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Los que nos cuidan en la crisis del coronavirus (I): el sector de la sanidad

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció el pasado jueves la contratación pública de más de 50.000 sanitarios para reforzar los hospitales y los centros de salud en España: facultativos sin plaza o ya jubilados, médicos internos residentes (MIR) en sus últimos años de formación e, incluso, estudiantes de Enfermería y Medicina próximos a acabar sus carreras van a ir engrosando el colectivo de personal sanitario que trata y cuida a los afectados por el coronavirus. Se incorporan a un sector cuyo volumen de empleo en 2019 ya superaba al existente en cualquier otro momento de nuestra historia.

Los datos que ofrece la Encuesta de Población Activa (EPA) son concluyentes: el número de ocupados en el sector de actividades sanitarias en 1986, cuando se creó el Sistema Nacional de Salud, era de 395.000;  en el año 2000 había aumentado hasta 633.000, y en 2019 rozaba 1.117.000[1]. Por tanto, como se observa en el Gráfico 1, desde comienzos de este siglo hasta 2019, los ocupados en el sector de la sanidad casi se han duplicado. Además, a diferencia de lo ocurrido con el empleo total, el estallido de la crisis económica no cambió la tendencia al alza del empleo en este sector. 

Gráfico 1

Complementariamente, el Gráfico 2 permite apreciar que, durante el mismo periodo, el peso de la ocupación en este sector respecto a la ocupación total del país creció considerablemente. A principios del siglo, los ocupados en el sector de la sanidad apenas representaban el 4% de todos los ocupados en España, mientras que en el año 2019 la cifra se acercaba al 5,7%. Esa evolución alcista se aprecia asimismo al centrar la atención en quienes trabajan como médicos y personal de enfermería (dentro de este sector[2]): el Gráfico 3 así lo refleja, mostrando de igual modo que el personal de enfermería ha consignado un mayor avance que el médico.

Gráfico 2[3]

Gráfico 3

El incremento de la ocupación en el sector sanitario ha venido de la mano del envejecimiento del colectivo de ocupados. Tal como se comprueba en el Gráfico 4, la disminución del peso de los jóvenes (16-34 años) es casi simétrica respecto al aumento del peso de los mayores (55 o más años). De hecho, el peso de estos últimos se ha triplicado en dos décadas, pasando del 8% al 24%. Del Gráfico 4 se desprende asimismo que todos los grupos de edad han ido confluyendo en su porcentaje de participación en la ocupación del sector. Lógicamente, este proceso ha provocado la elevación de la edad media de los ocupados, como evidencia el Gráfico 5: si en el año 2000 se situaba en 39,9 años, en 2019 alcanzaba 44,2 años (45,0 entre los hombres, y 43,8 entre las mujeres). Con todo, en los dos últimos años la ocupación en el sector de la sanidad se ha rejuvenecido, mientras que en el conjunto del resto de sectores seguía envejeciendo.

Gráfico 4

Gráfico 5

La evolución de los datos en la EPA también pone de manifiesto la
consolidación de las mujeres en el sector sanitario. En 2019, las ocupadas en él
ascendían a 809.000, mientras que el número de ocupados (varones) se situaba algo
por debajo de 308.000. El Gráfico 6 ilustra esta diferencia, permitiendo
de nuevo observar que, en contra de lo que a menudo se afirma, la ocupación en
el sector de las actividades sanitarias quedó bastante protegida de las
convulsiones del empleo provocadas por la crisis económica. En efecto, la
ocupación de los varones no solo no sufrió pérdidas, sino que consiguió crecer
entre 2008 y 2014; en cuanto a la de las mujeres, se estabilizó prácticamente durante
esos años críticos, para retomar a partir de 2014 la trayectoria anterior de
fuerte crecimiento.

Aunque en el conjunto de las actividades sanitarias la proporción mujeres/hombres se ha mantenido bastante estable a lo largo del periodo (oscilando desde 2004 a 2019 en torno a 250 mujeres por cada 100 hombres), el Gráfico 7 muestra también el extraordinario cambio que se ha verificado en el colectivo de todos los médicos que están ocupados. En el año 2000, por cada 100 médicos varones había 65 médicas; en 2019, el número de mujeres que ejercían esta profesión por cada 100 hombres que también lo hacían, ascendía a 131. Esta evolución indica palmariamente que en la élite de las ocupaciones sanitarias se ha producido un “vuelco femenino”.

Gráfico 6

Gráfico 7

En definitiva, la situación de la sanidad española en estos momentos es crítica, pero conviene tener muy presente que nunca antes hemos contado en España con tantos efectivos en el sector de actividades sanitarias como en la actualidad. El volumen de los ocupados en él ha crecido significativa y continuamente desde que comenzó el siglo. Como los ocupados en otros sectores, también los que integran el sector de la sanidad han asistido a un aumento de su edad media, pero este envejecimiento ha avanzado a menor ritmo. Más significativo ha sido, sin embargo, el avance de las mujeres en la que es considerada la profesión central de este sector, la de los médicos: en 20 años, ellas han duplicado su proporción respecto a sus compañeros.


Adenda: Sanidad pública y privada/temporalidad

Tras la publicación de nuestra entrada “Los que nos cuidan (I): el sector de la sanidad”, hemos recibido algunas indicaciones sobre el interés que podría tener conocer la contribución de las administraciones públicas y de las empresas e instituciones privadas al aumento de la ocupación en el sector de la sanidad. En esta adenda aportamos datos relativos a la evolución de la ocupación según la naturaleza (pública o privada) del empleador. Incluimos también un gráfico con la evolución de la temporalidad en el sector de la sanidad, desagregando asimismo los asalariados públicos y privados.  

Gráfico 1

Del gráfico A se desprende que el aumento de los asalariados que trabajan en el sector de la sanidad responde tanto al incremento de contrataciones públicas como privadas. Entre el año 2000 y el 2019, el número de ocupados públicos en el sector de la sanidad pasó de 427.000 a 675.000, mientras el número de ocupados privados pasó de 163.000 a 353.000. Por tanto, en números absolutos crecieron más los asalariados públicos, pero en proporción aumentaron más los asalariados privados (117% vs. 76%; con todo, los que más aumentaron porcentualmente fueron los ocupados por cuenta propia). A la vista de la evolución de las cantidades de ocupados se constata un crecimiento casi continuo de los tres colectivos (asalariados públicos, asalariados privados y empleados por cuenta propia). En cuanto a la curva que refleja el total de ocupados en el sector de la sanidad, se aprecia su casi continuo crecimiento de 2000 a 2011. A partir de 2011 cayó el empleo público durante dos años al ritmo del 3,5% anual, pero rápidamente el sector público recuperó el ritmo de crecimiento anterior a la crisis.

Gráfico 1

En cuanto a la temporalidad de los ocupados se observa que el sector de la sanidad ha cambiado de posición relativa a partir de la crisis de 2007. Mientras en la fase previa de expansión económica los ocupados del sector de la sanidad tenían una media de contratación temporal 5 puntos menor que la totalidad de los asalariados, a partir de 2007 les han superado en temporalidad.

Llaman particularmente la atención las distintas evoluciones observables en el sector público y privado. En los primeros tres años del siglo ambas tasas de temporalidad se hallaban muy cercanas (en torno al 25%), pero a partir de 2003 la temporalidad de los asalariados públicos no paró de crecer hasta 2008, mientras que la de los asalariados privados decreció. En todo el periodo, el empleo público en la sanidad ha crecido en 78.000 contratados fijos y en 160.000 temporales, mientras las empresas e instituciones sanitarias privadas han contratado en una proporción inversa: 156.000 fijos y 35.000 temporales. Por ello, mientras que en 2000 los asalariados públicos y privados del sector de la sanidad ostentaban la misma temporalidad (un 24,8%), en 2019 la de los que trabajaban en la sanidad privada había descendido más de 3 puntos (21,2%), mientras que la de los empleados en la sanidad pública había aumentado 15 puntos (40,0%).


[1] Conviene aquí hacer una aclaración entre los conceptos “sector” y “ocupación” en la EPA. Los sectores se refieren a la actividad fundamental que realizan las empresas y organizaciones. En cambio, las ocupaciones se refieren a las tareas concretas que realiza cada “persona ocupada”. Por ejemplo, en un hospital (que es una empresa del sector de la sanidad) trabajan mayoritariamente los profesionales de ocupaciones sanitarias, pero también otros empleados que desarrollan tareas de gestión, administración y recepción, de cuidado mental, de limpieza, etc. Por tanto, todos ellos forman parte del sector de la sanidad. En 2019 (EPA I-IV), el 78% del sector de la sanidad estaba compuesto por personal sanitario (médicos: 23%; enfermeras: 18%; auxiliares: 14%; técnicos: 13%; otros sanitarios: 10%). Del restante 22%, la mayor parte (seis de cada diez) eran administrativos. Por otra parte, fuera del sector de la sanidad hay muchas personas que ostentan ocupaciones sanitarias. De hecho, de todos los que en 2019 trabajaban en ocupaciones sanitarias, el 31% no lo hacía en el sector de la sanidad. Llama, por ejemplo, la atención que en cuatro subsectores de actividades residenciales (no incluidos en el sector de actividades sanitarias) la proporción de ocupaciones sanitarias sea mayoritaria: destaca, en particular, el subsector de la “asistencia en residencias para mayores y discapacidad física”, cuya proporción de sanitarios en 2019 era la misma que la existente en el sector de la sanidad: 69%.

[2] Véase la nota 1.

[3] En la comparación entre ambas evoluciones se puede contrastar la diferencia de efectos a los que han dado lugar los cambios en las clasificaciones oficiales de los sectores de actividad (CNAE 2008) y de las ocupaciones (CNO 2011).

Fuente de los gráficos: EPA desde el I/2000 hasta el IV/2019.

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objetivo-comun:-salvaguardar-la-capacidad-productiva

Objetivo común: salvaguardar la capacidad productiva

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Los planes anunciados esta semana para responder al impacto económico del COVID-19 y de las medidas, necesarias, de confinamiento de la población, son excepcionales, tanto por su carácter urgente como por las ingentes cantidades de recursos movilizados. El real decreto del Gobierno, que se añade a anteriores iniciativas, alcanza el 9,6% del PIB (totalizando los avales y las iniciativas con incidencia fiscal), algo menos de lo que dedican países con más espacio fiscal, pero significativamente más que Italia, por ejemplo.

El tipo de acciones que
se incorporan en esos planes responde adecuadamente a las características de la
crisis. Se trata de mantener vivo el aparato productivo de manera transitoria, durante
todo el tiempo que dure la crisis sanitaria. Esto se consigue limitando el
cierre en cascada de empresas que podría producirse como consecuencia de la
carencia de suministros clave para la producción, de las restricciones a la
actividad en todo tipo de servicios, de las limitaciones a la movilidad de las
personas y de la desorganización de la cadena de pagos. Así pues, es oportuno
poner a disposición garantías públicas y créditos blandos a empresas que se
enfrentan a problemas de tesorería pese a ser rentables.

Gráfico 1

De momento, el monto
previsto para esas acciones alcanza 100.000 millones. Aunque parece bastante,
esto es sin duda inferior a las necesidades que surgirán en los próximos días
entre las pequeñas empresas, y los sectores más afectados por el parón, como el
turismo, la mayoría de comercios, el ocio o la industria que suministra bienes
de consumo duradero y bienes de equipo. Por tanto, mucho depende del
multiplicador de crédito que logren generar los avales públicos, así como de la
buena disposición de los pequeños negocios para endeudarse, incluso a corto
plazo. De no ser suficiente, el Gobierno no debería dudar en reforzar el
dispositivo.

«El resultado previsible es una importante agravación del déficit y de la deuda pública. Sin embargo, este es un mal menor frente a los enormes beneficios para el aparato productivo, el empleo y los colectivos más desfavorecidos».

Raymond Torres

En segundo lugar, también
se adoptan medidas por el lado de la demanda, de apoyo a los colectivos más
vulnerables y de mantenimiento del empleo (ERTE con trámites oportunamente agilizados,
promoción de ajuste de jornada para evitar despidos, y teletrabajo). El
presupuesto previsto alcanza 20.000 millones, que incluyen las actuaciones
imprescindibles de respaldo a un sistema sanitario al borde de la asfixia.

Gráfico 2

Este presupuesto por tanto solo será suficiente si la crisis sanitaria y las medidas de confinamiento no se extienden más allá de finales de abril. Y es que mantener los niveles actuales de empleo en los sectores más castigados conlleva un coste significativo, solo asumible —dentro de las estrecheces del presupuesto— durante un tiempo limitado. Además, el porcentaje exageradamente elevado en nuestro país de empleos temporales hace temer un repunte notable del paro, a medida que los contratos vencen y no se renuevan. Los presupuestos tendrán que absorber estas y otras consecuencias de la crisis sanitaria.

El resultado previsible es una importante agravación del déficit y de la deuda pública. Sin embargo, este es un mal menor frente a los enormes beneficios para el aparato productivo, el empleo y los colectivos más desfavorecidos. La clave está en asegurar una financiación del agujero presupuestario en condiciones razonables, es decir en contener la prima de riesgo que tan malos recuerdos nos trae. El BCE, rectificando sus primeros mensajes, parece haber tomado conciencia de ese peligro, elevando la escala de su programa de compras de títulos de deuda y manifestando su disposición a hacer todo lo necesario para evitar una crisis financiera. Solo falta la Unión Europea, de momento incapaz de acompañar los esfuerzos de cada país. Las posiciones en materia de eurobonos u otro instrumento necesario para forjar el armazón de una acción europea frente a la crisis empiezan a moverse. Esperamos que la UE no nos defraude, porque su papel será decisivo para ganar la batalla contra el virus.


Fuentes de los gráficos: Funcas, en base a Ministerio de Economía y fuentes nacionales.

Artículo publicado originalmente en el diario El País.

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El aumento del crédito al consumo no ha elevado la vulnerabilidad financiera de las familias

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Desde 2014, cuando se inicia la recuperación de la economía española, hasta 2017, el crédito nuevo a los hogares destinado al consumo (y a otros fines no relacionados con la vivienda) creció a tasas relativamente dinámicas –de dos dígitos cada año, excepto en 2016–. En 2018 su crecimiento se ralentizó, y en 2019 prácticamente se estancó.

Gráfico 1

Fuente: Banco de España.

No obstante, pese al vigoroso crecimiento de los años anteriores, el volumen del nuevo crédito concedido a los hogares en 2019 apenas alcanzaba el 44% del otorgado en el punto álgido de la etapa expansiva, en 2007. Por otra parte, el stock de deuda de las familias se ha mantenido a la baja durante todo el periodo comentado, debido a que las amortizaciones de la deuda superaban el volumen del crédito nuevo.

Por estos motivos, no podía considerarse que el intenso crecimiento del crédito al consumo observado especialmente entre 2014 y 2017 supusiera un riesgo desde el punto de vista macroeconómico. No obstante, en algunos momentos despertó cierta preocupación, por el temor a que se pudieran generar focos de vulnerabilidad localizados, especialmente entre los hogares con menos rentas. Así, el Banco de España advirtió en varias ocasiones a las entidades financieras de que vigilaran este tipo de créditos, por el peligro de aumento de riesgos en sus balances (por ejemplo, el Informe de Estabilidad Financiera, mayo 2018).

No obstante, la última Encuesta Financiera de las Familias (EFF) publicada recientemente por el Banco de España, correspondiente al año 2017, parece despejar estos temores. Conforme a dicha encuesta, el porcentaje de hogares que tienen algún tipo de deuda efectivamente creció desde un 49% en 2014 hasta un 53,2% en 2017. Dicho crecimiento tuvo lugar en todos los percentiles de renta, aunque en los más altos el ascenso fue menor. Asimismo, fueron concretamente los créditos personales y las deudas de tarjetas de crédito los tipos de deuda donde se produjo dicho aumento de hogares endeudados, mientras que el porcentaje de hogares con otro tipo de deudas, como hipotecarias, descendió ligeramente.

No obstante, según los resultados de la EFF, el valor mediano de las deudas pendientes descendió para todos los tipos de deuda y para todos los percentiles de renta –excepto para el percentil más alto–, en algunos casos dramáticamente. Así, el valor mediano de la deuda –para el conjunto de hogares y de tipos de deuda– se redujo desde 46.200 euros a 35.000 euros. Y lo que es más importante desde el punto de vista de la posible vulnerabilidad de las familias, el porcentaje de la renta familiar que suponen los pagos por deudas se redujo desde el 18,6% en 2014 hasta el 15,8% en 2017, siendo precisamente los percentiles más bajos de renta los que han experimentado descensos más acusados.

«Desde el inicio de la recuperación hasta 2017 el porcentaje de hogares con deudas aumentó […] Pero el valor de esas deudas se redujo, lo que unido a la bajada de los tipos de interés y también al aumento de la renta familiar por el aumento del empleo, ha dado lugar a un descenso en la carga que supone el pago de esas deudas».

María Jesús Fernández

Otro indicador más relevante aún,
el porcentaje de hogares con deudas cuyo servicio supone más del 40% de su
renta, disminuyó desde el 7,3% del total de hogares hasta el 5,2%, siendo los
tramos más bajos de rentas los que experimentaron una mejoría más acusada. Así,
el porcentaje de hogares con una carga elevada de deuda dentro del percentil
más bajo de renta sufrió una caída desde un 13,6% en 2014 hasta un 9,3% en
2017. En el siguiente percentil más bajo, el descenso fue desde el 10% de los
hogares hasta el 7%.

Es decir, desde el inicio de la
recuperación hasta 2017 el porcentaje de hogares con deudas aumentó, concretamente
con préstamos personales y deudas de tarjetas de crédito. Pero el valor de esas
deudas se redujo, lo que unido a la bajada de los tipos de interés y también al
aumento de la renta familiar por el aumento del empleo, ha dado lugar a un
descenso en la carga que supone el pago de esas deudas. Además, ha supuesto un
descenso sustancial en el porcentaje de hogares en situación de vulnerabilidad
–es decir, de los hogares cuya carga de la deuda es superior al 40% de su renta–,
especialmente entre los hogares de rentas más bajas, que han sido los más
beneficiados por el aumento del empleo.

En conclusión, se puede decir que
el fuerte incremento del crédito al consumo, y de otros tipos de crédito no
relacionados con la vivienda, que tuvo lugar en el periodo estudiado, no ha ido
acompañado de un aumento de la vulnerabilidad financiera de las familias, ni de
la formación, como se temía, de focos de vulnerabilidad localizados entre las
familias de rentas más bajas. Por tanto, tampoco ha tenido lugar una acumulación
de riesgos en los balances de las entidades financieras en estos últimos años.

La última EFF se refiere a 2017,
de modo que no sabemos lo que ha sucedido en 2018 y 2019. No obstante, la
fuerte ralentización en el ritmo de crecimiento de este tipo de crédito en
dichos años –y también del crédito a la vivienda– inducen a pensar que la
situación no ha empeorado. En cualquier caso, conviene recordar que la
vulnerabilidad de los hogares, especialmente en los deciles más bajos de
rentas, sí que podría aumentar si el empleo deja de crecer.

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Incertidumbre radical

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Algunas de las señales precursoras de un crecimiento menos renqueante se han confirmado, y solo un nuevo “cisne negro” —como una expansión incontrolada del coronavirus desde China— podría desmentir la leve recuperación que vaticinan los principales analistas para la segunda parte del año. La confianza repunta en Europa, y se mantiene en niveles relativamente elevados en España, según el índice de sentimiento económico de enero que acaba de divulgar la Comisión Europea. Habida cuenta de la relación estrecha entre este indicador y las principales variables económicas, el crecimiento en la zona euro se acercaría a un punto de resistencia, suavizando la desaceleración en nuestro país.

Gráfico 1

Gráfico 2

La confianza se sustenta en factores que ya se habían advertido, como la tregua comercial y los esfuerzos de renovación del aparato industrial, en especial en el sector del automóvil. Y en otros que se confirman, como la resistencia que muestra el mercado laboral. La tasa de paro sigue disminuyendo en Europa, pese a estar en plena desaceleración. Y en España, según la Encuesta de Población Activa, el empleo avanzó un 0,5% en el cuarto trimestre, lo que deja la creación de puestos de trabajo en más de 400.000 para el conjunto del año. Junto con el incremento cercano al 2% del salario medio, el buen comportamiento del empleo sostiene la demanda de las familias. También destaca el aumento de la población activa en 290.000 personas, un resultado que, de prolongarse en los próximos ejercicios, elevará el potencial productivo y fortalecerá la financiación de las pensiones.

El sector externo también evoluciona mejor de lo esperado. Los datos de balanza de pagos presentan un incremento moderado de las exportaciones, en consonancia con los mercados mundiales, pero como las importaciones crecen a un ritmo menor, la balanza sigue arrojando un saldo positivo. Así pues, el superávit externo rondó los 22.000 millones hasta noviembre, otro sorprendente dato que sustenta la confianza.

La estimación del INE para el PIB en el cuarto trimestre avala estas tendencias, con una leve mejora del crecimiento sostenida por el sector externo y que permite cerrar el año con un 2% de crecimiento, una décima más de lo anticipado en el consenso de analistas de Funcas y cerca del doble de la media de la eurozona.

Sin embargo, la economía siempre se enfrenta a brotes de incertidumbre radical, es decir difícil de predecir ni de cuantificar. Así pues, el estallido de la crisis sanitaria en China podría amenazar el incipiente repunte de la actividad. Las comparaciones con la crisis del SRAS que se desató en 2003 son engañosas. Desde entonces, la economía china ha sextuplicado su tamaño, pasando a ser la principal potencia mundial después de EEUU. Y el número de turistas chinos que viajan por el mundo se ha multiplicado por 6,7. Además, el país más poblado del mundo ya arrastraba una acumulación de deuda del sector privado. Con la crisis sanitaria, se agudizan los riesgos de impago para la estabilidad financiera y el crecimiento en ese país.

Si bien los vínculos directos entre China y España son todavía limitados (exportamos menos a ese país que a Bélgica), una parálisis de los intercambios lastraría la recuperación global y socavaría la confianza.

Por lo pronto, el consenso de analistas de Funcas considera que el entorno externo no se deteriorará durante los próximos meses, de modo que la economía española podría todavía crecer un 1,6% en 2020. Sin embargo, estas previsiones no incorporan las consecuencias de un posible deterioro de las expectativas como consecuencia una extensión de la crisis sanitaria. Tampoco incluyen las orientaciones de los próximos presupuestos generales, ni la senda marcada para el déficit público en el presente ejercicio, tras un 2019 desaprovechado para la corrección de los desequilibrios. La inversión es la principal variable a vigilar, por su sensibilidad a un deterioro imprevisible de las expectativas. Y porque, en un entorno de incertidumbre radical, no es fácil realizar previsiones a partir de la experiencia pasada.


Fuentes de los gráficos: INE, Comisión Europea, Markit Economics y Funcas.

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Tiempos para nuevos impulsos reformistas

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El nuevo Gobierno se encuentra con un panorama internacional ensombrecido por la multiplicación de guerras comerciales, el debilitamiento del multilateralismo y de los flujos de inversión productiva internacional y el desplome de la industria. Y no se anticipa una rápida mejora en los próximos meses, por lo que nuestras perspectivas de crecimiento, aunque todavía favorables en comparación con el resto de Europa, se verán constreñidas durante algún tiempo.

Las llamadas a un mayor protagonismo de los presupuestos públicos en la reactivación de la economía europea han sido desoídas salvo, paradójicamente, en los países que en principio disponían de menos margen como Francia. Macron ha respondido a las revueltas sociales con más gasto y recortes fiscales, agravando el déficit público hasta llevarlo al umbral del 3% del PIB. Su ministro de Hacienda ya ha anunciado medidas de contención. Ni los países con superávit quieren tomar el relevo de Francia, ni el erario público europeo puede permitírselo a corto plazo, a falta de más concreción de las promesas de Von der Leyen con respecto a la creación de un mecanismo europeo anticíclico.

Por otra parte, el hipotético acuerdo en ciernes entre EE UU y China no cerrará la pugna geopolítica entre las dos primeras potencias. Las presiones de Washington se mantendrán por lo menos hasta constatar un cambio en el modelo productivo impulsado por Pekín, basado en el intervencionismo, el apoyo a las exportaciones y el afán de dominación en materia tecnológica. El comercio internacional se resiente de la escalada arancelaria. El volumen de intercambios internacionales se incrementa a un ritmo anual cercano al 1,5% (según estimaciones del Banco Mundial), tres veces menos que durante el periodo de recuperación. Un estancamiento que tiene secuelas sobre la inversión directa extranjera, según el reciente informe del Banco Mundial. La entrada de capital productivo en nuestro país alcanzó hasta octubre 9.800 millones de euros, la cuarta parte que un año antes.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes de los gráficos: Ministerio de Economía, Markit Economics y Funcas.

Por otra parte, se esperaba un rebote de la industria, tras un periodo de repliegue como consecuencia del frenazo mundial y de adaptación a las exigencias de la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, los indicadores muestran una caída prolongada de la actividad. En España, el sector aguanta algo mejor que en el resto de Europa, pero la producción industrial apenas avanza. El sorprendente repunte de la producción de bienes de equipo no basta para compensar la caída en el sector del automóvil.

«La economía española podría crecer en torno al 1,5% este año, todavía medio punto más que la media europea, antes de recuperar algo de dinamismo en 2021. Un resultado que sin embargo, nos obliga a un nuevo impulso reformista».

Raymond Torres

Queda la política monetaria, un instrumento ya sobrecargado porque los tipos de interés difícilmente pueden bajar más, y las medidas de reactivación del crédito se enfrentan a una demanda renqueante. No obstante, se espera que sus efectos se dejen notar en la economía europea a corto plazo.

El mercado laboral es otro pilar de la expansión. Pese al frenazo, se sigue creando empleo y los salarios repuntan, tanto en nuestro país como en el resto de Europa, sosteniendo la renta de las familias y el gasto en consumo. Se estima que la renta disponible de los hogares españoles aumentó en 25.000 millones en 2019, casi lo mismo que el total de Francia e Italia (en Alemania el incremento alcanzó 75.000).

Pero el principal factor que justifica un moderado optimismo es la situación financiera relativamente saneada del sector privado europeo (aunque con preocupantes aumentos de deuda corporativa de alto riesgo), así como un tejido productivo reactivo a la recuperación de la economía global, cuando esta se produzca. Esto es precisamente lo que anticipan los principales organismos internacionales a partir de la segunda parte del año.

Con todo, la economía española podría crecer en torno al 1,5% este año, todavía medio punto más que la media europea, antes de recuperar algo de dinamismo en 2021. Un resultado que sin embargo, nos obliga a un nuevo impulso reformista, ante la persistencia de importantes desequilibrios sociales y económicos.

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