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El PIB crece en el tercer trimestre en línea con lo esperado

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Contabilidad Nacional Trimestral | III Trimestre 2022


Según cifras provisionales, el PIB creció un 0,2% en el tercer trimestre. El resultado coincide con la previsión de Funcas, y aunque es un crecimiento moderado, muy inferior al del trimestre anterior, no puede calificarse de mal dato, dadas las circunstancias tan negativas que están pesando sobre la economía.

Además, su composición revela ciertas fortalezas inesperadas. El consumo mantuvo un ritmo intenso de crecimiento (un 1,1%), mayor de lo esperado. También la inversión en equipo registró un buen resultado, y, especialmente, las exportaciones de bienes (un 2,6%). En esta última variable pueden haber pesado de forma significativa las ventas de productos energéticos hacia el resto de Europa. Por el lado de la oferta, el VAB del sector manufacturero también registró un crecimiento, que en el contexto actual tan negativo para la actividad industrial debe valorarse positivamente. 

En cuanto a las exportaciones de servicios turísticos, experimentaron un crecimiento moderado, tal y como se preveía, puesto que la normalización de esta variable ya se había producido a lo largo de los trimestres anteriores —especialmente en el segundo trimestre de este año— y ya se encuentra en niveles incluso superiores a los previos a la pandemia.

El factor que más ha lastrado el PIB en el tercer trimestre han sido las importaciones, que han registrado un repunte, de modo que el conjunto del sector exterior ha restado ocho décimas a la tasa de crecimiento.

En cuanto al empleo, el número de ocupados equivalentes creció un 1%, pero el número de horas trabajadas registró un leve descenso. Aunque la primera variable supera desde hace varios trimestres la cifra previa a la pandemia, el número de horas trabajadas aún se encuentra un 1% por debajo.

En suma, puede decirse que a la altura del tercer trimestre todavía no se había materializado el riesgo de recesión. No obstante, las previsiones son que esta sea ya visible en el cuarto trimestre del año.

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El campo también es de las mujeres

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Celebrar anualmente el Día Internacional de las Mujeres Rurales implica, a la vez, un reconocimiento y un estímulo; un reconocimiento de las labores que llevan a cabo las mujeres que viven y trabajan en el ámbito rural, y un estímulo a incrementar su participación en la economía del sector primario, asumiendo puestos de más nivel y mayor responsabilidad. 

Lo cierto es que el predominio de los hombres en las actividades agrícolas y ganaderas es muy notorio. De las aproximadamente 770.000 personas que actualmente trabajan en España en el sector agrario, solo 181.000 son mujeres: es decir, por cada 100 hombres, 31 mujeres. Las diferencias entre comunidades autónomas son, sin embargo, significativas1 (Gráfico 1). En Asturias y Cantabria —comunidades con una ocupación agraria total por debajo de la media nacional— la relación entre mujeres y hombres ocupados en el sector agrario es aproximadamente de 70/100. En cambio, en Murcia y Extremadura —las dos comunidades con mayor ocupación agraria— el número de mujeres empleadas por cada 100 varones empleados es mucho más bajo (34 y 10, respectivamente). Por tanto, las mujeres que trabajan en la agricultura y la ganadería no están más presentes en aquellas comunidades con más empleo en el sector primario; más bien al contrario, la participación laboral femenina se aproxima más a la masculina en los territorios en los que la agricultura y la ganadería generan menos puestos de trabajo.


Si la aproximación entre las tasas de empleo masculinas y femeninas se considera una condición necesaria para avanzar hacia la a menudo reivindicada “igualdad real entre mujeres y hombres en el medio rural”2, la tendencia es poco halagüeña. Tomando como referencia temporal el inicio de la Gran Recesión, se observa una creciente masculinización del empleo agrario. En 2008, el sector empleaba a 40 mujeres por cada 100 varones; en 2016 este indicador alcanzó a su valor más bajo (30), recuperándose ligeramente hasta 2019 para volver a caer en 2020. Desde entonces, la relación entre mujeres y hombres empleados en el sector agrario apenas ha variado (Gráfico 2). 


Al examinar con más detalle la evolución del empleo femenino en este sector, se observa que la caída más intensa se produce entre las trabajadoras autónomas (sin empleados)3, cuyo número ha descendido de 95.000 en 2008 a apenas 64.000 en 2022. También las asalariadas —la modalidad de empleo más frecuente— han sufrido un descenso importante durante el mismo periodo (desde 124.000 a 107.000). En cambio, las empleadoras (trabajadoras autónomas con empleados) muestran desde el final del periodo de crisis económica (2014) una tendencia ascendente, aunque con oscilaciones. Cabe destacar que el aumento de las mujeres empleadoras en este sector ha sido más intenso que el de los varones empleadores, si bien el número de ellas (9.600) es aproximadamente cuatro veces menor que el de ellos (37.700) (Gráfico 3). 


Sin duda, numerosas mujeres trabajan en la agricultura y la ganadería sin que figuren en alguna de estas categorías de actividad formal. No constan como trabajadoras autónomas (con o sin empleados) ni como asalariadas, pero realizan labores indistinguibles de las de unas y otras. Son, en muchos casos, mujeres que contribuyen informalmente a la explotación agraria familiar, bien de manera habitual, dedicando unas horas cada día, bien contingentemente, según lo requieran las muchas vicisitudes a las que está sometida la actividad en el campo. Intercalan esas actividades laborales bajo sol y lluvia, que escapan a la contabilidad nacional y las estadísticas del empleo, con su trabajo principal: el cuidado de la casa y de las personas dependientes en el hogar (niños y/o personas mayores). En el recientemente publicado “Diagnóstico de la Igualdad de Género en el Medio Rural 2021” se puede leer que las mujeres rurales dedican al trabajo doméstico cinco veces más tiempo al día que los hombres (ellas, casi 10 horas; ellos, menos de dos horas). Los hombres se vuelcan en el trabajo en el campo, muy exigente por las condiciones en las que se lleva a cabo; las mujeres se consagran al cuidado del hogar, pero el medio de vida de la familia (el negocio familiar) también forma parte de su día a día. ¿Cabe esperar que las niñas y jóvenes que crecen en esos contextos cojan el testigo asumiendo este modelo de producción económica y familiar?

En un entorno estructuralmente tan desigual como el que reflejan los datos hasta aquí expuestos, conseguir “la igualdad real entre mujeres y hombres en el medio rural” es uno de esos objetivos normativos inespecíficos que, como tales, suelen ser inalcanzables. Más eficaz parece reivindicar la capacidad demostrada de las mujeres para desempeñar trabajos tradicionalmente considerados masculinos con tanta productividad y tanto valor añadido como los hombres. La mejor manera de reconocer y alentar el trabajo de estas mujeres es seguramente procurándoles condiciones laborales equiparables a las de quienes, con cualificaciones y jornadas semejantes, trabajan en las ciudades, y poniendo a su alcance servicios que les permitan descargarse de tareas que comprometen su tiempo de ocio y su bienestar personal  

1Definido aquí como aquel que comprende las dos primeras categorías de la clasificación Nacional de Actividades Económicas: (1) Agricultura, ganadería, caza y sus servicios; (2) Silvicultura y explotación forestal.

2Véase, por ejemplo, la nota de prensa publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el 15 de julio de 2022, a propósito de la presentación del informe “Diagnóstico de la Igualdad de Género en el Medio Rural 2021”.

3En esta categoría incluímos, además, a cooperativistas y ayudas familiares.

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Medicina monetaria, sin extender la dosis

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La advertencia del Fondo Monetario Internacional acerca del riesgo de recesión global contiene un mensaje en clave para los responsables de la política monetaria: ojo con la carrera entre bancos centrales por subir los tipos de interés, y con el daño financiero colateral. La directora gerente del Fondo reconoce la necesidad de luchar contra la inflación con el instrumento monetario, so pena de cronificar el proceso inflacionario. Pero también llama a incorporar el impacto financiero del ajuste, sobre todo en las economías más endeudadas al calor de un largo periodo de tipos de interés negativos.

Los términos del dilema parecen contradictorios entre sí (el Fondo no ahonda en cómo resolver el puzzle), pero no lo son necesariamente si se parte de las dinámicas económicas reales, apartándose de modelos que impiden una visión de conjunto. En el caso de la eurozona, no cabe duda de que una acción del BCE era imprescindible para limitar la espiral de precios y el desplome de la moneda única frente al dólar, divisa en la que compramos las materias primas que más se encarecen.

Ese camino ya se ha emprendido, pero entre tanto la economía está dando señales claras de fuerte desaceleración. En septiembre, el principal indicador de coyuntura se situó en terreno contractivo y las expectativas de las empresas españolas para los próximos meses se orientan fuertemente a la baja (según el índice PMI de gestores de compra). Las tendencias son más inquietantes en Alemania: allí se habla del fin del modelo industrial. Esto es algo que la propia política monetaria ha tener en cuenta, por las implicaciones de la subida de tipos para la estabilidad financiera, objetivo clave del banco central junto con el de estabilidad de los precios.


Porque el endurecimiento monetario incide en la economía de manera peculiar: parece relativamente inocuo en la fase inicial del proceso de ajuste de tipos, pero, a partir de un cierto umbral, la situación se complica abruptamente. Recordemos que en España, el crecimiento se fue moderando levemente entre 2005 y mediados de 2007 en un contexto de fuerte ajuste de los tipos de interés. A partir de ese momento, solo se produjeron incrementos marginales de tipos de interés que fueron sin embargo suficientes para precipitar una crisis financiera y una recesión. Un factor que explica esa súbita agravación del riesgo inherente al alza de tipos es el desempleo.

Esto es así porque los hogares suelen asumir las cargas financieras todo el tiempo que conservan su empleo, incluso cuando los ingresos reales se reducen, cosa que ocurre ahora por la inflación. Sin embargo, la pérdida de empleo incrementa fuertemente la morosidad —si bien las entidades están significativamente mejor posicionadas que en tiempos pasados para afrontar ese riesgo—.

Nadie sabe a ciencia cierta dónde se sitúa el umbral a partir del cual los efectos disruptivos superan los beneficios de la restricción monetaria. Además, el entorno económico es cada vez más hostil, elevando la amenaza de recesión, como nos recuerda el Fondo. Todo ello aboga por una gradualidad en la subida de tipos, y una pausa en los planes de reducción de la cartera de bonos en el balance del BCE: los Estados tienen que poder financiar el esfuerzo de contención de los costes de la inflación, sin desviarse del objetivo de corrección de los desequilibrios.

Con todas las cautelas que impone el actual entorno geopolítico, la inflación podría estar tocando techo, al menos en España. Pero el repliegue será largo, incluso más de lo que supone el Banco de España en sus últimas previsiones, donde vaticina un IPC que coincide con el objetivo del 2% dentro de dos años. Hoy por hoy la estabilidad financiera podría forzar a aceptar una senda realista de desescalada de la inflación, y por tanto una inflexión en la narrativa del BCE.

SUPERÁVIT EXTERNO | Los intercambios con el exterior siguen arrojando un sólido superávit pese al encarecimiento de la energía importada. La balanza de los intercambios de bienes y servicios presentó hasta julio un superávit de 9.000 millones, apenas 1.700 millones menos que durante el mismo periodo del año pasado. En comparación, el superávit se ha divido por tres en Alemania, hasta prácticamente desaparecer en julio. Italia, que gozaba de un abultado superávit externo, ha entrado en déficit (-11.000 millones hasta julio) y Francia ha agravado fuertemente el que ya arrastraba (hasta -35.000 millones).

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Presupuestos en tiempos de inflación

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En un entorno plagado de incertidumbres y con un banco central centrado en la lucha contra la inflación, la orientación de nuestra política fiscal reviste una importancia transcendental que no deja lugar para el error. Prueba de ello, el conato de crisis financiera desatado por el recién estrenado gobierno británico y su plan de estímulos basado en recortes generalizados de impuestos. La reacción de los mercados ha sido virulenta, ante la perspectiva de una explosión de deuda y de subidas adicionales de tipos de interés para aplacar las presiones inflacionistas anticipadas como consecuencia del propio plan. 

Bien es cierto que el margen de maniobra se ha estrechado en todas las economías, por la escalada de los costes de abastecimiento que constriñen el aparato productivo, especialmente la industria. Este es un contexto que aminora el efecto tractor de los estímulos presupuestarios (el llamado multiplicador fiscal). Por otra parte, la financiación del déficit se ha encarecido tras varias vueltas de tuerca monetarias. Se acabó el periodo dulce en que podíamos endeudarnos y a la vez reducir las cargas financieras. Para 2023, incluso bajo el supuesto de una pausa en las subidas de tipos a partir de la próxima primavera (algo que dejaría el bono a 10 años en el 3,5%), se prevé un incremento del pago de intereses de nuestra deuda superior a 4.000 millones. Todo ello aboga por una contención del déficit recurrente, es decir descontando las cargas financieras y los efectos del ciclo.  


No obstante, tal y como lo recuerda la OCDE en sus últimas perspectivas, el contexto también exige un doble esfuerzo. Uno, el de apoyar la transición productiva y el ahorro energético para ir reduciendo la dependencia de las energías fósiles. Y dos, aliviar el impacto del shock inflacionista en los colectivos más vulnerables y en las empresas más expuestas a la crisis energética, so pena de exacerbar el malestar social y agudizar el riesgo de recesión y de subida del paro. Una pérdida masiva de puestos de trabajo, como ocurrió en todas las recesiones a que se enfrentó nuestro país antes de la pandemia, sería especialmente perjudicial para las familias y las empresas que se han endeudado a tipo variable. Tendremos por tanto que estar atentos al buen funcionamiento de los dispositivos de empleo previstos en la reforma laboral. 

Con todo, la política presupuestaria se enfrenta a la tarea de contener las presiones recesivas y a la vez colocar las cuentas en una senda de corrección de los déficits, para que no se disparen los costes de financiación. Una ecuación de difícil solución, sobre todo habida cuenta del nivel de partida del endeudamiento, y de nuestra incapacidad a reducirlo durante la etapa de expansión anterior a la pandemia. Además, con un IPC en el 10% en la eurozona y casi el 11% en Alemania, no cabe ya ninguna duda que el BCE ajustará de nuevo sus tipos de interés fuertemente al alza, pese a la recesión europea que se avecina (esperemos que no decida también vender bonos en cartera).  

Sin embargo, también disponemos de oportunidades como la menor dependencia del gas ruso. Y la abundancia de fondos europeos, si bien su potencial propulsor depende de la focalización en inversiones que disuelvan los cuellos de botella y transformen el modelo energético. De lo contrario los fondos solo agudizarían las presiones inflacionistas. Otro factor es la moderación del IPC registrada el mes pasado: de afianzarse una desescalada frenaría la pérdida de poder adquisitivo y ayudaría a desatascar el consumo embalsado (los datos revisados del INE apuntan a un colchón de sobre-ahorro muy superior a la estimación inicial). En suma, ojo con no perder tiempo en distracciones. El camino pasa por unos presupuestos focalizados en las necesidades surgidas a raíz de la crisis energética y de suministros, y un esfuerzo de contención de los desequilibrios estructurales compartido por todas las administraciones.       

AHORRO| Según los datos revisados del INE, el ahorro generado por las familias durante la pandemia se elevó a 134.000 millones de euros, es decir 40.000 más de lo inicialmente estimado. Esta importante revisión muestra que el colchón de que disponen los hogares para afrontar la pérdida de capacidad adquisitiva derivada de la inflación es mayor de lo que se creía. La revisión no ha sido el resultado de un nivel de consumo inferior al previamente estimado, sino de un volumen de renta disponible superior a las cifras inicialmente calculadas para 2020 y 2021. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Se trunca la buena racha del empleo

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Las noticias sobre el mercado del trabajo están siendo paradójicas desde hace un tiempo. Las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania y las consiguientes sanciones a Rusia no habían traído hasta ahora nubarrones al empleo, que ha resistido muy bien en estos últimos años. Es probable que los cambios de la última década en el marco institucional del mercado de trabajo lo hayan hecho más flexible. Mejor para hacer frente a los embates de problemas graves como una pandemia, una guerra o una crisis energética. Es un tema al que el análisis económico, desde la objetividad y sin partidismos, deberá dedicarle algo de tiempo, para conocer las razones de ese “buen” comportamiento hasta ahora. Porque, además, salvo en el segundo trimestre de este este año —en el que finalmente se volvieron a alinear datos positivos de PIB y empleo—, el mercado de trabajo respondía mejor que la propia actividad económica.

El empleo, por tanto, venía siendo una de las pocas noticias económicas positivas en medio de tanta incertidumbre. Este martes se ha confirmado que la racha se trunca, algo que cabía esperar por muchas razones. Si la economía se desacelera (aunque el último dato fuera bueno), la contratación también suele hacerlo. El mencionado desajuste entre empleo y PIB estaba siendo una de las grandes incógnitas económicas que ahora parece despejarse. El dato no es un desastre, ni la confirmación de que todo acabará yendo mal. Pero no es un buen dato. De hecho, la cifra corregida de variaciones estacionales (56.945 nuevos inscritos en el paro) es aún peor que la cifra cruda de los principales titulares (3.230 personas).

La economía española salió con un acelerón en la línea de salida del verano, anticipando contrataciones en junio. Luego ha frenado, quizás reajustando las necesidades en julio, algo que se ha notado en las cifras, sobre todo en hostelería, menos optimistas que hace dos meses. Deberemos ir conociendo algo más que las cifras de ocupación hotelera y observar también las de gasto. Muchos profesionales del ramo hablan de gran ocupación, pero menos consumo. Hay ganas de vacaciones en la postpandemia, pero también una prudencia creciente ante tanta incertidumbre. Asimismo, los esfuerzos de contención y recuperación tras la pandemia y de otras medidas paliativas por la guerra de Ucrania poco a poco pierden fuerza. Los ERTE han funcionado bien pero no son eternos. Los profesionales de refuerzo en varios sectores ahora salen de sus empleos temporales. El de la educación ha sido un caso claro en julio.

En cuanto al futuro, comienzan a incorporarse de forma más clara a las empresas y consumidores las expectativas casi apocalípticas de un otoño-invierno muy duro. La inflación, los problemas de suministros y la sensación de que cuesta mucho corregir las anomalías pesan. Las acciones de los bancos centrales apuntan sobre todo a frenar el crecimiento de precios. Ya veremos si de aquí a unos trimestres no hay que dar algo de marcha atrás, pero ahora, sin duda, prima una inflación desbocada sobre un empleo aún con bastante consistencia, pero que no es inmune a lo que acontece.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La caída del consumo frena la recuperación del PIB en el primer trimestre

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Contabilidad nacional trimestral | IT 2022

Según el avance provisional de la contabilidad nacional, el PIB creció en el primer trimestre un 0,3%, muy por debajo de los registros alcanzados en los dos trimestres anteriores. Este débil resultado ha sido consecuencia de la fuerte caída del consumo privado, que retrocedió un 3,6%, la peor cifra desde el final del confinamiento. En términos corrientes el descenso fue del 0,8%. Si estos resultados se confirman, significaría que el impacto sobre el consumo derivado del aumento de la inflación y de la incertidumbre ha sido mayor de lo esperado. 

Por el contrario, la inversión en capital fijo experimentó un avance del 3,4%. Aunque no es posible saber en qué medida este crecimiento procede de las inversiones financiadas con los fondos europeos, parece indicar que, a diferencia de lo sucedido con el consumo, la incertidumbre derivada de los fuertes aumentos de costes, de las dificultades de suministro y de la guerra de Ucrania, no ha tenido un impacto relevante sobre esta variable macroeconómica, al menos por el momento.

Las exportaciones de bienes y servicios crecieron más que las importaciones, y el gasto de los turistas exteriores exhibió un nuevo repunte, alcanzando ya prácticamente el nivel prepandemia, a pesar de que la llegada de turistas en el primer trimestre aún se encontraba un 35% por debajo de las cifras de 2019.

Por el lado de la oferta, los sectores de comercio, transporte y hostelería, así como de actividades artísticas y recreativas, experimentaron una vigorosa recuperación, que, dada la fuerte caída del consumo nacional, solo podría atribuirse a la demanda procedente del turismo exterior. La actividad industrial sufre un descenso del 1,4%, y la construcción crece un 0,3%.

Pese a la débil recuperación de la actividad económica, el empleo se incrementó un 0,5%, y el número de horas trabajadas lo hizo con mayor intensidad aún, un 3,2%, quedando tan solo a un 0,3% de recuperar el volumen prepandemia, pese a que el PIB aún se encuentra un 3,4% por debajo de dicho nivel. Así, la productividad por hora trabajada, que en el cuarto trimestre de 2021 prácticamente había recuperado los niveles de 2019, ha vuelto a descender en el primer trimestre de este año.

Se trata, en suma, de un crecimiento inferior a lo esperado, y con una composición también muy diferente a lo previsto. En cualquier caso, las cifras del primer avance de la contabilidad nacional trimestral deben ser tomadas con mucha cautela, ya que pueden sufrir importantes revisiones.

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Accidentes de trabajo en España: señales de vuelta a la preocupante situación prepandémica

La discusión sobre los accidentes de trabajo (ATR) en España no se libra de la dificultad que lastra el debate público en torno a muchos asuntos de interés social general: la exposición y la interpretación de los datos sobre siniestralidad laboral adolecen a menudo de un sesgo de selección, de manera que los datos se escogen, presentan y explican utilizándolos más bien como elementos ilustrativos o confirmatorios de ideas previas (“pre-juicios”) que como piezas de evidencia fundamentales para describir y analizar una realidad compleja, que evoluciona por efecto de muchos factores y precisa ser entendida antes que reprobada o celebrada. 

Este sesgo da lugar a noticias que pueden resultar contradictorias, o cuando menos entorpecer que los ciudadanos conozcan y cobren conciencia del problema de la siniestralidad laboral en nuestro país. Por ejemplo, coincidiendo con la reciente publicación del informe de la Confederación Sindical de CCOO titulado Análisis de las estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en España en 2021, dos medios de comunicación publicaron sendas noticias, en un caso llamando la atención sobre el aumento de los ATR en una determinada Comunidad Autónoma, y en otro, subrayando la reducción de los ATR mortales en el mismo territorio.[1] Aun siendo ambas informaciones ciertas, caben pocas dudas de que la lectura de sus titulares genera confusión sobre si, en cuestión de siniestralidad laboral, estamos mejorando o empeorando.

Lo primero que hay que dejar claro es que 2020 y 2021 son años atípicos por lo que se refiere a cualquier indicador relacionado con el empleo, también los que utilizamos para medir la incidencia de los ATR. Hacer afirmaciones fiables sobre la tendencia de los ATR en España requiere observar la evolución de estos indicadores durante el periodo previo a la pandemia, analizándolos en  el contexto europeo. 

De la Estadística Europea de Accidentes de Trabajo (EUROSTAT) se desprende que, en el año previo a la declaración de la pandemia, España encabezó la lista de países europeos ordenados por la incidencia de ATR no mortales con bajas de más de tres jornadas (Gráfico 1). En concreto, registró casi 3.700 accidentes por cada 100.000 trabajadores, superando a Francia (3.406) y Portugal (3.284). La posición de España no destaca tan negativamente cuando se comparan los índices de incidencia de ATR mortales entre los Estados miembros (Gráfico 1). Con 3,3 accidentes laborales mortales por cada 100.000 empleados, España registró en 2019 un índice más bajo que otros países, como Luxemburgo (5,2), Francia (4,8)  o Austria (3,5). No obstante, también este índice de incidencia le situó claramente por encima de la media de la Unión Europea. 


Lo cierto es que la evolución de los ATR en España durante la década previa al inicio de la pandemia justifica la preocupación. Mientras que entre 2010 y 2019 la media de la Unión Europea muestra una tendencia decreciente de los ATR mortales y no mortales, los datos correspondientes a España se desvían de ella (Gráfico 2). Por una parte, el índice de incidencia de ATR con resultado mortal empeoró desde 2010. En ese año coincidía prácticamente con la media de la Unión Europea (2,87 accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores), mientras que en 2019 ambos índices aparecían ostensiblemente distanciados (España: 3,27; UE-27: 2,17). Por otra parte, la diferencia entre los índices de incidencia de ATR no mortales también se agrandó durante ese periodo en detrimento de España, que en 2019 año rozó los 3.700 ATR por cada 100.000 trabajadores, aproximadamente 2.000 por encima de la media de la Unión Europea (1.713).


La comparación de los datos españoles y europeos permite afirmar que España se encuentra en una peor posición que otros Estados miembros, mostrando, además, una incidencia de ATR más dependiente del ciclo económico (con  tendencia a aumentar en fases expansivas, y a reducirse en fases recesivas). 

¿Qué ha ocurrido durante los dos primeros años de pandemia? El Ministerio de Trabajo y Economía Social ofrece estadísticas de ATR en 2020 y 2021 que permiten responder a esta pregunta.[2]

En el primer año de emergencia sanitaria (2020), el índice de incidencia del accidentes en jornada de trabajo cayó un 19% (de 3.020 a 2.455 por cada 100.000 trabajadores). Especialmente brusca fue la caída en el sector de la construcción (de 6.688 a 5.804 por cada 100.000 trabajadores). A pesar de la fuerte reducción de la incidencia de ATR, el índice de ATR mortales creció de 3,01 a 3,5 por cada 100.000 trabajadores.

En el segundo año de emergencia sanitaria (2021) se produjeron movimientos en la dirección contraria: los índices de incidencia de ATR aumentaron en todos los sectores (si bien manteniéndose por debajo de los registrados en 2019), mientras que, también en todos ellos, descendieron los índices de ATR mortales (aun cuando en algunos sectores, como la industria o los servicios, permanecieron por encima de los registrados en 2019).  

Las series temporales de ATR por sectores productivos construidas a partir de los datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social muestran, entre otras cosas, que aunque entre los asalariados de los sectores de la industria y los servicios los índices de incidencia de accidentes en jornada de trabajo correspondientes a 2020 registraron los valores más bajos desde 2010, en los sectores de la construcción y  agrario no ocurrió lo mismo (en el de la construcción, los índices más bajos se registraron entre 2012 y 2016, y en el sector agrario entre 2010 y 2018) (Gráfico 3). Por otra parte, solo entre  los asalariados del sector agrario el aumento de la incidencia de ATR mortales en 2020 se tradujo en índices superiores a los registrados desde 2010. En definitiva, la pandemia y el despliegue de medidas para combatirla provocaron cambios muy significativos en materia de siniestralidad laboral, pero no todos ellos “sin precedentes”. 


Con la recuperación de la producción económica y del empleo, la incidencia de los ATR vuelve aproximarse a la observada antes de la pandemia. Los datos de enero y febrero de 2022, disponibles en avance, muestran un fuerte aumento del número de ATR en jornada (respecto a los mismos meses de 2021) (Gráfico 4). En concreto, en esos dos primeros meses de 2022 han aumentado un 14% (de 70.672 a 80.236), acercándose a la cifra absoluta registrada en enero y febrero de 2020, los dos meses anteriores a la declaración de la pandemia (81.534). Mayor todavía ha sido el aumento en los ATR mortales, cuyo número creció en enero y febrero de 2022 un 31% respecto a los mismos meses del año anterior (de 90 a 118), superando incluso la cifra observada en enero y febrero de 2020 (96). Si, en lugar de las cifras absolutas de ATR, se presta atención a los índices de incidencia, se aprecia de manera todavía más clara el crecimiento de la siniestralidad laboral en los primeros meses de 2022 (concentrado en los sectores de la construcción y agrario).


Ha transcurrido muy poco tiempo desde la aprobación de la nueva reforma laboral, de manera que cualquier valoración sobre sus efectos debería hacerse con mucha cautela. Pero, de momento, los datos de ATR de enero y febrero de 2022 no ofrecen respaldo al extendido argumento según el cual la disminución de la temporalidad del empleo (o precariedad) contribuiría a reducir, decisivamente, los accidentes laborales. Los datos que se irán conociendo a medida que avance 2022 permitirán averiguar si la nueva normativa ayuda a conseguir el objetivo, a buen seguro compartido por toda la sociedad española, de reducir la elevada siniestralidad laboral en nuestro país. 


[1] Los titulares de las noticias son los siguientes: “CCOO denuncia que los accidentes laborales en Cataluña crecieron un 21% en 2021” (La Vanguardia, 21/04/2022) y “Los accidentes de trabajo mortales se redujeron un 14,8% en Catalunya en 2021, según CCOO” (Europa Press, 21/04/ 2022).

[2] Las estadísticas de 2021 solo están disponibles en formato de “avance”. Téngase en cuenta que las series temporales que ofrece el Ministerio de Trabajo y Economía Social no coinciden exactamente con las que proporciona Eurostat para España. Por ello, en esta nota se utilizan por separado, indicando siempre la fuente de procedencia de los datos para evitar confusiones.

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La vivienda ante el brote de inflación

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La vivienda se ha mostrado sorprendentemente inmune a un shock tan virulento como el de la pandemia. Pero, ¿resistirá ante un brote aparentemente más benigno de tipos de interés y de inflación? La cuestión reviste una gran importancia para la sostenibilidad de la recuperación, habida cuenta del peso de la vivienda en las decisiones de consumo y de inversión, y en la estabilidad financiera.  

El punto de partida es muy distinto a la época de la burbuja. Entonces los precios solo se sostenían gracias a un endeudamiento desmesurado, alimentando la sobreoferta de nuevas viviendas. Ahora, sin embargo, el dinamismo del mercado —evidenciado por un ascenso de las transacciones del 38% en 2021 y una subida de precios superior al 4%, anulando el leve descenso del año anterior— se apoya en el sobreahorro de las familias y sus excedentes de tesorería. Desde el inicio de la pandemia, los hogares han incrementado sus depósitos bancarios en casi 100.000 millones de euros, y el peso de su deuda es un 15% inferior a la media de los últimos dos lustros. Otro factor alcista es el buen comportamiento del mercado laboral, determinante crucial de la confianza de los compradores. El recurso a los ERTE ha permitido a muchas familias conservar su empleo pese a la abrupta contracción de la actividad, y la tasa de paro se sitúa ya en niveles inferiores al periodo pre-covid. 

De manera similar, los indicadores del esfuerzo realizado por los particulares para adquirir inmuebles no evidencian ninguna “exuberancia irracional”. La carga financiera que entraña un crédito hipotecario supera ligeramente el 30% de la renta disponible de los hogares, una cifra consistente con los valores recomendados por los reguladores. Y prácticamente todos los préstamos están condicionados por una aportación de al menos el 20% del valor de tasación, algo que dista de las prácticas en vigor antes de la crisis inmobiliaria.   

Fuentes: Funcas, Banco de España y Tinsa.

En cuanto a la oferta, el caso es que reacciona con lentitud en relación a la pujanza del mercado: el número de nuevas viviendas es notoriamente insuficiente para hacer frente a la escasez de vivienda. 

Esta dinámica, sin embargo, puede verse fuertemente alterada por el giro de la política monetaria que ya se vislumbra en los mercados. En primer lugar, porque la expansión se ha sustentado en el contexto de abundante liquidez y bajos tipos de interés que prevalece desde antes de la pandemia –y que contrasta con la escasez de financiación durante la anterior crisis. El impacto en la demanda ha sido doble: los particulares han tenido acceso a créditos hipotecarios en condiciones excepcionalmente favorables. Y los inversores interesados en el segmento del alquiler han conseguido una remuneración del orden del 3,7%, según el Banco de España, sin contar las ganancias asociadas a la revalorización de los activos, algo que bate casi cualquier inversión alternativa. 

Pero las circunstancias van a cambiar rápidamente. Se estima que cada punto adicional de tipo hipotecario incrementa la ratio coste financiero sobre renta disponible, o indicador de esfuerzo, en cuatro puntos porcentuales. Es decir, la normalización de tipos hipotecarios enfriará la demanda —si bien este efecto será gradual, al compás de las decisiones del banco central que se vaticinan—. En segundo lugar, el euríbor parece haber emprendido una senda alcista, y esto es una mala noticia para el 80% de prestatarios, endeudados a tipo variable.  Con todo, la principal amenaza no viene de la posición financiera de las familias, relativamente saneada tras un largo periodo de desendeudamiento, ni de una burbuja de oferta como en la burbuja —la vivienda a precios abordables es notoriamente escasa—. En realidad, el riesgo de un previsible incremento de los tipos de interés, en un contexto incierto de inflación, es sobre todo macroeconómico. Nos asomamos por tanto a una moderación del ciclo expansivo de la vivienda, y no a un aterrizaje de emergencia. 

OFERTA DE VIVIENDA | La actividad se ha resentido como consecuencia de la parálisis del sector de la construcción durante el confinamiento y posteriormente la aparición de cuellos de botella de suministros. Según el INE, en el último trimestre de 2021 la inversión en vivienda se situaba todavía un 8,5% por debajo del nivel precrisis, y el PIB del sector un 14%. La escalada de los costes de producción también ha contribuido a reducir la reactividad de la oferta ante una demanda boyante. Los materiales de construcción son un 19% más caros que antes de la pandemia.  

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Luces y sombras del crecimiento del PIB en el cuarto trimestre

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Contabilidad Nacional Trimestral de España – 4T 2021

El crecimiento del PIB en el cuarto trimestre, un 2% en relación al trimestre anterior, muestra que, si bien la recuperación está en marcha, todavía es incompleta y desigual. Destaca el incremento de la inversión, sobre todo en maquinaria y bienes de equipo (un sólido 6,1% en el trimestre), en consonancia con la aceleración de la ejecución de los fondos europeos en el tramo final del año. Las exportaciones también evolucionan favorablemente ( 6,5%), fruto del tirón de las ventas de bienes en el exterior. Además, las empresas se están adaptando a la desorganización de la cadena de suministros acumulando inventarios para así suavizar los cuellos de botella.

Sin embargo, el consumo de las familias se resiente del repunte de inflación, y de su impacto negativo en la renta disponible de las familias. Así pues, pese a la mejora notable del mercado laboral, el gasto en consumo desciende (-1,2%), restando fuelle al rebote que se esperaba de la economía. Este descenso explica que la demanda interna solo aportara un punto al crecimiento del PIB, lo mismo que el sector exterior. 

Con todo, la evolución de la economía en el tramo final del año deja el crecimiento del PIB en el 5% para el conjunto del 2021. Un resultado que mejora algunos de los vaticinios realizados tras los datos decepcionantes de la primera parte del ejercicio. Sin embargo, la recuperación es todavía incompleta y desigual en sectores tan importantes como el turismo y la automoción. Además, de cara a 2022, su robustez está condicionada por la persistencia de las presiones inflacionistas. Y por la aparición de nuevas incertidumbres en torno al contexto externo, entre las que destacan las tensiones geopolíticas y sus impactos en los mercados energéticos.

Consulta otros indicadores de la contabilidad nacional y del mercado laboral.

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Empleo: balance de 2021 y perspectivas para 2022

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Sin duda el año 2021 ha sido excelente desde el punto de vista del empleo. Y no solo por la intensa contratación pública: en el sector privado no agrícola, el número de afiliados a la Seguridad Social supera desde noviembre el nivel previo a la pandemia. Este crecimiento del empleo privado se concentró en la segunda mitad del año, y ha mantenido mes tras mes un extraordinario vigor. Si bien no hay que olvidar que al final de diciembre todavía había 122.000 trabajadores en situación de ERTE (de los cuales 102.000 estaban ligados al Covid-19, y una parte importante del resto procedía del sector de automoción debido a los problemas de suministros) a los que se suman 108.000 autónomos con prestación, es decir, aún había más de 200.000 afiliados con una actividad nula o reducida. De modo que en términos efectivos aún no se ha alcanzado el nivel de empleo privado prepandemia.

Pero esto no resta valor a los resultados. Así, entre junio y diciembre, el incremento medio mensual de la afiliación —siempre del sector privado no agrícola, y con cifras corregidas de estacionalidad— ha sido de 112.000, mientras que, por ejemplo, en 2017, que fue el año en el que más empleo se creó después de la crisis financiera, el incremento medio mensual fue de 45.000. En el mes de diciembre se observó una ralentización, con el crecimiento más bajo de todo ese segundo semestre, 60.000 nuevos afiliados, pero, como vemos, aún se trata de una cifra notable en perspectiva histórica. Resulta incluso sorprendente que la ralentización no haya sido más acusada, si tenemos en cuenta las enormes incertidumbres y obstáculos que han pesado sobre la economía en los últimos meses del año: fuerte encarecimiento de los costes de producción —por el incremento de los precios de la energía, de las materias primas y del transporte marítimo—, escasez de componentes, adopción de nuevas restricciones en toda Europa tras la aparición de la variante Ómicron, las incertidumbres ligadas a la propia pandemia y las incertidumbres regulatorias relacionadas con la reforma laboral.

Uno de los rasgos más desconcertantes del comportamiento de la economía española en 2021 ha sido, como es sabido, la desconexión entre el notable incremento del empleo y el mucho más discreto ascenso del PIB. El empleo, medido en número de afiliados en términos efectivos —es decir, teniendo en cuenta la incorporación de ERTEs y autónomos con actividad reducida— creció en torno al 8,8%. Si lo medimos en horas trabajadas, el crecimiento puede haber sido, a falta de conocer datos completos del cuarto trimestre, de en torno al 7,5%. Todo ello frente a un avance del PIB que apenas alcanzará el 5%. Ello implica una caída de la productividad por hora trabajada para la cual no existe una explicación clara, más aún teniendo en cuenta que este fenómeno no se ha producido en los países de nuestro entorno.

Asumiendo que no se está infraestimando el cálculo del PIB, una posible explicación de carácter general —puede haber otras explicaciones más específicas para actividades concretas— podría ser que las empresas de los sectores más afectados, solo para poder funcionar, necesitan a un número de trabajadores prácticamente igual al de antes de la pandemia, aunque su número de clientes sea todavía muy inferior. Otra explicación complementaria es que hayan decidido recuperar toda, o prácticamente toda, su plantilla con la expectativa de un pronto retorno a niveles previos de actividad.

Si esto fuera así, podemos pronosticar que el ritmo de crecimiento del empleo se va a reducir drásticamente en 2022, y va a ser notablemente inferior al del PIB. Es decir, va a ocurrir justo lo contrario a lo de 2021. Las empresas no necesitarán más personal a medida que recuperen el nivel normal de actividad, puesto que ese personal ya habría sido incorporado previamente, conforme a la interpretación anterior.

Además, cuando en primavera finalicen las medidas adoptadas al inicio de la pandemia para proteger a las empresas más afectadas —moratorias, plazos de carencia en préstamos ICO, ERTEs—, algunas empresas que han sido zombificadas no volverán a la actividad, y muchas otras lo harán con un nivel inferior al previo a la crisis, ya que hay sectores, como los más ligados al turismo, que van a tardar mucho tiempo en recuperar sus clientes. Habrá, por tanto, trabajadores en ERTE que perderán definitivamente su empleo, lo que ralentizará aún más el crecimiento del empleo.

De este modo, con un crecimiento del empleo notablemente inferior al del PIB, la economía recuperaría la productividad perdida durante la pandemia. Si no fuera así, si el crecimiento del PIB este año estuviera acompañado de un crecimiento del empleo en proporción semejante a la del año pasado, o incluso si el empleo creciera en línea con su elasticidad habitual con respecto al PIB, habríamos sufrido una caída brusca y permanente en el nivel de productividad, y este sí que sería un fenómeno muy difícil de entender.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El Periódico de España.

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