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El mercado laboral que viene

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Tras una recuperación
excepcionalmente intensiva en empleo, el mercado laboral podría estar entrando
en una fase menos boyante. El pasado ejercicio marcó un nuevo hito, con un rebote
de la ocupación del 3% en términos de EPA, medio punto por encima del
crecimiento de la economía, evidenciando el papel del mercado laboral como
motor de la coyuntura, algo inédito en nuestro país.  

Sin embargo, una normalización es perceptible en el periodo más reciente, a tenor de la caída de la ocupación en el primer trimestre, en línea con la pauta histórica en esta época del año. Eliminando la estacionalidad, la ocupación todavía avanzó un 0,5%, siendo este un ritmo algo menor que el crecimiento previsto de la economía (a la espera del avance que será divulgado el próximo martes). De afianzarse la tendencia, nos asomamos a descensos mucho más moderados del paro en los próximos trimestres.  

Las perspectivas laborales dependen de dos factores que condicionan las dinámicas en este momento: la incorporación de más fuerza laboral y, sobre todo, la capacidad productiva disponible en el tejido productivo. Y en ambos casos todo apunta a avances menos espectaculares, salvo nuevo impulso de la política económica.

España es uno de los países europeos donde más ha crecido la población en edad activa, con un gran salto adelante de más de 700.000 personas desde la reforma de finales de 2021, que contrasta con el retroceso poblacional registrado en el conjunto de la UE. Destaca la entrada de inmigrantes, un factor que explica nada menos que el 95% del incremento total, pero la mano de obra nacional también ha crecido, aun ligeramente. La mayoría de las personas que se han incorporado al mercado laboral han conseguido un empleo, evidenciando el carácter cuantitativo del modelo productivo: la economía se expande añadiendo fuerza laboral, y no por mejoras de la productividad. 


Este modelo de crecimiento, sin embargo, se enfrenta por una parte a la realidad demográfica, ya que son cada vez menos los jóvenes que acceden a la vida activa en relación a los trabajadores de la generación boomer que se aproxima a la jubilación. En el primer trimestre, España contaba con dos veinteañeros por cada tres personas de entre 50 y 59 años, siendo este déficit una señal inequívoca del cambio demográfico que se avecina. Por otra parte, una cierta ralentización de la entrada de inmigrantes es perceptible, tal vez por las dificultades a que se enfrenta este colectivo —junto con el de los jóvenes en general— para encontrar una vivienda asequible.  

Por otra parte, la economía necesita ensanchar su capacidad productiva para sostener el ritmo de crecimiento de la actividad y la creación de puestos de trabajo. A este respecto, el esfuerzo de inversión en equipamiento y modernización que realizan actualmente las empresas no parece suficiente para satisfacer una cartera de pedidos que ha ido mejorando gracias al auge del consumo y al buen posicionamiento competitivo de los sectores exportadores.   

La competitividad es precisamente uno de nuestros activos más valiosos de cara al futuro. Para aprovecharlo, falta el relevo de la inversión productiva. Y que el mercado laboral mejore cualitativamente. En tiempos de cambio tecnológico acelerado, preocupa que el porcentaje de ocupados sobrecualificados en relación a las tareas que desempeñan en su trabajo sea uno de los más elevados de Europa. Además de un problema social, el fenómeno de la sobrecualificación es un despilfarro de capital humano, y un desafío para las políticas educativas y el sistema de intermediación entre la oferta y la demanda de empleo. Las tendencias recientes ponen de relieve la vigencia de unos desajustes que arrastramos desde hace lustros, pero cuya resolución se antoja ahora como una de las tareas más urgentes para profundizar en el descenso del desempleo y la revaloración de los ingresos del trabajo.       

TASA DE OCUPACIÓN | El núcleo central del mercado laboral está formado por las personas de entre 16 y 64 años, una franja de edad considerada como activa según la estadística europea. En España, algo más de 31,5 millones de personas componen este grupo, de las cuales el 66,3% tienen una ocupación, según la EPA del primer trimestre. La tasa de ocupación media de la UE alcanza el 70,6% (con datos del cuarto trimestre del 2023), lo que significa que falta un millón de puestos de trabajo para cerrar la brecha de empleo con Europa.

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El actual papel estabilizador de los bancos centrales: ¿necesario o excesivo?

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Este verano se cumplirán 17 años desde que los bancos centrales de todo el mundo comenzaron a reinventarse para ayudar a un sistema financiero global que se quedaba de forma alarmante sin liquidez y con enormes bolsas de riesgos tanto dentro de los balances bancarios como en instituciones en la sombra. Corría agosto de 2007 (más de un año antes del colapso de Lehman Brothers) cuando se introdujeron las primeras medidas extraordinarias e imaginativas de liquidez, además coordinadas entre bancos centrales. Los mercados interbancarios se habían secado literalmente, ningún operador concedía financiación a otro. El prestamista de última instancia —los bancos centrales— tuvo que actuar y de qué manera, llegando los coletazos de esas acciones prácticamente hasta hoy.

A pesar de los esfuerzos, las medidas de liquidez no fueron suficientes, había muchas entidades a escala global que tenían graves problemas de insolvencia. Hubo un calvario en la banca americana desde marzo de 2008 con la compra —con apoyo público— de Bear Sterns por parte de JP Morgan hasta la caída de Lehman en septiembre de ese año. Entre medias, el banco IndyMac y las grandes corporaciones aseguradoras de hipotecas, Fannie Mae y Freddie Mac, tuvieron que ser intervenidas. Esta grave situación del sistema financiero estadounidense se trasladó a buena parte del resto del mundo con el contagio del desastre de Lehman. Fue muy necesario redoblar las medidas de liquidez bancaria, que se prolongaron en el tiempo y aumentaron su contundencia, junto a los procesos de recapitalización y rescates que las autoridades fiscales de un buen número de países tuvieron que aplicar. Los problemas saltaron a la deuda soberana de algunos países europeos (Grecia, primero, seguido de Irlanda, Portugal, España e Italia) en 2010 con lo que se inicia la extensión de los programas extraordinarios de compra de bonos para apoyar la deuda de los países, primero con condicionalidad, luego aligerándola de esos requisitos. Como la tormenta continuó arreciando, el euro comenzó a estar en peligro y Mario Draghi —el presidente del BCE en 2012— tuvo que comprometerse con el futuro de la moneda única con su famoso whatever it takes. Esto abrió un proceso que multiplicó las compras de bonos públicos y privados y de tipos de interés negativos o muy bajos. El balance público de los bancos centrales se llenó de estos títulos, en la mayoría de los casos con remuneraciones bajas por la propia actuación de los emisores del dinero.

¿Cómo es posible que se llegara con esta política monetaria tan expansiva hasta 2022 e incluso hasta hoy haya medidas —más restringidas, pero aún vivas— de apoyo a la deuda pública? El miedo a una deflación en la zona euro, la debilidad de la actividad económica (con la política fiscal limitada, en buena medida, por los últimos coletazos de la austeridad) y el temor a nuevos ataques a la deuda soberana de algunos países con finanzas públicas más tensionadas permitió que hasta 2020 llegara esa batería de medidas. Ese año, con la irrupción de la pandemia y la recesión, fue necesario diseñar nuevas medidas expansivas de compra de bonos para evitar un colapso de la liquidez europea y global. Tras la pandemia, llegaron las tensiones en la cadena de suministros, los conflictos bélicos —el primero de ellos, la guerra de Ucrania— y las tensiones geopolíticas que dispararon la inflación. Los bancos centrales tardaron en reconocer la gravedad de la situación. Luego se han visto obligados a subir los tipos más de lo que inicialmente imaginaron, por encima de la denominada tasa de interés neutral.

La gran liquidez de las autoridades monetarias de estos 17 años —aunque con un coste mucho mayor desde 2022— tuvo más lógica al comienzo de la crisis financiera global y también con la pandemia, para evitar males mayores. En cambio, no parece justificado haberlas mantenido cuando lo peor había pasado. El creciente rol dado a la política monetaria en el mix de acciones públicas perseguía tener una mayor estabilidad, en especial, en el ámbito financiero. Está jugando una especie de papel de red de seguridad que se ha implantado en las expectativas de todos los agentes económicos y políticos. Asimismo, desde 2020 ha venido acompañada de una política fiscal expansiva, combinación que explica buena parte del tirón inicial de la inflación y su resistencia actual a bajar más deprisa hasta el nivel objetivo (2%). Esa abundante liquidez de los bancos centrales, y el que parezca garantizada, puede estar relajando a los Gobiernos, que no sienten la misma presión de los mercados financieros para sanear sus cuentas públicas y aplicar las reformas que puedan ser necesarias para mejorar la competitividad y evitar futuras crisis de deuda. Sin olvidar que tiene costes, como hemos visto en las recientes pérdidas de los bancos centrales derivadas de sus carteras. Ese rol de generación de estabilidad financiera puede generar también incentivos equivocados a los agentes privados, que pueden creer que los bancos centrales intervendrán siempre que haya la mínima dificultad.

El riesgo moral y de una inadecuada asignación de recursos dentro de la economía en ese contexto son notables. Los estímulos monetarios fueron bienvenidos, pero su mantenimiento tanto tiempo parece algo excesivo. Se aprende a nadar con flotador, pero este apoyo tiene que desaparecer en algún momento si queremos de verdad bracear por nosotros mismos y volver a dar el precio correcto al riesgo sin red de seguridad, que ayudará a estimular los necesarios proyectos que la economía precisa.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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La deuda pública española en perspectiva

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En un reciente trabajo
sobre la deuda pública en España
, publicado por Funcas, trato de conceptualizar
y contextualizar los desafíos actuales en este ámbito. Sus ideas fuerza son las
siguientes.

Es fundamental comprender las diferencias sustanciales
entre la deuda pública y los pasivos financieros de empresas y hogares. La vida
ilimitada del sector público y su capacidad para exigir impuestos exigen partir
de un marco teórico diferente a la hora de evaluar la sostenibilidad de su
deuda. Lo que importa no es el volumen global de deuda expresado en euros, sino
la ratio de deuda pública sobre el PIB. Ahí es dónde debemos centrar los
análisis y las discusiones políticas. Una ratio atascada en un
nivel elevado y/o una dinámica descontrolada es un problema muy serio. No solo
porque llevará a incumplir con las reglas fiscales y, por tanto, tener que
asumir las consecuencias. También porque una ratio elevada supone un mayor
coste de intereses a sufragar con impuestos; debilita la posición del país en
episodios de crisis de deuda soberana; y limita la capacidad de recurrir al
déficit ante un choque inesperado con impacto económico, ya que cuando se parte
de niveles bajos de la ratio, un aumento súbito y sustancial, pero transitorio,
no es un problema mayor.

En segundo lugar, hay que tener
presente que la
causalidad bidireccional entre el déficit público y el PIB
complica las
estrategias de consolidación presupuestaria. Porque a diferencia de los
procesos de desapalancamiento de una empresa privada, si el sector público trata
de reequilibrarse de manera brusca puede afectar negativamente al PIB y, en
última instancia, al propio éxito de la consolidación.

Desde una perspectiva histórica,
la ratio de deuda pública española no está en sus máximos. Sin embargo, el
contexto ha cambiado notablemente. Hoy no existe la posibilidad de repudio y
estamos sujetos a un Pacto de Estabilidad y Crecimiento supranacional. Han
desaparecido los atajos.

En cuarto lugar, en la última
década se producen una extensión significativa de la vida media y una reducción
muy sustancial del coste de la deuda española. Estos logros son el resultado de
estrategias eficaces de refinanciación y un aprovechamiento de las condiciones
favorables del mercado. Hoy la deuda no es todavía un desafío mayor ni en coste
ni en vencimientos. Pero esto está cambiando. La normalización de los tipos de
interés con una ratio de deuda por encima del 100% va a elevar muy
sustancialmente el gasto por intereses en los próximos años, hasta alcanzar el
máximo en décadas. El impacto del cambio climático sobre el déficit y la deuda
añade una capa adicional de complejidad a la gestión fiscal futura. Se espera
que eventos extremos y la transición hacia una economía baja en carbono generen
presiones fiscales adicionales, lo que subraya la necesidad de integrar
consideraciones ambientales en la planificación fiscal a largo plazo. En el
mismo sentido, el envejecimiento poblacional va a tensionar el gasto en
pensiones y en sanidad.

Quinta idea: no sería prudente
ni factible, dado el marco de reglas fiscales europeas que nos constriñe,
apostar por la inercia. Como se ha visto varias veces en las últimas cuatro
décadas, Europa es un valioso acicate a la hora de afrontar reformas y asumir
los costes a corto plazo de actuaciones que brindan beneficios futuros de mayor
dimensión. Las nuevas reglas se han adaptado a parámetros fiscales como los
españoles, lo que evita consolidaciones fiscales severas y poco razonables
desde un punto de vista económico. Pero todo apunta a que se reforzará la
vigilancia y el control de su cumplimiento.

En sexto lugar: bienvenidos
sean los choques positivos, como los efectos que pueda provocar la revolución
de la inteligencia artificial en los próximos años. Pero tenemos que actuar sin
esperar por ellos, a sabiendas que la economía política de la consolidación
fiscal presenta desafíos significativos, especialmente en un contexto político
caracterizado por la polarización y la fragmentación parlamentaria.

A la luz de las proyecciones de
la dinámica de la deuda, el corolario de todo lo anterior es la necesidad de
una estrategia de reducción acumulativa del déficit estructural en lo que resta
de década, teniendo muy presente la fatiga que puede generar un proceso largo. La
combinación de medidas por el lado del gasto y del ingreso es una decisión
intrínsecamente política; si bien es verdad que una reforma fiscal integral y
un giro radical en la cultura de evaluación del gasto público y en la toma de
decisiones a la luz de dichas evaluaciones son herramientas que gobiernos de
uno u otro color deberán manejar. De forma complementaria, la comunicación
efectiva y la pedagogía sobre los beneficios de la estabilidad fiscal son
fundamentales para generar apoyo público y político para las medidas
necesarias.

Más información en el documento
La
dinámica de la deuda pública en España: presente, pasado y futuro
”, de Santiago
Lago Peñas.

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El impacto paradójico de los conflictos bélicos en la economía española

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Las tensiones geopolíticas, y su exacerbación bélica en
Oriente Medio, están teniendo un impacto sorprendente en la economía española.
Por una parte, el grueso del tejido productivo se resiente al igual que en el
resto de Europa del clima de incertidumbre que lastra la confianza y dificulta
el despegue de la inversión, clave de la prolongación de nuestro ciclo
expansivo. El repunte del precio del petróleo y del transporte marítimo que
transita por las regiones próximas a la contienda complica la senda de
desinflación, al tiempo que erosiona el poder adquisitivo.

En cambio, las turbulencias globales se acompañan de ingentes flujos de entrada de inversión internacional, por el poder de atracción de los bajos costes laborales y energéticos en relación a otras economías de nuestro entorno. Los recientes anuncios de tomas de posición en los sectores de la tecnología, de la energía y del automóvil forman parte de una tendencia de fondo, a tenor del volumen de capital extranjero que se invierte en el equipamiento de empresas españolas, sobre todo en las grandes corporaciones: en los últimos dos años, la inversión extranjera directa (excluyendo el capital financiero especulativo) alcanzó una media del 2,9% del PIB, un registro muy superior al que se observa en los otros grandes socios comunitarios. Además, España es importadora neta de capital extranjero, a diferencia de Alemania, por ejemplo, que exporta buena parte de su ahorro para equipar empresas en otros países —una insensatez para su industria, en plena reconversión—.


Es decir, los inversores internacionales razonan en clave global, y en esa comparación España no sale mal parada (las incertidumbres son similares en todo el continente, pero nosotros estamos alejados de las principales zonas de conflicto y los costes de producción son favorables). A diferencia de las empresas españolas más pequeñas, que se determinan en función de las condiciones locales y de otras variables que afectan el clima de negocios en el mercado interno. Entre estos lastres, el que más afecta la inversión es la memoria traumática de la crisis financiera, una consideración alejada de las preocupaciones de los grandes inversores internacionales.       

Esta dualidad es relevante para la política económica, en primer lugar, porque muestra que el déficit de inversión se produce sobre todo en la pequeña y mediana empresa, y no tanto en las corporaciones con capacidad de atracción de capital extranjero. A este respecto, la recién anunciada iniciativa de cofinanciación de empresas, pilotado por Cofides, es un paso en la buena dirección ya que pretende acercar los recursos a los sectores estratégicos, pudiendo en principio beneficiar a las empresas de tamaño intermedio. El volumen de recursos de este fondo (2.000 millones de euros, financiados con préstamos del Next Generation), sin embargo, parece insuficiente para paliar la sequía de la inversión. Más decisiva sería la unión financiera proyectada por Bruselas con el objetivo de facilitar la movilidad del ahorro para dinamizar la economía europea, pero el proyecto se enfrenta a la visión de países reacios a la armonización normativa y fiscal. Veremos si Mario Draghi logra suavizar las asperezas con su esperado informe de diagnóstico de la posición de Europa frente a las otras grandes potencias.           

La formulación de una senda presupuestaria a medio plazo
sería otra palanca para desatascar la inversión entre las empresas más
afectadas por las incertidumbres y que, por su tamaño, no pueden acceder a la
financiación internacional. Los Presupuestos Generales de Estado conforman el
principal instrumento de política económica, y de ellos depende la percepción
del grado de coherencia de la acción pública.

Por paradójico que pueda parecer, la volatilidad del entorno global es más perjudicial para la pyme española que para los inversores internacionales que siguen apostando por nuestro tejido productivo. Una dicotomía que tiende a acrecentarse a medida que el conflicto en Oriente Medio se perpetúa, cuando no se extiende.

INVERSIÓN EXTRANJERA | El volumen de capital extranjero invertido el año pasado en empresas españolas, o inversión directa extranjera, alcanzó los 33.000 millones de euros (según datos de balanza de pagos). Los inversores precedentes de la Unión Europea, EE. UU. y Reino Unido siguen aportando el grueso de los fondos, con algo menos del 80% del total (con información de DataInvest). Las monarquías del golfo pérsico, entre las que destaca Emiratos Árabes Unidos, representan apenas el 1,3% del total, y China el 1,4%, si bien la presencia del gigante asiático se está incrementando rápidamente.

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El descenso en la población de educación infantil y primaria en España

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El Ministerio de Educación, FP y Deportes publicó el pasado 3 de abril la estadística sobre alumnado matriculado en enseñanzas no universitarias. Uno de los datos que destaca en esta publicación es la continuación del descenso en la matriculación en el segundo ciclo de educación infantil en España (3 a 5 años). Nuestro país ha experimentado una disminución notable en el número de alumnos matriculados en este ciclo educativo, desde 1.440.607 en 2010-11 (que llegó a alcanzar los 1.470.717 en 2011-12) hasta 1.150.734 en el 2022-23. Es una caída de 289.873 en el alumnado de segundo ciclo de infantil (-20,1%) entre el curso 2010-11 y el 2022-23, evidenciando una tendencia sostenida que supera las fluctuaciones anuales y apunta a cambios estructurales más profundos en la sociedad, como la reducción en la tasa de natalidad. Es una caída en estos 12 años de la que no ha escapado ninguna comunidad autónoma, con un proceso más intenso de reducción de matriculados en Canarias (-26,9%), Asturias (-25,0%), Ceuta (-24,9%) y Castilla León (-23,5%). Por el contrario, con disminuciones más moderadas se encuentran Melilla (-6,0%), Baleares (-10,5%), Navarra (-12,6%) o Murcia (-15,7%). 

La disminución de la matriculación en educación infantil de segundo ciclo (3 a 5 años) ha continuado en el último curso también entre 2021-22 y 2022-23 con una reducción de 39.228 alumnos toda España (-3,3%). Ceuta (-7,5%), Melilla (-6,4%), País Vasco (-4,9%) y Galicia (-4,8%) han liderado la caída, mientras que la Comunidad Valenciana (-0,8%), Murcia (-2,0%), La Rioja (-2,1%) y Baleares (-2,6%) tenían disminuciones más moderadas.


La tendencia decreciente en la matriculación en este ciclo es el reflejo de un descenso en la natalidad en España que puede tener efectos negativos en la economía en su conjunto. El descenso en la natalidad puede llevar a una reducción de la población activa y un aumento en la carga fiscal para sostener el bienestar social, en particular para mantener el sistema de pensiones. Además, este fenómeno puede generar una mayor presión sobre los servicios de salud debido al envejecimiento de la población. Desde la perspectiva de la educación, por el contrario, la disminución en el número de matriculados puede afectar la calidad de la educación y la experiencia en el aula, dado que ratios más bajas de alumnos por aula pueden ofrecer una oportunidad para centrarse en mayor medida en las necesidades individuales de los estudiantes o la implementación de programas innovadores que fomenten el aprendizaje activo. En contextos donde la educación temprana es crucial para el desarrollo cognitivo y emocional, asegurar el acceso equitativo es fundamental para prevenir la ampliación de las brechas de desempeño educativo que a menudo se observan en etapas educativas posteriores. La caída de la natalidad puede fortalecer el apoyo a familias de bajos ingresos para garantizar que más niños y niñas, independientemente de su origen, puedan beneficiarse de programas de alta calidad en la educación temprana.

La disminución en el número de estudiantes de segundo ciclo de infantil se trasladó años más tarde al siguiente nivel educativo, el de primaria (tablas 3 y 4). Desde el curso 2015-16, el alumnado de primaria en España ha caído desde los 2.926.887 hasta los 2.786.723 del último curso. En total, se han perdido 140.164 estudiantes en Primaria en nuestro país en los últimos siete años, un -4,8%. La cifra de 2022-23 de matrícula en España es aún más elevada que el mínimo registrado en 2000-01 y 2005-06, cuando todavía no habían llegado a las aulas de primaria el flujo de los hijos de inmigrantes que entraron en nuestro país. La caída en en primaria no es tan acusada como en educación infantil de segundo ciclo. Además, parece que en el último curso se ha desacelerado en alguna medida, con una disminución de 11.578 alumnos (-0,4%) entre 2021-22 y 2022-23 (en comparación a la reducción de 45.551, -1,6%, en el número de alumnos entre 2020-21 y 2021-22). Tampoco es tan generalizada como en educación infantil de segundo ciclo, con Baleares, Navarra y Madrid registrando leves aumentos si comparamos 2022-23 con respecto a 2015-16. La Comunidad Valenciana y Murcia también ha mantenido o aumentado ligeramente su matriculación en primaria en el último año. El aumento de alumnado extranjero en España ha evitado que la caída de educación infantil de segundo ciclo se traslade a primaria con toda la intensidad.  En 2022-23 hay 382.706 estudiantes extranjeros en España, 128.758 más que los 253.948 que había en 2015-16 ( 33,6%), un aumento de alumnado de fuera de nuestro país mucho más intenso que el que se ha producido en educación infantil y que ayuda de forma significativa a impedir un envejecimiento acelerado. 

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Crecimiento de la presión fiscal de los cuatro principales impuestos: papel estelar para el IRPF

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A finales de marzo, la Agencia Tributaria publicó información, actualizada para 2023, de bases, tipos medios y recaudación de las cuatro principales figuras impositivas: IRPF, IS, IVA e Impuestos Especiales (IE)[1] . Estos impuestos, junto a las cotizaciones sociales, son la espina dorsal de los recursos no financieros del Estado. En 2022, el peso de esas cuatro grandes figuras impositivas en los citados ingresos no financieros fue del 49%, y del 31% en el caso de las cotizaciones sociales. La serie disponible desde 1995 para esos cuatro impuestos permite extraer tres conclusiones relevantes. Primera: el crecimiento en la presión fiscal en esos cuatro impuestos (en adelante PF4) no es un fenómeno reciente. Contrariamente, es un proceso en curso que arrancó en 2010, tras el desplome en la recaudación con el fin de la burbuja inmobiliaria. Segunda: este proceso se aceleró entre 2019 y 2022 hasta situarse en el 18,2%, superando el pico del 18% de 2007 (ver gráfico 1). Tercera: esta tendencia incremental en PF4 se explica esencialmente por la evolución del IRPF, debido a los incrementos constantes tanto en la amplitud de la base gravada como en los tipos medios aplicados. Una parte importante de este incremento en los años pospandemia se debe a la no corrección generalizada de la progresividad en frío. La evidencia disponible avala que este aumento en ingresos por IRPF puede favorecer una mejora en la redistribución de la renta; no obstante, también pueden generar costes sobre el crecimiento económico que deberían ser tenidos en cuenta tanto en el debate técnico como político.


¿Cómo ha evolucionado la presión fiscal de los principales impuestos?

PF4
alcanzó en 2007 un máximo del 18,0%, coincidente con el final del boom inmobiliario. En 2010 se inició una
nueva etapa de crecimiento en PF4 con implicaciones sobre la situación actual:

  • El citado índice muestra una tendencia creciente desde 2010 con un promedio de 0,36 puntos por año, elevándose a 0,61 puntos en los años 2020 a 2022. El crecimiento de PF4 en los años 2019 a 2023 ha sido de 1,4 puntos de PIB.
  • El IRPF ha sido el impuesto donde más ha crecido la presión fiscal desde 2010 con un incremento de 2 puntos de PIB hasta 2023; el aumento ha sido de 1,3 puntos entre 2019 y 2023. El viento de cola de la inflación y la ausencia de corrección de la progresividad en frío ayuda a explicar este crecimiento. AIReF ha estimado para el IRPF un aumento conjunto en la recaudación de 2021 y 2022 de 6.200 millones como consecuencia de la inflación. Debe recordarse que el fenómeno de la inflación en el impuesto no solo afecta a la tarifa, sino también a otros elementos del impuesto como mínimos o deducciones.
  • La presión fiscal del IS se ha reducido desde el pico del 4,2% de 2007 a niveles medios del 2% en la situación prepandemia. Con cierta frecuencia, en el debate público se toma la recaudación de 2007 como un objetivo de referencia. Se olvida, sin embargo, que ese nivel se alcanzó en las excepcionales circunstancias de una intensa burbuja inmobiliaria, en el contexto de un ciclo alcista muy prolongado. De hecho, la presión fiscal por IS ha rondado el 2% en el período 2012 a 2019. No obstante, la presión fiscal soportada por las sociedades en 2023 se elevaría hasta el 2,6% si se incluyesen en el cálculo los 2.900 millones recaudados por los impuestos temporales (prestaciones patrimoniales) a los sectores de energía y banca. La transformación de tales impuestos temporales en definitivos aumentará en el largo plazo la carga fiscal que soportan las sociedades[2].
  • La presión fiscal por IVA aumentó 1,2 puntos entre 2010 y 2023, siendo de 0,4 puntos entre 2019 y 2022. Según las estimaciones de AIReF, el acumulado de aumento de recaudación de 2021, 2022 y 2023 por efecto de la inflación fue del 23,5%, 60,6% y 71,7% respectivamente. La reducción en la presión fiscal de IVA en 2023 es coyuntural, consecuencia de las rebajas fiscales aplicadas como parte del escudo social. Es previsible que repunte una vez desaparezcan todas las reducciones que se han venido aplicando sobre los tipos de gravamen.
  • Por último, la presión fiscal de impuestos especiales muestra una trayectoria descendente. Debido, entre otras causas, a la falta de actualización de los tipos de gravamen, expresados en euros, a la inflación. Al margen de los argumentos a favor y en contra de la actualización, el impuesto especial sobre la cerveza no ha sido actualizado desde 2005, el de hidrocarburos aplicable a gasolina y gasóleo desde 2009, el que soportan las diferentes labores del tabaco desde 2013 y el de alcohol desde 2016, según datos de la AEAT.


¿Cómo ha evolucionado el tamaño de bases y de tipos medios?

Los
cambios en la recaudación impositiva se explican por la evolución en el tamaño
de las bases y de los tipos medios (ver gráficos 2 y 3). La amplitud de las
bases puede aumentar o disminuir por varios factores interrelacionados: ciclo
económico, inflación, cambios normativos, así como elusión-evasión fiscal. Ceteris paribus, estructuras impositivas
de base amplia y tipos reducidos están asociadas a impuestos menos
distorsionantes. La apuesta por este tipo de estructuras es ampliamente
aceptada entre los economistas, especialmente en lo que se refiere a IS, IVA o
IE:

  • IRPF. Las bases muestran una tendencia creciente con aumento
    de 5,4 puntos de PIB entre 2017 y 2023 (52,3% a 57,7%). En 2020, en plena
    pandemia, se alcanza un nivel del 60,3%. Este es un valor atípico, coincidente
    con la pandemia y en un contexto de ausencia de cambios normativos que lo
    justifiquen. El tipo medio aumentó 1,6 puntos entre 2019 y 2023.
  • IS. Las bases se situaron en promedio entre 2013 y 2019 alrededor
    del 8,6%. No obstante, experimentaron un aumento de 3,9 puntos entre 2020 y
    2023. A partir de 2021 se situaron por encima del 10% hasta alcanzar el 12,1%
    en 2023. El tipo medio se ha mantenido estable alrededor del 20,5% desde 2016.
  • IVA e IE.
    Las bases de impuestos indirectos crecen con claridad a partir de 2021, epecialmente
    en el caso del IVA: 4,8 puntos de PIB entre 2020 y 2023. No obstante, el tipo
    medio de IVA se ha mantenido estable en los últimos años.

[1]
La
recaudación por cotizaciones, así como del resto de recursos no financieros
referida a 2023 está pendiente de ser publicado por Seguridad Social e IGAE.

[2] Aparte de los problemas de diseño de tales impuestos sectoriales, su inclusión en el sistema tributario ha obviado los costes que, según las noticias disponibles, generará en términos de deslocalización de la inversión hacia países limítrofes.

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La creciente divergencia entre Europa y EE. UU.

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En una economía global de vasos comunicantes, el coste de las hipotecas que soportan las familias españolas depende sobremanera de las decisiones que tome una institución extracomunitaria, la Reserva Federal. Este estrecho vínculo entre nuestro entorno económico en general y la política monetaria de EE. UU. ha quedado patente tras conocer dos hechos relevantes: la resiliencia de la inflación en ese país y las señales de fortaleza de su economía. Estos vigorosos resultados contrastan con la debilidad de la coyuntura en Europa y la desescalada del IPC, variables que, tras el comprensible statu quo de esta semana, abrían la puerta a una senda sostenida (y muy esperada) de recortes de tipos de interés.


Sin embargo, la relajación se complica ya que algunos miembros del BCE no dudarán en aludir a los riesgos que comporta un desacoplamiento con respecto al gigante norteamericano. En todo caso, todo apunta a que la Reserva Federal querrá asegurarse de la transitoriedad del repunte de los precios antes de reducir los tipos. De momento, el IPC parece anclado en el entorno del 3,5%, y con pocos visos de bajar a tenor de la fortaleza del mercado laboral y de la demanda. Dada la proximidad de las elecciones presidenciales, es probable que Washington opte por la prudencia ante el temor que un recorte coincida con un nuevo repunte de los precios.              

Por su parte, la misión del BCE es aplacar la inflación, algo que ya está en vías de conseguir, con un IPC del 2,4%, justificando bajadas de tipos en el transcurso del año. Pero los banqueros centrales más preocupados por la inflación aluden al riesgo de depreciación del euro que entraña un diferencial creciente en el precio del dinero entre ambas economías. Sobre todo teniendo en cuenta que el petróleo, que cotiza en dólares, tiende a encarecerse. Otro factor es la resiliencia de la inflación en los sectores de servicios. Ante estos argumentos, el BCE haría bien en mantener su intención de ajustar los tipos en junio: de no hacerlo, se expone a ir a contracorriente de las necesidades de su economía, algo que podría también pesar en el valor del euro. No obstante, no está claro que ese sea el camino más allá de junio.         

La inflexión debería tener pocas consecuencias para la marcha de la economía española en el corto plazo, a diferencia de otros socios comunitarios. Pero presenta riesgos añadidos para la inversión y las cuentas públicas, dos de nuestros principales frentes de vulnerabilidad. Se anticipaba un despegue de la inversión empresarial durante los dos próximos años, bajo de la premisa de los fuertes recortes de tipos de interés que se vislumbraban en el horizonte. Unas expectativas que ahora se enfrían, y que podrían incitar a las empresas a proseguir su proceso de desendeudamiento.

En cuanto al déficit, el tirón de la economía debería acercarnos al objetivo del 3% de aquí a finales del próximo ejercicio. Más allá, sin embargo, las cosas se complican por el doble efecto de los tipos de interés en los costes financieros del Estado y en la inversión, factor crucial para asegurar un crecimiento sostenido y una sólida base recaudatoria. En caso de debilidad persistente, las normas fiscales europeas (en particular la que atañe a la deuda, que es la que más va a incidir) exigirían un ajuste fiscal difícil de asumir, y por tanto inverosímil: nuestras cuentas deberían dejar atrás abruptamente el déficit primario (fuera de intereses) para arrojar un excedente cercano al 1% del PIB, algo que solo es posible con fuertes incrementos de impuestos o recortes de gasto difícil de asumir. Ante la eventualidad de una política monetaria más restrictiva de lo previsto, urge una estrategia para desatascar la inversión y corregir los desequilibrios presupuestarios, aprovechando la ventana de oportunidad que nos concede el tirón coyuntural de la economía.  

IPC |El repunte del
IPC en marzo hasta el 3,2%, frente al 2,8% en febrero, se explica sobre todo
por factores puntuales. Los productos energéticos, especialmente tras la
normalización del IVA de la electricidad, explican tres décimas de las cuatro
que aumentó la inflación. Sin embargo, la persistencia de la inflación en el
sector de servicios, con tasas constantes del 3,9%, es un elemento de mayor
arraigo y relativamente generalizado (paquetes turísticos, hoteles, seguros,
servicios recreativos y restaurantes). En términos armonizados, nuestra inflación se sitúa nueve décimas por
encima de la media de la eurozona.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Innovación en tiempos de cambio: Cómo las empresas pueden mantenerse a la vanguardia en un entorno empresarial líquido

La innovación se ha convertido en un elemento clave para la permanencia de las empresas en un entorno empresarial líquido.

  • La empresa debe diseñar un plan estratégico específico para innovar y conseguir resultados positivos. 
  • El entorno empresarial líquido requiere que la compañía haga análisis y revisiones periódicas de su planificación y resultados para ver la necesidad de realizar nuevas adaptaciones. 

Entorno VUCA (Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad y Ambigüedad) o BANI (Frágil, Ansioso, No lineal e Incomprensible) son términos que ya están asimilados en el ámbito empresarial. Aunque parece algo nuevo, no es así en realidad. Datan de los 90 y del año 2020, respectivamente. Pero ya hacia finales de la década de los 80, el sociólogo y filósofo polaco-británico de origen judío Zygmunt Barman comenzó a hablar de modernidad líquida.

Este concepto lo basó en la fluidez, cambio o flexibilidad, entre otros términos, para aludir a cambios continuos e irrecuperables. Es la contraposición a lo que podría definirse como un entorno estable. En resumen, es la adaptación a los tiempos líquidos. Y, en este entorno empresarial líquido, la innovación se ha convertido en la clave para la supervivencia de las empresas y en un elemento vital de competitividad. Pero no es el único factor. 

¡COMPARTE! ¿Sabes por qué es tan importante innovar en un entorno empresarial líquido? Te damos las claves para hacerlo con éxito.

También las finanzas de la compañía son decisivas. Esto se debe a que sin unas cuentas saneadas y con capacidad económica es difícil la innovación en tiempos de cambio. Y, ¿qué puedes hacer si quieres ser una empresa líquida? ¿Cómo innovas? ¿Qué debes tener en cuenta en materia financiera? Sigue estos consejos para que sea más fácil moverte por el actual entorno empresarial líquido.

Claves de la innovación en un entorno empresarial líquido

Una de las premisas fundamentales en un entorno empresarial líquido es que la innovación no se contemple como un hecho aislado dentro de la compañía. La empresa líquida debe ser consciente de la importancia de la innovar en tiempos de cambio. De hecho, es necesario que la incluyas dentro de la estrategia corporativa o plan estratégico en el que no debe faltar un apartado específico que la recoja. Y, a partir de aquí, ¿qué más puedes hacer? Para innovar en un entorno empresarial líquido, conviene que tengas en cuenta estas claves: 

  • Diseño del plan: este apartado es muy importante. Uno de los errores más habituales es diseñarlo de fuera hacia dentro. Es decir, se tiende a analizar la coyuntura, así como las oportunidades y amenazas para, posteriormente, definir la estrategia para conseguir los objetivos y buscar los recursos necesarios. Sin embargo, en un entorno empresarial líquido, este diseño tiene que hacerse al revés: de dentro hacia fuera. En el siguiente apartado te explico cómo.
  • Gestión ágil: otra de las claves básicas es gestionar la innovación de forma ágil. En este sentido, conviene que la tengas en cuenta como estrategia y contemples períodos de tiempo más largos. En una empresa líquida es un error la gestión por proyecto. Para ello, necesitas programas de trabajo -hablamos en otro apartado-, y realizar análisis de los datos e información en tiempo real para comprobar la buena marcha o ver si conviene hacer algún cambio. No hay que olvidar que estás en un entorno empresarial líquido. 
  • Revisiones: la gestión ágil de la innovación en una empresa líquida ya incluye que se hagan análisis. Pero no es suficiente. En este caso, hay dos pautas claras. Una de ellas es una revisión más profunda con periodicidad trimestral por parte del equipo o departamento para comprobar si las prioridades fijadas se mantienen. Y, una vez al año, es el momento de repasar la estrategia de innovación por si es preciso modificarla.

El plan de innovación tiene que hacerse de dentro hacia fuera, partiendo de las capacidades propias y un análisis con visión de futuro.

Cómo diseñar un plan para innovar en una empresa líquida

Como te he comentado anteriormente, diseñar un plan de innovación es fundamental en un entorno empresarial líquido. Aunque pueda parecer difícil, no lo es. Solo debes seguir unos pasos sencillos y que son similares a los del plan tradicional, pero con algunas diferencias y orden de los elementos. Esto es lo que debes sopesar paso a paso: 

  • Concepto: es fundamental que definas bien el concepto de lo que es la compañía, teniendo visión de futuro y valorando las capacidades existentes tanto en la empresa líquida como en el equipo de profesionales. Por ejemplo, no es lo mismo pensar que eres un taller mecánico que una empresa o negocio especializado en chapa y pintura para automoción. El primer término es tradicional, mientras el segundo abre las puertas a ofrecer soluciones innovadoras. 
  • Oportunidades: una vez se tiene esa definición, debes analizar las oportunidades existentes fuera de la actividad que desarrolles en su concepto tradicional –siguiendo con el ejemplo sería solo reparar coches-, para explorar nuevos horizontes y abrir nuevos caminos. Es importante que no te olvides de pensar en qué podrían aplicarse o utilizarse. Es decir: líneas innovadoras con valor y rentables.
  • Capacidades: la empresa líquida tiene que conocer su propia capacidad para llevar a cabo las innovaciones.
  • Estudio: no es suficiente con que analices las oportunidades y conozcas las capacidades. Este análisis es preciso que se haga de forma realista. Debes priorizar líneas de innovación que puedan llegar a mercado. Aunque la idea sea pionera o se anticipe a las necesidades, no puedes olvidar que tiene que haber un retorno económico. Los ingresos por los productos o servicios innovadores son claves para la supervivencia de la empresa líquida. No se puede sobrevivir sin ellos. Por supuesto, no obvies los posibles riesgos. 
  • Pruebas: para no dar pasos en falso, es recomendable hacer pruebas sobre esas posibles innovaciones. Esto te permitirá comprobar las capacidades de la compañía y construir la propuesta de valor definitiva o, al menos, más definida. Sólo si funciona podrás buscar más recursos para llevar a cabo la innovación correspondiente, sobre todo si la empresa líquida va a dar un importante salto cualitativo y cuantitativo. Y, sobre todo, nunca lo hagas al revés: no busques primeros recursos y luego analices las oportunidades.
  • Pasar a la acción: una vez dados estos pasos, lo siguiente es que elijas qué líneas de innovación vas a realizar. Para ello, es clave tener claro cuál de todas ellas es la de más valor añadido. A continuación, hay que fijarse un calendario. ¿Y qué haces con el resto de ideas innovadoras? Si se ha obtenido un buen resultado en las pruebas, se pueden poner en marcha más adelante. Aquí también conviene la realización de un planning.

La correcta gestión de la innovación requiere de herramientas específicas como Sage 200 para tener todos los datos e información disponible para un mayor control y mejor visualización.

Finanzas: el quid en tiempos de cambio

Para innovar es necesario tener recursos económicos. De hecho, el análisis de las oportunidades y capacidades debes acompañarlo de un estudio económico-financiero. Esto va a permitir con exactitud conocer los recursos que necesitas para innovar. Incluso será de ayuda para tomar la decisión –muchas veces compleja-, de qué líneas innovadoras se van a llevar a cabo en el caso de que haya que seleccionar entre varias o planificarlas en el tiempo. 

Este análisis financiero no solo debe comprender la parte de la innovación. Es importante que se visualice en el marco global de la compañía. Esto es clave porque una empresa líquida también debe acometer otros proyectos en otros departamentos o áreas que requieran inversión económica como ampliación de instalaciones, una nueva sede o renovar maquinaria, entre otros aspectos o necesidades de adaptación. 

Un buen análisis financiero también te ayudará a optar a posibles ayudas o subvenciones o la participación en programas de innovación. En el caso de tener que recurrir a financiación bancaria, será decisivo también para la toma de decisiones de la entidad financiera.

Y, por supuesto, durante todo el proceso de innovación, y una vez lanzado el producto o servicio al mercado, es recomendable que sigas analizando la evolución del proyecto, las ventas o el retorno que se está consiguiendo en todo momento. En esta situación, una empresa líquida puede ayudarse de sistemas ERP como Sage 200 para una mejor gestión, aparte de incorporar varias herramientas para tener toda la información en un clic. Y esta visualización es básica en un entorno empresarial líquido en el que las decisiones se tienen que tomar muchas veces con rapidez. 

Todos estos pasos son los que tienes que dar para que innoves de forma exitosa dentro de estos tiempos de cambio y de incertidumbre en los que sin la innovación es difícil seguir en el mercado.

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La Reserva Federal continúa ‘barajando las cartas’ de las bajadas de tipos

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Hace 15 meses, a principios de 2023, escribía sobre el intenso debate de las perspectivas de tipos de interés en los meetings de la American Economic Association, celebrados en ese enero en Nueva Orleans. Los analistas de Wall Street ya apostaban por disminuciones del precio oficial del dinero en la segunda parte del año pasado, supuesto bastante retador en aquel momento. Eso sí, consideraban que aún habría aumentos de tipos en la primera mitad del ejercicio, que sí que se produjeron. La idea era aplicar la medicina de subida de tipos hasta verano para bajar la inflación —en gran medida se logró, aunque aún se encuentre lejos de la referencia del 2%— y a finales de año ya habría margen para iniciar las reducciones del precio del dinero. Escenario que de algún modo pareció ganar peso con el episodio de graves turbulencias en las entidades financieras regionales medianas de Estados Unidos en primavera. Si la subida tan intensa de tipos en poco tiempo había roto alguna costura de algún banco norteamericano, qué mejor que aliviar esa carga pesada con alguna reducción. Más aún cuando no se descartaba en aquel entonces la posibilidad de recesión —aunque fuera técnica— del gigante americano. No obstante, la Reserva Federal barajó las cartas un poco en verano, tras la última subida de tipos de julio, abriendo juego para la especulación sobre lo que haría en meses venideros.

Y llegó finales de 2023, tras un par de reuniones de la Fed sin alterar los tipos, y los pronósticos de varias bajadas de tipos se multiplicaron. En ese mensaje apoyó el banco emisor de EEUU —y el mismo Jerome Powell— cuando apuntaron que esperaban una disminución de, como mínimo, 750 puntos básicos en 2024. Otra nueva mano de cartas en la que la Fed abrió juego a nuevas especulaciones en el mercado, que marca la agenda de los meses venideros. La recesión, además, ya había desaparecido del horizonte, y la inflación se encontraba en los niveles más bajos de años, en torno al 3%, aunque no lo suficiente cerca del objetivo (2%). Todo apuntaba a disminuciones de tipos en EEUU en esta primavera de tiempo variable que estamos teniendo. Con ello se cumpliría, además, lo habitual, esto es, que la Reserva Federal mueve ficha primero con el cambio de las condiciones monetarias, y los demás (incluido el Banco Central Europeo) actúan después. Sin embargo, curiosamente, la fortaleza de la economía americana —que se refleja tanto en PIB como en empleo— desde que comenzó 2024, parece estar obligando a la Fed a volver a cambiar el paso, a nuevamente barajar las cartas y a abrir el juego de las dudas y la especulación. Por su parte, la inflación parece resistirse a bajar del 3%, algo que no puede sorprender por la fortaleza de la economía y la demanda. Los mercados están ahora mismo con muchos nervios por este nuevo bandazo en las expectativas. Se las prometían muy felices después de las fuertes revalorizaciones de la renta variable del año pasado y de lo que llevamos de 2024, algo atípico en un contexto de altos tipos de interés. Las expectativas de bajadas del precio del dinero estaban alimentando este año el buen comportamiento de las Bolsas. Habrá que ver cómo continúa el año.

Parece que el BCE
y otros bancos centrales se adelantarán a la Fed y bajarán tipos antes en esta
ocasión. La expectativa es que el banco emisor de Fráncfort lo haga en su
reunión del 6 de junio, ante la mayor debilidad macroeconómica de la zona euro
comparada con la de EEUU. Aunque la inflación se esté resistiendo —más en unos
países, como España, que en otros— a bajar del 3%, la preocupación por la
atonía económica —aunque no sea mandato del BCE— parece pesar mucho.

Este episodio que
se ha vivido desde 2022 —proceso inflacionario y actuaciones de los bancos
centrales— ha guardado bastantes diferencias con periodos de crecimiento de
precios anteriores, con consecuencias de largo plazo sobre la política
monetaria y sus efectos. En primer lugar, se tardó mucho en reaccionar; el BCE
fue quizás el caso más claro, pero no el único. Luego se ha llevado los tipos
de interés a niveles notablemente más elevados que los que inicialmente se
tenían en mente. Los bancos centrales, además, no han estado cómodos con lo que
la realidad les ha impuesto. En el caso ya comentado de la Fed, referencia
global, sus titubeos y cambios de ritmo —rebarajando las cartas
hasta tres veces—, lleva de cráneo a inversores y analistas. En año electoral
allí, además.

Sin embargo, una cuestión de fondo puede pesar en el futuro. En esta ocasión, la subida de tipos tan intensa no ha causado una recesión generalizada como en otros periodos de la historia. Ni una corrección significativa en los mercados. El primer episodio de inflación en muchas generaciones se ha saldado sin que la economía ni los mercados hayan sufrido mucho. Podría ser contraproducente si el aprendizaje que obtiene la población es que los futuros procesos inflacionarios siempre pueden resolverse sin grandes pérdidas económicas. No tiene por qué ser siempre así. Sería una retroalimentación muy peligrosa de esa falsa percepción si volviera la inflación: haría falta mucho más (aún mayores subidas de tipos) para corregirla y para alterar las expectativas de un público confiado.

Este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días

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La competencia no tiene quien la escriba (y la defienda). La liberalización del mercado de la alta velocidad en España

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Costaría mucho encontrar alguna otra medida de política pública con un impacto económico tan positivo en términos de bienestar como la liberalización del mercado de la alta velocidad en España. En primer lugar, ha supuesto un aumento del número de viajeros, lo que implica más empleo y actividad económica. La expansión del mercado trae consigo, además, un mayor número de frecuencias y una oferta mas diferenciada de servicios ferroviarios. Y también un descenso muy significativo de los precios, haciendo el servicio más accesible a los consumidores con menos recursos. En términos medioambientales, el ferrocarril ha ganado una cuota de mercado significativa al transporte aéreo, que es mucho más contaminante, puesto que las emisiones de CO2 por pasajero en un vuelo Madrid-Barcelona son casi diez veces más altas que en un trayecto de tren de alta velocidad. Como colofón, el mayor uso del tren ha permitido aumentar la recaudación por cánones de Adif y, con ello, contribuir a amortizar las enormes inversiones realizadas en infraestructuras ferroviarias. Dos ejemplos del positivo impacto que ha acarreado la liberalización se muestran debajo. En el gráfico 1 se observa el incremento del numero de viajeros en el corredor Madrid-Barcelona tras la entrada en operación de Ouigo: en el conjunto de 2023 viajaron en tren entre ambas ciudades un 65% más de usuarios que en 2019. En el gráfico 2, tomado del capítulo firmado por Javier Campos  del libro “Reformas para impulsar la competencia”, se muestra que, un año tras la liberalización, los precios de ese trayecto se habían reducido a la mitad.


A pesar de esta historia de éxito, parafraseando a Gabriel García Márquez, la competencia no tiene quien la escriba (ni quien la defienda). La liberalización de la alta velocidad en España nació huérfana, sin una gran demanda social y política, y forzada en gran parte por el impulso de la Unión Europea que, a través de diferentes directivas (“paquetes ferroviarios”), intentaba e intenta que los distintos países europeos abran sus mercados.

La razón de esta paradoja es que las
ganancias de introducir la competencia están muy repartidas y son poco
visibles. Los trabajadores contratados gracias a la expansión del mercado no lo
anticipan, ni tampoco los consumidores que disfrutan de menores precios y mayor
variedad de servicios. Por el contrario, la competencia genera en las empresas
que disfrutaban del monopolio unas pérdidas muy visibles y fáciles de
anticipar. La dispersión de ganancias y la concentración de perdidas hace que,
en general, las reformas para introducir la competencia sean políticamente muy
complicadas de llevar a cabo.

Las pérdidas de RENFE este año son una muestra
de los costes que la introducción de competencia supone a las empresas
establecidas. Que no son distintas a las experimentadas, por ejemplo, por Telefónica
tras la liberalización de las telecomunicaciones. Para ilustrar la presión
competitiva que debe enfrentar RENFE, basta anotar que fijaba como precio medio
del billete Madrid-Barcelona en 2019 en 81 euros cuando disfrutaba del
monopolio, y que la CNMC cifraba que el precio medio ofertado por las nuevas
operadoras en ese corredor este año rondaba los 40 euros.

¿Son estos precios bajos (y las perdidas
anunciadas por los nuevos operadores) una posible práctica de competencia
desleal? En primer lugar, hay que recordar que existen muchas razones por las
que los nuevos operadores pueden bajar los precios. La primera y más obvia es
que pueden tener una estructura de costes mas eficiente. Pero otro motivo puede
ser la falta de reputación en el mercado, por lo que necesitan atraer clientes
para que conozcan sus servicios y generar relaciones de fidelidad; otras
razones para bajar las tarifas pueden ser un enfoque sobre el segmento más
elástico de la demanda, o la necesidad de generar volumen de negocio para
avanzar en la curva de aprendizaje y volverse más eficientes. En definitiva, el
hecho de que nuevos entrantes en un mercado compitan agresivamente en precios e
incluso tengan planes de negocio que asuman perdidas a corto plazo responde más
a un patrón que a un comportamiento anómalo.

Lo que no parece muy plausible es que los
nuevos entrantes estén aplicando precios anticompetitivamente bajos, conocidos
como precios predatorios. La idea de los precios predatorios consiste que éstos
no cubran los costes variables, generando perdidas, con el objetivo de que los
rivales abandonen el mercado, y después aprovechar la ausencia de competencia
para subir los precios, recuperando las perdidas iniciales. Por razones obvias,
esta practica competitiva normalmente se asocia a empresas establecidas que
intentan que los nuevos entrantes abandonen el mercado, pero no a la inversa. Es
ilusorio pensar que David pretenda vencer a Goliat con precios predatorios. A
pesar de los precios bajos y las perdidas, RENFE conserva la mayor cuota de
mercado de los corredores abiertos a la competencia, y numerosos recursos
clave, además de operar el resto de la red. No resulta imaginable que un nuevo
entrante como Ouigo, con una capacidad de expansión limitada —incluso
regulatoriamente por el número de frecuencias que puede operar—, contemple la
posibilidad de que RENFE abandone el mercado. Si esta posibilidad no existe, no
hay móvil para el crimen y, por tanto, no tiene sentido incurrir en perdidas
inútilmente poniendo precios artificialmente bajos.

Otra perspectiva es observar esta liberalización desde el punto de vista europeo. La fuerza con la que los nuevos operadores italianos y franceses han entrado en el mercado español parece una señal de que la liberalización (en nuestro país) se ha hecho bien, y que los nuevos entrantes han sido tratados con neutralidad por parte del regulador y el gestor de infraestructuras. RENFE debería poder compensar sus perdidas debidas a la liberalización con la expansión en otros mercados, y para ello, se debe exigir a escala europea que se reduzcan o eliminen las posibles barreras de entrada en los mercados ferroviarios de nuestro entorno. Como discutíamos en un reciente artículo sobre la política industrial europea, las políticas de liberalización generan mayor bienestar, pero necesitan de reciprocidad para ser sostenibles en el tiempo.

Por otro lado, como hemos dicho con
anterioridad, RENFE tiene muchos recursos únicos en este mercado (demanda
fidelizada, plantilla experimentada, operador dominante de la red, etc…), es
una empresa líder que se adaptará a este entorno competitivo, la competencia le
incentivará a innovar y a ser más eficiente y con ello a mejorar los resultados
actuales. La competencia no es el problema, es la solución.

Para finalizar, pongamos el acento en el
carácter redistributivo de la liberalización de los servicios de transporte. La
del sector aéreo democratizó los viajes en avión y ahora estamos viviendo el
mismo proceso en la alta velocidad. Aún tendría un mayor impacto en la
reducción de la desigualdad la liberalización en el transporte de pasajeros por
carretera de larga distancia, por ser un sector utilizado mayoritariamente por
personas de rentas bajas que ahora soportan un injusto sistema de subvenciones
cruzadas para que las concesiones no tengan coste para el Estado. Es posible
que introducir la competencia en el
mercado
(en lugar de nuestro sistema tradicional de competencia por el mercado, a través de concesiones) conllevase la
necesidad de financiar algunas rutas para preservar la conexión territorial,
pero a cambio, los consumidores con rentas más bajas podrían beneficiarse de
una importante reducción de precios y de un aumento de los servicios y de las
rutas. Con el foco en este asunto, el próximo día 29 de abril celebraremos en
Funcas unas jornadas destinadas a reflexionar sobre los posibles efectos de una
eventual liberalización del transporte interurbano de pasajeros.

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