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¿Qué son los bienes públicos?

Esta esta ocasión, dentro de nuestra serie de Conceptos de Economía analizamos qué son los bienes públicos, un tipo de bienes muy especial que no son susceptibles de comprar ni vender en ningún mercado, puesto que tienen la característica de ser ‘colectivos’ y cuyo uso y disfrute puede llevarse a cabo por cualquier ciudadano sin distinción, con independencia de que este deba respetar la jurisdicción aprobada al respecto para protegerlos.

La gestión y/o provisión de los bienes públicos no es exclusiva del Estado, sino que también pueden ser provistos por el sector privado. Un ejemplo de bien público provisto por el Estado sería el alumbrado de las calles, ya que si no se sufragase entre todos los ciudadanos de un municipio, nadie tendría incentivos privados como para poder hacerlo. Y otro de un bien público gestionado por una institución privada sería una señal de radio o unos fuegos artificiales sufragados por una empresa en una convención anual, ya que podríamos disfrutar de ellos sin pagar y sin poseer la invitación para dicha convención.

Los bienes públicos gestionados por el Estado, son una herencia del imperio romano, época de la historia en la que se empezaron a proveer ciertos bienes y derechos públicos como la seguridad ciudadana, la justicia, la gestión del agua y de los terrenos municipales, etcétera.

Características de los bienes públicos

La esencia de un bien público, es decir, la característica que le distingue de otro que no lo sea son dos propiedades, que sea no rival y no excluyente. Que sea no rival significa que el uso y/o disfrute por parte de un usuario adicional no suponga una limitación para el uso y/o disfrute de un usuario que ya hace uso de él, como por ejemplo una señal de radio, que permite a distintos usuarios escuchar la sintonía en el mismo momento.

Un ejemplo de bien rival sería un coche, puesto que cuando lo usa uno de nosotros, otro usuario no puede hacerlo al mismo tiempo, o el consumo de una porción de tarta cuando solo contamos con una, ya que al comerla uno de los comensales, disminuye la cantidad disponible para el resto.

Que sea no excluyente, quiere decir que no es posible discriminar qué usuarios lo disfrutarán y quiénes no mediante los precios, puesto que estos no tienen precio, y cualquier usuario que lo desee puede acceder al uso y disfrute del mismo, con independencia de que estos contribuyan o no a su mantenimiento y/o protección. Algunos ejemplos son el viento, la arena de la playa o el olor de un exquisito pastel al pasar por una panadería.

Los bienes públicos en nuestras vidas

El ejemplo más común de bien público es la defensa nacional, un servicio de protección garantizado y gestionado por el Estado de la nación, que nos protege frente a amenazas externas, bridándonos a todos nosotros el servicio, y para el cuál es muy difícil excluir a un usuario en concreto.

Un ejemplo de por qué no podemos excluir a un usuario en concreto es el siguiente, pensemos en que en nuestro país comienza un conflicto armado contra otra nación, el Estado trataría de protegernos mediante la defensa nacional, defensa que sería prácticamente imposible negar al vecino del tercer piso de un edificio, y proteger al mismo tiempo al resto de los vecinos de la comunidad.

Respecto a este Concepto hay que tener muy claro que no por el hecho de que un determinado bien o servicio lo administre el Estado, se trata de un bien público, solo que estos son gestionados por la administración porque de lo contrario nadie tendría incentivos para hacerlo.

Debiendo distinguirlos de los bienes públicos impuros, bienes que provee el Estado así como instituciones privadas que pueden llegar a limitarse, a reducir su cantidad disponible o a verse mermada su calidad, y que se ejemplarizan perfectamente en la educación. Supongamos que un estudiante asiste a más clases que el resto de los compañeros de su titulación, hecho que no provoca que la cantidad de educación percibida por los demás disminuya, por lo que en principio no hay rivalidad en el consumo, siempre y cuando este hecho sea individual y aislado, pero si este ‘fenómeno’ se extiende, podemos llegar a un punto de masificación de las universidades, y por tanto disminuir la calidad de la enseñanza disponible para el resto.

Una de las confusiones más extendidas al respecto es por ejemplo la Sanidad Pública, un servicio de naturaleza económica privada, y que en cuyo consumo se pueden excluir a determinados usuarios, a la par que es rival, porque si se tienen recursos para hacer una sola intervención quirúrgica no podemos operar a dos pacientes al mismo tiempo. Siendo otro debate el hecho de que este bien sea provisto por el Estado, ya sea por las externalidades positivas que genera, el impacto social, o razones de otro tipo.

Otra cuestión que no siempre queda clara es la confusión entre los bienes públicos impuros y los bienes públicos preferentes, que no son bienes públicos puesto que no reúnen ninguna de sus dos características, siendo más bien bienes de naturaleza privada, algunos ejemplos son la sanidad, la educación, la vivienda o los alimentos. Bienes que generan externalidades positivas a la sociedad, y que si no se gestionasen por el Estado no se podrían proveer en una cantidad óptima por parte del sector privado, constituyendo uno de los ‘fallos de mercado’ más significativos

Principales problemas de sostenibilidad

Los bienes públicos necesitan de una gestión pública y de un estricto mecanismo de control que garantice su uso y disfrute, así como su sostenibilidad. Para garantizar esto último, debe instrumentalizarse un sistema de derecho y de garantías lo suficientemente represivo como para que todos los usuarios del mercado se impliquen en dicha tarea.

Por ejemplo, si no respetamos los bosques, los mares o el medio ambiente, podemos excluir a los futuros habitantes del planeta del uso y disfrute de dichos bienes. Por ello, se debe legislar en este sentido, y garantizar el respeto a las normas en pro de la consecución de este fin.

Otra de las problemáticas más extendidas al respecto es el Problema del Polizón, o ‘free rider’ en la lengua anglosajona, y que reza que es difícil excluir del servicio a quién o quienes no contribuyan al esfuerzo colectivo para su mantenimiento. Un ejemplo, al hilo de esta cuestión sería el uso de las autopistas públicas por parte de aquéllos ciudadanos que no pagan sus impuestos en tiempo y forma, proporcionando un daño económico y de disponibilidad de los recursos públicos a quienes si contribuyen a su financiación.

Este problema supone un ‘daño’ tremendo para los intereses colectivos, porque al esquivar estos usuarios ‘gratuitos’ el esfuerzo colectivo para su financiación o mantenimiento, supone que esta carga no satisfecha incrementará el esfuerzo que los ciudadanos contribuyentes han de satisfacer para garantizar su viabilidad.

Perspectivas, viabilidad y conclusiones

En los últimos años, en la medida que se han ido agudizando los problemas fiscales y presupuestarios de los Estados, han ido tomando impulso ciertas iniciativas en contra de la colectividad de las cargas tributarias, olvidando algunos que las cargas públicas se basan en dos principios, la equidad y la igualdad. No contemplando que aunque no se demanden servicios educativos o sanitarios por parte de algunos usuarios potenciales, todos utilizamos en mayor o menor medida el transporte público, la red de carreteras y la defensa nacional.

Por todo ello, los gobiernos deben promover una gestión a largo plazo y sostenible de los bienes públicos para no caer en este engaño, máxime cuando estos escapan al mercado, y si no se cuidan, pueden llegar a desaparecer.

En El Blog Salmón | ¿Qué es el coste de oportunidad
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Mirando más allá de los impuestos: el ajuste fiscal español también tiene que implicar al gasto público

En mi última entrega en el Blog Salmón esbozábamos un decálogo para tratar de salir de la crisis provocada por el coronavirus sin fracturar los frágiles cimientos en los que se asienta nuestra economía.

Uno de los elementos críticos que destacábamos entonces era el impacto de un gasto público elevado en un contexto de reactivación moderada y menores ingresos tras una caída abrupta de la economía. Tratar de aumentar la presión fiscal de manera generalizada sobre los actores económicos y los ciudadanos para financiar ese gasto podría ahogar nuestra incipiente recuperación. La pregunta que debemos hacernos a estas alturas es, ¿podemos evitarlo?

Números rojos

El caso es que los números rojos de la economía española en 2020 fueron los peores de la Unión Europea, con un 11 % de déficit. Nos siguieron Malta (10,1%), Grecia (9,7%), Italia (9,5%), Bélgica (9,4%), Francia y Rumanía (9,2%). 113.172 millones de euros de exceso de gastos sobre ingresos públicos en el conjunto de las administraciones son una brutalidad. A ello debemos añadir que en su última actualización del cuadro macroeconómico, el Gobierno ha empeorado la previsión de déficit para 2021 del 7,7% de PIB al 8,4%, rebajando el crecimiento estimado en este año al 6,5%, estimaciones que por otra parte están sujetas a enormes incertidumbres, tal y como apuntábamos en un artículo anterior.

Por su parte, el pasado 11 de mayo la Airef estimaba, basándose en la "limitada" información proporcionada por el Gobierno en el Programa de Estabilidad y Crecimiento, el Plan Nacional de Reformas y el Plan de Recuperación, que el déficit estructural podría quedar en el 4,6% en 2024, esto es, por encima de los niveles anteriores a la pandemia (3,5% en 2019). Ello implica que, incluso con una economía en niveles de crecimiento precrisis, nuestra brecha estructural habría empeorado.

Nuestra posición fiscal de partida, en palabras de la Airef, "representa una dificultad añadida a la hora de afrontar los retos de la crisis". Y demos gracias al BCE de que la carga de de nuestra muy abultada deuda se mantenga contenida debido a unos tipos históricamente bajos.

Airef1

Ante esta situación, el Gobierno plantea un incremento generalizado de la carga fiscal que, con independencia de mensajes más o menos confusos, medias verdades, globos sonda, rectificaciones y rodeos varios, afectará a todos los sectores económicos y a todos los ciudadanos en los próximos años. Una subida impositiva que, no olvidemos, acompaña a las servidumbres estructurales que vienen con los Fondos de Recuperación, y a la que nos vemos abocados por (i) tener una posición fiscal más débil en el momento de estallar la crisis, (ii) haber comprometido gastos para la próxima década siendo plenamente conscientes de dicha posición deficitaria y (iii) no contemplar a su vez reformas de calado sobre la necesidad, oportunidad y eficiencia de las numerosas partidas de gasto, claramente revisables, de nuestras administraciones.

Esta estrategia de lanzarnos en su momento por la senda de la expansión fiscal, sin emprender otros ajustes paralelos, se topó de repente con las enormes necesidades sobrevenidas derivadas de la pandemia, de tal manera que ahora nos encontramos en una trampa de muy difícil escapatoria si de verdad queremos retornar con garantías a unas finanzas públicas sostenibles.

Deficit3

Así, mientras otras grandes economías del euro como Alemania, Francia, Italia y Portugal han optado por rebajas fiscales para estimular la recuperación económica, nosotros parecemos abocados a seguir el camino contrario, tal y como hemos venido contando en esta casa (por ejemplo, comprar reseñas google). Algo que va a ser muy complicado de vender a un público demasiado saturado de lemas y promesas.

La apuesta de nuestros responsables económicos resulta bastante clara: fiarlo todo a una reactivación económica rápida que absorba el impacto de la subida fiscal y la traduzca en ingresos inmediatos, contantes y sonantes. De ahí la insistencia en la cuenta atrás hacia el objetivo de vacunación, la apelación a un futuro brillante, y el borrón y cuenta nueva oficial que pretende hacernos olvidar los largos meses de pandemia y su gestión. Una apuesta posible, pero todavía incierta y sobre todo muy arriesgada, pues lo que se está poniendo en juego no es otra cosa que nuestro futuro.

Papel

La buena gestión de nuestros recursos, esa asignatura pendiente

Nuestras administraciones públicas no se han caracterizado en general por su disposición a la sensatez y a la austeridad, entendida ésta como sobriedad y rigor en el gasto. Una disposición que casa muy mal con la naturaleza artificiosa del discurso político, proclive al exceso, a la culpabilización del contrario ideológico y a solucionar los problemas tirando de chequera ciudadana sin análisis previos rigurosos ni evaluaciones posteriores de resultados. Y es precisamente esta falta de consistencia la que hace tan impopular cualquier subida de impuestos, máxime cuando se apela a la responsabilidad e incluso al patriotismo de los contribuyentes.

Hace años escribí una entrada en mi blog personal, en la que formulaba cinco recomendaciones sobre la gestión de los recursos públicos que siguen plenamente vigentes, y mucho más en los tiempos que corren:

1) Cuando cualquiera de las administraciones decida prestar un servicio público (y me refiero a un verdadero servicio público), sus responsables deberían tener en cuenta:

  • Que no se esté prestando ya por otra administración.
  • Que el servicio corresponde exactamente a la necesidad que pretende cubrirse y no a intereses propios o ajenos.
  • Que la relación calidad/precio del servicio a prestar sea la adecuada, y que además se garantice su financiación en el tiempo.
  • Que la entidad que vaya a prestar el servicio esté correctamente dimensionada en infraestructura, medios materiales y personal. Un exceso de tamaño consume recursos financieros innecesarios que podrían emplearse en otros menesteres.

2) Los bienes públicos, obtenidos a través de impuestos, constituyen un verdadero tesoro para nuestra sociedad. Los cargos políticos y los funcionarios deberían tenerlo en cuenta a la hora de manejarlos, y obrar como un cajero cuidadoso con aquellos caudales que no son suyos. Pero también los ciudadanos deben utilizar los bienes y servicios públicos de forma cívica y responsable. Es una cuestión de derechos, pero también de deberes.

3) Los servicios inútiles, accesorios o duplicados deben eliminarse de inmediato. Cuestan mucho dinero, tiempo y esfuerzo, y no rinden utilidad alguna al ciudadano, sólo a las estructuras que los prestan y a los políticos que las dirigen.

4) Cuando una administración contrata, debe elegir siempre el medio más económico. Y como tal no se entiende necesariamente el más barato, sino aquel que resulta más adecuado a las circunstancias del caso.

5) Además de utilidad, la productividad de los medios públicos y de los trabajadores públicos resulta asimismo un factor clave. Si tenemos recursos materiales y humanos ociosos estaremos despilfarrando salarios, intereses del capital público invertido y amortizaciones fijas. Cuanto mayor sea la productividad de dichos recursos menor será el coste de los servicios prestados. Esto es válido para todo tipo de prestación: educación, sanidad, defensa, seguridad, etc. Aquí, la modernización y profesionalización de la carrera pública, la digitalización y la completa revisión de los procesos administrativos tienen mucho que decir.

Como apuntábamos entonces, durante décadas nos hemos contentado con un manejo rutinario y burocrático de nuestros recursos públicos, lo que ha coartado nuestras posibilidades de mejora. Si todas las administraciones públicas trabajaran intensamente en los cinco aspectos enunciados, otro gallo económico nos hubiera cantado ahora.

Y, por cierto, no tenemos que empezar de cero: algunos parecen haber olvidado que la Airef lleva años trabajando de manera muy seria y exhaustiva en la revisión de nuestro gasto público a través de sus spending review. Acordarse de nuestra Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sólo para justificar futuras subidas de impuestos es un poco presentable "cherry picking". No nos hagamos trampas al solitario, porque al final, siempre acaban pagando los mismos. Como diría el profesor Rodríguez Braun: "usted, señora".

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El tango de las subastas de espectro

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Inspirados por Carlos Gardel y sus “veinte años no es nada”, nos disponemos a cambiar la duración de las licencias de espectro para el futuro desarrollo del 5G de 20 a 40 años. Antes de dejarnos llevar por la melodía del tango, queremos reflexionar sobre las consecuencias económicas de esta medida. Pongámonos en antecedentes. En los próximos meses se va a realizar la subasta de espectro de las bandas de 700 MHz. ¿En que nos afecta? El espectro es la base de las comunicaciones y transmisiones de datos inalámbricos y con ello, del añorado 5G. Por lo tanto, el resultado de la subasta, la asignación del espectro entre los distintos operadores de telecomunicaciones determinará en gran parte la estructura del mercado y las condiciones y precios en las que los futuros servicios de 5G llegarán a los consumidores. Todos los países de nuestro entorno están realizando subastas similares, lo que en sí mismo constituye una buena noticia.

Las subastas se empezaron a utilizar como medio de asignación del espectro en 1994 en EE.UU, y en 2020 dos de los economistas que contribuyeron a diseñarlas (Paul Milgrom y Robert Wilson) recibieron el premio nobel de economía en gran parte por esta contribución. El éxito de esta subasta llevo a que algunos países europeos a utilizarlas en el año 2000 para asignar las licencias 3G, aunque la mitad de ellos (incluyendo España) utilizó un concurso. La experiencia 3G demostró la superioridad de las subastas sobre los concursos (las licencias 4G fueron ya asignadas exclusivamente con subastas), pero también lo importante que es el diseño de las mismas (formato de subasta, número y condiciones de las licencias, precios de reserva, etc..). En la futura subasta de espectro, el único aspecto del diseño que ha alcanzado el debate público son los precios de reserva de las licencias (1.170 millones en su conjunto) que, por otro lado, parece un precio en la media de las recientes subastas de 5G realizadas en Europa.

Los economistas académicos defendemos la legitimidad de la recaudación de las subastas: las licencias crean un oligopolio y las empresas pagan por sus futuras rentas. Existen, además, argumentos teóricos y evidencia empírica de que los precios pagados tienen poco efecto en el comportamiento de las empresas, incluyendo el despliegue de la tecnología, dado que son un coste hundido y como tal no debería afectar sus decisiones para maximizar sus beneficios en el futuro. Nuestra meta debería centrarse en un uso eficiente del espectro —que caiga en las manos de los que tienen mejores planes de negocio— y en que el mercado resultante sea suficientemente competitivo, trasladando la mayor parte del excedente generado a los consumidores. Por ejemplo, puede ser deseable poner un límite menor al espectro que pueden obtener las empresas establecidas (lo que puede reducir la recaudación) con el fin de garantizar la entrada de un nuevo operador que aumente la competencia en el futuro. En este cálculo, la recaudación, sin ser el objetivo primordial del diseño de la subasta, es un interesante beneficio colateral, sobre todo en la situación actual.

Por eso, la decisión sobre la duración de la licencia de 5G no debe evaluarse en términos de su impacto en la recaudación, sino en sus futuros efectos sobre los incentivos a la inversión y a la innovación y la competencia.  Aumentar la duración de las licencias incrementa los plazos para la amortización y genera incentivos a la inversión, y esto es importante dado que se estima que el coste del despliegue del 5G podría alcanzar los 15.000 millones de euros. 

Sin embargo, una excesiva duración de la licencia puede limitar la innovación y la competencia. Es probable que en 20 años el espectro tenga otros usos más eficientes que el 5G (igual que el espectro que ahora se libera proviene de su uso para la TDT).  Puede ser que el mercado de servicios 5G no sea muy competitivo y la falta de espectro se convierta en una barrera para futuros entrantes. Y no se puede confiar en el funcionamiento del mercado secundario para reasignaciones de espectro entre agentes interesados porque en la práctica es inexistente. Dados los beneficios y los costes de aumentar la duración de la licencias, es prudente mirar a nuestro alrededor para encontrar un buen equilibrio. Si lo hacemos, tenemos que calificar el aumento de la licencia a 40 años como mínimo de “audaz”. Todos los países de la UE que han subastado licencias de espectro lo han hecho por un periodo de 20 años o inferior. Más aun, en 2017, antes de esta nueva ola de subastas, hubo una propuesta de la UE para armonizar las condiciones de las licencias de espectro y extender su duración a 25 años o más, que no salió adelante por la oposición explicita de países como Alemania, Holanda, Italia y… ¡España!

Por último, aunque todavía no se conocen todos los detalles de la subasta, las últimas noticias apuntan que el gobierno ha sido sensible a las demandas de las empresas, y con el argumento de impulsar el futuro desarrollo del 5G va a mejorar sensiblemente las condiciones de las licencias sobre las previamente anunciadas: además de aumentar la duración de la licencias, se reducirán las tasas de las futuras adjudicatarias, los precios de reserva, y los compromisos de despliegue y de compartición de infraestructuras. No debería el gobierno dejarse llevar por cantos de sirena, ni asumir hipotecas a 40 años. Es verdad que disfrutamos de una ventaja competitiva en infraestructuras en el sector de las telecomunicaciones, y que el precio de los servicios ha mejorado sustancialmente en la última década. Pero eso no ha sido porque las empresas disfrutaran de grandes márgenes para acometer inversiones, sino por el efecto de la competencia. Preservar un mercado competitivo en el futuro debería ser el principal objetivo de esta subasta.

Este artículo apareció publicado previamente en el diario Expansión.

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Previsiones de primavera

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Funcas ha publicado esta semana una nueva edición del Panel de previsiones, que es una recopilación de las previsiones económicas de veinte instituciones. La media de las tasas de crecimiento del PIB esperadas para 2021 por dichas instituciones se sitúa en el 5,8%. No hay una variación significativa con respecto a la previsión “de consenso” del anterior Panel recopilado en marzo —tan solo un descenso de una décima, muy influido por el reajuste de previsiones de algún panelista, y por una caída del PIB en el primer trimestre mayor de lo anticipado—, siendo lo realmente destacado del actual la revisión al alza del crecimiento esperado para los próximos trimestres.

Gráfico 1

Fuente: Panel de previsiones de Funcas.

Gráfico 2

Fuente: IHS Markit y World Trade Monitor.

Esta mejora de las expectativas está motivada por la aceleración en el ritmo de vacunación y por la positiva evolución de la economía internacional, que se refleja en indicadores como el PMI global, el cual alcanzó en abril el nivel más elevado de la última década, o el dinamismo del comercio internacional, que ya ha superado los máximos anteriores a la pandemia. El encarecimiento de las materias primas, así como la escasez de microchips —hasta el punto de paralizar las cadenas productivas en numerosas plantas automovilísticas—, ponen de manifiesto que la economía mundial se encuentra ya claramente en un punto de inflexión. También la economía española, para la cual los participantes en este Panel prevén un crecimiento cercano al 2% en el trimestre en curso, que se aceleraría hasta superar el 3% en el verano.

Se puede calificar la previsión del 5,8% para el conjunto del año como conservadora: es mayor el riesgo de que se quede por debajo de la realidad, que de que la sobreestime. Todavía persisten importantes incertidumbres con respecto al comportamiento de factores clave en la determinación del resultado final, como la llegada de turistas o el consumo nacional. En cuanto a lo primero, la mayoría de los participantes en el Panel parten de la hipótesis de que en el verano se alcanzará en torno al 40% del nivel anterior a la pandemia, un supuesto que no se puede decir que peque de optimista. Con respecto al consumo, existe una importante dificultad para hacer una predicción, ya que no hay forma de estimar, debido a la inexistencia de precedentes, en qué medida el gasto será impulsado por la enorme bolsa de ahorro acumulado durante el pasado año  —y que probablemente se ha acrecentado en el primer trimestre del actual—. La previsión media de los panelistas para el consumo es un crecimiento del 6,2%, que implicaría el mantenimiento de una tasa de ahorro notablemente por encima de la media de los últimos años. La impresión es que hay un importante margen para un mayor crecimiento. Si, por ejemplo, el turismo fuese 10 puntos superior a la hipótesis central, y el consumo creciera un punto porcentual por encima —nada de lo cual es descartable—, el PIB podría crecer entre siete décimas y un punto más de lo ahora esperado.

Con respecto al próximo año, la
indefinición es aún mayor. La media aritmética del Panel apunta a un
crecimiento del PIB inferior al de 2021, pero los panelistas están divididos
mitad y mitad entre quienes esperan un crecimiento mayor y quienes esperan uno
menor.

Finalmente en cuanto al déficit público, la previsión media es que este año se sitúe en el 8,5% del PIB, una décima más de lo estimado por el Gobierno, si bien aquí existe una gran dispersión en las opiniones. La mayoría de los panelistas esperan un déficit igual o inferior al del propio ejecutivo, al igual que algunas instituciones como el Banco de España o la Airef. Para el año próximo, en cambio, la previsión se sitúa claramente por encima de la oficial, con casi todos los panelistas alineados. La impresión es que, si bien el objetivo para este año es realista, la senda descrita en el Plan de Estabilidad, que apunta un descenso continuado del déficit hasta el 3,2% del PIB en 2024, es inverosímil sin ajustes estructurales de calado.

VIGOR DE LAS EXPORTACIONES | Las exportaciones de bienes registraron un vigoroso crecimiento en marzo, tanto en términos reales como nominales, y se sitúan ya por encima de los niveles previos a la pandemia. Las importaciones también aumentaron con intensidad, aunque menos que las exportaciones. Los bienes de consumo lideraron el ascenso. El saldo comercial total acumulado hasta dicho mes arroja un déficit de 3.300 millones de euros, menos de la mitad del registrado en el mismo periodo del año pasado, aunque el saldo no energético presenta un superávit de casi 2.000 millones. El comercio mundial se encuentra en una fase fuertemente expansiva, reflejo de la recuperación económica global, que añade impulso a la economía nacional.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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¿Es el piso de la playa una horrible decisión financiera?

Tener un apartamento en la playa es algo que hacen muchas familias españolas y posiblemente la aspiración de casi todas las que no lo tienen. Según sus gustos y capacidades, no es raro que tengan o quieran tener un piso en lugares como Benidorm, Nerja, Torremolinos, Salou, La Manga, etc. Poder ir a un sitio a pasar el veraneo casi gratuitamente. No obstante hay quien opina que es una malísima decisión. Que ese dinero estaría mejor empleado en inversiones o gastado en otro tipo de experiencias de vacaciones.

Recientemente en un hilo de Twitter con consejos sobre finanzas personales se hace la siguiente cuenta, coste del apartamento 300.000 euros, uso 15 días anuales durante 40 años, coste total, 500€/noche. Sale más barato un hotel de cinco estrellas. Dando a entender que sale más a cuenta ir a un hotel que tener un piso en la playa. Y mejor que viajes mucho.

En realidad estas cuentas están mal hechas, para empezar porque es posible encontrar apartamentos de dos o tres dormitorios en la playa en una búsqueda rápida en lugares populares como Benidorm, Marina D’Or, Torremolinos o incluso en Marbella por 200.000 euros o menos. También porque no incluyen los costes de mantenimiento (entraremos en ello un poco más adelante), en tercer lugar porque el uso de los pisos de la playa puede ser incluso mayor y en cuarto lugar porque el valor del piso de la playa por ser vivienda muchas veces tiende a incrementarse con el tiempo.

El coste de un apartamento de la playa

Piso Playa Coste

¿Cuánto cuesta tener un apartamento en la playa? Puede que en estos tiempos de cuarentena, incertidumbre nos hayamos planteado que puede ser una mejor idea emplear el dinero en una vivienda y tener las vacaciones resueltas. ¿Por cuánto nos va a salir?

Existen dos costes asociados a esto, por un lado tendríamos el coste de oportunidad de tener dicho dinero invertido en algo más rentable. Por ejemplo la media histórica del S&P500 entre 1958 y 2018 fue de un 8% de rentabilidad, que probablemente un apartamento de playa no nos va a dar la misma rentabilidad. Es decir, que suponiendo conservadoramente un 6% de rentabilidad descontadas comisiones, para una vivienda de 200.000 euros, estamos renunciando a una rentabilidad anual de 12.000 euros. Con la mitad de esta cantidad se suelen poder unas buenas vacaciones para una familia. Es decir, que comprar reseñas google positivas, seguramente esta no sea nuestra mejor opción.

En segundo lugar tenemos los costes de la vivienda. Estos pueden superar fácilmente los 2.000 euros según la prensa, y según he preguntado a un propietario está de acuerdo. Tenemos que considerar el IBI, la Comunidad de Vecinos (que es más alta si tiene instalaciones como pistas deportivas y piscina), las cuotas de agua, electricidad (y tal vez gas), seguro de hogar y mantenimientos varios que puedan surgir. Es probable que todos los años haya que hacer un mínimo mantenimiento en la vivienda, electrodomésticos que dejen de funcionar, un grifo roto, etc.

También hay que incluir la atribución de rentas que incrementa nuestra base imponible en el IRPF al no ser nuestra vivienda habitual y que a poco que valga incrementará lo que paguemos de impuestos todos los años.

Un apartamento de playa da un servicio distinto al de otro tipo de vacaciones

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El servicio de tener un apartamento de playa es distinto. Se puede llegar y usar en cualquier momento sin tener que reservar, se puede usar varios meses al año si nuestra ocupación se puede hacer a distancia, si tenemos vacaciones más largas (caso de maestros, por ejemplo) o si estamos jubilados.

Si vivimos en lugares como Zaragoza o Lérida tenemos la costa de Tarragona a una distancia corta en coche o los habitantes de Sevilla tienen la costa onubense a una distancia razonable en coche que les permite hacer uso de una vivienda de vacaciones todos los fines de semana del verano si así lo desean.

Muchas veces se piensa, mejor se podría estar viajando. Bien, viajar está sobrevalorado para muchas personas. Hay personas que no consideran que viajar es bueno per se, sino que prefieren vacaciones más tranquilas. Incluso puede suceder que guste tener relación con los vecinos que van todos los años al mismo lugar. Incluso pueden apreciar que sus hijos tengan amigos de la playa y sean más independientes.

Quizás para familias sea donde más se aprecian las virtudes. Un apartamento de playa permite una mayor libertad para familias con los hijos o incluso con mayores, por ejemplo. Se pueden seguir dietas más complicadas si se prepara la comida en casa (veganas, celiacas, etc) y a coste de lo que nos preparamos la comida en casa, no a coste de restaurante.

Es decir, al menos en lo que al mantenimiento se refiere, un apartamento de la playa es lo que en economía se denomina un “sunk cost” o coste hundido. Un coste que no se puede recuperar, pero una vez hecho el uso adicional del mismo tiene un coste decreciente.

Un piso de playa no es la mejor inversión, pero tampoco la peor inversión posible

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¿Es una mala inversión un piso de la playa? Probablemente no es la mejor, de hecho si queremos lograr la independencia financiera estaremos hablando de una de las peores. Pero tampoco es la peor si se hace uso de la misma. La inversión en una vivienda muchas veces se acaba recuperando con el tiempo. En general los bienes raíces tienden a subir de precio, frente al dinero empleado en un hotel de cinco estrellas que seguramente no se va a recuperar de ningún modo.

La tendencia en España a invertir en ladrillo y la tradicional desconfianza en los productos financieros, hace que muchos se hayan planteado siempre depositar sus ahorros en inversiones inmobiliarias (no es el único país donde sucede esto). Y para muchos ¿qué mejor que una inversión que además permite su disfrute y permite reducir el gasto en vacaciones?

También es posible, aunque tiene riesgos y depende de la regulación local y de la comunidad autónoma, alquilar la vivienda cuando no se esté usando y a cambio tener menos uso de la misma. De ese modo se le sacaría rendimiento adicional a la inversión que no sea la revalorización de la vivienda, o al menos se cubrirían los gastos de mantenimiento de la misma.

Personalmente creo que si un apartamento en la playa no es la mejor inversión posible (y no tengo intención de adquirir uno), si es cierto que me parece que con sus ventajas e inconvenientes, hemos visto en España muchísimas peores opciones de inversión y las seguiremos viendo en los próximos años anunciadas como la próxima gran idea.

Pregunta a los lectores ¿les parece tan mala inversión una vivienda de vacaciones? ¿O quizás opinen que merece la pena simplemente alquilarla cuando les hace falta y tener el dinero invertido en otro tipo de inversión?

En El Blog Salmón | Un MBA pésimo en tu curriculum es una señal de que eres una persona que toma malas decisiones, entrevista a Duncan Chapple e Invertir en vivienda no es malo

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Si el gobierno aprueba la mochila austríaca en España ¿qué cambiaría para el trabajador en despidos?

Los problemas estructurales del mercado laboral español parecen no resolverse nunca, caracterizado por un elevado desempleo estructural y una alta temporalidad. Hoy el desempleo se encuentra con una tasa el doble de la europea con el 15,98% de paro. Y los mismo sucede con los niveles de temporalidad, en España uno de cada cinco ocupados en España tenía un contrato temporal y en Europa supone uno de cada diez.

Somos el país europeo con el peor mercado laboral con diferencia. A pesar de la última reforma laboral que consiguió traducir el crecimiento económico en creación de empleo, medidas como la subida al SMI han supuesto un severo impacto para la reducción del desempleo y el problema de la dualidad del mercado laboral persiste mientras no se ponga el foco en el coste del despido.

Temporary Contracts By Eu Member States In 2019 And In 2020 In Of Total Employment

Pero la reforma del Partido Popular no hizo nada para reducir el abismo entre los trabajadores temporales y los trabajadores con contratos indefinidos. Los primeros son baratos de contratar y despedir, y gozan de relativamente pocos beneficios frente al blindaje de los indefinidos, lo que significa que los empleadores tienen un fuerte incentivo para depender en gran medida de la mano de obra temporal para cubrir cualquier brecha en la dotación de personal.

Esto puede ayudar a mantener bajos los costes salariales en el corto y medio plazo, pero tiene desventajas a largo plazo. Las empresas tienden a invertir menos en la formación de su personal temporal, lo que reduce la productividad. Para los trabajadores, mientras tanto, un contrato temporal significa menos salario y más inseguridad, lo que los hace menos propensos a gastar e invertir ellos mismos.

Para eliminar las diferencias hay que entrar se en la base del problema: el elevado coste del despido. Entre los países desarrollados, España abarca el mayor coste de despido para trabajadores con más de 10 años de antigüedad en la empresa, con una indemnización que llega a las 28,6 semanas concretamente.

Si una empresa consiguiera eliminar el coste del despido, en momentos de altas dificultades económicas, deja de despedir al trabajador que sale más barato sino aquéllos menos productivos. Pero, en la situación actual, si la empresa quiere despedir, busca los que suponen un menor coste, independientemente de sus niveles de competencia dentro de la empresa. De ahí que en las crisis la temporalidad baje, se despide la estructura productiva más fácil de liquidar.

Y es que dada la antigüedad de muchos trabajadores en una empresa, su despido podría no solo comportar altas tensiones de liquidez en momentos de dificultades sino precipitar su quiebra. De ahí, que se prefiera realizar contratos temporales para atender a las eventuales necesidades de flexibilidad propias de cualquier negocio y que no haya una predisposición a contratar.

Debido a esta situación enquistada, el Banco de España está pidiendo corregir la desigualdad de los trabajadores temporales frente a los indefinidos con un sistema que una la rebaja a la mitad del coste por despido con la implantación de un fondo de capitalización individual nutrido por las empresas, pero implantado con ayuda del Estado y los fondos europeos, la conocida como mochila austriaca.

Llevar a la mitad el coste despidos significaría que si actualmente se paga por un despido procedente 20 días de salario por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades, se pagaría 10 días por año trabajado. En el caso de despido improcedente, hoy se pagan 45 días por año trabajado limitado a 42 meses, y de aplicarse la voluntad del BdE iríamos a 22/23 días por año trabajado.

La idea de la mochila austríaca ¿qué cambiaría?

La mochila austriaca se introdujo en 2003 como parte de una reforma laboral más amplia. En concreto, fue el intercambio acordado socialmente para la eliminación del sistema existente de indemnizaciones por despido. La reforma sustituyó un sistema convencional de indemnizaciones por despido por un sistema de cuentas de ahorro individuales. El sistema es financiado por los empleadores mediante un pago mensual no gravado del 1,53% del salario bruto. Comprar reseñas google.

En caso de despido, los trabajadores tienen la opción de recibir una indemnización con cargo a sus cuentas de ahorro o llevar su saldo acumulado al siguiente empleo. En el momento de la jubilación, los trabajadores pueden reclamar un pago en efectivo o convertir sus derechos en una renta vitalicia. Esta reforma de la ley de indemnización por despido ha recibido la atención internacional como ejemplo de medida de derecho laboral que apoya las transiciones laborales.

Aprovechando la actual situación de España que recibirá unos recursos europeos a cambio de reformas, el BdE cree que sería adecuado aprovechar ese contexto para que nos financen la transición de la mochila austríaca.

El dinero europeo serviría para mitigar parcialmente del sobrecoste que deberían sufragar las empresas durante esta transición hacia el nuevo esquema debido a que se mantendrían los derechos del natación de los contratos vigentes.

Pensemos que si la mochila en austríaca se implantará, ese nuevo modelo sería financiado partir de las cotizaciones de las empresas, eso supondría un sobrecostes en los primeros años de vigencia del sistema debido a que se deberían de abonar simultáneamente las nuevas cotizaciones y las indemnizaciones por despido acumuladas bajo el esquema previo para introducción de este mecanismo.

La idea contemplada es que durante los primeros años tras la introducción de la mochila austriaca, las administraciones públicas vayan pagando los costes de transacción a través de la subvención de una fracción de creciente. Lo mejor de todo es que este fin estaría dentro de las líneas contempladas dentro del programa europeo que indica que las reformas financiables con fondos deben ayudar la potencia de crecimiento o mejorar la sostenibilidad económica o medioambiental. La implantación de la mochila austríaca uno de los ejemplos posibles.

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Los precios que vienen

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En España se observa un creciente número de reservas en turismo y hostelería desde el fin del estado de alarma. Si la vacunación mantiene su ritmo y las cosas no se tuercen con mayores contagios, todo apunta a un verano con fuerte demanda interna y externa.

La creciente pujanza del consumo ha avivado el temor a un proceso inflacionario. El IPC de abril de la UE publicado esta semana se elevó al 2%. En EE UU llegó al 4,2%, una cifra no vista desde hace muchos años y que ha preocupado a muchos analistas. La inflación podría situarse por encima del objetivo de los bancos centrales (2%) en los próximos trimestres en los países que se recuperen más rápido, eurozona incluida. Hay un sesudo debate sobre si las autoridades monetarias deberían revisar los principios de estabilidad de precios para reflejar condiciones macroeconómicas muy diferentes de las existentes hace 20 años, cuando se fijó ese nivel.

Vuelve la inflación, pero a un mundo diferente. No ha habido espacio para la reflexión sosegada. Los bancos centrales combaten la pandemia en infinidad de frentes, vigilan la estabilidad financiera y afrontan nuevas demandas sociales de sostenibilidad medioambiental y reducción de desigualdades. Su agenda se ha agrandado desde la crisis financiera global.

«Los fundamentos de una economía crecientemente digital, competitiva y con un mercado de trabajo con vulnerabilidades deberían conducir a una vuelta a la inflación cerca del nivel objetivo».

Santiago Carbó

¿Debería preocupar el repunte de la inflación? El crecimiento de los precios —sobre todo en EE UU— puede alargarse en el tiempo conforme la recuperación y el “gasto embalsado” durante la pandemia se conviertan en consumo e inversión real. Los cuellos de botella en los suministros internacionales de materias primas y componentes tampoco ayudan. Sin embargo, hay serias dudas de que la presión al alza sobre los precios sea estructural. Hay fuerzas subyacentes que probablemente frenarán en el medio plazo las subidas de precios. Entre ellas, la situación del mercado de trabajo, que tras la pandemia no apunta a un crecimiento de salarios. La tecnología disruptiva, asimismo, da acceso a muchos bienes y servicios con costes y precios más baratos y a una creciente competencia que no facilita aumentos de márgenes en circunstancias de demanda fuerte, como parece avecinarse. Paradójicamente, para los países que no se adapten tanto a ese cambio puede haber subidas de precios con escaso crecimiento económico.

Pueden darse momentos de nervios con repuntes inflacionarios próximamente. Requerirán temple y acierto de los bancos centrales. Sin embargo, los fundamentos de una economía crecientemente digital, competitiva y con un mercado de trabajo con vulnerabilidades deberían conducir a una vuelta a la inflación cerca del nivel objetivo. Lo que también aplicaría a las expectativas sobre variaciones de tipos de interés, donde es difícil esperar cambios significativos en el futuro cercano.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Día de Internet: Tendencias digitales que están marcando el 2021

El Día de Internet tiene como objetivo celebrar las TIC y acercarlas a todos los sectores de la sociedad. También es una gran oportunidad para reflexionar sobre el presente y el futuro de las tendencias relacionadas con Internet.

  • Conoce las principales tendencias digitales en el Día de Internet, cómo las tecnologías han cambiado nuestra forma de trabajar y qué podemos esperar de ellas en el futuro.
  • El 5G es un importante avance que disparará el uso de otras tecnologías como la nube, la inteligencia artificial o la realidad virtual.

El Día de Internet conmemora los avances y los beneficios de las TIC en la sociedad. Es un día para sopesar el alcance de estas tecnologías y hacia donde se dirigen. Por eso, es la ocasión perfecta para analizar las tendencias digitales que están marcando este año.

El teletrabajo ha hecho que acceder a una conexión de banda ancha sea imprescindible. Por eso, el acceso a la red en las zonas rurales es una de las mayores preocupaciones que se abordan en el Día de Internet. Desde hace años, el Día de Internet es también una oportunidad para reclamar mejores conexiones en todo el territorio.

Con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el gobierno de España prevé invertir 2.000 millones de euros hasta el año 2025 para el despliegue de 5G, sobre todo en zonas rurales.

El despliegue de redes 5G es una prioridad para el Gobierno, como se recoge en la nueva Ley General de Telecomunicaciones. ¿Pero qué características tiene esta tecnología? ¿Y qué ventajas supone para la sociedad y para las empresas?

Sage

El Gobierno prevé alcanzar un 100% de cobertura de banda ancha (100Mb/s) en 2025 con el Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA‐NGA).

5G: el nuevo motor de la transformación digital

El 2021 va camino de convertirse en el año del 5G. Aunque su distribución arrancó en 2018, la red de nueva generación está ahora mostrando su potencial con el despliegue masivo por parte de las operadoras.

El 5G es la respuesta a nuevas tecnologías que requieren un modelo de conectividad más rápido y de mayor calidad. Si el 4G ayudó a impulsar los servicios de vídeo o música, el 5G da soporte a las plataformas basadas en la nube, a la inteligencia artificial y a la realidad virtual o aumentada.

Las redes de alta velocidad, por tanto, son clave para la transformación digital. De ellas depende el futuro de tecnologías como la nube, IA o el IoT (“internet de las cosas”).

El 5G permite utilizar de manera eficiente herramientas y servicios basados en la nube. Esto supone una gran oportunidad de crecimiento para las empresas.

La nube, una pieza fundamental en el Día de Internet

La nube es uno de los avances más importantes de los últimos años. Para muchas empresas, y también para individuos, ha supuesto una enorme mejora de la seguridad de sus datos. Pero no es la única ventaja. Los servicios basados en la nube permiten:

  • Reducir costes en infraestructuras de almacenamiento y equipos.
  • Escalar fácilmente las herramientas y soluciones según las necesidades de la empresa.
  • Tener acceso a los datos desde cualquier lugar y en tiempo real.
  • Colaborar desde diferentes plataformas y dispositivos, algo imprescindible para trabajar en remoto.
  • Externalizar servicios de manera más rápida y sencilla.

La nube ha permitido a las empresas seguir operando con normalidad en tiempos de COVID-19. Sin embargo, el verdadero potencial de esta tecnología todavía está por llegar.

En concreto, en 2021 hemos visto un auge de la “nube híbrida”. Este tipo de tecnología busca unificar y consolidar diferentes entornos virtuales, como varias nubes públicas y privadas. De esta forma, es posible escalar con rapidez e incorporar una sola herramienta de gestión unificada.

IoT: el internet de las cosas

No podemos hablar del Día de Internet sin mencionar el IoT o Internet of Things. Este término se utiliza desde hace años para denominar a las cosas que pueden conectarse a internet para interactuar entre ellas. Un ejemplo claro sería una casa domotizada, donde existe una “comunicación” entre las bombillas y los sensores de luz, por ejemplo.

Esta mega tendencia tiene un papel cada día más importante en nuestras vidas. Con la situación global, el desarrollo de las tecnologías IoT han ayudado a trabajar desde casa de manera más eficiente.

El Día de Internet no solo hace referencia a las redes de ordenadores. En cambio, los coches, algunos electrodomésticos, juguetes o cualquier dispositivo digital pueden compartir información a escala global.

El IoT en el trabajo

El trabajo en remoto es la nueva normalidad para muchas empresas. Otras, en cambio, están empezando a optar por un modelo híbrido. Sea como sea, el IoT nos puede ayudar a gestionar nuestro día a día.

Por ejemplo, los asistentes inteligentes como Alexa son un claro ejemplo de IoT. Estos asistentes virtuales se utilizan en muchas oficinas en casa para programar tareas y gestionar mejor los tiempos. Sin duda, es una tendencia que seguirá creciendo en los próximos años.

La realidad aumentada o la realidad virtual son otras tecnologías que podemos usar en nuestro día a día en el trabajo, con soluciones como Virtual Stage de Microsoft.

El internet de las cosas también se aplica en sectores donde la presencialidad es imprescindible. En la industria manufacturera, se utiliza para controlar el funcionamiento de las máquinas y el estado de las instalaciones. De esta forma, el personal puede intervenir en tiempo real ante cualquier incidencia.

En definitiva, el 5G, unido al avance del IoT, la nube y otras tecnologías, prometen seguir cambiando nuestra forma de trabajar y de vivir.

La transformación digital se dirige hacia una experiencia cada vez más conectada y global. Sin embargo, para lograrla, es esencial mejorar el acceso a las redes, sobre todo de alta velocidad, en todos los sectores y territorios.

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El despertar de la inflación

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Tras haber permanecido en hibernación en las economías avanzadas durante más de tres décadas, la inflación hace su gran retorno en pleno debate de la salida de la crisis pandémica. El despertar es particularmente precoz en EEUU, con un IPC de abril por encima del 4% que está quitando el sueño a la Reserva Federal. De este lado del Atlántico la onda alcista llega con menos presión, pero el cambio de ritmo es abrupto: en España el IPC se incrementó en abril un 2,2%, casi un punto más que en marzo, y en un país tan sensible a esta cuestión como Alemania, el índice se acelera hasta el 2%.

Por si fuera poco, diferentes indicadores apuntan a un encarecimiento adicional de la cesta de la compra, al menos a corto plazo. Las empresas registran una escalada de costes de todo tipo de suministros importados, a la vez que la escasez de componentes tecnológicos provoca cuellos de botella en sectores clave para la economía española como el automóvil. La factura de la energía también tiende a subir. El incremento del IPC se debe a la subida de los precios de la electricidad y de los carburantes. Pero, habida cuenta de las tendencias recientes y de factores estacionales, la inflación podría superar el 3% en Europa en los próximos meses. El corolario es una pérdida de poder adquisitivo para hogares y empresas.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuentes: INE y Ministerio de Economía.

La clave está en cómo
reaccionarán los bancos centrales, una cuestión vital para nuestro país que
depende de las generosas compras de deuda pública por parte del BCE. Mucho depende
de la cronificación del repunte de la inflación, es decir de la transmisión de
las presiones externas a los precios internos. De momento, el riesgo es
reducido: los salarios están contenidos por el miedo a perder el puesto de
trabajo que se ha extendido en un contexto de paro elevado; y las empresas
españolas no pueden fácilmente trasladar el incremento de costes de importación
a sus tarifas de facturación. Por tanto, lo más probable es que, a corto plazo,
los agentes absorban el shock. El comportamiento de la inflación
subyacente (estancada en abril en España y muy reducida en Alemania), parece
avalar esta tesis. Y motivar la aparente impasibilidad del BCE.   

Sin embargo, desde EEUU nos llega un mensaje distinto. Allí aparecen síntomas (todavía confusos) de sobrecalentamiento, como la escasez de personal en los sectores más pujantes. Además, el intenso rebote de la economía y el multibillonario plan Biden prefiguran una presión adicional sobre los precios. En un reciente desliz, la Secretaria del Tesoro Janet Yellen evocó la posibilidad de una salida de los estímulos monetarios. Si bien el anuncio fue desmentido, los ahorradores han reaccionado ante esa eventualidad, exigiendo una remuneración más elevada de los bonos públicos.

El resultado se va contagiando a Europa, por la interconexión de los mercados. El tipo de interés del bono español de referencia (con vencimientos a 10 años) supera el 0,5%, lo que contrasta con los valores negativos de inicio de año. Se trata de un nivel todavía muy reducido, pero revelador de expectativas orientadas al alza. A largo plazo, no le vendría mal a la economía española un poco más de inflación, si bien ésta debería proceder de una dinámica acompasada de precios y costes internos —y no como ahora, de factores externos que restan fuelle a la recuperación—. La inflación es un mecanismo potente y poco traumático para reducir el peso de la deuda que se cierne sobre nuestro país. Naturalmente, los tipos de interés acabarían por incorporar el alza de la inflación, elevando las cargas financieras para el Estado. Pero ese coste sería limitado frente al enorme beneficio que aporta la erosión del valor real de los pasivos, fruto de la inflación. Pese a todo ello, está por ver si los halcones que vigilan están dispuestos a soportar incrementos de IPC por encima del objetivo del 2% durante un tiempo prolongado.


IPC | El índice de precios al consumo se incrementó un 1,2% en abril, lo que equivale al 2,2% respecto a un año antes. Esta evolución, que ha provocado un diferencial desfavorable frente a la eurozona por primera vez desde 2018, se debe al encarecimiento de los productos energéticos. Según las previsiones de Funcas, el mantenimiento de fuertes presiones alcistas sobre los costes de los suministros importados, junto con el fin del efecto escalón derivado de la pandemia, debería redundar en una inflación superior al 2% hasta finales de año, en ocasiones rozando el 3%.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Los reguladores están consiguiendo domar la gig economy de Uber y Glovo pero… tiene sus riesgos

La gig economy, o la economía de esos “bolos” que solían ser los trabajos temporales del mundo de la música, nació al calor de la economía digital, creció con la falta de una regulación específica, y… ahora debe asistir a su metamorfosis para reinventarse empresarialmente, y dar a luz a una nueva crisálida readaptada a las nuevas “condiciones ambientales”.

Y es que una vez que diversos estados se han lanzado con determinación a regularla, a la gig economy no le queda otro remedio más que cumplir con esa legislación de cuyos agujeros se venía aprovechando, y que ahora han tapado con pintura gruesa.

La gig economy nunca debió llegar a ser una economía laboralmente basada en recuelos legales

Los Reguladores Estan Consiguiendo Domar La Gig Economy De Uber Y Glovo Pero Tiene Sus Riesgos 1

Hay que empezar exponiendo cómo, a pesar de ser un error muy común, gig economy y economía colaborativa no son lo mismo. Como bien se expone en este post, economía colaborativa es aquella que se enfoca en la compartición vía las nuevas tecnologías de bienes infrautilizados, bien sea para monetizarlos, o incluso aunque esto último no se haga. Un ejemplo de ello sería Blablacar, un servicio en el cual alguien que quiera viajar en coche se apunta por un reducido precio a un viaje que algún conductor ya tiene planificado realizar con ese mismo trayecto, y para el que rellena plazas vacías a cambio de compartir gastos. Y luego está la gig economy, que sí que está merecidamente en el centro de la polémica laboral, y en la que una serie de empresas de nuevo cuño, y también con la tecnología más moderna por plataforma, articulan su base de trabajadores y los ingresos que producen en base a gigs (recuerden: “bolos”); es decir, en base a encargos muy concretos y acotados para los que se subcontrata al trabajador, habitualmente como autónomo. Uber, Cabify, Glovo o Deliveroo son sólo algunos de los mejores exponentes de esta nueva forma de actividad empresarial.

Tras los matices anteriores, ya en concreto sobre esa gig economy de la cual Uber&cía son el mayor estandarte, pues hay que decir que, independientemente de capas de barniz, del estético lacado, o de pinturas que recubren, si una cosa es cierta es que la gig economy no debería haber llegado hasta el callejón sin salida en el que ella sola se ha metido. Y es que estas empresas como Uber, Glovo y compañía han llegado al punto no retorno, al menos no sin su punto de doloroso, por el cual buena parte de su estructura y de su rentabilidad pivotan ya sobre un modelo de contratación que puede ser “alternativo”, pero que en el fondo ha acabado explotando lo obsoleto de la legislación laboral, al menos en lo que a la nueva economía se refiere.

Y es que estas empresas podían contar con miles de “colaboradores” que se encargaban de realizar la producción de la empresa, pero que ninguno de ellos pertenecía realmente a la plantilla. No era el caso de tipos de trabajos que justificasen tener que recurrir a formas laborales pensadas para otras casuísticas (y para otros tiempos), pues el hecho es que la propia estructura de las empresas de la gig economy estaba compuesta por una minoría de trabajadores en servicios centrales, y la práctica totalidad de los trabajadores que producen contratados como autónomos.

Este abuso de la figura legislativa y laboral del autónomo retorcía y explotaba la legislación país a país, y deformaba el concepto que la legislación laboral definió para otras necesidades y usos más acotados y menos masivos. Desde luego, innovadora o explotadora, lo innegable es que de alguna manera la gig economy “desnaturalizaba” la legislación laboral. Pero éste no es un carro al que desde estas líneas nos subamos ahora de forma oportunista al calor de los recientes movimientos legislativos en diversos países. De hecho, fuimos en este medio de los primeros en traerles un análisis de cómo esos abusos legislativo-laborales podían estar tocando a su fin, como de hecho finalmente ya ha acabado por ocurrir. Ahora bien, independientemente de que pueda ser merecido a ojos de algunos, ¿Ese punto y aparte de la gig economy es el que debería ser, o debería haber sobrevenido con otra forma corpórea, y sobre todo con otro espíritu de contrarreforma?

De California a España, el batacazo legal de las empresas de autónomos está acabado por llegar

Los Reguladores Estan Consiguiendo Domar La Gig Economy De Uber Y Glovo Pero Tiene Sus Riesgos 4

Hay que reconocer que España se ha lanzado hace tan sólo unos días a tratar de ser pionera en lo que a la regulación de la gig economy se refiere, y hemos visto cómo hemos sido uno de los primeros países en el mundo en poner coto a ciertas prácticas. Pero aquí hay que introducir dos matices muy importantes. El primero es que nuestros dirigentes cortoplacista y efectistamente se han limitado precisamente a “poner coto”, que no a regular verdaderamente. Y en segundo lugar, pioneros realmente sólo lo han sido por la noticia y por ser los primeros en darla anunciándola a bombo y platillo, pero la realidad es que apostaban sobre seguro.

En España han podido simplemente acelerar el paso para poder presumir de titular, pero haberlo hecho sólo ante la certeza de que otros ya iban por ese camino, y que estaban además muy cerca de llegar a la misma meta. Han podido ver la oportunidad de una medalla que ya venía deambulando por el mundo desde hace trimestres, y que les venía muy bien para su marketing nacional, y lo que hay que reconocerles sí que es que han sabido reaccionar rápido y ser los primeros en ponerse esa medalla que andaba circulando por el mundo sin nombre todavía. Por una vez, nuestros dirigentes han conseguido ser legislativamente ágiles, así que, si no lo conseguimos casi nunca en otros casos, pues debe de haber sido por una mera cuestión de prioridades (o de interés).

Porque lo cierto es que ese apostar sobre seguro no lo estamos diciendo por decir. La gig economy llevaba tiempo en el centro de la diana de legisladores de todo el mundo, y en especial de los países más desarrollados que eran sus mayores mercados, pero donde explotaban sin pudor sus legislaciones laborales más obsoletas. Y esto era así incluso en la meca del capitalismo que vio nacer a la mayoría de estas empresas gig. En los últimos trimestres había iniciativas legislativas para “acomodar” la economía gig en el tejido empresario-laboral por todo Estados Unidos, con acalorados debates dispersos por todo el país. En ciudades de referencia como la misma Nueva York llevan tiempo dándole vueltas al tema por diversos motivos, pero era California el estado punta de lanza que más claro lo tenía desde hace tiempo, y que más y más decididamente había venido avanzando en este sentido), a pesar de lo lento de su ritmo. Puede ser que sea precisamente en California donde dirigentes de terceros países hayan podido ver que la apuesta socioeconómica estadounidense para con la gig economy era una apuesta segura, puesto que hace unas semanas ya se podía tener claramente la certeza de lo que en California iba a ser una realidad en muy poco tiempo para estas empresas.

Como les decía, esta regulación de la gig economy estaba en marcha desde hace tiempo incluso en EEUU, pero era así incluso a pesar de que este nuevo sector había conseguido hacer un trasvase de ingresos masivo de economías dispersas por todos los países del mundo, como el sector del taxi u otros, hacia empresas y consejos de administración estadounidenses. Y eso es también una clara transferencia de poder económico, además de beneficios. Y a pesar de que obviamente EEUU era en este sentido un gran beneficiario de la gig economy, incluso allí ya estaban en la senda de ponerles coto en sus “estiramientos” de la legislación laboral, lo cual allí habrá supuesto una lucha mucho más encarnizada que aquí contra intereses creados y geoestrategias nacionales. Muy probablemente de ahí que en EEUU hayan tardado lo suyo en lograr “meter en vereda” a la gig economy, y de que nosotros hayamos podido adelantarles tan fácilmente (por la izquierda, me temo).

Por tanto, el movimiento legislativo español, más que una apuesta de futuro, ha sido una mera apuesta sobre seguro tras la estela de los pasos de otros, que ya venían dando desde hace tiempo, pero que han sido más lentos en lograr aprobar. A uno le hubiera gustado que las cosas hubiesen sido de otra manera, y que España hubiese sido líder de verdad, aportando innovación laboral por sí misma, y no meros “encorsetados” laborales a la estela de que otros ya estaban cosiendo, que de innovadores más bien tienen muy poco (por no decir nada). Simplemente porque se imaginen hasta qué punto la generalización de un nuevo paradigma gig estaba cantada, en Wall Street las empresas más emblemáticas de este tipo de nueva economía ya han empezado acusar la nuevo escenario, y éste se está ya descontando dándolo por (casi) supuesto.

Porque no cometan el error de pensar que esta evolución bursátil sería sólo uno de esos pánicos viscerales e infundados de los corrillos de inversores: la reacción está muy fundada, y de hecho hasta la propia Uber está provisionando reservas para hacer frente de alguna manera a nuevos costes relacionados con el tema. Y es que el “mordisco” a sus beneficios puede acabar siendo muy relevante, independientemente de que éste pueda ser distinto en cada país que les regule de una manera u otra. Pero sea como fuere, en cualquier país tener empleados como tales en plantilla es infinitamente más caro, mucho más que subcontratar trabajos al por mayor y simplemente pagar por un servicio: la bolsa también lo sabe y, como (casi) siempre, se limita a cotizar la nueva realidad de estas empresas.

Pero haber regulado más bien “por las bravas” también tiene sus riesgos

Los Reguladores Estan Consiguiendo Domar La Gig Economy De Uber Y Glovo Pero Tiene Sus Riesgos 5

Pero haber regulado más bien “por las bravas” también tiene sus riesgos, y uno de los principales es que el mercado tenga que “comerse con patatas” una regulación laboral que no le sirve, porque no se adapta a la nueva realidad que ha traído el surgimiento sector. Y eso es un riesgo, pero ya saben que hay una amenaza inherente a todo riesgo que es la que puede materializarse, y que en este caso no sería sino un descenso de actividad, una pérdida de pujanza económica, y un peor servicio a los ciudadanos. ¿Lograremos que todo esto sea compensado por los beneficios (y la justicia) de “meter en vereda” a la economía gig? Sólo el tiempo lo dirá, pero el hecho es que si hubiese sido hecho de otra forma, lo que ahora ya tendríamos sería la certeza de unos beneficios que pesarían más en la balanza, y que además serían tangibles desde casi el primer día de vigencia de la ley.

Otro de los riesgos ciertos viene precisamente por el supuesto afán de protagonismo del que podrían estar pecando nuestros políticos en España. Y es que ser los primeros en lanzarnos a regular algo tan disruptivo, por mucho que pueda ser una apuesta segura, también tiene los riesgos de poder equivocarnos al optar por ser nosotros los que inventemos el futuro por delante de otros con infinitamente más capacidad de tracción que España en solitario (no ha sido en este caso ni siquiera de la mano de Bruselas, al menos no en su forma final).

Que una superpotencia se lance a ser la primera en regular todo un nuevo sector de la nueva economía, si bien sigue teniendo sus riesgos, tiene una sensiblemente menor probabilidad de error, y parte de ello es porque puede que otros le sigan y que sea la generalización lo que no les ponga en clara desventaja competitiva, en especial cuando la mayor parte de estas empresas son estadounidenses, como les decía. Pero que un país como España, con sólo 47 millones de habitantes, se lance en solitario a legislar un sector de dimensión internacional, sin siquiera esperar a que haya un marco más definido al menos por parte de la justicia europea, pues no acaba de tener mucho sentido. En nuestro caso, lo riesgos son mayúsculos, y no parecen lograr compensar a los posibles beneficios socieoconómicos, a no ser que éstos hayan podido ser meramente políticos y a golpe de titular.

Porque otros de los riesgos no son ya de carácter socioeconómico, ni geoestratégico, ni tan siquiera empresarial. Otro de los riesgos más relevantes de este tipo de regulaciones alumbradas es que de dimensión casi hasta personal, lejos de solucionar el problema de la falta de una regulación específica adaptada a las necesidades y la casuística del sector, pueden agravarlo con la imposición de lo que ya podría ser una mala regulación. Y es que por ejemplo muchos de los propios autónomos se quejan agriamente de esta nueva legislación, y dicen que les perjudica gravemente porque les reduce ostensiblemente los ingresos que venían percibiendo hasta el momento por parte de las empresas de la gig economy. Si los propios supuestos beneficiarios son algunos de los que más se quejan del nuevo marco regulatorio, pues mal vamos. Va a ser que a este tema hacía falta darle alguna que otra vuelta más antes de lanzarse al ruedo.

No obstante, como en todo, también hay cosas evidentemente buenas en esta regulación “a la española” que se ha hecho de la gig economy en nuestro país. Desde que la nueva economía es economía, los lectores habituales de estas líneas ya saben como un servidor siempre ha abogado por que no se podía dejar que el mundo de la tecnología, por ser un mundo de evidente futuro, fuese dejado de la mano para que acabase imperando la ley de la jungla. Al final ha acabado siendo así, y donde hace ya unos cuántos años que les anticipamos en un análisis lo que estaba por venir con las grandes tecnológicas omnipotentes y sus intereses.

Ahora ya vemos como aquel debate que anticipamos, y en el que los dirigentes europeos han sido visionariamente pioneros a pesar de las graves acusaciones iniciales por parte de Trump que sólo ahondaron en que EEUU nos fuese a la zaga, ha acabado por llegar, y que incluso en EEUU ya están viendo cómo se pueden trocear gigantes como Google, Amazon u otros para proteger la libre competencia, la salud de los mercados, y a los propios consumidores. Y en todo esto, la valkiria europea danesa, Magrethe Vestager, merece una mención especial por méritos propios: ella es la mejor garante de ciertos derechos socioeconómicos de los consumidores y de los ciudadanos europeos, a pesar de las agrias críticas que se vertieron contra ella por lo que ha sido una de sus luchas más vocacional y convencidas.

Y es que ese punto bueno que les citaba de la legislación laboral gig alumbrada primero en España es que obliga a añadir transparencia al sector, y a restarle parte de esa opacidad y de esa concentración de poder en la que tan bien se mueven prácticamente todos los gigantes de la nueva economía. Porque en España se obliga a estas empresas a que compartan sus todopoderosos algoritmos de distribución de trabajo entre los riders. Éste es un punto clave, de justicia laboral, de igualdad de oportunidades, y de justa competencia, puesto que de ello dependen los ingresos de miles de trabajadores. Y lógicamente, en ello estaban de acuerdo gobierno, sindicatos y patronal, como no podía ser de otra forma ante la oscuridad en la que repartían su carga de trabajo las plataformas del sector.

También deben compartir la empresas gig con actividad en España cómo se gestiona el reparto de las primas entre sus trabajadores. Es de justicia que, independientemente de que haya reglas para que la empresa pueda maximizar sus beneficios y su producción, que éstas sean claras e iguales para todos los que producen para ella, puesto que esto supone todo un mercado dentro del mercado gig, y como tal le aplican las mismas reglas de igualdad de oportunidades, justa competencia, y transparencia donde sea necesario para que ese submercado funcione lo mejor posible para todas las partes (que no sólo para la empresa gig). Este último punto era una de las reivindicaciones más recurrentes de los propios riders, que no solían saber ni a qué atenerse con certeza, y a veces se sentían víctimas de la arbitrariedad.

El "feliz" cambio tenía que llegar sí o sí, pero… ¿Ha llegado en la forma correcta, o tal vez sólo en el momento “oportuno”?

Los Reguladores Estan Consiguiendo Domar La Gig Economy De Uber Y Glovo Pero Tiene Sus Riesgos 2

Porque, independientemente de la buena o mala implementación, lo que está meridianamente claro es que la economía gig no podía seguir campando a sus anchas, haciendo y deshaciendo a voluntad, y además produciendo un agravio comparativo para con otros sectores en los que las empresas hacen frente a la carga de tener trabajadores en plantilla y con otras cotizaciones sociales infinitamente más gravosas. ¡Cuántas otras empresas soñarían con conseguir una estructura laboral de este estilo, con pocos gastos fijos y sin vinculaciones contractuales laborales! ¿Por qué los demás no y las gig sí? La legislación laboral, como la fiscal, puede gustar más o menos, pero la realidad es que debe ser justa y tratar a todos por igual dentro de lo posible. Todos debemos ser iguales ante la ley, también las empresa, y si la ley no gusta, lo que hay que hacer pues es votar para cambiarla. Y es que las asimetrías (especialmente las más “rompedoras”) nunca producen un conjunto equilibrado ni armónico, ni en las artes plásticas, ni en las legislaciones, ni tampoco en la socioeconomía como conjunto.

Ahora bien, tampoco se puede negar la necesidad de evolución de la propia legislación, algo inevitable para adaptarse a un mundo siempre cambiante (también en lo laboral). Y es que lo verdaderamente malo de la situación a la que ha llegado ahora la gig economy es que nuestros dirigentes hayan desaprovechado la ocasión de oro que se nos ha presentado para modernizar el mercado laboral y adaptarlo a los nuevos tiempos. Eso sí que habría puesto a España a la cabeza mundial en cuanto a innovadora y disruptiva legislación, porque lo que hemos visto no ha sido sino simplemente forzar a que la gig economy se mida por la misma vara de medir legislativa que ya fuera diseñada para el mundo laboral de los años 70 del siglo XX. Involución frente a evolución, ésa ha sido la ecuación en la que ha acabando pesando más para nuestros dirigentes el primer operando de la marcha atrás del cangrejo, frente a la posibilidad del salto hacia delante de la rana.

Pero hemos acabado teniendo lo que hemos tenido, y desde aquí simplemente hay que acabar advirtiendo que hay que tener en cuenta que la pintura gruesa bien puede tapar las grietas de la pared, pero lo hace sólo durante un tiempo: el tiempo justo que la pintura tarda en secarse, las inclemencias del tiempo hacen que se vaya pelando, y que de nuevo acaben aflorando todavía con peor aspecto las mismas grietas que se trataban de tapar. Una pared con grietas no hay que simplemente limitarse a parchearla, ni tampoco prohibir por decreto las inclemencias del tiempo pretendiendo ilusamente que así que ninguna pared llegue a agrietarse.

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Lo que hay que hacer en estos casos es repararlas de forma profesional y competente para que puedan durar otras tantas décadas del paso del tiempo. Y que además lo hagan cumpliendo su función: ser muros de carga que den estructura y sustenten todo el edificio socioeconómico. De todas maneras, tampoco sé a qué viene tanto revuelo, si en un poco más de tiempo serán drones sin derechos laborales los que nos traigan nuestro pedido hasta la puerta de casa, o coches autónomos los que nos lleven a la otra punta de la ciudad. Ésta es sin duda una polémica y una legislación de mucho titular, pero de muy poco recorrido.

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