Negocios e Inversiones – Página 256 – Negocios e Inversiones en la Red

Coronabonos made in BCE

marzo 30, 2020

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La
brecha que se ha abierto a propósito de la respuesta que debería dar Europa a
la crisis pandémica amenaza con llevar al traste los esfuerzos de cada país
para evitar un desplome prolongado de sus economías, con consecuencias
impredecibles para el proyecto europeo. Sin embargo, no basta con lamentar la
falta de consenso. Apelar vagamente a una mayor coordinación o a ideales
europeos de solidaridad, reiterarán a unos en su posición inicial sin convencer
a los más recalcitrantes. Es el momento de la concreción, porque sin un
análisis preciso del impacto de la inacción y un examen realista de las
opciones de cambio, solo conseguiremos el impasse.

Las medidas emprendidas por cada país, incluido España, van en la buena dirección, si bien habrá que calibrarlas y ampliarlas a medida que la magnitud del shock se va precisando. Se trata de mantener el aparato productivo en respiración asistida gracias a ayudas a la liquidez de las empresas, al mantenimiento del empleo y a los colectivos más desfavorecidos. De modo que, cuando se suavice la crisis sanitaria y el confinamiento de la población, las empresas estén en condiciones de reanudar la producción. Si esto se consigue, el desplome anticipado de la actividad que podría contraerse en cerca del 10% durante el primer semestre, dará paso a un rebote durante la segunda parte del año que dejaría la contracción del PIB en torno al 3% para el conjunto del 2020. El crecimiento pasaría a terreno positivo, hasta cerca de esa cifra, en 2021.

Gráfico 1

El
punto débil de este escenario en forma de “U” reside en la financiación del
agujero presupuestario que necesariamente se agravará, porque el plan de choque,
unido a la parálisis transitoria de la economía, redundará en una severa reducción
de la recaudación y un incremento del gasto. También se anticipa una escalada
de la deuda, por la acumulación de déficits y porque el Estado no tendrá más
remedio que asumir pasivos de empresas al borde del colapso, para así prevenir
un contagio a todo el sistema financiero como ya ocurrió en 2011-2012. Todo ello
hace temer presiones sobre las primas de riesgo, que anularían efectividad a
los planes de choque nacionales.

Gráfico 2

El propio Mario Draghi aboga por una política acomodaticia de financiación de los desequilibrios presupuestarios generados por la crisis del coronavirus, de modo que el impacto sea transitorio en la medida de lo posible.

De
ahí la propuesta de varios países, entre otros España, de emitir “coronabonos”,
es decir títulos de deuda mutualizados para cubrir los costes de la pandemia. Esta
es una opción tajantemente rechazada por los nórdicos, que constatan que los
países del sur de Europa no han aprovechado la expansión para sanear sus
cuentas públicas. Si bien no les falta razón, el caso es que el virus se
extiende por todo el continente y que economías como la alemana no son tampoco
inmunes ante lo que acontece en el resto. Alemania exporta el 14,3% de su
producción a otros países europeos, y el 6,7% en total a España, Francia e
Italia (gráfico). En el caso de Holanda, las proporciones alcanzan el 43,7% y
12,1%, respectivamente. Una parálisis de los intercambios comerciales sería
letal para buena parte del tejido productivo de esos países, porque estamos en
un mundo interconectado.

Ante este debate estéril que podría eternizarse, la salvación podría venir una vez más del BCE. Frankfurt ha dado a entender que podría flexibilizar por un tiempo limitado –todo lo que dure la crisis sanitaria– los límites nacionales a su programa de compra de deuda. De ser así, y de lograr comunicarlo a los mercados, esta iniciativa podría facilitar la financiación de las medidas de choque, algo especialmente relevante para España. Paradójicamente, se trataría de una mutualización implícita de las deudas nacionales. Unos eurobonos que no dicen su nombre.

Fuentes de los gráficos: Funcas (estimaciones) y Eurostat.

Artículo publicado originalmente en el diario El País.

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economia-digital-en-tiempos-de-pandemia-(ii).-el-credito-social-(social-scoring)

Economía digital en tiempos de pandemia (II). El crédito social (social scoring)

marzo 27, 2020

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China ha anunciado el final de
confinamiento, lo que significa que, a partir del próximo 8 de abril, se
permitirá a los ciudadanos de Wuhan viajar fuera de la ciudad. Sin embargo,
para poder salir al espacio público los habitantes de Wuhan tendrán que mostrar
un código QR “verde” en sus teléfonos móviles que certifique que no tienen un
riesgo algo de contagio. Por el contrario, si su código QR de salud es amarillo
o rojo, tendrán limitación de movimientos o deberán mantenerse en cuarentena.
Todos los ciudadanos chinos están clasificados en a través de estos códigos de
color que se asignan utilizando no solo su estado de salud, sino también su localización
y movimientos pasados.

No es una película de ciencia
ficción: está pasando hoy, a ocho horas de vuelo de nosotros, y puede ser
nuestro futuro inmediato. No es descabellado pensar que, cuando empecemos a
relajar las medidas de aislamiento social, la mejor la forma de hacerlo podría
pasar por subordinar las nuevas normas a las probabilidades de contagio, a la
vulnerabilidad de los colectivos e incluso a análisis coste-beneficio. Veamos
un ejemplo: es probable que muchas actividades se liberalicen pero que, a pesar
de ello y mientras haya riesgo de contagio, no se retomen las clases
presenciales en la Universidad, puesto que las ganancias de volver a abrir las
aulas, una vez rediseñados los cursos este año para impartirlos a distancia, no
compensarían los riesgos. De igual forma, la regulación de las residencias para
mayores debería ser muy restrictiva, dada su vulnerabilidad a la enfermedad.
Pero aunque podamos tener argumentos para discriminar entre actividades y
colectivos, hacerlo a nivel individual de acuerdo con un sistema de evaluación
opaco (basado en un análisis ingente de datos) implica un salto cualitativo.

Este sistema de evaluación
social no es nuevo en China, ni está restringido al estado de salud. En 2018, Pekín
promulgó una ley que parece inspirada en la orwelliana novela 1984, o en Un mundo feliz de Huxley, permitiendo a las autoridades públicas
establecer un sistema de crédito social. Esta norma facultaría a las
autoridades a emplear toda la información que tienen sobre el comportamiento de
los individuos (utilizando bases de datos públicas, datos de redes sociales,
miles de cámaras, sistemas de reconocimiento social…) para “puntuarles” y servirse
de la evaluación para premiar y castigar. Los individuos con “buena reputacion”
tendrían acceso prioritario a los servicios públicos, mientras que aquellos con
una baja puntuación podrían encontrarse con obstáculos para obtener una plaza
de guardería o un visado para viajar. No está claro el grado de implementación
de este sistema crédito social. En
este articulo se afirma que, aunque podría
extenderse su uso en el futuro, de momento solo se habría llevado a cabo un
estudio piloto en Rongcheng, un gran ciudad a 800 kilómetros de Pekín. Más allá
de la realidad china, es interesante reflexionar sobre un sistema de crédito
social y sus posibles implicaciones para situaciones excepcionales como la que ahora
vivimos.

Lo que sí funciona en toda China es un sistema privado de puntuación de pagos electrónicos, Alipay, del grupo de Alibaba. En este caso, lo que se evalúa es la solvencia del individuo y parece que goza de gran aceptación en el país, porque ha permitido la expansión del crédito. En realidad, es un sistema que podría implantarse en Europa si las grandes empresas digitales como Google, Amazon y Facebook se introducen no solo en el mercado de medios de pago sino en el de crédito. Estas empresas tienen una potencial ventaja competitiva (además de su enorme liquidez) dado que pueden usar toda la información que tienen de sus usuarios para identificar su nivel de solvencia, reducir el riesgo y, con ello, expandir la oferta de crédito. El sistema de puntuación de Alipay señaliza el nivel de solvencia, además de funcionar como un sistema de fidelización (premia el uso) y un potente sistema de incentivos para garantizar el pago de las deudas. Los riesgos que un sistema así presenta son, al menos, del mismo tamaño que sus ventajas. ¿Es ético y permisible utilizar información de nuestras redes sociales para estimar nuestra solvencia? ¿Cómo afectaría a nuestra comunicación, a nuestro comportamiento? ¿Cómo podemos impugnar dicho índice cuando pensemos que no estemos de acuerdo con su evaluación?

«De hecho ya contamos con algo muy cercano a un sistema de crédito social: el carné por puntos. Este sistema, apoyado por cámaras, radares y sistemas de vigilancia convencionales, determina si podemos o no conducir. Su implementación tuvo un gran éxito en la reducción de las infracciones de tráfico y cuenta con un alto grado de aceptación social».

Juan José Ganuza

En una situación como la actual, la implementación de un sistema de crédito social podría implicar que nuestro comportamiento social –cómo reciclamos, pero también cómo cumplimos las medidas de aislamiento social– fuera observado por cientos de cámaras, incluso desde drones, e inferido de todos los datos que las administraciones puedan tener de nosotros. La información sobre nuestro comportamiento se resumiría en un índice, que podría ser empleado por las administraciones para asignar servicios y por las entidades privadas, por ejemplo, para dar empleo. Da miedo. Incluso con garantías judiciales sobre la objetividad de un índice así, muy posiblemente sólo una pequeña fracción de la ciudadanía lo aceptaría en nuestro país; nuestros imperfectos sistemas de vigilancia y multas serían mejor valorados.

Sin embargo, los incentivos al comportamiento
prosocial que generaría tal sistema serían inmensas. Esto seguramente es
importante para el reciclaje, pero puede ser crucial para el control sanitario si
la pandemia se extiende en el tiempo y la salud general depende de controlar
comportamientos incívicos. Si lo pensamos, de hecho ya contamos con algo muy
cercano a un sistema de crédito social: el carné por puntos. Este sistema,
apoyado por cámaras, radares y sistemas de vigilancia convencionales, determina
si podemos o no conducir. Su implementación tuvo un gran éxito en la reducción
de las infracciones de tráfico y cuenta con un alto grado de aceptación social.

Las virtudes o los defectos de un sistema de créditos social dependen de su diseño –de cómo se ponderan los distintos comportamientos en el índice–, de la transparencia en su construcción, de los objetivos que se persiguen, de las garantías judiciales sobre el uso de los datos … El nobel Jean Tirole presentó en la Digital Economics Conference de Toulouse su artículo Digital dystopia, en el que reflexionaba precisamente sobre el diseño óptimo de un sistema de crédito social en la era digital. Tirole concluye que, para promover el comportamiento prosocial, la forma en que se construye el índice debe ser muy transparente y sus metas han de ser muy explícitas (téngase en cuenta que, potencialmente, un sistema como este podría aprovecharse para, por ejemplo, castigar la disidencia política).

Por último, uno de los capítulos
más interesantes de la serie británica Black Mirror titulado Nosedive (En España, “Caida en picado”) exploraba una aterradora versión descentralizada del
crédito social que podría tener lugar al margen de la decisiones políticas que
adoptemos: una red social, como muchas de las que conocemos, en la que los
individuos evalúan constantemente la interaccion con otros individuos, es tan
dominante que la puntuación obtenida por los usuarios determina sus relaciones
sociales, incluso sus oportunidades económicas. El capitulo transmite dos
mensajes inquietantes. El primero: cómo este sistema de crédito social se convierte
en el centro de la vida de la protagonista; y, en segundo lugar –una conclusión
más interesante desde el punto de vista económico–, que el sistema genera
muchas desigualdades, ya que pondera más las valoraciones de los individuos mejor
puntuados (lo que da lugar al titulo del capítulo: una vez perdida la
reputación social es difícil recuperarla).

En conclusión, los sistemas de
vigilancia masiva y crédito social generan muchos problemas éticos y por ello
se encontraban en nuestro catálogo de pesadillas futuristas. Sin embargo, son
sistemas muy potentes para generar incentivos a un comportamiento prosocial.
Los comportamientos incívicos son socialmente costosísimos en tiempos de
pandemia. Por ello, si esta se alarga, no debería sorprendernos que algún país
decidiese hacer realidad la distopía e implementar alguna versión de estos
sistemas de control social.

antes-del-coronavirus-la-economia-espanola-ya-sufria

Antes del Coronavirus la economía española ya sufría

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Cuando empiecen a publicarse los datos económicos del mes de marzo y los correspondientes al primer trimestre del año y del semestre, empezaremos a cuantificar la magnitud del deterioro por el parón de las empresas que sufre España.

El gobierno tratará de vendernos que estos datos son frutos de la realidad excepcional en la que vivimos. No obstante, lo cierto es que si hacemos una revisión del histórico más reciente, bajo la batuta del Gobierno de Sánchez, ya habíamos experimentado un grave deterioro económico.

Este shock económico nos afectará al bolsillo y nos viene en un momento de debilidad, y no ha sido una debilidad caída del cielo, sino por méritos propios... No hemos apostado por mantener el crecimiento económico ni el buen ritmo de creación de empleo.

La ruptura del crecimiento económico

Antes del COVID-19, las previsiones económicas no eran buenas. El FMI pronosticaba un crecimiento para la economía española del 1,6%, el mismo nivel que el conjunto de las economías avanzadas. El problema era que se trataba del país de las economías avanzadas que había experimentado la revisión más negativa, dos décimas frente al anterior pronóstico.

España estaba desacelerando su crecimiento económico, se revisaban negativamente las expectativas de crecimiento en un contexto inicial en el que la expectativa del crecimiento global se aceleraba. Si el mundo creció un 2,9% en 2019, para este año se esperaba un crecimiento del 3,3%.

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Lamentablemente España se descolgaba... Si el crecimiento económico español fue del 2% en 2019 desde el 2,4% del año anterior, para este año, se esperaba un avance del 1,6%. Curiosamente, se esperaba que el mundo crecería cuatro décimas más y, para España, se esperaba cuatro décimas menos y con revisiones a la baja.

La razón por este menor empuje de la economía española venía dada por una confluencia de factores tanto externos como internos.

Veíamos que el sentimiento empresarial en el sector privado seguía siendo históricamente bajo, debido a la preocupación existente por las relaciones comerciales entre la Unión Europea y el Reino Unido. A ello, había que añadir la política arancelaria de los Estados Unidos.

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Su situación empresarial ya era delicada en 2019. Según el Banco de España, en los nueve primeros meses de año anterior el Resultado Ordinario Neto de las empresas caía un 1%, el primer descenso visto desde 2012.

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Con la crisis provocada por el parón empresarial, es comprensible que esta confianza se deteriore aún más y que las empresas estén optando por adoptar posturas neutrales en lo que se refiere a la inversión, mientras esperan a ver cómo se desarrolla la crisis. A medida que pasan los días del confinamiento, echan mano de los ERTE para controlar los costes laborales con el hundimiento de los ingresos y que estaría afectando alrededor de 500.000 trabajadores.

En el plano interno, persistía una profunda incertidumbre sobre el diseño futuro de las políticas económicas y, en particular, sobre los elementos necesarios para reanudar el proceso de consolidación fiscal, en la medida en que hemos visto que el Gobierno de Sánchez como ha sido incapaz de sacar adelante unos Presupuestos.

A pesar de ello, no ha vacilado en promover Decretos para un mayor gasto público como el incremento de las pensiones o el salario de los funcionarios, sin obtener la correspondiente contrapartida de mayores ingresos.

El desastre en el mercado laboral

Lo peor del gobierno de Sánchez ha sido dentro del mercado laboral, ya que ha conseguido revertir el buen dinamismo conseguido en el descenso del desempleo y los datos dinámicos en los afiliados de la Seguridad Social.

En los años de crecimiento económico, nos habituamos a fuertes descensos en el desempleo. En febrero el paro registrado fue de 3.246.047. El problema venía dado por la quiebra del dinamismo. Si en los años anteriores de crecimiento, veíamos tasas de caídas desde el 5% hasta casi el 10%, el dato interanual en el mes de febrero se quedó en un pobre 1,31%.

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El número medio de afiliados al Sistema de la Seguridad Social durante el mes de febrero había alcanzado la cifra de 19.250.229. Se trataba del mejor dato en la cifra de ocupados registrada en la serie de los meses de febrero.

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Pero, de nuevo, hay que analizar los datos desde el punto de vista dinámico. El último dato interanual del mes de febrero nos mostraba una afiliación en la Seguridad de 361.757, un avance positivo del 1,92%. Pueden parecer cifras satisfactorias, pero se trata de la peor evolución desde 2014.

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En este caso, el problema fue minusvalorar las repercusiones reales de la subida del salario mínimo. En 2019 se apostó por una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 22,3% hasta los 900 euros. Y este año, ignorando las consecuencias de esa subida, de decretó un avance del 5,5% hasta los 950 euros.

Según los datos del INE, estas medidas han incidido en un aumento del coste laboral. El coste laboral aumentó un 2,3% en tasa anual en el cuarto trimestre de 2019 y se situó en 2.755,15 euros por trabajador.

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Por supuesto los sectores menos productivos son los más perjudicados cuando se eleva artificialmente el coste de un factor productivo. Como ejemplo tenemos el sector de la agricultura, en los últimos 12 meses, el desempleo de este sector ha descendido en 676 personas, un 0,44% sobre el total.

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El BCE saca su ‘bazooca’ contra el coronavirus: 750.000 millones adicionales para manipular el mercado de deuda

marzo 26, 2020

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La epidemia por el COVID-19 está hundiendo las perspectivas de la economía mundial en las proyecciones macroeconómicas que desarrolla el personal del Banco Central Europeo (BCE). Como ya podíamos imaginar, la conclusión es que este año la actividad global será notablemente inferior a las previsiones anteriores.

Debido a este cambio brusco en las perspectivas económicas, hemos visto en estas semanas una volatilidad en los mercados financieros disparada, subidas en las primas de riesgo y hundimientos bursátiles impulsados por un pánico inversor en el que se están descontando los menores flujos futuros en la actividad empresarial de las empresas cotizadas.

Ante este panorama, ayer, el BCE dirigido por Christine Lagarde mostró la artillería pesada para iniciar la compra de activos temporales de valores del sector público y privado y tratar de contrarrestar la realidad reflejada en los mercados durante las últimas semanas. Este nuevo programa de compra de emergencia pandémica tiene un volumen de 750.000 millones de euros y las compras se impulsarán hasta finales del año 2020.

El programa cubrirá todos los activos elegibles bajo el programa actual de flexibilización cuantitativa, deuda pública y corporativa, y se extenderá a documentos comerciales de suficiente calidad crediticia, incluyendo la deuda del gobierno griego.

Pero lo más llamativo de todo es que el BCE considerará aumentar sus límites autoimpuestos. El BCE podrá comprar deuda con un vencimiento de tan solo 70 días (anteriormente quedaba establecido hasta un año), y no se aplicará un límite para comprar no más del 33% de la deuda de ningún país en circulación.

Con estas medidas para intervenir el mercado secundario de deuda, hubo un giro en las expectativas de los inversores, con caídas en las primas de riesgo por la caída de las rentabilidades de la deuda. El caso más extremo lo tenemos en Grecia con una caída de más de 200 puntos básicos para los bonos a 10 años de Grecia, pasando de una TIR del 4% a un nivel ligeramente inferior al 2% y reduciendo la brecha entre la deuda de las economías más fuertes de la Eurozona.

Grecia

Intervenir hasta romper los límites

Si sumamos las medidas impulsadas por la autoridad monetaria europea juntamente a las ya establecidas durante 2020, veremos una intervención total de 1,1 billones de euros, el mayor monto anual de un programa. Este monto habrá que añadirlo a los casi 5 billones de activos acumulados en compras.

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No es la primera vez que vemos actuar el BCE de un modo plenamente intervencionista, pero sí es la primera vez en el que se pretende romper las reglas previamente establecidas.

Aventurarse en el mercado de papel comercial es una novedad para la institución, pero la medida más cuestionada sería elevar los límites establecidos al comienzo del programa en 2015, porque abordaría las preocupaciones de que el banco central violaría la ley de la Unión Europea al financiar a los gobiernos.

Hasta la fecha, el nivel límite del 33% de los bonos en circulación se había acercado al emisor de bonos de referencia Alemania y algunos países más pequeños. Rompiendo el límite, se pretende centrar su estímulo donde más se necesita y extenderlo por el tiempo que se desee.

No está claro que esta acción pueda llevarse a cabo porque hay detrás desafío legal, debido a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea señaló específicamente estos umbrales en un fallo de 2018 cuando argumentó que el BCE no estaba incumpliendo una prohibición de financiamiento monetario.

Un mercado de deuda 'fake'

En un escenario de no intervención en el mercado de deuda, aquellos países que entrañan mayores riesgos en relación a sus altos niveles de deuda pública y la evolución de sus respectivos déficits son castigados con mayores intereses por la emisión de su deuda.

De este modo, se establece una clara relación entre intereses y riesgo. Aquellos países que ven imposible financiarse en los mercados por los altos intereses exigidos, deben ajustarse a su realidad financiera cuadrando ingresos y gastos en favor de la estabilidad presupuestaria. Por lo tanto, los mecanismos de mercado permiten una clara identificación de los riesgos subyacentes de los emisores.

Pero el problema existente es que la autoridad monetaria europea ya hace tiempo que ha olvidado los fundamentos del mercado, y pretende rizar el rizo, cada vez más, para mantener la percepción de los riesgos de manera aislada.

Todo ello ha creado una burbuja financiera sin precedentes en el mercado de renta fija, tanto pública como privada, que queda patente en los bonos con rentabilidades nominales negativas y, por ello, se busca una huida hacia adelante rompiendo los límites.

Se anhela que ante los shocks externos como el que estamos viviendo la actualidad, aquellos países identificados como más arriesgados por su elevada deuda pública acumulada y sus déficits públicos contantes, no se les tenga en cuenta su situación. De ahí parte la propuesta de los eurobonos para difuminar aún más los riesgos contraidos.

El problema existente de todas estas medidas cada vez más intervencionistas, es la falta de credibilidad que pueda tener un mercado excesivamente manipulado y cada vez más vulnerable ante un shock económico. Por ello, durante el mes de marzo hemos vuelto a presenciar como las rentabilidades de los bonos europeos de la periferia han escalado fuertemente.

Riesgo

La situación es complicada, si al activo de bajo riesgo se le elimina la rentabilidad ( o se le imputa una rentabilidad negativa), obviamente los gobiernos carecen de incentivos para acometer medidas de responsabilidad presupuestaria, se disfraza la realidad con una burbuja de deuda, y se empuja a los inversores busquen cada vez activos más arriesgados para mantener la rentabilidad de sus carteras y protegerse de la inflación, por muy baja que está sea en la actualidad. Y que las inversiones se canalicen al elevado riesgo, sin un respaldo de fundamentales.

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El papel del ISV en el éxito de la adopción de la innovación tecnológica por el cliente final

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Analizamos el papel del independent software vendor (ISV) en la innovación tecnológica, todo lo que ofrece al cliente final y a la empresa desarrolladora.

El ISV constituye un último eslabón de la cadena con el cliente final
Además, los ISVs hacen que las soluciones que recibe el cliente se parezcan a un “traje a medida”, pero sin sus inconvenientes

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Las grandes soluciones de software suponen para las empresas una oportunidad de acceder a herramientas tecnológicas que les ayuden a desarrollar su actividad de forma más eficiente y a abordar mejor su transformación digital.

No obstante, muchas veces, las compañías tienen una forma de trabajar concreta y requieren de una adaptación o desarrollo a medida. Y es aquí cuando es clave el papel del ISV en el éxito de la implantación de la nueva solución tecnológica para el cliente final.

El ISV aporta su conocimiento de un sector para ayudar a adaptar un programa a otra empresa o sector concreto

Los ISV (desarrolladores de software independientes, por sus siglas en inglés) son empresas que son capaces de desarrollar sus propias soluciones de software adaptándolas, en muchos casos, a las necesidades de un cliente concreto. Así, un desarrollo de ERP se hace pensando en las necesidades de industrias de todo tipo, pero no tendrá las mismas una empresa que fabrica calzado que otra que está en el sector de la hostelería, por ejemplo.

¿Qué es un ISV?

A la hora de adoptar una solución tecnológica, una empresa tiene diferentes opciones. La primera de ellas es acudir a un desarrollador que haga un programa a su medida. Por poner un ejemplo cotidiano, sería como ir al sastre para que nos confeccione un traje. Esto tiene varios inconvenientes:

Los costes son excesivos para muchas empresas.
Los tiempos de desarrollo son demasiado prolongados.
En ocasiones, nos obliga a estar atados con este desarrollador del que dependemos para actualizaciones, mantenimiento, etcétera.

La segunda opción es acudir a una solución estándar, si necesitamos un CRM o un ERP contratamos esta herramienta que ya está desarrollada y empezamos a trabajar previa parametrización de los procesos empresariales. Sería similar a acudir a una tienda y elegir un traje de los que ya tienen en venta.

La tercera opción sería intermedia entre las otras dos: utilizamos un software estándar, pero la complementamos con herramientas o módulos que se adapten a las necesidades concretas de nuestra empresa. Es aquí donde el papel de los ISV es clave, ya que se encargará de crear las soluciones necesarias para que esta herramienta se adapte a nuestra empresa y no al contrario.

Los ISV son uno de los grandes motores de la innovación tecnológica. Averigua el por qué.

Por decirlo de otra manera: el desarrollador de software independiente se encargará de añadir funcionalidad y nuevos procesos a un software ERP o CRM estándar como los que desarrolla SAGE, o incluso adecuar y acercar un programa a un sector concreto (lo que se conoce como una adaptación a sectores verticales) para que responda mejor a las necesidades de una compañía, a la normativa y protocolos que tiene que cumplir, etcétera.

¿Qué valor ofrece el ISV al cliente final? ¿Y a la empresa desarrolladora?

El ISV es muchas veces el último intermediario entre el cliente final y la empresa que desarrolla una solución estándar como puede ser Sage 200cloud o Sage X3, que aporta al cliente en su versión estándar funcionalidad para sectores concretos como comercios, fabricación, distribución al por mayor o construcción. Ya que puede crear pequeños programas o add-ons que constituyan soluciones específicas para cada cliente y que se adapten a la filosofía de su empresa o ayude a integrarse con otras soluciones.

El ISV es quién mejor conoce al cliente final y en el que confían para implantar la herramienta elegida

En este sentido, da una respuesta para tener algo próximo a ese traje a medida que deseamos, sin los inconvenientes antes comentados de costes, tiempos de desarrollo o dependencia de un desarrollador concreto.

Es por ello por lo que una compañía que ofrece soluciones contables, ERP, CRM o software para la gestión de recursos humanos tiene certificado un importante ecosistema de ISV. Además, de este modo, si en algún momento los caminos de empresa e ISV se separan, otros pueden continuar su trabajo.

Para la empresa desarrolladora son un pilar muy importante, ya que llegan donde ellos no pueden, ofreciendo la personalización que muchas pequeñas y medianas empresas requieren para contratar estos productos. De otra forma, no habrían contratado este tipo programas.

La empresa desarrolladora será tan apreciada por el cliente como lo sea el ISV. Su importancia es mayor que la de un integrador, que también puede crear pequeños programas para ofrecer una solución a la implantación de un software en una empresa. La diferencia entre unos y otros suele estar en el volumen de programas que crean para el cliente final, que, en el caso del integrador, suele ser mucho menor.

El ISV como último eslabón de la cadena con el cliente final

Es en este punto donde el ISV ofrece al cliente final la tranquilidad de tener soluciones para sus necesidades, puesto que en muchos casos se crean a medida para él. Estos programas personalizados se pueden aplicar a varios clientes del mismo sector o al mismo tipo de empresas. Estar certificado como ISV de una gran empresa da acceso a una amplia cantidad de clientes que demandan estas personalizaciones.

Así, si una solución planteada para un cliente concreto ha funcionado bien, no es raro que otro de este mismo sector busque tener este programa. Y esto, hoy en día, en un mundo de soluciones que son on premise, híbridas o por suscripción, es básico. No en vano, el ISV puede ayudarnos a decidir de forma más fácil cuál es la más adecuada para nosotros o qué soluciones se plantean para cada necesidad en concreto.

Los ISV son el último eslabón en una cadena de innovación. Descubre cómo llega su trabajo al cliente final.

El ISV es quien mejor conoce al cliente, lo que le permite también acelerar los procesos de implantación. Cuenta con experiencia del trabajo realizado anteriormente para otros clientes similares, que tienen una problemática local, por lo que la labor de consultoría va guiada por otros trabajos previos y no es raro que se ofrezcan soluciones que el cliente final muchas veces ni siquiera se ha planteado, por desconocimiento.

Para la empresa final es una gran tranquilidad. Son conscientes de que están tratando con alguien experto y cercano que sabe lo que se trae entre manos; que ya ha implantado y creado programas con éxito para otras empresas y que no solo va a darnos una herramienta mejor para nuestro día a día, sino que también tiene experiencia sobre el programa que quiere adquirir.

En resumen, de lo que hablamos es de que son capaces de ofrecer un resultado más eficiente para el empresario final. Esto supone un rápido retorno de la inversión, sobre todo porque la aceleración del proceso de consultoría e implantación, así como menores costes en la adaptación y creación de pequeños programas a medida, suponen un gran ahorro en el gasto, no solo monetario, también en horas invertidas en su manejo durante el día a día.

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BCE: ahora las empresas

marzo 25, 2020

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Tras un comienzo casi nefasto hace diez días con unas declaraciones inoportunas de su presidenta, Christine Lagarde —que la
dejan tocada para un futuro—, el Banco Central Europeo cambió de rumbo la
semana pasada. Esta crisis precisa contundencia (se está haciendo) pero también
que alcance a pymes, autónomos y familias. Rock and roll monetario para
todos.

El BCE sacó la artillería pesada con el Programa de Compra de Emergencia Pandémica (PEPP por sus siglas en inglés) de bonos por 750.000 millones hasta diciembre de 2020. Señal clara de apoyo a la deuda soberana de países como Italia y España, que están sufriendo más, al menos inicialmente. El segundo paso fue la mayor flexibilidad concedida a las entidades financieras en el uso del capital. Podrán utilizar reservas ya existentes por un montante de 120.000 millones para absorber pérdidas o financiar hasta 1,8 billones de euros. La flexibilidad será total para los créditos con garantías públicas. El tercer paso fue disminuir las exigencias de provisiones de los créditos morosos cubiertos con avales públicos y suavizar los planes para reducir la tasa de morosidad. Otro paso que no puede olvidarse es la coordinación entre bancos centrales con los acuerdos de líneas swap para garantizar la liquidez.

«Mientras que para las grandes empresas el BCE ha sido capaz de proporcionar liquidez […], esta financiación casi directa del banco central no existe para las pymes y autónomos, que son precisamente los más damnificados por la crisis. Una situación excepcional donde la financiación escasea requiere medidas excepcionales e innovadoras, también de parte de la autoridad monetaria».

Santiago Carbó

¿Se puede hacer algo más? Creo que sí. Mientras que para las grandes empresas el BCE ha sido capaz de
proporcionar liquidez comprando los bonos que emiten —y que incluso
ahora se podría flexibilizar algo para dar más liquidez a este sector de mayor
tamaño—, esta financiación casi directa del banco central no existe para las
pymes y autónomos, que son precisamente los más damnificados por la crisis. Una
situación excepcional donde la financiación escasea requiere medidas
excepcionales e innovadoras, también de parte de la autoridad monetaria. Sobre
todo, durante episodios de crisis de liquidez como la que sufren muchas pymes y
autónomos solventes que no pueden, por problemas de caja temporales, pagar a
sus proveedores para seguir funcionando.

Una opción innovadora para convertir esta deuda a
corto plazo en una de largo plazo sería utilizar técnicas de titulización para
que la autoridad monetaria amortigüe el impacto de la crisis de liquidez en
estas sociedades. Una posibilidad sería que los proveedores pudieran obtener
liquidez de sus deudas a corto —reconocidas en forma por ejemplo de letras de
cambio— de una institución financiera con respaldo público (el ICO o el Banco
Europeo de Inversiones, por ejemplo) que empaquetaría decenas de miles de estas
deudas creando unos ABS (Asset Backed Securities, valores respaldados por
activos) que podrían utilizar para obtener liquidez a largo plazo del BCE.

El banco central ya ha empleado estos instrumentos en los últimos años para inyectar liquidez. Para minimizar el riesgo moral de estas operaciones, se podría limitar con un conjunto de condiciones objetivas a sectores claramente identificados como los más afectados por la crisis, a sociedades que obtuvieron beneficios en 2019, y por supuesto a deudas recientes originadas antes del impacto de la COVID-19. Son vías adicionales para que el tremendo esfuerzo fiscal y monetario fluya a todas las capas de la actividad económica y la sociedad.

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Los que nos cuidan en la crisis del coronavirus (I): el sector de la sanidad

marzo 24, 2020

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El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció el pasado jueves la contratación pública de más de 50.000 sanitarios para reforzar los hospitales y los centros de salud en España: facultativos sin plaza o ya jubilados, médicos internos residentes (MIR) en sus últimos años de formación e, incluso, estudiantes de Enfermería y Medicina próximos a acabar sus carreras van a ir engrosando el colectivo de personal sanitario que trata y cuida a los afectados por el coronavirus. Se incorporan a un sector cuyo volumen de empleo en 2019 ya superaba al existente en cualquier otro momento de nuestra historia.

Los datos que ofrece la Encuesta de Población Activa (EPA) son concluyentes: el número de ocupados en el sector de actividades sanitarias en 1986, cuando se creó el Sistema Nacional de Salud, era de 395.000; en el año 2000 había aumentado hasta 633.000, y en 2019 rozaba 1.117.000^[1]. Por tanto, como se observa en el Gráfico 1, desde comienzos de este siglo hasta 2019, los ocupados en el sector de la sanidad casi se han duplicado. Además, a diferencia de lo ocurrido con el empleo total, el estallido de la crisis económica no cambió la tendencia al alza del empleo en este sector.

Gráfico 1

Complementariamente, el Gráfico 2 permite apreciar que, durante el mismo periodo, el peso de la ocupación en este sector respecto a la ocupación total del país creció considerablemente. A principios del siglo, los ocupados en el sector de la sanidad apenas representaban el 4% de todos los ocupados en España, mientras que en el año 2019 la cifra se acercaba al 5,7%. Esa evolución alcista se aprecia asimismo al centrar la atención en quienes trabajan como médicos y personal de enfermería (dentro de este sector^[2]): el Gráfico 3 así lo refleja, mostrando de igual modo que el personal de enfermería ha consignado un mayor avance que el médico.

Gráfico 2^[3]

Gráfico 3

El incremento de la ocupación en el sector sanitario ha venido de la mano del envejecimiento del colectivo de ocupados. Tal como se comprueba en el Gráfico 4, la disminución del peso de los jóvenes (16-34 años) es casi simétrica respecto al aumento del peso de los mayores (55 o más años). De hecho, el peso de estos últimos se ha triplicado en dos décadas, pasando del 8% al 24%. Del Gráfico 4 se desprende asimismo que todos los grupos de edad han ido confluyendo en su porcentaje de participación en la ocupación del sector. Lógicamente, este proceso ha provocado la elevación de la edad media de los ocupados, como evidencia el Gráfico 5: si en el año 2000 se situaba en 39,9 años, en 2019 alcanzaba 44,2 años (45,0 entre los hombres, y 43,8 entre las mujeres). Con todo, en los dos últimos años la ocupación en el sector de la sanidad se ha rejuvenecido, mientras que en el conjunto del resto de sectores seguía envejeciendo.

Gráfico 4

Gráfico 5

La evolución de los datos en la EPA también pone de manifiesto la
consolidación de las mujeres en el sector sanitario. En 2019, las ocupadas en él
ascendían a 809.000, mientras que el número de ocupados (varones) se situaba algo
por debajo de 308.000. El Gráfico 6 ilustra esta diferencia, permitiendo
de nuevo observar que, en contra de lo que a menudo se afirma, la ocupación en
el sector de las actividades sanitarias quedó bastante protegida de las
convulsiones del empleo provocadas por la crisis económica. En efecto, la
ocupación de los varones no solo no sufrió pérdidas, sino que consiguió crecer
entre 2008 y 2014; en cuanto a la de las mujeres, se estabilizó prácticamente durante
esos años críticos, para retomar a partir de 2014 la trayectoria anterior de
fuerte crecimiento.

Aunque en el conjunto de las actividades sanitarias la proporción mujeres/hombres se ha mantenido bastante estable a lo largo del periodo (oscilando desde 2004 a 2019 en torno a 250 mujeres por cada 100 hombres), el Gráfico 7 muestra también el extraordinario cambio que se ha verificado en el colectivo de todos los médicos que están ocupados. En el año 2000, por cada 100 médicos varones había 65 médicas; en 2019, el número de mujeres que ejercían esta profesión por cada 100 hombres que también lo hacían, ascendía a 131. Esta evolución indica palmariamente que en la élite de las ocupaciones sanitarias se ha producido un “vuelco femenino”.

Gráfico 6

Gráfico 7

En definitiva, la situación de la sanidad española en estos momentos es crítica, pero conviene tener muy presente que nunca antes hemos contado en España con tantos efectivos en el sector de actividades sanitarias como en la actualidad. El volumen de los ocupados en él ha crecido significativa y continuamente desde que comenzó el siglo. Como los ocupados en otros sectores, también los que integran el sector de la sanidad han asistido a un aumento de su edad media, pero este envejecimiento ha avanzado a menor ritmo. Más significativo ha sido, sin embargo, el avance de las mujeres en la que es considerada la profesión central de este sector, la de los médicos: en 20 años, ellas han duplicado su proporción respecto a sus compañeros.

Adenda: Sanidad pública y privada/temporalidad

Tras la publicación de nuestra entrada “Los que nos cuidan (I): el sector de la sanidad”, hemos recibido algunas indicaciones sobre el interés que podría tener conocer la contribución de las administraciones públicas y de las empresas e instituciones privadas al aumento de la ocupación en el sector de la sanidad. En esta adenda aportamos datos relativos a la evolución de la ocupación según la naturaleza (pública o privada) del empleador. Incluimos también un gráfico con la evolución de la temporalidad en el sector de la sanidad, desagregando asimismo los asalariados públicos y privados.

Gráfico 1

Del gráfico A se desprende que el aumento de los asalariados que trabajan en el sector de la sanidad responde tanto al incremento de contrataciones públicas como privadas. Entre el año 2000 y el 2019, el número de ocupados públicos en el sector de la sanidad pasó de 427.000 a 675.000, mientras el número de ocupados privados pasó de 163.000 a 353.000. Por tanto, en números absolutos crecieron más los asalariados públicos, pero en proporción aumentaron más los asalariados privados (117% vs. 76%; con todo, los que más aumentaron porcentualmente fueron los ocupados por cuenta propia). A la vista de la evolución de las cantidades de ocupados se constata un crecimiento casi continuo de los tres colectivos (asalariados públicos, asalariados privados y empleados por cuenta propia). En cuanto a la curva que refleja el total de ocupados en el sector de la sanidad, se aprecia su casi continuo crecimiento de 2000 a 2011. A partir de 2011 cayó el empleo público durante dos años al ritmo del 3,5% anual, pero rápidamente el sector público recuperó el ritmo de crecimiento anterior a la crisis.

Gráfico 1

En cuanto a la temporalidad de los ocupados se observa que el sector de la sanidad ha cambiado de posición relativa a partir de la crisis de 2007. Mientras en la fase previa de expansión económica los ocupados del sector de la sanidad tenían una media de contratación temporal 5 puntos menor que la totalidad de los asalariados, a partir de 2007 les han superado en temporalidad.

Llaman particularmente la atención las distintas evoluciones observables en el sector público y privado. En los primeros tres años del siglo ambas tasas de temporalidad se hallaban muy cercanas (en torno al 25%), pero a partir de 2003 la temporalidad de los asalariados públicos no paró de crecer hasta 2008, mientras que la de los asalariados privados decreció. En todo el periodo, el empleo público en la sanidad ha crecido en 78.000 contratados fijos y en 160.000 temporales, mientras las empresas e instituciones sanitarias privadas han contratado en una proporción inversa: 156.000 fijos y 35.000 temporales. Por ello, mientras que en 2000 los asalariados públicos y privados del sector de la sanidad ostentaban la misma temporalidad (un 24,8%), en 2019 la de los que trabajaban en la sanidad privada había descendido más de 3 puntos (21,2%), mientras que la de los empleados en la sanidad pública había aumentado 15 puntos (40,0%).

^[1] Conviene aquí hacer una aclaración entre los conceptos “sector” y “ocupación” en la EPA. Los sectores se refieren a la actividad fundamental que realizan las empresas y organizaciones. En cambio, las ocupaciones se refieren a las tareas concretas que realiza cada “persona ocupada”. Por ejemplo, en un hospital (que es una empresa del sector de la sanidad) trabajan mayoritariamente los profesionales de ocupaciones sanitarias, pero también otros empleados que desarrollan tareas de gestión, administración y recepción, de cuidado mental, de limpieza, etc. Por tanto, todos ellos forman parte del sector de la sanidad. En 2019 (EPA I-IV), el 78% del sector de la sanidad estaba compuesto por personal sanitario (médicos: 23%; enfermeras: 18%; auxiliares: 14%; técnicos: 13%; otros sanitarios: 10%). Del restante 22%, la mayor parte (seis de cada diez) eran administrativos. Por otra parte, fuera del sector de la sanidad hay muchas personas que ostentan ocupaciones sanitarias. De hecho, de todos los que en 2019 trabajaban en ocupaciones sanitarias, el 31% no lo hacía en el sector de la sanidad. Llama, por ejemplo, la atención que en cuatro subsectores de actividades residenciales (no incluidos en el sector de actividades sanitarias) la proporción de ocupaciones sanitarias sea mayoritaria: destaca, en particular, el subsector de la “asistencia en residencias para mayores y discapacidad física”, cuya proporción de sanitarios en 2019 era la misma que la existente en el sector de la sanidad: 69%.

^[2] Véase la nota 1.

^[3] En la comparación entre ambas evoluciones se puede contrastar la diferencia de efectos a los que han dado lugar los cambios en las clasificaciones oficiales de los sectores de actividad (CNAE 2008) y de las ocupaciones (CNO 2011).

Fuente de los gráficos: EPA desde el I/2000 hasta el IV/2019.

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La ansiada recuperación en V va a ser muy complicada en España

marzo 23, 2020

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El golpe económico que nos va a provocar el coronavirus es tremendo. Las previsiones de los bancos de inversión prevén caídas catastróficas. El objetivo ahora de todos los Gobiernos es que el parón sea temporal para tener una recuperación en V (caída y recuperación rápida), no en U (caída, estancamiento y recuperación) y aún menos que esto sea una L (caída y estancamiento).

Sin embargo debemos prepararnos para lo peor, al menos en España. A pesar de los esfuerzos porque los despidos sean únicamente temporales (de ahí que se hable mucho de los ERTE), veo muy complicado que tengamos una recuperación en V. ¿Cuál es el motivo?

El martillo y la danza

Hay un artículo muy bueno sobre lo que está pasando con el coronavirus. En las próximas semanas estamos confinados, intentando reducir a su mínima expresión el número de casos de Covid-19. Esta es la fase llamada "el martillo", es decir, usar todos nuestros recursos públicos y privados para parar la epidemia, incluso llegando a detener la economía.

Esto es lo que todos intuimos y sabemos. A partir de aquí los políticos querrán reactivar la economía lo más rápido posible para evitar males mayores. Pero la enfermedad podría resurgir, y esto es algo que hay que evitar a toda costa, con las medidas que hagan falta, para evitar de nuevo un parón completo.

Por tanto se entra en la fase de "la danza", donde se toman medidas permanentes como evitar las grandes reuniones, diagnósticos rápidos y confinamientos selectivos, lograr distanciamiento social, etc.

En China ya están en esta fase de "la danza" y alguna de las medidas que tienen implementadas es advertir de no viajar a los países afectados y poner en cuarentena de 14 días a cualquiera que venga del extranjero.

El turismo y los negocios

Por tanto, cuando España entre en la zona de "la danza" no podrá volver a la normalidad. Hay un sector que va a estar muy afectado y es del turismo. Por un lado no podremos dejar entrar tal cual a los millones de turistas extranjeros que nos visitan cada año (83 millones el año pasado, que gastaron 92.278 millones de euros).

Si cada turista tiene que estar 14 días de cuarentena, directamente no van a venir. Pero es que además muchos Gobiernos recomendarán no viajar a España durante mucho tiempo.

Estamos hablando de un parón casi completo del sector turístico, y que no podrá ser compensado por los viajes de negocios pues la mayoría de congresos y reuniones se cancelarán por el mismo motivo.

El turismo interior no puede compensar las cifras de extranjeros y además también caerán por dos motivos: no se permitirán masificaciones (pensemos en conciertos, playas abarrotadas, etc.) y al vivir tanta gente dependiendo del turismo, perderán su empleo y no podrán permitirse viajar.

El turismo representa el 12% del PIB de España y casi el 13% del empleo. Y este sector se va a ver gravemente dañado después de que se levante el Estado de Alarma.

Sinceramente, la única posibilidad que veo de que tengamos una recuperación en V es que se logren tratamientos efectivos y vacunas contra el coronavirus. Pero no parece tan fácil y que vaya a ser rápido. Esperemos que, al menos, la recuperación sea en U y no tengamos una crisis en forma de L.

economia-digital-en-tiempos-de-pandemia-(i).-trazabilidad-del-contagio

Economía digital en tiempos de pandemia (I). Trazabilidad del contagio

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Me temo que todavía estamos viendo bajar la marea y no conocemos el tamaño del tsunami al que nos enfrentamos. Pero además de tremendas pérdidas humanas y económicas, esta pandemia, como todas las guerras, también traerá mejoras en la productividad y nos hará una sociedad más eficiente y más fuerte. En lo fundamental, y siguiendo una premonitoria conferencia de Bill Gates en 2015, sería indispensable aprender lo suficiente para poder hacer frente a la próxima pandemia, identificar las mejores estrategias para luchar contra el virus y desarrollar herramientas científicas y políticas públicas que eviten que lo que ahora estamos viviendo vuelva a suceder.

Este es el ejemplo de Corea del
Sur, uno de los países que mejor ha sabido enfrentar la pandemia. Corea sufrió
en 2015 la epidemia del síndrome respiratorio de oriente medio (MERS, por sus
siglas en inglés), que mató a 38 personas. Aquella experiencia sirvió al país
para darse cuenta de que tanto la falta de información sobre la enfermedad como
de tests contribuyeron a la expansión del virus. Al surgir los primeros casos
de contagio de COVID-19, Corea incentivó a su industria biomédica para
desarrollar masivamente test del virus y pudo llevar a cabo más de 10.000 pruebas
diarias, lo que ayudó a aislar focos y a controlar (parece que exitosamente) la
expansión de la enfermedad.

Además de los tests, parece que otro factor importante en el control de la enfermedad en Corea (y en China) ha sido la posibilidad de monitorizar los síntomas y los movimientos de los pacientes gracias a los teléfonos móviles. Esta no es una idea nueva, ni asiática. En 2010, investigadores de la Universidad de Cambridge desarrollaron una aplicación para teléfonos móviles llamada “FluPhone app” con el objetivo de realizar un estudio para identificar los patrones de contagio de la gripe común. La idea era que los móviles recogieran las interacciones de los participantes en el estudio con sus contactos sociales mediante el uso de bluetooth, y que estos informasen de sus síntomas cuando enfermasen de gripe. Cuando dos amigos quedaban a tomar una cerveza, sus móviles enviaban un mensaje para tener constancia de ese encuentro; si días después aparecían síntomas de gripe, se podía identificar la fuente del contagio.

«Si queremos implementar un sistema de trazabilidad de movimientos y síntomas que sea voluntario y respetuoso con las libertades individuales, debemos solventar algunos problemas de incentivos».

Juan José Ganuza

La “FluPhone app” tuvo un éxito moderado, ya que solo participó un 1% de la población de Cambridge, pero ha sido el inspirador de nuevas iniciativas para luchar contra el COVID-19. En el Reino Unido, científicos de Oxford están desarrollando una app con una filosofía similar: tras un contagio, se avisa a todas las personas que han estado en contacto social con el enfermo para que verifique su salud y se someta a aislamiento en caso necesario. En Estados Unidos, el MIT-Lab desarrolla una aplicación de móvil pretende combinar el sistema de seguimiento de localización de los móviles y la declaración voluntaria de síntomas, con la información de los servicios de salud pública, para identificar patrones de contagio y dar criterios para identificar las zonas de mayor o menor riesgo. La iniciativa de código abierto CoEpi persigue objetivos similares. En España diversas autonomías están lanzando aplicaciones sencillas con el objetivo de generar un mapa de contagios. Queda por ver que estos proyectos tengan éxito, en términos de participación, en una sociedad donde existe una preocupación creciente por la privacidad y con culturas muy diferentes a la coreana y la china. En este último país el sistema de seguimiento de los individuos ha sido tremendamente exhaustivo y se ha sostenido no solo con normas sociales sino, también, con sistemas policiales y legales coercitivos. Además de los sistemas de trazabilidad de los móviles, las autoridades Chinas utilizaban cámaras, drones, sistemas de clasificación de la población en función del riesgo de contagio basados en sistemas de inteligencia artificial e incluso la información proveniente de redes sociales.

Incentivos vs. coerción

Muchas sociedades no admitirían
un sistema como el chino, de control casi absoluto de la libertad individual de
movimientos por parte de las autoridades. Por tanto, si queremos implementar un
sistema de trazabilidad de movimientos y síntomas que sea voluntario y
respetuoso con las libertades individuales, debemos solventar algunos problemas
de incentivos. El principal es el relativo a la privacidad; el organismo que
recoja y analice la información debe de tener la capacidad de garantizar que el
uso de los datos se limita al objetivo del proyecto, más teniendo en cuenta la
naturaleza especialmente sensible de los datos que se refieren a la salud y a
la movilidad de los individuos. En esta dimensión, los servicios públicos están
mejor posicionados que los privados para garantizar un uso adecuado, dado que
no tienen conflicto de intereses. El valor comercial de toda esa información puede
ser elevadísimo.

El segundo factor que habría que tener en cuenta es el de la reciprocidad. En el mundo digital los individuos intercambian datos (privacidad) por servicios constantemente. Google provee de servicios gratuitos a cambio de utilizar nuestros datos para, por ejemplo, hacer que la publicidad sea más efectiva y rentable. Proporcionar información sobre nuestra salud y nuestro comportamiento genera una externalidad positiva sobre el conjunto, porque nos ayuda a aprender sobre los patrones de propagación del virus, pero el impacto sobre nosotros puede ser pequeño o incluso negativo en función del diseño que se adopte. Así, una persona que informe de problemas de salud puede temer que se le imponga una cuarentena. Lo esperable en estas circunstancias es que, en ausencia de incentivos, un sistema así obtenga una baja participación. Este puede ser un problema importante, porque para que la información agregada sea de calidad, se necesitaría la participación activa de los individuos, tanto para mejorar la información automática que generan los dispositivos (la geolocalización presenta un error de precisión de varios metros en áreas densamente pobladas) como para que la información sobre nuestra salud sea volcada sobre la plataforma de forma fiable. Es decir, no es suficiente que el sistema sepa que el sujeto al que se sigue está en el metro: debe identificar el vagón; no vale con que dicho sujeto proporcione la sensación general de su estado de salud: debe facilitar su temperatura o someterse a un test. Habrá que ver atentamente los resultados en el Reino Unido, donde las autoridades han confiado en una llamada al deber cívico para intentar generalizar la aplicación.

«La información sobre la distribución espacial de la pandemia nos puede permitir anticipar las oleadas de contagios e intentar asignar mejor los recursos sanitarios. Por último, permitiría más adelante, el desmantelamiento gradual de estas medidas de aislamiento social según la incidencia de la pandemia en los distintos territorios»

Juan José Ganuza

Solventando los dos problemas
anteriores obtendremos una valiosa información sobre los patrones de contagio y
la expansión del virus, lo que permitirá diseñar estrategias más efectivas. Idealmente,
podemos identificar los nuevos contagios y sugerir o imponer medidas de
precaución en las personas que han tenido contacto con la persona infectada.
Sin embargo, la información sobre los estados de salud de los individuos y su
distribución en el territorio es material sensible. Se puede generar alarma en
determinados sitios y, al mismo tiempo, excesiva confianza en otros, o
estigmatizar personas o territorios. Otro motivo más para que este tipo de
información este bajo control público.

Desmantelamiento controlado del aislamiento

El ejemplo de Corea parece
demostrar que el uso de tecnologías digitales, junto con test masivos, es un magnífico
conjunto de herramientas en el estado de inicial de la epidemia, la denominada
fase de contención, donde es posible la trazabilidad de los contagios. Pero estos
sistemas de información también serían muy útiles en la fase de mitigación,
donde hay una trasmisión social generalizada del virus y se imponen medidas de
aislamiento social. La información sobre la distribución espacial de la
pandemia nos puede permitir anticipar las oleadas de contagios e intentar
asignar mejor los recursos sanitarios. Por último, permitiría más adelante, el
desmantelamiento gradual de estas medidas de aislamiento social según la
incidencia de la pandemia en los distintos territorios. En China, el control
exhaustivo de la población ha permitido la vuelta a la actividad. El reto es
alcanzar ese objetivo en una sociedad más abierta.

¿A cuanta privacidad y autonomía
estamos dispuestos a renunciar para reducir el actual aislamiento social? Sea
cual sea la respuesta a esta pregunta, los sistemas de trazabilidad digitales nos
dan esperanza de que podamos acortar el tiempo de aislamiento y recuperar
nuestro modelo de vida.

objetivo-comun:-salvaguardar-la-capacidad-productiva

Objetivo común: salvaguardar la capacidad productiva

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Los planes anunciados esta semana para responder al impacto económico del COVID-19 y de las medidas, necesarias, de confinamiento de la población, son excepcionales, tanto por su carácter urgente como por las ingentes cantidades de recursos movilizados. El real decreto del Gobierno, que se añade a anteriores iniciativas, alcanza el 9,6% del PIB (totalizando los avales y las iniciativas con incidencia fiscal), algo menos de lo que dedican países con más espacio fiscal, pero significativamente más que Italia, por ejemplo.

El tipo de acciones que
se incorporan en esos planes responde adecuadamente a las características de la
crisis. Se trata de mantener vivo el aparato productivo de manera transitoria, durante
todo el tiempo que dure la crisis sanitaria. Esto se consigue limitando el
cierre en cascada de empresas que podría producirse como consecuencia de la
carencia de suministros clave para la producción, de las restricciones a la
actividad en todo tipo de servicios, de las limitaciones a la movilidad de las
personas y de la desorganización de la cadena de pagos. Así pues, es oportuno
poner a disposición garantías públicas y créditos blandos a empresas que se
enfrentan a problemas de tesorería pese a ser rentables.

Gráfico 1

De momento, el monto
previsto para esas acciones alcanza 100.000 millones. Aunque parece bastante,
esto es sin duda inferior a las necesidades que surgirán en los próximos días
entre las pequeñas empresas, y los sectores más afectados por el parón, como el
turismo, la mayoría de comercios, el ocio o la industria que suministra bienes
de consumo duradero y bienes de equipo. Por tanto, mucho depende del
multiplicador de crédito que logren generar los avales públicos, así como de la
buena disposición de los pequeños negocios para endeudarse, incluso a corto
plazo. De no ser suficiente, el Gobierno no debería dudar en reforzar el
dispositivo.

«El resultado previsible es una importante agravación del déficit y de la deuda pública. Sin embargo, este es un mal menor frente a los enormes beneficios para el aparato productivo, el empleo y los colectivos más desfavorecidos».

Raymond Torres

En segundo lugar, también
se adoptan medidas por el lado de la demanda, de apoyo a los colectivos más
vulnerables y de mantenimiento del empleo (ERTE con trámites oportunamente agilizados,
promoción de ajuste de jornada para evitar despidos, y teletrabajo). El
presupuesto previsto alcanza 20.000 millones, que incluyen las actuaciones
imprescindibles de respaldo a un sistema sanitario al borde de la asfixia.

Gráfico 2

Este presupuesto por tanto solo será suficiente si la crisis sanitaria y las medidas de confinamiento no se extienden más allá de finales de abril. Y es que mantener los niveles actuales de empleo en los sectores más castigados conlleva un coste significativo, solo asumible —dentro de las estrecheces del presupuesto— durante un tiempo limitado. Además, el porcentaje exageradamente elevado en nuestro país de empleos temporales hace temer un repunte notable del paro, a medida que los contratos vencen y no se renuevan. Los presupuestos tendrán que absorber estas y otras consecuencias de la crisis sanitaria.

El resultado previsible es una importante agravación del déficit y de la deuda pública. Sin embargo, este es un mal menor frente a los enormes beneficios para el aparato productivo, el empleo y los colectivos más desfavorecidos. La clave está en asegurar una financiación del agujero presupuestario en condiciones razonables, es decir en contener la prima de riesgo que tan malos recuerdos nos trae. El BCE, rectificando sus primeros mensajes, parece haber tomado conciencia de ese peligro, elevando la escala de su programa de compras de títulos de deuda y manifestando su disposición a hacer todo lo necesario para evitar una crisis financiera. Solo falta la Unión Europea, de momento incapaz de acompañar los esfuerzos de cada país. Las posiciones en materia de eurobonos u otro instrumento necesario para forjar el armazón de una acción europea frente a la crisis empiezan a moverse. Esperamos que la UE no nos defraude, porque su papel será decisivo para ganar la batalla contra el virus.

Fuentes de los gráficos: Funcas, en base a Ministerio de Economía y fuentes nacionales.

Artículo publicado originalmente en el diario El País.

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