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La inflación, en la encrucijada

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La inflación está siendo el principal condicionante de la recuperación de la economía española. Su impacto sobre el poder adquisitivo es ineludible: como el principal factor es el alza de costes importados, mayormente la electricidad, actúa como un impuesto que tiene que soportar toda la sociedad Comprar reseñas Google (a excepción del sector eléctrico). Además, el brote inflacionario refleja los cuellos de botella que limitan el rebote, especialmente en algunos sectores industriales como el automotriz.

Es posible que el brote inflacionario generado por el encarecimiento de la energía y de otros suministros esté tocando techo. Los precios del mercado mayorista de la electricidad apuntan a una estabilización —si bien en niveles desorbitados— y los indicadores de costes soportados por las empresas evidencian una cierta relajación, en consonancia con la reorganización de las cadenas de suministro. Veremos si la tendencia es inmune a los desajustes provocados por ómicron.

Ahora se trata de evitar que se abra otro frente, el de eventuales efectos de segunda ronda, que consistirían en ajustes de precios y de salarios en una pugna por la recuperación del poder adquisitivo perdido como consecuencia de la crisis energética. De momento, se mantiene la moderación: si bien el IPC total crece a un ritmo muy superior a la eurozona (6,6% frente al 5%), la inflación subyacente se sitúa en el 2,1%, cuatro décimas menos que la media europea. Es decir, nuestro diferencial desfavorable de IPC se debe exclusivamente a la energía, y no a un comportamiento especialmente inflacionista del aparato productivo. Nada que ver con la situación en Estados Unidos, donde la inflación subyacente escala hasta el 5,5%, algo que preludia una acción contundente de la Reserva Federal.

Fuentes: Eurostat y Ministerio de trabajo.

Sin embargo, los datos de diciembre apuntan a un mayor traslado de los costes al núcleo central de precios. Prueba de ello, los incrementos de precios empiezan a generalizarse. El sector agroindustrial no aguanta más la presión y se ve abocado a trasladar el encarecimiento de la luz, de los fertilizantes y del transporte a sus precios de venta —con un gran peso en el IPC total—.

Los servicios también revisan sus tarifas, tras meses de atonía provocada por la pandemia. Bien es cierto que se trataba de una tendencia inédita, también registrada en la mayoría de países avanzados, rara vez observada en épocas anteriores: como la productividad industrial crece por encima de la media de la economía, los productos industriales tienden a abaratarse en términos relativos (esto explica que, desde la creación del euro hasta el estallido de la pandemia, el IPC de bienes no energéticos subiera apenas un 13%, frente al 54% en los servicios).

La tendencia es ahora alcista tanto en los sectores más afectados por la crisis como el turismo y la restauración como en otros servicios menos perjudicados: las comisiones bancarias, el ocio y los seguros de salud, por ejemplo, suben a tasas superiores al 2%. En suma, los servicios ya no desempeñan el papel moderador de meses anteriores.

Ante las crecientes tensiones en los precios internos, los salarios no parecen reaccionar: en 2021 las remuneraciones pactadas crecieron en torno al 1,5% (la mitad que el índice de precios al consumo). El resultado fue una pérdida de capacidad de compra, en un contexto en el que las empresas también sufrieron un recorte de excedentes. La gran incógnita es si ese pacto tácito entre actores sociales se mantendrá a medida que las empresas elevan sus precios, y así contienen la disminución de sus márgenes.

Si ese pacto prevaleciera, y bajo la hipótesis adicional de una estabilización de los precios energéticos, el IPC podría moderarse tanto en España como en el resto de la eurozona. De lo contrario, la visión de transitoriedad del Banco Central Europeo (BCE) se volatilizaría y daría alas a los halcones que preconizan un endurecimiento de la política monetaria.

IPC | La senda de inflación, determinante de la intensidad de recuperación de la economía, depende de manera crucial de la evolución de los precios energéticos. Si la cotización de la electricidad descendiera en primavera en línea con los mercados de futuros, las tasas de inflación se mantendrán por encima del 5% en los primeros meses del año antes de comenzar a descender. Ello dejaría el IPC total en el 3,7% en media anual. Pero si el descenso previsto en la primavera no se produjera, la tasa media anual sería al menos un punto más que en el escenario central.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Intenso repunte del IPI en noviembre

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Indicador de producción industrial | NOVIEMBRE 2021


El IPI registró un fuerte ascenso en noviembre de 2021 del 4,5% sobre el mes anterior, el mejor resultado desde julio de 2020. Desde mayo había mantenido una tendencia descendente, que se ha interrumpido en noviembre, aunque aún es pronto para saber si esto supone un cambio de tendencia. 

En el caso del índice de solo manufacturas (que excluye los sectores extractivos y energéticos) el ascenso fue más modesto, un 1,6%, aunque también es un buen resultado que rompe con la trayectoria ligeramente descendente anterior. Tras este resultado, el índice se encuentra tan solo un 0,2% por debajo de los niveles prepandemia.

Se han registrado crecimientos en la gran mayoría de secciones que componen el índice, pero destaca especialmente el fuerte ascenso observado en fabricación de productos farmacéuticos y en maquinaria y equipo. La fabricación de automóviles se mantuvo estable en noviembre tras haber experimentado una recuperación el mes anterior. 

Cabe destacar que en el débil comportamiento del índice a lo largo de 2021 ha pesado mucho la negativa evolución del sector del automóvil. Este es el que más lejos se encuentra de los niveles previos al Covid-19, un 23,7% por debajo, y un 32% por debajo del máximo alcanzado en octubre de 2020, durante la recuperación posterior a la reapertura de la economía. Si excluimos el sector del automóvil, el resto de las manufacturas se situaba en noviembre un 3% por encima de los niveles precovid.

Consulta otros indicadores de actividad e industria.

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Un año de menos a más

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Todos los astros parecían haberse alineado para impulsar la recuperación total de la economía española en un horizonte próximo. Al cierre del año, el sentimiento empresarial se mantenía en cotas positivas (en diciembre superó en 8,5 puntos porcentuales la media de la serie que arranca en 2000), mientras que las carteras de pedidos auguraban una buena añada. Y la pujanza del mercado laboral ha superado las expectativas, quebrando la espiral de destrucción de puestos de trabajo de las anteriores recesiones.

Pero el escenario se ha complicado con la aparición de la versión ómicron de la crisis sanitaria, y sus reverberaciones en la actividad y en los precios. No solo porque la multiplicación de bajas laborales causadas por las infecciones ralentiza la actividad en los sectores del comercio presencial, de la agricultura o de la industria que no pueden recurrir al teletrabajo. El principal escollo radica en la nueva oleada de retrasos en los suministros, que sin duda provocará nuevos cuellos de botella en sectores como el automotriz, que veían la luz al final del túnel. Por tanto, todo apunta a que los motores de la recuperación de la actividad no funcionarán a pleno rendimiento, al menos hasta que la situación sanitaria se despeje y posteriormente se relaje la presión sobre los canales de abastecimiento.

Fuentes: Eurostat y BdE.

Las perspectivas de inflación también desmienten la visión de transitoriedad del BCE. Lejos de amainar, el IPC acelera su escalada hasta el 6,7% en diciembre, propulsado por el encarecimiento de la energía y sus efectos colaterales en los productos más intensivos en electricidad o expuestos a la crisis de suministros —descontando la energía y los elementos más volátiles, el IPC subyacente se acelera hasta el 2,1%—. El fenómeno atraviesa toda la eurozona, pero con especial ahínco en algunos de los países más alérgicos a la inflación: en Alemania el IPC alcanza el 5,7% y todavía el 3,9% en términos subyacentes, y algo parecido ocurre en Holanda y otros autodenominados “frugales” (la inflación supera el 10% en algunos bálticos). Sin duda, el precio del gas y de la electricidad debería relajarse tras el invierno por la menor demanda. Comprar Reseñas googlePero el retorno al objetivo del 2% antes de finales de año se complica y, por tanto, no es descartable que los halcones redoblen la presión sobre el BCE para dar una vuelta de tuerca adicional a la política monetaria.

En cualquier caso, los mercados ya empiezan a reflejar el giro que desde EE. UU. se extiende a Europa, en consonancia con la correlación histórica entre las dos zonas monetarias. Así pues, el alza del rendimiento de los bonos del Tesoro americano a 10 años se está contagiando a la deuda europea: la referencia alemana roza valores positivos por primera vez en tres años, arrastrando el resto de tipos de interés de la eurozona. Es decir, si bien el BCE promete condiciones más acomodaticias que la Reserva Federal, un desacoplamiento completo no es verosímil en un mundo financiero de vasos comunicantes donde el dólar mantiene su liderazgo por su condición de principal moneda de reserva.

Todo ello podría redundar en un nuevo año económico que iría de menos a más, de manera similar a lo acontecido en el anterior ejercicio: la doble crisis energética y de suministros frenará la capacidad productiva en los próximos meses, antes de suavizarse y dar paso a una recuperación más robusta en la segunda parte del año, liderada por el efecto demanda embalsada, todavía muy abundante, un previsible rebote del turismo extranjero y un mayor despliegue del plan de recuperación. Para el conjunto del año, el crecimiento podría sorprender al alza, gracias a la mayor adaptabilidad de la economía ante las diferentes olas de virus. Tendremos por tanto una oportunidad única de aplicar políticas expansivas que sirvan para potenciar la sostenibilidad de nuestra economía. Algo todavía posible en 2022, en un entorno fiscal y monetario irrepetible.

EUROZONA | Los principales indicadores de coyuntura apuntan a una incipiente ralentización de la actividad en la eurozona, pero también a una leve moderación del brote inflacionario. Tanto el índice PMI de gestores de compra como el de sentimiento económico estimado por la Comisión Europea se redujeron en diciembre. Pero en ambos casos los valores se mantienen en terreno expansivo (PMI superior a 50, y sentimiento económico un 15,3% por encima de la media desde 2000). El IPC de la eurozona se incrementó un 5% en términos interanuales, una décima más que en noviembre.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Escenarios de política monetaria para 2022

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El rumbo de la economía en 2022 va a estar determinado en gran medida por la evolución de la inflación, motivo ahora mismo de máxima incertidumbre. Cada vez hay más dudas con respecto a su transitoriedad, y según avanzan los meses sin que remitan las presiones al alza, aumenta la probabilidad de que se convierta en un fenómeno más duradero de lo inicialmente esperado. 

Esto ha movido a los bancos centrales a endurecer sus posturas. La Reserva Federal norteamericana ya ha anunciado la aceleración del final de las compras de deuda pública, que terminarán en marzo, e inmediatamente después iniciará las subidas de tipos de interés. Otros bancos centrales —como por ejemplo el británico— ya han comenzado a subir los tipos. En cuanto al Banco Central Europeo, también ha decidido acelerar el final de las medidas extraordinarias, aunque su postura sigue siendo muy acomodaticia: en marzo acabarán las compras de deuda pública dentro del programa de emergencia pandémica —el PEPP—, pero compensará parcialmente esta medida con un incremento de las compras dentro del programa ordinario —el APP—. No obstante, estas últimas se irán reduciendo a lo largo del año. Por otra parte, descarta la posibilidad de realizar subidas de tipos en 2022.

Este esquema de política monetaria está condicionado a unas previsiones que, según ha expresado la autoridad monetaria europea, apuntan a un rápido descenso de la inflación a partir de la primavera, debido tanto a la mecánica de los efectos de base sobre las tasas, como a una bajada de los precios energéticos y la resolución de los cuellos de botella.

“En el escenario central, considerado hasta ahora como el más probable —aunque no sin cautelas—, el traslado de los mayores costes de producción hacia los precios finales al consumo será limitado y no habrá efectos de segunda ronda sobre los salarios”.

María Jesús Fernández

Se podría decir que este es el escenario central, el que hasta ahora se ha considerado, y se sigue considerando, aunque no sin cautelas, como el más probable. En este escenario, el traslado de los mayores costes de producción hacia los precios finales al consumo será limitado y no habrá efectos de segunda ronda sobre los salarios. La reducción del volumen neto de compras de deuda será una prueba para la economía española. No obstante, en este contexto de retorno a tasas reducidas de inflación y de mantenimiento de los tipos de interés  negativos de forma indefinida, los mercados financieros probablemente mantendrían su apetito por el riesgo, de modo que las primas de riesgo, aunque con algún ascenso, podrían mantenerse bajo control.

Pero, como ya se ha dicho, no está nada claro que estas perspectivas vayan a cumplirse, y hay otros escenarios posibles. Un segundo escenario sería aquel en el que los precios de las materias primas en lugar de descender, se mantienen en niveles elevados durante más tiempo de lo esperado, pero los salarios siguen contenidos. La inflación sería más elevada de lo previsto, tanto por el mayor nivel de precios de las materias primas con respecto al escenario central como por un traslado más intenso de los costes de producción hacia los precios finales al consumo. En este caso, posiblemente el BCE adoptaría un tono más cauteloso en sus comunicados, dejando la puerta abierta a un endurecimiento en caso de observarse una transmisión a los salarios, pero no modificaría esencialmente su política monetaria. Al fin y al cabo, no tiene sentido utilizar esta herramienta para luchar contra la inflación cuando su origen se encuentra en un shock exógeno. Sin embargo, el temor a que en cualquier momento se desencadenen efectos de segunda ronda sobre los salarios, que es lo que podría convertir la inflación en permanente, estaría flotando constantemente en el ambiente. La cuestión aquí es cómo reaccionarían los mercados. Si se ponen nerviosos, podrían producirse episodios de turbulencias con subidas de los tipos de interés a largo plazo y de las primas de riesgo.

En el tercer escenario posible, se podría producir una transmisión de la inflación hacia los salarios que retroalimentaría, a su vez, la inflación. Este sería el más preocupante. La generación de una espiral precios-salarios es algo que el BCE no podría ignorar. No obstante, la autoridad monetaria se vería atrapada en un dilema. Si frenara de forma brusca las compras de deuda pública y señalase próximas subidas de tipos de interés, podría poner en serios aprietos a países periféricos como Italia o España. Este es un riesgo importante que puede limitar su capacidad de actuación a la hora de endurecer su política monetaria. Pero si no adoptara medidas suficientemente restrictivas y la inflación se consolidara de forma duradera en niveles elevados, se arriesgaría a un desanclaje de las expectativas de inflación a largo plazo, y a la pérdida de credibilidad de la institución y del propio euro. Un riesgo también muy difícil de asumir y con negativas consecuencias tanto a corto plazo como en el futuro.

En definitiva, la inesperada inflación generada como efecto colateral por la pandemia no solo ha puesto fin a la certidumbre de los últimos años en torno a la política monetaria, sino que además podría poner a prueba nuevamente la estabilidad de la eurozona.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El Periódico de España.

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El año de la disensión

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Nada menos que un 6,7%. Ese fue el dato adelantado a diciembre del crecimiento anual de los precios. La inflación no para de subir. La electricidad explica buena parte de la misma. En todo caso, los quebraderos de cabeza por la energía no son exclusividad nuestra, afectan a numerosos países importadores de energía, lo que retroalimenta las tensiones a escala global sobre el resto de sectores económicos. El dato menos negativo aún es el de la inflación subyacente (aún en el 2,1%) aunque también va al alza. El proceso inflacionario sigue su curso también en el resto de Europa y Estados Unidos con lo que finalizamos un año —y comenzaremos 2022— con una gran incertidumbre sobre crecimiento económico, de precios y de tipos de interés.

Este 2021 que termina, además de haber sido muy duro para aquellos encargados de realizar previsiones económicas, ha sido también el de la disensión entre los economistas. Esta división de opiniones se mantendrá en 2022 sobre lo que acontecerá con el crecimiento del PIB y precios, con los tipos de interés y con las futuras acciones de los bancos centrales. Los volantazos (algunos prefieren definirlos como efectos de un yo-yo) que pega la pandemia están obligando a los analistas a tener buenos conocimientos de epidemiología y a revisar sus previsiones continuamente. Lo que acontezca en los primeros meses del nuevo año con la covid-19 será determinante para la fortaleza de la recuperación y la consiguiente inflación asociada a la salida de la crisis y a los problemas de suministro.

La disensión lógicamente se ha manifestado en las diferentes actitudes de los bancos centrales ante la subida de los precios. La Reserva Federal ha apostado de manera temprana —¿precipitada?— por una posición halcón y se plantea incluso varias subidas de tipos en 2022. De modo similar, se está comportando el Banco de Inglaterra que, incluso, ya ha subido tipos. Contrasta con la visión paloma del Banco Central Europeo, con muchas más cautelas —¿demasiado lenta?—, y aunque ha anunciado retirada de estímulos, no ha cerrado la puerta a reactivar más liquidez si la economía no se recuperara con fuerza. Y por supuesto, el BCE no tiene en el horizonte del próximo año —y más allá— una subida de tipos. Por supuesto, las estructuras económicas e institucionales son muy diferentes en Estados Unidos y Europa, pero llama la atención esa fuerte divergencia entre los dos bloques ante un fenómeno similar. Asimismo, no se puede descartar una creciente disensión entre las acciones de los gobiernos —sobre todo en la UE— que complicarían más el panorama y el análisis.

En los próximos trimestres podremos ver con más claridad qué banco central ha acertado. Si el que se ha intentado adelantar rápidamente a los inciertos acontecimientos o el que ha preferido esperar a ver el crecimiento de precios hasta la primavera. Dicho esto, el juez definitivo será el largo plazo. Mientras tanto inversores y estrategas financieros desearán tener una buena mano sobre como se comportarán los mercados de bonos y de renta variable, ante tanta disensión.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Incertidumbres de cara a 2022: en la primavera está la clave

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La evolución de la pandemia, y más concretamente, la posibilidad de que surjan variantes virulentas invulnerables a las vacunas, sigue, y seguirá siendo durante mucho tiempo, un elemento de incertidumbre que va a seguir condicionando la evolución económica. Pero además de ese factor de carácter permanente, el nuevo año se inicia cargado de otras incógnitas, cuya resolución tendrá lugar, en la mayoría de los casos, en torno a la primavera, y de cuyo resultado dependerá lo que suceda a partir de entonces con la economía mundial, en general, y la española, en particular.

La primera de ellas es la relacionada con la transitoriedad de la inflación. Suponemos, o esperamos, que los precios de las materias primas y productos energéticos desciendan en la primavera, y que los cuellos de botella en la producción de suministros industriales y en el transporte marítimo comiencen a relajarse. La inflación caerá y no habrá efectos de segunda ronda sobre los salarios. De momento, en las últimas semanas se han observado indicios de que se ha tocado techo tanto en los precios de las materias primas como en los estrangulamientos de las cadenas de valor, aunque aún queda por delante un largo invierno, con factores incluso geopolíticos por resolver —conflicto Rusia-Ucrania—.

El cumplimiento de este escenario es fundamental para la continuación de la recuperación. Si esa bajada de precios no se produce, se consolidará la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores y la reducción de márgenes empresariales, con el impacto negativo que ello conllevará sobre el nivel de actividad económica. Asimismo, especialmente si comienzan a observarse indicios de traslado hacia los salarios, los mercados financieros comenzarán a modificar sus expectativas de inflación. Los precios de los activos financieros podrían sufrir un reajuste y los tipos de interés a largo plazo y las primas de riesgo podrían aumentar, lo que aumentaría la presión sobre el BCE para acelerar el final de las compras de deuda y el inicio de las subidas de tipos. Este sería un escenario potencialmente muy desestabilizador.

Pero incluso aunque no se materialice el peor escenario en cuanto a inflación, en marzo finalizará, en cualquier caso, el programa de emergencia pandémica de adquisición de deuda del BCE —el PEPP—. Aunque se espera que, a cambio, se incrementen las compras dentro del programa ordinario que ya existía antes del Covid —el APP—, estas no compensarán la desaparición del programa pandémico, de modo que habrá un descenso en el volumen mensual de compras que lleve a cabo el BCE. La incógnita se encuentra en el impacto que esto puede tener sobre los tipos de interés y sobre las primas de riesgo.

También la Reserva Federal pondrá fin en torno a marzo a las compras de deuda, y ya ha anunciado que poco después comenzará a subir los tipos de interés, otro factor de incertidumbre a tener en cuenta por el impacto que habitualmente los cambios en la política monetaria norteamericana ejercen sobre las economías emergentes y el conjunto de la economía mundial.

Finalmente, ya concretamente en España, una importante prueba que deberemos superar por las mismas fechas será la llegada a término de las medidas adoptadas por el Gobierno para “congelar” las empresas y los sectores más afectados por la pandemia: a finales de febrero —salvo ampliación de última hora— finalizarán las medidas extraordinarias relativas a los ERTE, y posteriormente finalizarán los plazos de carencia de los préstamos ICO concedidos al inicio de la pandemia y la moratoria para solicitar la declaración de concurso de acreedores. Comprar Reseñas google

Todas estas medidas han sido muy útiles para evitar la desaparición de empresas viables, pero también han “zombificado” muchas otras, que, tras la retirada de los apoyos, no podrán hacer frente a las deudas que han acumulado. Más aún en unas condiciones en las que el mercado no ha recuperado el tamaño previo a la pandemia, especialmente en los sectores vinculados al turismo internacional. Cuando se inicie la “descongelación”, veremos cuántas insolvencias empresariales salen a relucir y cuántos trabajadores en ERTE se convierten en desempleados a lo largo de los meses posteriores. Aunque esa desaparición de empresas y de empleos solo suponga el ajuste del tamaño de la oferta al menor volumen de la demanda, podría haber un impacto sobre el PIB a corto plazo por la vía de su impacto sobre el empleo y sobre otras empresas que puedan ser arrastradas en la caída. Esto no significa que dichas medidas deban prolongarse indefinidamente, ya que el mantenimiento con vida de forma artificial de empresas que no tienen salvación perjudica la recuperación de las viables y solventes.

En suma, la primavera del año próximo será un momento clave en el que se determinará en gran medida el rumbo que tomará la economía.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El Periódico de España.

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El dique de contención antiinflación

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El grado de transitoriedad del brote de inflación generado por el alza desorbitada de la electricidad, y en menor medida del aumento de costes de producción provocado por la falta de suministros, determinará en buena medida el rumbo de la economía en el próximo año. Si se tratara de un fenómeno más persistente de lo previsto, los bancos centrales no tendrían más remedio que seguir por el camino de endurecimiento de la política monetaria iniciado esta semana.

Un camino que ha llevado ya al Banco de Inglaterra a incrementar sus tipos de interés, a la Reserva Federal a anunciar lo mismo para el próximo ejercicio y al BCE a suprimir a partir de la primavera el programa de compras de deuda por razones de pandemia. La cuestión es transcendental para nuestra economía que tendrá que recurrir a los mercados para financiar la deuda. El BCE ha comprado la totalidad de los bonos públicos emitidos desde el inicio de la crisis, y por tanto nos asomamos a un encarecimiento de la carga financiera para el Estado.

En la pugna que se ha desatado entre partidarios y detractores de la tesis de transitoriedad, la clave está en cómo reaccionarán los salarios. De momento el mercado laboral actúa como dique de contención, al menos en la UE. En el tercer trimestre, los costes laborales por asalariado se incrementaron apenas un 2,4% en la zona euro, es decir dos puntos menos que el IPC. Además, pese al repunte de la inflación, no se aprecia una tendencia clara. Los convenios colectivos ratificados hasta noviembre en España se muestran ajenos a la inflación, con incrementos pactados que oscilan en torno al 1,5% pese al encarecimiento de la cesta de la compra.

Fuentes:Ministerio de Trabajo y Economía Social, INE y Eurostat.

Además, los salarios evolucionan al compás de la inflación subyacente, evidenciando el esfuerzo de moderación por parte de los asalariados pero también de las empresas (salvo las eléctricas, sobrerremuneradas). Ese pacto social tácito depende en parte de factores que podrían perdurar, como la elevada tasa de desempleo que pesa como una losa sobre las expectativas salariales, o el golpe de la pandemia y su corolario: una ingente capacidad de producción ociosa, y la compresión de los márgenes para recuperar la actividad en un entorno internacional intensamente competitivo. Nada que ver con la situación en EEUU, donde el paro roza mínimos y la Gran Renuncia ha expulsado del mercado laboral a millones de personas, cuando de este lado del Atlántico, y singularmente en España, la tasa de actividad ha vuelto a su nivel precrisis.  importar desde china

Sin embargo, también se presentan desafíos en el horizonte de la inflación. El principal, una presión adicional de los precios energéticos. Si bien se da por descontado que éstos seguirán al alza durante el invierno, como lo avalan los mercados a plazo del gas, también se anticipa una relajación a partir de la primavera. Si ésta no se produjera, una espiral de precios sería difícil de contener. En primera línea se encuentran las empresas en los sectores electro-intensivos (química, transporte, agroindustria), o los sectores más expuestos a los cuellos de botella (muebles, construcción, automoción). Sus márgenes podrían desaparecer, abocando a incrementos de precios so pena de entrar en números rojos.

En cuanto al mercado laboral, habrá que vigilar los fenómenos de escasez de mano de obra que van apareciendo. Las carencias del aparato estadístico dificultan el diagnóstico, pero algunas patronales alertan de problemas de falta de personal, que podrían agudizarse a medida que los fondos europeos se van desplegando. De ahí la importancia de la reforma anunciada del servicio público de empleo.

Con todo, los halcones se han apuntado un tanto con las recientes decisiones del BCE, pero están lejos de haber ganado la partida: el ritmo de retirada de los estímulos, y las posteriores decisiones en materia de tipos de interés, dependerán de los efectos inflacionarios de segunda ronda de la crisis energética. Nos jugamos el coste de financiación de la deuda.

ACTIVIDAD | La desaceleración de la actividad se confirma en el cierre de año, según uno de los principales termómetros de la coyuntura en la zona euro (el índice PMI de producción, si bien todavía en terreno expansivo, desciende hasta el nivel 53,3 en diciembre, 2,1 puntos menos que en noviembre). Sin embargo, los cuellos de botella se suavizan, y las empresas reportan menos retrasos en el abastecimiento de suministros. Ahora el principal factor limitativo reside en las restricciones generadas por la variante Ómicron, y en la nociva espiral de precios de la electricidad.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El precio de la vivienda, a observación

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A medida que se avanza en la espinosa salida de la crisis de la COVID-19, el precio de la vivienda comienza a concitar la atención de los bancos centrales y del sector financiero en general. La mayor parte de los países desarrollados registran un alza progresiva, más aguda en unos casos que en otros; y, si bien el proceso no parece dar motivos de alarma, sí experimenta una ligera aceleración que hace conveniente examinar las causas del mismo y también los posibles riesgos.

La intensificación del aumento de precios que se observa desde el comienzo de la pandemia debe mucho al dilatado escenario de bajos tipos de interés, ya presente antes de la misma, pero forzosamente prolongado por los efectos del virus sobre la economía. A este factor se han unido otros derivados directamente de la crisis, como el aumento del excedente de ahorro, ante la imposibilidad de consumir por las restricciones, o, al otro lado del Atlántico, las compras masivas de valores respaldados por hipotecas por parte de la Reserva Federal.

La progresiva subida de precios se ha acentuado en muchos Estados integrantes de la OCDE (Gráfico 1) desde el arranque de 2020; de ese incremento —y de su probable continuidad en el tiempo— dan constancia firmas como UBS, que previene de potenciales correcciones de precios en muchas de las ciudades que escruta a través de su Global Real Estate Bubble Index, o Goldman Sachs, que asegura que los precios seguirán al alza durante los próximos años, sobre todo teniendo en cuenta las restricciones en la nueva construcción y las posibilidades de que la alta demanda perdure. En EE. UU. se observa, además, un progresivo aumento de compras por parte de inversores.

Aunque el aumento gradual de precios no parece alarmante en el contexto de la recuperación, el caso de Evergrande en China ha alimentado la incertidumbre sobre los riesgos de contagio de una burbuja desde aquel país. Pero existe una confianza generalizada en que dicho contagio presentaría una escala mucho menos preocupante que el que, en su momento, supuso la caída de Lehman Brothers, ya que la exposición de los bancos mundiales es mínima y manejable.

En cuanto al riesgo de sobrecalentamiento de los mercados inmobiliarios occidentales, las entidades especializadas y las autoridades monetarias coinciden en dar señales tranquilizadoras: el proceso se afronta con adecuadas ratios de capital, con suficientes provisiones para una morosidad que, en todo caso, aún no ha llegado a su pico y, en general, con tasas de crecimiento del apalancamiento y de la deuda muy por debajo de sus máximos históricos en muchos países. 

En España, los niveles de precios, que han evolucionado mínimamente al alza en 2021, son calificados de adecuados —se señala que Madrid fue una de las ciudades más afectadas en este terreno por la pandemia— y los analistas afirman que los bancos están bien situados para hacer frente a los préstamos problemáticos en caso de que surjan.

No obstante, también algunas voces entre los bancos centrales y el sector insisten en los probables impactos, tanto de las subidas de precios como de las posibles medidas para contrarrestarlas o de procesos colaterales. Por ejemplo, se hace ver que un potencial colapso como el del caso antes citado de Evergrande podría dejar una huella indirecta en la economía internacional por la desaceleración china. Se podrían afrontar consecuencias similares de endurecerse la política monetaria de unos bancos centrales que, sin embargo, afrontarían una caída del consumo si se diera un rebote a la baja de los precios inmobiliarios. El sector financiero, particularmente las entidades de pequeño y mediano tamaño, se enfrenta por su parte al riesgo de los efectos de una recesión persistente por su exposición relativamente alta a inmuebles comerciales.

Por tanto, aunque de momento no existen motivos para el nerviosismo, la evolución de los precios de la vivienda sí merece el interés que el sector financiero y las autoridades monetarias empiezan a mostrar.

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Cuenta atrás para apuntalar la recuperación

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Uno de los resultados más inesperados de esta crisis es el cambio de paradigma de la política económica europea. Frente al dogma del retorno al equilibrio presupuestario en 2011-12, sin miramiento por las consecuencias económicas ni sociales, en esta ocasión Bruselas se ha decantado por un apoyo inteligente a la coyuntura. Las reglas fiscales hubieran encorsetado la respuesta a la pandemia, de ahí la decisión de ponerlas en suspenso. 

El BCE, por su parte, ha jugado un papel crucial facilitando la compra de deuda pública en condiciones excepcionalmente favorables. Desde el inicio de la pandemia, la deuda del Estado se ha incrementado en 170.000 millones de euros (casi 3.600 euros por persona), y prácticamente todo ese pasivo nuevo se encuentra en el balance del banco central. Una política muy distinta de la restricción financiera y del incremento de tipos de interés de la época Trichet. El resultado es un abaratamiento del coste de financiación del Estado y una reducción providencial de la prima de riesgo.

Fuentes: Tesoro Público, Banco de España, BCE y Funcas.

Ese alineamiento de las planetas fiscales y monetarias es todavía necesario: la coyuntura interna parece estar padeciendo un nuevo ataque de debilidad, fruto de los cuellos de botella, la merma de poder adquisitivo producida por la inflación de precios energéticos y ahora Ómicron. El índice de producción industrial encadena 5 meses de caídas y las perspectivas de recuperación del turismo se ven empañadas por las restricciones que se extienden por toda Europa. 

Si bien las administraciones parecen estar acelerando la ejecución de los fondos europeos (sobre todo con la reciente aprobación del plan del vehículo eléctrico), el empuje llega tarde en relación al enfriamiento en marcha. Es probable, por tanto, que España no alcance los niveles de actividad prepandemia hasta finales de 2022 o inicios del siguiente ejercicio. 

¿Podremos seguir contando con una política económica europea tan benevolente? En parte sí, pero se vislumbran importantes cambios para los que convendría prepararse.  

Del lado amable, el argumento más contundente viene de Draghi. El primer ministro italiano nos ha acostumbrado a expresarse con parsimonia, y cuando lo hace suena como la llamada de un oráculo: “la reforma de las reglas fiscales es inevitable”. Y lo es, en primer lugar, porque la UE tiene que afrontar una transición energética más complicada de lo previsto, y que por tanto se requiere de un volumen ingente de inversiones para cambiar el modelo energético. Esto no es posible en el marco de la senda de consolidación establecido en el siglo pasado.  

El próximo gobierno alemán lo ha entendido, y podría estar dispuesto a aceptar que la inversión verde no se contabilice a efecto de los objetivos de déficit público. En segundo lugar, Francia e Italia comparten con nuestro país una situación presupuestaria y de deuda deteriorada —la consecuencia del reciente empujón a la inversión pública es un crecimiento más elevado que el nuestro, de momento—. Una vuelta de tuerca abrupta a partir de 2023, que es cuando las reglas fiscales se reactivarán hipotéticamente, provocaría un seísmo de consecuencias impredecibles. Por las mismas razones, el BCE solo puede normalizar su política monetaria gradualmente, so pena de tensar las primas de riesgo. 

No obstante, los planetas tienen su lado oscuro: todo apunta a que, el nuevo paradigma necesariamente incorpora condiciones. Los países “frugales” no han renunciado al manual, y exigirán una corrección de los desequilibrios presupuestarios a cambio de una eventual relajación de las reglas que se aplican a la inversión. Y la compra de deuda por razones de pandemia del BCE podría tocar a su fin a partir de la primavera, ante una inflación más persistente de lo anticipado, lo que nos abocará a recurrir más a los mercados. La política económica española dispone por tanto de un tiempo acotado para apuntalar la expansión, impulsando la inversión y la ejecución del plan de recuperación. Cuando giren los astros, el margen de actuación se estrechará irremediablemente. 

INDUSTRIA | El índice de producción industrial descendió un 0,4% en octubre, y más del 3% desde mayo. Según las encuestas cualitativas, la falta de suministros es la principal causa. Los cuellos de botella están impidiendo la realización de una abultada cartera de pedidos. Destaca la caída de la producción de bienes de equipo, en consonancia con el enfriamiento de la inversión y el retraso en la ejecución de los fondos europeos. Según la IGAE, el gasto total hasta octubre a cuenta de los fondos asciende a poco más de 6.000 millones. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Flexibilidad interna en el ajuste de las empresas españolas a la crisis de la COVID-19

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Las ayudas laborales y financieras a las empresas para hacer frente a los efectos de la pandemia han tenido como objetivo preservar la capacidad operativa de las empresas viables durante los peores momentos de la crisis sanitaria para, así, cuando las señales de mejora de la actividad cambiasen, poder recuperar los niveles prepandémicos de producción lo antes posible. A través de los programas ERTE, el estado ayuda financieramente a las empresas a mantener en situación de empleados a trabajadores desocupados por falta de carga de trabajo, y mediante los créditos con aval ICO, se proporciona la liquidez necesaria para hacer frente a la parte no subsidiada del coste laboral y a otros gastos fijos de la actividad empresarial.

Las medidas de política económica dirigidas a mantener la capacidad productiva de las empresas —incluido el número de trabajadores en nómina— en momentos de fuerte contracción de la demanda son inéditas en España. En crisis anteriores, cuando se contrae la demanda, las empresas españolas reducen capacidad productiva con cierres, desinversión en capacidad productiva y despidos. Utilizan el mercado de trabajo para ajustar su nivel de ocupación (lo que se conoce como flexibilidad externa) y hacer frente a las contingencias de la demanda. Ahora, en cambio, se han ensayado medidas de flexibilidad interna —utilizar la organización y mantener el empleo— y, a cambio, recibir ayudas del gobierno para compensar la falta de ingresos por la reducción de las ventas de bienes y servicios.

El gráfico 1 ofrece una aproximación de la evolución trimestral de la productividad aparente del trabajo, medida a través de la ratio VAB/gastos de personal, durante la Gran Recesión y la crisis de la COVID-19, bajo el supuesto de un coste laboral real estable.

Nota: El valor de las variables utilizadas en el cálculo de la productividad aparente (valor añadido bruto en el numerador y gastos de personal en el denominador) se han transformado, previamente al cálculo del cociente, en medias móviles de cuatro trimestres, terminando en el trimestre de referencia. Los costes de personal no incluyen la parte de coste laboral que cubren las ayudas de los ERTE.

Fuente: Elaboración propia a partir de Contabilidad Nacional: Cuentas trimestrales del sector institucional de las sociedades no financieras.

Las tendencias de signo opuesto de las líneas representadas en el gráfico ponen de manifiesto el contraste entre la respuesta a la crisis financiera y la respuesta a la crisis de la COVID-19 por parte de las empresas en España. Se observan dos trayectorias diferenciadas con efectos de signo distinto sobre la productividad aparente del trabajo en un periodo y en otro. Durante la crisis financiera y económica de 2009, en el periodo de mayor descenso en la actividad, la productividad aparente del trabajo sigue una tendencia creciente, que prolonga una trayectoria del mismo signo en los trimestres precedentes. Por el contrario, durante la crisis de la COVID-19, en los trimestres de contracción de la actividad, la productividad aparente del trabajo muestra un marcado retroceso, continuación de un periodo de notable estabilidad en la evolución de la variable en los trimestres anteriores. En la crisis financiera, la productividad aparente del trabajo se estabiliza a partir del trimestre cinco contando a partir del trimestre de referencia; durante la crisis por la pandemia de la COVID-19, el primer signo de cambio en la tendencia en la evolución de la productividad aparente del trabajo se produce a partir del segundo trimestre de 2021, cuando las tasas de crecimiento interanual por trimestres de actividad vuelven a valores positivos, después de varios trimestres en negativo.

El comportamiento procíclico de la productividad aparente del trabajo en las empresas españolas durante la crisis de la COVID-19 rompe con el rasgo diferencial de una productividad laboral contracíclica, y homologa el comportamiento de la productividad laboral con el que se observa entre las empresas de otros países del entorno como Alemania. Esta similitud del comportamiento de la productividad laboral es el resultado de adoptar unas respuestas similares de flexibilidad interna a las que se venían aplicando en los países de nuestro entorno. La flexibilidad interna significa también un aumento en la parte fija del coste laboral que soportan las empresas. Esto se traduce en un mayor (menor) peso de los gastos de personal (beneficio bruto de explotación) en el valor añadido bruto y, por tanto, en una mayor absorción de los riesgos por la volatilidad del ciclo económico por parte de los accionistas de las empresas y menor por parte de los trabajadores y del sistema público de protección del empleo.

Desde una perspectiva microeconómica, surge una cuestión de interés: ¿podemos reconocer en esta evolución de la productividad un cambio en el comportamiento de las empresas españolas que han comenzado a valorar con más interés el papel de los recursos humanos en la organización? Es pronto para interpretarlo de esta manera. Sin duda los programas de ayuda pública puestos en marcha —ERTE y créditos ICO— han contribuido a desarrollar un aprendizaje sobre cómo transitar por la crisis con mayor flexibilidad interna y menos despidos y pérdidas de capital humano. Pero para avanzar en esta dirección de forma más robusta, las empresas españolas, en sus estrategias y organización, deben ser capaces de reconocer la importancia del factor humano, su educación, compromiso y experiencia como activo estratégico fundamental para transitar con éxito en mercados cada vez más competitivos. Además, las ayudas públicas al mantenimiento del empleo deberán complementarse con programas de formación en las empresas que ayuden a impulsar el despliegue e incorporación de nuevas tecnologías y modelos organizativos avanzados, de los que tan necesitadas se encuentran muchas empresas españolas.Comprar Reseñas google

Desde un enfoque macroeconómico, la estabilización del empleo tiene como objetivo final suavizar la evolución de los ingresos y la demanda agregada, para favorecer un rápido crecimiento de la actividad con el cambio de fase. Esperemos que, efectivamente, sea así y que la recuperación de la actividad de las empresas en España siga la estela de la del resto de empresas de su entorno.

Esta entrada procede de un análisis más amplio sobre la evolución comparada de la actividad de los sectores institucionales de la economía española en la crisis de la COVID-19, disponible aquí.

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