Coyuntura – Página 31 – Negocios e Inversiones

La economía del final de la pandemia

octubre 20, 2021

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No se pueden lanzar las campanas al vuelo en lo sanitario, aunque parece que se empieza a ver luz al final del túnel. La vacunación sigue avanzando. En algunos países más lentamente por la resistencia de buena parte de la población. En otros, con dificultad por falta de vacunas. Los indicadores de incidencia de la Covid-19 globales han mejorado notablemente en las últimas semanas. Esta situación de menor impacto de la pandemia se está dejando notar claramente en algunas zonas del mundo —Unión Europea, Estados Unidos— desde mediados de año, con una intensa reactivación de la demanda, de la producción y de la economía en su conjunto. Las previsiones del FMI de la semana pasada reflejan una perspectiva de recuperación para 2022. Buenas noticias, no sin problemas.

Cabría esperar, tras el impulso de la demanda y de la vuelta a una producción en condiciones cercanas a la normalidad, ciertas tensiones y “cuellos de botella” en muchos suministros trascendentales (energía, semiconductores) y en sistemas de transporte de mercancías. También los consiguientes incrementos de precios. Inicialmente, buena parte de los analistas creyeron que serían transitorias. Existen dudas razonables que puedan ser más persistentes de lo inicialmente previsto. Preocupa sobre todo la inflación. Solamente los bancos centrales, con su tradicional actitud prudente, aún creen que se puede evitar una inflación que genere quebraderos de cabeza.

Hay una circunstancia adicional que viene de más lejos. Esas tensiones en suministros, costes y precios, esperables con el fin de la pandemia, han coincidido con los cambios en el modelo productivo y energético. En gran parte, de los países desarrollados. La transición energética hacia una menor huella de carbono es un proceso que estaba en marcha desde antes del coronavirus. Implica fuertes inversiones. Tensiona —y seguirá haciéndolo— los suministros de energía y otros productos básicos, con presión sobre los precios. El fuerte impacto sobre estos mercados básicos de la vuelta a la normalidad tras la pandemia puede que pase a mediados del 2022.

Sin embargo, la presión de medio plazo, vinculada a la transición energética, no va a desaparecer. Es conveniente que el factor coyuntural de la demanda pospandemia no permanezca. Hay que evitar que tenga capacidad de retroalimentación en una espiral de crecientes costes, que afecten a expectativas y salarios. Es ahí donde gobiernos y autoridades monetarias se la juegan el próximo año: impedir que una situación de evidente tensión coyuntural se convierta en un problema estructural. Hará falta buena mano y credibilidad para evitar entrar en una espiral inflacionista de costes, salarios y precios.

Las buenas noticias del fin de la pandemia pasan por el relativamente mejor estado en el que está gran parte de la economía en este momento. Mucho mejor que la situación que se vivía después de la crisis financiera global de 2008. Las fuertes medidas aplicadas en 2020 y 2021 para que no se derrumbara la actividad económica y financiera por parte de gobiernos y autoridades monetarias han dado fruto. Los ERTEs, la financiación avalada por los Estados y las compras masivas de bonos por parte de los bancos centrales han sido los principales ejes —que no los únicos— que han ayudado a evitar lo peor. Muy distinto a la tibieza de las medidas en muchos países —la UE, sin duda— en el episodio anterior de la crisis financiera global. Se ha logrado minimizar, al menos hasta ahora, el impacto negativo sobre el mercado de trabajo y la morosidad financiera, dos regueros de pólvora hace diez años. Empresas y entidades financieras están en mejores condiciones. Con excepciones, por supuesto. Hay desafíos y problemas pendientes. Muchos análisis apuntan a cierta corrección en los mercados de valores a corto plazo. Los próximos meses determinarán si la persistencia de la inflación y de las dificultades en el abastecimiento y en la cadena de valor pasa a ser un gran quebradero de cabeza tras la pandemia, o solamente un susto pasajero.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La inflación, primicia de la economía pospandemia

octubre 18, 2021

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Los datos son una fuente esencial de conocimiento para la política económica. Pero, ¿qué hacer cuando apuntan en dirección contradictoria? Las tensiones inflacionarias no cesan, reduciendo la capacidad de compra de las familias. Muchas fábricas se ven abocadas a reducir la producción por falta de suministros o su encarecimiento, y la actividad global se resiente. El propio FMI acaba de recortar su previsión de crecimiento en 2021 para las economías más poderosas del planeta que son EEUU, China y Alemania, y también para España.

Fuentes: Eurostat, INE y FMI.

En contraposición, las encuestas de coyuntura dibujan una imagen positiva: los pedidos se acumulan en las empresas, el empleo crece y los consumidores se muestran confiados en el futuro (tanto los indicadores adelantados de venta y de contratación, como los índices de confianza del consumidor, se mantienen en niveles elevados).

Ante unos hechos tan contradictorios, no es sorprendente que las interpretaciones también lo sean. Unos, a la cabeza los bancos centrales, se muestran optimistas, consideran que el repunte de precios es una escaramuza transitoria y vaticinan por tanto una recuperación sostenida. Los agoreros, por su parte, lanzan la voz de alarma de la estanflación, un periodo de estancamiento de la actividad e inflación persistente, que se ensañaría con los países más endeudados.

En un entorno tan complejo, el informe del FMI permite extraer algunas lecciones esperanzadoras, otras menos. La principal: las fuerzas de la recuperación siguen siendo potentes, gracias a la liberación de la enorme bolsa de demanda retenida durante la crisis. Nada puede detener ese efecto, aunque sí retrasarlo —como en España, con un crecimiento previsto del 6,3% para 2022 (una revisión al alza de 6 décimas), tras 5,7% este año (un recorte de 5 décimas)—.

En segundo lugar, y esto es crucial para entender el brote de inflación, el crecimiento difiere de las pautas anteriores a la pandemia. Sube la demanda de bienes frente a los servicios, de ahí los cuellos de botella en el transporte por carretera y mar, y en los suministros necesarios a la producción manufacturera. La actividad se digitaliza, exacerbando la escasez de componentes tecnológicos. Y provoca tensiones en los mercados energéticos, por la infrainversión en energías fósiles, necesariamente denostadas en tiempos de lucha contra el cambio climático, y la insuficiente oferta de fuentes alternativas no contaminantes. Todo ello contribuye al ciclo alcista de costes y entorpece la onda expansiva.

Del análisis del Fondo se puede deducir que la duración del brote de inflación depende de la transición energética. Esto lo sabemos en España, con un IPC que podría rozar el 5% a finales de año como consecuencia del encarecimiento del gas y de la electricidad, mordiendo el poder adquisitivo de los salarios y los márgenes empresariales. La tensión retrocederá a medida que se producen inversiones en energías renovables y mejoras en su eficiencia. El Fondo también advierte del riesgo de efectos de segunda ronda en los precios no energéticos y en los salarios, pero se decanta por un impacto limitado por el subempleo que persiste tras la crisis y los cambios en los mercados laborales. No estaríamos, por tanto, ante una espiral inflacionista como en la crisis del petróleo del siglo pasado.

En suma, las perspectivas siguen siendo favorables pese al shock de costes, más persistente de lo previsto por la mayoría de bancos centrales. La política monetaria debe calmar las expectativas de inflación, replegando el arsenal monetario, pero sin sobrerreaccionar porque las tensiones subyacentes son todavía moderadas. Los presupuestos públicos afrontan un dilema similar. Algunos de sus estímulos siguen siendo necesarios, sino esenciales entre otras cosas para facilitar la transición energética y atajar la escalada de costes de producción; y a la vez conviene frenar el endeudamiento. Una cosa parece clara: el Estado es un actor crucial de la economía pospandemia, pero su acción debe ser atinada para que no se cuestione su sostenibilidad.

IPC | Los productos energéticos son los artífices del actual brote de inflación. El IPC se incrementó en septiembre un 4% con respecto a un año antes, por el encarecimiento de la energía (29%). La inflación subyacente sigue es apenas del 1%. Según Funcas, si el precio de la electricidad se estabiliza, el IPC alcanzará un pico del 5% en noviembre antes de emprender una senda decreciente. Pero si la escalada prosigue, el IPC ascendería hasta el 5,3% a finales de año, y todavía se situaría en esas cotas hasta la primavera.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Vuelve el miedo a la estanflación

octubre 14, 2021

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Con el avance de la vacunación las incertidumbres ligadas a la pandemia han remitido, pero su lugar ha sido ocupado por nuevos y preocupantes riesgos. Concretamente, el aumento de la inflación, unido a diversos shocks de oferta, han devuelto a la actualidad un término que casi habíamos olvidado: estanflación. Es decir, inflación a la vez que estancamiento económico.

Hasta ahora, el aumento de la inflación de los precios al consumo ha sido el resultado fundamentalmente de circunstancias transitorias. Asimismo, el fuerte encarecimiento de las materias primas y de los fletes marítimos, así como los retrasos en los suministros de componentes, factores todos ellos que están suponiendo un aumento muy notable de los costes de producción, también se consideran de naturaleza transitoria, al ser consecuencia de los cuellos de botella generados tras el retorno a la normalidad.

Pero crece el temor a que nos encontremos ante un fenómeno más duradero. Para empezar, es muy posible que la situación de elevados precios de las materias primas persista, ya que detrás de ella también existen motivos más permanentes: una demanda que va a mantenerse en niveles muy elevados debido a las enormes inversiones que se prevén relacionadas con la transición energética y financiadas con masivos paquetes fiscales, y una oferta limitada por las escasas inversiones realizadas en los últimos años. A ello se suma el aumento disparado del precio de la electricidad, sin perspectivas de remitir en un futuro próximo, debido también, en parte, a un factor permanente: el aumento del precio de los derechos de emisión de CO₂, necesario para realizar la transición energética. En suma, es muy posible que la acumulación y persistencia en el tiempo de tantos y tan variados incrementos de costes, acabe trasladándose a los precios finales al consumo. Dicho traslado solo sería parcial, debido a la intensa competencia global, de modo que también se resentirían los márgenes empresariales. El siguiente paso sería que los trabajadores tratasen de defenderse de la pérdida de poder adquisitivo mediante mayores exigencias salariales, estrechando aún más los márgenes, lo que podría desembocar en una espiral salarios-precios. Otro ingrediente necesario para alimentar este mecanismo también se encuentra presente en la economía: la expansión monetaria, a la que se recurre de forma masiva para financiar los históricos programas fiscales aprobados por los gobiernos.

“Aunque las autoridades monetarias deseen adoptar una política monetaria más restrictiva, pueden encontrarse con las manos atadas, especialmente en la eurozona, ya que dejar de comprar deuda —no digamos ya venderla— podría poner en serios aprietos a determinados países fuertemente endeudados”.

María Jesús Fernández

Por el lado de la actividad, la recuperación de la industria ya se ha paralizado en la eurozona por la falta de componentes, y por si todo ello fuera poco, se empieza a hablar de la posibilidad de una crisis energética durante el próximo invierno por la escasez de gas natural, crisis que ya ha dado sus primeros coletazos en China, donde en los últimos días se han producido frecuentes cortes de luz. Shocks de oferta y una espiral salarios-precios en un entorno monetario de gran laxitud es exactamente lo que ocurrió durante la etapa estanflacionaria de los años 70, y no es descartable que se repita en la actualidad.

Pero independientemente de lo más o menos factible que sea este escenario, la cuestión de fondo es que los agentes empiezan a desconfiar de los bancos centrales como garantes del control de la inflación. Los propios bancos centrales han dedicado muchos esfuerzos en los últimos tiempos a señalar su permisividad hacia tasas más elevadas. Pero no solo es una cuestión de permisividad: aunque las autoridades monetarias deseen adoptar una política monetaria más restrictiva, pueden encontrarse con las manos atadas, especialmente en la eurozona, ya que dejar de comprar deuda —no digamos ya venderla— podría poner en serios aprietos a determinados países fuertemente endeudados. Con el fin de evitar una nueva crisis de deuda, el BCE podría verse obligado a perpetuar de forma indefinida una política excesivamente laxa que seguiría alimentando el proceso inflacionista. Esta pérdida de credibilidad de la autoridad monetaria facilita el desanclaje de las expectativas de inflación, un proceso muy peligroso por los abruptos ajustes a que daría lugar en los precios de los activos financieros, cuyo resultado final sería un aumento de los tipos de interés a largo plazo, acompañado, como es lógico, de una recomposición de las primas de riesgo. Ni que decir tiene lo que este escenario podría implicar para un país tan endeudado como el nuestro.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El Periódico de España.

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Los PGE que necesita la economía española

octubre 11, 2021

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Con la aprobación de los presupuestos por parte del Gobierno, se abre el debate parlamentario acerca de la política fiscal que necesita una economía que todavía está lejos de haberse recuperado de la crisis. Este es un contexto que, en circunstancias normales, aboga por potentes estímulos a la demanda. Además, a la inversa de lo que ocurrió hace unos años, Europa ha respondido con flexibilidad.

Pero si bien estos no son tiempos de austeridad, tampoco lo son de un impulso fiscal generalizado. En primer lugar, porque la demanda latente de consumo privado y de inversión empresarial es considerable, y que por tanto el reto para la política económica es facilitar su desembolso. En la primera mitad del año, los hogares acumularon 23.100 millones de euros en excedentes y en el caso de las empresas el sobreahorro alcanzó 17.900 millones. La confianza de los consumidores se mantiene en cotas elevadas, mientras que las empresas rebosan de pedidos, a la vez que incorporan nuevos trabajadores.

Si los excedentes tardan en transformarse en más gasto y actividad es porque las fábricas se ven obligadas a frenar la producción como consecuencia de los retrasos en los suministros, que por otra parte se encarecen. En algunos casos como en la construcción y el transporte también aparecen fenómenos de escasez de personal. Los consumidores, por su parte, aplazan compras de bienes duraderos como automóviles, bicicletas y electrodomésticos, a la espera de una normalización de los circuitos de distribución. Además, la explosión de costes energéticos merma el poder adquisitivo de los sectores no energéticos. Las presiones inflacionarias surgen precisamente a raíz del desfase entre demanda y capacidad de producción a corto plazo, unido al ciclo alcista del gas y de la electricidad.

Fuentes: INE, Markit Economics y Funcas.

En suma, el principal problema no radica en la falta de demanda privada, sino en la merma de capacidad productiva a que se enfrentan grandes áreas de la economía, como la industria y los servicios más intensivos en recursos naturales. Otra cosa es la situación de actividades ligadas al turismo, la cultura y el capital humano —donde sí existe una amplia oferta ociosa e inmediatamente disponible—.

Si el diagnóstico es correcto, los próximos PGE tienen que ser expansivos en inversiones que contribuyan a relajar la crisis energética (que son aquellas orientadas a las energías renovables, hidrógeno verde y mejora de la infraestructura de red eléctrica). También se necesita un esfuerzo de adaptación del mercado laboral a las transformaciones en marcha (más capital humano, mejores políticas activas de empleo). Todo ello coincide en buena medida con el plan de recuperación financiado con los fondos europeos.

Pero la situación económica también aboga por unos PGE que se acerquen al equilibrio en materia de transferencias y gasto corriente de las administraciones: no son instrumentos adecuados para sustentar una recuperación lastrada por cuellos de botella, como tampoco lo sería un recorte de tributos.

Finalmente, la ejecución presupuestaria depende estrechamente de la puesta en marcha de reformas. Para 2022, está previsto el desembolso de 18.000 millones, pero Bruselas lo condiciona a un apretado calendario de reformas que incluye al menos cuatro hitos cruciales en materia laboral (negociación colectiva, estatuto de los trabajadores, subcontratación, y políticas activas) y dos en pensiones (cotización de los autónomos y factor de sostenibilidad). De no acometerlas, el flujo de fondos europeos se suspenderá, y el déficit se irá al 6,5% —un desvío de un punto y medio en relación a un objetivo ya de por sí voluntarista, habida cuenta del cuadro macroeconómico que sustenta los PGE—. Esto nos colocaría en posición incómoda de cara a la capacidad de influencia en el proceso de reforma de las reglas fiscales europeas, y ante la reducción gradual de las compras de deuda pública que se vaticina por parte del BCE. Nos jugamos la transformación del modelo productivo, pero también su sostenibilidad.

FONDOS EUROPEOS | Una de las claves de los PGE reside en la ejecución de las inversiones previstas en el Next Generation EU. Según el portal del Gobierno, a finales de septiembre se habrían realizado 24 convocatorias por un monto total de 4.800 millones, y otras 20, por 1.000 millones más, estarían abiertas o en vía de tramitación. Estamos por tanto lejos de alcanzar el objetivo de comprometer 27.000 millones para este año. El desvío podría compensarse en el próximo ejercicio, pero los PGE ya prevén nuevas inversiones por un monto similar a lo presupuestado para 2021.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Las cuentas de los hogares: sin sorpresas en el segundo trimestre, pero cambios en 2019 y 2020

octubre 5, 2021

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Uno de los resultados más señalados de las cuentas de los sectores institucionales publicadas recientemente por el INE ha sido el descenso de la tasa de ahorro de los hogares en el segundo trimestre del año hasta un 8,8%, desde un 14% —cifra revisada al alza— registrado en el primer trimestre. Es un descenso muy acusado pero nada sorprendente, puesto que en el primer trimestre el consumo aún estuvo reprimido por las restricciones para controlar la pandemia, además de por el temporal de nieve de enero, por lo que los hogares siguieron acumulando ahorro no deseado. En el segundo trimestre, con la apertura de la economía, el gasto tendió a normalizarse, descendiendo la tasa de ahorro.

La comparación con las cifras del segundo trimestre de 2020 da lugar a resultados llamativos pero que tampoco sorprenden, dado el diferente momento en que se encontraba la pandemia: las remuneraciones salariales han crecido un 12,2%, quedándose así un 3,5% por debajo del nivel del segundo trimestre de 2019; las rentas de la propiedad ascendieron un 14,6%, lo que supone una recuperación muy escasa, dada la fuerte caída sufrida por este tipo de rentas en el segundo trimestre de 2020, que fue del 69%, de modo que se encuentran un 65% por debajo del nivel alcanzado en el mismo trimestre de 2019; la recuperación de la renta disponible bruta ha sido más limitada, un 5%, lo que se explica por la caída en las prestaciones sociales recibidas por los hogares, quedando un 6,4% por debajo del mismo periodo de 2019; finalmente el ahorro bruto, que se disparó durante los meses más duros de la pandemia, ha descendido un 37% en comparación con aquel momento, aunque aún sigue siendo superior al del año previo al Covid-19.

Fuente: INE

Más interesante que los previsibles resultados del segundo trimestre, han sido las revisiones sufridas por las cifras de los años anteriores, con modificaciones muy sustanciales en las relativas a 2019. La renta disponible bruta de los hogares fue superior en 16.000 millones a la estimación anterior. Como el dato de consumo no ha variado, ese incremento de la renta disponible se dirigió al ahorro, cuya tasa sobre la renta disponible se ha modificado al alza desde un 6,3% hasta un 8,3%, notablemente superior a la registrada en los años precedentes, lo que constituye una revisión de notable relevancia. Tras descontar de esa cifra la parte destinada a financiar su inversión, los hogares generaron una capacidad de financiación —es decir, un excedente financiero— de 20.500 millones de euros, un 1,7% del PIB, muy por encima de los 3.100 millones estimados inicialmente. Fue la cifra más elevada de toda la serie histórica hasta ese momento, solo superada posteriormente por los 68.700 millones generados durante la pandemia. Es decir, ya durante el año anterior a esta los hogares habían acumulado un importante excedente financiero, si bien entonces fue voluntario. Esto es importante, ya que cuanto mayor fuese la salud financiera de los hogares previa al Covid, mayor será la capacidad de recuperación del consumo y del mercado inmobiliario.

En 2020, el año de la pandemia, las cifras correspondientes a las remuneraciones salariales, las prestaciones sociales recibidas y la renta disponible bruta han sido revisadas al alza, pero como las cifras del año anterior han sido revisadas al alza en mayor medida, la caída con respecto a aquel es ahora mayor. Según las nuevas cifras, las remuneraciones salariales se redujeron un 5,6% —frente a un 5,4% en la estimación anterior—, mientras que la caída de las rentas de la propiedad, única partida que se ha revisado a la baja, se amplifica notablemente hasta un 51%. Dentro de estas últimas destaca el desplome sufrido por los dividendos repartidos por las empresas a las familias, cuyo volumen, 5.500 millones de euros, apenas supuso el 20% de la cifra recibida en 2019, y fue la cantidad más baja desde 1998. Es una caída mucho más intensa que la sufrida por las rentas empresariales, que fue del 15%. Ello se debe a que las empresas, por prudencia, decidieron repartir un porcentaje inferior de sus beneficios, y a que también los dividendos recibidos de empresas situadas en el exterior sufrieron un intenso recorte.

En suma, la renta disponible bruta de los hogares se redujo un 4,9%, en lugar del 3,3% inicialmente avanzado.

Finalmente, el ahorro generado por los hogares fue algo mayor a lo estimado anteriormente, 110.700 millones, en lugar de 108.800, lo que supone una tasa del 14,9% de la renta disponible bruta, dos décimas porcentuales más.

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La competitividad ante el brote de inflación

octubre 4, 2021

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La escalada de costes de producción que se propaga a través del planeta, y ahora se amplifica con el encarecimiento del petróleo, representa el mayor desafío a corto plazo para la recuperación en los países importadores como el nuestro. Hasta ahora el debate se ha centrado en las consecuencias para la inflación, con unos bancos centrales que envían señales tranquilizadoras a los actores de la economía, mientras que éstos empiezan a percibir los costes del repunte de precios y se preguntan si el fenómeno es totalmente transitorio, como prometen los expertos monetarios. Habrá que redoblar esfuerzos, porque la inflación está ya en el 4% en España, y se acerca rápidamente a esas cotas en la eurozona.

Además, ojo con una de las derivadas del shock de costes: la competitividad. Esta es una cuestión crucial, porque todos los anteriores episodios inflacionarios en España han resultado ser más virulentos que en otros países, provocando un fuerte deterioro de la posición competitiva y del saldo exterior.

De momento, este no parece ser el caso, afortunadamente. Bien es cierto que nuestro aparato productivo se resiente: los precios de los suministros importados se incrementan a un ritmo muy superior al de los precios que se pueden pedir a los clientes (en agosto, último dato disponible, los precios de importación crecieron a un ritmo anual del 14%, tres puntos más que los precios de exportación, fundamentalmente a causa del encarecimiento de la energía).

Sin embargo, la inflación de precios de importación no ha sido suficiente para desequilibrar las cuentas externas. El saldo externo se acerca a 9.000 millones (con datos acumulados entre enero y julio), en torno a la mitad de los niveles récord prepandemia, pese al lastre de un turismo todavía mermado.

El auge exportador es la principal explicación de la sólida posición externa. Las exportaciones se expanden a un ritmo sostenido, y ya se sitúan por encima de los valores pre-crisis tanto en valor ( 17,7% en julio en relación a diciembre de 2019), como a precios constantes ( 9,3%). Este está siendo uno de los mejores registros en Europa, superando netamente a la locomotora alemana, a Francia y sobre todo a un Reino Unido trastornado por el Brexit. Solo Italia mejora (ligeramente) nuestro resultado. Las importaciones también se incrementan, pero a un ritmo inferior pese al fuerte repunte de los precios de los suministros comprados en el exterior. De ahí el balance positivo.

Fuentes: Eurostat, Markit Economics y Funcas.

Otra tendencia favorable es la inversión directa extranjera, con una inyección de capital en nuestro tejido productivo de 19.400 millones entre enero y julio, muy superior a los valores de 2019. Es posible que la reconfiguración de la globalización que se está produciendo tras la pandemia nos esté favoreciendo. Las empresas acortan las cadenas de valor, excesivamente fragmentadas y dependientes de suministros provenientes de países alejados de los principales lugares de consumo.

En ese puzle mundial en recomposición, nuestra economía posee algunas importantes bazas. La estructura productiva es relativamente competitiva de cara a los procesos de relocalización, en sectores clave como la química, el automóvil y los bienes de equipo. Es un hecho que éstos son los que están liderando las ventas en el exterior. Otro activo es la imbricación en un mercado europeo que intenta reducir su dependencia del abastecimiento desde Asia. Este movimiento pendular se está aprovechando, como lo muestra el fuerte incremento de nuestra cuota exportadora en la Unión Europea. Finalmente, la mano de obra disponible es abundante, y de momento no asistimos a un bucle precios-salarios, a la inversa de otros socios europeos que se acercan al pleno empleo.

Para mantener estos atractivos es crucial mejorar la productividad que todavía lastra muchas pequeñas empresas, así como reformar los mercados eléctricos y las políticas de colocación de personas en paro o en la inactividad. Y evitar que los precios internos tomen el mismo ascensor que los costes externos, como ocurrió en tiempos pasados con las consecuencias nefastas que ya conocemos.

INFLACIÓN | El IPC se incrementó en septiembre un 4% con respecto a un año antes, según el indicador adelantado del INE. Esto es seis décimas más que el avance de Eurostat para el conjunto de la eurozona, lo que apunta a un diferencial desfavorable para España. La brecha se explica sobre todo por el alza del precio de la electricidad, especialmente intenso en nuestro país. Descontando la energía y los alimentos no elaborados, el IPC subyacente aumenta a un ritmo anual del 1%, casi la mitad que en la eurozona.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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¿Se ha recuperado el nivel de empleo previo a la pandemia?

septiembre 27, 2021

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El número de afiliados a la Seguridad Social fue de 19.473.724 en agosto,
cifra que supera en 223.000 la de febrero de 2020, es decir, la anterior a la
pandemia. No obstante, esta comparación de cifras brutas entre meses diferentes
ofrece una imagen engañosa, debido al efecto de la estacionalidad. Así, febrero
es uno de los meses del año en los que, por motivos estacionales, el nivel de
empleo es más bajo, mientras que agosto es uno de los meses con el nivel más
elevado. Es decir, estamos comparando un mes estacionalmente muy bueno con un
mes estacionalmente muy malo. Para saber cuál era realmente la situación del
empleo en agosto de 2021 en comparación con febrero de 2020 tenemos que
eliminar el componente estacional de las cifras. Una vez realizado dicho proceso
de desestacionalización, tenemos que el número de afiliados el pasado mes de
agosto era inferior en unos pocos miles al anterior a la pandemia. Es decir, en
agosto prácticamente se había recuperado el nivel de empleo anterior al
Covid-19.

No obstante, esta afirmación debe ser matizada por dos circunstancias
importantes. En primer lugar, esa recuperación en el nivel total de afiliación
debe mucho al incremento del empleo público, que a lo largo de dicho periodo ha
aumentado en unos 180.000. Si atendemos únicamente al empleo privado, este se
mantiene por debajo del nivel previo a la crisis, siempre en términos
corregidos de estacionalidad, en unos 188.000 afiliados.

Por otra parte, del total de afiliados al final de agosto aún permanecían en ERTE 272.000, y había 222.000 autónomos con prestación, es decir, casi 500.000 afiliados tenían un nivel de actividad nulo o reducido. De modo que el nivel de empleo efectivo privado todavía se encuentra lejos de recuperar los niveles prepandemia (gráfico 1).

Gráfico 1

Fuente: Funcas a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Podemos hacer el mismo análisis para las comunidades autónomas. Como se
puede observar en el gráfico 2, en agosto todas las comunidades autónomas,
salvo Canarias, Madrid y País Vasco, habían recuperado, y superado, el número
de afiliados de febrero de 2020. Pero en términos de afiliados en el sector
privado, y con cifras desestacionalizadas, solo hay cuatro territorios que superan
el nivel prepandemia: Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y la ciudad
autónoma de Ceuta. Se trata de territorios que desde el principio de la crisis se
identificaron como menos vulnerables a la misma debido a su estructura
sectorial, menos orientada a los sectores más expuestos a la pandemia.
Asimismo, en la Comunidad Valenciana el número de afiliados privados de agosto
estaba en el nivel de febrero de 2020, mientras que Andalucía, Navarra y Madrid
eran las regiones que, encontrándose por debajo del nivel precrisis, más cerca
estaban de recuperarlo. En el sentido opuesto, las regiones que más lejos se
hallaban de recuperar el número de afiliados privados previo a la pandemia eran
Baleares y Canarias.

Gráfico 2

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Funcas.

Cabe destacar el caso de Baleares, que en términos de afiliados totales en
cifras originales es la comunidad que con mayor holgura superaba en agosto el
nivel de empleo precrisis, y, sin embargo, en términos de empleo privado
desestacionalizado, es junto con Canarias la que se encuentra en peor posición.
Esto no se debe a que tenga una elevada proporción de empleados públicos, sino
a que es la región donde mayor es la diferencia habitual entre el nivel de
empleo en agosto y el nivel de empleo en febrero, debido a una estacionalidad
mucho más acusada que en el resto de regiones. Este caso extremo pone de
manifiesto la importancia de desestacionalizar las series para realizar
comparaciones entre meses diferentes, si no queremos llegar a resultados
engañosos.

Gráfico 3

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Funcas.

Finalmente, el gráfico 3 representa el número de afiliados en ERTE y
autónomos con prestación extraordinaria, es decir, el número de afiliados con
un nivel de actividad nulo o reducido, en cada comunidad, en porcentaje del
empleo total. Si al número de afiliados privados le restamos esta última cifra,
tenemos que el empleo privado efectivo (desestacionalizado) está aún por debajo
del previo a la pandemia en todas las comunidades autónomas, siendo nuevamente
Baleares y Canarias las que se encuentran en peor posición, frente a Castilla-La
Mancha y Murcia, que son las mejor situadas, junto con Navarra. En este caso, Extremadura
está en peor lugar que Navarra debido a su mayor porcentaje de afiliados con
actividad nula o reducida (esta última comunidad es la que tiene un menor
porcentaje de trabajadores con actividad nula o reducida).

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Las vulnerabilidades de la recuperación

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El enfriamiento de las expectativas de recuperación como consecuencia del recién publicado dato de crecimiento del INE no debería distraernos de los verdaderos desafíos a que se enfrenta nuestra economía. La máxima autoridad estadística estima que durante la primera mitad del año la economía creció apenas medio punto —un resultado decepcionante frente al golpe asestado por la pandemia en 2020, y también muy inferior al dato avanzado en julio—. El déficit de actividad con respecto a los principales países vecinos también se habría ampliado: durante el mismo periodo, todas las economías de la zona euro han crecido más, salvo Alemania.

Otros datos, sin embargo, auguran una aceleración que acabará por reflejarse en los datos del INE del tercer trimestre (y que sin duda por razones técnicas no pudieron integrarse en la estimación divulgada esta semana). La afiliación, el termómetro más sensible a la coyuntura por las características de nuestro mercado laboral, se ha disparado desde la primavera, incluso en los sectores más rezagados como la hostelería y la restauración. La recaudación también crece a buen ritmo. El gasto final sujeto a IVA, por definición asentado en el consumo, se incrementó un 20,5% hasta junio, acercándose a valores pre-crisis —todo apunta a que el mes de julio fue especialmente boyante, algo que, aunque a destiempo, acabará por incorporarse en la estimación de los expertos estadísticos—.

La temporada turística de
verano también ha dado buenas sensaciones tras una primavera renqueante. Y el
tirón de las exportaciones de bienes no se desmiente: las ventas en el exterior
se incrementaron un vigoroso 21,7% hasta julio, el mejor registro entre los
grandes países europeos después de Italia.

Todo apunta, por tanto, a
que en la próxima ocasión el INE nos sorprenderá al alza. Aun así, la previsión
del Gobierno del 6,5% para el conjunto del año es prácticamente inalcanzable.
Para que se cumpliera, la economía tendría que crecer cerca del 9% en la
segunda mitad del año, es decir mantener la onda expansiva del verano hasta el
cierre del ejercicio.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: Ministerio de Seguridad Social, INE, Agencia Tributaria, Markit Economics y estimaciones Funcas.

Y ahí es donde las cosas se complican porque, más allá del vaivén estadístico, lo que se perfila es una amplificación del shock de suministros que mueve los cimientos de la recuperación. La inflación de costes se intensifica, según los datos de IPC (que, de momento, solo recogen el encarecimiento de las tarifas energéticas), y el alza incesante de precios industriales. Uno de los principales indicadores internacionales de precios pagados por las empresas se sitúa en los niveles más elevados de los últimos 20 años (PMI de agosto de 66 en España, y en cotas incluso superiores en el conjunto de la eurozona en septiembre, en una escala que va de 0 100).

Moderación de las expectativas

Se multiplican los
retrasos de suministro, el más llamativo en la industria automotriz, y de
cuellos de botella en sectores como la construcción y el transporte por
carretera. Todo ello modera las expectativas para los próximos meses. El PMI de
actividad apunta a una desaceleración, si bien a partir de niveles todavía
elevados. En Alemania, el principal índice avanzado de actividad desciende por
los cuellos de estrangulamiento en la industria y la escalada del gas y de la
electricidad.

En suma, la previsión de crecimiento del Gobierno del 7% para 2022 está condicionada por el grado de transitoriedad del shock de suministros. También depende de que el déficit de crecimiento que arrastraremos de 2021 se compense con el empuje de los fondos europeos. Para recibir esos recursos, tendremos que cumplir con los compromisos con Bruselas: 29 reformas a acometer en los próximos meses, incluidas cinco en material laboral, para obtener un tramo de 13,7 mil millones de euros; y 52 pendientes para el próximo ejercicio, incluida una reforma del factor de sostenibilidad de las pensiones, sine qua non para recibir 18,4 mil millones adicionales. Todo un reto.

COSTE LABORAL | Los costes laborales han evolucionado de manera volátil como consecuencia de efectos de composición (salida de personas con bajos niveles de cualificación al inicio de la crisis, con un impacto inflacionario, y reincorporación de los mismos al compás de la actual recuperación, con un impacto inverso). El resultado acumulado desde el inicio de la pandemia es de moderación. Según Eurostat, entre el último trimestre de 2019 y el segundo de 2021, el coste laboral medio se incrementó un 2,2%. Este resultado refleja evoluciones dispares, entre Alemania ( 5,8%), Francia (-0,6%) y España (-2%).

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La luz pasa factura a la economía

septiembre 20, 2021

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Tras haber ocupado la portada de los medios de comunicación, el encarecimiento de la factura de la luz proseguirá su marcha —sin duda menos ruidosa— en la propia economía. De momento el impacto en la actividad ha sido limitado, porque los agentes tardan en percibir la amplitud del shock. Pero todo apunta a que, con el tiempo, constatarán una fuerte mordida en su capacidad de compra. Esta podría elevarse a 8.000 millones de euros de pérdida para las familias (en términos anuales), y 12.000 en el caso de las empresas. Además, esta es una estimación en base a supuestos relativamente optimistas que incorporan una reducción del precio de la electricidad del 15% hasta finales de año, fruto de las medidas aprobadas esta semana, y de una hipotética pero poco verosímil contención de los precios en el mercado mayorista.

En realidad, el gas podría seguir escalando en línea con las cotizaciones en los mercados de futuros, y así anular el efecto positivo de las medidas gubernamentales. El crecimiento del consumo y de la inversión no tardaría en frenarse. Entre tanto la inflación alcanzaría el 4,5% a finales de año, frente al 3,9% en la hipótesis de moderación de los precios eléctricos.

El impacto de una presión incrementada será sustancial en el sector electrointensivo de producción química, fabricación de maquinaria y metales, muebles e industria del papel, y del transporte, entre otros. Estas son actividades hoy por hoy pujantes. Pero su factura eléctrica representa entre el 15% y el 30% del valor añadido, frente a una media del 5%, lo que implica un riesgo importante de cara a la competitividad de sectores cruciales para nuestras exportaciones. En algunos casos, como el corcho, y el acero, el encarecimiento de la electricidad podría absorber la mitad del excedente empresarial (con cálculos realizados a partir de las tablas input-output de la economía española).

Fuentes: Eurostat, INE y estimaciones de Funcas.

Por otra parte, en algunas empresas de la restauración y la hostelería, si bien los costes energéticos son proporcionalmente menores que en la industria, la situación financiera lastrada por la crisis pandémica es todavía muy frágil.

Sin duda la recuperación como tal no está peligro, gracias al empuje de la reapertura de la economía y a la recuperación del turismo. Pero la onda expansiva podría agotarse antes de lo previsto: parte del gasto embalsado por la crisis se está volatilizando por la merma de poder adquisitivo provocado por el alza de precios energéticos.

La principal consecuencia para la política económica es que las medidas aprobadas por el Gobierno, ciertamente necesarias, no serán suficientes para contener la inflación eléctrica si, como es previsible, los mercados mayoristas siguen desbocados. De momento, los recortes de impuestos y los gravámenes a hidroeléctricas y nucleares atajan la escalada. Pero los mercados están mimetizados por el alza implacable del precio del gas y, en menor medida, del carbono. Una reforma del mecanismo de formación de precios ayudaría a doblegar esta tendencia, privilegiando una traslación más gradual de los vaivenes de los mercados al precio pagado por los consumidores y las empresas.

Esta estrategia también convertiría el propio mercado en un estímulo a las energías renovables. Si los precios estuvieran en parte indexados en los mercados de futuros, en vez de depender del día a día como en el sistema actual, las inversiones gozarían de un horizonte más previsible. Es crucial que las fuerzas del mercado estén alineadas con los objetivos del Plan de recuperación, para que el volumen ingente de recursos orientados a la transición energética tenga el efecto anticipado.

Al menos se ha evitado una espiral de precios en el resto de mercados donde cada agente pugna por recuperar el poder adquisitivo perdido. Esta sería una lucha espuria: la escalada de costes se asimila a un impuesto que tiene que asumir la economía, y por tanto un bucle inflacionario solo sería un factor agravante. La Gran Moderación ante el desafío de la exuberancia de la luz.

PRECIOS | El índice de precios al consumo (IPC) de la eurozona se incrementó en agosto a un ritmo anual del 3% (una aceleración de nueve décimas frente a julio). Casi la mitad de ese incremento se debe a los precios de la energía, que subieron un 15,4%. En el caso de España, el IPC creció un 3,3%, es decir por encima de la media europea (y cuatro décimas más que en julio). El diferencial se debe a los precios energéticos, que registraron un incremento del 23,5%, explicando más de la mitad de la inflación total.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La inflación real y su percepción social

septiembre 13, 2021

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La reciente decisión del banco central de prolongar la expansión monetaria (si bien con matices y precauciones retóricas), y así aligerar los costes de nuestra deuda pública, se fundamenta en una apuesta a un solo número: la inflación volverá a su cauce en los próximos meses. Según los expertos de Frankfurt el IPC bajará del 3% actual, al 1,7% en 2022 y 1,5% en 2023 para el conjunto de la eurozona. Esta hipótesis justifica el mantenimiento de tipos de interés nulos, y promete una financiación del déficit público en condiciones de gran comodidad.

El vaticinio
del gurú monetario está avalado por analistas independientes que recalcan que el
actual episodio de alza de precios es transitorio, ya que refleja el brusco
ajuste de precios tras la disrupción de las cadenas productivas provocada por
la pandemia. Es un hecho que la inflación subyacente, que descuenta los
productos energéticos y los alimentos no elaborados, se sitúa en niveles
reducidos, inferiores al objetivo del 2%. El legado de la crisis también
respalda la visión de moderación. Cada empresa fija sus tarifas mirando de
reojo a sus competidores. Y el mundo del trabajo, tras dos recesiones en solo
15 años (tres en el caso de España), no está en condiciones de reivindicar fuertes
mejoras retributivas.

Bien es cierto
que algunos sectores, caso de la construcción en España, la restauración en Francia
o el transporte en Alemania y Reino Unido, se enfrentan a una escasez de mano
de obra, augurando incrementos salariales. Pero se trata de fenómenos puntuales,
que podrían solventarse a medida que las personas en ERTE o en el paro cubren
las vacantes, y que los trabajadores desanimados por la crisis se reincorporan
al mercado laboral. La movilidad requiere de políticas activas y de formación,
pero los Gobiernos que quieran esforzarse disponen de un amplio abanico de
experiencias que funcionan.

El cálculo parece sólido, pero su validez depende de que la economía se lo crea, es decir de que cada agente anticipe una evolución globalmente moderada de los precios. Este es un factor psicológico, arraigado en parte en la observación del pasado. Pero la experiencia muestra que las expectativas pueden desanclarse, cuando empresas y trabajadores acumulan sorpresas negativas, es decir pierden capacidad de compra como consecuencia de una infravaloración recurrente de la evolución general de los precios.

(*) Diferencia entre el porcentaje de consumidores que opinan que los precios van a crecer o acelerarse, y porcentaje que opina lo contrario.

Fuentes: Eurostat y Comisión Europea, encuesta de confianza.

En el caso de España, el fuerte repunte del IPC registrado en los últimos meses coincide con mermas en las remuneraciones del trabajo. Los datos divulgados esta semana muestran una reducción de los costes salariales del 0,4% en el segundo trimestre, tras un estancamiento en el primero. Asimismo, los márgenes empresariales se estrechan por el encarecimiento de los suministros, un 14,9% en lo que va de año. De momento, el comportamiento de moderación prevalece, pero las expectativas empiezan a cambiar: el 49% de consumidores anticipan la persistencia de las actuales tasas de crecimiento de los precios, o incluso una aceleración durante el próximo año (11 puntos más que en enero), contra solo 4,8% que esperan una reducción de los precios (un punto menos). La tendencia es todavía más pronunciada para el conjunto de la eurozona, especialmente en países que se van acercando al pleno empleo.

En suma, la previsión de inflación está rodeada de gran incertidumbre: la brecha no para de crecer entre la observación objetiva del pasado, evidenciada por la moderación del núcleo central de precios y salarios, y las percepciones sociales cada vez más alcistas. La evolución del bucle precios-salarios en EEUU, donde las tensiones son más patentes, será un indicador adelantado a vigilar. Entre tanto, es imprescindible reducir nuestra propia vulnerabilidad ante un posible desanclaje, que abocaría a un endurecimiento inesperado de la política monetaria. De ahí la importancia de favorecer pactos con los interlocutores sociales y de quebrar la escalada de aquellos costes sobre los que índice directamente la política económica, como la electricidad.

INDUSTRIA | La industria se enfrenta a una situación paradójica. Por una parte, los pedidos siguen al alza (el índice PMI de gestores encadena seis meses en terreno netamente positivo, por encima del nivel 55). Por otra parte, la actividad se desacelera: el índice de producción industrial (IPI) se redujo un 1,1% en julio, tras una caída de igual magnitud en junio. La explicación radica en la falta de suministros, que provoca retrasos en la producción. El sector del automóvil es uno de los más afectados, como consecuencia de la escasez de chips.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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