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Reducción de la brecha salarial de género, con matices

El próximo Día Internacional de la Igualdad Salarial, el tercero desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas decidiera instituirlo a partir de 2020, se celebra en un contexto laboral menos marcado por la crisis sanitaria de la COVID-19 que por el acelerado aumento de los precios. Preocupa, en particular, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y el consiguiente deterioro de las economías domésticas y de la calidad de vida de las familias. Pero también preocupan las dificultades que muchos trabajadores –sobre todo, hombres y mujeres con escasa cualificación laboral– están teniendo para recuperar el empleo tras la pandemia; dificultades que coexisten con las de numerosas empresas (no solo las high-tech, sino también las low-pay) para encontrar la mano de obra que precisan. 

Desde luego, hay razones para la inquietud ante las desigualdades en el mercado de trabajo y para la reivindicación de “mercados laborales más inclusivos”, por citar el título del recientemente publicado informe anual sobre el empleo de la OCDE (Employment Outlook 2022). Llama, sin embargo, la atención que, en el capítulo introductorio de este informe, la OCDE fije la atención en los jóvenes, los trabajadores poco cualificados, los inmigrantes y las minorías étnicas como los grupos más vulnerables del mercado de trabajo. Son ellos los que han sufrido más severamente los efectos económicos de la pandemia y los que ahora pueden verse más perjudicados por el shock inflacionario. Ni esas primeras páginas que recogen la posición editorial de la OCDE ni el resumen ejecutivo del informe hacen referencia a la brecha salarial de género. Diríase que, desde 2020, esta ha perdido relevancia respecto a otras brechas laborales.

Lo cierto es que la brecha salarial de género, tal como la mide Eurostat[1], ha disminuido en buena parte de los países de la Unión Europea durante la última década. En España, de acuerdo con esa misma fuente, el descenso ha sido notable: en el año 2020 (últimos datos disponibles) el salario medio bruto por hora trabajada de los hombres superaba en un 8,5% al de las mujeres, la mitad que en 2011 (16,8%) (Gráfico 1). Esa diferencia salarial de 8,5% a favor de los hombres sitúa a España en una posición no solo mejor que las ocupadas por Alemania (17,3%), Francia (15,3%) y los Países Bajos (13,1%), sino también por otros países que constan como muy igualitarios en cuestión de género, como Dinamarca (13,4%)  o Suecia (10,5%). Brechas salariales de género más reducidas que la española pueden encontrarse, sin embargo, en países como Luxemburgo (0,8%) e Italia (5,5%), pero también en otros con economías menos desarrolladas, como Polonia (4,8%) y Rumanía (1,2%) (Gráfico 2).   


Los datos de la OCDE, que utiliza una medida de la brecha salarial de género algo distinta[2], también colocan a España, en 2021, en una posición relativamente favorable respecto a la media de la UE y a otros países europeos. No obstante, ponen de manifiesto una diferencia muy significativa, de 20 puntos porcentuales (pp), entre los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia. En el ámbito del trabajo autónomo, la brecha salarial de género se triplica largamente  (Gráfico 3).


Retomando los datos de Eurostat y con la mirada puesta en España, se observa una diferencia considerable entre las brechas salariales de género del sector privado (13,9%) y del sector público (8,2%). Habida cuenta de que las Administraciones Públicas están sujetas al principio de igualdad retributiva, las diferencias salariales en el sector público solo pueden deberse a las diferencias en las características medias de los empleados y de las empleadas. Con todo, esa distancia de 5,7 pp entre las brechas salariales de género en el sector privado y en el público es menor que la registrada en Países Bajos (8,2 pp), Italia (12,4 pp) o Alemania (13,2 pp) (Gráfico 4). 


Por otra parte, en España las mayores brechas salariales de género se registran en el sector sanitario y de trabajo social, y en el de actividades profesionales, científicas y técnicas; y las brechas más reducidas, en el sector del transporte y almacenamiento, y en de hostelería y restauración. Ahora bien, desde una perspectiva comparada, España destaca por su reducida brecha salarial de género en dos sectores: el de la información y comunicación (8,6%) y el de las finanzas y los seguros (13,2%). Como en otros países, la brecha salarial de género en la construcción es negativa (la retribución media por hora de las mujeres es superior a la de los hombres), lo que se explica por el hecho de que los varones empleados en este sector ocupan masivamente puestos de trabajo menos cualificados (sobre todo, de operarios) (Gráfico 5).


Una particularidad interesante del caso español se advierte al analizar las brechas salariales de género por grupos de edad. En la mayoría de países, la brecha salarial de género tiende estrecharse a medida que disminuye la edad de los trabajadores, pero en España esta relación se manifiesta de una manera más ostensible. De hecho, entre los trabajadores menores de 25 años la brecha salarial de género es negativa, y entre los que cuentan entre 25 y 34 años, apenas llega al 1% (Gráfico 6).


A la luz de lo expuesto hasta aquí, cabe pensar que en España hemos reducido significativamente la brecha salarial de género en  los últimos años y, además, nos encontramos en una senda muy prometedora, toda vez que entre las cohortes más jóvenes esta brecha ha desaparecido prácticamente. 

A este respecto es preciso, no obstante, hacer dos observaciones. En primer lugar, los datos de Eurostat dan cuenta de la brecha salarial de género en empresas de 10 o más empleados, por lo que dejan fuera de la estimación a cerca de un 40% de la población empleada en España. Es probable que en esas empresas de menor tamaño se registren brechas salariales de género mayores que en las empresas grandes, en cuyo caso los datos de Eurostat estarían infravalorando la realidad. En segundo lugar, si bien entre los jóvenes se reduce muy significativamente la brecha salarial de género, no podemos pasar por alto que los salarios medios son inferiores a la media en esos grupos de edad (compuestos precisamente por los hombres y las mujeres que se encuentran en la fase de emancipación de la familia de origen y de desarrollo de sus propios proyectos familiares). En esas circunstancias, la consecución de una mayor igualdad salarial no puede ser concebida ni celebrada como un éxito social.

[1] Diferencia entre la retribución media (bruta) por hora de los hombres y de las mujeres, en porcentaje de la retribución media (bruta) por hora de los hombres. El cálculo incluye solo a trabajadores en empresas con 10 o más empleados. Sobre el método de estimación y clasificación de las brechas salariales de género publicadas por Eurostat, véase Leythienne, D. y Pérez-Julián, M. (2022). Gender pay gaps in the European Union. A statistical analysis. Revision 1. 2021 Edition. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.

[2]  Diferencia entre la retribución mediana de los hombres y las mujeres en relación al salario mediano de los hombres (distinguiendo entre trabajadores por cuenta ajena a tiempo completo, por un lado, y trabajadores autónomos, por otro). 

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El PIB se redujo más en 2020 pero también creció más en 2021

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Contabilidad nacional anual


La revisión de las cifras de PIB correspondientes a los últimos años ha arrojado cambios sustanciales. El crecimiento en 2019 fue ligeramente inferior a lo estimado hasta ahora, un 2,0% frente a un 2,1%, pero las correcciones más sustanciales afectan a los años 2020 y 2021. En el primer año de la pandemia el PIB sufrió una caída más pronunciada de lo que estimado anteriormente por el INE, un 11,3% frente a un 10,8%, mientras que la recuperación en 2021 fue algo más intensa de la estimación inicial, un 5,5% en lugar de un 5,1%. El resultado final de todo ello es que el nivel de PIB real en 2021 era inferior en un 0,2% a lo indicado por las cifras previas. Esto nos deja al final de 2021 un poco más lejos del nivel previo a la pandemia que con las cifras anteriores —un 6,4% frente a un 6,2%—.

En cuanto a los componentes del PIB por el lado de la demanda, las revisiones afectan básicamente a dos variables: el consumo privado y la inversión. Las cifras vigentes hasta ahora reflejaban una débil recuperación del consumo en 2021 tras la fuerte caída de 2020, lo que dejaba esta variable mucho más lejos de su nivel previo a la pandemia que en la media de la Eurozona. Con las nuevas cifras, en 2020 el consumo privado sufrió una contracción solo levemente más intensa de lo indicado por las cifras previas, pero su recuperación en 2021 fue sensiblemente mayor: un 6% en lugar de un 4,7%, lo que deja esta variable más cerca del nivel previo a la pandemia. En cuanto a la inversión de capital fijo, registró una caída ligeramente más acusada en 2020, pero su recuperación en 2021, que conforme a las cifras anteriores había sido muy dinámica, ha sido fuertemente revisada a la baja, desde un 4,3% inicial a un 0,9%. Por otra parte, la mayor parte de la revisión a la baja de la cifra de PIB de 2020 procede de los inventarios, que detrajeron ocho décimas porcentuales de PIB en lugar de las cinco décimas inicialmente apuntadas.

Por el lado de la oferta también se han producido algunos cambios. El VAB del sector primario en 2021 fue superior a lo inicialmente estimado, al igual que en los sectores más afectados por la pandemia —comercio, transporte, hostelería, y actividades artísticas y recreativas—, mientras que en la industria y en la construcción el VAB de 2021 se ha revisado a la baja.

Finalmente, en cuanto al empleo, la revisión va en la misma dirección que el PIB: la caída en el número de horas trabajadas fue más pronunciada en 2020 y la recuperación fue mayor en 2021. La revisión conjunta de las cifras de empleo y de PIB ofrece como resultado una caída de la productividad por hora trabajada en 2021 con respecto a 2019 algo inferior a lo indicado por las cifras precedentes –un 1,5% frente a un 2%–. Hay que recordar que precisamente la fuerte caída de la productividad era uno de los elementos más difíciles de explicar de dichos resultados.

En suma, si bien la revisión a la baja de 2020 ha sido algo inesperada, la de 2021 sí ha estado más en línea con lo que se anticipaba, y ofrece unos resultados, en general, más consistentes que los anteriores.

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Ajustes necesarios en la respuesta a la invasión de Ucrania

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Hace poco más de un mes, el Banco Central Europeo (BCE) publicaba en su boletín mensual un análisis del impacto presupuestario de las medidas adoptadas en los países de la eurozona para hacer frente a los efectos económicos de la invasión de Ucrania. Según los cálculos de los autores, tan solo el 12% de esas rebajas impositivas e incrementos del gasto tiene por beneficiarios a los hogares vulnerables; y menos del 2% contribuirá directamente a la transición ecológica. La semana pasada, Kristalina Gueorguieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), advertía de la necesidad de que las actuaciones se centren en apoyar a los más frágiles, evitando medidas generalistas que, por definición, son más costosas para los erarios europeos y acaban alimentando el proceso inflacionario.

Desafortunadamente, la probabilidad de que la necesidad de medidas compensatorias se extienda a 2023 debería hacernos reflexionar para redefinir el plan de choque. Y el párrafo anterior nos da pistas sobre cómo deberíamos hacerlo: focalizando mucho más las ayudas y apostando en mayor medida por actuaciones que sean compatibles con el impulso a los objetivos de transición energética y ecológica.

En todo caso, debemos tener claro que para afrontar el episodio inflacionario no basta con lo anterior; y que la subida de tipos de interés por parte del BCE puede ser una medicina particularmente dolorosa y no muy eficiente, en la medida en que el origen de la inflación no es un sobrecalentamiento de la economía europea y, por tanto, habrá que reducir mucho la demanda para que se note el efecto en los precios. Por eso necesitamos tres cosas más.

La primera es actuar de forma contundente sobre los mecanismos de fijación de precios de la energía, que generan resultados absurdos en la coyuntura actual. La UE debería resolverlo en lo que resta de mes. Porque no es muy inteligente mantener las reglas actuales y dejar que Rusia utilice su gas como una potente arma de guerra económica.

La segunda es la enorme importancia de alcanzar un pacto de rentas ambicioso y en un plazo breve. En tiempos de guerra, necesitamos que en el seno de los países de la UE mantengamos cohesión, paz social y solidaridad.

La tercera está íntimamente ligada a la anterior. La pandemia nos ha mostrado la importancia de la coordinación y la cooperación en momentos críticos. Desafortunadamente, estamos ante otro. Cierto que en este caso no se trata de mascarillas, distancia social y responsabilidad individual para frenar contagios. Ahora se trata de que los sectores productivos y los hogares en mejor situación financiera acepten que las ayudas vayan a otros, asuman que su pérdida de poder adquisitivo sea comparativamente mayor y que, en la medida de las posibilidades de cada uno, se hagan esfuerzos voluntarios para ayudar a los más vulnerables.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La paradoja de la longevidad: Estirar la esperanza de vida por encima del ahorro acumulado

La estructura de edad de la población española ha cambiado significativamente, se tienen menos hijos y se alarga la esperanza de vida. Como resultado, la edad promedio de la población aumenta. Esto tiene importantes implicaciones para la sociedad en su conjunto. Crecer y vivir en una nueva sociedad es fundamentalmente diferente de crecer en una sociedad donde la mayoría de las personas son mayores.

Es aquí donde aparece la llamada paradoja de la longevidad. Y es que la mayor esperanza de vida presenta consigo la problemática de contar con un ahorro lo suficientemente importante para satisfacer las necesidades de toda esta etapa junto a la renta percibida por parte de las pensiones públicas.

En Estados Unidos que siempre nos toma la delantera en cultura del ahorro, los asesores financieros están tratando de abordar esta problemática. En la encuesta de InvestmentNews, el 55% de los asesores mencionaron "no ahorrar lo suficiente" como la crucial amenaza para la seguridad de la jubilación de sus clientes, sobrepasando los "ahorros para la jubilación que sobreviven" (35%) y "gastar demasiado en la jubilación" (30%).

En los últimos años, el 51% de los asesores hacían planes de jubilación asumiendo que sus clientes vivirían entre 85 y 94 años, mientras que en los próximos años el 27% de los asesores planificará con clientes que vivan entre esas edades, ya que se trasladarán a rangos de edades superiores.

Y aquí el primer paso a tomar no es otro que trabajar más para capitalizarse durante más tiempo. Una opción que tiene todo el sentido del mundo para los clientes que quizás no hayan ahorrado lo suficiente para la jubilación. En otras palabras, mantenerse en la fase de acumulación de activos y descendiendo la fase de distribución.

Eso no significa seguir trabajando a pleno rendimiento. Si las condiciones lo permiten, uno puede dirigirse a la jubilación activa ya sea a tiempo completo o parcial. En este último punto, se puede reducir la cantidad de días u horas o encontrar un trabajo a media jornada y dirigirse a una fórmula de jubilación parcial la sea anticipada u ordinaria.

El otro gran paso es cómo canalizar el ahorro obtenido hasta la fecha de abandonar la vida laboral y es aquí en el que se incorporan diferentes fórmulas para que las inversiones realizadas a través de nuestro ahorro nos ofrezcan rentas futuras.

El inmueble en propiedad será clave para afrontar los desequilibrios de la longevidad

Si por algo se caracteriza España es por una elevada tasa de propiedad sobre la vivienda, siendo su principal fuente para canalizar el ahorro. Según los datos en Eurostat, 75,1% de la población en 2020 era propietario de su vivienda. Como referencia, el 70% de la población de la UE vivía en un hogar en propiedad, mientras que el 30% restante vivía en viviendas alquiladas.

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Debido a esta situación, la vivienda en propiedad es el centro de las miradas para tratar de afrontar los desequilibrios generados a través de esa longevidad. Existen varias alternativas para obtener ingresos adicionales con la vivienda, que se pueden resumir en cuatro operaciones, distinguiendo si se transmite, o no, la titularidad del inmueble.

Si miramos las opciones con transmisión de la titularidad de la vivienda tenemos la renta vitalicia inmobiliaria y la transformación de la vivienda en una renta vitalicia asegurada.

La primera opción ofrece una operación en la que se transmite a una entidad aseguradora la titularidad de la vivienda, pero conservando su usufructo vitalicio, lo cual le permite habitarla o alquilarla. La segunda opción, se trata de una medida fiscal incentivadora, introducida por la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, de modificación del IRPF. Solo la pueden utilizar los contribuyentes mayores de 65 años y se puede destinar a ella no solo cualquier vivienda, sino también cualquier otro elemento patrimonial (acciones, fondos de inversión, etc.).

Entre las opciones en las que no existe transmisión de la titularidad de la vivienda nos encontramos con la hipoteca inversa simple o la hipoteca inversa combinada con un seguro de rentas vitalicias.

El elemento diferencial entre ambas es que la hipoteca simple no cubre el riesgo de longevidad. Si el interesado sobrevive a la edad estimada de la operación, dejará de percibir los ingresos complementarios, lo cual debe advertirse y destacarse para evitar situaciones de necesidad en el futuro. Por otro lado, a través del seguro de rentas vitalicias sí se elimina el riesgo de longevidad y el interesado puede tener la seguridad de que durante toda su vida dispondrá de un nivel de ingresos fijos.

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Qué es la cuota cero de autónomos de Madrid que ha anunciado Ayuso

Lo ha vuelto a hacer. Isabel Díaz Ayuso sabe perfectamente cómo hacerse notar aún cuando la actualidad está tan plagada de noticias que no da mucho espacio a lo que no sea la muerte de Isabel II o la inflación. Pero lo ha conseguido.

Sabedora de que el próximo año de nuevo hay elecciones a la Comunidad de Madrid, la presidenta ha dado un golpe sobre la mesa con una serie de nuevas medidas para afianzar su puesto y a sus votantes en un contexto de crisis económica.

Un plan de vivienda asequible para los menores de 35 años, más sueldo para los profesores, ayudas a la gestación para mujeres de más de 40 años, novedades fiscales y...voila, una cuota cero para los autónomos durante un año.

Los autónomos, un colectivo bastante desprotegido en nuestro país, donde se paga más cuota que en ningún otro de Europa y con el que el Gobierno de la nación ha tenido pocos miramientos. Pues ella ha querido hacerse con su favor con una medida que vamos a analizar para ver si realmente es eficaz para estos.

Pan para hoy, hambre para mañana

En concreto, esta cuota cero será para los nuevos autónomos que emprendan en la Comunidad de Madrid y se extenderá durante un año. Además, se podrá prorrogar durante un segundo año si los ingresos mensuales no superan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que es actualmente de 1.000 euros.

Así, estos nuevos emprendedores tendrán como dos años de gracia para poder poner en marcha sus negocios sin tener encima la espada de Damocles de la cuota mensual. No olvidemos que, con carácter general, esta cuota es de 50 años el primer año, pero luego pega un subidón hasta alrededor de 300 euros.

Evidentemente, es una medida buena para los que se aventuren a montar un negocio, pero se trata de algo muy temporal y engañoso. Porque de nuevo estos emprendedores tendrán que pasar de 0 a 100 en cuanto empiecen a ganar algo de dinero con su empresa, lo que dificulta el proyecto a medio y largo plazo.

Porque precisamente es al año o los dos años cuando el negocio empieza a dar rendimientos, y si es en ese momento cuando se les aplica la cuota general, se trata de una dificultad añadida a las famosas declaraciones trimestrales de IVA.

Por lo tanto, puede ser contraproducente. Porque se pasa de la nada al todo, de una cuota inexistente a una bastante elevada, desconfigurando los presupuestos y planes de estos autónomos.

Así que, en lugar de medidas populistas de este tipo, lo que los autónomos realmente necesitan son unas cuotas realistas, similares a las del resto de Europa y que no vayan cambiado cada uno o dos años. El hecho de que haya elecciones no debería trastocar la ya complicada vida de los pequeños negocios, que hacen malabares para sobrevivir en un entorno muy hostil ahora mismo.

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La apuesta arriesgada del BCE

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Europa se enfrenta a uno de sus mayores retos desde la creación del euro. La subida de tipos de interés decidida esta semana por el BCE está justificada, habida cuenta del riesgo de pérdida de valor de la moneda única frente al dólar, divisa en la que cotizan las principales materias primas importadas y, por tanto, factor clave de la inflación. No es comprensible, sin embargo, el anuncio de hasta cuatro vueltas de tuerca adicionales en los próximos meses, hasta que la inflación se acerque a su objetivo del 2% —algo que podría suceder desde finales del próximo ejercicio—, según Fráncfort.

La política monetaria solo puede incidir directamente en los precios internos, que representan apenas el 31,5% del alza del IPC. El resto de componentes —es decir, la energía y los alimentos— están en buena medida determinados por factores externos a la acción del BCE. Por tanto, el BCE tendría que generar una profunda recesión para generar una caída abrupta de los precios y de los salarios, y así doblegar la inflación. Esto no es coherente con la previsión de crecimiento del 0,9% que maneja el banco central para 2023. Tras haber negado la persistencia de la inflación, ahora podría estar minimizando el riesgo de recesión.

Se alude a la experiencia de Estados Unidos, donde la inflación parece estar remitiendo tras el giro de la Reserva Federal. Sin embargo, en ese país la energía y los alimentos representan menos de la mitad del incremento total de los precios. Además, Biden ha logrado coordinar los otros instrumentos de la política económica para, a la vez, aplacar la inflación y prevenir una larga recesión: ha puesto en marcha un plan de inversión orientado a aliviar los cuellos de botella en las cadenas de suministros y asegurar la seguridad energética de su aparato productivo. La receta parece estar dando frutos.

En la Unión Europea, sin embargo, la política fiscal tarda en reaccionar y el debate está encorsetado por cuestiones importantes como la reducción de los desequilibrios, pero deja de lado el contenido de las políticas en un momento clave para el futuro de la economía europea. Se echa de menos una estrategia de interconexiones energéticas y de inversiones centradas en diversificar las fuentes de suministro. También se está tardando en reformar el funcionamiento de los mercados, en especial en lo que atañe al traslado del precio del gas a la tarifa eléctrica.

Entre tanto, algunos de los principales operadores de los mercados a plazo están entrando en números rojos, por verse abocados a comprar energía a precios significativamente más elevados de lo que prevén los contratos con sus clientes. Bruselas podría verse obligada a relajar las reglas de ayudas de Estado para afrontar una situación que pone en peligro la estabilidad del suministro.

Todo ello apunta a un fuerte deterioro del contexto europeo en el que se mueve la economía española. El endurecimiento monetario que incorpora el euríbor, ya por encima del 2%, tendrá un cierto impacto. Pero este será mucho menor que la probable entrada en recesión de Alemania, Italia y otros socios comunitarios más expuestos que nosotros a una crisis energética a la que Europa todavía no ha encontrado respuesta.


De ahí la importancia del buen manejo de nuestra política fiscal. El shock de oferta, si bien violento, no alcanza la magnitud de lo que se espera en la mayoría de países europeos. Por tanto, existe un margen para desplegar los fondos europeos en los sectores que más directamente contribuyen a aliviar la crisis, y para reducir la carga que pesa en los colectivos vulnerables. Los otros componentes del presupuesto deberían tender al equilibrio. Las curvas que vienen aconsejan adaptar la política económica española y reformular la europea. Y más realismo del BCE en el ritmo de desescalada de la inflación.

Tipos de interés | Tras la subida de los tipos de intervención del BCE de 75 puntos básicos, los mercados han reaccionado de manera dispar. El euríbor a un año, principal referencia para las hipotecas, se ha incrementado, evidenciando la anticipación de una nueva vuelta de tuerca del BCE en los próximos meses. El rendimiento del bono español a diez años ha evolucionado de manera inversa, con un descenso que, aun leve, podría reflejar la anticipación de una pausa del giro monetario a medio plazo, en consonancia con la elevación del riesgo de recesión.      

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Estos son todos los problemas de la cesta básica de Carrefour

Carrefour no se lo ha pensado dos veces tras escuchar esta semana a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, decir que igual convendría poner un límite a los precios de los alimentos teniendo en cuenta la inflación que soportamos.

En solo dos días le planteó a la vicepresidenta sacar a la venta una cesta de la compra 'básica' por un precio de 30 euros. Una medida que ha sorprendido a todo el mundo, pues nadie esperaba que el sector reaccionara de esa forma a la propuesta de Díaz.

Carrefour ha querido ser el primero de la clase con esta propuesta que está levantando realmente más críticas y suspicacia que alabanzas. Porque sí, la medida está genial sobre el papel, ¿pero es esto posible y, de alguna manera eficaz?

Basta con echar un ojo a lo que ya se sabe que va a llevar esta cesta que sale a la venta el próximo lunes 12 de septiembre: café, pañales, chocolate, bastoncillos, pan de molde, papel higiénico, galletas, aceite de girasol o pasta.

Nada de productos frescos, pan natural, verdura, fruta, huevos o leche. Es decir, hablamos más de productos de higiene e incluso de caprichos (como el chocolate) que lo que de verdad se necesita en un hogar para atender a las necesidades básicas.

Acción marketiniana y palo a Mercadona

Si finalmente la cesta de la compra que salga el lunes no lleva ningún producto realmente de primera necesidad, será más un bluf que otra cosa. Es decir, una muy buena jugada de marketing por parte de la cadena francesa pero, en la realidad, una cortina de humo.

Lo que ha hecho Carrefour es apuntarse un tanto mediático y hacer una llamada a sus supermercados para que la gente, aunque solo sea por curiosidad, se acerque a sus centros. Con la posibilidad, además, de atraer a consumidores que ahora no entraban en su target, como pueden ser familias con ingresos más bajos que optan por superficies más baratas o tiendas de
barrio.

Igualmente, esto le sirve para apuntarse un tanto frente a Mercadona, su gran rival, que tan siquiera se ha manifestado sobre las palabras de Díaz mientras no deja de subir precios en sus productos.

Así, vemos cómo en un contexto de inflación, es muy difícil querer controlar los precios, porque eso haría que toda la cadena saliese perdiendo. Los propios supermercados son incapaces de crear una cesta básica de la compra barata, pues hoy por hoy hacer una compra completa por 30 euros es una absoluta quimera. Al menos para una familia de varios miembros.

Y todo ello dando la espalda al pequeño comercio, que es quien más está sufriendo el contexto actual y menos puede repercutir las subidas en sus precios porque sabe de sobra que su cliente es de confianza, y si la pierde no volverá.

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Zara ya no es lo era: se echa de menos el toque Pablo Isla y la competencia aprieta

Zara es la tienda insignia en España, un emblema de la moda patria que hemos exportado al resto del mundo que nos hace sacar pecho al saber que prácticamente la mitad del planeta la conoce y compra en ella. Pero el problema es que ha empezado a cansar.

Sí, efectivamente, Zara ya no es lo que era. Sobre el papel sigue siendo un gigante textil que al año más de 3.200 millones (el pasado 2021), pero la burbuja se está deshinchando, vienen tiempos de cambio y no solo en lo puramente económico.

El año pasado, Inditex obtuvo unos beneficios un 11% por debajo de 2019 (evidentemente ganó más que en 2020 por el efecto pandemia) y las ventas fueron un 2% inferiores. Es decir, no ha logrado volver al estado de gracia que tenía hace tres años.

Si nos fijamos en lo que va de año, en el primer trimestre de 2022 Inditex ganó un 80% más que en el mismo periodo de 2021, pero los expertos avisan de que es una cifra engañosa, puesto que el pasado año el COVID coleaba en muchos mercados y, por otro lado, eso le deja muy poco margen de crecimiento para el resto del año. Es decir, que Zara podría haber tocado techo.

Y todo ello cuando hace apenas unos meses que Marta Ortega cogió el timón de la compañía tras la época dorada que se vivió con Pablo Isla. La heredera de Amancio ha tomado la empresa con una estructura ya muy formada y todo sobre ruedas, pero está imponiendo un toque en la parte de diseño puro y duro que está alejando a su comprador habitual y, también, a las nuevas generaciones.

Zara se ha vuelto aburrido

Zara ya no parece lo que era Zara hace unos años. De un tiempo a esta parte, y sobre todo tras el ascenso de Marta Ortega a la presidencia, la cadena se ha vuelto mucho más anodina en lo que respecta a sus propuestas de moda.

Con un aire mucho más aspiracional, colecciones cápsula con renombrados diseñadores (la última con Narciso Rodríguez) a unos precios superiores a lo habitual. Esa es la idea de la hija de Amancio Ortega: sacar a Zara del fast fashion donde reinaba y llevarlo al segmento premium.

Inditex necesita recapitalizar su marca estrella y pretende dejar a las nuevas generaciones con Pull&Bear y Bershka, el problema es que echa a otro tipo de clientes de sus tiendas y también a los futuros compradores.

Hacer entender a la sociedad que unos vaqueros de Zara cuestan 50 o 60 euros no es fácil, porque Zara ha destacado siempre por lo contrario, con lo que las personas que se quieren gastar ese dinero en un pantalón se van a una de las marcas premium, ya que sí las asocian a esos precios. Pagar eso en Zara lo consideran tirar el dinero.

No, la marca Zara hoy por hoy no es premium, es moda rápida, low cost, y la gente no entra en sus tiendas buscando un diseño de tal firma o una calidad, entra buscando una tendencia que sabe que le va a durar x meses. Por lo tanto, no va a ser fácil para la nueva presidenta hacer este cambio de timón.

Y mientras tanto, la competencia le va ganando la partida en un ámbito clave para el presente y el futuro: las redes sociales. Marcas minoritarias como Noon Spain, Brownie, Basyco Jérez, El Ropero de Carmela o Puro Trendy conquistan el mercado Z con un contenido muy fresco, ágil y cercano en redes sociales, colaboraciones con microinfluencers que les dan una visibilidad muy grande precios asequibles y mayor calidad. Además, con la ventaja de tener unidades mucho más limitadas de las prendas, haciendo que las prendas no sean masivas y tengan un toque más exclusivo.

Zara no colabora con influencers y no tiene una actividad muy grande en redes, vuelve a repetirse el concepto catálogo o aspiracional que no permite la interactuación con el cliente.

Por lo tanto, vemos cómo la firma se aleja cada vez más del mercado 'real' y busca posicionarse en la mente del consumidor como una aspiración, pero lo va a tener difícil para quitarse la etiqueta low cost de encima. Sobre todo en un momento de máxima inflación.

Veremos cómo son las cuentas del cierre de año, pero desde luego que el inversor, y el consumidor, extrañan a Pablo Isla. Y mucho.

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percepcion-de-la-propia-salud-en-tiempos-de-pandemia:-la-renta-importa,-pero-en-espana-menos-que-en-otros-paises-europeos

Percepción de la propia salud en tiempos de pandemia: la renta importa, pero en España menos que en otros países europeos

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La pandemia no ha afectado significativamente a la percepción de los españoles sobre su propia salud, pero sí ha traído consigo una ligera reducción del porcentaje de personas que la califican como “muy buena” o “buena”. En 2020 el 73% de la población de 16 o más años calificaba así su salud, solo 2,3 puntos porcentuales (pp) menos que en 2019. En 2021 el porcentaje ha caído dos pp adicionales situándose en 71,2%, la cifra más baja de la última década (2012-2021) (Gráfico 1).


Así pues, según el último dato disponible, siete de cada diez individuos adultos que viven en España están satisfechos con su estado de salud. Esta proporción es superior a la de Alemania (63,2%) y coincide prácticamente con las de los países nórdicos: Dinamarca (67%), Finlandia (70,1%) y Suecia (72,4%) (Gráfico 2).


En todos los países sobre los que se han publicado datos, el porcentaje de mujeres que perciben su salud como muy buena o buena es más bajo que el de los hombres (Gráfico 3). Esta diferencia asciende en España a 5,5 pp (68,5% de las mujeres y 74% de los hombres), una brecha ligeramente mayor que las observadas en Alemania y los países nórdicos. 


Las diferencias son más notables cuando se divide la población por quintiles de renta. En España, aproximadamente dos tercios de las personas (65,2%) incluidas en el 20% de ingresos más bajos (primer quintil) perciben su salud como muy buena o buena. Este porcentaje es más alto que los correspondientes en Alemania (51,4%), Finlandia (57%), Dinamarca (57,9%) y Suecia (62,8%) (Gráfico 4). 


Por el contrario, cuando se pone el foco en la población más acomodada (último quintil), el porcentaje de españoles que califican su salud como muy buena o buena es similar al que registran alemanes (78%), daneses (81,5%), suecos (81,9%) o finlandeses (82,1%) (Gráfico 4). Por tanto, las diferencias entre la salud autopercibida de los grupos de población más ricos y más pobres son menos significativas en España que en la mayoría de los países europeos. Que una proporción comparativamente alta de la población española con menores ingresos esté satisfecha con su salud es, sin duda, una buena noticia que merece ser destacada. Al fin y al cabo, la percepción de la propia salud es un indicador de bienestar, que, junto con otros muchos, debería tenerse en cuenta en los  análisis de la desigualdad social. Ahora bien, si se analizan más detenidamente las diferencias dentro de los quintiles de renta, cabe resaltar que la brecha de género es mayor en el grupo que reúne a las personas más desfavorecidas económicamente. Así, el 70% de los varones del primer quintil califican su salud como muy buena o buena, mientras que esta misma opinión solo la manifiestan el 60,9% de las mujeres del mismo quintil (Gráfico 5). En el grupo de mayor renta (quinto quintil), las diferencias son mucho menores (el 81% de los hombres y el 79,1% de las mujeres están satisfechos con su salud). 

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Aumentar la actividad y reducir el paro, objetivos para la mejora de la integración laboral de las personas con discapacidad

La última Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD-2020)[1] muestra, como ya hicieron las dos anteriores (1999 y 2008), una integración muy pobre de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo. Si centramos la atención en las personas con discapacidad en edad laboral (16-64 años), su número —estimado en 1,58 millones— representa un 37% de todas las personas con discapacidad (4,32 millones). Es una cifra más alta que la que arrojó la encuesta anterior, realizada en 2008 (1,47 millones)[2]. Ahora bien, las tasas de prevalencia de personas con discapacidad sobre el total de la población en edad laboral se mantienen en un nivel parecido, en torno al 5% (5,2 % en 2020, 4,9% en 2008, y 5,1% en 1999). Por tanto, aunque la cantidad de personas con discapacidad en esa franja etaria ha aumentado, también lo ha hecho la población en edad laboral. 

Como cabría esperar, las tasas de prevalencia de las personas con discapacidad van aumentando a lo largo de la vida laboral (Gráfico 1). Así, el porcentaje de población con discapacidad de 55 a 64 años (13,7%) sextuplica holgadamente el porcentaje de población de 16 a 34 años, situado en torno al 2%. Llama asimismo la atención que, aunque en la juventud la prevalencia de discapacidad de las mujeres es proporcionalmente menor que la de los hombres, a partir de los 45 años el porcentaje de mujeres con discapacidad supera al de los hombres, sobre todo, a partir de los 65 años.


De los 1,58 millones de personas con discapacidad en edad laboral, en 2020-2021 estaban trabajando 370 mil (192 mil mujeres y 178 mil hombres), mientras que 160,4 mil buscaban empleo (84,1 mil mujeres y 76,2 mil hombres). Por tanto, la tasa de actividad de las personas con discapacidad[3] asciende a 33,5%, quedándose 40 puntos porcentuales por debajo de la tasa de actividad de toda la población (una distancia que entre los hombres todavía se agranda). Una parte importante de esa diferencia entre ambas tasas de actividad responde, sin duda, a que la propia discapacidad impide trabajar a muchas de las personas que la sufren. Al fin y al cabo, la mayoría de quienes están en edad laboral y no han trabajado nunca alegan como razón de su inactividad la propia discapacidad (así lo hacen el 53,1% de las mujeres y el 75,2% de hombres). Pero es posible que algunas personas con discapacidad sean inactivas por haber desistido de buscar trabajo, bien porque lo han intentado repetidamente sin éxito, bien porque, anticipando el fracaso, no toman la decisión de hacerlo ni siquiera por primera vez.

Aun cuando en términos absolutos las mujeres con discapacidad tienen más presencia en el mercado de trabajo que los hombres, no solo sus respectivas tasas de actividad, sino también de empleo y paro son muy similares (Gráfico 2). Que la tasa de empleo de las personas con discapacidad[4]  (23,4%) represente aproximadamente un tercio de la observada en la población general (62%) puede responder a las restricciones que impone la propia discapacidad. En este sentido, entre las personas con discapacidad que, teniendo experiencia laboral, han dejado de trabajar, el 43% declara haberlo hecho por la aparición o el agravamiento de su discapacidad, sin apenas diferencia alguna entre mujeres y hombres (Gráfico 3). Ahora bien, la reducida tasa de empleo también puede deberse a las reservas de las empresas a contratar a estas personas, dadas las dificultades de los empleadores para conocer la capacidad de estos demandantes de empleo para desempeñar su trabajo; es decir, para anticipar en qué medida su discapacidad afecta a su productividad. Disminuir el impacto de este problema de información de las empresas podría mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad. A esa mejora también podría contribuir el aumento de los niveles educativos de estas personas; de hecho, las personas con discapacidad que no trabajan, pero están buscando empleo, presentan un nivel educativo más bajo que las que están trabajando, aunque claramente más alto que el de las que no trabajan ni buscan trabajo (Gráfico 4). 


Visto desde otro ángulo, es preocupante que la tasa de paro de las personas con discapacidad[5] (30,2%) doble a la de la población total (15,6%) ¿Cómo están buscando empleo esos 160,4 mil hombres y mujeres con discapacidad que quieren trabajar y no encuentran dónde? El 60,8% de ellas y el 67,5 % de ellos utilizan a amigos o conocidos como principal método de búsqueda de empleo, proporciones considerablemente más elevadas que las de aquellos que afirman recurrir a los servicios públicos de empleo (SEPE). La preferencia por los amigos y familiares en la búsqueda de empleo es lógica, habida cuenta de que resulta más prometedora: el 38,2 % de las mujeres y el 38,9% de los hombres con discapacidad que trabajan, afirman haber encontrado su empleo a través de contactos con familiares y amigos, mientras que solo el 4,6% de ellos y el 4,4% de ellas lo encontraron mediante el SEPE (Gráfico 5).


Los resultados de la EDAD-2020 ponen de relieve la importancia de la red familiar y de amigos en la búsqueda de empleo. Cabe pensar que las personas con discapacidad que no trabajan deseando hacerlo cuentan con redes familiares y de amigos más débiles, por lo que, además de carecer de empleo, una vía fundamental de integración social, probablemente padezcan en mayor medida soledad. De ahí que este colectivo merezca una atención especial de los servicios públicos de empleo y, también, el despliegue de medidas de integración laboral de las que se puedan beneficiar. Téngase en cuenta que según la EDAD-2020, solo el 18,4% de las personas con discapacidad —es decir, unas 70.100— afirman haberse beneficiado de estas medidas (Cuadro 1). 


En resumen, queda mucho trabajo por hacer por la integración laboral de las personas con discapacidad. En primer lugar, hay que intentar que el grupo de los inactivos por “desistimiento” o “anticipación de fracaso” en la búsqueda de empleo –un colectivo cuya magnitud hoy día desconocemos, pero que cabe suponer significativo– sea lo más pequeño posible; es decir, que las personas con discapacidad inactivas se circunscriban a aquellas que no pueden o no quieren ocupar un puesto de trabajo. En segundo lugar, es deseable que el paro entre la población con discapacidad se sitúe en tasas cuando menos equiparables a las de la población total. 

Estos son actualmente los grandes problemas de la población con discapacidad en edad laboral. No lo es, en cambio –y esto es una buena noticia– la discriminación en el puesto de trabajo: casi nueve de cada diez personas con discapacidad ocupadas (88%) no han experimentado sentimientos de discriminación en su empresa o lugar de trabajo. Y quienes afirman sufrirla “muchas veces” o “constantemente” representan un 1,2% (Gráfico 6). En definitiva, a la luz de los datos de la EDAD-2020, se puede decir que la sociedad española trata adecuadamente a las personas con discapacidad que han conseguido una ocupación, pero probablemente desconoce y desatiende a quienes, deseándola, no la alcanzan.   


Este análisis representa un primer resultado del proyecto de investigación financiado por Funcas “Envejecimiento, discapacidad y participación laboral”.

[1] Los resultados de esta encuesta, cuyo trabajo de campo se realizó entre agosto de 2020 y octubre de 2021, han sido publicados en abril de 2022. La muestra se compone de aproximadamente 67.500 viviendas.

[2] Que, a su vez, era mayor que la que arrojó la Encuesta en 1999 (1,34 millones). Estimaciones a partir de las correspondientes encuestas de discapacidad, también realizadas en su momento por el INE aplicando las mismas definiciones internacionales estandarizadas. Véase Malo, M.Á., Dávila, C.D., y Pagán, R. (2009). “Hacia la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad”, en J.M. Zufiaur (coord.), Los retos de la igualdad en el trabajo, Ministerio de Trabajo e Inmigración – Fundación Francisco Largo Caballero, 325-350.

[3] Cociente de la suma de las que están ocupadas y las que, no estándolo, buscan empleo, entre el total de personas con discapacidad de 16 a 64 años.

[4] Cociente entre el número de personas con discapacidad en edad laboral ocupadas y la población total en edad laboral.

[5] Cociente entre el número de personas con discapacidad en edad laboral desempleadas y el de personas con discapacidad en edad laboral activas.

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