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Alemania, año 2025. El primer mes de la era Merz (II). Vuelta de tuerca a la inmigración no autorizada

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La tijera demoscópico-electoral comienza a abrirse a favor de los cristianodemócratas alemanes. En efecto, el descenso en intención de voto a la CDU/CSU que venían registrando las encuestas realizadas tras las elecciones de 23 febrero de 2025 se ha detenido desde finales de mayo y la formación de centro-derecha se distancia, muy poco a poco, de su más cercana competidora electoral, Alternativa para Alemania (AfD) (gráfico 1). Bien es cierto que el último porcentaje publicado de quienes afirman que votarían a la CDU/CSU “si el próximo domingo se celebraran elecciones generales” (27,3%) se sitúa por debajo del que obtuvo en las elecciones de febrero (28,6%); y también lo es que la intención de voto a AfD (23,2%) a mediados de junio supera el porcentaje que consiguió aquel día (20,8%), y ello a pesar de que, entre esas dos fechas, la Oficina Federal para la Protección Constitucional ha clasificado a este partido-movimiento como “confirmadamente de extrema derecha”.


En la sutil remontada de la CDU/CSU ven los analistas al canciller Friedrich Merz, que durante su primer mes de mandato ha hecho gala de un nuevo estilo de liderazgo político nacional e internacional marcado por la asertividad y el realismo. Si en política exterior sus esfuerzos se han concentrado en la reivindicación de la seguridad y capacidad defensiva de Europa, el apoyo a Ucrania y  el compromiso con la OTAN, en política interior ha priorizado el combate contra la inmigración no autorizada o “irregular”, la gestión restrictiva de las solicitudes de asilo, la reducción de las entradas de inmigrantes por reagrupación familiar y el endurecimiento de los requisitos para adquirir la ciudadanía alemana, acompañando todos estos objetivos de demandas de mayor vigilancia de las fronteras exteriores de la Unión Europea. 

Las medidas políticas para desplegar esta ofensiva contra la inmigración irregular han sido inmediatas. Por una parte, se han reforzado los efectivos y las jornadas de la policía federal encargada de los controles fronterizos. Aunque los datos son todavía provisionales y algo confusos, apuntan a un aumento de entradas denegadas y una reducción de solicitudes de asilo presentadas. Por otra parte, el gobierno ha iniciado la tramitación parlamentaria de la ley que suspende durante dos años las entradas de hasta 1.000 inmigrantes al mes en concepto de reagrupación familiar que podían solicitar los inmigrantes residentes en Alemania a los que se les hubiera reconocido protección internacional (aunque carecieran del estatus de asilados). Asimismo, el gobierno ha remitido al parlamento la reforma de la legislación de ciudadanía para suprimir las denominadas turbonacionalizaciones, que franqueaban el acceso a la nacionalidad alemana tras tres años de residencia en el país. 

La cabeza visible de estas políticas es el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, un político curtido en la dirección de su partido (CSU), en la actividad parlamentaria y ejecutiva. Sociólogo de formación, Dobrindt declara que “Alemania está desbordada”, como consecuencia del “efecto imán” que ha generado la “política de invitación” (Einladungspolitik) de los últimos diez años, y defiende que el control de la inmigración “ilegal” (deliberadamente utiliza siempre este adjetivo, en lugar de “irregular”) reducirá la polarización social que padece el país. Responde sin paños calientes a las críticas que recibe desde el ámbito político y mediático tildando su política de “anticristiana” e “inhumana” y, ante el revés judicial recibido recientemente de un tribunal administrativo de Berlín que ha declarado ilegal la denegación de la entrada en Alemania a tres solicitantes de asilo somalíes, insiste en la legalidad de los procedimientos de control y expulsión y persevera en su mantenimiento comprometiéndose a mejorar la justificación de las decisiones denegatorias y a elevar consultas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Con más de 30 aeropuertos internacionales y aproximadamente 4.500 vías terrestres de acceso desde los nueve países colindantes (con los que comparte 3.800 kilómetros de frontera), Alemania afronta lógicamente dificultades operativas para controlar la inmigración irregular. Pero el nuevo gobierno lo deja claro: “el espacio residencial, las aulas escolares, las plazas de guardería… todo esto no es ilimitado, todo es finito. Si queremos conseguir unas condiciones ordenadas en las ciudades y municipios, tenemos que limitar la afluencia a Alemania”[2].

Para abrir la tijera demoscópico-electoral respecto a la AfD, la CDU/CSU ha de cerrar la tijera de la inmigración no autorizada: de ello están convencidos Merz y Dobrindt, y a juzgar por alguna encuesta ya disponible, pueden contar con un amplio respaldo de ciudadanos alemanes.


[1] Discurso de Friedrich Merz en el Congreso Municipal Alemán (3 de junio de 2025).

[2] De acuerdo con una encuesta del Instituto INSA realizada en los primeros días de junio, el 64% de los entrevistados (mayores de 18 años) mostraban su apoyo a las denegaciones de asilo en frontera.

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El espacio de soberanía económica

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Vivimos tiempos convulsos que alteran el centro de gravedad de la economía, exigiendo una enorme capacidad de adaptación por parte de la política económica. Lo inesperado acaba por ocurrir –el estallido del conflicto entre Israel e Irán siendo el episodio más reciente en el plano internacional– de modo que los Estados deben conservar un margen de maniobra para afrontar la sucesión de shocks. En este sentido, nos preocupa que dicho margen de acción se esté reduciendo drásticamente.    

Existe un barómetro que detecta en tiempo real si un país tiene capacidad de actuación: el coste de financiación de la deuda, es decir la rentabilidad que exigen los mercados para adquirir sus bonos públicos. Cuando ésta se dispara, como nos pasó en la crisis financiera, el Estado pierde su autonomía funcional y se ve abocado a realizar ajustes traumáticos. A la inversa, durante la pandemia o tras el estallido de la guerra de Ucrania, los tesoros públicos pudieron apelar cómodamente a los mercados para financiar un gasto económico y social que facilitó la posterior recuperación.

En los últimos tres años, la rentabilidad del bono norteamericano a 10 años, referencia mundial, se ha más que duplicado hasta rozar el 4,5% en la actualidad. La tendencia es similar en Europa, si bien el punto de llegada es más favorable: el bono cotiza en el entorno del 3,1% en España y 2,5% en Alemania. 


La mayor remuneración exigida por los ahorradores para comprar deuda pública puede reflejar una expectativa de subidas futuras de tipos de interés por parte de los bancos centrales, motivadas por la necesidad de controlar la inflación. Sin embargo, este no parece ser el caso al menos en Europa, ya que la inflación está más o menos controlada como lo avalan tanto las cifras como los propios mercados (el diferencial de rentabilidad entre el bono de referencia y su equivalente “indexado” se mantiene en el entorno del objetivo de inflación del BCE del 2%). En EE. UU. la imposición de aranceles tensiona los precios, pero tampoco esta parece ser la principal causa del incremento del coste de la deuda.      

La verdadera explicación se encuentra en la pérdida de confianza por parte de los mercados en la sostenibilidad de la hacienda pública. Ante un contexto plagado de incertidumbres, los ahorradores se muestran más inclinados a acumular liquidez o títulos de deuda con vencimientos cortos, como las letras del Tesoro. 

Además, los Estados son cada vez más dependientes de los mercados para financiar sus desequilibrios presupuestarios, ya que los bancos centrales se están deshaciendo de los bonos públicos que tienen en cartera, exacerbando la apelación a los mercados. En todo caso, el FMI prevé un incremento del 30% de los pasivos de las administraciones del conjunto de las economías avanzadas de aquí a 2030, de modo que la ratio de deuda sobre PIB escalará hasta el 113%, cinco puntos por encima de los valores ya de por sí elevados alcanzados el año pasado. Y estas previsiones no tienen plenamente en cuenta los recortes de impuestos prometidos por Trump, todavía en fase de tramitación, ni los planes de gasto en defensa europea: ambos programas amenazan con agravar los déficits más de lo anticipado, sin que se vislumbre un estímulo equivalente para la actividad económica.      

El fuerte crecimiento de la economía española registrado estos últimos años, junto con la inflación, han facilitado una contención de los desvíos, incluso con presupuestos prorrogados. Los mercados lo reconocen, tal y como se refleja en la reducción de la prima de riesgo. Pero la guerra comercial amenaza con debilitar el ciclo expansivo, erosionando las bases recaudatorias, al tiempo que los Estados compiten entre sí para colocar cantidades crecientes de deuda. Una nueva estrategia fiscal es necesaria para mantener el espacio de soberanía económica de nuestro país.      

PETRÓLEO | El ataque perpetrado por Israel sobre Irán ha tensionado los mercados de hidrocarburos, encareciendo el barril de Brent desde el entorno de los 65 dólares durante los días anteriores al estallido del conflicto, hasta los 75. La inflación es la variable más directamente impactada desde el punto de vista económico. Si la cotización del crudo se mantuviera en torno a sus niveles actuales, consistente con un conflicto persistente en Oriente Medio, el IPC se incrementaría un 2,8% en términos medios este año. Esto es cuatro décimas por encima de la inflación esperada si el repunte fuera transitorio.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Una crónica financiera de urgencia de Estados Unidos

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La economía y la sociedad estadounidenses parecen estar al borde del ataque de nervios, como en la gran película de Pedro Almodóvar. Termino de volver de un viaje a ese país, en el que he podido hablar con economistas y analistas, a la vez que percibir lo que ocurre a pie de calle. Caos (también económico) es la palabra más utilizada. El momento más llamativo fue la disputa pública entre el presidente Trump y Elon Musk, con más que probables consecuencias para las empresas de este último. Todo parece imprevisible y empieza a causar agotamiento en la población, que no ve las cifras económicas mejorar –tampoco empeorar significativamente– y ve que la incertidumbre inicial se alarga. Afecta negativamente a las expectativas de familias, empresas e inversores que no saben si, al final de este tumulto económico, el PIB y el empleo se debilitarán o si aumentará la inflación, o si los mercados continuarán sufriendo, con pérdidas para los ahorradores norteamericanos, o si un mayor déficit público puede llevar a una gran presión sobre el mercado de bonos y a algún episodio de inestabilidad financiera. Todo complejo de dilucidar.

Las últimas noticias de los aranceles de la Administración Trump son, por un lado, la continuación de la tensa espera ante los posibles acuerdos con todos los países y bloques como la UE. Los significativos avances de las últimas horas en la negociación con China parecen llevar a una cierta tregua comercial entre ambos gigantes.

Por otro lado, la más que inquietante medida que duplica los aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio, elevándolos del 25% al 50%, y que entró en vigor el 4 de junio, casi tiene los efectos de un embargo, como han comentado algunas empresas y analistas internacionales. Las cadenas de valor se van a resentir mucho. Y nuevamente las empresas estadounidenses, como las de las industrias automovilística o aeroespacial, pueden ser las más perjudicadas, y ya han expresado su preocupación por el impacto nocivo de estos aranceles en la viabilidad económica y la seguridad del transporte.

Todas estas medidas y la incertidumbre que las acompaña afectan a la inversión y al comercio, incluso si al final algunas de las tarifas se suavizaran notablemente. En todo caso, no cabe esperar con optimismo lo que quedará después de toda esta agonía arancelaria. La economía tarde o temprano lo notará negativamente.

En este entorno con dudas económicas es donde se va a aplicar la denominada “Big Beautiful Bill”, que es una ambiciosa propuesta legislativa fiscal ya aprobada por la Cámara de Representantes hace dos semanas. Combina temas fiscales, sociales y de seguridad nacional. O, dicho de otro modo, rebajas de impuestos, medidas de seguridad fronteriza, reformas del sistema de salud y modificaciones del gasto social. No está claro, a día de hoy, si el Senado lo aprobará tal y como está, vistas sobre todo las fuertes reacciones en el Congreso. Sin embargo, todos creen que una gran parte del Bill saldrá adelante tras su paso por esa Cámara.

Asimismo, los inversores –en particular los llamados bond vigilantes– van a estar muy pendientes de si esta propuesta lo que genera es un mayor déficit público e inflación. El primero de los efectos es difícil que lo compren unos inversores que están tomando muchas más cautelas desde los anuncios arancelarios de abril a la hora de adquirir bonos del Tesoro americano u otros activos denominados en dólares. El apetito inversor por esta divisa ha disminuido desde entonces. No es fácil sustituirla por otras divisas que son sólidas, pero que tienen unos mercados cuantitativamente mucho menos importantes (libra esterlina, franco suizo) o que nunca se diseñaron tan claramente para atraer capitales (como es el euro).

Y eso que la divergencia de las estrategias de política monetaria de la Reserva Federal con, por ejemplo, el Banco Central Europeo, debería conducir a una apreciación del dólar, algo que no se está produciendo. La semana pasada el BCE volvió a bajar los tipos hasta el 2%, mientras la Fed los mantuvo nuevamente en el 4,5%, con lo que el diferencial continúa aumentando.

Es cierto que la inflación parece más controlada en la zona euro, que además necesita, más que Estados Unidos, de estímulos financieros que saquen al Viejo Continente de la atonía en el crecimiento económico. En todo caso, está por ver que acontecerá en las próximas reuniones de los bancos centrales, pero seguramente las dudas sobre el dólar persistirán y meterán presión a los mercados.

Todo ello redunda en un menor apetito de los inversores globales por la deuda soberana estadounidense, lo que está convirtiendo las subastas del Tesoro americanos en grandes momentos de la verdad. Por ejemplo, hoy se emite deuda a 30 años, y lo que normalmente sería una subasta rutinaria de bonos, con una previsión de 22.000 millones de dólares, se ha convertido en unos de los momentos más esperados de Wall Street esta semana.

Lo que finalmente ocurra recibirá una atención especial porque ofrecerá una señal instantánea sobre el nivel de demanda del mercado en un momento en que la apetencia de los inversores por la deuda estadounidense a 30 años se ha debilitado. Y este no será última subasta al borde de un ataque de nervios, mientras la incertidumbre siga. Todas las subastas serán vistas como una prueba del sentimiento del mercado mientras el caos permanezca.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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La caída en el número de empresas de menor tamaño lastra el crecimiento del total

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El número de empresas inscritas en la Seguridad Social en los cinco primeros meses de 2025 ascendió de media a 1.344.730, lo que supone un leve incremento del 0,1% con respecto al mismo periodo del año anterior. Este incremento ha sido inferior al registrado en el mismo periodo de 2024.

Por tamaño de la empresa, se registró una caída del 0,8% en las de 1 a 2 trabajadores, caída que fue compensada por el incremento en el número de empresas del resto de tamaños (gráfico 1). En todos los tamaños, excepto en el de 6 a 9 trabajadores, se observa una desaceleración del crecimiento con respecto al año anterior, además de una mayor caída en el tramo de 1 a 2 trabajadores.


El descenso de las empresas de menor tamaño procedió fundamentalmente de los sectores de manufacturas (-3,6%), comercio (-2,8%), hostelería (-0,6%) y agricultura (-2,6). En el tramo de 3 a 5 trabajadores, si bien el agregado registró un incremento del 0,2%, en algunos sectores, como manufacturas y comercio, también se produjo una caída en el número de empresas.

Este patrón de comportamiento según el tamaño de la empresa –caída en el número de las microempresas compensada por el crecimiento del resto, especialmente de las más grandes– se viene registrando desde comienzos de 2019. Hasta finales de 2018 la tendencia era creciente para todos los tamaños de empresas. 

Así, el número de empresas de 1 a 2 trabajadores en mayo de 2025 (media móvil de 12 meses) era inferior en un 3,7% al de comienzos de 2019, las de 3 a 5 aumentaron apenas un 0,6%, y a partir de dicho tramo, el crecimiento en el número de empresas ha sido mayor cuanto mayor es el tamaño –con avances de más del 25% en las de más de 250 trabajadores– (gráfico 2). 

Pese al fuerte avance de las más grandes, el número total de empresas inscritas en la Seguridad Social apenas aumentó en el periodo un 0,6%, ya que estas solo representan el 0,4% del conjunto, mientras que las microempresas –de 1 a 5 trabajadores– suponen el 74%. Estas últimas son las únicas que han visto reducida su cuota sobre el total, desde el 76,3% a comienzos de 2019.

Por sectores, desde 2019 se ha reducido el número de empresas en agricultura, industria, comercio y en la categoría de otros servicios (dentro de la cual se incluyen, por ejemplo, servicios personales). El resto de ramas sectoriales registraron un crecimiento, destacando actividades financieras y de seguros, e información y comunicaciones.

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No mejora el problema de la vivienda

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El acceso a la vivienda en España, tanto en alquiler como en propiedad, es un tema recurrente en el debate público y una fuente de frustración ciudadana. El constante encarecimiento de la vivienda no ha sido acompañado por un aumento proporcional en los ingresos familiares, afectando no solo a los sectores más vulnerables, como los jóvenes, sino también a trabajadores con ingresos medios o incluso superiores. Este fenómeno contribuye significativamente a una percepción pesimista de la economía, a pesar de que los indicadores macroeconómicos del país sean positivos.

En la última década, el precio medio del alquiler en España ha aumentado más de un 50%, especialmente en grandes ciudades que han atraído más capital humano. Paralelamente, los precios de compra han experimentado una fuerte recuperación. Sin embargo, los ingresos no han seguido el mismo ritmo. El salario medio bruto anual ronda los 28.000 euros, lo que se traduce en unos 1.800 euros netos mensuales. Con un alquiler medio (60 metros cuadrados) que puede superar fácilmente los 1.000 euros mensuales en muchas capitales, el esfuerzo resultante es del 50%, que es desproporcionado y frecuentemente inasumible.

La compra de vivienda mediante hipoteca tampoco es una solución fácil. Aunque las cuotas hipotecarias pueden ser algo más bajas que un alquiler equivalente, los requisitos de entrada, como el pago del 20% del valor de la vivienda más los gastos (notaría, impuestos, tasación), hacen que esta opción esté fuera del alcance de muchas personas sin ahorros significativos. Ahora existen avales del Instituto de Crédito Oficial y otras agencias financieras regionales para esa parte no cubierta, y también ayudan unos tipos de interés (euribor) más bajos, pero de nuevo no son suficientes. Los más perjudicados son los jóvenes menores de 35 años, generando un retraso generalizado en la edad de independencia de sus padres. Este fenómeno tiene repercusiones demográficas preocupantes, como una baja tasa de natalidad y un envejecimiento de la población que compromete el futuro económico del país.

Las soluciones propuestas, hasta ahora, han sido claramente insuficientes. Se debería ampliar enormemente la oferta de vivienda tanto de compra como de alquiler. Sin embargo, lo que ha ocurrido fundamentalmente, incluida en la última Ley de Vivienda, son controles en los precios del alquiler que han llevado a la retirada de muchas viviendas de la oferta de alquiler. Aunque se empieza a reactivar el parque de vivienda pública, el gran desafío es una estrategia a largo plazo de planificación urbanística que incremente notablemente la oferta accesible sin recurrir a la especulación. Para ello, sería necesario algo comentado con frecuencia, como es un gran acuerdo nacional, como la aprobación de una nueva Ley del Suelo, que elimine algunos de los principales obstáculos para aumentar el stock de vivienda.

Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.

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Síntomas de burbuja inmobiliaria

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Que el mercado inmobiliario sufra una escasez crónica de oferta es una realidad cada vez más palpable. Y pese a ello es probable que los precios empiecen a moderarse en un horizonte no muy lejano, o a registrar caídas, incluso si el déficit habitacional persistiera como parece probable. Estamos por tanto en plena burbuja, no de crédito sino de expectativas, y por tanto distinta a la que desató la crisis del ladrillo. 

Esta previsión de moderación de los precios puede parecer sorprendente habida cuenta de la situación de déficit habitacional, algo que en principio genera inflación, tal y como ha ocurrido hasta ahora. Pero la contradicción no es tal, si se tiene en cuenta las especificidades del mercado residencial.  

Los bienes inmobiliarios son activos que, contrariamente a los bienes “normales” que se consumen prácticamente en el momento de su adquisición, se pueden revalorizar en el tiempo. El resultado es que la decisión de comprar una vivienda no depende solo de los “fundamentales” del mercado (relación entre el precio y los ingresos de los hogares, tipos de interés y otros factores subyacentes): también influye la expectativa de realizar una plusvalía como consecuencia de la subida continuada de los precios. 


En este sentido, da la sensación de que los precios se sitúan ya claramente por encima de lo que justifican los fundamentales. Esta, que es una percepción bastante extendida, se apoya en las tendencias más recientes. En primer lugar, la compraventa al contado, es decir sin hipoteca, es un fenómeno cada vez más extendido, que se concentra en las personas que reciben una herencia o los compradores no residentes, cuyo número se ha disparado en los últimos años. Dos de cada tres transacciones proceden de hogares que se hipotecan, frente a más del 70% antes de la pandemia. Y dentro de este grupo, el que más mengua es el colectivo de los nuevos compradores, como los jóvenes, que no disponen de un capital inicial por el esfuerzo que suponen los precios en vigor. 

En segundo lugar, la rentabilidad de una operación de adquisición de vivienda depende de manera creciente de la evolución de los precios, y menos del beneficio que puede suponer la puesta del bien en el mercado del alquiler. En los últimos trimestres, el efecto de las expectativas de precios alcanzó el 75% del valor de la tasa de rentabilidad esperada de la inversión en vivienda, 20 puntos más que hace un lustro. Esto es porque el coste de las nuevas compras se ha encarecido a mayor rapidez de lo que han podido subir los alquileres en términos promedios: éstos se ven constreñidos por el poder adquisitivo de las familias (además de la inercia que confiere el periodo de renovación de los contratos). 

En suma, los precios se han alejado de los valores de equilibrio, de modo que una corrección es inevitable (si bien la pregunta del millón es cuándo se producirá). En esta ocasión el ajuste procederá de una vuelta a la realidad de las expectativas de mercado, y no de un hipotético pinchazo financiero: la concesión de préstamos hipotecarios está embridada por las normas impuestas tras el descalabro de la crisis financiera. 

Conviene, sin embargo, anticipar la inflexión. Pensemos en las pérdidas potenciales de ingresos para los municipios. La situación de sobrevaloración también avala también la recomendación de Bruselas de acelerar la construcción de vivienda asequible, menos vulnerable a los vaivenes del mercado libre. Por otra parte, la financiación de las nuevas promociones de vivienda libre debe basarse en parámetros realistas y no en los precios observados. Y naturalmente los incentivos a la demanda como los avales o la reducción de tasas no harán más que agravar el desequilibrio. Es posible que los precios sigan repuntando en el corto plazo, pero la burbuja se hará cada vez más evidente. 

EXTRANJEROS | La elevación de los precios explica que la dinámica del mercado inmobiliario se sostenga cada vez más en los colectivos que apenas necesitan recurrir al crédito hipotecario. Entre éstos, además de las personas que pueden comprar una vivienda gracias a haber recibido una herencia, destacan los extranjeros no residentes: el número de operaciones de compra inmobiliaria realizadas por este grupo se incrementaron un 35% entre 2019 y 2024. Durante el mismo periodo, las compras realizadas por los extranjeros que residen en España subieron un 29%, y las de los hogares españoles un 21%. 

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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El BCE busca disipar los recelos hacia un euro digital que cobra protagonismo

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El estallido de los recientes shocks geopolíticos y el consiguiente alejamiento de Estados Unidos han dejado al descubierto la fuerte dependencia europea en el mercado de medios de pago: los grandes proveedores que dominan tanto los pagos con tarjeta —Visa, Mastercard— como los realizados mediante apps móviles —Apple Pay o Google Pay— son estadounidenses. Un estrecho vínculo que implica vulnerabilidad ante potenciales presiones, cambios de condiciones o incluso la supresión de los servicios prestados por las empresas. 

Esa perspectiva hace que el proyecto de euro digital, impulsado por el Banco Central Europeo (BCE), cobre una nueva relevancia. Como señaló en abril el miembro del consejo ejecutivo del banco, Piero Cipollone, ante el comité de Asuntos Económicos y Financieros del Parlamento Europeo (PE), es importante para Europa contar con una moneda digital que refuerce la autonomía estratégica y que reduzca la subordinación en los sistemas de pago. Pero coincidiendo con este renovado protagonismo, han surgido asimismo voces –también en el PE, donde se tiene que debatir y aprobar su regulación– que plantean dudas en torno al uso y al impacto de la divisa digital desde, principalmente, tres ópticas: por un lado, muestran su preocupación por la posibilidad de que el euro digital pueda dar lugar a un seguimiento excesivo de la actividad financiera de los ciudadanos. Por otro, temen que la nueva divisa electrónica afecte a la estabilidad financiera a través, por ejemplo, de eventuales trasvases de dinero desde las cuentas bancarias a los monederos de euros digitales, lo que interrumpiría el canal de crédito. Finalmente, los críticos parecen abogar por soluciones alternativas desde el sector privado; bien las ya existentes u otras nuevas a escala paneuropea. 

Frente a los recelos, el BCE ha elaborado un proyecto de euro digital garantista y gradual, diseñado deliberadamente como un experimento de bajo riesgo, con un alcance inicial modesto pero capaz de escalar si las condiciones lo requieren. Sobre la primera de las cuestiones, la de la privacidad, se insiste en que el uso de la moneda estará sometido a un nivel máximo de confidencialidad, de forma que tanto en los pagos online como en los offline ni los intermediarios ni el Eurosistema –las entidades financieras y el propio BCE– podrán identificar a los intervinientes en las transacciones, más que para cumplir normas, vigentes ya en la actualidad para otras operaciones, sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 

En cuanto al asunto de intermediación bancaria, se da por descontado que habrá límites para la tenencia de euros digitales —se habla de unos 3.000 por persona– y que, además, no generarán intereses, lo que desincentivaría la retirada de depósitos de las entidades financieras. En todo caso, el euro digital –dice la autoridad bancaria– se concibe como un medio de pago complementario a los ya existentes, tanto los privados como el propio efectivo, que posibilitaría desde su misma puesta en marcha transacciones entre consumidores y empresas en toda la zona euro.

Además de estas garantías, el euro digital presenta otros aspectos –su potencial para simplificar los pagos transfronterizos, o el respaldo de su valor por el BCE (lo que le diferencia de otras monedas digitales como las stablecoins)– que fueron más destacados en los momentos iniciales del proyecto, frente al rol, subrayado ahora, como referente de la soberanía monetaria europea. Este rasgo, junto al planteamiento de bajo riesgo que ofrece el BCE, debería llevar a que, de acuerdo con la actual planificación, culmine la actual fase de preparación y se pase a la de desarrollo en la segunda mitad de este año, estableciendo entonces su alcance y duración. En todo caso, el euro digital precisará de la adopción de una regulación aprobada por parte del PE y el Consejo antes de su emisión.


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Ventajas de tener una única base de datos en tu empresa

4 minutos de lectura

En la era de la transformación digital, la gestión eficiente de los datos se ha convertido en un factor clave para la competitividad empresarial. Sin embargo, muchas pymes siguen enfrentándose a los desafíos que supone trabajar con múltiples bases de datos fragmentadas.

  • En este artículo descubrirás por qué contar con una única base de datos es esencial para optimizar los procesos de gestión en tu empresa.
  • Centralizar la información en una sola base de datos mejora la eficiencia operativa y reduce significativamente los errores.

A continuación, analizamos los principales desafíos que supone trabajar con bases de datos fragmentadas y cómo una solución unificada puede transformar la gestión de tu empresa.

En todas las empresas surge un dilema: ¿Cómo gestionar eficientemente la información de clientes, proveedores, datos financieros o comerciales? Muchas veces, al iniciar operaciones o abrir nuevas líneas de negocio, no se presta atención a la gestión de datos y cada departamento comienza a utilizar herramientas diferentes.

Esta práctica da lugar a:

  • Aplicaciones aisladas para contabilidad y facturación.
  • Herramientas distintas para la gestión comercial y relaciones con clientes.
  • Múltiples hojas de cálculo para análisis económico y financiero.

Con el tiempo, las bases de datos distribuidas generan un entorno de gestión ineficiente, provocando pérdidas de tiempo y aumento de costes.

CONTENIDO DEL POST

La coherencia de la información: El primer reto

Tener múltiples bases de datos dificulta mantener información coherente y actualizada. Por ejemplo, si un cliente cambia su teléfono y solo actualizamos la base de datos comercial, se generarán discrepancias con el sistema de facturación.

Los principales problemas de la información incoherente son:

  • Datos desactualizados.
  • Errores en la comunicación con clientes.
  • Pérdida de tiempo en la validación de información.

La transferencia de datos: Un foco de errores

Otro problema surge cuando es necesario transferir información de un sistema a otro, por ejemplo:

  • Gestionar cobros y pagos en plataformas distintas al software contable.
  • Presentar obligaciones fiscales utilizando varios programas.

Cada transferencia de datos implica:

  • Tiempo extra en replicar información.
  • Riesgo de errores al copiar datos manualmente.
  • Ineficiencia en los procesos contables y fiscales.

Ejemplos de cómo una base de datos única mejora la gestión empresarial

Implementar una base de datos única impacta directamente en la eficiencia de los procesos clave de una empresa. Estos son algunos ejemplos prácticos:

  • Atención al cliente personalizada: al tener toda la información centralizada, los equipos de soporte pueden acceder al historial completo de cada cliente en tiempo real, ofreciendo respuestas más ágiles y personalizadas.
  • Automatización de reportes financieros: una base de datos unificada permite generar informes financieros y de gestión sin necesidad de consolidar datos manualmente desde múltiples fuentes.
  • Reducción de errores en facturación: al integrar la información comercial, de ventas y contabilidad, se minimizan los errores en la emisión de facturas y en el seguimiento de cobros.
  • Gestión de inventarios más precisa: la sincronización de datos entre ventas y almacén facilita un control más exacto del stock y evita roturas o excesos de inventario.

Estos casos demuestran cómo la centralización de la información aporta valor tangible en el día a día de una empresa.

Beneficios de unificar las bases de datos

Calcular el tiempo perdido y el coste de los errores muestra que, a medio plazo, es mucho más rentable centralizar los datos en una única base.

Ventajas de una base de datos única

  • Mejora la eficiencia operativa.
  • Aumenta la calidad y coherencia de los datos.
  • Reduce errores y retrabajos.
  • Facilita el cumplimiento de obligaciones fiscales.
  • Optimiza procesos y reduce costes operativos.

Cómo migrar hacia una base de datos unificada en tu empresa

Para conseguir una gestión de la información más eficiente, es fundamental planificar correctamente el proceso de unificación de las bases de datos. Estos son los pasos clave:

  1. Auditar las bases de datos existentes: identifica qué sistemas y herramientas utilizan actualmente los distintos departamentos.
  2. Definir los procesos a integrar: determina qué flujos de información se deben centralizar y cuáles son prioritarios para la operativa del negocio.
  3. Seleccionar el software adecuado: elige una solución que se adapte a las necesidades específicas de tu empresa.
  4. Planificar la migración: establece un cronograma realista, identificando posibles riesgos y planificando pruebas de validación.
  5. Capacitar al equipo: forma a los empleados en el uso de la nueva herramienta y en las nuevas prácticas de gestión de la información.
  6. Monitorizar y optimizar: una vez implantada la solución, realiza un seguimiento continuo para asegurar la calidad de los datos y mejorar los procesos.

Al seguir estos pasos, podrás transitar hacia una gestión más integrada, eficiente y orientada a resultados.

Conclusión: Hacia una gestión de datos más eficiente

Adoptar una estrategia de gestión de datos unificada no solo es una decisión tecnológica, sino una apuesta por el crecimiento sostenible y la excelencia operativa. Cuanto antes inicies este proceso, más preparada estará tu empresa para afrontar los retos del mercado actual y aprovechar al máximo las oportunidades de la digitalización.

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¿Termina la inflación de notas en la PAU? Evidencias recientes y nuevas señales

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Hoy da comienzo la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para más de 300.000 estudiantes en España. Durante más de una década, el sistema educativo español ha mostrado una clara tendencia al alza en las calificaciones obtenidas por los estudiantes en Bachillerato y en la prueba de acceso a la universidad, una evolución que ha alimentado el debate sobre una posible inflación de notas. Sin embargo, los datos más recientes apuntan a una estabilización e incluso ligera reversión de esta dinámica. Además, los cambios introducidos por el Real Decreto 534/2024, aplicables a partir de la convocatoria de 2025, podrían consolidar esta inflexión.


El número de estudiantes matriculados, presentados y aprobados en la PAU genérica ha crecido hasta alcanzar cifras récord en 2024 (318.138 matriculados, 312.771 presentados y 286.949 aprobados). La PAU genérica incluye tanto la convocatoria ordinaria (junio) como la extraordinaria, y está dirigida a estudiantes que proceden de Bachillerato, FP y sistemas educativos extranjeros homologados. Consta de una fase general obligatoria y una fase específica voluntaria destinada a mejorar la nota de admisión.

El porcentaje de aprobados entre los presentados alcanza el 91,7 %, una cifra muy elevada que, según el análisis de Lacuesta et al. (2024), podría reflejar una relajación de estándares tras los cambios introducidos en la evaluación durante la pandemia.

La nota media de acceso a Grado (calculada como 60 % nota de Bachillerato 40 % fase general de la PAU y excluyendo la fase específica) muestra una trayectoria creciente hasta 2021, pero se estabiliza en torno a 7,41 en los últimos tres años (panel 2 del gráfico). Su estancamiento rompe con la tendencia inflacionaria de los cursos anteriores y puede interpretarse como señal de que el sistema ha alcanzado un punto de saturación.

El efecto de la nueva legislación

El patrón es especialmente relevante si se considera el impacto previsto del nuevo marco normativo. El Real Decreto 534/2024, que modifica el diseño y los criterios de evaluación de la prueba, anticipa un probable descenso de las calificaciones medias a partir de 2025 por varias razones técnicas:

  • Se eliminan o reducen opciones múltiples y ejercicios tipo test.
  • Se incrementa el peso de preguntas abiertas que exigen desarrollo competencial.
  • Los nuevos criterios de corrección valoran más el análisis, la argumentación y la expresión escrita.

Los cambios elevan el nivel de exigencia y, aplicados sin un periodo de transición suficiente, podrían acentuar la reversión de la inflación de notas observada recientemente.

El último panel del gráfico muestra la evolución de la nota media en Bachillerato desagregada por tipo de matrícula. En 2024, la media total desciende levemente a 7,84, tras una década de incrementos continuados. Este descenso, aunque modesto, es significativo, porque rompe la tendencia alcista observada incluso antes de la pandemia. La inflación en las notas de Bachillerato es solo parcialmente achacable a la flexibilización que se produjo durante el COVID, pues ya se observaba antes de la pandemia. Cobreros et al. (2023) sugieren que una reforma en 2017 que reducía la opcionalidad de la fase específica produjo un incremento de las notas de Bachillerato como compensación. Otras reformas, como el aumento del límite de la nota para tener beca de 5 a 6,5 en 2013 pudieron también tener un impacto similar en la forma de puntuar de los docentes de Bachillerato. Como se afirma en el artículo de Lacuesta et al., citado más arriba, un incremento tendencial de notas tanto en los dos cursos de Bachillerato puede significar “una mejora de la formación de los estudiantes o un relajamiento de los estándares de calidad, lo que la literatura de economía de la educación ha denominado inflación de notas (Denning et al., 2023). Este fenómeno es preocupante porque la señal de la nota pierde valor para determinar los cambios relativos de la demanda entre carreras y las posibilidades reales del estudiante de acceder en el momento de hacer la preinscripción. La inflación de notas, por tanto, también podría favorecer un desajuste en el proceso de emparejamiento de demanda y oferta”. 

Conclusión

La combinación de los datos recientes del Ministerio de Universidades y la nueva normativa apuntan a que la inflación de notas en el sistema de acceso a la universidad ha tocado techo y está comenzando a revertirse. El nuevo diseño de la prueba de acceso, más exigente en términos competenciales, podría acelerar esta corrección. Si se confirman estas tendencias en 2025, estaríamos ante una oportunidad para recuperar el valor informativo de las calificaciones como mecanismo de señal académica y de ajuste eficiente entre la oferta y demanda de estudios universitarios.

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Poco más de la mitad de los españoles se reconoce como católico

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El inicio del nuevo pontificado en mayo de 2025 despertó un notable interés mediático y social en España, un país que durante siglos fue considerado uno de los principales bastiones del catolicismo y motor de su difusión internacional. Ese antiguo protagonismo contrasta hoy con la evidencia de la secularización de la sociedad española: en abril de este mismo año, solo el 55 % de los españoles mayores de edad se identificaba como católico, una cifra que dista considerablemente del 90 % equivalente registrado en la segunda mitad de los años setenta (gráfico 1)1


A pesar de diversas rupturas metodológicas de la serie anterior, es posible reconstruir la evolución de la identificación católica desde la segunda mitad de los setenta, tal y como se ha hecho en la última Nota de Coyuntura Social. Tras una etapa inicial de estabilidad en niveles cercanos al 90 %, a finales de los ochenta y hasta mediados de los noventa se observa una caída que sitúa la identificación católica en el entorno del 80 %. A partir de ahí, se registra una nueva fase de estabilización hasta aproximadamente 2004, seguida por una nueva caída que se para en 2023 (hasta cerca del 54 %; téngase en cuenta la ruptura de la serie), y que se ve apenas interrumpida en 2019. En el último bienio, los datos apuntan a una nueva estabilización en niveles próximos al 55 %.

Este proceso de secularización no ha afectado por igual a todos los grupos de edad. El análisis de los cambios registrados desde comienzos de este siglo en el total de la población residente en España, a partir de los datos de la Encuesta Social Europea, evidencia que, si bien la disminución en la proporción de católicos es sustantiva en todos los grupos etarios, es especialmente profunda en los más jóvenes (gráfico 2). En 2002, el 60 % de la población de 18 a 29 años se identificaba como católico, mientras que en 2024 solo lo hacía el 32 %, lo que supone una caída cercana al 50 %. En cambio, entre quienes tienen 70 años o más, la identificación como católicos pasó del 89 % al 77 % en el mismo periodo, con una reducción de 12 puntos porcentuales, equivalente a un 14 % de la cifra inicial.


Aunque cabe atribuir en gran medida el avance de la secularización al reemplazo generacional, no es este el único factor que explica la caída de la identificación católica de la población. De hecho, los datos apuntan a que, junto con la incorporación de generaciones menos religiosas, también se ha dado una pérdida de religiosidad a lo largo del ciclo vital. Por ejemplo, el 83 % de los nacidos entre 1943 y 1952 se identificaban como católicos en 2002, cuando tenían entre 50 y 59 años, pero en 2024, ya con edades entre los 70 y 79 años, esa cifra había caído al 73 % (gráfico 3). Esta evolución es aún más marcada en las generaciones más jóvenes: entre 2002 y 2024, la proporción de católicos entre quienes nacieron entre 1973 y 1984 pasó del 60 % al 42%.


El espacio del catolicismo apenas ha sido ocupado por otras religiones, como podría esperarse, en parte, de la incorporación de población de origen extranjero a la sociedad española, sino que en su mayoría se corresponde con quienes se declaran indiferentes, agnósticos o ateos, es decir, por quienes no tienen una adscripción religiosa. Aunque han ganado cierto protagonismo otras confesiones, tanto cristianas como no cristianas, su peso sigue siendo reducido. En 2002, solo el 0,5 % de la población adulta se identificaba con confesiones cristianas distintas del catolicismo, porcentaje que asciende al 3 % en 2024 (gráfico 4). Las religiones no cristianas —principalmente el islam— también han crecido en la población residente en España, pasando del 1 % al 3 % en el mismo periodo. Sin embargo, el cambio más relevante cuantitativamente es el del incremento de quienes no se identifican con ninguna religión: del 22 % en 2002 al 42 % en 2024, lo que representa un cambio sustancial en el panorama religioso del país.


El comportamiento de otros dos indicadores analizados en la última Nota de Coyuntura Social —el desplome de los matrimonios católicos y la caída paulatina de la matrícula en la asignatura de religión católica, reflejo ambos de las decisiones de los adultos jóvenes— sugiere que el proceso de secularización en España aún no ha tocado fondo. A la vista de la evolución de la religiosidad de las cohortes que les antecedieron, no es fácilmente imaginable una recuperación de la religiosidad de aquellos a lo largo de su vida. Sin embargo, la persistencia de “minorías” de cierto tamaño de católicos practicantes en España, así como, especialmente, la gran diversidad nacional todavía observable en la proporción de no creyentes a escala europea nos plantea un recordatorio doble. Primero, no hay un único punto de llegada o un único equilibrio (temporal) respecto del lugar social (y privado) de la religión, y, justamente por eso, segundo, el futuro a medio plazo no es tan obvio, aunque todos los indicadores parezcan apuntar en la misma dirección.


[1] Ténganse en cuenta para la comparación, en todo caso, que ha habido diversos cambios metodológicos en la medición de esta variable a lo largo de ese periodo.

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