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Presupuestos 2023: críticas poco justificadas

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A mi juicio, las críticas a los Presupuestos Generales del Estado de 2023 que inciden en la imposibilidad de cumplir los objetivos de ingresos y déficit, en que conllevan un crecimiento del gasto previsto muy por encima de los que nos ha recomendado la Unión Europea y en su tono excesivamente expansivo están poco fundamentadas. Vayamos por partes.

El crecimiento previsto de los ingresos es muy moderado. Y lo es porque la recaudación efectiva del año en curso estará muy por encima de la cifra que maneja el Ministerio como base. Incluso en un escenario de crecimiento del PIB real por debajo del 1% en 2023, el objetivo es perfectamente factible. Las nuevas figuras tributarias y el crecimiento de los precios serían más que suficientes.

La meta de déficit público incluida en los presupuestos para el conjunto de Administraciones Públicas es creíble. Y lo es porque 2022 cerrará con un desequilibrio fiscal alrededor de -4,3%. De nuevo, la explicación se encuentra en el comportamiento de los ingresos tributarios. Alcanzar el -3,9% que se fijó en el Programa de Estabilidad aprobado en la primavera y en los Presupuestos supone un recorte menor.

Tercero, según la AIReF, el crecimiento del gasto computable para la aplicación de la recomendación de la Unión Europea será del 3,6%. Todavía no conocemos cuál será la cifra concreta que estipulará la comisión, pero la AIReF estima que se hallará en el intervalo 3,1%-5,1%. Es decir, lo más probable es que los presupuestos cumplan también en este frente con cierta holgura.

Finalmente, el Banco de España considera que el tono de la política fiscal será prácticamente neutral. No son unos presupuestos especialmente expansivos. De hecho, son los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia los que van a permitir las mayores alegrías de gasto.

Dicho todo lo anterior, hay que aclarar que los presupuestos han dejado fuera el paquete fiscal compensatorio de los efectos de la crisis energética y de precios para 2023. Antes de fin de año, el Gobierno deberá concretar qué parte de las medidas vigentes se prorrogarán y qué nuevas actuaciones serán incluidas y financiadas con cargo al erario. El reto será definir un paquete que no ponga en peligro la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas. Para ello, el Gobierno tendrá que seleccionar qué se queda fuera. Porque no parece posible prorrogarlo todo y añadir elementos como la ampliación el bono social y el térmico; u otras que se plantearán en las próximas semanas.

En esa obligada selección deberían priorizarse las actuaciones que se vuelcan en los hogares vulnerables y las empresas y ramas más castigadas; que son coherentes con el objetivo de la transición energética; y que no van en contra de las tendencias tributarias recomendables pergeñadas en el libro blanco de la reforma tributaria. Y quizá tendría sentido pensar en un plan de cobertura trimestral e ir adaptándolo a la evolución de los acontecimientos.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Guía para interpretar los cambios fiscales

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Cinco ideas para interpretar y evaluar las medidas pactadas la semana pasada por los socios de coalición. La primera es que el margen presupuestario del gobierno es escaso. A pesar del buen comportamiento de la recaudación tributaria en 2022, padecemos problemas graves de déficit y deuda pública. No podemos permitirnos aumentar nuestros desequilibrios fiscales; especialmente en un contexto de rápida subida de tipos de interés y, con ello, de coste de las nuevas emisiones de títulos de deuda. Segunda, en un contexto inflacionario no nos conviene estimular la demanda agregada y, por tanto, debemos evitar rebajas de impuestos generales y sustanciales. Este argumento rema en la misma dirección que el anterior: los cambios fiscales deben ser cuantitativamente limitados, focalizados y, en lo posible, autofinanciados. Rebajas para los más vulnerables e impactados por la crisis de precios, subidas para quienes están en una situación más confortable.

En tercer lugar, España necesita una reforma estructural de su sistema tributario. A ello nos hemos comprometido con Bruselas. El libro blanco publicado hace unos meses ofrece una hoja de ruta para esa reforma y, por ello, no me detendré a desgranarla. Basta incidir en que el objetivo principal del paquete fiscal anunciado no es ese, sino dar una respuesta a una coyuntura económica difícil e inesperada. Por tanto, seguimos con deberes pendientes en el ámbito tributario.

Cuarto, la actualización del IRPF para ajustarlo a la inflación acumulada en la última década no ha sido incluida en el paquete, pero tiene sentido: es evidente que el coste de la vida es superior y los importes de los mínimos personales y familiares o la reducción por rendimientos de trabajo deberían aumentarse. Aunque la lógica de esta propuesta, en la que insiste el Partido Popular, quedaría neutralizada por los dos primeros argumentos apuntados, podría recuperarse en algún momento futuro para facilitar un pacto de rentas integral. Porque, una rebaja en las retenciones podría permitir acomodar subidas salariales (o en las pensiones) más modestas y asumibles por los empresarios.

Quinta y última, la pandemia y la invasión de Ucrania nos han mostrado la necesidad de tener bien identificados a los hogares vulnerables y contar con herramientas de intervención ágiles y bien diseñadas e implementadas para evitar fraudes o desincentivos. En el libro blanco también se incidía en esta limitación. Por eso, nos vemos obligados a actuar por aproximación y por vías indirectas e imperfectas. Urge cambiar esto. Comencemos por extender la obligación de presentar la declaración del IRPF e incorporar al sistema a millones de personas que hoy quedan al margen del sistema. Sin duda, un esfuerzo adicional no menor para la Agencia Tributaria y para los propios ciudadanos. Pero un esfuerzo necesario para mejorar las políticas públicas en el frente de la redistribución.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Ajustes necesarios en la respuesta a la invasión de Ucrania

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Hace poco más de un mes, el Banco Central Europeo (BCE) publicaba en su boletín mensual un análisis del impacto presupuestario de las medidas adoptadas en los países de la eurozona para hacer frente a los efectos económicos de la invasión de Ucrania. Según los cálculos de los autores, tan solo el 12% de esas rebajas impositivas e incrementos del gasto tiene por beneficiarios a los hogares vulnerables; y menos del 2% contribuirá directamente a la transición ecológica. La semana pasada, Kristalina Gueorguieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), advertía de la necesidad de que las actuaciones se centren en apoyar a los más frágiles, evitando medidas generalistas que, por definición, son más costosas para los erarios europeos y acaban alimentando el proceso inflacionario.

Desafortunadamente, la probabilidad de que la necesidad de medidas compensatorias se extienda a 2023 debería hacernos reflexionar para redefinir el plan de choque. Y el párrafo anterior nos da pistas sobre cómo deberíamos hacerlo: focalizando mucho más las ayudas y apostando en mayor medida por actuaciones que sean compatibles con el impulso a los objetivos de transición energética y ecológica.

En todo caso, debemos tener claro que para afrontar el episodio inflacionario no basta con lo anterior; y que la subida de tipos de interés por parte del BCE puede ser una medicina particularmente dolorosa y no muy eficiente, en la medida en que el origen de la inflación no es un sobrecalentamiento de la economía europea y, por tanto, habrá que reducir mucho la demanda para que se note el efecto en los precios. Por eso necesitamos tres cosas más.

La primera es actuar de forma contundente sobre los mecanismos de fijación de precios de la energía, que generan resultados absurdos en la coyuntura actual. La UE debería resolverlo en lo que resta de mes. Porque no es muy inteligente mantener las reglas actuales y dejar que Rusia utilice su gas como una potente arma de guerra económica.

La segunda es la enorme importancia de alcanzar un pacto de rentas ambicioso y en un plazo breve. En tiempos de guerra, necesitamos que en el seno de los países de la UE mantengamos cohesión, paz social y solidaridad.

La tercera está íntimamente ligada a la anterior. La pandemia nos ha mostrado la importancia de la coordinación y la cooperación en momentos críticos. Desafortunadamente, estamos ante otro. Cierto que en este caso no se trata de mascarillas, distancia social y responsabilidad individual para frenar contagios. Ahora se trata de que los sectores productivos y los hogares en mejor situación financiera acepten que las ayudas vayan a otros, asuman que su pérdida de poder adquisitivo sea comparativamente mayor y que, en la medida de las posibilidades de cada uno, se hagan esfuerzos voluntarios para ayudar a los más vulnerables.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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España y la construcción europea

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La respuesta fiscal de Europa a la pandemia pivotó sobre dos decisiones complementarias. La activación de la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), que dejaba en pausa las reglas fiscales que limitan el déficit público, y la creación del programa extraordinario de compra de deuda. Los países pudieron gastar lo necesario y financiar sus enormes déficits. Acertamos de lleno en la estrategia, corroborando la idea de que la Unión Europea avanza en las crisis.

Aunque la invasión de Ucrania nos ha conducido a extender un año la pausa en la aplicación de las reglas, estamos ya en un momento de transición hacia una normalidad en la que los países deberán afrontar las restricciones que conllevan las reglas fiscales y el final del programa de compra extraordinario. Un escenario que hace escasos meses se antojaba particularmente difícil para España, por su elevado nivel de déficit estructural y deuda.

Afortunadamente, la aprobación del instrumento para la Protección de la Transmisión (TPI) y la dirección que parece va tomando la reforma en curso del PEC nos permiten ser más optimistas y abren la posibilidad de un futuro sin crisis de deuda soberana ni ajustes fiscales draconianos, muy diferente al que vivimos en la Gran Recesión. Europa aprende de sus errores y España se beneficia especialmente de ello.

Los españoles deberíamos hacer lo propio: valorar las implicaciones de lo que se ha aprobado; ser conscientes de la necesidad de que, finalmente, la nueva definición de las reglas fiscales vaya en línea con la declaración conjunta que hace unos meses hicieron los gobiernos de España y Países Bajos; y asumir de una vez la responsabilidad fiscal.

En los 43 ejercicios que median entre 1980 y 2022, en 30 hemos tenido un déficit público superior al 3% y solo en tres años hemos alcanzado superávit. Debemos aprovechar el apoyo europeo para hacer nuestros deberes sin agobio y en un horizonte temporal razonable, pero con rigor y coherencia. Los españoles debemos optar por un menú fiscal en el que gastos e ingresos encajen estructuralmente como lo hacen en la media de la UE-27, al menos.

En paralelo, debemos ser conscientes de que el TPI no es algo que alemanes u holandeses necesiten o les guste especialmente. Cierto que la inestabilidad financiera no le viene bien a nadie, pero la realidad es que nos están apoyando y favoreciendo. Como lo han hecho con los Fondos Next Generation EU. Por eso, creo que hay que medir muy bien las palabras cuando reaccionamos a propuestas comunitarias que no están pensadas para nosotros y que nos exigen sacrificios para ayudar a otros.

Por supuesto, hay que negociar, defender intereses y buscar equilibrios razonables. Pero hay que tener mucho cuidado con la retórica que usamos con nuestros socios y amigos. Sobre todo, sabiendo que en cuestión de meses se acordará ese nuevo marco de reglas fiscales, en el que nos jugamos bastante más que en otras cuestiones.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Nuevos impuestos

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Comencemos por dos aclaraciones. La primera es que los impuestos anunciados la semana pasada no forman parte de la reforma fiscal pendiente que debería resolver múltiples problemas y afrontar nuevos retos. Su lógica y justificación es diferente. La segunda es que, por muy buena voluntad que se tenga, ningún Gobierno es capaz de garantizar que el coste de los impuestos no se vaya a trasladar vía precios a otros agentes económicos; en particular a los clientes de empresas energéticas y bancos. Porque una cosa es la incidencia legal de un tributo, que sí controla el gobierno a través de la normativa fiscal, y otra la incidencia efectiva.

Dependiendo de las condiciones de los mercados, las empresas pueden acabar trasladando una parte no menor del coste a sus clientes, proveedores o incluso trabajadores. Es una realidad que las empresas energéticas están siendo favorecidas por la coyuntura actual. En el caso de las eléctricas, por un sistema marginalista no pensado para situaciones extraordinarias como la que estamos viviendo. Los beneficios caídos del cielo están siendo enormes. La llamada “excepción ibérica” ha sido una solución buena, pero parcial. Aun con ella, los precios a los que se está cobrando la luz excede con mucho lo razonable, dado el peso menor del gas en las fuentes generadoras de electricidad en España. En el caso de los carburantes, el mecanismo es diferente. Pero existe evidencia empírica de esos beneficios extraordinarios. Por tanto, un impuesto transitorio sobre las energéticas es un complemento justificable a los cambios en el sistema marginalista, y va a permitir que una parte de esos sobreprecios a los consumidores pasen a financiar actuaciones compensatorias. Es muy probable que este tipo de tributos extraordinarios vayan a ser la norma en Europa.

En contraste, tengo serias dudas sobre la oportunidad del impuesto a la banca. El argumento de que las entidades financieras se van a beneficiar de la subida de tipos que se avecina no tiene nada que ver con la idea de los beneficios caídos del cielo. Como es bien sabido, el sistema financiero español ha pasado años difíciles en un contexto de tipos de interés negativos, nunca visto antes. Los ajustes en plantilla y las cotizaciones bursátiles dan fe de ello. Y no hay que olvidar que una subida de tipos no es sinónimo de mayores beneficios en un contexto de crisis económica con previsibles aumentos en la morosidad. Tampoco es totalmente sólido el argumento de que el impuesto es una compensación por el rescate a la banca que financiaron todos los españoles. Porque una parte sustancial de los bancos que soportarán el gravamen no recibieron esas ayudas. Me cuesta creer que este vaya a ser un camino que se transite de manera generalizada en los países de la UE.

Quizá tendría sentido volver al libro blanco de la reforma tributaria y encontrar otras posibilidades para obtener más ingresos, al tiempo que se mejora el sistema.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Europa y el gasto en defensa: el despertar de los ‘free-riders’

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La guerra en Ucrania ha situado en un primer plano el análisis económico del gasto en defensa de los países de la Unión Europea. Presentamos dos visiones de la problemática relacionada con este tema: esta, en el contexto internacional de las relaciones entre países miembros de una misma Alianza; y otra —firmada por Santiago Lago Peñasen el marco presupuestario español y en los problemas para afrontar el déficit público.

Desde hace algunas semanas asistimos a una serie de acontecimientos para algunos tan increíbles como poco probables. Aunque la guerra desatada por Putin en Ucrania es sólo uno más de los conflictos que azotan el mundo, este conflicto va a provocar un cambio en el modelo relaciones internacionales por el que se regían los países, los gobiernos y los ciudadanos.

Hacía décadas que Europa no respiraba el miedo que provoca la guerra, tan cerca del corazón del continente y con la amenaza latente de una posible extensión a territorios de países de la Alianza Atlántica. Los responsables políticos de la Unión Europea y de varios de los países que la integran ya han manifestado que Europa debe estar preparada para afrontar cualquier posible escenario en relación con el actual conflicto, y ello hace referencia de manera muy especial a nuestra capacidad en materia de defensa. Pero, ¿estamos preparados? Repasemos algunos datos.

España es el país de la Alianza Atlántica que menos gasta en defensa, a excepción de Luxemburgo. En el año 2021, el gasto en defensa español en términos de la definición OTAN alcanzó el 1,02% de su PIB. Quiero recordar que en las sucesivas cumbres de la OTAN desde el año 2002, se ha reclamado de forma reiterada la necesidad de que el gasto de cada país aliado alcance el 2% del PIB. En este sentido, países miembros que gastan por encima del 2% del PIB son EE. UU. (3,52%), Grecia (3,82%), Croacia (2,79%), Estonia (2,28%) y Reino Unido (2,29%). La lista de los que sitúan su gasto en defensa en torno al 2% de su PIB se amplía a países como Polonia, Lituania, Rumanía, Francia y Noruega. Por debajo del nivel deseado por la OTAN se colocaba a su vez Alemania, pero su decisión de duplicar el gasto en defensa hasta alcanzar 100.000 millones de euros la posicionará en los niveles requeridos por la Alianza. También el presidente del Gobierno ha anunciado que España deberá elevar su gasto en defensa hasta un 2% del PIB en un horizonte de varios años. Finalmente, todavía encontramos países por debajo del nivel de referencia, como Portugal (1,54%) e Italia (1,39%). 


Al pertenecer a una alianza militar, la relación de los gastos individuales de cada uno de los países debe completarse con una perspectiva global, pues en términos de la Alianza Atlántica aproximadamente el 70% del gasto en defensa procede de los Estados Unidos. Así que Europa, que es la que tiene al potencial enemigo a las puertas, ha decidido tradicionalmente asignar muchos menos recursos a la defensa ¿Y por qué los países miembros de la Alianza llevan décadas actuando de esta forma? Entre las razones explicativas, que son muchas y variadas, me gustaría resaltar las que desde mi punto de vista son más relevantes.

La primera de las razones la encontramos en el análisis económico. La defensa nacional es un bien público puro y por tanto se cumple el principio de no rivalidad y no exclusión en el consumo. En presencia de este tipo de bienes, los comportamientos free-rider son del todo habituales: ¿para qué gastar en defensa? Si se materializa una amenaza, el paraguas de la OTAN nos protegerá sin tener que aportar más recursos al conjunto: es el comportamiento típico del free-rider con respecto al resto de países aliados. La naturaleza de la defensa como un bien público puro no solo tiene lugar a nivel interno (dentro de cada país), sino que es precisamente en el seno de la Alianza donde de forma más intensa tienen lugar este tipo de comportamientos. Adviértase que desde los años cincuenta del siglo pasado EE. UU. viene reclamando a sus socios europeos que asignen más recursos a la defensa. 

Aunque a Europa le pese, los mapamundis ya no se dibujan tomando el océano Atlántico como eje central que divide el mundo en dos partes. La geopolítica actual requiere de una toma de conciencia de nuestro papel en el mundo como europeos, también en materia de seguridad y defensa.

Claudia Pérez Forniés

Retomando la visión interna del bien defensa, resulta relevante cómo se decide en un país democrático cuánto se gasta en la defensa nacional. Así que la segunda de las razones reside en que nos enfrentamos también a un problema de decisión política. Serán el Gobierno y el Parlamento quienes decidirán acerca de los presupuestos de defensa, de las inversiones que en ellos se recojan, y del período temporal de los programas de gasto, tomando como referencia las capacidades que se necesiten para responder a los riesgos y amenazas recogidos en nuestra estrategia de seguridad nacional y en las de nuestros aliados.

Sin embargo, ningún Gobierno podrá establecer una política de defensa frente a un determinado nivel de amenaza si la ciudadanía no se siente amenazada. Los europeos occidentales no somos diferentes al resto del mundo, porque percibir amenazas intangibles en el presente, que ocurren lejos de nuestros hogares y que puede que no sucedan nunca, nos llevan de forma racional a que nuestras preocupaciones sean otras: el trabajo, la salud, la educación de nuestros hijos o el cuidado de nuestros mayores. Pero cuando la amenaza se convierte en realidad, y nos sacude una guerra que sentimos cerca, nos damos cuenta de que no estamos preparados y que en el mejor de los casos dependemos de otros. 

Estamos, por tanto, ante un problema de decisión política, ante un bien que por su propia naturaleza económica no es reconocido ni demandado por la ciudadanía. Y toda esta casuística se produce en un contexto internacional, tercera de las razones que explican el reducido nivel de gasto en defensa de nuestro país y de Europa. España es socio de pleno derecho de la Alianza Atlántica; sin embargo, las relaciones entre los países que integran esta alianza han sido siempre complicadas. Europa decidió desde los años sesenta desarrollar sus Estados del bienestar dejando en un segundo plano los asuntos de la seguridad y subcontratándola con el país líder de la OTAN. Esta limitada predisposición al gasto público en defensa se acentuó con la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, y se ha mantenido durante cuatro décadas. Desaparecido el enemigo, ¿para qué gastar en defensa? Mirando hacia el Atlántico, Europa siempre pensó que Estados Unidos le protegería, tal y como ocurrió en la última contienda mundial.

Desde hace dos décadas, el cambio en el complejo mundo de las relaciones internacionales es evidente, pero su carácter disruptivo se ha puesto de manifiesto con la guerra en Ucrania. EE. UU. ha dejado de mirar solo hacia el Atlántico y mira desde hace tiempo con intensidad hacia el Pacífico. La irrupción en un mundo globalizado de otros actores principales como China esboza un nuevo mapa de la arquitectura internacional. Aunque a Europa le pese, los mapamundis ya no se dibujan tomando el océano Atlántico como eje central que divide el mundo en dos partes. La geopolítica actual requiere de una toma de conciencia de nuestro papel en el mundo como europeos, también en materia de seguridad y defensa.

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El gasto en defensa y el déficit público

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La guerra en Ucrania ha situado en un primer plano el análisis económico del gasto en defensa de los países de la Unión Europea. Presentamos dos visiones de la problemática relacionada con este tema: una —firmada por Claudia Pérez Forniésen el contexto internacional de las relaciones entre países miembros de una misma Alianza; y esta, en el marco presupuestario español y en los problemas para afrontar el déficit público.

Tanto en el ámbito privado como en el público, existen gastos con poco atractivo. Las primas de seguro para cubrir riesgos contingentes son un buen ejemplo. Reservar una parte de los ingresos familiares o cargar la cuenta de explotación de las empresas para prepararse ante sucesos que pueden no ocurrir, exige racionalidad y cálculo; u obligatoriedad por parte de un regulador. En el ámbito público, la partida que responde mejor a esta definición es la de defensa nacional. Con el agravante de que las guerras, en general, se ven lejanas y provocan rechazo y disgusto en el ciudadano mediano europeo del siglo XXI.

Los datos lo demuestran. Basta citar dos estudios. El primero, de la Fundación COTEC, sobre preferencias de gasto público en la ciudadanía, presentado en enero de 2021 (disponible en #LEC_COTEC: Preferencias de gasto público en la ciudadanía – Fundación COTEC para la Innovación). El gráfico adjunto, extraído del informe, muestra la ordenación de preferencias de ocho políticas públicas principales. Defensa y seguridad aparecen en el último lugar, con una intensidad de prelación que supera ligeramente 0,5 sobre un máximo de 5.

Representación gráfica de las preferencias de la población española sobre las ocho políticas de gasto consideradas [tomado de Cotec].

El segundo informe es la edición de marzo de 2022 del Focus on Spanish Society de Funcas, elaborado a partir de datos del CIS y de Eurostat. Las autoras muestran que, estando España en el cuartil de países de la UE-27 que gasta en defensa un menor porcentaje del PIB, el 30% de los españoles considera que se gasta demasiado. La segunda política menos apoyada sería seguridad pública, pero no llega al 10% quienes consideran que el desembolso es excesivo.

Nuestra pertenencia a la OTAN nos ha permitido un cierto comportamiento de free-rider, dejando que sea Estados Unidos el líder que asume la parte del león en gasto e intervenciones ante conflictos que, desde hacía mucho tiempo, se producían lejos de nuestro espacio de seguridad y confort. La invasión de Ucrania por Rusia ha alterado el mapa por completo. La percepción del riesgo ha cambiado y, con ello, la disposición a incrementar el gasto militar, tanto entre las elites políticas como entre los ciudadanos. 

La encuesta de 40db para El País y la Cadena SER correspondiente a abril de 2022 muestra que el 57,5% de los encuestados está muy o bastante de acuerdo con incrementar el gasto en defensa en detrimento de otras partidas.

No obstante, este giro de prioridades tiene importantes implicaciones para las cuentas públicas. El Gobierno ha anunciado que el objetivo para 2024 es llegar al 2% de PIB, cifra que los países de la OTAN se fijaron en 2014 como objetivo a diez años vista. Pero hoy España apenas alcanza el 1%. Eso quiere decir que debemos incrementar más de un punto porcentual de PIB el gasto en defensa en dos ejercicios, lo que complica aún más una consolidación fiscal tan urgente y necesaria como aplazada y orillada. 

Con un déficit estructural próximo al 5% de PIB en 2022, cargar adicionalmente los compromisos de gasto conlleva la necesidad de ajustes sustanciales en otras partidas o un fuerte incremento de la recaudación tributaria. Sin duda, la lucha contra el fraude fiscal y los análisis de rentabilidad social del gasto para detectar gasto superfluo o prescindible ayudarían. Pero me temo que van a ser claramente insuficientes dada la magnitud del reto.

El Gobierno debe afrontar pronto la tarea de fijar una senda de gastos e ingresos públicos coherente y racional, que nos permita equilibrar las cuentas públicas en un plazo razonable. Y en ese ejercicio debe aparecer de forma expresa el compromiso en defensa. A lo mejor no es posible alcanzar el 2% comprometido en dos años y hay que pedir una prórroga, atendiendo a las posibilidades económicas de un país todavía en recuperación de la pandemia y golpeado por la guerra de Ucrania. O quizá sí lo es. Pero solo cuando esta partida se integre con el resto será posible determinar la coherencia del escenario presupuestario, generando certidumbre y previsibilidad. Y ambos ingredientes son particularmente necesarios en el momento actual.

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Gasto público y crecimiento en los países de la OCDE, 1964-2018

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Buena parte de las
economías avanzadas de la OCDE muestran, desde mediados de los años sesenta
del pasado siglo, una tendencia decreciente de sus tasas de crecimiento,
especialmente perceptible en los países europeos y Japón. En paralelo, la
trayectoria del gasto público presenta un aumento sostenido hasta comienzos
del decenio de los ochenta, estabilizándose posteriormente en torno a una
media del 41% del PIB, aunque con amplias diferencias entre países. En
términos muy generales, la pregunta a la que se ha tratado de responder en
este trabajo es si ese nivel de gasto público tiene alguna relación con la
caída de las tasas de crecimiento.

La relación entre
gasto público y crecimiento económico responde a dos fuerzas contrapuestas.
Por una parte, los efectos positivos del gasto público sobre la productividad
a través de la acumulación de capital físico y humano, de la corrección de
los fallos de mercado y de la mejora de la estabilidad social mediante la
reducción de la desigualdad. Por otra, los efectos distorsionadores de los
impuestos sobre la productividad del capital y sobre el crecimiento, así como
por las ineficiencias de la gestión pública y por la extensión de las
actividades de búsqueda de rentas. El resultado final dependerá de la
importancia relativa de ambos efectos, lo que, bajo determinados supuestos
sobre la forma de la función de producción, se relaciona principalmente con
el tamaño, la composición y la calidad del gasto y de los ingresos públicos.

A partir de los
análisis empíricos realizados, la primera conclusión de este artículo es
que el tamaño alcanzado por el gasto público en la mayor parte de los países
avanzados estaría siendo una rémora para el crecimiento económico. Sin
embargo, un resultado tan agregado que, por otra parte, ha sido ampliamente
contrastado en otros trabajos, esconde relaciones muy heterogéneas entre gasto
público y crecimiento económico en los distintos países.

En primer lugar, el
mencionado efecto negativo tiene una magnitud muy diferente entre países:
mientras en algunos, como los escandinavos, los coeficientes son bajos, en
otros, como los del antiguo bloque del este de Europa o los bálticos, son
mucho más elevados.

«Los resultados obtenidos presentan tantas particularidades que no puede decirse, sin más, que una reducción del gasto público en los países avanzados de la OCDE implique un aumento de las tasas de crecimiento a largo plazo. La composición y calidad del gasto puede resultar tan determinante como su propio tamaño».

En segundo lugar,
los resultados no son tan concluyentes cuando en lugar del gasto público total
se toma el gasto en bienes y servicios públicos, excluidas por tanto las
transferencias, cuyo efecto sobre el crecimiento, aun siendo también negativo,
es a su vez muy diferente entre países. Y resultados opuestos se obtienen para
gran número de países cuando el análisis se circunscribe al gasto en
inversión pública. Por tanto, la composición del gasto es un factor muy
destacado en cuanto a sus efectos sobre el crecimiento.

En tercer lugar, la
relación entre gasto público y crecimiento no necesariamente es lineal. La
estimación no paramétrica de coeficientes que pueden variar en el tiempo
muestra que en algunos países se ha iniciado una senda de ajuste y
estabilización del gasto que modifica el signo de su relación con el
crecimiento económico, de modo que algunos de los efectos negativos habrían
quedado en buena medida neutralizados.

En cuarto
lugar, la calidad y eficacia del sector público se muestra como un factor
explicativo muy relevante de las diferencias que se aprecian entre países con
niveles similares de gasto. Países con un tamaño del gasto muy elevado
ofrecen, en cambio, resultados mucho mejores en su relación con el crecimiento
que otros con un tamaño más reducido, debido a las diferencias en variables
de tipo institucional. La conclusión es que un elevado número de países
podrían mejorar sus tasas de crecimiento sin necesidad de reducir el gasto,
reforzando sus indicadores de calidad y eficacia del gobierno.

Incluso enjuiciando
el papel del sector público solo por sus efectos sobre el crecimiento, los
resultados obtenidos presentan tantas particularidades que no puede decirse,
sin más, que una reducción del gasto público en los países avanzados de la
OCDE implique un aumento de las tasas de crecimiento a largo plazo. La
composición y calidad del gasto puede resultar tan determinante como su propio
tamaño y otro tanto puede decirse de la eficacia e imparcialidad de la
actuación del sector público en la provisión de bienes y servicios.

El análisis
realizado no puede obviar el hecho de que el crecimiento, como objetivo de las
políticas públicas, debe conciliarse con otros objetivos que también
formarían parte de una hipotética función de bienestar social, como la
conservación del medio ambiente, la distribución de la renta o el acceso a
ciertos servicios básicos como la educación o la sanidad. Todo lo que aquí
hemos deducido tiene que ver con el alcance de las relaciones entre gasto
público y crecimiento económico, pero no se prejuzga que el crecimiento deba
ser el único código para evaluar el gasto, aunque sí conviene tenerlo muy
presente cuando se proponen políticas redistributivas que conllevan un
componente de gasto público. El equilibrio entre eficiencia y equidad, tan
discutido en cuanto a lo óptimo de sus proporciones, requiere, con seguridad,
tener en cuenta todo tipo de factores, económicos, ambientales y sociales, a
la hora de diseñar y ejecutar la intervención del sector público en las
sociedades avanzadas.  

Esta entrada es un resumen del artículo ‘Gasto público y crecimiento en los países de
la OCDE, 1964-2018’, publicado en el número
164 de Papeles de Economía Española
.

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Cómo reducir el agujero presupuestario

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Desde el inicio de la fase expansiva, los sucesivos Gobiernos se han marcado como objetivo una contención gradual de los desequilibrios presupuestarios. Fruto de este gradualismo, el déficit público se ha ido reduciendo sin descarrilar el crecimiento ni la creación de empleo.

Sin duda, el margen que permitía la marcha de la economía no se ha aprovechado tanto como hubiera sido deseable. Las rebajas de impuestos de hace unos años restaron ingentes ingresos a las arcas públicas, a la vez que fueron innecesarios para sostener una economía en pleno auge. Por otra parte, las asignaciones de recursos se han alejado de las prioridades del país, por el encadenamiento de prórrogas presupuestarias, unido a la falta de evaluación del gasto público, con algunas meritorias excepciones como las spending reviews de la Airef.

La etapa de desaceleración plantea dudas acerca de la estrategia fiscal. La principal incertidumbre radica en el entorno internacional, agravado por la crisis sanitaria surgida en China y que parece extenderse de manera preocupante a otros países. Sin embargo, bajo la hipótesis de una contención del virus en las próximas semanas, la economía global podría rebotar levemente durante la segunda parte del año, de modo que la española mantendría su posición favorable de crecimiento.

En este contexto, en un escenario inercial o sin cambios significativos en la política presupuestaria y en la monetaria, caracterizada por tipos de interés de referencia negativos, la economía todavía crecería un 1,5% este año y un 1,7% en 2021. Con estas tasas, los ingresos de las administraciones se incrementarían ligeramente por encima de los gastos, facilitando un descenso del déficit público, desde en torno al 2,5% del PIB en 2019 hasta el 2,2 en 2022 (por el juego de los estabilizadores automáticos). El resultado es que la deuda pública se estancaría en niveles elevados, manteniéndose como uno de las principales vulnerabilidades de la economía española y dejando poco margen de reacción ante hipotéticos accidentes de mercado o un repunte inesperado, pero nunca descartable, de tipos de interés.

Esto se alejaría de la senda de déficit recién aprobada por el Gobierno, y que supone llevar el déficit hasta el 1,2% en 2022. Por tanto, el esfuerzo fiscal, o diferencia entre el escenario inercial y el objetivo, equivaldría a un punto porcentual, cerca de 13.000 millones de euros. Habida cuenta de los compromisos ya adquiridos, y bajo el supuesto de una estabilidad del gasto público en relación al PIB, los esfuerzos de contención descansarían principalmente en los ingresos.

De ello se puede deducir que las medidas anunciadas, por un monto cercano a 5.400 millones (mínimo de impuesto de sociedades, etcétera), no bastan, aparte de depender de la adopción de nuevos Presupuestos Generales de Estado. Además, algunas como la tasa digital, y casi con seguridad la de transacciones financieras, por tratarse de fórmulas nuevas que requieren tiempo para su puesta en marcha, no generarán recursos antes del próximo ejercicio.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes de los gráficos: INE y Funcas (previsiones).

Todavía serían necesarios 7.600 millones en recursos adicionales. Para no elevar los tramos impositivos, una opción es reconsiderar algunas bonificaciones que erosionan la recaudación, drenando más de 37.000 millones anuales, con dudosa utilidad. Estas incluyen, por ejemplo, las dirigidas a la contratación, las deducciones por inversión en fondos de pensión o reducciones de IVA. Todo ello, junto la fiscalidad medioambiental, nos acercaría al objetivo. Las mejoras de gestión, como resultado de las evaluaciones de las políticas públicas que se pongan en marcha, también tendrán un impacto favorable, tanto en la calidad del gasto público como en la asignación de los recursos.

Si bien estos ajustes podrían generar algún malestar, la buena noticia es que apenas restarían una décima de crecimiento en 2021. Además, la mejora presupuestaria tendría un impacto favorable sobre la prima de riesgo, como se ha visto en Portugal, y sobre la inversión productiva. En suma, todavía hay margen para reducir los desequilibrios sin afectar la expansión.

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El ajuste fiscal español en perspectiva

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La coyuntura fiscal es más incierta que nunca. En estos momentos no existe siquiera un proyecto de PGE-2020. La falta de una mayoría parlamentaria suficiente ha impedido la aprobación del límite de gasto no financiero para 2020 o la revisión de los objetivos de estabilidad fiscal. La referencia principal con la que contamos es el Plan Presupuestario 2020 (Plan2020) hecho público y remitido a la Comisión Europea el 15 de octubre de 2019. En él se dibuja un escenario fiscal inercial, que no incluye ninguna medida adicional por el lado de los ingresos, aunque sí algunas actuaciones por el lado del gasto, al considerar el Gobierno que se adoptarán, en cualquier caso. En concreto, la implementación del acuerdo con los sindicatos para la mejora del empleo público, que implica un aumento de la partida de remuneración de asalariados, y la revalorización de las pensiones. El resultado de este escenario inercial es una caída del déficit total de tres décimas: desde el -2,0% al -1,7%.

La respuesta de la Comisión Europea al Plan Presupuestario 2020 no ha sido favorable. Considera que el cierre del déficit para 2019 será del -2,3% del PIB, tres décimas por encima de la expectativa del Gobierno; que las medidas de gasto tendrán un impacto sustancial (entre 0,4% y 0,5% del PIB adicional), de forma que el déficit total en 2020 apenas cambiaría (-2,2%); y que el déficit estructural empeoraría una décima, cuando la recomendación al abrigo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento es una reducción de esa componente de -0,65%. Por todo lo anterior, concluye que el Plan corre el riego de no cumplimiento de lo establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La propia Comisión reconoce que al tratarse de un Plan “a políticas constantes” existe margen para un mayor esfuerzo de consolidación fiscal que se debería concretar en una revisión del mismo, cuando los PGE-2020 sean finalmente remitidos al Congreso.

¿Qué cabe esperar de esos nuevos PGE-2020? La investidura de Pedro Sánchez el pasado 7 de enero despeja parcialmente el panorama político, aunque la aritmética parlamentaria sigue complicando la elaboración y aprobación de los nuevos presupuestos, sobre los que existen presiones al alza del gasto. Primero, por el acuerdo de coalición entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos[1]. Segundo, por los múltiples acuerdos bilaterales con formaciones de anclaje territorial.

En esta coyuntura, es difícil aproximarse al tono de la política fiscal resultante de la hipotética aprobación de los PGE-2020. Una posible aproximación es cuantificar las medidas con impacto sobre gasto e ingresos contenida en los acuerdos para la investidura. Esta opción se topa con el problema de la multiplicidad de acuerdos y la falta de concreción en cifras de otros. La ausencia de memorias económicas lastra esta vía metodológica. Aun así, la Confederación de Empresarios (CEOE) ha hecho un esfuerzo de cuantificación parcial, al limitarse al acuerdo PSOE-Unidas Podemos. Según sus cálculos, el gasto aumentaría 1,5 puntos del PIB y los ingresos 0,5 puntos, lo que elevaría el déficit en un punto porcentual,  para volver a superar la barrera del 3% en 2020[2].

Un enfoque alternativo es partir de la discusión anterior sobre el Plan2020, incluyendo como ingresos adicionales los que aparecían en el Plan Presupuestario para 2019 (Plan2019): las novedades del Acuerdo de coalición en el frente tributario no son sustanciales. En la medida en que existen cuantificaciones precisas en el caso del Plan2019 y los pactos con otras formaciones políticas dejan a un lado los ingresos, los cálculos están sujetos a menor incertidumbre. Este enfoque nos daría una idea del margen con el que cuenta la coalición de gobierno para ampliar su gasto por encima del escenario inercial que dibuja el Plan2020 en el que, recordemos, ya se incluye la subida de sueldo a empleados públicos y la revalorización de las pensiones.

«Parece inevitable que la implementación de las medidas de gasto incorporadas en el acuerdo de coalición PSOE-Unidas Podemos pasa por recortes en otros programas de gasto o actuaciones adicionales por el lado de los ingresos, preferiblemente al abrigo de una reforma global y en profundidad del sistema fiscal».

En la tabla 1 aparecen las estimaciones del Gobierno y de la AIReF para cada una de las medidas de nuevos ingresos contempladas en el Plan2019 y la subida en las bases máximas de las cotizaciones a la Seguridad Social, inicialmente no contempladas, pero que el Gobierno decidió con posterioridad al envío del documento a la Comisión Europea. Con esa incorporación, la estimación de ingresos adicionales del Gobierno (7.178 millones de euros) quedaba dentro del intervalo de confianza trazado por la AIReF (6.065-7.713 millones). Si a esas cifras le detraemos los incrementos en las cotizaciones sociales que fueron implementadas a pesar del rechazo de los PGE-2019, el intervalo de la AIReF caería hasta 3.565-4.913 millones de euros. Esto supone un incremento de ingresos de entre 0,3-0,4% del PIB.

Medidas ingresos Plan Presupuestario 2019 Estimación AIReF
Impuesto sobre sociedades: limitación exenciones DDI y tipo mínimo sobre BI 1.776 (1.650 – 1.900)
Impuesto sobre sociedades: rebaja tipo PYMES -260 (-242 – -278)
Impuesto sobre las transacciones financieras 850 (420 – 850)
Impuesto sobre determinados servicios digitales 1.200 (546 – 968)
Incremento de los tipos del IRPF rentas más altas 328 (245 – 255)
Fiscalidad verde (Impuesto Hidrocarburos) 670 (649 – 693)
IVA: Rebaja de tipos en los servicios veterinarios -35 -35
IVA: Fiscalidad de género y desigualdad -18 -18
Lucha contra el fraude: limitación de pagos en efectivo 218 (100 – 200)
Lucha contra el fraude: Reforzar lista de morosos 110 (50 – 100)
Lucha contra el fraude: Mejores prácticas internacionales para la prevención y lucha contra el fraude 500 (200 – 270)
Cotizaciones sociales por subida del SMI 1.500 (1.500 – 1.700)
Impuesto sobre el patrimonio 339 (0 – 8)
Total medidas Plan Presupuestario 7.178 (5.065 – 6.613)
Medida no desarrollada en el Plan Presupuestario


Subida bases máximas de cotización
(1.000 – 1.100)
Total medidas 7.178 (6.065 – 7.713)

Partamos de la estimación de déficit para 2020 de la Comisión Europea en el escenario inercial que traza el Plan2020 y que incluye las subidas de salarios públicos y pensiones (-2,2%). La implementación de todas las medidas de ingreso explicitadas hasta la fecha situaría el déficit total en -1,8%, en el mejor de los casos. Esta cifra sería claramente insuficiente para cumplir con el objetivo del Programa de Estabilidad 2019-2022 (-1,1%) y no llegaría siquiera para cumplir con los objetivos de reducción del déficit estructural en 2020 (-0,65% del PIB).

Y esto último ha pasado a ser particularmente relevante desde el 1 de enero de 2020, al finalizar el período contemplado en la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Los límites establecidos en los artículos 11 y 13 de esta ley rigen ya plenamente. En particular, el primero de los preceptos establece que: “ninguna Administración Pública podrá incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales. No obstante, en caso de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo, de acuerdo con la normativa europea, podrá alcanzarse en el conjunto de Administraciones Públicas un déficit estructural del 0,4% del PIB nacional expresado en términos nominales, o el establecido en la normativa europea cuando este fuera inferior”. Una ley orgánica que, no lo olvidemos, desarrolla el artículo 135 de la Constitución española.

Por consiguiente, parece inevitable que la implementación de las medidas de gasto incorporadas en el acuerdo de coalición PSOE-Unidas Podemos pasa por recortes en otros programas de gasto o actuaciones adicionales por el lado de los ingresos, preferiblemente al abrigo de una reforma global y en profundidad del sistema fiscal español.


Más información en el artículo “Consolidación fiscal: escasos avances y sin expectativa de mejora”, publicado en Cuadernos de Economía Española número 274.

[1] Disponible en este enlace

[2] Disponible en: este enlace

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