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Test de estrés para los bancos centrales

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A los bancos centrales, auténticos artífices de la política económica desde el fin de la crisis financiera, se les atribuye la capacidad de controlar la evolución de los precios y simultáneamente alentar el crecimiento económico. Una virtud cuasi mágica, lograda gracias a un sabio manejo de las anticipaciones de los mercados. La receta, llamada relajación cuantitativa, ha sido similar en expansión como en crisis: compra masiva de deuda pública, tipos de interés insignificantes y fuertes inyecciones de liquidez para impulsar el crédito al sector privado. La estrategia alcanzó su máxima expresión con la pandemia, proporcionando ingentes cantidades de liquidez a los Estados para que éstos evitaran el hundimiento del empleo y el desgarro del tejido empresarial. 

A cambio de los estímulos, los responsables monetarios prometieron contención en los precios, factor crucial que posibilitó (y justificó a ojos del mercado) la relajación cuantitativa. Es un hecho que, hasta fechas recientes, la inflación había desaparecido, invalidando los pronósticos del manual monetarista. En España, como en el conjunto de la eurozona, la inflación se ha mantenido netamente por debajo del 2% en todos y cada uno de los últimos 8 años. Y en EE UU la inflación tampoco ha alcanzado el objetivo, ni siquiera en la etapa prepandemia cercana al pleno empleo.  

Este panorama podría estar cambiando radicalmente, en primer lugar, por las dudas acerca de la transitoriedad del repunte de inflación registrado desde inicios del presente ejercicio. Los costes de producción se disparan, por factores exógenos como la escasez relativa de metales (con un incremento del 26% desde enero), de productos alimentarios (15%), y sobre todo de productos energéticos (35%). El indicador de costes de producción española, en terreno negativo a finales de 2020, apunta a una presión creciente (el índice PMI de precios de compra en la industria rozó en mayo el máximo de la serie histórica, y repuntó intensamente en los servicios). 

Gráfico 1

Gráfico 2

De momento, los precios internos no se resienten: descontando los productos energéticos, el IPC apenas se incrementa. Otros indicadores también avalan una repercusión limitada del alza de costes externos. Por ejemplo, en el primer trimestre, el principal indicador sintético de precios de producción (deflactor del PIB) no se movió del 1% de incremento anual. Y los salarios evolucionan dentro de la misma tónica de moderación. 

Pero si el shock de costes externos perdura, las empresas podrían repercutirlo en sus tarifas de venta, provocando incrementos en cascada de precios internos. Esta podría ser ya la situación en EEUU, donde se vislumbran señales tangibles de inflación subyacente. En mayo, el IPC superó el 5% y el componente no energético también se aceleró hasta tasas próximas al 4%. En algunos segmentos del mercado laboral norteamericano, se aprecian fenómenos de escasez de personal.    

Otra importante alteración de la estrategia de relajación cuantitativa atañe a su posición de liderazgo de los mercados. Porque la credibilidad juega un papel fundamental en las expectativas de los agentes: éstos anticipan una inflación baja si consideran que el banco central dispone de instrumentos para reaccionar a cualquier importante desvío con respecto a los objetivos. En ese sentido, una dependencia fiscal considerada como excesiva reduciría la credibilidad del objetivo de estabilidad financiera, y dificultaría el control de la inflación ante shocks de costes como el actual. 

Se evidencia, por tanto, la necesidad de modificar las políticas monetarias a medida que la recuperación vaya ganando tracción. Esta semana la Reserva Federal anunció una inflexión en su política a partir de 2023, y otros bancos centrales como el de Noruega se decantan por una acción incluso más temprana. El BCE se mantiene al margen, de momento. Pero todo prefigura un nuevo modelo de gestión macroeconómica, desde la heterodoxia fraguada en la crisis financiera en que los bancos centrales jugaron un papel preponderante, hasta la reflación poscovid. La cuestión es si los Estados están en condiciones de asumir un mayor protagonismo.


MERCADOS | El anuncio por parte de la Reserva Federal de un posible incremento del principal tipo de interés de referencia a partir de 2023 ha tenido como principal efecto una apreciación del dólar frente al euro, ante la posibilidad de un mayor diferencial de rentabilidad entre ambos lados del Atlántico. Así pues, la cotización del dólar se ha apreciado en torno al 2% en menos de una semana. De momento, no se aprecia una tendencia clara en el tipo de interés de los bonos españoles ni en la prima de riesgo.  

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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España nunca se ha financiado de forma tan barata: así son los eurobonos que se han emitido por primera vez

La Unión Europea ha emitido deuda pública por primera vez, para financiar el pan de inversión de recuperación económica tras la pandemia del Covid19. Se trata de un evento histórico, porque hasta el momento la Unión Europea nunca se había endeudado, se endeudaban los estados miembros. Sí es cierto que se habían propuesto varias veces, por ejemplo en 2010 para la crisis financiera de Grecia.

De hecho, como comentamos en abril de 2020, los eurobonos no eran una opción razonable. No estaba el mercado listo para ellos ni los mecanismos, además de que había una alternativa a financiarse a bajo coste en situación de restricciones de liquidez, el MEDE. No obstante, la devastación económica provocada por la pandemia y los distintos desafíos que están surgiendo, **han hecho que se planteen otras alternativas.
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El programan Next Gen EU

El programa Next Gen EU surge como una idea para transformar y reactivar la economía de la UE mediante la inversión en aquellos sectores que podrían empujar la economía en los próximos años. La idea de Bruselas es usar la crisis para hacer la economía europea más competitiva frente al auge de China y la economía de EEUU que lleva décadas dejando atrás a la europea. En general esto se centra en dos aspectos: digitalización (cambio tecnológico) y tecnologías sostenibles o verdes.

El programa de inversión es de 750 mil millones de euros, de los cuales la mayor parte (672,5 mil millones) van al plan de recuperación y resilencia. De estos 39 mil millones serán subvenciones y el resto préstamos para el periodo 2021-2026. Lo que se espera es la posibilidad de recuperar a la UE y hacerla “más digital, verde y resiliente” (sí, esas tres apalabras de las que últimamente se abusa bastante).

Cada país planea usar los fondos de un modo distinto, que debe ser aprobado por la comisión. Alemania Francia, Dinamarca, Italia, España, Polonia, etc Todos tienen sus planes y sus prioridades dentro de las líneas generales de la UE. ¿Y cómo se piensa financiar este plan de recuperación? Principalmente con los eurobonos. La deuda se emite entre todos, por lo que España, obtiene unas condiciones muy ventajosas al ir de la mano de solventes socios como Alemania, Holanda, Suecia o Estonia.

Los eurobonos

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Los bonos lanzados por la UE se acordaron en julio de 2020, y la subasta ha salido esta semana. Es decir, como ya comentamos, no se podían lanzar eurobonos de un día para otro. La UE ha emitido bonos por un valor de 20.000 millones en su primera emisión, es decir, todavía quedan muchas emisiones para llegar a los 750.000 millones que emitirá la UE a lo largo de los próximos años al comprar reseñas google.

Los bonos son a diez años y pagan un interés del 0,1% que si lo pensamos está por debajo de la inflación que probablemente tenga la zona euro durante los próximos diez años. A pesar de eso la UE ha recibido una fuerte acogida del mercado, ha recibido una demanda de 142 mil millones en su primera emisión, siete veces más. Lo que no está mal teniendo en cuenta que la UE es la primera vez que se endeuda en su historia.

La emisión ha tenido una clasificación AAA por parte de Moody Fitch y DBRS. Alrededor del 50% ha acabado en Europa y un 13% se ha ido a América y Asia. El plan de la UE es seguir haciendo emisiones en los próximos meses. Otra emisión está planificada para finales de junio y otra para julio. La UE planea emitir 80.000 millones de euros en bonos este año y 20.000 millones de euros en letras. A partir de otoño esperan emitir también bonos verdes, por alrededor de 270.000 millones de euros.

El éxito de los eurobonos dependerá de las reformas que se ejecuten

¿Va a ser esta vez los eurobonos una buena idea? Seguramente es algo que va a depender de los criterios que se ejecuten para entregar los fondos obtenidos a los distintos estados y gobiernos subnacionales. Si el dinero se entrega con poco criterio, como quieren los estados, sólo servirá para que la UE se endeude en conjunto sin que sirva de mucho.

Si se establecen unos criterios claros y útiles, así como de mecanismo de control, si se establecen unas prioridades claras, no de salvar industrias obsoletas y en quiebra sino de dar un salto y se acompaña de medidas que incrementen la competitividad, como condición sine qua non para recibir los fondos, estos eurobonos y el endeudamiento consecuente habrán merecido la pena.

Pregunta a los lectores ¿invertirán en Eurobonos? ¿Creen que los fondos tendrán buen uso?

En El Blog Salmón | El gran miedo de los inversores conservadores: que todo (bitcoin, vivienda, bolsa...) sea una enorme burbuja

Más información | The Blue Bond Proposal

Imagen | The.Comedian

Imagen | Jeanne Menjoulet

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el-cambio-climatico-ya-se-nota-en-los-mercados:-la-rentabilidad-de-las-empresas-que-se-lo-toman-en-serio-es-un-0,5%-superior-cada-ano

El cambio climático ya se nota en los mercados: la rentabilidad de las empresas que se lo toman en serio es un 0,5% superior cada año

En los últimos años, el papel de las acciones sostenibles de bajo impacto ambiental se ha vuelto crucial en los mercados financieros, especialmente si focalizamos en el mercado europeo.

Los hallazgos recientes proporcionan evidencia de que las empresas altamente calificadas en términos de puntuación ambiental, social y de gobernanza reportan mayores rentabilidades y menor volatilidad, lo que se apoya en la suposición de que los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) son considerados, por los agentes del mercado, como un buen indicador de la solidez financiera de las empresas.

Según Eurosif (2020), la Inversión Sostenible y Responsable (ISR) es un enfoque que combina el análisis fundamental con la evaluación de los factores ASG en el proceso de investigación, análisis y selección de valores dentro de una cartera de inversión para capturar mejor los rendimientos a largo plazo para los inversores y beneficiar a la sociedad al influir en el comportamiento de las empresas.

Existen factores fundamentales de fondo que justifican su atractivo. Para la mayoría de las empresas, una creciente demanda de productos sostenibles puede representar una oportunidad de negocio o un camino forzado y tienen que hacer frente a costes más altos y gestionar una nueva variedad de riesgos, que, en esta etapa, son principalmente impulsados por el medio ambiente.

Un dato a tener en cuenta es que el consumo sostenible se está imponiendo en las economías occidentales. Los productos sostenibles crecen 560% más rápido que los productos convencionales y representan más de la mitad del crecimiento total del mercado.

Todos podemos recordar el escándalo de emisiones de Volkswagen de 2014, que causó la caída del precio de las acciones del fabricante de vehículos en un 18% en una sesión (aunque la caída se prolongó un 32% durante la jornada). Necesitó cerca de dos años para recuperar los niveles previos, se trata de un sólido ejemplo de cómo las normas ambientales pueden afectar la rentabilidad financiera de una empresa, a través del cumplimiento con su entorno y el riesgo reputacional.

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¿Qué se le pide a una empresa ISR?

La empresa ISR debe mantener un firme compromiso con la comunidad local, nacional y global en la que opera la empresa. También abarca las relaciones entre la propia comunidad y la empresa, su atención al bienestar público y su compromiso con la reducción del impacto en el medio ambiente en términos de infraestructura corporativa.

Debe participar y respetar de los derechos humanos y a la integridad del trabajo a través, por ejemplo, del respeto al trabajador, el apoyo a la libertad sindical y la exclusión del trabajo infantil o forzoso.

Con relación a los productos o servicios vendidos, el impacto social y ambiental, incluyendo su diseño, su gestión y su desarrollo. También refleja la contribución a la búsqueda de nuevas tecnologías sostenibles y la oferta de bienes o servicios socialmente útiles que mejoren el bienestar general de los consumidores. Estos aspectos también se extienden a la corrección de las prácticas de venta y a la seguridad y calidad de los productos.

En el ámbito laboral, se valora la capacidad de establecer relaciones de trabajo sólidas con los empleados a través de la adecuación de su compensación y de sus beneficios. Estos últimos tienen por objeto mejorar el entorno de trabajo a medio-largo plazo y mejorar la moral de los trabajadores. Debe existir un cumplimiento de políticas y prácticas no discriminatorias hacia los empleados y la creación de un ambiente respetuoso y abierto a la diversidad. Comprar reseñas google positivas.

En términos de sanidad y seguridad se busca la eficacia de la empresa a la hora de proporcionar un lugar de trabajo saludable y seguro. Incluye la calidad de las políticas y programas de trabajo que fomentan el desarrollo personal de los trabajadores, incluso fuera de la empresa.

Las rentabilidades de las empresas ISR

Pero hablemos de rentabilidades. Antes de nada, es justo mencionar las limitaciones existentes sobre la capacidad para realizar una prueba retrospectiva de la hipótesis de las rentabilidades aportabas por este tipo de empresas. La razón que subyace a esta problemática es cómo calificar a una empresa en sus características I, S y R. Hay agencias de calificación externas que nos ofrecen una escala de puntuaciones, aunque ello no está exento de problemas para ofrecer mediciones.

Primero, la metodología puede ser opaca y subjetiva y diferentes proveedores a menudo producen escala de puntos conflictivos. Un productor de vehículos eléctricos como Tesla es un ejemplo que se cita a menudo: una agencia calificadora lo califica alto por sus credenciales ecológicas y mal calificado por otra según la evaluación de la agencia sobre su gobierno.

En segundo lugar, la cobertura de datos de las empresas no siempre es completa y es particularmente incompleta para las empresas más pequeñas y en mercados emergentes en los que la transparencia está en fase de desarrollo.

En tercer y último lugar, cuanto más retrocedamos en el tiempo, más probable será que los datos de puntuación no capturen adecuadamente los desafíos ISR en tiempo real. Es posible que los datos no hayan estado disponibles o no hayan sido divulgados en ese momento y, lo que es más importante, los datos que son realmente relevantes para el precio de los activos probablemente hayan cambiado con el tiempo.

Dicho esto, la gestora RSC Global Asset Management nos ofrece un interesante análisis basándose en la recopilación de diferentes estudios sobre las rentabilidades de las empresas ESG.

Varios otros estudios han demostrado que el índice social MSCI KLD 400 -lanzado en mayo de 1990 es el primer índice de inversión socialmente responsable- ha superado al índice S&P 500 (bolsa estadounidense).

Específicamente, el estudio de Morgan Stanley de 2015 encontró que el índice social MSCI KLD 400 logró una rentabilidad anualizada de 10,14% en comparación con 9,69% para el índice S&P 500 de julio de 1990 a diciembre de 2014.

Social

Una diferencia de medio punto puede parecer irrisoria. Pero si miramos el largo plazo, se añade un exceso de rentabilidad acumulada del 102,36% entre 1990 y 2014.

El estudio de Bank of America Merrill Lynch de 201832 (utilizando datos de Thomson Reuters y MSCI) analizó las puntuaciones ISR de 17 compañías del índice S&P 500 que han quebrado desde 2005. El estudio encontró que estas compañías mostraron un deterioro significativo en sus puntajes ISR durante los cinco años anteriores a su quiebra. La investigación mostró que si un inversor solo hubiera tenido acciones con calificaciones ISR por encima de la media durante el período del estudio, habría evitado 15 de las 17 quiebras.

Glossner publicó un estudio en 2018 que analizó los rendimientos de las acciones de compañías "controvertidas", alejadas de los parámetros ISR. Encontró que una cartera de compañías controvertidas de los Estados Unidos tenía rentabilidades negativas anormales significativos y alfa entre -3.5% y -3.7% por año. El mismo ejercicio se llevó a cabo con una cartera de empresas controvertidas de Europa y los resultados fueron similares: rendimientos negativos anormales significativos y alfa entre -2% y -2,9% anual.

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Buena onda en el sector exterior

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Nos devanamos los sesos tratando de ver cómo mejorar la competitividad de la economía. Una receta fácil es potenciar lo que se ha mejorado. Incluso recordarlo, entre tanta autoflagelación. Esta semana, Eurostat ha publicado los datos de comercio internacional de abril. Primero, las (pocas) malas noticias: España registró, como ha sido la norma en las últimas décadas, un déficit de balanza comercial en ese mes de 2.055 millones de euros. De enero a abril el déficit fue 5.200 millones. En lo positivo, se confirma que la recuperación toma cuerpo. Mejor noticia aún es que también lo hacen las exportaciones de bienes. Se aprecia un esfuerzo para reducir ese déficit comercial. En los primeros meses del año, las exportaciones avanzaron un 16% (situándose en 101.100 millones de euros) mientras que las importaciones lo hicieron un 10% (alcanzando los 106.200).

Es en el comercio dentro de la UE donde parece que España hace mejor los deberes. Hay un superávit comercial porque exporta (63.200 millones de euros) más que importamos (61.000 millones). Fuera de la UE —es cierto que aquí aparece la factura de las importaciones energéticas— es donde deben redoblarse esfuerzos porque las exportaciones son de 37.900 millones frente a importaciones de 45.200 millones. En todos los casos, las exportaciones aumentan más rápido. Gana enteros la hipótesis de que podría cerrarse el gap en un futuro próximo. Algunos analistas sugieren que, incluso, hacia 2022 o 2023 podría llegarse a un superávit de balanza comercial. Supondría tener un sector exterior aún no muy voluminoso pero equilibrado. Sería una buena señal cuando tenemos tantos desequilibrios —cuentas públicas, por ejemplo— en la economía española.

Surgen oportunidades ante la reapertura de las economías del mundo tras la pandemia. España debe aprovechar la posible relajación de las tensiones arancelarias. Reforzar exportaciones no solo donde tradicionalmente lo hace bien, aunque sean menos conocidas (productos químicos, medicamentos o bienes de equipo), sino donde tiene capacidad de liderar y, de hecho, es muy competitiva internacionalmente (cítricos, aceite de oliva, vino, porcino). Políticas transversales —como la fiscalidad, debidamente alineados con socios y competidores— también deben emplearse para apuntalar la competitividad.

Desde la crisis financiera, España ha ganado cuota de mercado en comercio global. Algo se debe estar haciendo bien, pero hay dos puntos que considerar. Se precisa peso específico en los acuerdos y negociaciones internacionales, en particular con Asia. Vamos de la mano de la UE, pero quizás a veces España debería respaldar más los sectores donde es fuerte por calidad y tecnología incorporada, como el agrícola.

Por otro lado, se deben potenciar las exportaciones de bienes donde España tiene capacidades en capital humano, pero poco desarrollo en patentes y, en general, intangibles. El mundo crece por ahí. Sin esas capacidades, existirá un lastre en el sector exterior. En la puesta en práctica de los planes de “luces largas” presentados recientemente, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el de España 2050, habrá que reforzar la concreción de las medidas que desean impulsar una mayor productividad y competitividad de la economía española. Necesitamos más pymes exportadoras que se conviertan en empresas más grandes.

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Teletrabajo (X): ¿Cómo se ha adaptado el sector público?

Te contamos cómo se ha adaptado el sector público al teletrabajo, así como las ventajas de esta modalidad.

  • La Administración ha tenido que adaptar el Estatuto Básico del Empleado Público a las nuevas condiciones laborales.
  • El teletrabajo ha afectado a 2,5 millones de trabajadores públicos de España.

El sector privado no es el único que ha tenido que adaptarse al teletrabajo. La COVID-19 supuso también un cambio de ritmo para la Administración Pública. Hasta el inicio de la pandemia, en el sector público no se contemplaba otra modalidad de trabajo que no fuera la presencial.

Sin embargo, el confinamiento puso de manifiesto que lo público era más necesario que nunca y que la actividad no podía pararse. Así es como se ha adaptado el sector público al teletrabajo.

Teletrabajo en el sector público: así es la normativa

En octubre de 2020 entró en vigor la normativa que regula el teletrabajo en el sector público.

El Ministerio de Función Pública y Política Territorial llegó a un acuerdo con los sindicatos para desarrollar una regulación específica para el teletrabajo. Durante cinco meses se negociaron los términos. En ese sentido, se pidió que la norma permitiera a la plantilla trabajar a distancia de manera voluntaria tres días a la semana. Los dos días restantes, tendrían que ir a la oficina.

A nivel de la Administración General del Estado, la medida afectó a unas 230.395 personas que trabajan tanto en los ministerios, como en los organismos autónomos y agencias estatales. En total, la regulación del teletrabajo en el sector público ha supuesto la adaptación del trabajo de 2,5 millones de empleados públicos.

Así, las administraciones han tenido que adaptar su normativa para permitir la opción del teletrabajo a sus empleados. El Real Decreto-Ley que se ha aprobado en este sentido les daba un plazo de seis meses para adoptar las medidas oportunas.

Adaptación del Estatuto del Empleado Público al teletrabajo

La norma aprobada incluye una adaptación de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). De hecho, la normativa ha supuesto la modificación del artículo 47 del Estatuto Básico del Empleado Público.

Se aplica a unos 2,5 millones de personas, tanto personal funcionario como laboral, de todas las administraciones públicas del país. Aun así, las comunidades autónomas han podido adaptar la norma a sus planteamientos. Pese a que esta reforma se aprobó en octubre de 2020, no ha sido hasta 2021 cuando se han comprobado sus efectos.

Según el Estatuto Básico del Empleado Público, la prestación del servicio mediante teletrabajo tiene que estar expresamente autorizada. Además, es un requisito que sea compatible con la modalidad presencial. Esto no evita que el carácter de esta modalidad sea voluntario y reversible excepto en casos excepcionales que estén bien justificados.

Cumplimiento de la jornada laboral

Asimismo, recoge que el teletrabajo no podrá suponer ningún incumplimiento de la jornada y el horario y de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal.

De igual forma, queda en manos de la Administración valorar el carácter susceptible de poder realizarse mediante teletrabajo tareas asignadas al puesto y la formación en competencias digitales.

El teletrabajo no podrá suponer un incumplimiento de la jornada laboral ni del horario aplicable al empleado público.

¿Qué ocurre con la jornada ordinaria de trabajo? Nada. El teletrabajo no supone ningún cambio en ese sentido. La prestación de servicio a distancia mediante la modalidad de teletrabajo no será considerada como ordinaria ni puede ser absoluta. Según lo establecido, será en cada ámbito y en la normativa reguladora que se dicte por cada Administración competente donde se determine la prestación de servicios que puede desarrollarse bajo esta normalidad.

Además de eso, aquellos empleados que presten sus servicios mediante el teletrabajo también tendrán los mismos deberes y derechos, individuales y colectivos que aparecen en el Estatuto. Esto incluye la normativa de prevención de riesgos laborales que resulte aplicable, salvo aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación del servicio de manera presencial.

La propia Administración garantizará el derecho a la intimidad y a la desconexión digital de los empleados que estén teletrabajando. De igual forma se garantiza la confidencialidad y protección de datos y será la propia Administración la que facilite a los empleados el material necesario para desarrollar su actividad.

Ventajas del teletrabajo en el sector público

Cabe recordar que el teletrabajo es una modalidad de prestación de servicios a distancia. Gracias a ella, se puede desarrollar el contenido del puesto de trabajo fuera de las dependencias de la Administración. Para ello habrá que hacer uso de tecnologías de la información y comunicación.

Esta modalidad de trabajo supone una ventaja para reducir la expansión de la COVID-19.

Entre las ventajas del teletrabajo en el sector público destaca su potencial para reducir la expansión de la COVID-19. Y es que, el teletrabajo hace posible el uso de medios tecnológicos para realizar tareas a distancia o de manera virtual. Esto supone que no se necesita estar físicamente en las dependencias durante la jornada laboral. Así se pueden mantener la actividad y la prestación de servicios públicos.

Los expertos advierten que aplicar el teletrabajo en el sector público supone una oportunidad para la introducción de cambios en las formas de organización del trabajo. Aportando una mejor prestación de servicios públicos y redundando en el bienestar de los empleados y evitando el síndrome burnout. Se consigue, indican, una Administración mucho más abierta.

El teletrabajo ha venido para quedarse y eso es algo que el sector público y el privado ya están experimentando con éxito.

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El efecto de la subida del SMI que no recoge el informe del banco de España: obliga a muchas empresas a ser mejores

Normalmente cuando se habla de las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) se hace siempre en términos de empleo o en términos de sacar a trabajadores de la pobreza. El último informe del Banco de España no es una excepción: se centra en los efectos de empleo que tuvo la subida del 22% del SMI en 2019.

Y efectivamente las conclusiones son interesantes, ya que esta medida ha tenido un impacto negativo en el empleo. Y, a pesar de la superficialidad con la que se ha hablado del estudio, es de buena calidad, las conclusiones parecen acertadas. Sin embargo hay un efecto que las subidas de SMI no suelen contemplar y es el impacto que tiene en las empresas.

SMI, empleo y pobreza

El debate del SMI siempre va en dos dirección. Los partidarios de sus subidas siempre indican que no puede ser que haya trabajadores pobres, que es necesario elevar el SMI para sacar de este pozo al conjunto de trabajadores que están peor remunerados. Los detractores dicen que expulsan del mercado laboral a los menos cualificados, y que en el caso de España esto es especialmente grave ya que tenemos mucho desempleo.

Sin embargo siempre que hay un problema hay que buscar sus causas: ¿por qué en España hay trabajadores con sueldos tan bajos? Hay países sin sueldo mínimo que funcionan bastante bien, como Dinamarca, Austria o Suecia. El problema que tenemos en España es que hay un tejido de pequeñas y medianas empresas excesivamente grande, que no logran tener una productividad suficiente para alcanzar la rentabilidad necesaria que le permita pagar sueldos más altos.

Es el pez que se muerde la cola: al no tener mucha rentabilidad tampoco puede usar a sus trabajadores de la forma más eficiente para que sean más productivos. Pero la rentabilidad quizá sea suficiente para "ir tirando" y no invertir en mejorar procesos o automatizar tareas que mejoren la productividad.

Y curiosamente, aquí es donde un efecto de segundo orden del SMI podría ser interesante: una subida del SMI puede hacer que las empresas, al no poder pagar sueldos bajos, tengan que ponerse las pilas para ser mejores.

Los efectos de la subida del SMI en la productividad

Si miramos desde el punto de vista de una empresa que tiene trabajadores cobrando el SMI, existen tres salidas ante una subida de dicho salario: una, reducir los márgenes; dos, si estos son escasos, dejar de producir (desaparecer, desmontar líneas de negocio, etc.); tres, mejorar para lograr absorber esta subida sin afectar a los márgenes.

Normalmente se dan una combinación de las tres, pero las dos segundas son fundamentales en el aumento de la productividad: por un lado desaparecen empresas menos competitivas en favor de las mejores. Y por otro empujan a las empresas menos competitivas a serlo o desaparecer. Es un efecto estudiado en otros países y extrapolable a España.

Por tanto aunque el Estado debería incentivar a las empresas a ser más productivas, por el bien de sus trabajadores, pero es un debate aburrido y queda mejor subir el SMI y apuntarse el tanto de que se preocupa de los trabajadores, en la práctica está haciendo lo mismo: con cada subida del SMI está empujando a las empresas a mejorar.

No estaría de más que el Estado, además de empujar ayude: por ejemplo creando planes de formación de trabajadores adecuados a los tiempos e incentivando inversiones. Ayudando, además de arrinconando, para que haya una salida que no sea desaparecer: mejorar.

La subida del SMI de 2019 y los incrementos en la productividad

El gran problema de las subidas del SMI es que, para ver sus efectos, hay que hacer algunos supuestos que luego son bastante debatibles. Al igual que en el informe del Banco de España se hacen algunos supuestos para medir el impacto en el empleo, habría que hacer lo mismo para medir la productividad.

Sin embargo, faltan datos. Ya el propio informe del Banco de España indica que para ir más allá de los efectos en el empleo harían falta datos de la Seguridad Social que no están disponibles. Pero desde luego sería interesante verlo, porque una subida del tal calibre del SMI ha tenido que tener un impacto nada desdeñable en las empresas que hayan podido absorberla.

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¿que-es-la-elasticidad-de-la-demanda?

¿Qué es la Elasticidad de la Demanda?

La elasticidad de la demanda, también conocida como la elasticidad-precio de la demanda, es un concepto que en economía se utiliza para medir la sensibilidad o capacidad de respuesta de un producto a un cambio en su precio. En principio, la elasticidad de la demanda se define como el cambio porcentual en la cantidad demandada, dividido por el cambio porcentual en el precio. La elasticidad de la demanda puede ser expresada gráficamente a través de una simplificación de curvas de demanda.

Como descubrió el economista francés Auguste Cournot en 1850 (autor de la Loi de debit), la cantidad demandada de un bien (si todo lo demás permanece constante = ceteris paribus) es función de su precio y, por tanto, a menor precio mayor demanda. Alfred Marshall en sus Principios de Economía (1890) desarrolló el tema en forma más detallada.

Relación inversa

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Esta relación inversa entre precio y cantidad genera un coeficiente negativo, por eso generalmente se toma el valor de la elasticidad en valor absoluto. La elasticidad de la demanda se expresa como Ed y dependiendo de la capacidad de respuesta a los cambios en los precios, la elasticidad de la demanda puede ser elástica (A) o inelástica (B). Cuanto más horizontal sea la curva de demanda, mayor es la elasticidad de la demanda. Del mismo modo, si la curva de demanda es más bien vertical, la elasticidad de la demanda será inelástica al precio.

De acuerdo a lo que hemos señalado, la elasticidad precio de la demanda se define de la siguiente manera:

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En general, la demanda de un bien es inelástica (o relativamente inelástica) cuando el coeficiente de elasticidad es menor que uno en valor absoluto. Esto indica que las variaciones en el precio tienen un efecto relativamente pequeño en la cantidad demandada del bien. Un producto clásicamente inelástico es la insulina. Las variaciones en el precio de la insulina tiene una variación prácticamente nula en la cantidad demandada. Es decir, es insensible o inelástica al precio.

El concepto de “elasticidad”

Cuando la Elasticidad Precio de la Demanda es mayor que uno, se dice que la demanda de este bien es elástica (o relativamente elástica). Una disminución a la baja en el precio de la carne o el jamón serrano genera un impacto en la cantidad demandada. Por ejemplo, si el precio del jamón disminuye en un 5% y la demanda aumenta en un 10% se obtiene (10% / -5% = -2). La elasticidad es igual a 2, en valor absoluto. Nótese que este es un número sin dimensiones.

Son varios los factores que influyen en el mayor o menor grado de elasticidad de un bien. Por ejemplo, el tipo de necesidades. Si es un producto de primera necesidad, su demanda será más bien inelástica; en cambio si es un producto de lujo su demanda será más elástica, dado que un aumento en el precio alejará a algunos consumidores. También afecta la elasticidad la existencia de bienes sustitutos. Si hay buenos sustitutos, la demanda del bien será elástica y se podrá reemplazar su consumo. Al revés, si hay pocos sustitutos, la demanda tenderá a ser inelástica. Un ejemplo clásico de bienes sustitutos y elasticidad es la mantequilla y la margarina. Si la mantequilla sube mucho de precio se podrá reemplazar por la margarina.

Otro factor que afecta es el período de tiempo. La elasticidad tiende a aumentar en el largo plazo porque los consumidores tienen más tiempo para ajustar su comportamiento y adaptarse a los bienes sustitutos. Frente a otros productos, como por ejemplo el petróleo, el consumidor puede reaccionar rapidamente a un alza y disminuir su consumo, pero con el tiempo se adaptará al nuevo precio y volverá a consumir a los mismos niveles, mostrando así una demanda inelástica. Los cigarrillos son un claro ejemplo.

La elasticidad no es una función lineal

Un elemento importante a tener en cuenta es que la elasticidad de la demanda no es la misma a lo largo de toda la curva de demanda, es decir no es una función lineal. Dependiendo del producto es posible que para precios altos la demanda sea más elástica que para precios bajos, como ilustra la siguiente gráfica:

dda lineal

¿Por qué la elasticidad es más pequeña a precios más bajos? Esto se debe a que los niveles del precio y la cantidad demandada afectan los cambios porcentuales. Para un cambio dado del precio, el cambio porcentual es pequeño a un precio elevado y grande a un precio bajo. De manera similar, para un cambio dado en la cantidad demandada, el cambio porcentual es pequeño para una cantidad grande y grande para una cantidad pequeña. Por esto, para un cambio dado en el precio, cuanto más bajo sea el precio inicial, mayor será el cambio porcentual del precio, menor será el cambio porcentual de la cantidad demandada y menor la elasticidad.

La elasticidad precio de la demanda se puede aplicar a una gran variedad de problemas en los que se busca conocer el cambio esperado en la cantidad demandada dado un cambio contemplado en el precio. Para todo tipo de productos es muy importante conocer lo que pasará con la demanda si suben o bajan los precios. Si la demanda es elástica, una disminución del precio puede reportar muy buenos dividendos al aumentar las ventas en un porcentaje mayor al cambio en el precio. Una de las razones para aplicar impuestos adicionales a productos como el petróleo o los cigarrillos es la inelasticidad que tienen estos bienes en el largo plazo. Las personas asumen el precio más elevado y lo incorporan a su comportamiento. Para estos y otros casos,es fundamental conocer la elasticidad de la demanda.

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la-economia-de-la-salud-publica-en-espana-(ii)

La economía de la salud pública en España (II)

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Este[1] es el segundo de una serie de artículos en la que estamos analizando de forma elemental la Economía de la salud pública en España. La importancia de las actividades y servicios de salud pública no se puede minusvalorar. Se ha estimado que de los 30 años de esperanza de vida ganados a lo largo del siglo xx, 25 se pueden atribuir a medidas de salud pública, tales como mejor nutrición, saneamiento y vivienda, etc., mientras que la asistencia sanitaria a los pacientes individuales habría contribuido con cinco años (Bunker et al. 1994). La vigilancia y control epidemiológico han conseguido contener ciertas epidemias. Las vacunas a lo largo de la historia han disminuido radicalmente morbilidad y mortalidad salvando millones de vidas (Andre et al. 2008) (Hidalgo et al 2013).

Además, estos servicios y herramientas —en particular los de prevención y vigilancia epidemiológica— se han revelado críticos para dar respuesta a la pandemia de la COVID-19, enfermedad infecciosa global nueva que, cuando debuta, nos golpea carentes de los conocimientos necesarios para atajarla, en especial sin vacunas disponibles, ni tratamientos específicos. La mejor respuesta y resultados de los países del Sudeste Asiático y de Alemania (desde luego en la primera ola) seguramente se pueden atribuir al despliegue de unos servicios de salud pública potentes, habiendo sido el tipo y características del sistema de asistencia sanitaria curativa individual relativamente indiferentes a la hora de evitar contagios, hospitalizaciones y fallecimientos (Lobo 2020).

Otra motivación para estudiar la
economía de la prevención y salud pública son las interrelaciones entre pandemias y crecimiento económico. En
esta ocasión no estamos ante una crisis económica que impacta y genera
consecuencias en la salud, sino ante una crisis sanitaria que tiene
consecuencias en la economía de todos los países. En particular, la
incertidumbre y la falta de confianza que genera la progresión de contagios,
hospitalizaciones y fallecimientos paraliza consumo e inversiones, sin que
quepa esperar que la economía se recupere si no se estabiliza la situación
sanitaria. No existe un balance compensatorio entre economía y salud. Los
países que más han contenido la pandemia son los que menos daños económicos han
sufrido y mejor se han recuperado, mientras que los que han respondido con
medidas laxas y han tenido menor éxito en su contención son también los que
peor evolucionan económicamente.

«Las inversiones en herramientas que permiten prevenir la enfermedad pandémica tienen altísimo retorno, lo que obliga a reorientar las prioridades económicas en el futuro hacia la vigilancia epidemiológica, rastreo, detección y seguimiento de contactos, vacunas, etc…».

Félix Lobo y Marta Trapero Bertrán

El FMI en las últimos Perspectivas de la Economía Mundial de abril de 2021 ha estimado una caída del PIB mundial en 2020 del 3,3%, sin precedentes históricos recientes, pero que podría haber sido tres veces mayor de no haber sido por las extraordinarias políticas de apoyo desplegadas. Cutler y Summers (2020) han estimado el coste total de la pandemia en los EE.UU teniendo en cuenta, además de las pérdidas de PIB, los costes sanitarios emergentes (muertes prematuras valoradas a partir del “valor estadístico” de la vida, morbilidad y discapacidad y problemas mentales resultantes) en 16 billones (doce ceros) de dólares, equivalentes al 90% de su PIB en un año. Para una familia media de cuatro miembros el quebranto alcanzaría los 200.000 dólares. Aproximadamente la mitad es pérdida de renta derivada de la recesión y la otra mitad pérdidas por vidas más cortas y menos saludables. En la Gran Recesión la reducción de producción sólo fue de un cuarto. Las distintas publicaciones de Funcas también están prestando gran atención a las consecuencias económicas de la COVID-19, tales como el nº 165 de 2020 de Papeles de Economía Española; SEFO, Spanish and International Economic & Financial Outlook últimos números y el libro de Ocaña et al. (2020), Impacto social de la pandemia en España. Una evaluación preliminar.

Una consecuencia es que las inversiones en herramientas que permiten prevenir la enfermedad pandémica tienen altísimo retorno, lo que obliga a reorientar las prioridades económicas en el futuro hacia la vigilancia epidemiológica, rastreo, detección y seguimiento de contactos, vacunas, etc… En España se ha estimado que la vigilancia epidemiológica de la pandemia tiene una ratio beneficio/coste de 7 a 1 (González López-Valcárcel, y Vallejo Torres 2021).

También hemos de tener presente que en las recesiones económicas los países tienden a reducir los gastos públicos sanitarios debido a las restricciones fiscales. Pero, entre ellos, los gastos en prevención y salud pública cuentan con elevadas probabilidades de ser recortados. Las razones —en circunstancias normales, bien distintas de las de una pandemia— son las siguientes:

  • Prioridad de las personas enfermas que
    requieren tratamiento,
  • Estos gastos tienen poca visibilidad y
    rentas electorales,
  • Producen beneficios difícilmente
    apreciables por cada individuo y sólo afloran a largo plazo, por lo que no
    concentran las demandas de los ciudadanos,
  • No tienen el apoyo de grupos de interés
    ni de organizaciones sindicales o profesionales poderosas.

Estas reducciones de gasto (popularmente recortes) pueden llegar a tener consecuencias negativas a corto y largo plazo en la salud de las personas. Algunas derivan de la propia crisis; otras pueden ser espoleadas por las políticas públicas, como la política de austeridad impuesta por la Unión Europea para responder a la crisis financiera de 2008-2014. Las repercusiones sobre la salud de la contención de los gastos sanitarios durante la Gran Recesión han sido un tema destacado de análisis en años pasados, aunque con conclusiones poco claras (Karanikolos et al. 2015). En España un estudio encontró que la crisis perjudicó a la salud mental de los españoles, pero debido a los trastornos psicológicos causados por el enorme paro, más que por las restricciones de gastos y servicios. Sin embargo, no encontró que la crisis se asociara, a corto plazo, a mayor incidencia de enfermedades crónicas como la EPOC, cardiovasculares, etc. (García-Gómez et al, 2016); (Oliva Moreno et al. 2018). Puede leerse una discusión breve de esta cuestión en Lobo (2017). Todo indica que, además de las trágicas mortalidad y morbilidad, las consecuencias indirectas para la salud de la pandemia van a ser muy superiores a las de la crisis financiera de 2008-2014.

En próximos artículos analizaremos el
nivel, la evolución, los componentes y las características del gasto público en
prevención y salud publica en España según las distintas fuentes disponibles.


[1] Este artículo se basa en el publicado por los mismos autores “El gasto público en servicios de prevención y salud pública en España antes de la COVID-19 (I). Los datos nacionales”, en Cuadernos de Información Económica, nº 280, enero-febrero 2021.

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Impuesto mínimo de sociedades

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Las economías salen poco a poco de la crisis pandémica, y dejan a los Estados un legado de deuda que en España totaliza el 125% de la riqueza nacional, 28 puntos más que antes de la crisis. De momento, ese volumen colosal de pasivos apenas pesa sobre la economía, gracias a la acción de los bancos centrales: la casi totalidad de bonos españoles emitidos desde febrero de 2020 se encuentra en el balance del BCE, mientras que la carga financiera se aligera en consonancia con los bajos tipos de interés. Además, esta semana, Frankfurt reiteró su arsenal ultraexpansivo, en especial el programa de compra de títulos de deuda por razones de pandemia, todo el tiempo que la coyuntura lo requiera.

Sin embargo, la revisión al alza de las previsiones de crecimiento para la eurozona prefigura una inflexión en la estrategia, o al menos en el discurso del BCE, a partir de este otoño —eso sin contar con una cronificación del repunte de inflación, hoy por hoy descartado por Lagarde—. Todo apunta también a que la vigilancia de las cuentas públicas se restablecerá: Bruselas lanza una advertencia a varios países, entre ellos España, acerca de la necesidad de emprender una senda de corrección de los desequilibrios a medida que la economía se recupera.

El impuesto de sociedades
es una de las opciones que baraja el G7 para ajustar los balances presupuestarios
y a la vez limitar la competencia fiscal internacional que se ha desatado para
atraer capital. La iniciativa es saludable, porque las prácticas fiscales de
algunos países han generado una carrera a la baja en la tributación de las
grandes corporaciones, con una pérdida de ingresos globales para las arcas
públicas de entre 82.000 y 200.000 millones de euros anuales, según la OCDE. La
competencia fiscal también genera desigualdades entre sectores y perjudica a
las pequeñas empresas, que no están en posición de arbitrar entre
jurisdicciones, algo nefasto para la propia economía que requiere de innovación
para salir de la crisis y aprovechar el cambio tecnológico. Por otra parte,
ante la erosión de la base recaudatoria del impuesto de sociedades, los Estados
se ven abocados a recurrir a otras fuentes de financiación, o a recortar el
gasto. Una perspectiva que se enfrenta a evidentes resistencias.

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuente: OCDE, Tax Foundation y estimaciones Funcas.

Todo ello motiva la propuesta de la administración Biden de fijar una tributación mínima del 15% para el impuesto de sociedades, una iniciativa que ha suscitado gran interés entre las grandes economías avanzadas. Pero hasta ahí el pacto, porque el concepto de “mínimo” no tiene el mismo significado a ambos lados del Atántico. A EE UU le preocupa la deslocalización de sedes empresariales hacia paraísos fiscales, mientras que en Europa la prioridad pasa por que los gigantes digitales —en su mayoría norteamericanos— tributen en función del país donde realizan sus negocios. Este quid pro quo se refleja en las negociaciones en curso en la OCDE, que incorpora ambos conceptos de mínimos: el llamado Pilar I, que prevé un esfuerzo de armonización de tipos impositivos, y el II, que atañe a la tributación en el país donde se realizan los beneficios.

Además, una cosa es la tributación que establece la normativa, y otra la recaudación efectiva: en España y otros países europeos, los ingresos que entran en las arcas públicas en concepto de impuesto de sociedades se elevan a menos de la mitad de lo que se puede anticipar habida cuenta del tipo de tributación (por ejemplo, los ingresos públicos en concepto de impuesto de sociedades rondan el 10% de los beneficios empresariales, mientras que el tipo impositivo alcanza el 25%). Esa brecha refleja la cuasi nula tributación de algunas empresas digitales, y sobre todo la merma de capacidad recaudatoria generada por todo tipo de exoneraciones, algunas de dudosa utilidad económica. Una armonización fiscal, pero en todas sus vertientes, para dar sentido al sistema multilateral y devolver el esfuerzo realizado por los Estados en la crisis.


IMPUESTO DE SOCIEDADES | El impuesto de sociedades ha seguido una tendencia descendente en las últimas cuatro décadas. La tributación media en la OCDE ha pasado del 45% en 1980 hasta cerca del 23% en 2020. La UE ha registrado una evolución similar, con recortes especialmente pronunciados entre 2000 y 2010. En España el impuesto de sociedades se sitúa en el 25%, diez puntos menos que en 2006. Y entre los países de la UE, solo Bulgaria, Chipre, Hungría e Irlanda gravan las sociedades por debajo del umbral del 15% propuesto por EEUU en el G7.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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red-electrica-es-privada-pero-es-un-monopolio:-su-nacionalizacion-y-la-de-las-distribuidoras-tendria-sentido-aunque-no-por-su-impacto-en-la-factura

Red Electrica es privada pero es un monopolio: su nacionalización y la de las distribuidoras tendría sentido aunque no por su impacto en la factura

Últimamente se está hablando de nacionalizar las empresas eléctricas debido a la abultada factura de la luz que estamos soportando. En parte los precios están altos por la reforma de la misma, que entró en vigor el 1 de junio, y por los precios actuales del mercado mayorista (que principalmente tiene que ver con los derechos de emisiones). Sin embargo como hemos visto recientemente, nacionalizar la generación (la parte libre del sector) no tiene mucho sentido.

Sin embargo hay una parte del sector que es un monopolio y es privado y eso no tiene mucho sentido. Los motivos son históricos pero lo cierto es que los monopolios, en general, no tienen motivos para mejorar el servicio, ya que no hay competencia, y no hay incentivos a realizar inversiones necesarias en la red.

La historia de por qué tenemos monopolios privados

En el mercado eléctrico hay dos partes que son monopolios naturales: el transporte y la distribución. El transporte son las líneas de alta tensión que van desde las centrales eléctricas hasta las zonas donde se consume la electricidad. La distribución son las líneas de media y baja tensión que realizan la capilaridad necesaria para llegar a los hogares y empresas.

Las empresas distribuidoras pertenecen a grupos que también se dedican también a la generación y comercialización

El transporte está en manos de Red Eléctrica, que fue una empresa creada en 1985 con contribución de eléctricas públicas (Endesa y ENHER) y otras privadas (Iberduero, Hidroeléctrica Española, FECSA y Unión Fenosa, entre otras) debido a que hasta entonces no había un transporte centralizado.

Después de una salida a bolsa y reducción del capital público, el Estado sigue siendo el accionista de referencia, con un 20% del capital. Así, normalmente es el Estado quien nombra el director general y más o menos se puede decir que es una empresa pública, aunque necesitó de capital privado para lograr adquirir todos los activos necesarios para realizar el transporte en España. Cotiza en bolsa y por tanto necesita presentar beneficios para sus accionistas.

Por otro lado la red de distribución en España está en manos privadas. Son monopolios naturales divididos por zonas. Hay cinco distribuidoras principales en España: Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Hidrocantábrico y Viesgo. Hay mapas que indican cómo se reparten geográficamente España.

Estas empresas distribuidoras históricamente eran también generadoras y comercializadoras, porque así creció el mercado eléctrico. Aunque la liberalización de 1997 fomentó la separación de la generación, distribución y comercialización lo cierto es que las empresas distribuidoras pertenecen a grupos que también se dedican a las otras tareas.

Infraestructuras públicas

Lo cierto es que tanto en la generación como en la comercialización puede haber competencia, pero en el transporte y la distribución no, ya que son monopolios naturales. Cualquier cliente eléctrico en España puede elegir la comercializadora y consumirá energía eléctrica de los generadores más competitivos en precio, pero obligatoriamente tendrá que pasar por la distribuidora de su zona y usará la infraestructura de Red Eléctrica.

Normalmente cuando hay una infraestructura que es un monopolio, esta suele ser pública. Si es privada tiene que estar fuertemente regulada ya que la tendencia natural, los incentivos de la empresa, es a elevar los precios.

Si miramos la otro tipo de monopolios históricos vemos que el modelo más adecuado es mantener la infraestructura en manos públicas y liberalizar las partes en las que puede haber competencia. Por ejemplo en el modelo ferroviario español se decidió separa la infraestructura (Adif) de la gestión de los trenes (Renfe) y ahora estamos en proceso de liberalización del servicio, pero la infraestructura sigue siendo pública.

Un caso más análogo al de la electricidad es el de las telecomunicaciones. Cuando se privatizó Telefónica se decidió dejar la infraestructura en manos privadas, al contrario que otros países como el Reino Unido (que partió la infraestructura y el servicio).

Lo que en principio fue una decisión discutible (ya que se le impuso una fuerte regulación a Telefónica que siempre generó fricciones con sus competidores y el acceso a su red) ha derivado en una situación interesante, ya que en la actualidad se han desplegado múltiples redes privadas: resulta que lo que en los 90 era un monopolio natural ahora ya no lo es. ¿Puede pasar con la electricidad? En principio no, ya que no hay nuevas tecnologías disruptivas de distribución y transporte como así ha sucedido en las telecomunicaciones.

Los costes regulados

La situación que tenemos es que tanto en transporte como la distribución tiene un impacto importante en la factura eléctrica. La CNMC estudia los costes y aplica unos cargos en la factura eléctrica para compensar este servicio.

Sin embargo este cálculo de costes siempre es polémico. En Red Eléctrica y las distribuidoras siempre existe el incentivo para inflar los costes y existirá una tensión constante con el regulador. El 20% de la factura eléctrica es para cubrir los costes de transporte y distribución.

El sentido de la nacionalización

En un mercado como el eléctrico no parece muy lógico que tengamos empresas privadas gestionando monopolios naturales y con unos ingresos fijados por un regulador. Es cierto que en el caso de Red Eléctrica el Estado es el accionista de referencia, pero podría haber una OPA y quedar en manos de otro accionista que tenga unas intenciones distintas (maximizar beneficios) afectando a la calidad del servicio.

Pero ese no es motivo suficiente para una nacionalización. ¿Cuál es, entonces? La transición energética. En el futuro la red va a cambiar mucho. De tener grandes generadores vamos a una situación donde va a haber muchos pequeños generadores (placas solares y vehículos eléctricos que de vez en cuando vierten a la red). Y las distribuidoras tienen intereses contrapuestos. Por un lado tienen que hacer lo que el regulador les diga, pero siendo además generadores no les interesa este nuevo esquema del mercado y pondrán trabas burocráticas para estos cambios (de hecho ya lo hacen).

La Fundación de Renovables ya habla abiertamente de una nacionalización de las redes para facilitar el escenario de una generación distribuida. También hablan de abaratar la factura, ese 20% que representa 7.000 millones de euros al año. Yo soy más escéptico en cuanto al abaratamiento de la factura, dudo mucho que las redes en manos 100% públicas se logren reducir los costes.

El coste de la oportunidad

Pero por supuesto cualquier movimiento en este sentido tiene que evaluarse en un contexto de dinero no infinito. Nacionalizar el transporte y la distribución tendría un coste que podría rondar los 70-80.000 millones de euros.

¿Podemos permitirnos pagar eso? La razón por la que las redes están en manos privadas es precisamente que en su día no se quería pagar los costes que implicaba la nacionalización y se optó por una red de transporte semi-pública y dejar la distribución en manos privadas.

Sinceramente, una nacionalización es complicada. En un mundo ideal estas dos redes deberían ser públicas, pero tengo dudas de si merece la pena. Puede que la transición energética sea más lenta con trabas burocráticas, pero España está en un momento en el que asumir dichos costes tendría un coste de oportunidad importante.

Es una pena que en los últimos 15 años y por una gestión nefasta del recibo eléctrico nos hayamos gastado más de 100.000 millones de euros entre el déficit de tarifa y un sistema prima de renovables nefasto. Este dinero hubiera sido mejor empleado en nacionalizar las redes y sin embargo estamos como estamos.

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