planes nacionales de recuperación, y así optar a un desembolso de ayudas a partir de principios de 2021. Algunos países, como Francia, ya han aprobado su programa de inversión, explicitando la parte que se financiará con ayudas europeas —un extenso documento de más de 300 páginas, con todo tipo de detalles sobre cómo se articulará el programa con los presupuestos generales—. Cualquier demora retrasará el acceso a esos fondos, habida cuenta del periodo que necesita la Comisión para examinar las peticiones (dos meses) y el Consejo para aprobarlas.

Además, el plan nacional deberá identificar las inversiones en economía digital y transición ecológica, evidenciar la voluntad reformista de cada Gobierno y mostrar que los cambios normativos responden a las recomendaciones enviadas por Bruselas, en especial las más recientes. Si bien este puede ser un acicate para diseñar una estrategia con luces largas para la economía española, conviene no minusvalorar la dificultad de esa tarea, a la luz de la imposibilidad en épocas anteriores para encontrar los consensos necesarios. Las últimas recomendaciones de Bruselas, por ejemplo, encomiendan a España mejorar los resultados en materia de empleo, y adoptar medidas que pongan las cuentas públicas en una senda de equilibrio, “cuando las condiciones económicas lo permitan”. Una reforma del sistema de pensiones parece por tanto ineludible.

Una reforma crucial, y que no aparece en los recetarios clásicos, atañe a la prevención del riesgo de insolvencia de buena parte del aparato productivo. Tras meses de parálisis o de actividad reducida, muchas empresas están al borde de la quiebra pese a ser viables. Los sectores de la hostelería, de la restauración, del transporte, las actividades culturales y otros servicios que se basan en el contacto humano son los más afectados. Pero no todas las empresas de esos sectores se exponen al riesgo de insolvencia, mientras que otras ramas de actividad también padecen las secuelas de la crisis.

Se necesita, por tanto, un diagnóstico granular para identificar los negocios que tienen probabilidad razonable de ser viables a medio plazo, pero necesitan inyecciones de capital. Para conseguirlo, Alemania ha ampliado las competencias de su agencia de garantías de crédito (la KfW) y Francia se dispone a adoptar medidas dentro del plan nacional de recuperación. Veremos si se trata de cambios organizativos o si corren el riesgo de favorecer campeones nacionales en detrimento del proyecto europeo. En todo caso, en nuestro país la creación de un fondo de capitalización de empresas ha sido un paso en la buena dirección que, sin embargo, no servirá para las pymes.

La gestión de los fondos europeos será otra de las mejoras necesarias para reforzar la credibilidad del plan. Los socios son conscientes del bajo grado de utilización por España de los fondos disponibles —nuestro país apenas ha gastado un poco más de uno de cada tres euros asignados para el periodo presupuestario europeo 2014-2020—, el porcentaje más bajo en la UE después de Grecia y Eslovaquia.

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Fuentes: Comisión Europea y Previsiones de Funcas.

En definitiva, por sí solas, las ayudas europeas solo aportarán un plus momentáneo de actividad. Lo importante es no perder de vista la tarea que nos incumbe, acometiendo nuevas reformas que respondan a la gravedad de la crisis, y elaborando unos Presupuestos Generales del Estado que evidencien la coherencia de la estrategia.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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