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La economía de la salud pública en España (V). El gasto público desde un prisma internacional

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Con este artículo finaliza la serie publicada en este blog (IIIIIIIV) sobre el análisis de la Economía de los servicios de salud pública en España. Su objetivo es contribuir a explicar por qué los servicios de salud pública – especialmente la vigilancia epidemiológica – a pesar de su importancia crítica, se han revelado muy insuficientes para responder a la crisis sanitaria generada por la COVID-19. Los datos de gasto público en prevención y salud pública (GPSP) parecen ratificar la penuria de recursos. En esta ocasión vamos a analizar cómo estaba situada España en comparación con otros países europeos a este respecto desde 2002 y hasta 2020, primer año de la pandemia de la COVID 19 y último del que se dispone de datos.

Las principales observaciones son las siguientes:

  • Esta comparación se ve dificultada por la discrepancia importante entre la estimación del GPPSP de la Estadística de Gasto Sanitario Público (EGSP) y la del propio Sistema de Cuentas de Salud (SCS) español (y consecuentemente también con los datos OCDE)[1]. No cabe duda de que debemos elegir como estimación más ajustada la del SCS español, con todas sus limitaciones, por la propia naturaleza de los gastos que incluye, por responder a las normas estadísticas internacionales, y porque coincide con los datos de la OCDE que nos permite hacer comparaciones internacionales.
  • En el periodo examinado 2002-2020 existe una notable dispersión del GPSP entre países. En el gráfico 1 aparece la nube de puntos representativos de las parejas de valores PIB y GPSP, que también permite apreciar su evolución temporal.


  • Como se ve en los gráficos 2, 3 y 4, Alemania, Italia y Finlandia (también Holanda, no representada) forman un pelotón de cabeza por encima de la media de la Zona Euro en las tres variables: gasto monetario agregado público (de las administraciones públicas), por persona, real; peso relativo en porcentaje sobre el PIB y peso relativo en porcentaje sobre el total del gasto público corriente en sanidad. Alemania (y Holanda) gastan en euros por persona sistemáticamente alrededor de seis-siete veces lo que gastan los países más rezagados como Portugal (o Grecia no recogida en los gráficos) y tres veces en términos del PIB y del gasto corriente. En los años previos la pandemia Italia les llegó a superar, claramente en términos relativos. Estas coincidencias en las tres variables son relevantes porque significan una opción de política de salud clara. Francia destaca por su bajo nivel, sobre todo en términos relativos. Como se ve en los gráficos, y cabía esperar, la crisis de la COVID ha determinado un aumento notable del GPPSP en todos los países, pero especialmente en España (y en Holanda). En 2020 España ha adelantado a Finlandia en el peso relativo sobre el PIB.


  • Se comprueba que la evolución de estos gastos en España, creciente antes de la crisis 2008-2012, se quebró y no se había recuperado aún en 2019. Esto contrasta con el aumento en algunos países como Italia, Alemania o Finlandia. España, en 2019, en términos monetarios por persona gastaba casi tres veces menos que Alemania (49 versus 140,3 €) y aproximadamente la mitad que Italia (105,5 €) y estaba algo por debajo de la media de los países euro (58,5 €)[2] (separándose más en los años previos a la pandemia). Esta inferioridad respecto del pelotón de cabeza y de la media se mantiene en 2020 a pesar de nuestro aumento del gasto. En relación al PIB y al gasto corriente España estaba también retrasada respecto del grupo destacado, pero ligeramente por encima o en la media.  En 2020, con la pandemia, hemos superado dicha media en ambas variables. Llama la atención nuestro avance relativo en GPPSP respecto del gasto corriente, que puede reflejar un aumento del gasto en vacunas, pero un estancamiento del gasto en el sistema sanitario en su conjunto.
  • No ha sido posible detallar los Programas de vigilancia epidemiológica y control de riesgos y enfermedades (HC 6.5 del SHA 2011) y en Preparación para programas de respuesta ante desastres y emergencias (HC 6.6 del SHA 2011) para España, ya que estos datos únicamente están disponibles para Bélgica y Francia.

En resumen, esta simple comparación internacional parece ratificar la penuria de recursos que nuestro país dedicaba a salud pública antes de la pandemia, aunque otros países europeos estaban aún peor. Resulta claro que esta área del gasto público debería gozar de mayor prioridad cuando todavía seguimos afectados por la pandemia de la COVID-19 y no se descarta que puedan sobrevenir otras en el futuro.

En la actualidad hay algunos síntomas de reacción de nuestras administraciones. El “Plan de recuperación, transformación y resiliencia” en su “Componente 18. Renovación y ampliación de las capacidades del sistema nacional de salud” menciona esta prioridad[3] y existe un proyecto de creación de una Agencia Estatal de Salud Pública. Pero no está claro que estos proyectos sean suficientes. En todo caso, debería planificarse un gasto público óptimo para esta función, de importancia crucial para la salud y altísimos retornos económicos. Un ejemplo es el ejercicio realizado sobre necesidades de “rastreadores” para la detección de casos COVID, efectuado por el Grupo de Trabajo Multidisciplinar del Ministerio de Ciencia y Tecnología

También hay que reiterar que los problemas de metodología estadística que afectan a la estimación de estos gastos son muy importantes y no son independientes de las insuficiencias graves que todavía tiene el aparato de información de nuestro Sistema Nacional de Salud. Debemos hacer un gran esfuerzo de mejora de estas estadísticas, dedicándoles los recursos necesarios. Son un instrumento de seguimiento, análisis y planificación imprescindible para dar respuesta adecuada a las enfermedades transmisibles y no transmisibles que nos van a seguir afectando.


[1] En valores absolutos para 2019 (agregado nacional) frente a los 823 millones de euros de la EGSP, el SCS español estima 2.438. En términos por persona las cantidades son 17,4 y 51 euros respectivamente. Es decir, casi tres veces más. La discrepancia es debida a la distinta metodología empleada por las tres fuentes de información. La EGSP no se ajusta al Sistema de Cuentas de Salud de la OCDE-OMS-EUROSTAT (SHA) y contabiliza algunas partidas de forma diferente. En cambio, el SCS español incluye correctamente gastos que según el SHA son de Prevención y Salud Pública.

[2] En los artículos anteriores, la media de los países se cifraba en 66,4€ (2019). Esta diferencia es debida a la actualización continua de los datos de los últimos años que tiene la base de datos de la OCDE (en este caso datos del 2020 y 2021, aunque estos últimos no completos). Cuando se incorporan los datos de los años más recientes son estimaciones que se acaban actualizando en un periodo de 2-3 años cuando los países disponen de la información ya validada. Por eso ha cambiado la estimación de la media, porque hay datos del 2017, 2018 y 2019 que se han actualizado para los diferentes países.

[3] Los Presupuestos Generales del Estado 2022 prevén 37,9 millones de euros para aumentar las capacidades de respuesta ante futuras crisis sanitarias, como el desarrollo de un Sistema de Información de Vigilancia de Salud Pública o el Equipamiento tecnológico del nuevo Centro Estatal de Salud Pública.

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En España se trabaja poco desde casa, y mucho en fin de semana

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La emergencia sanitaria y las restricciones a la circulación y reunión de personas impuestas en 2020 obligaron a muchos trabajadores a convertir su domicilio particular en su lugar de trabajo. Dadas las rigurosas medidas de distanciamiento social que prevalecieron durante 2020, era de esperar que ese año se registrara un pico en la proporción de personas trabajando desde casa y que, a partir de entonces, la cifra se estabilizara o incluso disminuyera. 

Sin embargo, los datos de Eurostat no respaldan más que parcialmente esa expectativa. En prácticamente toda la Unión Europea (UE) (a excepción de Luxemburgo y Austria) el porcentaje de ocupados (20-64 años) que trabajan desde casa “a veces” (menos de la mitad de los días trabajados) o “habitualmente” (al menos la mitad de los días trabajados) ha aumentado en 2021 (gráfico 1). Incluso, en algunos, como Países Bajos, Irlanda y Bélgica, se ha registrado entre 2020 y 2021 un fuerte aumento del porcentaje de personas que trabajan desde casa. Por el contrario, otros países (entre ellos, España) muestran incrementos muy pequeños, lo que permite conjeturar que, de momento, se ha alcanzado un techo en el teletrabajo.


Países Bajos destaca como el miembro de la UE con mayor proporción de personas ocupadas que ya trabajaban desde casa antes de la pandemia (2019), posición que mantiene en 2021. Alrededor de seis de cada diez (57,6%) ocupados en este país declararon en 2021 haber trabajado “a veces” o “habitualmente” desde casa en las cuatro semanas previas, casi cuatro veces más que en España (15,5%). Sin embargo, Irlanda es el país en el que está más extendido el teletrabajo doméstico “habitual”, ya que un tercio de los ocupados (33%) lo ejerce, triplicando holgadamente el porcentaje español (9,6%) (gráfico 2).


Como es de esperar, desde la declaración de la pandemia, el incremento del trabajo desde casa ha sido mayor en los países en los que esta modalidad de trabajo era poco frecuente (gráficos 3a y 3b). Así, algunos países de Europa del Este (Hungría, Rumanía y Bulgaria) mostraron en 2020 un aumento muy significativo de la proporción de ocupados que teletrabajan. De la misma manera, en Grecia e Italia los porcentajes de ocupados que trabajan “a veces” o “habitualmente” desde casa casi se triplicaron entre 2019 y 2021. No obstante, entre los países del sur de Europa, Portugal continúa ostentando la mayor proporción de teletrabajadores.


En resumen, a pesar del aumento registrado del trabajo desde casa en 2020, España sigue estando muy por debajo de la media de la UE. Esta evidencia contrasta con la opinión tan positiva que los trabajadores en España mantienen hacia el teletrabajo, según diferentes encuestas. En otoño de 2020, casi dos tercios de los ocupados (63%) que empezaron a trabajar desde casa tras el brote de Covid-19 manifestaron su preferencia por seguir haciéndolo después de la pandemia, siendo los entrevistados menores de 55 los más interesados en esta modalidad de trabajo (gráfico 4). La Encuesta sobre Equipamiento y Uso de TIC en los Hogares (Instituto Nacional de Estadística 2021) también muestra una alta valoración del trabajo a distancia en España (8,1 de 10) entre los ocupados que lo han practicado. Estas preferencias sociales crean, en principio, condiciones propicias para un mayor progreso del teletrabajo en España. Sin embargo, este depende, en gran medida, del tipo de puestos de trabajo que ofrezca el mercado laboral, y estos a su vez dependen de la valoración que los empleadores hagan del desempeño de sus trabajadores a distancia durante el periodo de pandemia. Que en España haya aumentado en 2021 el teletrabajo menos que en otros países de su entorno sugiere que esa valoración ha sido más crítica. 


Trabajo en fin de semana

Si los países meridionales de Europa Occidental destacan por sus niveles comparativamente bajos de personas ocupadas que trabajan desde casa, también sobresalen por sus altos porcentajes de trabajo en horarios atípicos, particularmente en los fines de semana. 

Grecia representa un caso extremo con un 40,2% de todos los ocupados (de 20 a 64 años) que trabajan los fines de semana, seguida de Italia (34,5%), Francia (29,0%) y España (28,9%). Trabajar los fines de semana es mucho más frecuente en el sur de Europa. Portugal vuelve a desviarse de la pauta regional y registra un porcentaje (20,7%) inferior a la media de la UE (22,1%) (gráfico 5).


En algunos países (Francia y España, entre ellos), las mujeres trabajan con más frecuencia que los hombres los fines de semana, pero las diferencias por sexo son bastante pequeñas. De hecho, la media de la UE para hombres y mujeres es muy similar (22,4% y 21,8%, respectivamente) (gráfico 6).


Sin embargo, surgen diferencias significativas cuando se comparan los datos de la UE y de España por régimen de empleo. Más de la mitad de los trabajadores por cuenta propia trabajaron en España los fines de semana en 2021 (el 50,6% de los que no tienen empleados y el 52% de los que tienen empleados), mientras que la proporción de los empleados por cuenta ajena asciende a una cuarta parte (24,9%). Las cifras correspondientes a la media de la UE son más bajas: 39,9%, 47,6% y 18,8%, respectivamente (gráfico 7). En la medida en que trabajar en fin de semana impide compartir tiempo con otros miembros de la familia, cabe afirmar que, en general, los autónomos afrontan más dificultades para alcanzar el equilibrio entre la vida profesional y personal (work-life balance) que tan a menudo se reivindica.  

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La senda del halcón

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La reunión de la Reserva Federal de esta semana era —de nuevo— particularmente esperada no solo por su destacado anuncio sobre los tipos de interés, sino porque también se presentaban proyecciones económicas de largo plazo, incluida la ruta esperada de los tipos de interés hasta 2025. Una senda para los halcones. No es que la Fed pueda asegurar que los tipos no bajarán en los próximos tres años, pero la imagen que debía proyectar era dura, sugiriendo que el precio del dinero estará ahí, en cotas más altas de las acostumbradas estos últimos años, durante bastante tiempo. Una foto contundente para enfriar la economía hoy y, de una vez por todas, ir aminorando la inflación. Al menos, la parte de subida de precios que está en su mano. Es el tiempo de los halcones. Como esa ave rapaz, no son las más rápidas en vuelo horizontal, pero, cuando cazan en picado llegan hasta 300 km/h. Mantienen el pulso y, cuando llega su momento, pisan el acelerador, como sucede ahora con las elevaciones de tipos de interés.

La subida de tres cuartos de punto, aun siendo de magnitud considerable, era lo esperado. El rumbo alcista ha quedado claro, con la proyección de que el tipo oficial llegará hasta el 4,6% en 2023 en Estados Unidos. Subir en esta ocasión un punto porcentual estaba sobre la mesa, pero la Fed tampoco quiere parecer desesperada. Cada apretón del 0,75% es una subida de costes financieros considerables. Está por ver hasta qué punto es un cubito de hielo para el termómetro de los precios. Todos los cambios significativos de tipos de interés tienen ganadores y perdedores, certidumbres y riesgos. No podemos olvidar que muchas empresas en todo el mundo (en Estados Unidos hasta el 30%) presentan vulnerabilidad financiera en distinto grado y, para muchas, una subida de tipos de interés es una presión para su deuda, un apretón en el cuello de su viabilidad. Otra implicación de esta senda más alcista en EEUU es la apreciación del dólar, que alimenta la inflación vía importaciones en Europa.

Hay algo que resulta curioso en estos anuncios duros de política monetaria. Por un lado, la Fed (también el BCE y otros) asegura estar siguiendo un enfoque mucho más contingente que en los últimos años. Esto supone que se actúa según las circunstancias y datos de cada momento porque no sabemos a ciencia cierta aún si el pico de inflación se ha alcanzado y, sobre todo, cuánto tiempo cuesta bajar a cotas respirables el crecimiento de los precios. Por otro lado, proyectan a largo plazo (siendo también bastante incierto) con un mensaje también de dureza. Sin embargo, si finalmente los críticos con estas políticas aciertan y se produce una pasada de frenada (una recesión dolorosa y duradera), tendrán no solo que frenar las subidas de tipos sino, incluso, dar marcha atrás. La gran pregunta es dónde estará la inflación llegado el momento. Y ese instante se antoja el primer semestre de 2023. Existen no pocos riesgos, pero el aumento de los precios es el más claro y evidente y cruzarse de brazos no es una opción.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Reducción de la brecha salarial de género, con matices

El próximo Día Internacional de la Igualdad Salarial, el tercero desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas decidiera instituirlo a partir de 2020, se celebra en un contexto laboral menos marcado por la crisis sanitaria de la COVID-19 que por el acelerado aumento de los precios. Preocupa, en particular, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y el consiguiente deterioro de las economías domésticas y de la calidad de vida de las familias. Pero también preocupan las dificultades que muchos trabajadores –sobre todo, hombres y mujeres con escasa cualificación laboral– están teniendo para recuperar el empleo tras la pandemia; dificultades que coexisten con las de numerosas empresas (no solo las high-tech, sino también las low-pay) para encontrar la mano de obra que precisan. 

Desde luego, hay razones para la inquietud ante las desigualdades en el mercado de trabajo y para la reivindicación de “mercados laborales más inclusivos”, por citar el título del recientemente publicado informe anual sobre el empleo de la OCDE (Employment Outlook 2022). Llama, sin embargo, la atención que, en el capítulo introductorio de este informe, la OCDE fije la atención en los jóvenes, los trabajadores poco cualificados, los inmigrantes y las minorías étnicas como los grupos más vulnerables del mercado de trabajo. Son ellos los que han sufrido más severamente los efectos económicos de la pandemia y los que ahora pueden verse más perjudicados por el shock inflacionario. Ni esas primeras páginas que recogen la posición editorial de la OCDE ni el resumen ejecutivo del informe hacen referencia a la brecha salarial de género. Diríase que, desde 2020, esta ha perdido relevancia respecto a otras brechas laborales.

Lo cierto es que la brecha salarial de género, tal como la mide Eurostat[1], ha disminuido en buena parte de los países de la Unión Europea durante la última década. En España, de acuerdo con esa misma fuente, el descenso ha sido notable: en el año 2020 (últimos datos disponibles) el salario medio bruto por hora trabajada de los hombres superaba en un 8,5% al de las mujeres, la mitad que en 2011 (16,8%) (Gráfico 1). Esa diferencia salarial de 8,5% a favor de los hombres sitúa a España en una posición no solo mejor que las ocupadas por Alemania (17,3%), Francia (15,3%) y los Países Bajos (13,1%), sino también por otros países que constan como muy igualitarios en cuestión de género, como Dinamarca (13,4%)  o Suecia (10,5%). Brechas salariales de género más reducidas que la española pueden encontrarse, sin embargo, en países como Luxemburgo (0,8%) e Italia (5,5%), pero también en otros con economías menos desarrolladas, como Polonia (4,8%) y Rumanía (1,2%) (Gráfico 2).   


Los datos de la OCDE, que utiliza una medida de la brecha salarial de género algo distinta[2], también colocan a España, en 2021, en una posición relativamente favorable respecto a la media de la UE y a otros países europeos. No obstante, ponen de manifiesto una diferencia muy significativa, de 20 puntos porcentuales (pp), entre los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia. En el ámbito del trabajo autónomo, la brecha salarial de género se triplica largamente  (Gráfico 3).


Retomando los datos de Eurostat y con la mirada puesta en España, se observa una diferencia considerable entre las brechas salariales de género del sector privado (13,9%) y del sector público (8,2%). Habida cuenta de que las Administraciones Públicas están sujetas al principio de igualdad retributiva, las diferencias salariales en el sector público solo pueden deberse a las diferencias en las características medias de los empleados y de las empleadas. Con todo, esa distancia de 5,7 pp entre las brechas salariales de género en el sector privado y en el público es menor que la registrada en Países Bajos (8,2 pp), Italia (12,4 pp) o Alemania (13,2 pp) (Gráfico 4). 


Por otra parte, en España las mayores brechas salariales de género se registran en el sector sanitario y de trabajo social, y en el de actividades profesionales, científicas y técnicas; y las brechas más reducidas, en el sector del transporte y almacenamiento, y en de hostelería y restauración. Ahora bien, desde una perspectiva comparada, España destaca por su reducida brecha salarial de género en dos sectores: el de la información y comunicación (8,6%) y el de las finanzas y los seguros (13,2%). Como en otros países, la brecha salarial de género en la construcción es negativa (la retribución media por hora de las mujeres es superior a la de los hombres), lo que se explica por el hecho de que los varones empleados en este sector ocupan masivamente puestos de trabajo menos cualificados (sobre todo, de operarios) (Gráfico 5).


Una particularidad interesante del caso español se advierte al analizar las brechas salariales de género por grupos de edad. En la mayoría de países, la brecha salarial de género tiende estrecharse a medida que disminuye la edad de los trabajadores, pero en España esta relación se manifiesta de una manera más ostensible. De hecho, entre los trabajadores menores de 25 años la brecha salarial de género es negativa, y entre los que cuentan entre 25 y 34 años, apenas llega al 1% (Gráfico 6).


A la luz de lo expuesto hasta aquí, cabe pensar que en España hemos reducido significativamente la brecha salarial de género en  los últimos años y, además, nos encontramos en una senda muy prometedora, toda vez que entre las cohortes más jóvenes esta brecha ha desaparecido prácticamente. 

A este respecto es preciso, no obstante, hacer dos observaciones. En primer lugar, los datos de Eurostat dan cuenta de la brecha salarial de género en empresas de 10 o más empleados, por lo que dejan fuera de la estimación a cerca de un 40% de la población empleada en España. Es probable que en esas empresas de menor tamaño se registren brechas salariales de género mayores que en las empresas grandes, en cuyo caso los datos de Eurostat estarían infravalorando la realidad. En segundo lugar, si bien entre los jóvenes se reduce muy significativamente la brecha salarial de género, no podemos pasar por alto que los salarios medios son inferiores a la media en esos grupos de edad (compuestos precisamente por los hombres y las mujeres que se encuentran en la fase de emancipación de la familia de origen y de desarrollo de sus propios proyectos familiares). En esas circunstancias, la consecución de una mayor igualdad salarial no puede ser concebida ni celebrada como un éxito social.

[1] Diferencia entre la retribución media (bruta) por hora de los hombres y de las mujeres, en porcentaje de la retribución media (bruta) por hora de los hombres. El cálculo incluye solo a trabajadores en empresas con 10 o más empleados. Sobre el método de estimación y clasificación de las brechas salariales de género publicadas por Eurostat, véase Leythienne, D. y Pérez-Julián, M. (2022). Gender pay gaps in the European Union. A statistical analysis. Revision 1. 2021 Edition. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.

[2]  Diferencia entre la retribución mediana de los hombres y las mujeres en relación al salario mediano de los hombres (distinguiendo entre trabajadores por cuenta ajena a tiempo completo, por un lado, y trabajadores autónomos, por otro). 

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Delante y detrás de la curva

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A Europa y Estados Unidos nos unen muchas cosas y en otras diferimos notablemente. Es curioso cómo se ve de distinta forma desde ambos lados del Atlántico el estatus actual de las políticas monetarias. La alta inflación afecta a ambos bloques. Sin embargo, en la eurozona se considera que el Banco Central Europeo (BCE) ha llegado tarde, pero ya actúa con fuerza para ponerse “delante de la curva”. Esto significa, para los que así piensan, que ha recuperado credibilidad y es bueno para los mercados y la economía. En Estados Unidos, aunque se ha ido muy por delante en las acciones restrictivas —subidas de tipos de interés y retirada de estímulos— los diarios y redes sociales están trufados con críticas que afirman que la Reserva Federal fue por detrás de la curva mucho tiempo y está pasando una importante factura. Interpretaciones duras que invitan a una reflexión sobre si lo que está pasando ahora tiene que ver con una desafortunada lectura de los mandatos monetarios.

La narrativa en Estados Unidos durante los años posteriores a la crisis financiera fue que la inflación andaba “perdida”. Revolvía las tripas de los economistas más ortodoxos. No alcanzaban a entender cómo las mayores inyecciones de liquidez de la historia —vía compra de bonos— no tenían apenas incidencia sobre los precios. Para algunos, lo que sucedió es que la inflación se fue (camuflada) a otro sitio: apareció en forma de burbuja de activos, entre otros de grandes compañías tecnológicas, que ahora se están desinflando.

Los acontecimientos desafortunados para las aspiraciones monetarias de control de inflación no acabaron ahí. Justo cuando la Fed y BCE comenzaron a sentir que la inflación podía subir no quisieron actuar súbitamente. Cambiaron su política para interpretar más flexiblemente su mandato del 2% de inflación como referencia. La idea era esperar a que los precios subieran incluso más antes de actuar para no frenar el crecimiento. Desgraciadamente, llegó la salida de la pandemia y luego la invasión de Ucrania y no solo aumentaron algo, sino que se han desbocado por razones, en parte, fuera de su alcance.

Algunos en Estados Unidos insisten en que lo que los mercados y la economía necesitan son subidas progresivas y moderadas de tipos. Como antes no se tomaron las medicinas poco a poco, ahora hay que tragar “pildorazos” de tipos de interés. Esta crítica ha sido muy dura en Estados Unidos en las últimas semanas. Tal vez por ello esta semana la Fed nuevamente decidió subir 0,75% su horquilla de referencia de tipos de interés. Aun siendo una elevación importante, desterró los rumores de poder subir hasta un 1% que eran una opinión muy extendida no hace demasiados días.

¿Ya va la Fed por delante de la curva o es que ya otea la recesión próximamente? De momento, eso de marcar una política a medio plazo (forward guidance) se ha sustituido por una lectura contingente e inmediata de qué sucede en cada momento. En los próximos meses, puede ser el BCE el que lleve el liderazgo en el encarecimiento del dinero si la recesión llega antes a Estados Unidos.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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España y la construcción europea

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La respuesta fiscal de Europa a la pandemia pivotó sobre dos decisiones complementarias. La activación de la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), que dejaba en pausa las reglas fiscales que limitan el déficit público, y la creación del programa extraordinario de compra de deuda. Los países pudieron gastar lo necesario y financiar sus enormes déficits. Acertamos de lleno en la estrategia, corroborando la idea de que la Unión Europea avanza en las crisis.

Aunque la invasión de Ucrania nos ha conducido a extender un año la pausa en la aplicación de las reglas, estamos ya en un momento de transición hacia una normalidad en la que los países deberán afrontar las restricciones que conllevan las reglas fiscales y el final del programa de compra extraordinario. Un escenario que hace escasos meses se antojaba particularmente difícil para España, por su elevado nivel de déficit estructural y deuda.

Afortunadamente, la aprobación del instrumento para la Protección de la Transmisión (TPI) y la dirección que parece va tomando la reforma en curso del PEC nos permiten ser más optimistas y abren la posibilidad de un futuro sin crisis de deuda soberana ni ajustes fiscales draconianos, muy diferente al que vivimos en la Gran Recesión. Europa aprende de sus errores y España se beneficia especialmente de ello.

Los españoles deberíamos hacer lo propio: valorar las implicaciones de lo que se ha aprobado; ser conscientes de la necesidad de que, finalmente, la nueva definición de las reglas fiscales vaya en línea con la declaración conjunta que hace unos meses hicieron los gobiernos de España y Países Bajos; y asumir de una vez la responsabilidad fiscal.

En los 43 ejercicios que median entre 1980 y 2022, en 30 hemos tenido un déficit público superior al 3% y solo en tres años hemos alcanzado superávit. Debemos aprovechar el apoyo europeo para hacer nuestros deberes sin agobio y en un horizonte temporal razonable, pero con rigor y coherencia. Los españoles debemos optar por un menú fiscal en el que gastos e ingresos encajen estructuralmente como lo hacen en la media de la UE-27, al menos.

En paralelo, debemos ser conscientes de que el TPI no es algo que alemanes u holandeses necesiten o les guste especialmente. Cierto que la inestabilidad financiera no le viene bien a nadie, pero la realidad es que nos están apoyando y favoreciendo. Como lo han hecho con los Fondos Next Generation EU. Por eso, creo que hay que medir muy bien las palabras cuando reaccionamos a propuestas comunitarias que no están pensadas para nosotros y que nos exigen sacrificios para ayudar a otros.

Por supuesto, hay que negociar, defender intereses y buscar equilibrios razonables. Pero hay que tener mucho cuidado con la retórica que usamos con nuestros socios y amigos. Sobre todo, sabiendo que en cuestión de meses se acordará ese nuevo marco de reglas fiscales, en el que nos jugamos bastante más que en otras cuestiones.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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La innovación, un desafío inaplazable… que se está aplazando

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Recientemente se celebró una Jornada de trabajo en el Observatorio Funcas de la Empresa y la Industria (OFEI) sobre innovación, aprovechando que se había publicado un número de Papeles de Economía Española sobre este tema. Entre las muchas ideas interesantes que aparecieron, quiero resaltar una reflexión: “La innovación es un desafío inaplazable hoy y hace una década, pero en España hemos sido capaces de aplazarlo”. Idea válida, además, tanto si se analiza la actividad privada como la pública. Así, mientras que la economía española es la cuarta de la Unión Europea (UE), cuando se ordena según el esfuerzo en investigación y desarrollo[1] ocupa el puesto decimosexto (el decimoséptimo al medir el esfuerzo del sector privado). Por tanto, aunque la innovación siempre está presente en la mayoría de los análisis económicos, pocas veces es protagonista. 

En una entrada anterior en el blog analicé la posición las empresas líderes en I D en el contexto europeo e internacional. Estas líneas se centran en la situación de las empresas españolas, durante el período 2014-2020, en el EU R&D Investment Scoreboardes decir, entre las 2.500 empresas que más invierten en I D en el mundo. 

Lo primero que se debe tener en mente es que, de estas 2.500 empresas líderes en la inversión en I D en el mundo, en 2020 sólo 401 están localizadas en la Unión Europea. Como se analizó en la entrada ya mencionada, aunque se trata de un número reducido de empresas, mantienen el protagonismo en cuanto al volumen de inversión en I D en relación al año 2014.

En este contexto internacional, ¿cuál es la posición de las empresas españolas? Pues, como ya se adelantaba al comienzo, mejorable. Como se aprecia en el cuadro 1, solo 14 empresas españolas se situaban entre las líderes en I D en el año 2020, lo que supone el 3,5% de las 401 europeas presentes en este grupo selecto. Si se tiene en cuenta que la economía española representa el 8,4% del PIB de la UE es, a todas luces, una cifra baja. En el gráfico 1 se representa el número de empresas en este ranking en cada uno de los países de la Unión Europea, siendo evidente el domino de Alemania y algo menos de Francia, pero es cierto que los demás de países muestran una presencia más moderada. El Reino Unido, aunque ya no figura en este gráfico de países de la Unión Europea, también es dominante con 105 empresas entre las 2.500 líderes, en el año 2020. 


En cuanto a la evolución seguida desde el año 2014, se observa que ha mermado algo el número de estas empresas en España, ya que en ese año eran 17. Lo cierto es que esta tendencia decreciente ha sido la tónica general en el panorama internacional, como consecuencia del incremento de la presencia de las empresas chinas. Lo preocupante es que la distribución de las empresas españolas dentro de las 2.500 líderes mundiales está cada vez más sesgada hacia el cuarto cuartil.

Dentro de este árido escenario, es posible ver un aspecto positivo. Se trata de que las empresas líderes españolas prácticamente mantienen la cuota en I D dentro de la inversión total que realizan las empresas europeas líderes. Así, en 2020, nuestras empresas representan el 2,4% de la I D que ejecutaron las 401 europeas, frente al 2,6% que alcanzaron las empresas europeas incluidas en el ranking de 2014.


Si, por una parte, existe un desplazamiento de empresas hacia el cuarto cuartil y, por otra parte, permanece el protagonismo en cuanto al volumen total de I D, lo que ocurre es que las 7 empresas españolas líderes en I D que permanecen en el primer cuartil están siendo muy resilientes. De hecho, estas empresas son las mismas en los últimos 4 años y, con anterioridad, los cambios fueron mínimos. El gráfico 2 identifica a estas empresas y muestra su posición en el ranking (eje X) en el año 2020. 


Desde los trabajos clásicos de Schumpeter, se plantea que el tamaño incide sobre la propensión marginal a innovar (e invertir en I D). Desde entonces, se han ido agregado determinantes explicativos de la inversión en I D como, por ejemplo, el sector de actividad. Para apreciar esta relación en el Grafico 2 también se ha representado el tamaño de las empresas españolas en relación con el tamaño medio de las europeas líderes (que se sitúa en 41.280). De manera que se comprueba que las empresas farmacéuticas (Grifols, Almirall y Pharma Mar) presentan un tamaño pequeño (con índices que van desde 0,57 a 0,01); lo mismo sucede con Amadeus o Indra Sistemas, empresas asociadas al sector del “Software y servicios informáticos”. Se evidencia así que empresas en sectores de alta tecnología con tamaños medianos pueden llegar a ser líderes, es decir, no es una condición reservada a las empresas muy grandes. El problema, no obstante, es que la presencia de empresas medianas en sectores de alta tecnología es limitada.

En resumen, la situación de España es muy similar a la observada en la Unión Europea: pierde relevancia en el contexto mundial en cuanto al número de empresas líderes en innovación, pero persevera en cuanto al volumen de recursos dedicados a I D. La debilidad más comprometida es el reducido número de empresas que llegan a ser líderes, en comparación con el protagonismo de la economía española. Una debilidad que ya existía en 2014 y que no se ha corregido durante los años de expansión previos a la pandemia.


[1] Ratio entre la inversión en investigación y desarrollo respecto del PIB.

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El antivacunas imaginario

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En 1673 Molière estrenó “El enfermo imaginario” en el Palais Royal de París. En la que fue su última obra teatral, Molière describe cómo la vida y las decisiones de su protagonista, Argan, están absolutamente condicionadas por males que solo existen en sus fantasías. Mientras tanto, los médicos no pierden ocasión para sacar provecho de su errada percepción de la realidad.

Al igual que sucede en la alucinación enfermiza de Argan, la presencia en el debate público de los llamados “antivacunas” o “negacionistas” no parece estar justificada por el peso que tienen en el total de la población española. No solo el porcentaje de vacunados es uno de los más altos de Europa (alrededor del 80% a finales de noviembre de 2021), sino que, además, entre los que no se han vacunado aún algunos afirman estar dispuestos a hacerlo. Según datos del barómetro del CIS de noviembre de 2021, el 26% de las personas no vacunadas en esa fecha declaran estar dispuestas a hacerlo cuando llegue su turno. Solo el 3% del total de entrevistados (mayores de 18 años) no se ha vacunado y afirma claramente que no está dispuesto a vacunarse.

Este peso marginal de los antivacunas en la población española se confirma también en los datos del Eurobarómetro Especial sobre “Conocimientos y actitudes de los ciudadanos europeos respecto a la ciencia y la tecnología” (septiembre 2021). Solo un 5% de los españoles afirman que las vacunas y la lucha contra las enfermedades infecciosas tendrán un efecto negativo sobre su forma de vida en los próximos 20 años (gráfico 1). Esta cifra supone la mitad de la media europea (10%). Son, sobre todo, países del este de Europa los que muestran un mayor recelo hacia las vacunas (el 27% de la población en Rumanía y Eslovenia), aunque este colectivo también tiene un peso significativo en países como Francia e Italia (11 y 14%, respectivamente). 

Fuente: Elaboración propia con datos del Eurobarómetro Especial sobre “Conocimientos y actitudes de los ciudadanos europeos respecto a la ciencia y la tecnología” (nº 516, septiembre 2021).

Los datos del Eurobarómetro también arrojan luz sobre el perfil de este colectivo en Europa. Se pueden destacar cuatro características fundamentales que les distinguen del resto de la población: peores indicadores en cuanto a la marcha de sus vidas, una menor satisfacción con la democracia en su país y en la UE, un mayor pesimismo y porcentajes más bajos de interés, opinión y conocimiento de la ciencia. En efecto, en este grupo, y en comparación con el total de la muestra, es mayor el peso de aquellos que se declaran con dificultades para pagar las facturas (40% vs. 27% del total de entrevistados) o que muestran un grado de satisfacción menor respecto a sus vidas (el 26% no está satisfecho, frente a un 16% del total) (gráfico 2). Además, el 62% de los críticos con las vacunas no están satisfechos con la democracia en sus países, mientras que para el total de entrevistados esta cifra se reduce al 41% (60% y 40%, respectivamente, en cuanto a la democracia en la UE). También son pesimistas respecto a la evolución de las cosas en sus países, en la UE y en sus vidas (74%, 62% y 32% de insatisfechos, respectivamente, frente a 52%, 43% y 15% del total de entrevistados). Por último, de sus respuestas se deduce una peor relación con la ciencia que la población general (gráfico 3). Entre ellos, es mayor la presencia de los que no se declaran interesados por los descubrimientos médicos (25% frente a 14%), los que creen que la influencia de la ciencia y la tecnología en la sociedad es negativa (33% frente a 11%) y los que obtuvieron los peores resultados en una serie de preguntas sobre ciencia (33% frente a 20%). Aunque para el caso español lo reducido de la muestra de críticos con las vacunas impida detallar su análisis, los datos sugieren que comparten el mismo perfil que sus pares europeos.

Fuente: Elaboración propia con datos del Eurobarómetro Especial sobre “Conocimientos y actitudes de los ciudadanos europeos respecto a la ciencia y la tecnología” (nº 516, septiembre 2021).

Se trata, en definitiva, de un grupo social caracterizado por la insatisfacción, el pesimismo y el recelo de la ciencia. La imposición de medidas restrictivas específicas sobre este grupo de población puede alimentar aún más la desconfianza que ya manifiestan y, por lo tanto, tener efectos contraproducentes a medio y largo plazo. Es difícil imaginar que las medidas coercitivas sobre este colectivo vayan a conseguir mejoras significativas en su vacunación.

El Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) ha puesto en cuestión la eficacia del uso del certificado COVID para el control de la transmisión dentro de los países. Además, desde las ciencias sociales se han señalado sus elevados costes en términos de cohesión social y confianza en las autoridades sanitarias. Sin embargo, en las últimas semanas algunas autoridades políticas en España han reclamado su obligatoriedad en determinadas situaciones, llamando la atención sobre un colectivo, los antivacunas, prácticamente inexistente en España. Esta insistencia en contra del criterio de los expertos puede explicarse, probablemente, en base al amplio apoyo social del que goza la medida. Según los datos del barómetro del CIS de noviembre de 2021, el 83% de la población apoya la implantación del pasaporte COVID. 

No se puede descartar que este apoyo disminuya en el futuro. Israel, país adelantado en el proceso de vacunación, decidió a principios de octubre invalidar los pasaportes COVID de todas las personas que solo contaban con dos dosis de la vacuna hasta que se recibieran la tercera. Dos millones de personas (en un país de 10 millones de habitantes) perdieron su certificado COVID de la noche a la mañana. En Europa, el ECDC ha llamado a los Estados miembro a poner las dosis de refuerzo y algunos países demandan ya que las tres dosis sean necesarias para tener el certificado COVID. De momento, la UE propone limitar a nueve meses la validez de la vacuna COVID para viajar. Si una proporción creciente de la población ve restringidos sus derechos, la percepción social sobre la pertinencia del pasaporte COVID podría también cambiar sustancialmente. 

En España no deberíamos obsesionarnos con los antivacunas. No deberían marcar ellos las políticas públicas sobre control de la pandemia. La labor de los poderes públicos es la de tomar decisiones en base a criterios racionales y evidencias empíricas, así como la de fomentar la confianza de la población. Esto solo es posible a través de la educación y la transparencia, no generando reservas y animosidad hacia los no vacunados.

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Las políticas españolas y las de Draghi

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Uno de los resultados más llamativos de la valoración de política fiscal divulgada esta semana por la Comisión Europea es la potente apuesta por la inversión que revelan las estrategias presupuestarias del presidente francés Emmanuel Macron y el Primer Ministro italiano Mario Draghi. Según esta valoración basada en los resultados de ejecución presupuestaria del Gobierno francés, la inversión crecerá este año un 18%, y en el caso de Italia el empujón alcanza el 27%, lo nunca visto en la economía transalpina desde que existe el euro. En comparación, España se parece más a Alemania, con tasas de crecimiento de la inversión pública que rondan el 10% en 2021, un esfuerzo importante en comparación con el periodo poscrisis financiera, pero claramente inferior a los registros de los países vecinos.

Fuente: IGAE, planes presupuestarios de los países miembros y Funcas (estimación 2021).

La rápida tramitación de los fondos europeos es sin duda un factor diferencial. Francia e Italia han optado por controles a posteriori, que agilizan la aprobación de los proyectos (a diferencia de la metodología tradicional, aplicada en nuestro país, que consiste en escrutar cada detalle antes de autorizar el desembolso). Los países vecinos también han puesto en marcha un plan que supera ampliamente el marco de las transferencias directas de Bruselas: en Francia este dinero solo cubre el 40% del total, y el resto proviene de recursos propios. Italia, por su parte, ha decidido recurrir a los préstamos facilitados por el programa Next Generation. Sin embargo el plan español, además de entrar en funcionamiento de forma desigual, se circunscribe a las transferencias no reembolsables aportadas por el erario comunitario.

El tiempo dirá quién acierta. Ambas visiones contienen oportunidades y riesgos. La del dúo Macron-Draghi es la más keynesiana, por maximizar el impacto a corto plazo y aprovechar plenamente el contexto de bajos tipos de interés y abundante liquidez del BCE. Estos gobiernos confían en el dinamismo generado por el fuerte impulso fiscal, y esperan que el sector privado tomará el relevo. De alguna manera, consideran que el mercado dispone de músculo para responder a los estímulos del Estado. Es decir, existiría una amplia capacidad ociosa de producción. Pero la celeridad en la ejecución puede afectar la calidad de la inversión así como su potencial transformador.

A la inversa, el Gobierno español, aunque no lo enuncie explícitamente, parece haber emprendido una estrategia de largo recorrido. Los resultados son heterogéneos, de momento, de ahí el retraso en la recuperación, pero la valoración podría ser positiva tras un esfuerzo sostenido. Se trata por tanto de fortalecer el tejido productivo mediante una acción focalizada y más diluida en el tiempo. Según este enfoque, la capacidad ociosa es relativamente limitada —algo que choca con la elevada tasa de paro o la reducida inflación subyacente— pero es coherente el menor tirón de la demanda pública.

Lo ideal sería una combinación de impulso y transformación, es decir una expansión keynesiania generada por el despliegue de los proyectos rupturistas previstos en el plan de recuperación. Si bien esto no parece fácil de conseguir en un plazo corto, al menos habría que evitar el peor escenario: un proceso “nini” (ni impulso ni transformación), que entrañaría una ejecución de fondos europeos a la vez lenta y mal orientada, con proyectos que no logran mejorar el modelo productivo.

Disponemos de margen: Bruselas considera que nuestro presupuesto es uno de los menos expansivos (lo que contrasta con las críticas al expansionismo italiano). Por tanto, existe un espacio para trasladar al próximo ejercicio las inversiones no ejecutadas financiadas por los fondos europeos. Además, el BCE mantiene la senda de gradualismo en la retirada de las compras de deuda, pese al giro de EE UU y el repunte de la inflación. Por tanto la economía española puede transitar el camino del estímulo cortoplacista, el de las luces largas, o una mezcla de ambos. Nos queda elegir y cuidar la aplicación de las políticas.

FACTURACIÓN | El índice de cifra de negocios en los servicios correspondiente a septiembre registró un notable avance mensual (un 1,6%). Este indicador mantiene desde el inicio del año una trayectoria intensamente ascendente, aunque sin recuperar los niveles prepandemia. No obstante, hay que tener en cuenta que se expresa a precios corrientes. El índice de cifra de negocios en la industria también avanzó en septiembre, a un ritmo más moderado (un 0,4%) pero después de registrar fuertes avances en los meses previos, y ya ha superado los niveles prepandemia. Corregido por la inflación, aún se encuentra por debajo.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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Acordes y desacuerdos

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Los mercados, aun tan sorprendentes como parecen moverse en la última década —con rachas prolongadas, abruptas interrupciones y serias discrepancias sobre la existencia de sobrevaloraciones— conservan ciertos equilibrios. Sucede cuando algunos factores económicos y financieros especialmente sensibles no oscilan de forma significativa a pesar de eventos como una pandemia o una guerra comercial. Como no podría ser de otra manera desde hace ya mucho tiempo, estas variaciones tienen mucho que ver con la sincronía de las políticas monetarias de los bancos centrales de referencia, fundamentalmente la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, con la armonía de los “acordes” que tocan y con los desacuerdos o desacoples que pueden generarse. Tal y como titulaba en 1999 Woody Allen su película Sweet and Lowdown (Acordes y desacuerdos).

En estos días, en los que Jay Powell ha sido nominado para su continuidad al frente de la Fed, se aprecia preocupación o, al menos, curiosidad por las implicaciones que pueda tener que el banco central estadounidense y el BCE puedan estar siguiendo sendas distintas. Los mercados ya han anticipado algunos de estos movimientos discordantes. Se observa, por ejemplo, desde hace un mes, una apreciación significativa del dólar frente al euro. En Estados Unidos ya hay tipos de interés oficiales superiores a los de la eurozona y la expectativa es que allí haya subidas en 2022 que generen un mayor diferencial entre el caso estadounidense y el europeo. Además de la apreciación del dólar, estos movimientos revelan que la trampa monetaria puede ser más difícil de desactivar en la eurozona que en EE UU. Por un lado, porque parece que desde Washington existe más flexibilidad para las idas y venidas en la expansión cuantitativa. En Fráncfort, en cambio, tienen que actuar con un mandato más restringido y con un área que presenta discrepancias en la presión inflacionista, en competitividad, en deuda pública y privada, y en ahorro.

Otra relación que no hay que perder de vista es la del dólar con el yuan. De momento, no está sometida a grandes oscilaciones. Esto se debe a que las exportaciones chinas mantienen su vigor, lo que aumenta la demanda de su divisa e incide en su fortaleza relativa. Si, a pesar de ello, hubiera alguna presión a la baja en su divisa, el banco central asiático actuaría seguramente como hizo en otros momentos de tensión comercial vendiendo parte de sus ingentes reservas de bonos del Tesoro estadounidenses para reequilibrar el tipo de cambio. Las delicadas relaciones entre los dos grandes líderes de la economía mundial —en suma, de sus países— penden de hilos tecnológicos, comerciales y, más recientemente, militares. Afortunadamente, ambas partes parecen reconocer que un recrudecimiento de alguna de estas contiendas sería más que inoportuno, pero su lucha por la primacía podría traer algún restregón más pronto que tarde, con todas las consecuencias cambiarias y financieras que se producirían.

En todo caso, en los próximos meses seguiremos teniendo políticas monetarias expansivas a ambos lados del Atlántico, ya que la pandemia no ha terminado. Pero cada vez se pueden notar más los desacoples monetarios.

Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.

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