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La reforma fiscal: por dónde empezar

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La semana pasada, Funcas organizó el seminario “La reforma fiscal: por dónde empezar”. El video de la jornada se encuentra disponible aquí. En esta entrada se sintetizan las ideas principales.

El punto de partida del debate fue la constatación de que la pandemia y la invasión de Ucrania han condicionado la puesta en marcha de una reforma tributaria en profundidad en el pasado reciente. El estreno de la nueva legislatura y la normalización del entorno en 2024 ofrecerían, de entrada, un marco más propicio, a pesar de que la mayor fragmentación parlamentaria complica la tramitación de leyes que den cobertura a las modificaciones de mayor calado.

En este contexto, el debate se centró en repasar las actuaciones más urgentes y en explorar las posibilidades reales de reforma tributaria, teniendo en cuenta las propuestas del libro blanco para la reforma tributaria publicado en 2022, las tendencias recientes en los Estados miembros de la Unión Europea y el escenario internacional, definido por directivas y acuerdos multilaterales de todo tipo.

En
lo que atañe al diagnóstico, se valora positivamente el contenido y alcance del
libro blanco, si bien se indican dos aspectos clave en los que se podría
complementar. Primero, la realización de cálculos y estimaciones en algunos impuestos.
Segundo, un mayor aprovechamiento del conocimiento práctico de los
profesionales del sector.

En el ámbito del IRPF, algunos cambios parecen especialmente urgentes. Entre ellos, destaca la eliminación del régimen de estimación objetiva; el mantenimiento del esquema de tributación dual, con la inclusión de los rendimientos de capital inmobiliario en la base ahorro y una posible aproximación de tipos a los de la base general; la reforma de la actual reducción variable por rendimientos de trabajo; la revisión de los gastos fiscales para ensanchar la base; la simplificación del impuesto; la actualización periódica para corregir los efectos acumulados de la inflación; y la extensión de la obligación de declarar para contar con una radiografía económica de todos los hogares, input fundamental para un despliegue focalizado de actuaciones en el frente redistributivo.

En el ámbito del impuesto sobre sociedades hay que ser conscientes de todos los acuerdos internacionales para evitar el problema de la doble imposición, pero también los avances más recientes todavía en fase de implementación. En general, el acento se pone en la necesaria revisión de los ajustes que se hacen para pasar del resultado contable a la base liquidable. El ensanchamiento de bases permitiría aumentos de recaudación incluso con una reducción de tipos, en línea con las tendencias internacionales.

En
el ámbito de la tributación de la riqueza se impone una simplificación y una
actualización normativa. Hoy contamos con tres figuras que gravan la riqueza
general (impuestos sobre el patrimonio, sobre sucesiones y donaciones y sobre
las grandes fortunas), con una normativa muy desfasada en el caso de los dos
primeros, unos tipos impositivos excesivamente altos en perspectiva comparada y
en términos económicos, una elevada elusión fiscal, y problemas de
externalidades fiscales negativas (competencia fiscal nociva) que requieren
atención. El libro blanco discute estas cuestiones en detalle.

Finalmente, la reforma fiscal verde es un frente en el que casi todo está por hacer. A pesar de que los españoles son conscientes de la necesidad de hacer frente al cambio climático y los problemas medioambientales, vamos por detrás de la mayoría en el frente tributario en este ámbito. La convergencia en la tributación del gasóleo y la gasolina a los parámetros comunitarios, así como la implementación de las actuaciones discutidas en el libro blanco exigirían, no obstante, la utilización de mecanismos de compensación para afrontar la regresividad tributaria de las actuaciones. Precisamente, la extensión de la obligación de declarar en el IRPF sería un input valioso para la concreción de esas compensaciones.

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Coyuntura presupuestaria: proyecciones y deberes

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El pasado 21 de noviembre celebramos en Funcas una jornada de debate sobre la coyuntura presupuestaria y los deberes pendientes, en la que participaron Raymond Torres (director de Coyuntura de Funcas), Bernardo Soto (jefe del servicio fiscal de la CEOE) y Desiderio Romero (catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos e investigador de Funcas). El video de la sesión está disponible en Youtube. En esta entrada hago una síntesis personal de las ideas de una discusión en la que predominaron los acuerdos y los puntos de convergencia.

La primera idea es que la estabilidad presupuestaria es importante. Lo es, en primer lugar, porque en 2024 se reactivarán las reglas fiscales europeas y abandonaremos el cuatrienio especial provocado por la pandemia y la invasión de Ucrania. Todos confiamos en que se trate de nuevas reglas; adaptadas a las fuertes asimetrías en los niveles de deuda y déficit que se observan hoy en la Unión Europea. Porque la aplicación estricta de la regulación actual conduciría a sendas de austeridad sustancialmente más exigentes (y contraproducentes) que las que vivimos hace una década. Pero incluso en una versión adaptada, el marco europeo nos va a obligar a reducir el déficit en 2024 hasta el 3%. Con un desequilibrio presupuestario que cerrará 2023 en el entorno del 4%, el ajuste fiscal es inminente.

La segunda idea es que el objetivo de recortar el déficit no se explica solo por restricciones externas. Necesitamos recuperar margen para afrontar crisis futuras; necesitamos reducir rápidamente el stock de deuda pública para que la carga por intereses no se convierta en una losa que nos impida atender otras necesidades: con una deuda en el entorno del 100% del PIB cada punto adicional de coste medio de la deuda supone alrededor de 15.000 millones de gastos financieros; necesitamos reforzar nuestra reputación fiscal para sortear tormentas en el océano de la deuda soberana; en fin, la responsabilidad fiscal legitimará a España para liderar demandas de reforzamiento de la capacidad fiscal comunitaria para hacer frente a las enormes inversiones que en la próxima década conllevará la adaptación al cambio climático, la transición energética y la digitalización.

El tercer
punto de convergencia es que debemos revisar el paquete de medidas
implementadas en el último bienio para afrontar la crisis de precios. En
particular, la eliminación de todas las actuaciones en el frente energético a
partir del 1 de enero permitiría ahorrar alrededor de 7.500 millones de euros,
lo que equivale a la mitad del ajuste fiscal preciso. Adicionalmente, sería
posible ajustar otras actuaciones teniendo presente su impacto sobre la tasa de
inflación, la desigualdad de rentas o su efecto sobre los incentivos a
objetivos como la eficiencia energética y la movilidad sostenible. El gobierno
debería examinar con rigor y de forma urgente el paquete de medidas para
adelgazarlo lo más posible. Porque no hay que olvidar que los pactos de
gobierno conllevan nuevos compromisos presupuestarios o que la partida por
intereses en 2024 aumentará significativamente respecto a 2023.

En el ámbito tributario existe consenso sobre la conveniencia de actuar en el frente de los llamados gastos fiscales. En línea con las propuestas del Libro blanco sobre la reforma tributaria, existe un amplio margen de eliminación de bonificaciones y tratamientos especiales. Algo que permitiría aumentar la recaudación y rebajar tipos impositivos, con las consecuentes ganancias en términos de eficiencia. De forma complementaria y de nuevo alineados con lo defendido por los expertos del Libro Blanco, en el frente de la tributación medioambiental es donde existen más espacios para el avance y la mejora, desde una perspectiva comparada.

Finalmente, no solo debemos hablar de los ingresos. Es fundamental un nuevo paradigma en el lado del gasto. La evaluación ex ante y ex post de los programas, el rediseño de políticas públicas mediante pruebas piloto, el recurso a instrumentos de intervención diferentes al gasto o a los tributos… Todo ello nos conduce a preocuparnos mucho más sobre el qué hacemos con los recursos públicos, cómo podemos optimizarlos y en qué medida cumplimos los objetivos que se persiguen, y mucho menos sobre cuánto se gasta. El volumen de gasto en un área u otra no puede ser el objetivo político ni el meollo de las discusiones en parlamentos y medios de comunicación. Lo importante son los resultados. El gasto es un mero instrumento.

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El debate sobre las próximas reglas fiscales, en Funcas

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Muy oportunamente, el último número de Papeles de Economía Española —presentado justo ayer— sobre ‘La reforma de las reglas fiscales’, es la contribución de Funcas a un debate de máxima relevancia y que estará vigente en los próximos meses.

Las finanzas públicas están en el foco de la Comisión Europea y, después de años de excepcionalidad con elevados niveles de gasto para hacer frente primero a la pandemia y después a la guerra, la Unión desactiva la cláusula general de salvaguardia, avanza en su revisión del actual marco de gobernanza económica y proporciona a los Estados miembros unas orientaciones para promover y garantizar en 2024 la sostenibilidad de la deuda a medio plazo y fomentar un crecimiento sostenible e inclusivo.

Es el momento adecuado, por tanto, para ese amplio y profundo debate sobre la reforma de las reglas fiscales, que posiblemente se activarán de nuevo en 2024, pero que incorporarán cambios que buscan, según la propia Comisión, establecer un marco más sencillo, transparente y eficaz en el que los Estados asuman un mayor compromiso y que permita una mejor aplicación.

Valiosas y múltiples aportaciones

La revista fue presentada por el director general de Funcas, Carlos Ocaña, en un acto virtual sobre ‘La deuda pública española ante los nuevos escenarios financieros y fiscales’, en el que intervinieron el director del departamento de Economía Internacional y Área del Euro del Banco de España, Javier J. Pérez, el director general de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Víctor Ausín y el coordinador del número, Diego Martínez López, Profesor Titular de la Universidad Pablo de Olavide, todos ellos moderados por Eduardo Bandrés, director de Economía Pública y Bienestar de Funcas. El número cuenta con diversas y valiosas aportaciones de miembros de diferentes instancias de la UE, BCE, Banco de España, AIReF, la administración pública y distintas instituciones públicas y privadas que abordan el tema desde múltiples perspectivas. Un asunto sobre el que, por añadidura, este blog recoge dos recientes entradas de Raymond Torres y Santiago Lago-Peñas.

Tanto la publicación como el acto de presentación están disponible de forma íntegra en la web.

Descarga íntegro el numero 175 de Papeles de Economía Española sobre “La reforma de las reglas fiscales

Video de la jornada virtual “La deuda pública española ante los nuevos escenarios financieros y fiscales

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Consolidación fiscal: entre el alarmismo y la necesidad

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En el frente de la política presupuestaria, España ha hecho lo que debía en los últimos tres años. La respuesta inteligente a la pandemia y a los efectos de la invasión de Ucrania era poner dinero encima de la mesa, gastar por encima de los recursos disponibles, proteger los servicios esenciales del Estado del bienestar en manos de las comunidades autónomas.

En segundo lugar, y en contraste con lo que a veces se lee o escucha, España no se ha pasado en la respuesta. Atendiendo a la caída del PIB que sufrimos en 2020, de las mayores del mundo, el incremento del gasto o la deuda están por debajo de lo que podría esperarse observando la respuesta de muchos otros: hemos hecho mucho, pero no demasiado. Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) lo reflejan con claridad.

En tercer lugar, el buen comportamiento de los ingresos fiscales en estos años ha permitido que el déficit fiscal esté siendo sistemáticamente inferior a las previsiones de organismos públicos y analistas privados. Y va a volver a ocurrir en 2023. En síntesis, España y su Gobierno no se han vuelto, de repente, en unos irresponsables fiscalmente.

Pero esa crítica a los alarmistas y exagerados es compatible con reconocer que el punto de partida era malo. En 2019, España padecía un déficit estructural de los más elevados de la Unión Europea; y su ratio de deuda se situaba en el sexto lugar en la clasificación de los Veintisiete. Con esta situación de partida y la tensión a la que hemos sometido las cuentas públicas en el último trienio, la vuelta de las reglas fiscales comunitarias es un desafío particularmente exigente.

Y en este sentido, tres ideas. La primera es que el Gobierno español debe seguir presionando para que las reglas fiscales en proceso de revisión asuman plenamente la necesidad de perseguir objetivos posibles. Los escenarios de consolidación fiscal deben ajustarse a los puntos de partida de cada país en sus parámetros de deuda y déficit. Lo contrario generaría esfuerzos de consolidación excesivos y, seguramente, poco eficaces: si nos pasamos de tuerca y provocamos recesiones, entraríamos en un círculo vicioso.

La segunda es que necesitamos equilibrar nuestras cuentas públicas para ganar margen de actuación ante crisis futuras y desafíos estructurales; así como para no vivir con miedo ante crisis de deuda soberana. La consolidación fiscal no debe verse solo como una obligación impuesta. También es una oportunidad para avanzar como país.

La tercera y última es que, inevitablemente, tenemos frente a nosotros la decisión de cómo combinar incrementos en recaudación impositiva y ajustes en el gasto. Una combinación que debe ser decidida políticamente y para la que la reforma tributaria y la detección y eliminación de gastos superfluos o socialmente poco eficientes son herramientas fundamentales.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La rebaja del IVA sobre los alimentos en 2023: estimación del ahorro fiscal esperado por los hogares

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El pasado 1 de enero entró en vigor una rebaja temporal del IVA aplicable a algunos alimentos, con el doble objetivo de ayudar a reducir su precio y apoyar a las familias [1]. Concretamente, el tipo superreducido que soportan el pan, harinas, cereales, leche, huevos, quesos, frutas y verduras frescas, así como legumbres se reduce del 4% al 0%. Adicionalmente, el tipo soportado por aceites vegetales y pastas se recorta del 10% al 5%.

La rebaja estará vigente durante 6 meses, hasta el 30 de junio de 2023. No obstante, los tipos de gravamen revertirán a sus valores originales el 1 de mayo si la tasa interanual de inflación subyacente de marzo fuese inferior al 5,5%. Sin embargo, esa tasa está lejos de dicho umbral situándose en enero de 2023 en el 7,5% —la subida de los alimentos durante todo el año 2022 ha sido del 15,7%—.

Esta breve nota tiene por objeto cuantificar el ahorro fiscal medio de los hogares, su distribución por niveles de renta y el coste global de la medida. Para este propósito utilizaremos los microdatos de la última ola disponible de la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística (EPF-2021).

¿Cuánto han crecido los precios de los bienes afectados por la rebaja?

Como muestra el Cuadro 1, la mayoría de los precios de los alimentos beneficiados con la reforma han crecido en 2022 por encima de los dos dígitos, siendo el promedio del 21,1%. Este conjunto de alimentos representa, en media, el 39% del gasto anual realizado por los hogares en alimentos y bebidas no alcohólicas. De esa cifra, el 93,7% corresponde a los bienes rebajados al 0% en tanto que el 6,3% restante a pasta y aceites vegetales.


¿Cuál el gasto anual de los hogares en los bienes rebajados? ¿Cómo afectará la medida a los hogares según su capacidad económica?

De acuerdo a la EPF-2021, los hogares gastaron una media de 2.191 euros en los bienes afectados por la rebaja del IVA. En términos absolutos, ese gasto es creciente con la renta[2] oscilando entre 1.162 euros en los hogares situados en la primera quintila y 3.206 euros en la última —aproximadamente, 100 euros mensuales los primeros y 270 euros los segundos—. En otras palabras, los hogares con mayor capacidad económica gastan en esos alimentos alrededor de 2,7 veces más que los menos favorecidos económicamente. No obstante, su peso relativo es decreciente no solo respecto del gasto total de los hogares (renta permanente) sino también respecto del gasto en alimentos y bebidas no alcohólicas.


¿Cuál es la cuantía del ahorro que genera la rebaja del IVA?

Por quintilas de renta permanente, el Cuadro 3 muestra que el ahorro impositivo medio resultante de la reforma se situaría en 42,5 euros[3]. Dicho ahorro es creciente con la renta permanente oscilando entre los 22,6 euros de la primera quintila (20% de los hogares con menor capacidad económica) y los 62,2 euros de la última (20% de los hogares con mayor capacidad económica). No obstante, por las razones aludidas anteriormente, son los hogares con menor renta los más favorecidos en términos relativos por la rebaja fiscal.


A efectos ilustrativos, el Cuadro 4 ofrece resultados del ahorro fiscal absoluto según la estructura familiar del hogar: los menos favorecidos son los hogares unipersonales mayores de 65 y menores de 30 años así como los monoparentales.


¿Cuál es el coste total de la medida?

La rebaja del IVA tendrá un coste estimado de 803 millones de euros durante los seis meses previstos de vigencia de la norma. Este cálculo se realiza elevando a población el ahorro medio por hogar referido anteriormente. Para ello empleamos el número de hogares existente en 2022 que, según el INE, es de 18,9 millones.

Nuestra estimación del coste de la medida supera los 661 millones de euros estimados por el gobierno. Otros autores, como Laborda et al (2023), han cifrado el coste de la medida en 700 millones.  

Utilizando la cifra referida de hogares, se infiere que el ahorro fiscal medio por hogar se encontraría en un reducido rango comprendido entre los 35,0 euros del gobierno y los 42,5 euros de nuestros cálculos —la estimación de Laborda et al (2023) está próxima a los 40 euros—.

En resumen, la reforma temporal del
IVA tendrá un efecto positivo, aunque de pequeña magnitud, sobre la renta de
los hogares.


[1]
Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las
consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la
reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad.

[2]
El gasto total es un proxy de la renta
permanente o de largo plazo de los hogares. A lo largo del texto nos
referiremos indistintamente a gasto total de los hogares o renta permanente.

[3]
A efectos de cálculo, los gastos monetarios de la EPF-2021 han sido inflactados
a Diciembre de 2022 de acuerdo al crecimiento de los precios de 2022. 

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Rebaja del IVA de los alimentos básicos, competencia y Santa Bárbara

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El Gobierno ha decidido reducir el IVA de los alimentos básicos: el del pan, la harina, los huevos, la leche, frutas, legumbres, verduras y cereales del 4% al 0%, y el de la pasta y el aceite del 10% al 5%. La medida viene acompañada, además, de ayudas directas —claramente distributivas— a personas con menores ingresos y patrimonio. Las rebajas fiscales son controvertidas, especialmente en un país con una deuda pública mayor que su propio PIB y en un entorno de tipos de interés crecientes. De hecho, muchos economistas han criticado ya esta reducción de los impuestos indirectos y dudan de que sea la mejor manera de ayudar a los más vulnerables durante la crisis. Por ello, merece la pena poner la lupa del análisis económico en esta reducción y obtener nuestras propias conclusiones 

Un motivo razonable para la duda es que las rentas más altas también se benefician de las reducciones de los impuestos indirectos, a veces en mayor medida que los colectivos más vulnerables. Por ejemplo, la reducción del IVA que se aplica a algunos bienes culturales, muy deseable por otras razones, es claramente regresiva, ya que su consumo esta muy correlacionado con el nivel educativo y la renta. Por tanto, son las rentas medias y altas las que disfrutan fundamentalmente de esta subvención implícita a la cultura. Sin embargo, esto no sucede con los alimentos básicos. Es más: alguno de ellos, como las patatas o la pasta, son el ejemplo típico de lo que los economistas llamamos bienes “inferiores”, un adjetivo en ningún caso peyorativo, sino que alude a que su demanda aumenta al reducirse la renta: con menos recursos tendemos a sustituir la carne por los macarrones. En definitiva, al contrario de lo que pasa con gran número de ayudas y subvenciones fiscalmente regresivas (cultura, coche eléctrico, placas solares, etc…), las rentas más bajas deberían beneficiarse en igual o mayor medida que el resto de la población de esta reducción fiscal. 

Otro problema potencial de la medida en la mente de sus críticos es que resulta fácil bajar impuestos, y muy, muy difícil subirlos, de modo que lo que es una decisión coyuntural (por el aumento de la inflación, o los precios de la energía) podría tender a volverse permanente. Pero en este caso el Gobierno evita este “efecto de trinquete” al establecer que la rebaja desaparecerá cuando la inflación subyacente descienda del 5,5%. Aún mejor: pensando en la cercanía de las elecciones y en las restricciones políticas, la rebaja que nos ocupa —con un coste fiscal estimado por el gobierno de 660 millones de euros— seguramente ha permitido justificar la retirada de la subvención universal de 20 céntimos por litro para la compra de carburantes: una gran noticia, ya que dicha subvención tenía un coste fiscal muy superior (rondaba los 5.000 millones), era manifiestamente regresiva (calculen el generoso subsidio público que los afortunados propietarios de grandes todoterrenos han recibido), y aumentaba el consumo de combustibles fósiles, desincentivando el uso del transporte público y de soluciones de movilidad menos contaminantes. La subvención era medioambientalmente disparatada, económicamente ineficiente al aumentar artificialmente el consumo de un insumo que había incrementado su coste e, incluso, estratégicamente cuestionable, pensando en la guerra de Ucrania y el impacto de la demanda de petróleo sobre los recursos de Rusia. 

«Cómo se reparta la subvención entre empresas y consumidores dependerá fundamentalmente de dos factores: la elasticidad de la demanda y el nivel de competencia en el mercado».

Juan José Ganuza

Más discutibles son las voces que reclaman sanciones para los establecimientos que no repercutan la bajada del IVA en los precios. Los controles de precios no funcionan y no se puede ir contra la ley de la gravedad y contra la microeconomía. Si se introduce una subvención (una rebaja impositiva) en un mercado competitivo, una parte se trasladará a los consumidores en términos de reducción de precios; inevitablemente, la otra parte engrosará los beneficios empresariales. Cómo se reparta la subvención entre empresas y consumidores dependerá fundamentalmente de dos factores: la elasticidad de la demanda y el nivel de competencia en el mercado. 

Con respecto a la elasticidad de la demanda, tenemos el viento de cola. La demanda de alimentos básicos no varía significativamente cuando estos aumentan su precio. La falta de elasticidad de la demanda (en jerga economista) hace que los cambios en los costes repercutan rápidamente en los precios, pero también que las reducciones de impuestos se trasladen en gran medida a una bajada en el precio si el mercado es competitivo. Y esa es la gran condición: que el mercado sea competitivo. Cuanto más lo sea, más bajarán los precios al hacerlo el IVA. 

Pero solo nos acordamos de la competencia, como de Santa Bárbara, cuando truena. Fomentar la competencia no vende. En el debate público no se discute sobre la conveniencia de reducir las barreras a la entrada a mercados como el de la distribución de alimentos, mientras que otros, como el de transporte por carretera, están aún pendientes de ser liberalizados. Nos encontramos, por tanto, ante una oportunidad para asimilar que la mejora de la competencia no es solo un mecanismo para mejorar la innovación, expandir los mercados y con ello la demanda y el empleo, sino también para mejorar la equidad, reduciendo los precios de bienes esenciales como los alimentos básicos. 

La eficacia de la competencia como palanca para mejorar el bienestar de todos ha quedado demostrada, por ejemplo, a través de la liberalización del mercado del ferrocarril de larga distancia, impulsada desde Europa sin mucho entusiasmo doméstico. La apertura de este mercado ha conllevado un aumento de casi el 70% en los viajes en trenes de alta velocidad y una reducción del 43% en los precios en el corredor Madrid-Barcelona en poco más de un año, haciendo accesible a una gran parte de la población con menos recursos este medio de transporte. De la misma manera, en el mercado de distribución de alimentos —afectado por regulaciones autonómicas— la inflación se reducirá mas rápidamente en aquellos territorios en los que el mercado sea más competitivo cuando se reduzcan los costes de producción, y el impacto de la reducción del IVA llegará de forma más elocuente a los consumidores. En definitiva, no es tiempo para amenazar con controles de precios, sino para aprender la lección de que la competencia es un mecanismo para impulsar la equidad y el bienestar de los más vulnerables.

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Ajustando el paquete fiscal

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En los próximos días, el Gobierno central debe presentar la prórroga del plan de respuesta a la crisis provocada por la invasión de Ucrania. Creo que acertaría eliminando la bonificación general de 20 céntimos en hidrocarburos y dejarla solo para ámbitos profesionales: transporte, pesca, agricultura. A corto plazo, estos sectores no tienen capacidad de sustitución tecnológica, por lo que la supresión de la bonificación se trasladaría a costes y la tasa de inflación volvería a remontar en el primer trimestre de 2023. Suprimirlo en el caso de los particulares ahorraría varios miles de millones de euros. Esto nos permitirá rebajar el coste fiscal global del paquete y dar margen financiero a la aprobación de medidas adicionales más focalizadas y no contrarias al proceso de descarbonización de la economía española. En particular, parece acertada alguna fórmula de cheque a las familias de menores ingresos para afrontar el alza de precios en energía y en alimentación.

Hablando de alimentación, dos ideas. La primera es que la solución no está en el IVA. Porque buena parte de los productos ya están sujetos al tipo superreducido (4%) y, por tanto, la efectividad sería menor; y porque estamos abusando de las bajadas de tipos en este impuesto, lo que genera distorsiones en el funcionamiento de la economía. La segunda es que la cadena de producción y distribución de los alimentos es larga y los supermercados e hipermercados son solo una parte. Que sea en ellos donde percibimos las subidas no les convierte necesariamente en culpables, porque sus propios costes están aumentando sustancialmente. Por eso, el Ministerio de Consumo, en colaboración con las carteras de Agricultura y Pesca e Industria, debería analizar en el conjunto de la cadena alimentaria lo que está pasando con los precios de los productos que más han subido de precio, para identificar qué parte del alza no se justifica por mayores costes y quienes son los responsables.

En lo que concierne al tempo del plan, se deberían combinar medidas que, por su lógica, han de afectar al conjunto del año 2023 con otras que se vayan decidiendo trimestralmente. Porque esto nos permite ir ajustando el coste del paquete a la evolución del déficit fiscal y porque ante escenarios abiertos lo mejor es no atarse las manos.

Finalmente, un apunte menor: la subvención plena del transporte público no es buena idea. Desafortunadamente, el comportamiento de un porcentaje no menor de los usuarios deja que desear. La gratuidad total provoca irresponsabilidad en la reserva de plazas. Y las actuaciones de control por parte de Renfe están generando también distorsiones. Reducir la subvención al 50% o al 60% resolvería el problema y seguiría siendo un incentivo poderoso al uso del transporte público.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Tareas para 2023

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La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 con el visto bueno de Bruselas, los aciertos en las medidas en el frente energético, que se reflejan en los muy buenos datos de inflación en el marco europeo, el comportamiento del empleo en perspectiva histórica, las proyecciones de crecimiento del PIB español en comparación a la media de la Unión Europea (UE). En el frente económico, todo apunta a que la coalición tendrá buena salud en el 2023 y que la legislatura se agotará. Dudo mucho que los roces y discusiones sobre otras cuestiones sean suficientes para obviar todo lo anterior y renunciar a las tendencias de fondo que están reflejando los barómetros electorales.

Por eso hay que aprovechar 2023 para seguir avanzando en reformas y ajustes. También en el frente de la financiación autonómica. Cierto que las elecciones de mayo suponen un obstáculo importante para que vayan a existir consensos plurales, pero no impide hacer algunas cosas necesarias y urgentes.

En primer lugar, reformar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En la práctica, esta herramienta deliberativa se ha convertido en el principal instrumento para la gobernanza fiscal multinivel. Seamos coherentes. Proporcionemos al CPFF los recursos humanos y financieros necesarios para hacer bien su trabajo, para resolver todos los asuntos técnicos complejos y pendientes. Reformemos el sistema de voto para que el Gobierno central no tenga garantizado siempre que su criterio se impone, que tenga que negociar y pactar. Incluyamos más asuntos en la agenda del CPFF. Desde luego, todos los que tengan implicaciones financieras para las comunidades autónomas. Exploremos cómo podemos reforzar su estatus jurídico sin tener que tocar el marco constitucional. Idealmente, lo anterior debería acompañarse por un impulso de la Conferencia de presidentes como espacio político del máximo nivel, que debería enmarcar la citada agenda.

En segundo lugar, implementar una serie de ajustes en el sistema de financiación autonómica. Aceptemos que no es el momento para una reforma completa. Orillemos todos los asuntos difíciles desde un punto de vista político porque implican revisar criterios de reparto o reasignar recursos. Centrémonos en cuestiones técnicas o en elementos distributivos que no exigen cambiar un ápice la estructura del sistema actual. En particular, garanticemos que ninguna comunidad recibe menos de lo que el modelo le reconoce, lo que supone eliminar la infrafinanciación de comunidades autónomas como la valenciana, Murcia y Andalucía; en el IRPF revisemos el sistema de retenciones y de ingresos a cuenta a los gobiernos autonómico para que el tramo autonómico del impuesto sea una herramienta efectiva de autonomía; actualicemos la normativa estatal de los tributos cedidos, hoy claramente obsoleta. El año 2023 no debería convertirse en un período de transición y sin objetivos ambiciosos.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Acertar en la prórroga

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Los Presupuestos Generales del Estado para 2023 (PGE2023) son financieramente viables y creíbles. Incluso en un escenario macroeconómico peor que el previsto por el Gobierno. Y lo son porque los ingresos en 2022 van a acabar muy por encima de lo previsto, lo que proporciona un colchón y el mejor punto de partida posible.

El verdadero desafío está en lo que, en su mayor parte, no aparece en los PGE2023, pero que va a suponer un impacto fiscal significativo en 2023: la prórroga del paquete de medidas para amortiguar el golpe de la inflación y la crisis energética. En función de cómo se concrete esa prórroga, se puede poner en cuestión la solvencia presupuestaria y fiscal en 2023.

Una extensión plena y directa de las medidas aprobadas a lo largo de 2022 y las que puedan llegar nos llevaría a un efecto global neto por encima de 1,5 puntos de PIB. Eso desbordaría el colchón existente y el déficit en 2023 volvería a aumentar. Por eso hay que escoger y priorizar. Tres sugerencias para ello.

La primera es que las prórrogas de las medidas se hagan trimestralmente. Esto permitiría tener capacidad de adaptación del paquete fiscal ante lo que nos pueda deparar un futuro incierto y abierto; al tiempo que su coste anual final pueda ir modulándose para no incumplir en ningún caso con el objetivo de déficit de 3,9% de PIB que contemplan los PGE2023.

La segunda es que se dé prelación a las medidas focalizadas en los hogares más vulnerables y las ramas y empresas más impactadas; a las actuaciones que reman a favor y no en contra de la transición energética; y a las que van en línea con los cambios fiscales propuestos en el libro blanco de la reforma tributaria. Teniendo en cuenta todo lo anterior y su coste financiero, las candidatas a ser eliminadas o, al menos, muy recortadas son la bonificación general a carburantes y la rebaja del IVA sobre el gas y la electricidad. Aunque, en el primer caso, tendría sentido mantenerla para ramas productivas intensivas en combustible y con muy difícil adaptación tecnológica inmediata, como pueden ser el transporte y la pesca.

La tercera es que la revisión trimestral apuntada abre la puerta a que, en los próximos meses, el paquete fiscal aparezca también en las negociaciones sobre un pacto de rentas amplio. Los agentes sociales podrían participar en la definición y elección de medidas compensatorias; lo que, a su vez, daría una perspectiva integradora al propio paquete.

Convirtámonos en referencia europea también en esto.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Sostenibilidad del agujero presupuestario

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Una de las mayores vulnerabilidades de la economía española es la persistencia de un desequilibrio de las cuentas públicas, incluso en fases ascendentes del ciclo. El déficit público apenas se corrigió durante la etapa expansiva 2014-2019, manteniéndose ajeno a la promesa reiterada año tras año de una rápida vuelta al equilibrio (con el resultado de un menor margen de maniobra para afrontar los malos tiempos). Y los esfuerzos que se hicieron durante ese periodo consistieron en recortes en inversión pública, uno de los fundamentos del nivel de vida de futuras generaciones. Así pues, descontando la inversión, España es el único país de la UE que encadena un déficit público en el último decenio. 

Mucho ha llovido desde entonces: la pandemia ha exigido un esfuerzo adicional de apoyo al empleo y a la economía que ha permitido amortiguar el golpe de la crisis. A la inversa, la recuperación ha ido de la mano de ingentes entradas de ingresos para las arcas públicas. En lo que va de año, la recaudación se ha incrementado un vigoroso 14%, impulsada por el crecimiento de la economía y del empleo, la inflación y el afloramiento de parte de la economía sumergida que ahora se une al esfuerzo común de financiación de los servicios públicos. Es probable que acabemos el presente ejercicio con un déficit menor de lo anticipado por el Gobierno (4,2% del PIB vs 5%). 

Si bien hay que celebrar el esfuerzo de rigor, el agujero parece persistente. Diversas estimaciones convergen en situarlo en el entorno del 4% en términos estructurales, es decir descontando los altibajos de la economía. A eso hay que añadir la carga de la deuda pública, que supera el 113%. La buena noticia es que de momento los desequilibrios no plantean dificultades de financiación, más bien lo contrario: la prima de riesgo se mantiene en valores reducidos, cercana a 105 puntos, casi cinco veces menos que en el cénit de la crisis financiera, y los mercados muestran su buena disposición adquiriendo nuevos bonos. En las últimas subastas de títulos públicos la demanda superó ampliamente el monto adjudicado, un resultado nada desdeñable en un entorno internacional plagado de incertidumbres.    


Naturalmente, la aparente levedad de la deuda está siendo perturbada por la subida de tipos de interés. A partir de este año, los pagos por intereses no cesarán de incrementarse, presionando el déficit al alza. Esperemos que el BCE no proceda a más vueltas de tuerca de lo estrictamente necesario –algo que requerirá mucho temple y atención a cómo reacciona la economía–. Pero incluso en ese escenario bastante optimista, habrá que contar con que, más pronto que tarde, el BCE empezará a deshacerse de los bonos en cartera. Recordemos que el banco central detiene títulos de deuda pública española por un monto total de 414.000 millones (con datos hasta julio).


Por tanto, si bien los mercados no están nada preocupados de momento (ni las reglas fiscales de Bruselas, todavía en entredicho, presionan), un ejercicio de realismo presupuestario se impone. Ahora bien, la clave está en cómo hacerlo, ya que tan importante como el propio déficit es la capacidad de crecimiento de la economía. Italia solo conoció superávits primarios, es decir fuera de intereses, hasta que llegó la pandemia (salvo en 2009), y todavía hoy el desvío es proporcionalmente menor que el nuestro. Sin embargo, los inversores exigen una prima de riesgo del doble que la española, ante las débiles perspectivas de crecimiento de la economía transalpina.    

Así pues, ahora más que en la era de los tipos de interés negativos, la sostenibilidad fiscal depende de la credibilidad de la senda de corrección de los desequilibrios, y del impacto transformador de los presupuestos públicos y en especial de los fondos europeos. Una tarea colosal, por el entorno de desglobalización y de crisis energética que fuerza a un crecimiento distinto.        

INDUSTRIALa crisis energética afecta algunos sectores industriales, mientras que otros siguen creciendo. El descenso en septiembre del índice de producción industrial (-0,3%), refleja realidades dispares. Las industrias química y metalúrgica se ven muy afectadas por el encarecimiento del gas y de la electricidad. A la inversa, hay numerosos sectores que mantienen una tendencia ascendente que incluso se acentuó en septiembre. Destacan la industria de cuero y calzado, maquinaria y equipo, material y equipo eléctrico y otro material de transporte. Las perspectivas de conjunto son negativas, según el índice PMI de octubre.  

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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