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Fotografía de la pyme en España: Digitalización, resiliencia y crecimiento

¿Hacia dónde se dirigen las pequeñas y medianas empresas en España y cuál ha sido su evolución en los últimos años? Te damos las claves con datos del informe sobre las pymes SMBs Driving Economy Recovery’ elaborado por Sage.  

  • Se prevé que el número de pymes en países europeos crecerá en 761.000 en 2025. 
  • La digitalización e innovación empresarial se han convertido en elementos esenciales para que las pequeñas empresas sigan creciendo.  

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) están en pleno crecimiento. Esta es una de las principales conclusiones que podemos extraer del informe sobre las pymes ‘SMBs Driving Economy Recovery’ que hemos desarrollado desde Sage en colaboración con el CEBR, el Centre for Economic and Business Research.  

La previsión señala que, en los próximos años, en concreto, hasta el 2025, se prevé que el número de pymes que opera en países europeos como Alemania, España, Francia, Irlanda y Portugal crecerá en 761.000 empresas. En este artículo te detallo cómo será la evolución de este tipo de empresas y qué supondrá para el mercado español.  

¡COMPÁRTELO! Te contamos las principales conclusiones del informe sobre las pymes que ha desarrollado Sage en colaboración con el CEBR: ‘SMBs Driving Economy Recovery’.

La importancia de las pymes en el mundo 

Los datos más recientes sobre las pequeñas y medianas empresas muestran que su papel sigue siendo vital a la hora de crear empleo y de generar mayores ingresos a los países en los que operan.  

Este informe sobre las pymes pone de manifiesto que esto ha sido así tanto antes como después de la pandemia. Por ejemplo, en 2019, las pymes representaban el 97,7% del total de empresas en determinados países y contribuían al 38% de la facturación total de las empresas. Esto muestra ya de por sí que estas compañías desempeñan un papel destacado en el desarrollo económico de los países.  

En este sentido, la tecnología se ha convertido en un imprescindible para que las pymes innoven en el mundo moderno. La tecnología permite una mejor comunicación y el avance de las empresas. Hay que tener en cuenta que durante la pandemia la tecnología también propició que la mayoría de las empresas no pararan y pudieran seguir trabajando en tiempos de incertidumbre.  

Retos digitales de las pymes españolas 

A lo largo de estos años, la evolución de las pymes en España ha sido similar a la de otros países. Recordamos la recesión de 2007-2009, supuso un gran descenso en el número de pymes del sector de la construcción pasando de 564.000 en 2007 a 320.000. Sin embargo, en 2013 también se advirtió un auge importante en sectores como el de la información y la comunicación. En este sentido, las empresas de comunicación se incrementaron un 31% en el mismo periodo, es decir, hubo un aumento de 12.225 empresas.  

Dichos datos eran un claro indicador de lo que sucedería los años siguientes. El informe sobre las pymes desarrollado por Sage en colaboración con el CEBR revela que el número de empresas de este tipo crecerá en España en 63.000 hasta el año 2025. Se espera, de hecho, que en 2025 se alcancen los 2,8 millones de empresas.  

Se prevé que la contribución económica de las pymes llegue a los 317.000 millones de euros en 2025, lo que supondría el 58% del PIB.  

En este sentido, en España, al igual que ocurre en otros países, la digitalización y la innovación de las pymes va a ser determinante para ayudar a la recuperación económica del país. Así lo muestran los datos de Eurostat, que indican que en 2021 el 76% de las pymes ya tenía página web. Sin embargo, esa cifra superaba el 96% cuando se trataba de las grandes empresas.  

Aun así, los datos apuntaban a la necesidad de un cambio de tendencia, pues solo un 21% de las empresas que disponían de página web permitían realizar compras o reservas online, y tan solo el 12% permitía que se hiciera un seguimiento a los pedidos. Al desarrollar sus procesos digitales estas empresas saldrían ganando, ya que podrían mejorar su rendimiento.  

Ayudas para la digitalización de las empresas 

Para conseguir mejorar en el campo digital, estas empresas cuentan con el programa Kit Digital, mediante el cual pueden acceder a subvenciones para conseguir ayuda en la gestión web, obtener una mayor presencia en Internet, mejorar en ciberseguridad u optimizar su comercio electrónico.  

Plan de Ayuda Sage

Además, desde Sage lanzamos un Plan de Ayuda de 7 millones de euros para apoyar a las empresas en su transformación digital.

 Un plan que incluye:

  • Una bonificación económica como refuerzo al Kit Digital, que las empresas pueden recibir en un plazo de 48 horas laborables. 
  • Acceso a un Plan de Capacitación Formativo y Tecnológico para aprovechar al máximo las soluciones Sage, con contenidos formativos exclusivos para mejorar la gestión y evolución de las empresas.
  • Un asesoramiento personalizado en el que acompañamos a los negocios durante todo el proceso para ayudar a la transformación digital y crecimiento del mismo.

Cómo y hasta cuando solicitar el Plan de Ayuda Sage

Hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta agotar el fondo de 7 millones de euros se podrá solicitar rellenando este formulario de solicitud.

El plan complementa las ayudas que las empresas pueden obtener a través del Kit Digital con una propuesta global, única y diferenciadora, articulada en tres ejes fundamentales que ayudarán a las empresas y despachos profesionales a evolucionar y transformar su negocio para ser más eficientes y competitivas”, José Luis Martín Zabala, Director General de Sage en España y Portugal.

España, al igual que otros países, está atravesando una situación incierta a nivel económico. Por eso es necesario disponer de datos como los de este informe sobre las pymes que muestran la importancia del papel de las pequeñas y medianas empresas en la recuperación económica.

Desde Sage sabemos que, aunque los retos a los que se enfrentan las pymes no son pequeños y no hay que subestimarlos, están preparadas y bien posicionadas para adaptarse a este panorama cambiante. También es alentador ver que estas empresas siguen teniendo un rol fundamental para impulsar el crecimiento de las economías a nivel global.  

Es fundamental aumentar los esfuerzos para que las pymes puedan contar con las mejores soluciones digitales, acceso a financiación, recursos e infraestructuras de nivel que permitan acompañar estas previsiones y transformarlas en éxito. 

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Control alquileres Cataluña no ha mejorado el acceso a la vivienda

El control de los precios del alquiler en Cataluña es un tema que ha estado en el centro de la política y la discusión pública en la región en los últimos años. Un debate que se ha trasladado que también surge a escala nacional y en marzo se votará en el Congreso el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda.

Si nos ponemos en contexto en Cataluña, la creciente demanda de vivienda y la escasez de oferta han llevado a un aumento significativo de los precios del alquiler, lo que ha provocado una presión sobre muchos inquilinos, especialmente a la población más vulnerable, como los jóvenes y las personas de bajos ingresos.

Para abordar esta problemática, el gobierno catalán adoptó medidas para regular y controlar los precios del alquiler. En septiembre de 2020 se implementó una nueva ley de medidas urgentes para controlar los precios de alquiler de viviendas. Esta ley aplica a los nuevos contratos en áreas con mercado de vivienda tensa, definido como municipios con más de 20,000 habitantes que han experimentado un aumento en el alquiler o los hogares gastan más del 30% de sus ingresos en alquileres.

La ley limita el aumento de los precios de alquiler entre contratos y está en línea con la regulación en Berlín. Hay excepciones para unidades renovadas y para aquellas donde los ingresos del arrendador y del inquilino están por debajo o por encima de ciertos niveles, así como para unidades con más de 150 metros cuadrados. A pesar de un recurso de inconstitucionalidad presentado al Tribunal Constitucional, la norma fue resuelta de forma favorable en abril de 2022.

Las medidas adoptadas en Cataluña

Estas medidas incluyen la implementación de un sistema de fijación de precios de alquiler, que establece límites máximos en los precios que se pueden cobrar por los alquileres. Este sistema se basa en el estudio de los precios de alquiler en diferentes barrios y localidades de Cataluña, y se actualiza regularmente para reflejar los cambios en el mercado.

El gobierno ha creado un fondo para ayudar a los inquilinos a cubrir el costo del alquiler. Este fondo se financia con impuestos y se destina a proporcionar subsidios a aquellos que no pueden pagar el alquiler completo. También se han establecido programas para ayudar a los inquilinos a encontrar viviendas asequibles, como la creación de viviendas sociales y la renovación de edificios antiguos.

También se ha creado un registro público de alquileres, que proporciona información sobre los precios de los alquileres en la región.

Además de estas medidas, el gobierno regional también ha promovido la construcción de viviendas de alquiler asequibles, con el objetivo de aumentar la oferta de vivienda en la región. La intención de esta medida era abordar la escasez de vivienda y para garantizar que los precios del alquiler no sigan aumentando a un ritmo desmedido.

Unas medidas que solo ha ocasionado problemas...

En primer lugar, si atendemos a los resultados que nos ofrece el informe de Esade "Los efectos de la limitación de precios de los alquileres en Cataluña", se presenta información en un gráfico sobre la renta de alquiler desde 2014 hasta 2022.

Durante el año y medio de vigencia de la Ley, los precios han crecido en un 0,2%, con una ligera reducción en el primer trimestre de 2022, pero compensando dicha reducción en el segundo trimestre del mismo año. El dato interesante que se encuentra es que se puede ver cómo la caída de los precios del alquiler comenzó antes de la aprobación de la ley de contención de los alquileres.

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La pandemia ha jugado un papel importante en el ajuste de los precios y la dinámica del mercado. Sobre la reestructuración del mercado del alquiler vacacional tras la pandemia y sobre la fuga de pisos turísticos hacia otros mercados. La recuperación de los precios del alquiler en Barcelona fue rápida gracias a la mejora de la economía, pero estos hechos cuestionan la eficacia de la limitación de alquileres y confirman la importancia de analizar el problema con datos detallados y metodologías apropiadas.

Y es que muchos propietarios han reducido la calidad de sus viviendas para mantener los precios bajos. Además, algunos inversores han abandonado el mercado inmobiliario, lo que ha disminuido la oferta de viviendas disponibles para alquilar. Esto ha generado una demanda más alta, lo que ha aumentado los precios en algunas zonas, justamente lo contrario a lo que se buscaba con el control de precios.

En un informe reciente de la Cámara de Propiedad Urbana de Barcelona, se ha destacado que desde la implementación de la Ley 11/2020, el número de anuncios de viviendas en alquiler en los principales portales inmobiliarios ha disminuido drásticamente. En la actualidad, los valores son más bajos que los del año 2018.

Monràs & Montalvo (2022) constataron que la aplicación de la ley ha causado un descenso en la oferta de alquiler de alrededor del 10%, esencialmente en propiedades con precios de alquiler por encima del precio de referencia. La bajada se explica por una reducción en la oferta de alquileres caros sin compensación con un aumento en la oferta de alquileres baratos.

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Otro problema es que el control de precios ha disuadido a los propietarios de invertir en nuevas viviendas, ¿para qué? Muchos creen que no podrán obtener una rentabilidad sobre la inversión adecuada, ya que están limitados por los precios establecidos por la Generalitat. Esto ha generado una disminución en la construcción de viviendas, lo que ha agravado la escasez de viviendas disponibles para alquilar.

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Vientos de optimismo

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En poco tiempo, las expectativas acerca de la economía española han cambiado radicalmente. Los propios hechos han desmentido los augurios de recesión: la actividad sigue creciendo desde el inicio del año, según los principales índices de coyuntura (como los PMI de gestores de compra), avalando el buen comportamiento del mercado laboral. Son buenas noticias, que conviene ponderar a la luz de los riesgos que todavía se ciernen sobre el futuro inmediato. 


El entorno internacional es sin duda menos hostil, no solo por el vuelco espectacular de los precios energéticos (hasta el otoño, los mercados a plazo apuntaban a una cotización del gas de 120€ por MWh, 60% más que en la actualidad). La economía alemana, el flanco más débil de la crisis energética, apenas se contrajo un -0,2% en el último trimestre. Nuestras exportaciones, impulsadas por una posición competitiva favorable, se han beneficiado de este contexto menos negativo. Y las amenazas derivadas de la invasión de Ucrania se han moderado, de ahí el repunte acusado de la confianza tanto de los consumidores como de las empresas. La inflexión de las expectativas también ha animado a las empresas a mantener la plantilla, incluso cuando la demanda se deterioraba. 

Por otra parte, el proceso de desendeudamiento del sector privado ha ayudado a atenuar el impacto del alza de tipos de interés. Pese a la apabullante subida del euríbor en cuatro puntos porcentuales –la más abrupta desde la creación del euro— las hipotecas a tipo variable se han encarecido moderadamente para una mayoría de familias: aquellas que se endeudaron en la época anterior a la era de tipos negativos. Asimismo, gracias a la elevada antigüedad de los préstamos contraídos por las empresas, el golpe financiero de la restricción monetaria ha sido limitado en la mayoría de casos, al menos de momento.

Pérdida de poder adquisitivo

Otra cosa es lo que pase de
aquí en adelante. El eslabón más frágil está en el consumo de las familias.
Todo apunta a que la pérdida de poder adquisitivo se prolongará en la primera
parte del año, hasta que la desescalada de la inflación se afiance. Los
salarios de convenio apenas se incrementaron un 2,8% en enero. Los de las grandes
corporaciones apuntan a un ajuste algo más generoso, en el entorno del 4%,
todavía muy por debajo del IPC. Todo ello redunda en una nueva erosión de la
capacidad de compra, cuando la mayoría de hogares ya no disponen de un colchón
de liquidez para sustentar el gasto en consumo. Las perspectivas de inversión
son más optimistas por los estímulos de los fondos europeos, pero una premisa
es que el incremento de los márgenes sirva para invertir en mejoras productivas
y no en activos financieros. En todo caso, la inversión pesa menos que el
consumo en la demanda total.

Además, el alza de tipos
de interés, si bien no ha generado hasta ahora graves problemas financieros a
nivel agregado, empieza a incidir en la demanda de crédito, como cabía esperar.
El volumen de préstamos nuevos registró un fuerte descenso en el cierre del
año, tanto en el segmento de familias como en el de empresas. No es
sorprendente habida cuenta del del endurecimiento del acceso al crédito. Por
ejemplo, en caso de un nuevo préstamo a tipo variable, el incremento de las
cargas financieras generado por el ascenso del Euribor es un 70% más elevado
que para los préstamos que tienen una antigüedad media.   

Finalmente, el
recrudecimiento del proteccionismo por parte de las dos grandes potencias
plantea un importante desafío para una UE que aparece muy dividida. Con todo,
el golpe de la doble crisis energética y geopolítica ha sido menor de lo
anticipado. Pero las secuelas van a perdurar, algo que aboga por adaptar las
políticas que han funcionado en un entorno de excepcionalidad, y hacer frente a
los nuevos desafíos globales que se dibujan en el horizonte.

INDUSTRIA | El avance de la producción manufacturera –un 2,5% en 2022— refleja dos realidades distintas. Por una parte, las industrias más afectadas por la crisis energética, como la química, la metalurgia, hierro y acero, textil, papel y otros productos minerales no metálicos, registraron una caída del 3,4% (todas ellos representan en total en torno al 22% del índice de manufacturas). El resto de ramas, entre las que destacan los bienes de equipo, se expandió un 4,5%. Pese a la moderación de los precios energéticos, no se aprecia de momento una inflexión en esa divergencia.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Netflix y el fin de las cuentas compartidas: así son las combinaciones económicas para los usuarios a partir de ahora

El pasado 8 de febrero, Netflix anunció el fin de las cuentas compartidas entre personas no convivientes. La plataforma de streaming ha percibido que era muy común que a una única cuenta se conectasen usuarios de diferentes puntos geográficos, ya fuese con cierto parentesco o bien como negocio de subcontratación. Para acabar de raíz con el problema y con el impacto negativo que estaban sufriendo sus ingresos, ahora se pedirán una serie de confirmaciones de ubicación. Es una apuesta clara del gigante audiovisual por ajustar su estructura de costes.

La compañía ha enviado un mensaje a todos sus usuarios solicitándoles que confirmen su ubicación principal antes del próximo 21 de febrero para poder acometer su nueva política. De este modo, las personas que formen parte de una misma unidad familiar podrán compartir cuenta y estar suscritos a su tarifa básica, pero quienes residan en diferentes domicilios deberán abonar un plus por adquirir este servicio.

Tras su implantación en Latinoamérica hace ya unos meses, la nueva legislación pasa ahora a estar vigente en España, Canadá, Portugal y Nueva Zelanda. Así pues, cada usuario de Netflix en nuestro país podrá disponer de hasta dos subcuentas adicionales siempre y cuando abone un sobrecoste, aunque en términos económicos supondrá el mismo importe que comprar una cuenta con el plan básico sin anuncios.

Aquellos suscriptores extras que se adhieran a una cuenta ya existente tendrán su propio usuario y contraseña, aunque la suscripción la pagará la persona que los haya invitado a compartir su cuenta de Netflix. El usuario solo podrá invitar o eliminar suscriptores extras dos veces dentro de un mismo período de facturación, evitándose así la proliferación del mercado de venta ilegal.

Las novedades que presenta Netflix en su política se aplican en su configuración de la ubicación principal, pues es una forma de determinar dónde se encuentra el usuario titular de la cuenta para la posterior configuración de los perfiles de los convivientes. También habrá que tener en cuenta la gestión del acceso y los dispositivos de la cuenta, de tal modo que todos los suscriptores sabrán quién accede a la cuenta y en qué dispositivo en cada momento. La transferencia de perfiles es otro aspecto a tener en cuenta, y servirá para que otros usuarios puedan utilizar su propio perfil con su cuenta de pago, manteniendo su historial y recomendaciones personalizadas.

En palabras de Chengy Long, directora de Innovación de producto de Netflix, ahora los usuarios podrán tener un mayor control sobre quiénes pueden acceder a su cuenta, fijando su ubicación principal a través de la conexión del dispositivo o mediante la aplicación de una dirección IP.

¿Cuál es ahora el nuevo plan de suscripciones?

Las quejas de los usuarios de Netflix no han tardado en llegar, pues afirman que el plan básico está perdiendo calidad en detrimento de la versión Premium, a la cual se le están aplicando una amplia gama de mejoras. Los más de 231 millones de suscriptorescon los que cuenta en todo el mundo deberán ahora elegir entre uno de sus paquetes:

Ø Básico con anuncios: Es el plan más económico, pues sale por 5,49 euros al mes. Permite el acceso en un dispositivo a casi todos los contenidos de la plataforma, pero con anuncios. La calidad es HD.

Ø Básico: Por 7,99 euros se puede acceder desde un único dispositivo a todas las películas, series y juegos de la plataforma, sin anuncios y con calidad HD. También permite descargar contenido en el dispositivo que empleemos.

Ø Estándar: Con este plan, que sale por 12,99 euros al mes, se podrán vincular dos dispositivos a la vez y añadir a un suscriptor externo al domicilio por un coste adicional de 5,99 euros más al mes. Su calidad es Full HD.

Ø Premium: Sale por 17,99 euros al mes, pero incluye muchas posibilidades. Permite disponer de seis perfiles en seis dispositivos diferentes, aunque en un mismo momento solo podrán coincidir cuatro usuarios, añadiéndose un máximo de dos suscriptores extras siempre y cuando se pagase la cuota adicional correspondiente. La calidad de imagen es de 4K.

¿Qué sucede si me marcho de viaje?

Esta es la pregunta que ahora se hacen muchos usuarios. Desde Netflix se asegura que el usuario tendrá la posibilidad de de ver la plataforma en sus dispositivos personales o iniciar sesión en el televisor de un hotel o de un alquiler vacacional. Se contempla incluso la posibilidad de poseer una segunda residencia a la que se viaje con frecuencia. En ese caso, habrá que abrir la aplicación en los dispositivos móviles mientras se esté conectado a la red WIFI de la ubicación principal una vez al mes, y al llegar a la ubicación secundaria repetir el mismo proceso.

¿Qué debo tener en cuenta para seguir compartiendo Netflix?

La nueva política de Netflix pretende acabar con las cuentas compartidas entre amigos o familiares de diferentes ubicaciones por el mismo precio, y cobrará un coste adicional de 5,99 euros al mes por persona. Así pues, si se cuenta con el plan Estándar supondrá pagar 18,98 euros mensuales si se añade un suscriptor, mientras que si se posee el plan Premium habrá que abonar 23,98 euros al mes por añadir un suscriptor extra. Y es que los hogares extra o nuevos suscriptores solo se podrán añadir en los planes Estándar y Premium.

El hogar extra no tiene los mismos derechos que la cuenta principal, ya que solo podrá ver Netflix en un único dispositivo a la vez, descargar contenido en un único dispositivo a la vez y contar con un único perfil.

Quienes deseen disfrutar de las nuevas temporadas de series tan exitosas como ‘El juego del Calamar’ o ‘Berlín’, pero opten por compartir sus cuentas, deberán pagar un coste adicional.

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Wall Street se lanza a por las renovables en España

España se encuentra en el punto de mira de los grandes inversores norteamericanos tras los buenos datos cosechados por el sector en los últimos años. Nuestro país sigue siendo pionero en la apuesta por el negocio de las energías renovables y esa oportunidad de mercado ha sido detectada por los más poderosos de Wall Street. El último ha sido el banco Goldman Sachs, que busca diversificar su capital con la creación de una sociedad que se encargue de generar biometano en Europa; Verdalia.

La sede central de Verdalia se ubicará en Madrid y contará con una inversión inicial de 1.000 millones de dólares durante cuatro años. Aportará capital para comprar proyectos en fase inicial de desarrollo y en activos operativos de mayor tamaño relacionados con el biometano. El objetivo es llegar a producir 150 GWh/año.

La apuesta de Goldman Sachs por el sector energético español no es baladí, pues ya fue dueño del 50,1% de Redexis entre 2010 y 2018, vendiendo finalmente sus acciones a dos fondos con los que las compartía, USS y ATP, así como a otros dos fondos de inversión chinos, GT Fund y CNIC. La buena gestión que realizó el banco estadounidense sobre Redexis le llevó a revalorizar a la compañía gasista en 3.000 millones (incluida la deuda), partiendo de una participación de 1.500 millones. El éxito cosechado por aquel entonces les ha llevado ahora, cinco años después, a contar con el mismo equipo directivo para comandar el proyecto de Verdalia.

España, referente de las energías limpias

Durante la Cumbre del Clima celebrada en Ucrania el pasado mes de noviembre, España presentó sus imparables cifras donde demostraba que las energías renovables representaban el 41,3% de la producción energética del país, aunque si bien es cierto que gran parte se exporta a Francia y que procedía de centrales de ciclo combinado que utilizan gas. No obstante, el experto en cambio climático y director de Proyectos Climáticos de Enefgy asegura que la estimación de cara a los próximos diez años es que la potencia aumente en más de 14 millones de megavatios hora.

La energía eólica ha representado el 22,1% de la electricidad total de España (cuatro puntos por encima de la generada en 2012), aunque por debajo del 23,3% que se registró en 2021. Por su parte, la energía solar fotovoltaica experimentó un crecimiento del 2,9% de 2012 a 2019, siendo las cifras de 2022 del 10,8% (la potencia instalada ha pasado de 8,7 GW a más de 18 GW en los últimos tres años). En el caso de la energía solar térmica, ha experimentado un crecimiento exponencial en la última década, alcanzando en agosto de 2022 un 1,7%. De hecho, según datos de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E), España fue en 2021 el segundo país que más electricidad generó gracias a las energías solar y eólica de toda la Unión Europea.

Castilla y Leónes la comunidad con más producción de energías limpias sobre el panorama nacional, pues representa el 66,7% (57,4% de eólica y 9,6% de fotovoltaica). Le sigue de cerca Aragón con un 63,1% (49,3% de eólica y 13,8% de fotovoltaica). La tercera del ranking es Castilla la Manca con un 58,4% (31,1% de eólica, 25% de fotovoltaica y 2,3% de térmica).

La corriente inversora en las renovables

La apuesta de Goldman Sachs por Redexis coincidió con momentos en los que los bancos de inversión como Morgan Stanley (que fue dueño de la Madrileña Red de Gas), decidieron posicionarse en el mercado gasístico. No obstante, acabaría vendiendo la compañía al fondo chino Gingko Tree Investment, el fondo de pensiones holandés PGGM y la eléctrica francesa EDF. Ahora existe la intención de los chinos de vender nuevamente la empresa, pero por el momento no ha surtido efecto.

Merece también especial mención la apuesta de JP Morgan por Nortegas, mediante su rama de gestión de activos, adquiriendo las acciones que tenía el fondo soberano de Abu Dabhi. A raíz de ahí han intentado hacerse con la Madrileña Red de Gas, tal y como viene haciendo con su rama de inversión en las renovables españolas, Sonnedix, que está presente en diez países y posee una capacidad total de 8GW de energía. Nortegas ha alcanzado una capacidad operativa en España de más de 770MW, siendo su última compra la de Qualitas Enerty con 169 plantas solares fotovoltaicas y una capacidad de 136 MW. Su valoración fue de 500 millones de euros.

En otro orden, el fondo Energy Infraestructure Partners (EIP) adquirió, en alianza con Crédit Agricole, el 25% de la filial de renovables de Repsol por 905 millones. Poco después acordó la compra del 49% del parque de eólica marina Vikinger de Iberdrola, en el que invirtió 700 millones de euros.

El potente inversor canadiense Brookfield lanzó una opa sobre Saeta Yield y se hizo en 2019 con el 50% de X-Elio, aunque desea hacerse con el otro 50% restante que se encuentra en manos de KKR. Así mismo, CDPQ adquirió una macrocartera de Q Energy a la que le aportó 350 MW procedentes de Brookfield. Centrados en el sector eólico, merece especial mención el hecho de que Aimco fue dueño de Eolia hasta que en 2021 la vendió a una alianza entre Engie y Crédit Agricole.

Repsol anunció en diciembre una cuerdo con Asterion para hacerse con una cartera de 7.700 MW por 580 millones, sumados a los 2.350 MW que le compró a Viesgoen 2018. Su principal competidora, Iberdrola, ha permitido la entrada de socios inversores en su proyecto verde para España llamado Romeo. Su última estrategia ha sido vender un 49% a Norges Bank.

La previsión

Aunque los fondos de inversión seguirán apostando por las energías limpias en España, el país deberá consumir un 45% de ésta en 2030 si quiere alcanzar los objetivos climáticos. En 2020 se quedó a medio camino (un 21,2%) según informa el Ministerio de Transición Ecológica, aunque superó el 20% fijado por la UE. Por su parte, Greenpeace asegura que es necesario aumentar la presencia de las renovables, multiplicándola por tres hasta alcanzar la descarbonización antes de 2050.

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El rápido avance de las mujeres en la medicina española: una historia de éxito con alto coste personal

El Día Mundial de la
Mujer Médica se celebra en febrero porque este es el mes en el que, en 1821,
nació Elizabeth Blackwell, mujer inglesa que consta como la primera que se
graduó en Medicina y Cirugía. Consiguió el título en Estados Unidos cuando el
siglo XIX se aproximaba a su ecuador (1847), aproximadamente 30 años antes de
que Dolors Aleu lo obtuviera en España, convirtiéndose en la primera mujer con
una acreditación académica para ejercer legalmente la medicina.

Hasta bien entrado el siglo XX, la profesionalización de las mujeres en la medicina española avanzó lentamente. Según la estadística de médicos colegiados, antes de 1965 el número de colegiadas en toda España no llegaba al millar. Ese año lo superó (1.044), pero la cifra resultaba anecdótica en comparación con la de médicos varones (38.665) (Gráfico 1). Solo algo más de medio siglo después, en 2017, las colegiadas (127.979) rebasaron por primera vez a los colegiados (125.817). Desde ese sorpasso, la distancia entre ambas cifras no ha dejado de crecer a favor de las mujeres. Por tanto, puede afirmarse que la brecha de género en esta variable se estrechó hasta desaparecer en la segunda década de este siglo, volviendo después a abrirse, pero esta vez en sentido contrario: son los hombres los que reducen su presencia en el ejercicio de la medicina.


Ampliando la mirada a la Unión Europea, se observa que España se sitúa entre los países occidentales con porcentajes más altos de médicas (57% en 2020)[1], muy por encima de los registrados en otros países con Estados del Bienestar de más larga trayectoria histórica (como Alemania y Francia) o más desarrollados (como los nórdicos, bien conocidos por la elevada ocupación de las mujeres en la prestación de servicios públicos de bienestar) (Gráfico 2).


Los datos de la Encuesta de Población Activa muestran con claridad cómo ha ido consolidándose este predominio femenino en la profesión médica española desde principios de este siglo. En el año 2000, por cada 100 hombres que declararon ejercer la medicina, lo hicieron 65 mujeres; en 2022, el número de ellas se había disparado hasta 149 (Gráfico 3). En algunos grupos de edad, ese desequilibrio a favor de las mujeres es todavía mayor: entre los médicos de 35 a 44 años, en 2022 por cada 100 hombres se contaban 245 mujeres (Gráfico 4).


La transformación que se ha producido en la composición de la clase médica española en lo que va de siglo merece el calificativo de extraordinaria. A medida que las mujeres han aumentado su presencia en el ejercicio de la medicina, ha ido creciendo su participación en todos los grupos de edad y, por tanto, su edad media. En el año 2000 apenas había 11 médicas de 55 o más años por cada 100 médicos de las mismas edades; en 2022, la proporción de unas y otros casi se ha equiparado (91). En pocos años, también en este grupo de edad “mayor”, ellas serán más que ellos.

Con todo, la edad media de las médicas que ejercen en España en 2022 (45,3 años) es casi cinco años más baja que la de sus compañeros (50,2 años). En esta variable se observan, no obstante, diferencias ostensibles entre comunidades autónomas: las médicas que trabajan en las Islas Baleares ostentan la edad media más baja, y las de La Rioja, la más alta. Llaman asimismo la atención las diferencias de edad media entre médicas y médicos: Navarra, Cataluña, Valencia, Andalucía y Galicia destacan por contar con médicos (varones) con una edad media bastante más elevada que la de sus compañeras de profesión. En cambio, en otras comunidades, como el País Vasco y Cantabria, la edad media de las médicas es solo ligeramente menor que la de los médicos; incluso en las comunidades de Canarias, Madrid y Castilla-La Mancha, la edad media de ellas ya supera (por poco) a la de ellos (Gráfico 5). En la medida en que la antigüedad en el ejercicio de la medicina es una variable importante para acceder a puestos con mayor responsabilidad y mando, cabe suponer que en aquellas comunidades que arrojan mayores diferencias entre las edades medias de médicos y médicas, la desigualdad de género es mayor en cuanto a condiciones laborales y estatus profesional (lo que presumiblemente también redunda en las relaciones profesionales entre los facultativos de ambos sexos que prestan servicios en un mismo centro).


Probablemente en España no exista otra ocupación cualificada en la que las mujeres hayan avanzado tan rápida y firmemente como en la de la medicina. Los efectos de esta “feminización” de la profesión médica son muchos y variados[2]. Algunos estudios han puesto de manifiesto que las médicas consiguen mejores resultados clínicos en algunas dimensiones, aunque ello no se deba a una característica propia de su género, sino a comportamientos más comunes entre ellas (como dedicar más tiempo al estudio de las historias clínicas, solicitar más pruebas diagnósticas, etc.)[3]. Pero junto a estos efectos de su actuación profesional, hay que tener en cuenta otros que afectan a su posición en la sociedad.

Por una parte,
habida cuenta de que la profesión médica es la más valorada por los españoles,
como indican las encuestas de opinión, las mujeres se sitúan como principales
beneficiarias de esa valoración social[4].
Ahora bien, esa conspicua reputación corporativa tiene un “coste vital”
importante. El ejercicio de la medicina se encuentra entre las ocupaciones
profesionales que provocan niveles más altos de estrés emocional y, sobre todo
en los últimos tiempos, también de sobrecarga laboral. Las exigencias
formativas y productivas para ejercer la medicina son comparativamente muy
altas y generan desequilibrios a menudo insostenibles entre el ejercicio de la
profesión, el desarrollo y la consolidación de la familia y el ocio personal.
Sin un equilibrio entre esas tres dimensiones que responda a las preferencias
(sin duda, diversas) de las médicas, el ejercicio de la medicina puede acabar
provocando frustración y hasta rechazo, por mucha vocación profesional y de
servicio que se ponga en la balanza.

A las mujeres que
practican actualmente la medicina debería ayudárseles con políticas bien
diseñadas e implementadas en la búsqueda de este equilibrio entre profesión,
familia y ocio, que, claro está, no es estable a lo largo de la carrera
profesional, sino que va modificándose con la edad. Por lo demás, la garantía
de buenas condiciones laborales y de conciliación familiar adquiere especial
importancia, dada la creciente competición global para satisfacer la demanda de
profesionales sanitarios en muchos países desarrollados y en desarrollo.

En el Día Mundial de la
Mujer Médica deberíamos trascender el objetivo de ensalzar la figura de las
mujeres que ejercen la medicina y poner el acento en las dificultades que
muchas de ellas afrontan para organizar su vida de una manera satisfactoria en
su propio beneficio y en el de quienes, antes o después, acabamos necesitando a
todos los profesionales de la medicina.


[1] Los elevados porcentajes de médicas en los países de Europa del Este se han relacionado con la promoción de la medicina femenina por los antiguos regímenes comunistas durante la segunda mitad del siglo XX.

[2] Véase OMC/Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
(2018): Diagnóstico
de género de la profesión médica
, Cuadernos CGCOM.

[3] Véase, por ejemplo, Sergeant et al. (2021). Variations in Processes of Care and Outcomes for Hospitalized General Medicine Patients Treated by Female vs Male Physicians, Jama Health Forum 2(7) y Rotenstein et al. (2022). Gender Differences in Time Spent on Documentation and the Electronic Health Record in a Large Ambulatory Network, Jama Network Open, 5(3).

[4] Véase la serie J.1.09.01.005 (Escala de valoración [0-10] de profesiones: médico/a) en el CIS.

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Así es el tope a las hipotecas que propone Podemos: hipotecados afectados, tope propuesto y quién lo pagaría

Unidas Podemos ha comparecido en el Congreso a través de su portavoz, Pablo Fernández, para reclamar al PSOE la necesidad urgente de limitar el incremento de las cuotas hipotecarias variables en una cuantía inferior a 300.000 euros durante un año. De este modo, se lograría frenar el aumento de los tipos de interés y del Euribor. Y es que el indicador variable ha alcanzado unas cifras récord durante el pasado mes de enero, situándose en el 3,337%, lo que supone un alza del 3,8% respecto a enero de 2022.

Pablo Fernández aboga porque el límite diferencial del Euribor sea del 0,1% en el caso de las hipotecas de tipo variable inferiores a los 300.000 euros, pudiéndose prolongar el plazo de un año en seis meses más hasta que el Euribor se posicionase por debajo del 1,5% durante tres meses consecutivos.

No es la primera vez que se plantea esta idea desde la formación morada. Ya a principios de diciembre, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hizo hincapié en la necesidad de congelar las hipotecas con carácter retroactivo desde la subida del Euribor. Por aquel entonces, Díaz aseguraba que era misión imposible para muchas familias españolas asumir a día de hoy el incremento que supone el Euribor en sus hipotecas, que experimentaron un incremento del 55% en las cuotas.

A esto se le suma que, además de Díaz, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, también reclamó la congelación puntual de la subida de las hipotecas al ver los beneficios récords que presentaron las principales entidades financieras del país hace unos días. La gran banca española (BBVA, CaixaBank, Santander, Sabadell, Bankinter y Unicaja) obtuvo un beneficio conjunto récord de 20.850 millones de euros en 2022, es decir, un 28% más que en 2021.

Si bien es cierto que la subida de los tipos de interés ha marcado el escenario económico del 2022, después de que el Banco Central Europeo (BCE) los elevase hasta en tres ocasiones, siendo la última la cifra de diciembre donde subió hasta los 50 puntos básicos. Así pues, la tasa de referencia para las operaciones de refinanciación se posicionó en el 2,5% y la tasa de depósito alcanzó el 2%, mientras que la facilidad de préstamo el 2,75%.

¿Quién sale beneficiado de todo eso?

La pregunta genera grandes controversias, pues desde Unidas Podemos se garantiza que ningún contrato hipotecario afectado por el tope produce pérdidas para el banco, sino que reduce los beneficios al mínimo durante el período que ellos proponen. Sin embargo, desde Unidas Podemos consideran que su obligación es "revertir la situación, restaurar la justicia social y reparar los estragos que dicha dinámica extractiva provoca sobre el consumo y, por lo tanto, sobre el crecimiento económico", afirma Fernández.

Frente a esto, la Banca ahora se presenta como la gran damnificada al tener que abonar más de 1.100 millones de euros a raíz del nuevo impuesto que aprobó el Gobierno para el sector. Por un lado, la formación morada considera que el código de buenas prácticas sobre préstamos hipotecarios impulsado por el Ejecutivo y el sector bancario es insuficiente, ya que su alcance va a ser limitado, y por otro se propone seguir asfixiando indirectamente a otros sectores.

Y es que los expertos bursátiles llevan años asegurando que quienes apuesten por una hipoteca variable estarán sometidos a una mayor presión y carga, asumiendo unos riesgos innecesarios en unos tiempos de carestía y de fluctuación de los impuestos y de la inflación. De este modo, lo que se propone por parte de Unidas Podemos es ayudar y beneficiar a quienes asumieron un riesgo consciente, no a todos los que pagan sus hipotecas. Así pues, quienes decidieron cubrirse las espaldas y abonar una cuota hipotecaria a tipo fijo no merecerán tener el respaldo y la protección de la formación morada.

También hay que matizar que la congelación de la hipotecas no libera del pago, sino que alarga los plazos y genera unos intereses mayores con el tiempo, lo que puede acabar convirtiéndose en una trampa peligrosa para los hipotecados más vulnerables. Por tanto, la medida por la que acabarán optando los bancos será la de dejar de conceder hipotecas a quienes no presentasen garantías suficientes de pago e invertirían su dinero en otros productos. Esto condenaría a que la clase trabajadora más humilde tuviese que dirigirse al mercado del alquiler, con una oferta cada vez menor e intervenido por el Estado.

Se sientan unos precedentes peligrosos

Con la propuesta defendida por Podemos y su ministra de Igualdad, Irene Montero, amparada por el texto constitucional, se está apoyando la idea de sumergirnos en un modelo de sociedad en el que frente a cualquier tipo de contratiempo financiero que sufran los ciudadanos sea el Estado el encargado de solucionarlo obligando a otros sectores, en este caso a la banca, a asumir dichas pérdidas.

En contrapartida, la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha asegurado que el mercado hipotecario español es uno de los más competitivos de la UE y que ha derivado en que las hipotecas en nuestro país sean las más baratas de la Eurozona. Además, la compra de viviendas en España se está financiando al 2,9% habiendo una tasa de riesgo del 3,5%. Al final, según señala Botín, se está instigando a la sociedad a que haga lo que sucedió en México hace quince años, incurrir en la ‘cultura del impago’.

Además, cuando los tipos eran negativos (de 2016 a 2022) la banca no redujo la oferta de crédito, sino que mantuvo el mercado hipotecario abierto y permitió a muchos ciudadanos beneficiarse de ello. A eso se le suma el ‘código de buenas prácticas’ que la banca acordó para ayudar a las familias vulnerables estableciéndoles moratorias y la congelación temporal de sus hipotecas. Por tanto, en lugar de establecer enmiendas a la totalidad del mercado hipotecario lo más lógico sería dar tiempo a que esas ayudas hiciesen efecto, tal y como ha defendido la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño.

La pregunta por tanto que debería hacerse el Ejecutivo de Sánchez es si estaría dispuesto a poner en riesgo al sector bancario español y al mercado inmobiliario por tal de satisfacer las nuevas ideas de su socio de Gobierno.

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De nuevo la ley de vivienda

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Segunda vuelta de la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda en el Parlamento, aprobada ya hace un año por el Consejo de Ministros. Ponencia parlamentaria delicada, de gran sensibilidad social en España. La actual coyuntura política de aprobación de leyes sensibles obliga a ser cuidadoso. En vivienda, además, se ha cosechado en las últimas décadas más hiel que miel. No se han solventado los principales problemas de acceso. Persisten distorsiones inmobiliarias que impiden los incentivos correctos. Sobre todo, en materia de oferta, donde su falta —para adquisición o alquiler— no es el único fallo, pero es el principal. Crear los incentivos correctos para aumentar las casas y pisos disponibles debería ser el eje de cualquier actuación pública. Se echa de menos apetito político desde hace, al menos, dos décadas por políticas de vivienda activas. Quizás el cortoplacismo explica la falta de objetivos de largo plazo en la acción pública.

Todo parte de un derecho constitucional programático, algo a lo que debemos aspirar, que desde muchas voces se convierte en un derecho absoluto. España tiene un grave problema de acceso. Hay una distribución muy desigual de la propiedad inmobiliaria, con grandes divergencias entre generaciones. Una parte de la población tiene dos o más propiedades inmobiliarias (generalmente, los tramos de mayor edad) y otra parte (los jóvenes) lo tienen muy crudo para tener una. Se une a otros problemas generacionales como las pensiones o la carga impositiva. El envejecimiento de la población puede aliviar el problema en el largo plazo, porque aumentará la oferta de casas, pero los problemas de corto y medio plazo persisten. Son los que suelen motivar la acción pública.

En el alquiler, el intervencionismo es frecuentemente la medida más mencionada. No es la respuesta adecuada. Siempre más enfocados en precios que en cantidades. Cada vez que se habla de “topar” el alquiler, el mercado empeora. Se generan los incentivos incorrectos. Desaparece oferta, lo que refuerza el desequilibrio de una demanda que crece más que las viviendas disponibles para alquiler. Cualquier iniciativa legislativa para poner bases de medio y largo plazo debe responder a la realidad del mercado. La participación pública es necesaria para crear una mayor oferta pública de vivienda y para incentivar la movilización de la privada. La primera no es suficiente, sobre todo si la demanda se desboca. Precisa estímulos adecuados. Las medidas deben ser efectivas y para ello la mayor parte del mercado de alquiler debe quedar dentro del alcance la Ley. Ahora puede que no ocurra porque hay muchas vías de escape. Privadamente, inquilinos y arrendadores pueden fijar sus propios términos. Otras cuestiones controvertidas incluyen la complejidad (innecesaria) de la distinción entre “grandes propietarios” —con más de 10 viviendas— y los propietarios particulares o el concepto de zonas tensionadas, —aquellas en las que el precio se haya incrementado más de un 5% por encima del IPC en los últimos cinco años—, que queda desdibujado con la actual inflación.

Los conceptos claves para un aumento de la oferta, verdadera solución a los problemas de vivienda, son incentivos correctos, seguridad jurídica y una política mucho más activa que en las dos últimas dos décadas.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Se acentúa la divergencia entre sectores

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Índice de producción industrial | diciembre 2022


El índice de producción industrial registró en diciembre un crecimiento del 0,8%. El índice de manufacturas (que excluye los sectores energético y extractivo) registró, asimismo, un ascenso del 0,9%. Este último índice ha estado marcado durante todo el año 2022 por una acusada diferencia entre los sectores más afectados por la crisis energética y el resto de sectores, diferencia que se ha ampliado en diciembre.

Las industrias más afectadas por la crisis energética, como la química, la metalurgia, hierro y acero, papel y otros productos minerales no metálicos, a los que se une algún otro sector como el textil (todos ellos en su conjunto representan en torno al 22% del IPI de manufacturas), han vuelto a sufrir una caída en diciembre, tras la leve recuperación del mes anterior.

El resto de sectores, tomados en su conjunto, registraron, por el contrario, un crecimiento de su actividad en diciembre. Entre ellos destacan favorablemente los relacionados con bienes de equipo, que prolongaron en diciembre su tendencia ascendente.

En todo el año 2022, la actividad de las manufacturas en su conjunto creció un 2,5% con respecto al año anterior, que resulta de una caída del 3,4% en los sectores más afectados por la crisis, y de un crecimiento del 4,5% del resto de ramas. Dentro de estas, las de producción de bienes de equipo incrementaron su producción un 6,5%.

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Australia descarta la monarquía para su nuevo billete de 5 dólares

Desde el fallecimiento de la reina Isabel II el pasado 8 de septiembre, su hijo y heredero de la corona, Carlos III de Inglaterra, no ha alcanzado la misma fama y privilegios de su madre. La última decisión que ha salido a la luz ha sido la adoptada por el Banco de la Reserva de Australia, que anunció que en su nueva tanda de billetes de cinco dólares no aparecerá la imagen del nuevo monarca. En su lugar, se incluirán detalles de la historia y la cultura indígena. No obstante, las monedas seguirán manteniendo la efigie de Carlos III.

Para este nuevo diseño de billetes de cinco dólares se efectuará un laborioso proceso de investigación y de comunicación constante con los grupos indígenas que se prolongará durante años. Y es que hay que tener en cuenta que a mediados de 2021, había más de 941 000 aborígenes viviendo en Australia, lo que representaba el 3,8 % de la población. Fuera como fuese, el reverso del billete mantendrá la representación del Parlamento australiano.

El tema ha suscitado polémica en Australia, pues el principal líder de la oposición, Peter Dutton, ve esta medida como otro ataque al sistema, a la sociedad y a las instituciones australianas por parte del líder del Partido Laborista, el republicano Anthony Albanese.

Por su parte, la senadora del partido Los Verdes, Lidia Thorpe, califica la noticia como una gran victoria para las asociaciones de base que lucharon por la descolonización y a favor de la república. Ya en octubre del pasado año, el diario local Sydeny Morning Herald realizó una encuesta en la que determinó que el 43% de los participantes apostaban porque el billete de cinco dólares tuviese como protagonista un personaje australiano frente al 34% que optaba por Carlos de Inglaterra. De igual manera, el 23% restante se mostraba indeciso.

Se reaviva la llama de un tema que no tiene fin

Es curioso que una polémica, en principio banal, como la imagen de un billete de cinco dólares pueda servir como germen de lucha y como reclamo a favor de la república para el país. En el referéndum de 1999 se decidió continuar siendo una monarquía constitucional, pese a ser independiente del Reino Unido desde comienzos del siglo XX. Aunque si bien es cierto que pertenece a la Mancomunidad de Naciones, que conforman 55 países, que tienen al monarca británico como jefe de Estado.

Merece la pena reseñar que los indígenas australianos representan a una de las culturas vivas más antiguas del mundo, poblando el país desde hace más de 60.000 años. Ellos representan el 3,2% de la población total. Desde que Australia fuese colonizada por la corona británica en 1788, los indígenas denuncian ser víctimas de prácticas de maltrato constantes, desposeídos de sus tierras y discriminados por las instituciones, organizaciones y la sociedad en general.

La reina Isabel II, todo un emblema

Ella ha aparecido en todos los billetes de la nación de la Commonwealth desde su coronación en 1953 y así se mantendrán las monedas en circulación y serán de curso legal para toda la vida. El rostro de Isabel II fue plasmado por primera vez en los billetes de cinco dólares australianos en el año 1992, a raíz de la celebración del cuadragésimo aniversario de su ascensión al trono británico.

Las nuevas monedas de Carlos III se diseñarán desde inicios de año y se prevé que se produzcan a partir del último trimestre de 2023. El rey sí que aparecerá en Reino Unido en cuatro billetes (los de 5, 10, 20 y 50 dólares), cuyos diseños se dieron a conocer en diciembre y se espera que entren en circulación antes de mediados de 2024.

La historia de los billetes australianos con base aborigen

Es curioso pero en 1966 aparecería el primer billete de $1 con imágenes de pinturas y tallas rupestres aborígenes, así como diseños basados en una pintura del artista David Malangui. En 1988 aparecería el primer billete de polímero de Australia, el cual era de $10 e incluía ejemplos de arte aborigen antiguo y contemporáneo.

En el año 1995, Australia imprimió billetes de $50 con el primer autor e inventor aborigen; David Unaipon. Entre sus invenciones destacaron una herramienta manual mejorada para esquilar ovejas, un motor centrífugo, una rueda multiradial y un dispositivo de propulsión mecánica. De hecho, su rostro permaneció hasta en el rediseño de los billetes de polímero en 2018.

En 1999, a partir de un referéndum, lo votantes australianos rechazaron convertirse en república y decidieron mantener en sus billetes a la monarca británica, al ser la jefa del estado del país. A partir de 2021, la mentalidad del país empezó a cambiar y con ella la letra de su himno nacional, que empezaba a incluir el lema‘porque somos uno y libres’ para reconocer que sus pueblos aborígenes eran una de las civilizaciones más antiguas del mundo.

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