Empleo – Página 7 – Negocios e Inversiones

Cuellos de botella

diciembre 7, 2021

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Tras un periodo de recuperación renqueante, algunos de los principales factores externos de inhibición podrían estar relajándose. Y, si bien otros, sobre todo de índole interna, siguen frenando el rebote, cabe esperar una cierta mejora.

Lo más destacable es que la espiral de costes de los principales recursos naturales que vertebran la economía global parece moderarse como consecuencia de un incremento providencial de la oferta en los países productores. En las últimas semanas, los precios evolucionan al unísono: tanto el petróleo (-13 dólares por Barril desde el máximo de octubre y con perspectivas favorables por la decisión de la OPEP de aumentar el bombeo), como los metales y los minerales (con una variación mensual en noviembre del -7%, según el índice compuesto del Banco Mundial), y el transporte marítimo (-15% en el índice global de fletes desde el máximo de septiembre hasta el 3 de diciembre). Incluso el gas parece haber quebrado su inquietante senda alcista (-9% registrado en el índice del Banco Mundial en el último mes).

Los efectos balsámicos deberían poco a poco trasladarse al aparato productivo y así aliviar los cuellos de botella que han lastrado la actividad. Las expectativas siguen sonriendo, como lo evidencia el índice de sentimiento económico de la Comisión Europea para la economía española (en noviembre se situó un 10% por encima de la media histórica, en leve descenso frente a octubre). Y las carteras empresariales están repletas de pedidos pendientes de realización, de ahí el frenesí en la contratación: la afiliación a la Seguridad Social encadena siete meses de crecimiento. En noviembre la creación de empleo alcanzó el máximo de la serie histórica para ese mes.

Fuentes: Comisión Europea, Markit Economics y Funcas.

Así pues, si bien el retraso en la llegada de suministros y su encarecimiento todavía entorpecen la recuperación, la situación podría mejorar en los próximos meses. Aunque con una importante excepción: el sector de la automoción, que se enfrenta a una crisis de abastecimiento de semiconductores, con pocas pintas de amainar a corto plazo. La OCDE, en sus últimas previsiones globales, estima que el tiempo medio de espera para el suministro de microchips se ha duplicado en lo que va de año.

Por tanto, todo apunta a que el balón de oxígeno aportado por la relajación de los cuellos de botella será desigual. También será frágil, porque su sostenibilidad depende de factores geopolíticos imprevisibles, como en los mercados energéticos dominados por oligopolios productores con estrechas conexiones con el poder ejecutivo. Además, la extensión de la variante Ómicron, fruto de la incapacidad del sistema multilateral para facilitar el acceso de la vacuna en los países pobres, y su corolario de nuevas restricciones de actividad y movilidad, complica considerablemente el escenario y pesará sobre la confianza del consumidor.

Por otra parte, si bien la primera ronda inflacionista de la era poscovid, es decir la que procede del encarecimiento de las materias primas, pierde fuerza, lo que pase de aquí en adelante depende de los efectos de segunda ronda. Y en particular del comportamiento de los sectores más intensivos en energía y otras materias primas. De momento esos efectos derivados son limitados, al menos en el caso de España: la inflación subyacente es un punto menos que en la zona euro, cuando a la inversa el IPC total crece un punto más.

Ante un entorno externo con algunas mejoras, pero todavía incierto, la atención se centra necesariamente en los factores internos —los más acuciantes para desatascar la recuperación en nuestra economía—. En este sentido el debate en torno al gasto financiado con los fondos europeos es saludable. Será imprescindible sin embargo examinarlo con lupa para no quedarse en las grandes cifras de ejecución, y centrarse en la calidad de los proyectos seleccionados. Y es que una orientación rápida y transformadora podría a la vez contribuir a aliviar los cuellos de botella e impulsar el potencial productivo del país.

AFILIACIÓN | El mercado laboral experimenta una notable mejora. En noviembre el número de afiliados a la seguridad social se incrementó en 139.000 personas, en términos desestacionalizados por Funcas. Este es el mejor resultado de la serie histórica para ese mes. Descontando los ERTE y los autónomos con prestación, el empleo efectivo sube en 180.000 personas, superando el nivel pre-covid. El número de afiliados en el sector privado no agrícola supera también el nivel prepandemia, aunque todavía no en términos efectivos, es decir corrigiendo por el efecto de los ERTE y de las prestaciones para autónomos.

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La anomalía estadística española

noviembre 8, 2021

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Si la tasa de crecimiento del PIB en el segundo trimestre fue decepcionante, la del tercero tampoco ha cumplido con las expectativas. Se esperaba que el rebote posterior a la finalización de las restricciones ligadas al estado de alarma, que no se reflejó en las cifras de PIB del segundo trimestre —a diferencia de lo sucedido en el resto de países de la zona euro—, se observaría en el tercero, lo cual implicaría un crecimiento del orden del 3%. Sin embargo, no superó el 2%, una cifra que en una situación normal sería espectacular, pero en el contexto actual de reapertura de la economía es escasa, más aún tras el pobre resultado del segundo trimestre.

Lo más destacable, en un sentido negativo, ha sido el comportamiento del consumo y de la inversión en construcción de nueva vivienda. La primera variable sufrió un retroceso, a pesar de que la positiva evolución del turismo interior durante el verano, en que llegó a superar los niveles prepandemia, hacía esperar un resultado mucho más favorable. Aún no hay datos sobre el comportamiento de esta variable para la mayoría de países de la eurozona en el tercer trimestre, pero en el segundo España era uno de los que más lejos se encontraban de los niveles precrisis, y probablemente en el tercero esta distancia se ha ampliado.

En cuanto a la inversión en vivienda, ha encadenado cuatro trimestres consecutivos con caídas comparables a la registradas tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. La evolución tan negativa de este componente de la demanda es una auténtica anomalía en el contexto europeo, y contrasta con la bonanza por la que atraviesa el sector inmobiliario, con cifras de ventas de viviendas que ya han superado las anteriores a la pandemia, y que se sitúan en el punto más alto desde comienzos de 2008. El crédito nuevo para la compra de vivienda también se encuentra en el mejor momento de la última década, con un saldo medio mensual en lo que llevamos de año un 34% superior al saldo medio de 2019.

Con una demanda nacional muy débil, el crecimiento en el trimestre procedió, básicamente, del sector exterior, y más concretamente del turismo internacional, que recuperó cerca del 50% del nivel previo a la crisis.

La recuperación del empleo en el tercer trimestre, medido en términos de número de horas trabajadas tal y como lo recoge la contabilidad nacional, también decepcionó. No obstante, en el conjunto del periodo transcurrido desde la reapertura post-Covid, esta variable ha mostrado un dinamismo superior al del PIB, lo que implica una caída de la productividad por hora trabajada: en el tercer trimestre esta era un 3,2% inferior a la anterior a la pandemia, otro fenómeno anómalo en el contexto de la eurozona, donde todos los países salvo Portugal registraban —a la altura del segundo trimestre, que es para el que hay datos completos— una productividad por hora trabajada superior a la prepandemia. Esto sería lo que cabría esperar por un efecto composición: las actividades donde mayor es la brecha con respecto a antes de la crisis —hostelería, comercio— son las de más baja productividad, de modo que el efecto sobre la media del conjunto de la economía debería ser una elevación de la misma.

Esta desconexión entre empleo y producto es especialmente acusada en la construcción, donde la caída de la productividad con respecto al cuarto trimestre de 2019 alcanza nada menos que el 12%, y en actividades profesionales, con un descenso de casi el 16%, datos ambos profundamente discordantes con lo que se observa en el resto de la eurozona.

Si las cifras publicadas por el INE se confirman, el crecimiento de la economía española no superará el 4,5% en 2021, por debajo de lo que se espera para la zona euro. Y ello pese a haber sufrido una caída más profunda en 2020, lo cual, de no darse en la economía española ningún factor extraño, debería haber dado lugar a un crecimiento mayor, ya que el efecto rebote en el momento de la apertura de la economía también habría sido mayor. Incluso con una pérdida de PIB al final del periodo, en comparación con 2019, de mayor magnitud que en el resto de Europa, debido a nuestra mayor dependencia del turismo internacional, la variable económica que probablemente más tiempo va a tardar en regresar a los niveles prepandemia. Esas eran las expectativas que todos los analistas y organismos nacionales e internacionales manejaban desde el principio de la crisis.

En suma, la recuperación de la economía española muestra rasgos insólitos en comparación con otros países sin que exista una explicación evidente para ello, y algunas incoherencias con la evolución de ciertos indicadores. No debemos olvidar, en cualquier caso, que las cifras de contabilidad nacional pueden sufrir modificaciones sustanciales en revisiones posteriores, de modo que por el momento debemos tomarnos todos estos resultados con cautela.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El Periódico de España.

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En el Día Internacional de las Mujeres Rurales: las mujeres españolas en el sector agrario

octubre 15, 2021

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Las mujeres rurales cuentan desde 2008 con un Día Internacional que reconoce fundamentalmente su trabajo en el sector primario. Es un reconocimiento muy justo porque tradicionalmente su labor en el campo ha permanecido fuera del foco público y, en gran medida, también de los registros y las estadísticas que cifran la actividad en este sector. Y es que, por lo general, la participación laboral de las mujeres en el sector agrario se ha entendido y considerado como auxiliar o subsidiaria de la de los hombres. (Permítaseme aquí una nota biográfica: en la temporada de cosecha, mi abuelo paterno, labrador valenciano, removía la tierra arreando al caballo de tiro al que enganchaba un pesado apero, mientras que mi abuela, caminando agachada a varios metros de él, recogía las patatas y las metía en un capazo de esparto. Así lo recuerda mi padre que, muy joven, decidió trabajar sentado tras un escritorio).

En España, la salida masiva del sector primario hacia otros sectores productivos a partir de los años sesenta del siglo XX fue mucho más intensa entre las mujeres que entre los hombres. Lo demuestran rotundamente los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) representados en el gráfico 1 y elaborados por Luis Garrido Medina. En 1976, cuando en el sector primario trabajaban más 2.700.000 españoles, por cada 100 hombres ocupados en él había 40 ocupadas, una proporción que coincidía exactamente con la observada en el resto de sectores (tomados en conjunto). Es decir, la participación laboral de las mujeres era tan baja en el campo como en el resto de sectores productivos. Sin embargo, mientras la ocupación femenina en otros sectores comenzó a aumentar con intensidad a partir de esas fechas, en la agricultura tendió a disminuir. En la tercera década del siglo XXI, cuando el número total de ocupados en el sector agrario no llega a 800.000, la proporción de mujeres por cada 100 hombres se ha estabilizado en torno a 30, mientras que, en el conjunto de los otros sectores, se eleva a 88. Cabe afirmar, por tanto, que el sector agrario ha quedado al margen de la creciente igualación por sexos de la ocupación en España.

Nota: AGP = sector agrario (incluye agricultura, ganadería, pesca, actividades agropecuarias, caza y silvicultura).
Fuente: INE, Encuestas de Población Activa (1976-III 2020-II 2021). Elaboración de Luis Garrido Medina.

Las grandes diferencias en la composición por sexo entre los ocupados en el sector primario y en el resto de sectores se distinguen mejor cuando se tiene en cuenta la edad, como se muestra en el gráfico 2. El número de mujeres ocupadas en el sector agrario por cada 100 hombres ocupados oscila entre 19, en el grupo de 20-24 años, y 40, en el grupo de 60-64 años. Llama la atención que mientras, en el resto de sectores, el número de ocupadas de 25-29 años por cada 100 hombres ocupados se aproxima al centenar (es decir, a la igualdad), en el sector agrario apenas llegan a 25.

Nota: AGP = sector agrario (incluye agricultura, ganadería, pesca, actividades agropecuarias, caza y silvicultura).
Fuente: INE, Encuestas de Población Activa (III 2020-II 2021). Elaboración de Luis Garrido Medina.

Es cierto que las mujeres ocupadas en el campo mantienen un nivel educativo algo más alto que el de los varones, una brecha de género (a favor de ellas) que destaca más en el grupo de 20 a 35 años. No obstante, el número de años dedicados a la formación por parte de las mujeres ocupadas en el sector agrario es considerablemente menor (en todas las edades) que el de las mujeres que trabajan en otros sectores (gráfico 3). Del mundo rural permanecen prácticamente ausentes las que estudian más de catorce años, probablemente porque en él no pueden sacar el rendimiento esperado a sus estudios.

Los datos presentados hasta aquí muestran que las mujeres ocupadas en el sector agrario en España son comparativamente pocas y que, a pesar de todas las iniciativas públicas y privadas para dotar de más presencia y relieve a las mujeres rurales, su número no crece. ¿Se debe ello al escaso atractivo que el trabajo agrario posee para las jóvenes, que generalmente prefieren ocupaciones no manuales y localizadas en núcleos de población grandes? O, más bien, ¿la “desfeminización” del campo obedece a las dificultades que afrontan específicamente las mujeres para encontrar en él puestos de trabajo cualificado, o para consolidarse y prosperar como profesionales en un ámbito en el que todavía hoy predominan los hombres? Difícilmente podemos responder estas preguntas si no escuchamos más la voz de las mujeres rurales en el debate público. La celebración de su Día Internacional, cada 15 de octubre, ofrece una buena oportunidad para ello, pero habría que procurarles muchas más.

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¿Se ha recuperado el nivel de empleo previo a la pandemia?

septiembre 27, 2021

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El número de afiliados a la Seguridad Social fue de 19.473.724 en agosto,
cifra que supera en 223.000 la de febrero de 2020, es decir, la anterior a la
pandemia. No obstante, esta comparación de cifras brutas entre meses diferentes
ofrece una imagen engañosa, debido al efecto de la estacionalidad. Así, febrero
es uno de los meses del año en los que, por motivos estacionales, el nivel de
empleo es más bajo, mientras que agosto es uno de los meses con el nivel más
elevado. Es decir, estamos comparando un mes estacionalmente muy bueno con un
mes estacionalmente muy malo. Para saber cuál era realmente la situación del
empleo en agosto de 2021 en comparación con febrero de 2020 tenemos que
eliminar el componente estacional de las cifras. Una vez realizado dicho proceso
de desestacionalización, tenemos que el número de afiliados el pasado mes de
agosto era inferior en unos pocos miles al anterior a la pandemia. Es decir, en
agosto prácticamente se había recuperado el nivel de empleo anterior al
Covid-19.

No obstante, esta afirmación debe ser matizada por dos circunstancias
importantes. En primer lugar, esa recuperación en el nivel total de afiliación
debe mucho al incremento del empleo público, que a lo largo de dicho periodo ha
aumentado en unos 180.000. Si atendemos únicamente al empleo privado, este se
mantiene por debajo del nivel previo a la crisis, siempre en términos
corregidos de estacionalidad, en unos 188.000 afiliados.

Por otra parte, del total de afiliados al final de agosto aún permanecían en ERTE 272.000, y había 222.000 autónomos con prestación, es decir, casi 500.000 afiliados tenían un nivel de actividad nulo o reducido. De modo que el nivel de empleo efectivo privado todavía se encuentra lejos de recuperar los niveles prepandemia (gráfico 1).

Gráfico 1

Fuente: Funcas a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Podemos hacer el mismo análisis para las comunidades autónomas. Como se
puede observar en el gráfico 2, en agosto todas las comunidades autónomas,
salvo Canarias, Madrid y País Vasco, habían recuperado, y superado, el número
de afiliados de febrero de 2020. Pero en términos de afiliados en el sector
privado, y con cifras desestacionalizadas, solo hay cuatro territorios que superan
el nivel prepandemia: Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y la ciudad
autónoma de Ceuta. Se trata de territorios que desde el principio de la crisis se
identificaron como menos vulnerables a la misma debido a su estructura
sectorial, menos orientada a los sectores más expuestos a la pandemia.
Asimismo, en la Comunidad Valenciana el número de afiliados privados de agosto
estaba en el nivel de febrero de 2020, mientras que Andalucía, Navarra y Madrid
eran las regiones que, encontrándose por debajo del nivel precrisis, más cerca
estaban de recuperarlo. En el sentido opuesto, las regiones que más lejos se
hallaban de recuperar el número de afiliados privados previo a la pandemia eran
Baleares y Canarias.

Gráfico 2

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Funcas.

Cabe destacar el caso de Baleares, que en términos de afiliados totales en
cifras originales es la comunidad que con mayor holgura superaba en agosto el
nivel de empleo precrisis, y, sin embargo, en términos de empleo privado
desestacionalizado, es junto con Canarias la que se encuentra en peor posición.
Esto no se debe a que tenga una elevada proporción de empleados públicos, sino
a que es la región donde mayor es la diferencia habitual entre el nivel de
empleo en agosto y el nivel de empleo en febrero, debido a una estacionalidad
mucho más acusada que en el resto de regiones. Este caso extremo pone de
manifiesto la importancia de desestacionalizar las series para realizar
comparaciones entre meses diferentes, si no queremos llegar a resultados
engañosos.

Gráfico 3

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Funcas.

Finalmente, el gráfico 3 representa el número de afiliados en ERTE y
autónomos con prestación extraordinaria, es decir, el número de afiliados con
un nivel de actividad nulo o reducido, en cada comunidad, en porcentaje del
empleo total. Si al número de afiliados privados le restamos esta última cifra,
tenemos que el empleo privado efectivo (desestacionalizado) está aún por debajo
del previo a la pandemia en todas las comunidades autónomas, siendo nuevamente
Baleares y Canarias las que se encuentran en peor posición, frente a Castilla-La
Mancha y Murcia, que son las mejor situadas, junto con Navarra. En este caso, Extremadura
está en peor lugar que Navarra debido a su mayor porcentaje de afiliados con
actividad nula o reducida (esta última comunidad es la que tiene un menor
porcentaje de trabajadores con actividad nula o reducida).

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El impacto de las ayudas europeas

septiembre 21, 2020

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Los 140.000 millones de euros anunciados en transferencias directas y préstamos representan una gran oportunidad para salir de la crisis y transformar el modelo productivo de la economía española, cuyas debilidades han quedado patentes tras el shock. Pero la partida no está ganada. Las directrices que acaba de divulgar la Comisión Europea con respecto al funcionamiento del fondo y su utilización muestran el camino que queda por recorrer en muy poco tiempo.

Los Gobiernos disponen de menos de un mes para enviar a Bruselas sus planes nacionales de recuperación, y así optar a un desembolso de ayudas a partir de principios de 2021. Algunos países, como Francia, ya han aprobado su programa de inversión, explicitando la parte que se financiará con ayudas europeas —un extenso documento de más de 300 páginas, con todo tipo de detalles sobre cómo se articulará el programa con los presupuestos generales—. Cualquier demora retrasará el acceso a esos fondos, habida cuenta del periodo que necesita la Comisión para examinar las peticiones (dos meses) y el Consejo para aprobarlas.

Además, el plan nacional deberá identificar las inversiones en economía digital y transición ecológica, evidenciar la voluntad reformista de cada Gobierno y mostrar que los cambios normativos responden a las recomendaciones enviadas por Bruselas, en especial las más recientes. Si bien este puede ser un acicate para diseñar una estrategia con luces largas para la economía española, conviene no minusvalorar la dificultad de esa tarea, a la luz de la imposibilidad en épocas anteriores para encontrar los consensos necesarios. Las últimas recomendaciones de Bruselas, por ejemplo, encomiendan a España mejorar los resultados en materia de empleo, y adoptar medidas que pongan las cuentas públicas en una senda de equilibrio, “cuando las condiciones económicas lo permitan”. Una reforma del sistema de pensiones parece por tanto ineludible.

Una reforma crucial, y que no aparece en los recetarios clásicos, atañe a la prevención del riesgo de insolvencia de buena parte del aparato productivo. Tras meses de parálisis o de actividad reducida, muchas empresas están al borde de la quiebra pese a ser viables. Los sectores de la hostelería, de la restauración, del transporte, las actividades culturales y otros servicios que se basan en el contacto humano son los más afectados. Pero no todas las empresas de esos sectores se exponen al riesgo de insolvencia, mientras que otras ramas de actividad también padecen las secuelas de la crisis.

Se necesita, por tanto, un diagnóstico granular para identificar los negocios que tienen probabilidad razonable de ser viables a medio plazo, pero necesitan inyecciones de capital. Para conseguirlo, Alemania ha ampliado las competencias de su agencia de garantías de crédito (la KfW) y Francia se dispone a adoptar medidas dentro del plan nacional de recuperación. Veremos si se trata de cambios organizativos o si corren el riesgo de favorecer campeones nacionales en detrimento del proyecto europeo. En todo caso, en nuestro país la creación de un fondo de capitalización de empresas ha sido un paso en la buena dirección que, sin embargo, no servirá para las pymes.

La gestión de los fondos europeos será otra de las mejoras necesarias para reforzar la credibilidad del plan. Los socios son conscientes del bajo grado de utilización por España de los fondos disponibles —nuestro país apenas ha gastado un poco más de uno de cada tres euros asignados para el periodo presupuestario europeo 2014-2020—, el porcentaje más bajo en la UE después de Grecia y Eslovaquia.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: Comisión Europea y Previsiones de Funcas.

En definitiva, por sí solas, las ayudas europeas solo aportarán un plus momentáneo de actividad. Lo importante es no perder de vista la tarea que nos incumbe, acometiendo nuevas reformas que respondan a la gravedad de la crisis, y elaborando unos Presupuestos Generales del Estado que evidencien la coherencia de la estrategia.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La recuperación, amenazada por los rebrotes

agosto 3, 2020

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La economía española está atravesando uno de sus momentos más difíciles. Tras la contracción del 18,5% en el segundo trimestre, el valor de los bienes y servicios que se producen en el país retrocede hasta niveles registrados en 2002, anteriores al inicio de la burbuja inmobiliaria. Este es, sin paliativos, el peor resultado entre todos los países de nuestro entorno para los cuales hay datos.

El desplome, conforme a las previsiones de Funcas, evidencia el coste económico y social de las restricciones a la actividad y al movimiento de las personas. A este factor, inevitable por el colapso del sistema sanitario ante la pandemia, se añade el importante peso que tienen en nuestra economía las actividades dependientes de la movilidad, como el turismo; o del contacto humano, como la economía del ocio y de la cultura. Ambos sectores se han, literalmente, hundido. Finalmente, la política fiscal no ha jugado un papel estabilizador tan destacado como en otros países, sin duda por el escaso margen disponible tras varios años de expansión desaprovechada para equilibrar las cuentas. No es lo mismo apoyar a las empresas prestándoles dinero, que inyectar ayudas directas para el pago de alquileres y otros gastos no sufragados por los ERTE.

Gráfico 1

Una cierta recuperación está en marcha, liderada por el rebote del consumo de las familias. En junio, las ventas minoristas se incrementaron un 17,8%, rozando niveles previos a la covid-19. El índice de confianza empresarial elaborado por la Comisión Europea también apunta a una mejora notable de las expectativas, superando los niveles alcanzados por los países vecinos (ver gráfico).

«El inquietante avance de los contagios, junto con las falsas promesas acerca de la creación de corredores sanitarios seguros, auguran una sequía turística prolongada. El turismo interior también se resentirá, como lo avalan distintas encuestas, por el miedo a viajar y las inciertas perspectivas económicas».

Raymond Torres

Gráfico 2

Pero la multiplicación de nuevos rebrotes de coronavirus amenaza con truncar los atisbos de recuperación. El inquietante avance de los contagios, junto con las falsas promesas acerca de la creación de corredores sanitarios seguros (con la excepción del que Baleares ha acertado en crear con Alemania), auguran una sequía turística prolongada. El turismo interior también se resentirá, como lo avalan distintas encuestas, por el miedo a viajar y las inciertas perspectivas económicas. No olvidemos que el turismo aporta en un solo año el doble de lo que se espera en ayudas europeas dentro del plan plurianual de recuperación.

El panorama, por tanto, se complica más de lo previsto y requiere de un manejo atinado de la política económica. Porque el verano dejará un legado de negocios al borde de la insolvencia que se notará en las cuentas de las entidades financieras (si bien el sector se encuentra en una posición saneada en comparación con épocas anteriores). A vigilar, si bien el actual sistema de avales de crédito está funcionando adecuadamente, y cabe esperar que se adapte de forma que posibles situaciones de insolvencia no se conviertan en factores de inestabilidad.

En paralelo, muchas personas estarán a punto de agotar su relación laboral temporal, a medida que los ERTE tocan fin y, por tanto, podrían pasar directamente al paro. Al igual que con las empresas en insolvencia, convendría extender los ERTE en aquellas empresas que, pese a su actual situación, ofrecen perspectiva de recuperación. De este modo se evitará un fuerte agravamiento del paro que, sin duda, pesaría sobre el consumo privado y la recuperación. La puesta en marcha de una verdadera política activa de empleo también sería de una gran ayuda, especialmente teniendo en cuenta las enormes necesidades en términos de capacitación y recalificación.

Ni esta estrategia preventiva, ni medidas más ambiciosas de reactivación coherentes con las ayudas europeas, como un plan de inversión en energías renovables y eficiencia energética, serán eficaces sin una acción contundente y coordinada para sofocar los rebrotes víricos. Solo asumiendo la dura realidad de los hechos, y evitando el catastrofismo, se abrirá una perspectiva de recuperación económica. Este será un viaje largo, pero que no admite más relajación de los esfuerzos.

Fuentes de los gráficos: Eurostat, Comisión Europea y Funcas.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Anatomía de una crisis

mayo 4, 2020

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La economía se adentra en terreno desconocido, no solo por su desplome en el primer trimestre, el mayor de la historia moderna en un periodo tan corto, sino también por las incertidumbres que se derivan de los datos acerca de un rebote posterior. Las cifras del INE son rotundas. El PIB cayó un 5,2% hasta marzo, lo que habida cuenta de la tendencia alcista registrada hasta el inicio del estado de alarma significa que la actividad se hundió al menos un 29% durante la segunda quincena del mes pasado. Otros países europeos muestran registros similares, aunque sujetos a un importante margen de error, por la dificultad para realizar un seguimiento preciso en tiempos de la covid-19.

Gráfico 1

Estos resultados también revelan información
altamente relevante para la política económica.
Uno, porque muestran que las familias están adaptándose a la crisis
comprimiendo su gasto para así generar, en aquellas casos que pueden
permitírselo, un ahorro de precaución. Aunque el fenómeno es típico en periodos
de recesión, su magnitud es inusual.

Porque es llamativo que la contracción del consumo de las familias, el componente de la demanda con más peso en el PIB, alcance tanta intensidad —un 7,5%— cuando las remuneraciones han seguido avanzando levemente, según el INE. Esto se explica sin duda por las circunstancias del confinamiento, pero también por el miedo a perder el puesto de trabajo, que suele generar un ahorro de precaución. Como las perspectivas del mercado laboral no son halagüeñas, es poco probable que el ahorro precautorio desaparezca, algo que pesará sobre la recuperación.

Gráfico 2

Por tanto, para no agravar la situación, conviene
prorrogar las medidas de apoyo al empleo,
en particular su exponente más emblemático que son los ERTE. Si bien ya hay
cuatro millones personas que se han acogido a un ERTE (y hasta 10 en Alemania),
este es un dispositivo que ha mostrado su utilidad para amortiguar el impacto
de la crisis.

En segundo lugar, los excedentes empresariales se
han reducido por el desplome de las ventas y por el mantenimiento de la
plantilla. La Seguridad Social ha asumido una parte de esos costes laborales,
la otra las propias empresas (aquellas que no han recurrido a los ERTE, o solo
parcialmente). Sin embargo, esta tendencia refleja dos realidades distintas, la
de pymes y autónomos, con negocios a menudo solventes, pero sin liquidez para
aguantar el shock. Y la de empresas con una base financiera sólida, pero sin
perspectivas para reanudar la inversión en un periodo previsible.

Todo confluye por tanto en una espiral de
compresión de la demanda privada, menor actividad y problemas de liquidez para
las empresas, incluso después del estado de alarma. Una mayor focalización de
las ayudas a la liquidez y avales públicos, centrándolos en las pequeñas
empresas y los negocios solventes pero con problemas de tesorería, ayudaría a
contener el bucle recesivo.

Sin embargo, a corto plazo la recuperación solo podrá descansar sobre el impulso fiscal. Así lo ha reconocido Christine Lagarde en sus declaraciones de esta semana. El problema es que ese es nuestro punto débil, por el nivel arrastrado del déficit y con una prima de riesgo presionada. El consumo público fue el único componente de la demanda que se expandió en el primer trimestre, pero no es realista pensar que puede mantenerse ese esfuerzo sin reacción de los mercados.

La promesa de Bruselas de un fondo europeo de recuperación no se activará hasta 2021 —si es que no se pierde antes en los meandros de las negociaciones—. El BCE acaba de lanzar inyecciones de liquidez, que alejarían el riesgo de crisis financiera, pero sin atajar la espiral recesiva, que requiere de apoyo directo a la economía. La salida pasa por un aumento del programa de compra de deuda pública con el compromiso explícito de no permitir que las primas de riesgo superen un cierto umbral. De lo contrario quedaría recurrir al fondo de rescate.

Fuentes de los gráficos: INE, Eurostat y Comisión Europea.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Nuevo portal de talento para startups gracias a los VC

abril 10, 2020

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El ecosistema de inversión en startups español se ha unido en una iniciativa, sin precedentes, que pretende unir en una gran base de datos, por un lado, talento que ha visto ajustado su puesto en la startup donde trabajaba debido al parón económico del COVID19, y por otro lado, a startups que están buscando perfiles con experiencia en el sector, ya que tienen un repunte de su actividad en estos momentos.

Draper B1, Samaipata VC, Faraday VP, Dyrecto, Encomenda VC, JME VC, K Fund, Athos Capital, Inveready, Bankinter, Marina de Empresas, Sabadell VC, BStartup10, Lanzame Capital, Archipelago Next, Nekko Capital, son algunos de los agentes que encabezan este grupo, que en apenas unas horas ya ha recopilado decenas de perfiles y puestos de trabajo a cubrir.

Esta base de datos es pública y está abierta a todos los empleados de startups afectados por ajustes debidos al COVID19. Incluye también un listado de empresas que necesitan incorporar talento con experiencia, acostumbrado a la cultura startup, para reforzar sus plantillas.

Con esta herramienta y la difusión de este formulario, el sector da un paso adelante para acelerar la recuperación posterior. La iniciativa está inspirada en listados similares impulsados por firmas de capital riesgo en Estados Unidos o Sudeste Asiático.

“Como ecosistema tenemos la responsabilidad de apoyar y mantener el talento; para acelerar el ajuste del sector a la nueva realidad” apuntan desde el fondo Draper B1, poniendo en valor que el capital humano sigue siendo el recurso más importante y la unión de todos los grandes agentes que componen las redes de inversión es el mejor camino para ser más fuertes.

Los formularios de registro a esta base de datos, a continuación

Los que nos cuidan en la crisis del coronavirus (II): el sector agrario

abril 9, 2020

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Hace apenas un mes, los agricultores ocupaban los titulares de los periódicos, con sus grandes movilizaciones en muchas ciudades de España. El sector se declaraba en crisis como consecuencia de una “tormenta perfecta”,^[1] motivada por la conjunción de al menos cinco factores: (1) los bajos precios en origen (a veces, incluso por debajo de su coste); (2) el aumento de los costes de producción (en particular, de la energía y de las retribuciones tras el incremento en 2019 (22,3%) y 2020 (5,6%) del Salario Mínimo Interprofesional); (3) la competencia desleal ejercida por terceros países, no sujetos a reglamentaciones tan estrictas como la europea; (4) los aranceles a los productos agrícolas impuestos por la Administración Trump en octubre de 2019, y (5) los recortes, anunciados en febrero de 2020, de los fondos procedentes de la Política Agraria Común (PAC).

No obstante el éxito en impacto público de estas protestas, el 12 de marzo –dos días antes de la declaración del estado de alarma por la crisis del coronavirus– las organizaciones agrarias decidieron conjuntamente suspenderlas. Conscientes de su carácter estratégico como primer eslabón de la cadena agroalimentaria, los agricultores afirmaron su compromiso con la sociedad española proclamando su voluntad de garantizar en todo momento el abastecimiento de productos agrícolas.

En estas semanas de confinamiento, los productores agrarios han cumplido, sin duda alguna, ese compromiso. Pero el confinamiento les ha generado un problema imprevisto: aunque el trabajo en el campo constituye una de esas actividades declaradas “esenciales” por el Gobierno, las medidas de aislamiento han provocado la falta de aproximadamente 150.000 trabajadores^[2] para recoger la producción agrícola durante las próximas semanas. No es solo que el cierre de las fronteras impida a las explotaciones agrícolas contar con los habituales temporeros extranjeros, sino también que las restricciones a los desplazamientos interiores y las medidas de distancia social dificultan la organización del empleo agrario temporal, hasta hacerla casi imposible.^[3] Aunque el Gobierno ha decretado medidas urgentes para hacer frente a este problema (RD-ley 13/2020, de 7 de abril), su efectividad es todavía una incógnita.

La falta de mano de obra en el campo es una de las características de un sector cuya ocupación ha experimentado cambios radicales en los últimos 40 años. De acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2019, el número de ocupados en el sector de la agricultura, ganadería y pesca (a partir de aquí: “sector agrario” o “sector AGP”) se acercaba a 800.000, que representaban el 4,0% del total de la ocupación en España. El grueso de ellos se hallaban en el subsector de la agricultura (64,9%); el resto se repartía entre los subsectores de la ganadería (17,3%), el agropecuario y sus servicios^[4] (9,2%), la pesca (4,9%), la silvicultura (3,5%) y la caza (0,1%)^[5]. La mayor parte de los ocupados en el sector eran asalariados privados (60,6%), seguidos por los autónomos (29,2%),^[6] los empleadores (7,2%), las ayudas familiares (1,7%) y los asalariados públicos (1,4%).

Las diferencias de ocupación agraria entre comunidades autónomas son llamativas (Gráfico 1). Así, por ejemplo, en 2019, Extremadura y Murcia lideraban el ranking, con 12,4% y 12,2% de empleados, respectivamente, mientras que Andalucía destacaba como la comunidad con un mayor número de empleados (255.000; 8,2% del total de ocupados). En el extremo opuesto figuraban Cataluña (1,5% del total de los ocupados), el País Vasco (1,1%), Baleares (1,0%) y Madrid (0,2%).

Gráfico 1

Fuente: EPA (I-IV, 2019).

Hasta aquí hemos ofrecido algunos trazos de la realidad de la ocupación agraria en 2019. Pero esa realidad es resultado de una evolución que puede rastrearse, con datos de la misma fuente (EPA), desde 1976. Los Gráficos 2-6 permiten observar lo que ha ocurrido en este sector desde el inicio de la democracia.

En primer lugar, se observa el fuerte descenso del porcentaje de ocupación agraria sobre la ocupación total (Gráfico 2). Si en 1976 representaba el 21% (2,73 millones de ocupados), en 1992 no llegaba al 10% (1,25 millones), y en 2006 había caído por debajo del 5% (958.000). Desde 2008, la ocupación del sector se ha mantenido bastante estable en torno al 4%. A pesar de la tendencia general descendente en relación al total de la ocupación, del Gráfico 2 se desprende que el sector agrario mantuvo estable esta relación durante las fases álgidas de las tres crisis económicas (1981-1985, 1992-1993 y 2008-2013). En el caso de la primera, la reconversión industrial cerró el destino más frecuente de la emigración rural. También se aprecia el incremento de dedicación a la ganadería (1986-1988) como consecuencia de nuestro ingreso en la UE. Tal como muestra el Gráfico 3, de los diferentes subsectores que componen el sector AGP, la agricultura es, debido a su tamaño, el determinante de la evolución. Pero también la ganadería ha quedado reducida al 29% del volumen de empleo que tenía en 1976 (coincidiendo con la proporción del total del sector AGP). La pesca actual mantiene un 40% del empleo inicial, mientras que la silvicultura ha conservado un 76%.

Gráfico 2

Fuente: EPA (1976-2019).

Gráfico 3

Fuente: EPA (1976-2019).

Una evidencia que llama poderosamente la atención es la de la opción de las mujeres por actividades fuera del ámbito rural y, por tanto, no relacionadas con el sector agrario (Gráfico 4). El campo se ha quedado al margen del proceso de intensa feminización del mercado de trabajo español: diríase que muchas mujeres se marcharon a estudiar a las ciudades y no regresaron. En 1976, el porcentaje de mujeres que trabajaban en el sector AGP era prácticamente idéntico al de las empleadas en el resto de sectores de la economía (40 por cada 100 hombres). Actualmente, por cada 100 ocupados varones en el campo, hay 30 ocupadas. Muy diferente es la proporción femenina en el resto de sectores: por cada 100 ocupados varones, hay 87 ocupadas.

Gráfico 4

Fuente: EPA (1976-2019).

La evolución singular de la ocupación agraria no se evidencia solo en esta cuestión de género, sino también en los niveles educativos (Gráfico 5). En 1976, los ocupados en el sector AGP eran muy mayoritariamente (97%) personas analfabetas, sin estudios completos o, como máximo, con la educación primaria; hoy estos niveles todavía representan un 30% del total de la ocupación agraria, lo que supone un gran contraste con el resto de los sectores, en los que solo representan el 7%. Y mientras los que cuentan con formación profesional y universitaria son mayoría en el resto de los sectores (55%), en el sector agrario apenas llegan al 20%.

Gráfico 5

Fuente: EPA (1976-2019).

Finalmente, desde el punto de vista de su posición respecto a la producción, también se observa la recomposición de la ocupación en el sector AGP (Gráfico 6). Los autónomos, la categoría más frecuente a mediados de los años setenta, ha caído intensamente. El número de ocupados autónomos en 1976 (1.120.000) quintuplica al de 2019 (232.000). Actualmente, la categoría más voluminosa es la de los asalariados privados. Los clasificados como ayudas familiares prácticamente han desaparecido de la ocupación agraria (del 27,4% en 1976 al 1,7% en 2019), lo que indica que la “familia agraria” (aquella en la que la mayoría de sus miembros se hallaban ocupados en el campo) ha perdido presencia en la sociedad.

Gráfico 6

Fuente: EPA (1976-2019).

Sobre el telón de fondo de los datos expuestos en este artículo, el empeño diario de los agricultores por abastecer cumplidamente el mercado de productos alimentarios resulta, si cabe, más valioso. Es un sector que ha perdido casi dos millones de ocupados en los últimos 45 años, periodo durante el cual ha seguido una evolución que le distancia del resto de sectores de ocupación al haber quedado al margen de dos “vuelcos” que han transformado el mercado de trabajo español: el vuelco femenino y el vuelco educativo. Esos dos procesos son clave para entender las razones profundas de la desruralización de España y de ese fenómeno demográfico que hoy tanto preocupa y que quizá merece simplemente la denominación de la “España durante mucho tiempo olvidada”.

[1] Así definió la situación Pedro Barato, Presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), en el programa Onda Agraria (Onda Cero) el 14 de marzo de 2020.

[2] Cantidad que representa cerca del 20% del empleo agrario actual.

[3] No es un problema que afecte solo a España. Por ejemplo, las explotaciones agrícolas francesas y alemanas también se encuentran ante similares dificultades, de acuerdo con las declaraciones de los representantes de sus respectivas organizaciones agrarias. En Francia, 145.000 voluntarios respondieron a la “llamada nacional” del Ministerio de Agricultura y del sindicato agrícola FNSEA para desempeñar estas tareas de recolección de la producción, una respuesta masiva que da cuenta de la importancia que la sociedad y las instituciones políticas francesas conceden al campo. Véase, por ejemplo, “Coronavirus: près de 150.000 volontaires pour aider les agriculteurs”, Le Monde, 31 de marzo de 2020.

[4] Estos servicios suponen un 4,2% del empleo del sector y dan cobertura a los tres subsectores aludidos previamente.

[5] Cuando nos referimos aquí al “sector agrario” (o sector AGP [agricultura, ganadería y pesca], incluimos a todos estos subsectores.

[6] En la EPA, los autónomos son los que trabajan por cuenta propia sin contratar asalariados. En este caso, los hemos unido con el 0,7% de los cooperativistas.

La economía en cuidados intensivos

abril 6, 2020

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La economía española se encuentra en una situación sin parangón en tiempos de paz, tanto por el impacto directo de la Covid-19 y de las medidas draconianas de limitación a la actividad, como por la dificultad de calibrar una respuesta en un contexto sanitario impredecible. Las decisiones que se tomen en un tiempo corto, pero de alta intensidad, serán determinantes para el futuro económico de nuestro país. Porque los aciertos nos colocarán en buena posición para un eventual rebote de la economía que se producirá a medida que refluye la pandemia, mientras que los errores pasarán factura durante un periodo prolongado.

La batalla se desarrolla en tres frentes. El
primero, el de la contención de los daños en el
aparato productivo, de modo que este sobreviva a la crisis
sanitaria. Los indicadores de empleo y de actividad apuntan a una contracción
severa de la actividad, como era de esperar —el
principal índice de coyuntura del sector servicios se ha hundido
hasta niveles inferiores a los peores registros de la crisis financiera—.

Gráfico 1

El plan gubernamental incorpora medidas clave de apoyo a la liquidez de las empresas y de los autónomos, al mantenimiento del empleo y a los colectivos vulnerables. Sin embargo, los primeros resultados muestran que las medidas tendrán que ser completadas para cumplir con su objetivo. Muchos pequeños negocios, en un contexto de gran incertidumbre y con la memoria todavía fresca de la crisis financiera, optan por no endeudarse, y por tanto se enfrentan a un riesgo de impago o incluso de cierre definitivo. Conviene por tanto inspirarse de países como Dinamarca que innovan compensando directamente las caídas de actividad generadas por la Covid-19 en pequeñas empresas —una especie de seguro de paro para pymes—.

En cuanto al empleo, si bien los datos muestran una caída histórica de la afiliación desde el inicio del estado de alarma, la tendencia hubiera sido catastrófica sin los ERTE. El despliegue de este dispositivo, que ha mostrado su eficacia en otros países como Alemania (Kurzabeit), Francia (Chômage partiel) e Italia (Cassa integrazione) en el momento de la crisis financiera, es crucial para mantener la relación de empleo, contener el incremento del paro y facilitar la recuperación cuando esta se produzca. El principal escollo es que los numerosos trabajadores con contrato temporal —un hecho revelador de la ineficiencia de nuestro mercado laboral, que precedía a esta crisis— no suelen entrar en el ERTE. Algo que explica que este colectivo sea el más castigado por la destrucción de empleo, explicando el 75% de la caída de la afiliación. Es por tanto urgente agilizar los trámites para amparar a la contratación temporal, tal y como acaba de decidir Alemania en su paquete de medidas de urgencia.

Gráfico 1

(*)Estimación provisional con información hasta finales de marzo.

Otro frente es el financiero, por el agravamiento del agujero presupuestario. Este es un mal necesario para evitar el hundimiento de la capacidad productiva. De momento, los mercados siguen comprando deuda española a precios asequibles. El Tesoro ha logrado colocar bonos a tipos de interés reducidos, en torno al 0,7% para vencimientos a 10 años. Además, la demanda duplica las necesidades de financiación en casi todos los tramos. Todo ello gracias a la acción providencial del BCE, la única institución europea capaz de responder rápidamente a una emergencia inédita.

Finalmente, la perspectiva de una recuperación rápida (en forma de V) se aleja, especialmente en países como España, muy dependientes del turismo. Además, se presiente un cambio estructural en las pautas de producción, con cadenas de suministros más cortas, y de consumo. Esto, que puede ser una oportunidad para la economía española, requerirá de reformas y de inversión para acelerar la recuperación. Pero los márgenes serán aun más estrechos por los niveles iniciales de déficit heredados de los últimos años, y el incremento de la deuda contraída en la actual fase de contención de la pandemia. Esperemos, por tanto, que los planes esbozados desde Bruselas —recurso acelerado al Mede y al BEI, seguro de desempleo europeo— no se queden una vez más en vanas promesas.

Fuentes de los gráficos: Markit Economics y Funcas, en base a datos nacionales de ERTE, Chômage partiel y Kurzabeit.

Artículo publicado originalmente en el diario El País.

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