El sistema de la Seguridad Social pasa por su peor momento, y lo más grave y deficiente es que parece que la solución no llegará, al menos por el momento. El sistema de atención al ciudadano de la Seguridad Social parece haber tocado fondo, y es que después de lo acaecido con la pandemia de la Covid-19 el organismo público parece que no remonta.
Con la llegada del virus mundial, la Seguridad Social dejó ver sus problemas y tiempo después de que la pandemia hiciera acto de presencia, la situación no parece haberse subsanado. El organismo que dirige José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, atraviesa una situación crítica y los españoles están siendo testigos directos de ello y los principales perjudicados de una institución que necesita resurgir.
El colapso en la Seguridad Social
Atendiendo a los datos ofrecidos por el Ministerio que dirige José Luis Escrivá, éste ha empleado una media de tiempo en la resolución de expedientes del año 2022 de 21,15 días en el caso de los trámites de jubilaciones y de 19,46 días en el de las pensiones de viudedad.
Estos datos confrontan con los que manejan desde los sindicatos, quienes estiman que el tiempo de resolución es mucho mayor al indicado. El Sindicato Independiente y de Funcionarios, CSIF, afirma así que la tardanza en ejecutar resoluciones de pensiones de jubilación, viudedad, bajas por maternidad y paternidad o las ayudas para familias con hijos que tienen alguna discapacidad intelectual, se alargan hasta los tres meses de media.
La realidad es que los ciudadanos están encontrando problemas no solo en la tardanza de las tramitaciones de sus jubilaciones o viudedades, sino que están experimentando la dificultad de conseguir citas previas o los retrasos en los pagos de las prestaciones. A este se le une el escollo para conseguir al menos contactar por teléfono con la institución.
Voces políticas como la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurúa, han afirmado que la Seguridad Social es el organismo de la Administración que más quejas ciudadanas encabeza, por lo que considera que es necesario denunciar la situación. La diputada de Ciudadanos María Muñoz expresó igualmente su descontento, insistiendo en la imposibilidad de pedir una cita previa.
Los mayores representan el conjunto poblacional que está siendo más perjudicado, y es que en un sistema donde todo se produce de forma digital, ellos encuentran grandes problemas de atención. Estos ciudadanos recurren de forma asidua a la conexión telefónica, pero sus llamadas siguen sin ser atendidas por lo que acuden a sus oficinas más próximas donde se encuentran largas colas y la imposibilidad de ser atendidos sin cita previa.
Además desde el sindicato se apunta que la problemática es tal, que en 2022 se dejaron 4 millones de llamadas aproximadamente sin contestar. En consecuencia, las quejas de los ciudadanos se han visto aumentadas considerablemente en un 42%. De este modo, las protestas han pasado de 934 en 2020 a las 2.966 en el pasado 2022.
¿Cuál es el problema de la Seguridad Social?
Aunque el 2022 fue el año en el que mayor número de funcionarios fueron contratados, con un total que asciende a los 3.526.200 millones de personas, la Seguridad Social es una de esas administraciones públicas que no ha notado el incremento.
Si continuamos atendiendo a las fuentes del sindicato CSIF, éstas afirman que el bloqueo que vive la Seguridad Social atiende a la falta de personal. Según datos ofrecidos por el propio sindicato, la institución española ha pasado de tener 34.000 empleados a los 24.000 funcionarios que tiene en la actualidad. Así, nos encontramos una reducción de personal para atender a 20 millones de afiliados, 10 millones de pensionistas y 1,4 millones de empresas.
Ante la situación por la que atraviesa el organismo y que repercute negativamente en los ciudadanos, desde el sindicato se apunta que ahora la intención es de contratar a 2.500 interinos para arrojar un poco de luz al caos que se está viviendo, por lo que ven esta medida como una situación ineficaz a largo plazo.
Otra medida al frente es la de aumentar las atenciones por funcionario y día, por lo que ahora los trabajadores públicos tienen que trabajar por la tarde y atender a los ciudadanos en un tiempo inferior a 10 minutos, un hecho que estiman que no cumplirán ya que hay tramitaciones que necesitan un mayor tiempo de ejecución. En esta atención de emergencia, el organismo da prioridad a los mayores de 65 años y aquellos que son vulnerables a la digitalización.
Además, de cara al año 2024, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto instaurar de nuevo la jornada de 35 horas para los empleados de las administraciones públicas, un hecho que necesitará nuevas contrataciones.
El panorama cada vez es más complicado por lo que encontrar una solución se ha convertido en una necesidad vital. Los ciudadanos españoles son los grandes afectados de una institución que parece no encontrarse, ahora le toca al Gobierno dar una eficaz solución que acaben con los grandes problemas sociales.